¿Entonces? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos?

El jueves pasado, un día después del histórico fallo de la Suprema Corte en el que concedió un amparo a 4 personas para producir, consumir y transportar mariguana con fines lúdicos, me preguntó Fly Fermín “Entonces? qué sigue??? qué hacemos???” después de resaltar que una lluvia de amparos en cadena podría afectar negativamente ya que podría haber fallos en sentido opuesto que perjudiquen la causa y el camino del necesario cambio en la política de drogas hacia una liberación y regulación integral de la cannabis.

Creo que su pregunta iba dirigida en particular a qué sigue para que las personas usuarias de esta planta puedan hacer un uso libre y recreativo en el corto plazo, y para eso vale la pena ver los seis pasos para que puedas producir, consumir y transportar mariguana legalmente que Ximena del Cerro publicó en Vice la semana pasada.

Sin embargo creo que lo que sigue va mucho más allá. Sigue lo que sigue, o como dicen lxs compas del sureste, falta lo que falta.

Sigue que detengamos esta dolorosa y absurda guerra que no queremos, no pedimos y que legitiman en nuestro nombre;

Sigue que aparezcan las personas desaparecidas para que una por una regresen a casa con quienes tienen que estar;

Sigue que dejen de morir asesinadas con violencia más de 50 personas al día, que dejen de ser detenidas entre 50 y 60 personas cada día por posesión de mariguana y por su consumo aún cuando el consumo no está tipificado como delito, que diario cientos de personas puedan quedarse en sus hogares y no ser desplazadas por la violencia, que dejen de gastar millones del presupuesto público en su estrategia de seguridad y se invierta en educación, salud, transporte y tantos otros rubros más que necesarios, demasiado dolor nos ha costado ya esta guerra;

Sigue la justicia, empezando por una amnistía y una disculpa merecida y necesaria a todas las personas que se encuentran en la cárcel sin ningún debido proceso por usar una planta, cargarla, portarla, llevarla encima pues, y por todos los delitos contra la salud que no dañaron a nadie hasta que se enfrentaron al corrupto y disfuncional sistema penal. Por otro lado, falta la justicia a los responsables de esta guerra, a los presidentes, secretarios de Estado y al ejército y a todos los funcionarios públicos que han masacrado a tanta gente, que han saqueado territorios como si les pertenecieran, que se han beneficiado en perjucio del país;

Sigue que nos reconozcamos como una sociedad madura y profundamente sabia, compuesta por una maravillosa diversidad en la que todas y todos cabemos así como somos, sin necesidad de muros ni prohibiciones, es decir, ubicándonos como unos habitantes más de esta tierra que tanto nos da y que compartimos con otros animales, plantas y varios etcéteras que son valiosos en si mismos y por sus usos medicinales y recreativos que a unxs asustan y a otrxs generan curiosidad;

Sigue que participemos de un debate que lleva muchos años abierto y creciendo exponencialmente;

Sigue darle nuestro sentido y nuestra lectura al necesario paso que dio la SCJN para reconocer que es una victoria muy nuestra, de ese amplio nosotroas que incluye a quienes fumando y dialogando han logrado romper un tabú haciendo que sus familias y comunidades no tengan que abrirse a un nuevo discurso o a una política pública, sino a aceptar a un hijo, a una hermana, a un primo, a una abuela que usa plantas medicinales (y sagradas) con fines muy variados. También integran esta lucha los pueblos y naciones originarias que desde hace tanto están en resistencia; quienes en 1940 lograron que la mariguana fuera legal; las bandas de de rock y reggae que impulsaron la liberación y aceptación de esta planta; quienes han difundido desde hace décadas esta cultura desde la redacción del primer Manifiesto pacheco de México en 1985 hasta la publicación e intento de censura de la Revista Cáñamo-México, quienes desde distintas trincheras buscan que se acaben las guerras en este país y en el resto de América Latina y el mundo, de las cuales la Guerra contra las drogas es una que legitima la violencia y genera falsos enemigos contra los cuales lucha con millones de dólares invertidos en armas y ejércitos;

Entonces ¿qué hacemos?

Lo que haga falta para que lo que sigue sea lo que guíe nuestros pasos, para que las luchas de hoy nos permitan el acceso a nuestros derechos negados el día de mañana, para que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal, a la propia imagen y a la libre autodeterminación, en relación con el principio de dignidad humana, sean una realidad en un futuro próximo al igual que el resto de los derechos que necesitamos.

Sigamos organizándonos, dialogando en semilleros, construyendo un frente común por el alto a las guerras.

Sumemos iniciativas como las que ya están en las calles, pueblos y universidades de las que forma parte una Caravana que el próximo año recorrerá Honduras, El Salvador, Guatemala y México para llegar a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas que se realizará del 19 al 21 de abril en Nueva York con la voz de pueblos y naciones de estos y varios otros países para mostrar las consecuencias de esta Guerra contra las flores que en realidad es contra las personas, para impulsar la discusión de alternativas que miren hacia otros horizontes posibles y deseables y para exigir un alto a la Guerra y caminar hacia la Paz que queremos.

Por Andrés HS – @hirsoler

Dedicado a quienes reivindican con su práctica cotidiana, con su disposición a romper el tabú en sus familias y comunidades, con sus manifestaciones públicas, con sus palabras en escuelas, en casas, en calles y en redes sociales, este cambio que ya dio el primer paso y que no se conformarán con poder fumar agusto hasta que alcancemos la dignidad y respeto que toda persona merece.

Gracias Marco C. por tus palabras

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¿Qué se discutirá hoy en la #SCJN sobre el autoconsumo de marihuana? #MarihuanaSi #GuerraNo #4Nov

¿Qué se discutirá hoy en la SCJN sobre el autoconsumo de marihuana?

La Primera Sala de la SCJN discutirá y en su caso aprobará y/o modificará la propuesta elaborada por el Ministro Arturo Zaldívar, para resolver el amparo en revisión 237/2014.

La demanda de amparo fue promovida por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), en la que proponen la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud, al considerarlos parte de una “política prohibicionista” que vulnera distintos derechos fundamentales.

¿Qué argumentos se utilizan en el proyecto de sentencia?

  • El Proyecto de la Primera Sala de la SCJN, considera que el principal derecho vulnerado con el actual estatus legal del uso de marihuana, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como también a la identidad personal, a la propia imagen y a la libre autodeterminación, todos en relación con el principio de dignidad humana.
  • La prohibición del consumo de marihuana por la mera autodegradación moral que implica, no persigue un propósito legítimo ni una medida idónea para proteger el derecho a la salud y al orden público, considerando que:
  1. el consumo de marihuana no influye en el aumento de la criminalidad, pues aunque en ciertos casos el consumo se asocia a conductas antijurídicas, éstas pueden explicarse por otros factores como lo es el contexto social de la persona usuaria, o al propio sistema punitivo de la droga, no al efecto producido por la substancia,
  1. el consumo de marihuana sólo es perjudicial para la salud en casos muy específicos, por lo que las medidas de restricción deben acotarse hacia aspectos como la edad y el lugar donde se puede realizar dicho consumo.
  • Se excluyen del presente proyecto los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.
  • El proyecto concluye que dichos artículos de la Ley General de Salud son inconstitucionales para los quejosos, al vulnerar el libre ejercicio de varios derechos humanos y al no representar una medida idónea para proteger el bien jurídico a la salud y al orden público.

¿Qué efectos tendría si la SCJN concediera el amparo?

Sería declarada la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, exclusivamente a lo que se refiere a la cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y el psicotrópico “THC” y sus variantes estereoquímicas, únicamente para las personas que presentaron el amparo.

Esto permitiría que se otorgara autorización por parte de la Secretaría de Salud (mediante la COFEPRIS), para consumir marihuana regularmente y de forma personal, lo que incluye siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso consumo y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de la marihuana.

¿Cómo impactaría en el marco regulatorio de la marihuana y en la vida de las personas usuarias?

Es importante aclarar que el presente amparo sólo beneficiaria directamente a las personas que promovieron este recurso, es decir, no es una declaratoria general de inconstitucionalidad de dichos artículos.

 

Sin embargo, la resolución representaría un precedente sobre una medida alternativa a la prohibición absoluta del consumo lúdico y recreativo de marihuana, lo que podría beneficiar a una esfera más amplia de personas y no sólo a los quejosos. Un criterio emitido por la SCJN al resolver un amparo, tiene un impacto en todas las resoluciones emitidas en el sistema judicial. Por lo que cualquier persona que en otro juicio argumente tener el mismo interés que SMART, tendría posibilidad de conseguir el mismo beneficio.

 

Sin embargo, es importante aclarar que en esta resolución, la Corte NO se pronunciará respecto a la constitucionalidad de la criminalización (a las leyes punitivas) del consumo de marihuana previsto en el Código Penal Federal, pues en el presente amparo no fueron impugnadas.

Se conceda o no el amparo, el presente proyecto es una propuesta argumentativa sobre los derechos fundamentales que se limitan a los usuarios de la cannabis en el marco legal mexicano, un paso necesario para superar la prohibición absoluta de esta planta.

Escrito por Melissa Zamora

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Cada día nos cuesta demasiado. Algunas cifras para que la SCJN no aplace más la discusión sobre #autocultivo y consumo de #Marihuana

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¡Firma y súmate al llamado al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el Ministro JoséRamón Cossío Díaz, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas para que voten a favor del proyecto del Ministro Zaldívar Lelo de Larrea el 4 de noviembre del presente año!

https://www.change.org/p/ministro-alfredo-guti%C3%A9rrez-ortiz-mena-ministro-jos%C3%A9ram%C3%B3n-coss%C3%ADo-d%C3%ADaz-ministro-jorge-mario-pardo-rebolledo-ministra-olga-mar%C3%ADa-del-carmen-s%C3%A1nchez-cordero-de-garc%C3%ADa-villegas-llamemos-a-ministros-de-la-scjn-a-votar-a-favor-de-terminar-la-prohibici%C3%B3n?recruiter=21492194&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

Últimas 24 horas para firmar instando a la #SCJN para que vote a favor de la inconstitucionalidad de las leyes que sostienen la prohibición del cannabis

Si no has firmado, te pedimos que lo hagas, y si ya lo hiciste te pedimos que difundas con alguno de los siguientes tweets y la imagen que aquí aparece, junto con el #MariguanaSi y la página: https://tinyurl.com/marihuanasi

  • Firma para que en 24 horas la #SCJN vote a favor de terminar la prohibición del cannabis https://tinyurl.com/marihuanasi #MarihuanaSi

O en facebook

En el mundo las leyes y políticas en materia de consumo de cannabis están cambiando, cada día más países abandonan la guerra contra ésta planta e implementan políticas alternativas al prohibicionismo. En México la guerra contra las drogas nos deja cada día altos costos humanos, incluyendo personas muertas, desaparecidas, desplazadas, torturadas y encarceladas. Es momento de que México también comience a dar pasos en una nueva dirección.

Firma para que la y los ministros declaren inconstitucionales los artículos que sostienen la prohibición de la mariguana https://tinyurl.com/marihuanasi #MariguanaSi

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#MariguanaSi 7 días para que la Suprema Corte de un paso hacia el fin de la guerra contra las drogas

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Ayer la 1ra sala de la Suprema Corté de Justicia de la Nación aplazó una semana la resolución sobre auto cultivo y consumo recreativo de cannabis en torno al amparo presentado por SMART.

