En mayo de 2014 se aprobó el regramento de la legalización de la marihuana en Uruguay. Lenta pero significativamente, los clubes de usuarios empiezan a crear nuevos espacios en donde la planta ya no es una amenaza, sino una oportunidad. Por supuesto, aún falta mucho por hacer.
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Cuando Damián Collazo tenía 16 años sus padres le permitían cultivar marihuana en su casa.
Querían asegurarse de que iba a fumar algo de calidad y que no se relacionara con el mundo del mercado negro.
Eran tiempos en que consumir marihuana estaba permitido en Uruguay, pero había que aparecerla con algún truco de magia pues la ley le ponía candados al acceso.
Casi 10 años después, Damián siembra a gran escala: tiene a su cargo 99 plantas y cada una puede dar hasta 500 gramos de marihuana. Es el agricultor de Cultivando Libertad Uruguay Crece (CLUC), uno de los primeros clubes de membresía de cannabis de los 17 que hay registrados en este país.
El jardín de una casona vieja en un barrio montevideano está invadido por un ejército verde. Las plantas alcanzan el tamaño de árboles de tres metros. Ahí, entre paredes de concreto, el sueño de generaciones de uruguayos contrarios al prohibicionismo, y el experimento del primer país en regular toda la cadena del mercado del cannabis, es una realidad.
Una tarde calurosa de febrero Damián, de 1.80 metros de estatura, ojos rasgados y muy azules, barba y cabellera rubia, muestra las plantas que ocupan la mitad del jardín de 200 metros como cualquier cultivador que presume una buena cosecha de hortalizas.
Desde hace un año se ha dedicado de tiempo completo a estas plantas por las que en otros países productores de drogas, como México, los homicidios no cesan. Sólo en los primeros tres meses de este año en ese país se registraron 3,853 homicidios, muchos de ellos ligados al narcotráfico, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México.
“Aquí tenemos la posibilidad de producir las variedades que los miembros quieran. Podemos producir variedades con alto o bajo THC, con alto CBD, con sabor a limón o lo que sea”, dice Damián, de 25 años y estudiante de Agronomía en la Universidad de la República.
El THC o tetrahidrocannabidiol es el compuesto psicoactivo de la cannabis sativa, y el cbd o cannabidiol es el principal componente de la planta: no genera “viajes”, efecto letárgico, ni dependencia y es apreciado por sus propiedades terapéuticas.
Damián es miembro de Proderechos, una organización de jóvenes de izquierda que se creó en 2006 para luchar por la legalización del cannabis junto a activistas, cultivadores y otros colectivos. Luego se sumaron a otras batallas como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario.
Es también el coordinador del libro Uruguay se planta, manual de cultivo y uso legal de la marihuana, una especie de guía paso a paso que introduce al lector a la nueva legislación y al universo del cultivo.
“Las compras que hicimos a los bancos de semillas fueron de forma ilegal porque todavía no está oficializado el acceso a las mismas”, dice mientras retira las plantas macho para que no fecunden a las hembras con su polen y produzcan semillas, lo que echaría a perder la cosecha: las hembras producen flores ricas en resina y son las que interesan para el consumo recreativo o medicinal.
Damián dice que en este momento, en febrero de 2015, a casi un año de que el gobierno del presidente José Mujica aprobara la Ley 19172 —que regula y controla la producción, distribución y comercialización de la marihuana—, todavía quedan acciones por hacer. Por ejemplo, las farmacias aún no venden la hierba a los consumidores registrados y el gobierno no ha dicho cómo pueden acceder a las semillas.
La ley fue avalada por las dos cámaras del Parlamento y firmada por el Presidente en diciembre de 2013 y reglamentada en mayo de 2014, en medio de un intenso coro regional de voces a favor y en contra, así como la condena de la ONU, que acusó a Uruguay de violar las leyes internacionales de control de drogas, que se rigen principalmente por la Convención Internacional Antinarcóticos de 1961.
“Esto tiene que salir bien porque es el barco bandera o, por lo menos, el ejemplo para América Latina. Creo que es pertinente que se den pasos lentos, pero seguros”, agrega Damián.
La marihuana que tiene enfrente fue sembrada en octubre y la cosecha grande, en abril. Cada mes, 22 mujeres y 22 hombres miembros del club participan en las actividades del mismo, ya sea organizando fiestas de recaudación para los insumos, metiendo las manos en el cultivo o en la administración y contabilidad. La mitad son de Proderechos y los demás son amigos de amigos.
Hay dos médicos y un hepatólogo que, además de para recreación, están interesados en asociar el cannabis con la medicina. Un biólogo estudia los efectos de los cannabinoides en el cuerpo humano y una estudiante de derecho está interesada en la situación jurídica de las drogas en el mundo.
“El club implica una vinculación colectiva con la planta. Es deseable que la gente se organice en torno a su propio consumo”, dice el administrador del club, Martín Collazo, un sociólogo que se está especializando en la política mundial de las drogas y su incidencia en la sociedad.
Son parte de una generación que creció cultivando en la sombra o comprándole al narcotráfico, y a la luz de la nueva ley tienen la libertad de involucrarse con la planta, desde la academia o la investigación, lejos de los estigmas por ser usuarios y el riesgo de ir a la cárcel por cultivar.
El Estado les dio un voto de confianza y ellos no quieren echarlo a perder.
La historia de la marihuana en el mundo es una historia de contradicciones. Medicina y amenaza. Vida y muerte. Libertad y cárcel. Activismo y negocio. Durante siglos se usó como analgésico, calmante, estimulante, papel y fibra, hasta su prohibición sistemática a principios del siglo XX.
Porro, mota, canuto, faso, macoña, petardo, como sea que le llamen es la droga más popular en el mundo. Unas 180.6 millones de personas la consumen legal o ilegalmente a lo largo y ancho de la geografía, según el Informe Mundial sobre Drogas 2013 de la ONU.
En América Latina la guerra contra las drogas ha sumergido en la extrema violencia a países como Colombia y México. En ese escenario quedó lejos la erradicación de la producción y el tráfico, Uruguay se convirtió en 2013 en el primer país en el mundo en el que el Estado tomó el control sobre el mercado de la planta. Y al hacerlo reconoció que forma parte de la vida de miles de uruguayos.
En países como Israel es legal su uso medicinal y en Holanda se tolera el consumo en los llamados coffee shops, pero en Uruguay, donde el consumo de marihuana no es ilegal desde hace cinco décadas, existía un vacío que impedía el acceso por una vía no clandestina. Ahora el Estado controla todo el proceso de producción y comercialización, y permite que usuarios registrados la cultiven individual o colectivamente.
El sociólogo Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) durante el gobierno de Mujica, fue una de las piezas clave en el diseño de la ley.
Calzada tiene 58 años, nariz larga y ojos azul grisáceo. Militó en la secundaria en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y más tarde en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), de izquierdas y guerrillero, hasta 1988. Hoy es parte del organismo político Compromiso Frenteamplista y desde 2011, como secretario de la JND, se dedicó a investigar el consumo y el narcotráfico.
Encargó que se realizaran estudios, se reunió con expertos de varios países —como Holanda—, con actores políticos y organizaciones civiles, y finalmente, entre todos, llegaron a la conclusión de que era necesaria una ley que aún no existía en el mundo. Una que es- tuviera cobijada por una política con enfoque de salud pública, de equidad y participación ciudadana. “El mayor reto fue la falta de experiencia previa. Hemos tenido que ir inventado muchas cosas. Si bien hemos estudiado y seguido los procesos de otros países como Holanda, Australia, Canadá, España y los estados de Estados Unidos, donde de alguna manera se ha legalizado el consumo, no hemos tenido un lugar donde mirar un modelo porque no existe”, dice Calzada en una oficina gris en las instalaciones de la JND en la Torre Ejecutiva, donde trabaja la presidencia.