Cada día que la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra nosotrxs, continúa seguimos pagando el costo con no con dinero si no con la vida.

Es importante que nos hagamos escuchar para que la SCJN y todo México y el mundo sepan que esta guerra no la queremos, no la pedimos y tenemos alternativas para relacionarnos con el universo de plantas y sustancias que actualmente se encuentra prohibido.image

¿Qué se discutirá hoy en la #SCJN sobre el autoconsumo de mariguana?

¿Qué discutirá hoy en la SCJN sobre el autoconsumo de marihuana?

La Primera Sala de la SCJN, discutirá y en su caso aprobará y/o modificará la propuesta elaborada por el Ministro Arturo Zaldívar, para dar contestación al amparo en revisión 237/2014.

La demanda de amparo fue promovida por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), en la cual, proponen la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud, al considerar que los mismos establecen una “política prohibicionista” que representa una limitación a distintos derechos fundamentales.

¿Qué argumentos se utilizan en el proyecto de sentencia?

El Proyecto de la Primera Sala de la SCJN, considera que el principal derecho vulnerado con el actual estatus legal del uso de marihuana es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como a la identidad personal, propia imagen, libre autodeterminación, todos en relación con el principio de dignidad humana.

La prohibición del consumo de marihuana por la mera autodegradación moral que implica, no persigue un propósito legítimo ni una medida idónea para proteger la salud y el orden público.

El consumo de marihuana no influye en el aumento de la criminalidad, pues aunque en ciertos casos el consumo se asocia a conductas antijurídicas, éstas pueden explicarse por otros factores, como al contexto social del consumidor o al propio sistema punitivo la droga, no a la substancia.

El consumo de marihuana sólo es perjudicial para la salud en casos muy limitados, por lo que las medidas de restricción, deben estar acotadas a la edad para consumir y el lugar donde se puede realizar dicho consumo.

Se excluyen del presente proyecto, los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.

¿Qué efectos tendría si la SCJN concediera el amparo?

Sería declarada la inconstitucionalidad los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, exclusivamente a lo que se refiere a la cannabis” (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y el psicotrópico “THC” y sus variantes estereoquímicas.

Esto, permitiría que se otorgaran autorizaciones por parte de la Secretaría de Salud para consumir marihuana regularmente, de forma personal, lo que incluye siembra, cultivo, cosecha, preparación acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso consumo y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de la marihuana.

¿Cómo impactaría esto en el marco regulatorio de la marihuana y en la vida de las personas usuarias?

 

La resolución sería un precedente que podría constituir una medida alternativa a la prohibición absoluta del consumo lúdico y recreativo de marihuana, lo que podría beneficiar a una esfera más amplia de personas y no sólo a los que promovieron el amparo.

 

Sin embargo es importante aclarar, que en esta resolución la Corte NO se pronunciará respecto a la constitucionalidad de la criminalización (a las leyes punitivas) del consumo de marihuana previsto en el Código Penal Federal pues en el presente amparo no fue impugnadas.

Tal como se plantea en el proyecto de resolución, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos, sólo constituye un elemento para alcanzar una alternativa a la prohibición absoluta del consumo de cannabis.

Se conceda o no el amparo, presente proyecto representa una propuesta argumentativa sobre los derechos fundamentales que se limitan a los usuarios de cannabis en el vigente marco legal mexicano.

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Mañana ante CIDH casos Ayotzinapa, política de drogas y ejecuciones extrajudiciales

Dentro del calendario de audiencias públicas, se analizarán casos relacionados con México y mañana a la 13:15 horas, los integrantes del GIEI el Centro Prodh y Tlachinollan presentarán la “Investigación y Primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició hoy las audiencias correspondientes al 156 Período de Sesiones y concluirán el 23 de octubre, en la sede del organismo en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, (OEA) en Washington, DC.

Dentro del calendario de audiencias públicas, se analizarán casos relacionados con México y mañana a la 13:15 horas, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como el Centro Pro de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentarán la “Investigación y Primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”.

A las 14:30 horas toca el turno a “Derechos Humanos y políticas de drogas en México”, a la que asisten la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México Unido contra la Delincuencia, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, **Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CuPIHD), Espolea, El Caracol AC, ReverdeSer Colectivo, Robert Kennedy Human Rights y 4 organizaciones más **.

De las 15:45 a las 16:45, continuará la audiencia “Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México”, donde participarán Article 19, capítulo México, Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Human Rights Watch, WOLA, y otras 23 organizaciones.

Antes, de 11:30 a 13:00 horas se presentará la audiencia sobre el caso de Manuel Santiz Culebra y otros, relacionado con la Masacre de Acteal en la que participan la organización Las Abejas de Acteal, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

En todas las anteriores asistirán representantes del Estado Mexicano, quienes expondrán sus observaciones a los casos referidos.

El jueves 22 de octubre de 17:45 a 18:30 se realizará la audiencia Derechos Humanos e intercepción de personas elegibles para la protección internacional en la que participan diversas organizaciones, entre ellas dos mexicanas que son: Sin Fronteras IAP México y Clínica de Derechos Humanos del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH).

Mientras que el viernes 23 de octubre se presentará la audiencia Los derechos humanos y el agua en América en la que participarán el Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño A.C.” (BARCA-DH), México, New Mexico Environmental Law Center, entre otras organizaciones de carácter internacional.

En el siguiente enlace puede consultarse el calendario completo de las audiencias: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-156-audiencias-es.pdf

Mientras que las audiencias podrán seguirse en vivo por su página en Internet http://www.oas.org/es/cidh/
además de que los videos de dichas transmisiones estarán disponibles posteriormente en la página Web de la CIDH.

Cabe mencionar que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El organismo tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia y está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente de la noticia: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=541233&idFC=2015#sthash.xHOYL1Uz.dpuf

Fuente de la Imagen: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-156-audiencias-es.pdf

Agregadas por el blog

La Larga Noche de la Prohibición. Miércoles 14 de octubre 16 hrs #Americannabis

larganoche

Por 2ndo año consecutivo ReverdeSer Colectivo, en el marco de la Semana Cultural Americannabis, convoca a la jornada La Larga Noche de la Prohibición.

Te invitamos a que vengas desde las 4pm a hablar sobre las consecuencias que nos ha dejado la Guerra contra las Flores con Maricela y Doña Mary, integrantes de Familiares en Búsqueda María Herrera A.C. y de la Red de Enlaces Nacionales; con Paula Santoyo del Colectivo 43+ y con Marco Castillo de la Asamblea Popular de Familias Migrantes.

Y después a las 6pm que dialoguemos sobre las alternativas a la guerra en las políticas de drogas junto con Amaya Ordorika de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DDHH y ReverdeSer Colectivo; con Viktor Villegas de Arkemetría y Jorge Lule del Programa de Análisis de Substancias.

Sede: Centro Cultural La Pirámide (San Antonio y Periférico- Metro San Antonio)

Mapa: https://www.google.com.mx/maps/place/Piramide/@19.3855063,-99.1903313,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xf5716b2f018ca85b?hl=es

Tributo de DPA a Latinos en EE.UU. que promueven el fin de la guerra contra las drogas

Cada año, Estados Unidos está pendiente de la celebración nacional del Mes de Herencia Hispana, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. La Alianza sobre Políticas de Drogas (DPA) está festejando el mes, este año, con la campaña Somos DPA, un tributo por internet que reconoce las contribuciones “significativas y de gran alcance”, de reformistas latinos, para terminar la guerra contra las drogas.

De acuerdo con la DPA, la guerra contra las drogas ha tenido resultados devastadores en las comunidades latinas y latinoamericanas, por violencia, crimen desenfrenado, incremento de encarcelamiento en masa, detenciones y deportaciones, militarización de la frontera y evaluación por perfil de raza.

“Los latinos conforman 17% de la población estadounidense, consumen y venden drogas en similares cantidades que el resto de personas en el país. No obstante, los latinos constituyen representan 20% de las personas en prisiones estatales por delito de drogas, 37% en cárceles federales, y cerca de 50% de todos los casos en cortes federales están relacionados con asuntos de narcóticos.  40.000 personas (en su gran mayoría) latinas son deportadas forzosamente cada año por delitos de drogas no ofensivos”, señaló la organización en un comunicado de prensa.

“Durante los últimos años, hemos estado trabajando para encontrar la mejor manera de acercarnos a la comunidad latina y trabajar juntos para terminar la guerra en contra las drogas y, más importante, para [concienciar más en la idea] que la guerra contra las drogas es un asunto latino”. dijo al PanAm Post el legislador y coordinador de la DPA, Jerónimo Saldaña.

Saldaña dice que el enfoque del proyecto es reconocer a “las contribuciones transformadoras y los sacrificios” de distinguidos reformistas latinos en política de drogas, en las redes sociales. Segundo, y lo más importante, señala, la DPA apunta a conocerse “con gente de su región, y trabajar juntos  para avanzar en las reformas que competen a los latinos”, comentó.

“Queríamos mostrar que la guerra contra las drogas provoca encarcelamientos y deportación en masa; que la guerra contra las drogas en México está matando o causando la desaparición de decenas de miles de personas. Decidimos que era el momento de lanzar una plataforma pública que en serio comprometa a esta audiencia”.

Honrando a los activistas latinos

Para reconocer el esfuerzo de aquellos activistas y defensores latinoamericanos quienes han estado en el límite entre la justicia y la reforma de políticas de drogas, la DPA presentará cada semana a cuatro premiados, durante todo el mes.

La lista comienza con Ana Yáñez Correa, directora ejecutiva de la Coalición de Justicia Criminal de Texas. Según la DPA, su trabajo ha sido “fundamental en educar y organizar a los principales depositarios sobre la importancia de adoptar políticas en desvíos de la prisión, libertad provisional y condicional, reforma en la condena, defensa justa, recuperación, y total rectitud y eficiencia en la justicia criminal y juvenil.

Somos DPA también rinde tributo a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, al cumplirse un año de su forzosa desaparición. “Si alguien ha llevado [al impacto negativo de las drogas] a nivel internacional”, dice Saldaña, “son los amigos y familiares de estos estudiantes, que no se han dado por vencidos en su búsqueda”.

El tercer premiado por la organización es Rafael Torruella, director ejecutivo de Intercambios Puerto Rico, una organización que promueve el diálogo y el análisis crítico de asuntos relacionados con la droga, en la isla.

“Rafael ha estado impulsando algunas reformas innovadoras en la isla, y ha ayudado a salvar un montón de vidas allí. Generalmente, las personas tienden a olvidar que esto no es algo que afecta solamente a México, sino a América Latina, incluyendo Puerto Rico y República Dominicana, por lo que queremos resaltar eso”, señala Saldaña.

Por último, pero no menos importante, la DPA brinda homenaje a la comunidad entera que defiende los derechos de inmigrantes en California, por su trabajo, al promover el proyecto de ley AB 1351 . Si pasa, la organización dice que “promulgará muchas de las reformas a la justicia criminal, que aseguran a las familias inmigrantes que no serán separadas por deportación debido a delitos mínimos de drogas”.