Uruguay, un país pequeño que limita al norte con Brasil y al oeste con Argentina, no es tierra de grandes productores ni de temidos capos buscados por las autoridades antidrogas como la DEA. Pero es parte de la ruta del tráfico de cocaína hacia Europa y vive un fenómeno de narcotráfico a pequeña escala de marihuana, cocaína y pasta base (similar al crack).
Previamente la demanda local de marihuana, estimada por las autoridades en 18 o 22 toneladas anuales, era alimentada desde Paraguay, el mayor productor de América del Sur. Pero sus con- sumidores se quejaban de que tiene pocas flores y muchas hojas prensadas, además de componentes tóxicos como amoniaco.
El que no existan grandes cárteles en el país no significa que no haya violencia. Las cifras hasta marzo de este año señalaban que 80 personas habían muerto en disputas relacionadas con bandas criminales. En febrero, en sólo cuatro días, hubo cuatro personas muertas. Esas cifras encienden las alarmas en un país que, según la ONU, es el cuarto de América Latina con menor tasa de homicidios —7.9 por cada 100 mil habitantes—, pero que desde 2012 comenzó a registrar asesinatos por ajustes de cuentas entre organizaciones de traficantes. En 2014 se registraron 262 homicidios y 35 por ciento de ellos se debieron a conflictos entre criminales, según el Ministerio del Interior.
“Eso era impensable hace ocho o 10 años. Obviamente cualquier cosa que hoy se compare con la situación de México resulta insignificante. Pero lo que es un problema para una sociedad tiene que ver con lo que esa sociedad ha vivido y lo que pretende vivir. Esta ley busca introducir mecanismos y herramientas económicas para desarticular el negocio del narcotráfico”, explica Calzada semanas antes de que deje la oficina en manos del nuevo secretario, Milton Romani, designado por el nuevo presidente Tabaré Vázquez.
Según la Junta Nacional de Drogas en Uruguay la droga más consumida es la marihuana: hay 150 mil usuarios. La población es de poco más de tres millones de habitantes, así que los consumidores representan 8.3 por ciento. En México hay 122 millones de habitantes y la última encuesta oficial sobre adicciones, de 2011, señala que la marihuana también es la droga más consumida: 5.7 millones de usuarios —4.6 por ciento de la población—. Pero históricamente la mayor demanda de marihuana que tiene México es la de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas en el mundo. Cada año se decomisan más de 1,000 toneladas en la frontera entre ambos países.
Para quitarle el negocio a los traficantes y que los uruguayos fumen marihuana de calidad, la ley contempla tres vías: el autocultivo, que permite seis plantas por persona; los clubes de membresía, que permiten hasta 99 plantas; y se espera que antes de fin de año arranque la compra en farmacias. Cualquiera de esas opciones limita el consumo personal a 480 gramos anuales, es decir, 40 gramos por mes: un porro diario.
Apenas hay 17 clubes legalmente habilitados. Cada club puede tener entre 15 y 45 miembros. Pero para que resulte económicamente viable deben tener al menos 30. Hay dos mil usuarios entre clubes y autocultivadores registrados que, en teoría, ya no deben recurrir al narco.
Pero Calzada dice que a diario se incautan plantas de marihuana no registradas y en 2014 la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay contabilizó al menos 20 mil cultivadores.
Una de las razones para que pese a la legalización aún se cultive en la clandestinidad es que todavía hay gente que no confía en la ley. Por ejemplo,M. y R., una pareja a la que no les convence mucho la idea de registrarse como consumidores ante el Estado: temen que si algún día la ley es echada para atrás ellos se queden con antecedentes de “marihuanos”. Por esa razón, no quieren que sus nombres se publiquen.
La pareja fuma marihuana todos los días, pero trabajan tantas horas que no les funciona el sistema de clubes ni tienen tiempo para el autocultivo así que, en dado caso, optarían por el sistema de farmacias.
“Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. La ley es muy nueva y tiene que afianzarse. Cuando pase el tiempo veremos si nos registramos en las farmacias”, dice M. Mientras seguirán llamando cada tanto a su vendedor de confianza.
El gobierno pretende cubrir 50 por ciento del mercado con la venta en farmacias, que se ha retrasado. Calzada había prometido que la marihuana estaría en ellas en noviembre pasado, pero dejó el cargo a Romani sin que eso sucediera. La razón, señaló, es que las empresas que compiten por las licitaciones tienen que presentar una serie de documentos que acrediten, entre otras cosas, el capital financiero y el origen de los fondos.
Tras tomar el timón del barco, Romani ha tenido que frenar las especulaciones sobre que el nuevo presidente, Tabaré Vázquez, quien no es un gran fanático de la ley, quiera dar marcha atrás en este paso y ha insistido en que el gobierno no quiere quedar atrapado en plazos sin cumplir y cometer errores. Uno de ellos sería no estar seguros de dónde viene el dinero de las empresas que obtengan la licitación para producir marihuana. Mientras tanto, algunos usuarios siguen preguntando de vez en cuando en las farmacias si ya tienen la hierba.
Para Julio Rey, presidente de la Federación Nacional de Can- nabicultores de Uruguay, es urgente que se ponga en marcha la venta en farmacias. Dice que al no realizarse, el narcotráfico, que en Uruguay funciona en pequeñas dimensiones—en 2013 se decomisaron dos toneladas de marihuana—, sigue acapa- rando el mercado que supuestamente cubriría el Estado. Eso pone en riesgo a los cultivadores que están enfrentando el robo con violencia de sus plantas por parte de los llamados “cogolleros”: ladrones de flores, que se dedican a revenderlas en el mercado negro. Según los cannabicultores, unos 25 gramos de flor se pueden vender hasta en 94 dólares.
Hay 11 empresas que compiten para quedar entre las cinco que abastecerán a las farmacias de marihuana. Para ser seleccionadas tienen que entregar una serie de documentos pero, según el gobierno, varias no han completado el trámite. Y en el terreno en el departamento de San José, donde inicialmente el Estado produciría 10 toneladas de cannabis para surtir a las farmacias, siguen a la espera de que las semillas se siembren.
Poner a andar esta parte de la ley ha sido mucho más complejo de lo que los funcionarios del gobierno se imaginaron.
Victoria probó la marihuana a los 16 años, pero fue hasta que terminó la carrera de Comunicación Organizacional que comenzó a comprar cada tanto. Hizo una maestría en Buenos Aires, Argentina, y ya especializada en organizaciones sociales regresó a Uruguay y se adhirió a Proderechos, donde milita en el frente de drogas.
De aspecto delicado y cabello castaño, Victoria da clases y es investigadora en la Universidad Católica. Hasta hace cinco años era difícil que hablara en los pasillos de la universidad de su activismo, pero con la regulación poco a poco se ha ido abriendo en el tema.
“Es un sector intelectual, entonces la gente es mucho más proclive a estar en favor de la legalización”, dice mientras corta las hojas de una planta y separa las flores que luego se pondrán a secar.
Es una tarde nublada, pero la humedad y el calor no dan tregua, como suelen ser los días de verano en Uruguay. Como cada mes, los miembros del club, todos entre los 25 y los 35 años, participan en la jornada de corte y secado de las flores.
“Cuando ves el porro prensado ilegal, que es lo que consumíamos hasta hace poco, da asco, lástima, indignación. Aquí tenemos un pequeño canal de abastecimiento que mejora la calidad. Además, cuando fumas la flor de la planta fumas menos porque es más efectivo. Para los usuarios es una gran ventaja, una reducción de daños importante”, dice sentada en una banca del jardín de las 99 plantas.
Dice que no se trataba de ir sólo por la legalización de la planta en sí, sino de cambiar la dinámica económica y política para apuntar a tener más libertades.
“Esto implica una manera de convivir mejor con algo que existe”, dice tajante.
Otra chica llamada Vicky y Damián podan las plantas de marihuana para evitar plagas o enfermedades. Están sentados en círculo. Otros ocho se encargan del recortado de distintas variedades que pronto estarán listas para su consumo.
—¿Saben qué onda con las farmacias? —pregunta Mariano.
—Che, no hay nada, somos los únicos que estamos produciendo —le contesta entre risas uno de sus compañeros.
El CLUC es un modelo de clubes cooperativo y externo, lo que permite que sea barato. Los miembros pagan una cuota mensual de 25 dólares por 40 gramos de marihuana, pero tienen que apoyar en las actividades del cultivo para que sea rentable. Con los 25 dólares por miembro se paga el sueldo de Damián y del administrador, y se compran insumos como las semillas, el abono y los distintos sustratos.
Un gramo les cuesta aproximadamente un dólar. Es la misma tarifa que se plantea en las farmacias. Resulta una ganga para los consumidores, acostumbrados a comprar 25 gramos de marihuana prensada de Paraguay en unos 30 dólares.
Hay otros modelos de clubes más caros y especializados en agricultura interior que tienen entre sus miembros a usuarios gourmet. La cuota en estos clubes puede llegar a los 100 dólares mensuales, pero los usuarios sólo deben pagar y con ello reciben sus 40 gramos sin tener que mover un dedo.
“Que no quede nadie afuera por un tema de plata”, dice Damián, quien cree que el CLUC es el modelo de club que más se asemeja al que está contemplado en la ley.
La idea de los clubes fue tomada de España, donde hay 500 asociaciones de las cuales 40 por ciento se concentran en Cataluña. Desde 2002, grupos de usuarios españoles decidieron autoabastecerse para no recurrir al mercado negro al aprovechar un limbo en la ley del país ibérico.
En Cataluña se estima que hay al menos 165 mil usuarios registrados en clubes, que reciben entre 14 y 20 gramos mensuales y pagan cuotas de 20 euros al año. El precio se debe al hecho de que los clubes llegan a estar formados hasta por 1,600 socios.
Damián cree que la reglamentación uruguaya complicó la creación de clubes y sus mantenimiento al limitar la cantidad de integrantes a 45 miembros.
”En ese intento del gobierno de tener todo bajo control, que es una caracteristica bastante propia del Estado uruguayo. Se termina limitando excesivamente la cantidad de integrantes. Si pudiera tener 90 o 100 miembros, podría tener más plata para rentar un pedazo de tierra afuera de Montevideo, para insumos y para pagarle a otra persona. No sería mucho mayor la dimensión del club a los beneficios que traería ese aumento de gente”, asegura.
Durante este primer año como club han tenido que dar los pasos burocráticos que marca la ley para su registro, como darse de alta en el Ministerio de Educación y Cultura como asociación civil sin fines de lucro, y después inscribirse ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que fue creado tras la aprobación de la ley. Ante el ircca cada club debe acreditar que el lugar donde funcionan es de su propiedad o es rentado a nombre del club. Hasta el momento hay 17 registros.
Los socios del CLUC piensan que si varios clubes pudieran compartir la sede todo sería más fácil. Pero la ley es muy clara en cuanto a que cada club debe tener un domicilio diferente. De todas formas, están ayudando a crear otros clubes o asesorándolos en la parte legal y técnica.
La jornada de trabajo comenzó al caer el sol y termina entrada la noche. El viento refresca el jardín donde ya alguno ha prendido un porro. Después de las horas de manicure, cuelgan las flores en el techo de un pasillo largo, donde la luz ayudará a que se sequen. En un par de semanas, esas plantas de marihuana estarán listas para fumarse.
En 2007, Juan Vaz estuvo preso durante 11 meses por le delito de elaboración de material prima para la fabricación de sustancias estupefacientes.
Pero Juan no era traficante: era una padre de familia y programador informatico de 40 años que tenía plantas de marihuana para su consumo propio.