Saldaña explica que el objetivo final del tributo es “reintroducir a la humanidad” en la defensa de políticas de drogas, y demostrar que este movimiento está originado en personas, no en políticas.

“Yo pienso que una dificultad es que las personas piensan en los latinos – e incluso los latinoamericanos – en Estados Unidos como un monolito. [Piensan] que nosotros somos un grupo muy cohesionado, que no estaría muy lejos de la verdad. Somos gente muy diversa, por lo que queremos acercarnos a cada identidad y unirnos para trabajar en esto”.

Traducido por Paz Gómez.

Rebeca Morla

Rebeca Morla

Rebeca Morla es egresada de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Ecuador. También es miembro del Consejo Ejecutivo de Estudiantes por la Libertad. Síguela por Twitter @RebecaMorla.

FUENTE: Panam Post-  http://es.panampost.com/rebeca-morla/2015/10/07/latinos-en-ee-uu-promueven-el-fin-delaguerra-contra-las-drogas/

¿Qué hace tu Delegación en el tema de atención al consumo de sustancias psicoactivas?

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Debido al conflicto bélico desatado por una estrategia de combate al narcotráfico que ha dejado más de 100 mil muertos y más de 20 mil personas desaparecidas, el tema del uso y consumo de sustancias psicoactivas se ha posicionado en el debate público, con un aumento evidente de voces a favor de una política que incluya y reconozca a las personas usuarias como sujeto de derechos y no como un sujeto problema o delincuente.

El Distrito Federal es una de las ciudades con mayor consumo de sustancias psicoactivas del país, por lo que es importante prestar atención a lo que hace el gobierno de la capital en materia de consumo, regulación y atención de personas usuarias de sustancias psicoactivas.

Con la publicación de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal en 2010, se establecieron lineamientos en la atención y tratamiento de las personas usuarias de sustancias por parte de distintos organismos del GDF como el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA).

Tomando en cuenta que cada Delegación tiene características propias que requieren una política específica de acuerdo con su población y territorio, la legislación las obliga a realizar varias actividades en materia de atención y tratamiento de las personas usuarias de sustancias psicoactivas:

  1. Utilizar el 10% de su presupuesto en comunicación social para realizar campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

  2. Integrar un Consejo Delegacional para la Atención Integral del Consumo de Sustancias, que estaría a cargo de establecer los programas locales al respecto.

  3. Construir una unidad de atención, tratamiento y rehabilitación para el consumo de sustancias psicoactivas en sus respectivos territorios.

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Pero, ¿Qué tanto cumplen con sus obligaciones los gobiernos delegacionales?

¿Conoces los servicios que ofrece tu Delegación para las personas usuarias de sustancias psicoactivas?

¿Sabes cómo se integra y qué temas discute el Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias de tu Delegación?

Las y los ciudadanos usuarios de sustancias psicoactivas tienen derecho a acceder de forma voluntaria a servicios públicos eficaces y oportunos de atención y tratamiento prestados por los gobiernos de las Delegaciones, sin embargo, a casi 5 años de la publicación de esta Ley existen dudas sobre su pleno cumplimiento y su efectividad.

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El tema de atención al uso y consumo de sustancias psicoactivas requiere una participación activa de la ciudadanía para garantizar políticas eficaces con un pleno respeto de los derechos humanos de las personas usuarias. Es por ello que la Red de ciudadanxs de Vigila Tu Delegación, en el marco de la iniciativa #JuventudActúaMx 2015 está trabajando en conjunto con CuPIHD, ReverdeSer Colectivo, Espolea A.C., EPSD México y PAS, para dar seguimiento a la política actual de atención al consumo y asegurar que las Delegaciones efectivamente cumplan con sus obligaciones de ofrecer oportunidades y alternativas de atención en el tratamiento del uso y consumo de sustancias psicoactivas, así como actividades en las que todas y todos podamos participar en lograr la política efectiva que queremos.

Espera pronto más información y conoce de qué manera puedes colaborar para lograrlo.

Conoce la iniciativa completa de la Red de ciudadanxs de Vigila Tu Delegación en http://vigilatudelegacion.org.mx

Fuente: http://vigilatudelegacion.org.mx/consumo-sustanciaspsicoactivas/

La tragedia de la guerra contra las drogas: de Honduras a New York

Por Ted Lewis

Director del programa de derechos humanos en Global Exchange

Orlando

Foto: Orlando Sierra vía Getty Images

En el mes de junio viajé a Honduras para reunirme con líderes de la sociedad civil, a fin de dialogar sobre la organización de una caravana por 5 países para acabar con la guerra contra las drogas, cruzando desde Centroamérica hasta Nueva York.

El objetivo de la caravana es estimular un debate en lugares que han sido profundamente afectados por la guerra contra las drogas y compartir las historias de personas de esas regiones a lo largo de la ruta hasta Nueva York justo antes de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS), que se realizará el próximo abril.

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Foto: Huffington Post

Desde el inicio supimos que este viaje sería todo un desafío. Honduras ha sido tremendamente afectado por la guerra contra las drogas. Las ganancias abismales disponibles para quienes trafican drogas ilícitas han alimentado el crecimiento de organizaciones criminales, aumentado la violencia y corrupción generalizada e institucionalizado la impunidad que facilita todo esto.

Sin embargo, nos encontramos con una esperanzadora sorpresa en Honduras: el impresionante surgimiento de una poderosa revuelta civil contra el gobierno corrupto, que tomó las calles mientras nos encontrábamos allí y que ha reclamado la renuncia del Presidente desde entonces.

Huffington Post2

Foto: Huffington Post

Mientras me preparaba para viajar, leí sobre las alegaciones que acusan al gobierno de estar robando recursos de los fondos del sistema de salud pública y de seguridad social. Esto sonaba bastante mal, pero estaba tan ocupado con los detalles logísticos y de seguridad del viaje por esta región que no logré comprender la magnitud del descontento que estas acusaciones desatarían.

Estábamos planeando un itinerario que incluía San Pedro Sula, que actualmente es una de las ciudades más violentas del mundo. De ahí iríamos a reunirnos con líderes de la comunidad garífuna que quedaba a siete horas (y cientos de kilómetros al este de mi zona de confort), en las tierras sofocantes de la costa caribeña que están dominadas por la mafia.

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Al analizar los sucesos que se han estado llevando a cabo no es sorprendente que el descontento en Honduras ha alcanzado tales proporciones. La pobreza extrema sofoca al país mientras que unos cuantos oligarcas controlan la mayoría de las tierras y riquezas nacionales.

Además, el impacto que han tenido las actividades del ejército estadounidense en la región y el apoyo reciente y encubierto de Hillary Clinton al golpe de Estado militar del 2009 han vigorizado a los enemigos de la democracia en Honduras.

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Militares hondureños siendo entrenados por el ejército de Estados Unidos.

Foto: Huffington Post

Desde ese golpe de Estado se ha presentado violencia causada por pandillas que se suma a la presión económica que ha llevado a miles de familias desesperadas a emigrar o incluso a tener que enviar hacia el norte a sus hijos solos, a pesar del terrible riesgo que ello implica.

Sin embargo, lo que desencadenó el levantamiento pacífico de este verano fue la revelación de los cientos de millones de dólares que fueron robados del sistema de salud pública y utilizados directamente para las campañas políticas del partido dominante. Miles de hondureños han muerto innecesariamente por falta de personal médico y medicamentos. Estos son los hechos detrás de la indignación que ha impulsado a las multitudes a expresar su descontento en las calles.

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Al estar viajando y hablando con líderes de organizaciones alrededor de Honduras presenciamos una oposición profunda a la militarización y corrupción que ha traído la guerra contra las drogas a la vida civil.

Estábamos particularmente interesados en hablar con líderes indígenas y garífunas que han sido abiertamente críticos con respecto a la guerra contra las drogas ya que han tenido confrontaciones con traficantes en sus tierras ancestrales.

Los garífunas son descendientes de esclavos africanos que escaparon y se casaron con indígenas a lo largo de la Costa Atlántica del Caribe en el siglo XVIII. Mientras que ,antes estaban más aislados, ahora han sido sometidos a fuertes presiones por parte de la industria turística y de plantaciones de palma africana.

El año pasado, miembros de una comunidad garífuna en Vallecitoencontraron una pista de aterrizaje construida en su territorio que estaba siendo utilizada para el tráfico de drogas.

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Pista clandestina en Honduras.                                                                                                                                                        Foto: Huffington Post

Miriam Miranda, una de las líderes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), ha documentado los sucesos y protestado contra la intrusión. La OFRANEH presionó al gobierno para que se cerrara la pista de aterrizaje y eventualmente el ejército cumplió con la petición e inhabilitó el uso de la pista formando hoyos en la superficie con dinamita.

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Pero este no fue el fin de la historia. Los traficantes regresaron y empezaron a llenar los hoyos con troncos y tierra.

Cuando algunos líderes de la OFRANEH empezaron a documentar la renovación de la pista de aterrizaje fueron capturados por la fuerza por sicarios armados en motocicletas. Fueron liberados unas horas más tarde pero sólo porque otros miembros de su grupo habían logrado evadir a los hombres armados y alertar a los medios de comunicación, dando lugar a una campaña internacional para liberar a sus compañeros.

Un año después del incidente, la OFRANEH mantiene valientemente un campamento en el área para vigilar que los traficantes no regresen.

Mientras las protestas continuaban creciendo este año, la OFRANEH organizó una reunión nacional de liderazgo en el campamento remoto. Nos invitaron a que fuéramos a hablar con ellos para colaborar en poner un alto a la guerra contra las drogas.

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“Mimo”, quien nos guió a Vallecito en su motocicleta, apunta hacia un cocodrilo bebé en uno de los cráteres dinamitados llenos de agua en la pista de aterrizaje. (Foto: Huffington Post)

Estuvimos de acuerdo sobre muchas cosas, como en el hecho de que la guerra contra las drogas es un desastre y de que es hora de romper el tabú para hablar honestamente sobre el impacto que ha tenido en personas, familias, comunidades, países y regiones enteras.

Nos explicaron cómo organizaciones criminales parásitas que crecieron a partir de las ganancias colosales del narcotráfico ahora manejan una diversidad de negocios incluyendo la extorsión y el tráfico de personas. También están involucradas en lavado de dinero a través de inversiones en minas, hoteles, agricultura y otras industrias que son superficialmente legítimas.

Los líderes de la OFRANEH están interesados en promover una discusión internacional que analice cómo asfixiar al mounstruo de la guerra contra las drogas a través de marcos regulatorios realistas que tengan como fin reducir el tráfico ilícito.

En nuestras conversaciones hablamos sobre cómo los derechos humanos, la salud pública y las iniciativas de reducción de daños deben actuar como guías para reformar las políticas de drogas. Sin embargo, hay que clarificar que nadie pensó en ningún momento que acabar con la guerra contra las drogas o desarmar a las poderosas organizaciones criminales sería una tarea fácil. Tampoco será fácil restaurar la democracia en Honduras y frenar los daños causados por el poder de la oligarquía.

Se necesita un debate público y una investigación transparente para exponer las verdades de la guerra contra las drogas: es un error mortal que ha sido sostenido a nivel internacional por décadas y que no puede ser resuelto por ningún país aisladamente. La reforma de políticas de drogas requiere coordinación y cooperación internacional.

Si bien estas reformas no van a resolver todas las profundas tensiones que afectan en Honduras y otros países, es cierto que frenar las ganancias de la maquinaria de la guerra contra las drogas a través de marcos regulatorios para los mercados ilícitos es un paso crítico para reducir la violencia y debilitar las redes de corrupción e impunidad que impiden el desarrollo de la justicia y democracia.

La mañana que me fui de Honduras tomé un taxi de mi hotel en San Pedro Sula al aeropuerto. Estaba de humor para platicar, así que le pregunté al conductor si alguna vez había sentido temor en su trabajo en esta, la ciudad más violenta. Me dijo que sí pero que lo que más le causaba miedo era (señalando a una patrulla) que “no puedes depender de las autoridades para que te ayuden porque muchas están trabajando con los criminales. ¿Conoces de los impuestos de guerra?”, me preguntó.

“Cada negocio en esta ciudad”, me explicó, “tiene que pagar impuestos a las pandillas”.

“Todo mundo paga”, enfatizó.

“No importa si tienes un puesto de sándwiches, una lavandería, un hotel o una agencia de viajes. Tienes que pagar -o morir. En nuestro caso, tenemos 150 miembros dentro de nuestro colectivo de taxis y tenemos que pagar 10,000 lempiras (alrededor de 500 dólares) cada semana”.

“Lo que me da pánico”, continuó, “es que las autoridades están involucradas”.

“Déjame explicarte”, me dijo.

“Cada semana llevamos nuestra ‘contribución’ a la cárcel. No estoy bromeando”, insistió.

“Pero está peor que eso”, me dijo. “Una semana tuvimos problemas juntando nuestro pago a tiempo y llegamos tarde a la cárcel. Los guardias nos dijeron que las horas de visita habían terminado y que no podíamos entrar. Empezamos a inquietarnos porque un pago que llega tarde puede implicar una muerte inmediata. Así que marcamos al celular de nuestro contacto dentro de la cárcel y unos minutos después salieron los guardias a decirnos que podíamos pasar para entregar el ‘impuesto’”.

“Así”-él dijo- “puedes ver quién realmente está dirigiendo el show”.

Aun después de que me dejó en el aeropuerto para tomar mi avión seguía pensando sobre las implicaciones tan terroríficas de lo que me contó. Para las personas que están atrapadas dentro de este remolino criminal, realmente no hay salida.

La lección que se mantiene de los 13 años de prohibición de alcohol en Estados Unidos a principios del siglo XX es que independientemente de nuestra aprobación o no, la gente va a buscar sustancias psicoactivas. Podemos regular el alcohol pero tratar de eliminarlo sólo aumenta el crimen y le da un incentivo a las mafias locales.

A principios de la década de los 30’s, Estados Unidos ratificó una enmienda a la constitución para corregir su error.

Hoy en día, la postura que indica que la guerra contra las drogas es un camino de necios continúa generando mayor consenso a nivel internacional.

La Sesión Especial de las Naciones Unidas del próximo año es una excelente plataforma para profundizar estas conversaciones, aunque sabemos que tomará más tiempo y esfuerzo cambiar las mentes, los corazones y las políticas democráticamente.

Es por esto que vamos a viajar desde Honduras hasta la Ciudad de Nueva York el próximo año. Te invitamos a que nos acompañes, ya sea en persona, en la red o alrededor del mundo.

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Para más información escríbenos a ted@globalexchange.org ocaravana2016@gmail.com

Fuente original: Rompeviento Tv: http://rompeviento.tv/RompevientoTv/?p=3102

Hoy, cada día y siempre #NosHacenFalta. Invitación al foro de familiares y estudiantes “La UNAM ante la Guerra”

La guerra que se libra desde el Estado contra el pueblo mexicano ha tocado todos los rincones y comunidades de este país. La comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México no es la excepción.

Con el objetivo de visibilizar a nuestros compañeros y compañeras desaparecidos o asesinados en esta terrible guerra, pero también de exigir justicia y continuar organizándonos, queremos invitarlos al foro “Nos hacen falta. La UNAM ante la guerra”, en el que participarán familiares de Israel Moreno, Estudiante de Geografía y familiares de Alejandrina Ramírez, Estudiante de Psicología, ambos víctimas de desaparición.

Día: viernes 28 de agosto

Lugar: Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UNAM

Hora: 11 a 13 hrs.

Convoca: Nos Hacen Falta. Colectivo de estudiantes y profesores de la UNAM. foro-imagen (2) ISRA ALE

Aprueban protocolo de actuación policial sobre ley de marihuana en Uruguay

La Policía golpeó la puerta de la casa de Marcos Berneda en Bella Unión el 25 de noviembre, allanó la vivienda, incautó sus plantas de marihuana y lo detuvo, a pesar de que Berneda estaba registrado en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Después de pasar varias horas en el calabozo, Berneda quedó en libertad por orden judicial. Algunas semanas más tarde, recuperó sus plantas. “El procedimiento estuvo bien hecho”, dijo en diciembre a El Observador el entonces director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, comisario inspector Manuel Sosa.

De todas maneras, la Policía no tenía hasta ahora un protocolo de actuación para este tipo de casos, lo que generaba un vacío legal que causaba incertidumbre en agentes y cultivadores. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aprobó el 10 de agosto el “Protocolo de actuación policial sobre la ley de marihuana y sus derivados”.

El protocolo tiene como principal cometido “poner en conocimiento del personal policial la nueva normativa sobre cannabis aprobada por la Ley 19.172 del 20 de diciembre de 2013 y su Decreto reglamentario 120/014 del 6 de mayo de 2014”. En ese sentido, destaca los aspectos legales más importantes y además explicita lo que puede y lo que no puede hacer un agente al encontrar un plantío.

“El personal (policial) no podrá exigir el registro como usuario o cultivador”, asegura el protocolo al que accedió El Observador. Esta es una aclaración relevante, si se tiene en cuenta que la Policía detuvo a Berneda en Bella Unión porque no mostró el carné que acreditaba su registro en el Ircca. “En el marco de un procedimiento, el juez o la jueza podrá solicitar al Ircca la información necesaria del registro”, agrega el protocolo. “La sola existencia de plantas de cannabis no implican una actividad ilícita. A los efectos de las posibles denuncias, serán tenidas en consideración cuando refieran a la existencia de alguna forma de tráfico, venta, comercio, suministro u otros ilícitos para constituir delito”, expresa otro punto. Esta puntualización aclara un aspecto que, para algunos, seguía siendo ambiguo. Lo relevante, desde el punto de vista penal, no es la cantidad de plantas, sino el uso que hace el cultivador de su producto. Para que exista delito, debe constatarse “alguna forma de tráfico, venta, comercio, suministro u otros ilícitos”.

Tanto la ley como el decreto reglamentario establecen que si el cultivador o el club de cannabis tienen más plantas de las permitidas podrán recibir sanciones económicas o administrativas, pero si no cometen delito, no habrá sanción penal (ver apunte). El protocolo recuerda que “la ley 19.172 autoriza el cultivo y la cosecha domésticos de hasta seis plantas de cannabis con flor hembra” y que “los clubes podrán plantar hasta 99 plantas de flor hembra”. Luego destaca que “se encuentra autorizada la tenencia de mayor número de plantas sin flor o con flor macho”.

“El allanamiento a un hogar, la incautación y/o destrucción de plantas de cannabis sólo podrá realizarse por orden judicial. Cuando se establezca la incautación de plantas de cannabis, deberán ser manipuladas con la debida diligencia como bienes frágiles, disponiéndose lo incautado en lugares adecuados para su conservación”, expresa el protocolo. “De las actuaciones deberá labrarse acta en la que se consigne: la cantidad de plantas de cannabis sin flor o con flor macho, la cantidad de plantas de cannabis con flor hembra, la altura y el ancho aproximados de cada planta y la cantidad de cannabis cosechado en gramos, sin pesar recipiente donde se encuentre y nivel de secado de las flores hembras de cannabis incautado (bajo, medio, seco)”.

El protocolo también asegura que “las plantas de cannabis, marihuana cosechada, artefactos destinados al cultivo y consumo son propiedad privada y como tal están protegidos por la legislación vigente”, y que las denuncias “deben ser recibidas normalmente enterando al juez competente”.

Sanciones administrativas

Tanto la ley como el decreto reglamentario establecen que el Ircca puede sancionar a los cultivadores no registrados con “apercibimiento; multa desde 50 UR ($ 40.278) hasta 2.000 UR (US$ 64.000); decomiso de la mercadería o de los elementos utilizados para cometer la infracción; destrucción de la mercadería; suspensión del infractor en el registro correspondiente; inhabilitación temporal o permanente; clausura parcial o total, temporal o permanente, de los establecimientos y locales de los licenciatarios”.

Fuente: El Observador Uruguay- http://www.elobservador.com.uy/aprueban-protocolo-actuacion-policial-ley-marihuana-n670555

El Instituto Nacional del Cáncer de EEUU por fin reconoce que la cannabis mata células cancerígenas

Si bien, cuando se menciona a la planta de la cannabis (también conocida como mariguana) es para satanizarla, en un movimiento inesperado, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, parte del Departameto de la Salud de aquél país; dio a conocer una lista de los beneficios de consumir la polémica “hierba”.

En un listado liberado en su página oficial mencionan que, ya sea fumada, comida, masticada o bebida como té; la planta tiene efectos positivos en lo que se refiere al tratamiento del cáncer; pues previene el crecimiento de los vasos sanguineos que a la postre se convertirán en tumores, además de matar a las células malignas; cosa que fue demostrada en pruebas con ratones, mismos que mejoraron después de ser expuestos a la cannabis.

Dado lo anterior, también se reveló que la FDA aprobó dos medicamentos, que ya pueden ser adquiridos por los estadounidenses, para el tratamiento de la enfermedad que contienen extracto de la hierba entre sus ingredientes. Además de ayudar a los pacientes de cáncer, la mariguana también sirve como desinflamatorio, antiviral y ayuda a evitar los espasmos causados por la esclerosis.