En la cárcel sobrepoblada de Santiago Vázquez, a las afueras de Montevideo, Juan compartía celda con 11 reos entre los que había algunos acusados de homicidio. Para dormir tenía que turnarse con ellos una de las cuatro camas.
Después de tres meses fue trasladado a otra cárcel, donde se cumplen condenas por delitos menores, hasta que fue liberado. En esos años la mayoría de los operativos policiales de incautación de drogas en el país decomisaban no más de 10 gramos de drogas, por lo general de marihuana, según Drugs and Democracy, el programa que estudia las políticas de drogas en el mundo del think thank, Transnational Institute.
En ese momento Juan Vaz se convirtió en una de las caras visibles de un movimiento creciente por la legalización de la planta, que desde 2005 estaba tomando impulso con la creación de colectivos de cultivadores y organizaciones.
“De quienes pedían la legalización de la marihuana, el único actor legítimo era el autocultivador porque los demás seguían comprándole al narcotráfico. Entonces era él quien verdaderamente combatía el narco”, dice Vaz, quien en ese año formaba parte del colectivo Planta tu Planta.
Hablamos una tarde de enero en una growshop de su propiedad, en Montevideo. Dice que la semilla se puso en 2005, pero la batalla fue larga. Mientras el movimiento cannábico se expandía por el país, los cultivadores seguían enfrentando la cárcel. Dos de los narcotraficantes más sonados de Uruguay enfrentaron primero la muerte que una condena larga. Mauricio Martínez, alias “Lilo”, quien murió en un ajuste de cuentas en 1999; y Washington Risotto, alias “Bocha”, quien también era representante de futbolistas, fue procesado por tráfico de drogas en 1996 pero fue asesinado en 2011.
El narcotraficante que sí pisó la cárcel en 2004 fue Alejandro Píriz Brum por el homicidio de Lilo. Este narco, considerado por las autoridades uno de los más peligrosos del país, envió en agosto de 2013 una carta a los medios de comunicación dirigida al ex mandatario Mujica. En ella apoyaba la legalización de la marihuana y le proponía plantarla dentro de la cárcel de Libertad. “Aquí la marihuana es paz y amor”, escribió. Cuatro meses después, Mujica diría su famosa frase: “Esto no es un ‘Viva la pepa’, esto es como quien toma un purgante, es tomar medidas que no son bonitas, pero no queremos dejar regalada esa gente al narcotráfico”.
“Un artículo de la ley anterior decía: ‘Estará libre de pena quien posea una cantidad razonable únicamente para su consumo personal’”, explica Vaz. “Le preguntamos a la Suprema Corte de Justicia: ¿Esa cantidad para mi consumo personal debe ser comprada a un traficante o puede venir en forma de planta y ser autoproducida por el usuario? Entonces ahí la Suprema Corte descubrió que le ley tenía una falla. Una ley con una falla necesita una reforma. Ese fue el primer agujerito por el que nos metimos.”
Juan Vaz, de cejas muy negras, rostro afilado y cabello corto, es integrante de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay y creador y asesor de clubes de membresía. Recuerda que con ese argumento ante la Suprema Corte, en 2010, las organizaciones civiles y colectivos redactaron un borrador junto a los tres principales partidos políticos, que le quitaba el control de la marihuana a los narcos y se la daba a los usuarios. Pero el borrador se quedó en el escritorio, porque el Gobierno decidió tomar el control de la sustancia.
“Nosotros teníamos una idea más utópica y quizá más anarquista, pero el gobierno nos cortó las patitas. Sin embargo, puso un punto de partida. Creíamos que cuando llegáramos a la cima íbamos a prender un porro, hacer una fiesta y se acabó, no pensamos que era sólo era el inicio.”
Camilo se crio en la Teja, un barrio popular de Montevideo, donde el presidente Tabaré Vázquez pasó su infancia y adolescencia. Ahí, Camilo tenía acceso a pequeñas bocas de venta de drogas donde compraba marihuana, pero en las que también se consigue cocaína y pasta base.