Fuente: SDP Noticias- http://www.sdpnoticias.com/geek/2015/08/20/confirmado-la-cannabis-mata-las-celulas-cancerigenas

Fuente original: Metro- http://metro.co.uk/2015/08/20/america-just-admitted-that-cannabis-does-kill-cancer-cells-5351845/

2 232 detenidos que purgaban condenas por drogas quedaron libres en 12 meses en Ecuador

Por Javier Ortega Redactor
9 de agosto de 2015
Ocho años. Esa fue la sentencia que fijó el tribunal penal de Pichincha contra un extranjero por portar 98 gramos de clorhidrato de cocaína. Esto es similar a media taza de azúcar. La Policía lo detuvo en marzo del 2012 en un hotel de Quito que sirve de albergue para ciudadanos indocumentados. En su habitación, los investigadores localizaron la droga envuelta en nueve cápsulas de látex.
El foráneo fue juzgado con la Ley de Estupefacientes que regía entonces. Su salida de la cárcel se avizoraba para el 2020, pero fue liberado en noviembre del 2014. Los jueces redujeron su condena a 18 meses.
En total, 2 232 presos recuperaron la libertad con el Código Orgánico Penal (COIP), que mañana cumple un año de vigencia. Todos se acogieron al principio de favorabilidad.
Ese recurso obliga a los jueces a aplicar la sanción menos rigurosa cuando hay dos normas que contemplan penas diferentes para el mismo delito. De los 2 232 excarcelados, el 99% purgaba condenas por drogas. El resto tiene relación con otro tipo de delitos.
¿Cómo ayudó a los internos la nueva norma?
Antes, con la Ley de Estupefacientes, un pequeño vendedor o un cabecilla de grandes mafias podían ser condenados con igual pena: entre ocho y 16 años de cárcel. Pero el COIP diferenció por primera vez el porte de pequeñas dosis de narcóticos del tráfico en grandes cantidades.
Por eso se establecieron cuatro parámetros.
– El primero es la venta ilegal a “menor escala”. Eso es penado con cárcel de dos a seis meses de prisión.
– La ‘mediana escala’ es castigada con detención de uno a tres años.
– En la denominada “alta escala”, la cárcel es de cinco a siete años.
– En la “gran escala” las bandas internacionales son sentenciadas de 10 a 13 años.
De esta medida se benefició Luis, quien en el 2007 fue encerrado en un presidio. Esto, después de que agentes lo arrestaran a pocas cuadras de su casa. Con la anterior norma, a él lo condenaron a 20 años por llevar 18,9 gramos de cocaína.
Después del arresto, en el juzgado, este lojano confesó que consumía esa sustancia por más de una década. Incluso dos tribunales ya lo habían sentenciado por el mismo delito. Ese antecedente usaron para condenarlo a dos décadas por reincidencia.
En marzo de este año, la sala penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ordenó su libertad. Los jueces aplicaron el principio de favorabilidad y concluyeron que los 18,9 gramos que Luis portaba entraban en el rango de mínima escala.
Volvió a ver a su familia ocho años y tres meses después.
De los 2 232 liberados, la Defensoría Pública gestionó jurídicamente la salida de 2 224 detenidos. El 87% fue por casos de tráfico en pequeñas cantidades. Y el resto por grandes ventas.
El defensor público del Ecuador, Ernesto Pazmiño, califica como positivo el uso de ese recurso en el primer año del COIP. “Ahora reitero lo que dije hace 12 meses. El avance más importante de la nueva legislación penal está en el tema de drogas. El principio de favorabilidad benefició a los más pobres, a los más débiles”.
Uno de los procesos que conoció ese organismo es el de Ángel, un muchacho que fue arrestado en enero del 2013 en Chambo, un pequeño cantón de Chimborazo. Los agentes de antinarcóticos hallaron 6,3 g de marihuana en su chompa. Con esos indicios, un tribunal lo condenó a ocho años de cárcel. Al final, el chico pagó 18 meses de esa pena. Salió libre en septiembre del 2014, gracias al principio de favorabilidad.
Policías piden cambios ​
En los últimos meses, oficiales de unidades antidrogas han detectado que las mafias del microtráfico se escudan en las escalas mínimas que establece el COIP para operar en las ciudades. En mayo pasado, por ejemplo, los uniformados capturaron a 22 personas. Según las investigaciones, los detenidos salían a las calles con dosis que no superaban los 300 g de marihuana o 50 g de cocaína, cantidades que están dentro del rango de mínima escala.
Con esta práctica, los sospechosos, en caso de ser arrestados, sabían que las condenas no superarían los seis meses. De ahí que la Policía planteó cambios en la ley.
El tema todavía está en análisis.
Los otros liberados ​
Entre los excarcelados desde la vigencia de la ley penal también están personas condenadas por delitos diferentes a las drogas. El año pasado, la Corte Nacional redujo de 18 a 12 meses la pena para el exlegislador Cléver Jiménez, y su asesor, Fernando Villavicencio. En el COIP, la denuncia maliciosa por la que fueron procesados tiene una sanción de seis meses a un año y no de tres meses a tres años, como era antes. En el 2014, el exasambleísta Fernando Balda también solicitó la libertad, pues en la nueva norma ya no consta la injuria calumniosa no grave. Pasó detenido 22 meses.

Fuente: Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/actualidad/coip-excarcelacion-detenidos-drogas-ecuador.html.

Vive el país “estado de emergencia” por desapariciones forzadas y falta de justicia: Doña Mary

 Por Javier Valdez Cárdenas
Culiacán, Sin. Las desapariciones forzadas y la ausencia de justicia, a pesar de la lucha emprendida por familiares de las víctimas, demuestran el estado de emergencia en que se encuentra el país, afirmó la activista María Herrera Mag- daleno, quien tiene cuatro hijos desaparecidos.

La dirigente de la fundación que lleva su nombre y de una organización que suma a grupos de familiares de ausentes en al menos 17 estados del país, es conocida como Mamá Mari: la madre de todas, la líder rocosa en sus reclamos y gritos al gobierno, pero también dolorida y triste, con ojos siempre llorosos, incluso sin que ella se dé cuenta.

La lucha y búsqueda realizada por María Herrera y su familia se inició en 2008, cuando en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, desaparecieron sus hijos Raúl y Salvador. Junto con ellos también fueron privados de la libertad cinco trabajadores.

Cuando buscaban a sus hermanos, hombres armados levantaron a otros dos de sus hijos: Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera, en Poza Rica, Veracruz, junto con dos ciudadanos más, el 22 de septiembre de 2010.

11 desaparecidos

En total, por estos dos hechos permanecen desaparecidos 11 hombres, incluidos los cuatro hermanos. Para iniciar su lucha María Herrera y sus hijos, entre ellos Carlos, fundaron la organización Enlaces Nacionales, que incluye grupos de búsqueda y familiares de desaparecidos en 17 estados.

–Desde que empezaste esta lucha y has estado recorriendo el país, ¿qué ha cambiado en el escenario de los desaparecidos en México?

–Creo que es una pregunta que hay que hacer a otras familias de desaparecidos, pero en los enlaces nacionales que tenemos, la forma en que han respondido ha sido un poco conservadora para nosotros. Enlaces nacionales es una herramienta que pueda servir, que todo mundo la use y ayude a quien la necesite.

–¿Ya se puso a la altura del problema de los desaparecidos el gobierno, la Procuraduría General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas?

–Sigo pensando que están desconcertados. No saben qué hacer y no esperaban la magnitud de este problema, que fuera a tener estas consecuencias tan funestas. A la fecha todavía se dan oportunidades para prepararse, para capacitarse o doctorarse en tal o cual ámbito, y esto indica que no vienen con la herramienta necesaria para desempeñar su trabajo al ciento por ciento.

Todavía están viendo la manera de organizarse y esto nos da a entender que no hay tal preparación para una resolución de un problema tan grave como el de los desaparecidos. Creo que lo debemos resolver los tres niveles de gobierno y la sociedad.

–Pareciera que no hay sociedad que los respalde…

–Ha habido respuestas muy buenas de una parte de la sociedad y nos hemos rodeado de gente, de personas cultas, civilizadas, que entienden nuestro problema y sentimos que nos respaldan en muchísimas cosas. Creo que va a llegar un momento en que haya más respaldo de la sociedad, pero no del gobierno, porque a quienes nos respaldan, los mueven o los corren.

–¿Dejaron de ser invisibles los desaparecidos y la lucha de ustedes?

–Creo que sí, con paso muy lento, pero es un paso seguro.

–Te tocó tratar con Felipe Calderón, ¿qué diferencia hay con Enrique Peña Nieto?

–Es como de lo blanco a lo negro. No sé si (Felipe) Calderón hizo lo que otros, que no hayamos cómo remediar la situación. Tal vez fui injusta, creo que sintió cierta compasión por lo que hizo. No digo que fue tonto y no supo lo que hizo, porque bien sabía lo que se esperaba: después de una guerra hay consecuencias y son funestas, y quizá no lo quiso ver así o pretendió no verlo así.

Calderón nos dañó a morir

“Nos dañó a morir, nos dejó muertos en vida, y sabemos que él lo hizo por permitir esa guerra absurda y por no haber prevenido, haber dicho ‘voy a lanzar esta fauna de fieras salvajes, cierren sus puertas, no salgan’”.

Sin embargo, agrega, “Calderón al menos nos preguntó después de fregarnos, ‘en qué te ayudo’. Este señor (Peña Nieto) ni siquiera eso. No ha habido diálogo con él. No sabe ni cómo andamos ni ha dado seguimiento al tema.

“Empeoró todo con Peña Nieto porque delegó su obligación en (Miguel Ángel) Osorio Chong (secretario de Gobernación) y él con Lía Limón (subsecretaria de Derechos Humanos de esa dependencia), y así se hacen cascarita y cuando pasan las cosas nadie es responsable de nada. Ellos nos dicen ‘vayan a tal ventanilla, a tal oficina, más allá’, pero no pasa nada”.

–¿Entonces, ¿el gobierno es parte del problema, por la complicidad, la corrupción?

–El gobierno no es parte, el gobierno está metido, es el problema. Con esto de Ayotzinapa se destapó lo que ya habíamos dicho: son los estados los responsables, y el gobierno federal lo sabe, pero son libres y soberanos, sí señor, para que hagan lo que les da su regalada gana y nadie les marca límites. Y no hay quién diga ‘esto es federal, lo atraigo, y esto es estatal’, y ahí están los casos. Sabemos que las mismas personas con las que nos mandan son las que contribuyeron a la desaparición de nuestros hijos.

Matan a activistas y periodistas porque saben mucho

–En tiempos en que están matando periodistas y activistas, ¿qué hay por hacer?

–Este es un mensaje muy claro que nos matan a los activistas, a los reporteros, porque nosotros como familiares sabemos que son las únicas personas que tratan de pasar al cien la noticia, tal como es, ¿qué hacen? ¡Los callan! y si los callan están callando miles de voces y oídos que pudieran darse cuenta de la crueldad, de lo que estamos viviendo.

Sentimos en el alma el dolor de las agresiones, pero mientras la sociedad no participe estamos fritos, porque bien podemos llorar, gritar y patear, y es poco lo que podemos hacer.

Esto que vivimos es un dolor con el que no te acostumbras, es un dolor que debe compartirse con la sociedad. Esto que vivimos tiene su nombre y al gobierno no le gusta llamarlo así, pero esta es una emergencia nacional que debe unirnos a los afectados y a la sociedad mexicana.

Fuente: Periódico La Jornada. Domingo 16 de agosto de 2015, p. 24. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/16/estados/024n1est

Criminalizaciones en México

Hay distintas formas de criminalización. Existe el sentido amplio de la criminalidad, que implica atribuir un carácter criminal, contemplado en leyes y códigos, a alguien o algo. En este sentido se puede hablar de la criminalización de la protesta social como la aplicación del código penal y los delitos y penas que el mismo contempla, a modalidades del activismo y de las manifestaciones sociales, con el fin de debilitarla o desorganizarla.

También está la criminalización de las personas usuarias de plantas y sustancias actualmente ilícitas a pesar de que este consumo no está tipificado como un delito en México, sin embargo la principal respuesta del Estado mexicano ante el consumo ha sido a través del sistema penal. Este régimen legal tiene como resultado marginación, y frecuentemente la criminalización, de los consumidores. Un estudio del CEDD del CIDE Región Centro, muestra que entre 2009 (cuando fue aprobada la Ley de Narcomenudeo) y mayo de 2013,  fueron detenidas en el fuero federal 140,860 personas por consumo de drogas, a pesar de que el consumo no es delito.

Pero no en todas partes ocurre lo mismo, hay ya más de 20 paises que han descriminalizado el uso de drogas. Esta descriminalización refiere a la derogación de las leyes y políticas que definen el consumo de drogas y / o la posesión de drogas para uso personal como una ofensa criminal. El acto sigue siendo ilegal, pero las sanciones son administrativas o son abolidas por completo. Para conocer más al respecto recomendamos la e-rramienta que la red IDPC ha sacado al público para comparar los diversos modelos de descriminalización del uso de drogas.

Por nuestra parte, en México, otra forma de criminalizar se hace cada día más presente y fecuente. Cada vez que se justifica una barbarie en medios de comunicación o que en una plática cotidiana sale a la luz el falaz argumento de “algo habrán hecho”. Mediante la concepción de que quien padece de la violencia es porque andaba en malos pasos, se han legitimado las más cruentas matanzas en dictaduras latinoamericanas y de otras latitudes. Bajo esa lente moral que quiere poner una barrera entre la víctima y yo, algo que nos diferencíe, que me diga que a mi no me va a pasar lo que le pasó a Rubén, a Nadia, a Simone, a Alejandra, a Yesenia o a Julio César y a sus otros 42 compañeros, o a Idilberto Reyes García que como tantaos otroas niñoas fue asesinado a causa de la guerra, o a alguna de las otras personas desaparecidas que inconmensurablemente se cuentan por más de 3 decenas de miles, o a alguno de los feminicidios y homicidios que sin ninguna precisión se cuentan por más de 3 centenas de miles, o a loas desplazadoas, migrantoas, torturadoas, y tantos más casos de violencia estructural, sistémica y planificada, ejercida por el Estado, si, por el gobierno mismo y por sus aliados informales.

Este modo de criminalización es el que representa Luis Cárdenas, locutor de MVS, cuando afirma que el asesinato de la colonia Narvarte de la semana pasada

“no tiene un móvil relacionado a la libertad de prensa, no tiene un movil relacionado al trabajo periodístico, ni al trabajo de activista que tenía una de las víctimas, y es que si nos atenemos a las pruebas podemos ver que Nicole, una señorita de 29 años de edad de origen colombiano propietaria de un Mustang Shelby, tiene ella el objetivo de este crimen, al parecer los homicidas iban trás Nicole,… querían asesinar a Nicole, los otros simplemente estaban en un mal lugar en un mal momento.

Habrá que esperar las pruebas policiales y los peritajes de expertos pero de acuerdo a la información que tenemos hasta el momento pareciera ser que este es un crimen que está relacionado con el consumo, con el tráfico de drogas, particularmente de la cocaína” (ver video en https://www.youtube.com/watch?v=5KLcrpfMr1s )

Es irresponsable y ofensivo que intenten inculpar a una persona por su propio asesinato y por el de sus colegas por el hecho de ser colombiana y tener un auto, que esa supuesta investigación se base en un prejuicio del tamaño Colombia=uso y tráfico de cocaína=ultraviolencia.

No podemos permitir más este encubrimiento de la prensa al ascogobierno, #FueElEstado, #EsElEstado, Es el GOBIERNO. Es aterrador saber que algunas de las víctimas del pasado fin de semana habían denunciado a sus agresores y se encontraban en el DF buscando refugio y como si hubieran anunciado su propio destino, como aquí lo hace Rubén, nos recordaron hace tiempo que en Veracruz no hay condiciones para su profesión ya que ya había 13 periodistas asesinados y 4 desaparecidos y que pueden entrar a matarte y nadie hará nada a tu alrededor por temor a perder la vida; o como aquí lo hace Nadia, donde responsabiiza totalmente a Javier Duarte de Ochoa y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que les pudiera suceder a los que estan involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos y sociedad civil en general. Dijo “Si queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad porque son directamente los que están mandando a reprimirnos.”

Ya lo sabemos, ya saben que lo sabemos, no hay vuelta atrás.

Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno.

#JusticiaParaRubén

#Justiciaparalxs5

#DuarteAsesino

#NiUnaNiUnoMás #NuncaMás

La biblioteca, el diccionario y la revista

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Esta tarde se realizarán tres eventos que son una muestra del avance que se está teniendo en la Ciudad de México en el camino hacia políticas alternativas hacia las drogas y hacia un mundo en el se pueda hablar, escribir, leer y usar un universo de plantas y sustancias que actualmente son prohibidas por la ley.

A las #420 inicia el aniversario de la Biblioteca Cannábica, un proyecto de difusión de información veraz sobre drogas, en el Centro Cultural La Pirámide donde se impartirán conferencias, talleres, proyecciones y tendrá lugar el  tradicional concurso de ponchado.

Más información en http://bibliotecacannabica.blogspot.mx/2015/07/12-anos-con-biblioteca-cannabica.html

A las 18 horas será la presentación de Diccionario de Drogas de Zara Snapp, que contará con la participación de Javier Sicilia, Genaro Lozano y Amaya Ordorika de ReverdeSer Colectivo, en la librería Elena Garro de Coyoacán.

Más información en http://zarasnapp.com/?p=383

Y para finalizar el día a las 9 pm en el Expendio de Pulques Finos Insurgentes, se realizará la presentación del HHH segundo número de la revista Cáñamo México

Más información en https://www.facebook.com/events/881139618618033/

Que tengamos todas y todos una excelente tarde, que ya huele a …. cambio en las políticas de drogas

EL ENFOQUE PROHIBICIONISTA Y PUNITIVO DE LAS DROGAS ILEGALES EN MÉXICO SOLAMENTE HA GENERADO VIOLENCIA Y MISERIA: ALEXA PAULS

EL ENFOQUE PROHIBICIONISTA Y PUNITIVO DE LAS DROGAS ILEGALES EN MÉXICO SOLAMENTE HA GENERADO VIOLENCIA Y MISERIA: ALEXA PAULS

Por Miguel Alonso Rivera Bojórquez*

El camino de la guerra contra el narcotráfico ha adentrado a México en la violencia y la miseria, el enfoque prohibicionista y punitivo de las drogas ilegales evidentemente no funciona, y el seguimiento de una economía ilícita constituye una amenaza para la seguridad y el bienestar de la población no solamente en nuestro país y América Latina, sino en el mundo moderno, advirtió la periodista Alexa Pauls.

La coordinadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter (PAPWR 2015) -periodista alemán refugiado en México a mediados del siglo pasado- sostuvo que la elección del tema para su novena convocatoria “Política de Drogas: Desafíos y Nuevas Perspectivas” tiene el propósito de generar un debate informativo, creativo y plural sobre esta problemática global y tan relevante para México, país en el que se consumen, producen y trafican drogas de manera ilegal.

La Fundación Friedrich Ebert inició el proyecto y lo impulsó durante cinco años. Luego se fueron sumando otras instituciones alemanas con sede en México. Actualmente, son nueve los organismos alemanes, con intereses y trabajos muy distintos, los que se unen para fomentar la libertad de expresión y otorgar un reconocimiento a la actividad periodística de calidad en México.

De estas, cinco son fundaciones relacionadas a los cinco partidos políticos grandes alemanes (Friedrich Naumann, Heinrich Böll, Konrad Adenauer y Rosa Luxemburg, además de Friedrich Ebert), la Embajada de la República Federal de Alemania en México, la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, el Instituto Cultural “Goethe-Institut Mexiko”, y por primera vez se suma Deutsche Welle, televisión alemana para el extranjero.

Los directivos de estas instituciones, comentó Alexa Pauls, tienen un pulso bastante afinado y saben cuáles son los temas sensibles. En 2014 escogieron el tema de la corrupción y este año 2015 eligieron el tema de la política de las drogas para poner el dedo en la llaga: “El Consejo del PAPWR 2015 observa que el camino de la guerra contra el narcotráfico nada más nos ha adentrado a la violencia y a la miseria, y nos aleja totalmente de la meta, que sería más seguridad y salud para todos los involucrados”.

LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS DEBE TERMINAR POR INEFICAZ Y CONTRAPRODUCENTE

En 1998, fue la anterior sesión especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS). Dieciocho años después será la siguiente sesión especial, en 2016.

Durante este tiempo, además de la reunión de Viena en 2008, se ha dado un proceso histórico que cuestiona el actual control mundial de las drogas.

En 1998 el objetivo era lograr un mundo sin drogas, ahora en 2016 las perspectivas serán otras.

Recientemente, el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon advirtió que “debemos considerar alternativas a la criminalización”, y que el nuevo enfoque para reducir los daños “debe estar en la salud pública, la prevención, el tratamiento y el cuidado, así como en estrategias económicas, sociales y culturales”.

El mensaje: La Guerra contra las Drogas debe terminar por ineficaz y contraproducente.

En este contexto, Alexa Pauls sostiene que el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter (PAPWR 2015) busca estimular el debate en la búsqueda de políticas de drogas más progresistas y humanas.

“México es un país importante donde se consume, se produce y se trafican drogas de manera ilegal”, dijo.

En conversación con Alexa Pauls reflexionamos sobre esta experiencia: Por más severas que sean las penas no inhiben el delito y esto es algo que históricamente se ha demostrado en obras como el “Tratado de los Delitos y las Penas” de Cesare Beccaria. Actualmente vemos que las políticas de combate al narcotráfico no están dando los resultados que espera la sociedad.

“Los políticos, en todo el mundo, se han dado cuenta que no es el camino punitivo, prohibicionista y que el enfoque del tema de las drogas debería ser más social, de prevención, educación y programas de salud. Se deben crear las condiciones correctas para que las personas adictas a ciertas sustancias puedan consumirlas de manera más sana. Brindarles una salida de este contratiempo en su vida y no abandonarlos, encarcelarlos y hacer un problema mucho más grave de lo que es”.

LAS DROGAS NO VAN A DESAPARECER: FORMAN PARTE DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

A principios del siglo XX, le comenté a Alexa Pauls, se dio el movimiento universal de la prohibición de las consideradas hoy drogas ilícitas. De esta manera, sociedades que tenían hábitos o costumbres como los fumaderos de opio donde algunas personas de élite acudían a tertulias socialmente aceptadas, pasaron de ser refinados intelectuales a vulgares drogadictos e incluso delincuentes.

“Las drogas han formado parte de la historia de la humanidad y en los primeros rasgos culturales entre algunos pueblos antiguos encontramos semillas de plantas alucinógenas. La droga es un ingrediente de la cultura humana que ha pasado por muchas etapas (de la prohibición a la aceptación y viceversa), igual que el alcohol en Estados Unidos que pasó por una fase de prohibición completa hasta establecerse otra vez como una bebida legal. Las drogas no van a desaparecer, tampoco la guerra punitiva y prohibicionista las va a hacer desaparecer; la cuestión es: ¿cómo podemos regular el consumo y el tráfico, la compra-venta de esas sustancias, sin crear más daño, más crimen del que ya existe?”, expuso Alexa Pauls.