Ni Camilo ni Vázquez se imaginaban cuando eran niños que décadas después Uruguay se pondría en la boca del mundo al ser el primer país de América Latina que se enfrentara a la estrategia global de la prohibición de la marihuana.
Ahora Camilo, de 26 años, antropólogo y asesor de la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo —el poder legislativo de la ciudad—, ya no le compra más al mercado negro y se suministra en el club de membresía.
Es la noche del sábado 16 de mayo, Camilo y los otros socios del CLUC organizaron una fiesta para festejar su primera cosecha grande, a un año de existencia, y recaudar fondos.
Cada miembro recibirá sus 40 gramos, pero hay algo más simbólico que celebrar: la liberación de la planta. Por ello eligieron como sede la ex cárcel de Miguelete, un edificio de finales del siglo XIX a las afueras de la capital que funcionó como centro de reclusión hasta 1980 y que ahora es un centro cultural.
Pasa de la media noche. Las luces del escenario, verdes como hojas, iluminan el cielo. Decenas de cuerpos vestidos para el frío del invierno sudamericano intentan desentumirse y bailan con la música que pone el dj.
Horas antes se realizó la marcha mundial por la marihuana y Montevideo no se quedó atrás. Asistieron decenas, mate y porro en mano, para conmemorar que ya cultivan y fuman libremente. Pero también exigieron al gobierno que termine de implementar la ley.
Camilo, quien desde los 18 años forma parte de Proderechos, dice que a nivel regional las drogas tienen que ser analizadas desde el punto de vista político y económico.
“El sistema actual desestabiliza nuestras democracias, porque genera estructuras de poder donde el Estado no tiene capacidad de incidencia, y eso pasa desde el Río Bravo hasta la Patagonia”, reflexiona.
Al norte del Río Bravo se debate justamente la legalización de la marihuana. Texas quiere ser el quinto estado de Estados Unidos en el que la planta se usa para fines recreativos, como en Colorado, Washington, Alaska y Oregón.
“La actual tendencia legislativa hacia la regulación legal de los mercados de cannabis como modelo prometedor para proteger la salud y la seguridad de las personas ha cambiado el panorama de la política de drogas y los términos del debate. La cuestión a la que se enfrenta la comunidad internacional hoy en día ya no es si es necesario evaluar y modernizar el sistema de control de drogas de la onu, sino más bien cuándo y cómo”, señala el informe del Transnational Institute titulado Auge y caída de la prohibición del cannabis, presentado en 2014, el cual coloca a Colorado, Washington y Uruguay al frente de una oleada reformista contraria al consenso de Viena.
Entre paredes que fueron levantadas para el encierro, el olor inconfundible de la marihuana se mezcla con vientos de cambio en la región. El camino que trazó Uruguay lo están comenzando a recorrer, a su manera, otros países americanos. En Chile se sembraron, en octubre de 2014, las semillas del primer cultivo legal de marihuana medicinal en América Latina. Jamaica despenalizó en febrero pasado la posesión recreativa de 57 gramos y autorizó el uso con fines religiosos y terapéuticos.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha llamado a replantear el enfoque de la lucha contra las drogas de cara a la Asamblea General de la ONU en 2016. Y el planteamiento tendrá fuerza ahora que Luis Almagro, quien formó parte del gobierno de Mujica, se puso al frente de la Organización de Estados Americanos. Entre sus banderas, ha dicho, está impulsar una agenda de derechos a la “uruguaya”.
En esas reuniones los políticos no los nombrarán, pero esta generación de uruguayos, que esta noche ríe y baila al ritmo de música electrónica, ya forma parte de la historia.
El pasado 24 de agosto, las víctimas de tortura, desaparición, desplazamiento interno forzado, trata, violencia sexual, homicidios dolosos, ejecuciones arbitrarias y otros hechos de violencia, participamos en un Conversatorio Nacional1 sobre la reforma a la Ley General de Víctimas.
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