— De manera ilícita las drogas han ocasionado problemas extraordinarios de salud como se ha visto con el alcohol adulterado que causa daños tan graves como la ceguera, y existen sustancias que son veneno puro afectando al organismo de forma catastrófica. ¿Bajo la óptica de observarse las drogas como un producto legal podrían ser sometidas a controles de calidad?

“El punto de vista de la salud es sumamente importante porque hay que reconocer que las drogas circulan más en grupos vulnerables como los jóvenes. Tanto la juventud como todos los ciudadanos tenemos derecho a información clara sobre las sustancias y sus consecuencias. En el ámbito prohibicionista y oculto es mucho más difícil informarse.

Hay cifras interesantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que afirman que solamente un tres por ciento de la población mundial son usuarios habituales de drogas ilícitas y de ese 3 por ciento únicamente un 12 por ciento desarrolla una dependencia o una adicción. Hablamos de que el 90 por ciento de los usuarios de sustancias ilícitas no son problemáticos, ya sea que usen drogas pocas veces o que sepan bien cómo usarlas.

Entonces, eso que mucha gente dice: pues si levantamos la prohibición todo mundo va a caer en la adicción, es un panorama muy oscuro y no es muy realista.

Creo que justamente el control de la calidad de las sustancias y la buena información proporcionada por instituciones gubernamentales, prensa y libros nos pueden poner en un camino más sano y a salvo”.

DERECHOS HUMANOS, PIEZA CLAVE EN EL CONTROL DE LAS DROGAS

— Los derechos humanos deben ser pieza clave en el control de las drogas desde diversas perspectivas. Por un lado están los usuarios y por el otro los campesinos (narcojornaleros) que, obligados por su precaria situación, se adentran en esta economía ilícita.

“Se rompería el círculo vicioso del mundo ilegal si tuviéramos plantaciones de cannabis medicinal en ciertas regiones del país que se ofrezcan para el cultivo, se podría elaborar y emplear a mucha gente a un nivel legal, y vender esas sustancias legalmente a farmacéuticas en Europa y Estados Unidos. El lucro no sería para el narcotráfico sino sería una sustancia con impuestos y ganaría realmente el país y los mexicanos”, precisa sin cortapisas Alexa Pauls.

Los derechos humanos siempre estarán en contra de cualquier medida que quebrante el derecho de llevar una vida digna y el actual control de las drogas no tiene una visión humana.

“Hay muchos ejemplos de países en el mundo que han ensayado un nuevo acercamiento. Políticos y líderes de opinión se están dando cuenta, no hay respuestas ni soluciones claras. Sin embargo, hay ejemplos de países que ensayan nuevas políticas como Uruguay, algunos estados de la Unión Americana y Suiza que en los 90´s tuvieron graves problemas con una escena de drogadicción muy abierta por lo que establecieron centros en los que sí se pudo atender bien a los drogadictos.

Cada país tiene que analizar su situación y encontrar respuestas. Por eso pusimos este tema en la mesa: porque los medios son un ámbito en el que se pueden discutir alternativas, proponer diferentes proyectos y llamar la atención de iniciativas que se están llevando a cabo en diferentes estados de la república.

Lo que queremos lograr es que los periodistas pongan ejemplos en la mesa y que el público esté también más involucrado, y no piensen nada más que las drogas son malas y qué bueno que el gobierno está luchando contra los malos; el tema es mucho más amplio y complejo, y esperamos tener postulaciones muy interesantes con diferentes ángulos”.

ADICTOS, IGNORADOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD

El enfoque de las drogas ignora el aspecto social y de salud. Las personas enfermas de adicciones no tienen cabida en los sistemas sociales de salud. No existe una integración de los derechos humanos en el régimen de control internacional de drogas, fueron aspectos relevantes abordados en la entrevista.

Sin embargo, Alexa Pauls, aunque reconoció la ausencia de esos aspectos básicos, destacó las grandes diferencias –en el tratamiento del problema de las drogas- entre países.

“Francia es un ejemplo de vanguardia: hay que señalar su sustitución de la heroína por otras sustancias y son ejemplares sus centros de salud sumamente bien equipados, con personal capacitado que sí trabaja de una manera profesional con los drogadictos y les ayuda a controlar su adicción y encontrar una salida. Pero todo eso es cuestión de recursos, presupuesto.

Lamentablemente aquí, por cada dólar que México ha invertido en la reducción de la demanda, se gastan 16 en el control de la oferta. En lugar de meter el dinero a programas de salud y de prevención, todo se está yendo al combate de los cárteles cuando deberían destinarse recursos y potencial humano a un trato diferente de las personas involucradas con las drogas”.

— En el marco del fenómeno de la legalización de la mariguana, ¿qué se está haciendo actualmente para promover los derechos humanos en el control de la drogas a nivel internacional?

“Hay varios países como Uruguay que argumenta que no solamente el uso medicinal de la mariguana es legal sino que es un libre derecho de cada ser humano decidir cómo quiere gozar de su vida, decidimos qué libros leer, qué comida consumir, y así también podemos decidir qué fumamos.

Se trata de un debate muy abierto que toca derechos básicos que también son puntos sensibles porque obviamente el efecto de una droga de las que ahora consideramos ilegales puede sacudir mucho más a una persona que tomarse una cerveza.

Son derechos humanos básicos pero también conllevan ciertos riesgos y siempre debemos asegurar que haya un marco de contención para que los jóvenes o las personas puedan experimentar quizás con algunas sustancias pero siempre en un contexto seguro”.

Alexa Pauls comentó que el monitoreo y observaciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha demostrado que el camino punitivo y de prohibición no ha resultado efectivo. Ha llegado la hora de cambiar planteando un nuevo acercamiento, un control de drogas basado en los derechos humanos con la aplicación de nuevas medidas basadas en la realidad que estamos viviendo.

“El primer canal sería la información clara y objetiva sobre el uso de las drogas, sus efectos, consecuencias, y las maneras de cómo se trafican hoy en día, educar a los jóvenes, tener buenos programas en instituciones de salud, en materia de educación y de prevención en las escuelas, en la comunidad y en las familias. El trabajo inicia con nuestros hijos en el hogar. Los gobiernos deben hacer eso para salir de este infierno tan oscuro que se ha creado relacionado con las sustancias ilícitas”, dijo.

DROGAS ILÍCITAS, IMPORTANTE CAUSA DE MUERTE, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN MÉXICO

En México se manifiestan todos los eslabones de la cadena de la economía ilícita de drogas –consumo, producción y tráfico. De acuerdo con un informe de la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el año 2012 se registraron 1,278 casos en México en los que el uso de drogas ilícitas fue identificado como la principal causa de muerte. Tampoco se pueden pasar por alto las miles de muertes a raíz del combate contra el narcotráfico. El sistema penal y los centros penitenciarios tampoco se han escapado de sus efectos. Los costos son evidentes para la sociedad y la economía, y se manifiestan en la violencia e inseguridad que sufre todo el país.

Así lo advierte en su convocatoria el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter (PAPWR 2015) y señala:

El gran reto para los gobiernos es atender esta situación desde un enfoque integral que considere los derechos humanos como fundamentales, para que las políticas y medidas que se impulsen garanticen el bienestar y seguridad de las personas. La corrupción y la impunidad dentro de los aparatos estatales, así como diversos factores sociales, económicos y geográficos en este conflicto dificultan la búsqueda de soluciones. El desafío consiste en encontrar políticas que minimicen los daños causados tanto por las drogas como por las políticas de prohibición y regulatorias.

En el debate existen al menos dos tendencias: un enfoque que opina que la prohibición de drogas es necesaria para la protección de la salud pública y evita males mayores, en particular para los grupos más vulnerables de la población; otro enfoque que sostiene que no se puede comprobar que la despenalización resulta en un aumento de consumo, y que busca romper con estigmas y criminalización de las personas usuarias de drogas. Cambios legislativos en varios países de las Américas –como Estados Unidos y Uruguay- ensayan la distribución controlada de algunas drogas dentro de un marco jurídico bien definido, aunque muchos expertos dudan que una liberalización parcial tenga un efecto positivo en cuanto al mejoramiento de la situación de seguridad.

Por tal motivo, el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter (PAPWR 2015) busca estimular el debate y generar nuevas perspectivas en torno al tema de las drogas ilegales.

“En lugar de escribir –concluyó Alexa Pauls- sobre los horrores de la narcoguerra y aspectos desastrosos, buscamos que el tema de las drogas se aborde desde otros puntos de vista, ver la situación desde otras perspectivas y abrir los ojos. Que los periodistas hagan su labor por todos los medios, impresos y electrónicos, para dar a conocer alternativas políticas en esta búsqueda de soluciones e informar al pueblo. Esa es la tarea fundamental de la prensa: presentar información para que la ciudadanía esté informada y pueda tomar sus decisiones con libre albedrío”.

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* La coordinadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2015 señala: “Por cada dólar que México ha invertido en la reducción de la demanda, se gastan 16 en el control de la oferta. En lugar de meter el dinero a programas de salud y de prevención, todo se está yendo al combate de los cárteles cuando deberían destinarse recursos y potencial humano a un trato diferente de las personas involucradas con las drogas”.

Fuente: Crítica política: http://www.criticapolitica.mx/118128

De la neoliberalización a la guerra contra el narcotráfico

Con frecuencia los analistas omiten la conexión entre las transformaciones del Estado y el escenario de guerra en México. Un hecho es insoslayable: la guerra y la militarización de la vida pública avanzan a la par de otro proceso no menos sustantivo: a saber, el ciclo de reformas neoliberales que arranca en la década de los 80’s, y que sigue su curso en el presente. La globalización, que no es otra cosa que la sombra obscena de la neoliberalización, coincidentemente está atravesada por dos fenómenos particularmente notorios: la desnacionalización de la economía y la militarización de los Estados.  La politóloga Pilar Calveiro especula acerca de esta correlación: “El poder militar ‘abre’ las condiciones para una nueva hegemonía; por eso guerra y globalización han sido, hasta el presente, procesos inseparables”.
Bien podría argüirse, basándonos en firmes asideros empíricos, que la guerra contra el narcotráfico es un anexo del proceso de neoliberalización. Si se admite la tesis de Calveiro, la guerra respondería a la necesidad de un recurso contra la cerrazón de ciertas áreas económicas estratégicas, especialmente en países cuyas políticas restringen el usufructo privado, principalmente foráneo. El régimen posrevolucionario en México se caracterizó por altos contenidos nacionales-estatistas, claramente adversos para las inversiones extranjeras.

También cercana a esta lectura, la periodista Dawn Paley observa que la guerra contra las drogas es una tecnología del poder para abrir “grietas en realidades y territorios sociales alguna vez inaccesibles para el capitalismo global”. En “La doctrina del shock”, Naomi Klein defiende una idea sugerentemente similar acerca de las guerras y otros conflictos en el siglo XX:

“Algunas de las violaciones a los derechos humanos más despreciables de este siglo, que hasta ahora se consideraban actos de sadismo fruto de regímenes antidemocráticos, fueron de hecho un intento deliberado de aterrorizar al pueblo, y se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las ‘reformas’ radicales (neoliberales) que habrían de traer ese ansiado libre mercado”.

De hecho la guerra contra el narcotráfico contribuye a alimentar el predominio de una clase: la alta finanza –clase dominante e impulsora entusiasta de la neoliberalización–, a través del lavado de caudales dinerarios provenientes de los circuitos ilícitos de la economía:

“En esta guerra [contra el narcotráfico], lo que no se quiere ver y tampoco se investiga es la ruta del dinero sucio… Las utilidades de los cárteles mexicanos oscilan entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares al año sólo por ventas de narcóticos ilegales en Estados Unidos… La primera cifra implicaría el blanqueo de 81 mil millones de dólares durante cuatro años y seis meses de esta ‘guerra’. En el segundo caso, el dinero lavado ascendería a 175 500 millones de dólares” (Nancy Flores 2012)

Una característica del período neoliberal es el encumbramiento de un poder anónimo sin freno e incontestado; eso que Calveiro define como un “dispositivo económico-financiero que ninguna instancia internacional está en posición de regular”. Es precisamente esa desregulación o incapacidad de regulación lo que permite que los grandes beneficiarios de los circuitos de “dinero sucio” conserven un relativo anonimato y una impunidad a prueba de “fuego”.

Algunos bancos como Wachovia, Bank of America, JP Morgan Chase, HSBC, Citigroup, entre otros, han sido señalados por lavar miles de millones de dólares de los cárteles de la droga, principalmente mexicanos. Pero ningún banquero o ejecutivo bancario enfrentó nunca un proceso penal. El Estado no tiene el poder ni la voluntad política para frenar esos dineros ilícitos. En dos de los casos más controvertidos mediáticamente, en los que están envueltos el Banco Wachovia y HSBC, la acción sancionadora del gobierno estadounidense se redujo a multas por concepto de 160 millones y 1.9 mil millones de dólares, respectivamente, que no es más que una ínfima fracción de los ingresos totales de esas casas bancarias. Este es sólo un ejemplo del alcance de ese dispositivo financiero “que ninguna instancia internacional está en posición de regular”. Para esa actividad onerosa y criminal la guerra contra el narcotráfico no tiene estrategia.

Neoliberalización es financiarización de la economía, que consiste básicamente en la desregulación ex profeso de las transacciones dinerarias. En este sentido, la neoliberalización de los Estados implica la omisión concertada de las operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. La guerra contra el narcotráfico no puede atacar esos negocios extralegales o criminales sin atacar la totalidad de esa economía a la que debe su existencia: la extractiva neoliberal.

Fuente: http://lavoznet.blogspot.mx/2015/07/de-la-neoliberalizacion-la-guerra.html

Fuente de la imagen: http://rebelion.org/portada.php

Ayotzinapa y el fracaso del “Momento Mexicano”

Por Paula Martínez Gutiérrez y Camila Ruiz Segovia @camruizs

Hoy, 26 de junio de 2015 se llevará cabo el planton 43×43 frente al de Palacio Bellas Artes a nueve meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural en Ayotzinapa, Guerrero. Desde el pasado 8 de octubre, la sociedad mexicana y la comunidad internacional han exigido, mediante diversas jornadas de protesta, la reaparición con vida de los estudiantes y la impartición de justicia contra los culpables. La búsqueda de los estudiantes ha generado nuevas preguntas, pero en medio de la confusión, hay un aspecto que ha quedado en claro: este evento es la prueba más brutal de la descomposición social y política que ha caracterizado a México en los últimos años. Los sucesos en Ayotzinapa han puesto en duda el llamado “Momento Mexicano”, y han evidenciado los altos niveles de corrupción y la profunda colusión de los cárteles de droga con el Estado Mexicano.

En México, los actos de violencia son parte de la vida cotidiana. La guerra contra el narcotráfico, declarada por el entonces presidente Felipe Calderón en el año 2006, ha causado un doloroso reajuste en la sociedad mexicana. Lo que comenzó como una guerra entre el ejército y los cárteles de droga ha mutado para convertirse en un conflicto extremadamente complejo, en el cual están involucrados cárteles rivales, gobiernos locales, instituciones federales, grupos de autodefensa y otros actores políticos. El resultado ha sido la normalización de la violencia: violaciones a los derechos humanos se viven día con día y éstos van desde secuestros, extorsiones, abusos sexuales, masacres, amenazas y desapariciones forzadas de ciudadanos. En el 2012, se calculaba que entre 60,000 y 120,000 personas habían muerto a causa de la guerra contra el narcotráfico, de acuerdo con estimaciones oficiales y con cifras de organizaciones internacionales, respectivamente.

El incremento de violencia ha afectado gravemente la percepción de los mexicanos hacia la legitimidad de su gobierno. A nivel internacional, la violencia en México desalentó la inversión privada, el turismo nacional, y las relaciones con el extranjero. En un esfuerzo por remediar el vertiginoso desplome nacional, Enrique Peña Nieto ha impulsado numerosas reformas que buscan promover el desarrollo económico del país, y así reintegrarse en la economía global. Estas reformas se enfocan en los sectores fiscales, de telecomunicaciones y energéticos, y han dado la impresión de que México es un centro de innovación y desarrollo. Es este proyecto lo que el gobierno de Peña Nieto ha llamado el Momento Mexicano: una serie de campañas que buscan restaurar la legitimidad política del gobierno, así como cambiar la narrativa de México como un posible estado fallido, a una de México como país emergente.

La ilusión del Momento Mexicano se desvaneció tras los sucesos en Ayotzinapa. El 26 de septiembre, policías locales de la ciudad de Iguala dispararon contra 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los cuales juntaban fondos para cubrir los costos de pasaje a la Ciudad de México, en donde se realizaría una protesta pacífica. Durante el incidente, seis estudiantes fueron asesinados, mientras que otros 57 fueron capturados por la policía, y trasladados en patrullas fuera de la escena. Desde entonces se desconoce su paradero. Catorce de ellos lograron escapar tras un par de días, declarando que la policía había entregado al resto de sus compañeros al cártel local “Guerreros Unidos”. El 4 de octubre, mientras el paradero de los estudiantes seguía sin darse a conocer, las autoridades encontraron una fosa con 28 cuerpos exhumados en las áreas aledañas a Iguala. Dado que el estado de Guerrero es el más peligroso de México, muchos asumieron inmediatamente lo peor: la identidad de los cuerpos pertenecían a los estudiantes desaparecidos.

Con el avance de las investigaciones, las escalofriantes conexiones del cuerpo policial con los eventos en Ayotzinapa han salido a la luz. Después de varias interrogaciones, 22 policías confesaron su complicidad con los Guerreros Unidos. Mientras tanto, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se dio a la fuga con su esposa, María de los Ángeles Pineda, quien resultó ser hermana de uno de los principales líderes de los Guerreros Unidos. No fue sino hasta cinco semanas después que fueron encontrados. El 4 de Noviembre, el gobierno anunció finalmente la aprehensión del alcalde y su esposa en Iztapalapa, Ciudad de México.A pesar de la magnitud de los sucesos, el gobernador de Guerrero se lavó las manos y no asumió responsabilidad alguna. Unas semanas después de los eventos en Ayotzinapa, Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia, y abandonó su puesto como gobernador de Guerrero a finales de octubre.

Si bien los episodios de violencia suceden diariamente en México, los eventos de Ayotzinapa desataron una gran indignación en el país, y atrajeron la atención de los medios internacionales. La indignación impera debido a que este evento no sólo fue un acto de violencia cometido en contra de ciudadanos, sino que atentó contra estudiantes aspirantes a convertirse en maestros de áreas rurales en el país; jóvenes activistas comprometidos a hacer un cambio. Éste no es un acto aislado resultado de la guerra contra el narcotráfico, sino un crimen cometido en colaboración con las autoridades mexicanas, aquellas cuya principal responsabilidad es garantizar la protección de civiles. Por estos motivos, es esencial identificar a este crimen por lo que es: un crimen de Estado.

Imanol Ordorika Sacristán, político y activista social mexicano, enfatiza la importancia de señalar la participación del Estado mexicano en los eventos de Ayotzinapa. En este episodio, las autoridades hicieron uso de la fuerza en contra de la ciudadanía mediante la criminalización de la protesta, así como con la desaparición forzada y el asesinato de individuos, con el fin de inducir terror y parálisis colectivo en la sociedad mexicana. Peor aún, las autoridades no han rendido cuentas. La evidente falta de transparencia y continua impunidad caracterizan el manejo que reciben los crímenes cometidos en México.

Irónicamente, las acciones gubernamentales que obstruyeron el derecho ciudadano a la protesta de los jóvenes de Ayotzinapa, desataron una respuesta social incontenible hasta ahora. Desde el ocho de octubre, la comunidad ha mostrado su solidaridad mediante enormes protestas, exigiendo conocer el paradero de los estudiantes. Valeria Hamel, una estudiante mexicana y activista, quien desde el 2012 ha participado ampliamente en el movimiento estudiantil de #YoSoy132, señala que a pesar de que hubo una lenta respuesta inicial, las acciones ciudadanas y la presión mediática han logrado que el gobierno tome cartas en el asunto.

El director de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz, ha recomendado a Peña Nieto que dirija de modo inmediato y transparente las investigaciones sobre el caso de Ayotzinapa y los terribles abusos de derechos humanos que suceden en México día a día. En un país donde en los últimos diez años se ha visto un incremento del 600% en niveles de tortura, Amnistía Internacional señala que la prevalencia de impunidad entre las autoridades mexicanas solo contribuye a la decadencia de las condiciones sociopolíticas en México.

Las acciones tomadas por la comunidad internacional no se han limitado a recomendaciones por parte de organismos no-gubernamentales. La Unión Europea ha clasificado la revisión del caso de Ayotzinapa como materia urgente; además, ha suspendido el proceso de extensión del Acuerdo Global que tenía con México. La Unión Europea ha declarado que, antes de discutir acuerdos económicos, el gobierno mexicano primero debe garantizar los derechos humanos de su ciudadanía.

He aquí el mayor temor de Peña Nieto: los eventos de Ayotzinapa podrían colapsar la imagen del “Momento Mexicano”. Los intentos para recuperar la reputación de México en el extranjero y restar importancia a los horrores de la guerra contra el narcotráfico, han perdido toda su fuerza. Desde la perspectiva del Presidente, tanto la desaparición de los estudiantes como la reacción ciudadana han restablecido la visión que se tenía de México en el sexenio previo: un Estado corrupto que no se logra salvar de una guerra ya perdida. Ahora que las relaciones económicas se han visto afectadas, ¿será posible que la ilusión del Momento Mexicano continúe después de la crisis de Ayotzinapa?

La realidad es que el Momento Mexicano nunca llegó. Sin importar cuántas reformas aprueben las cámaras legislativas, o cuántas campañas mediáticas insistan en el nacimiento de un nuevo México, el Momento Mexicano no llegará mientras el país esté sumido en la violencia. La guerra contra el narcotráfico está muy lejos de darse por terminada, y la violencia que ha desatado se ha convertido en un problema sistémico. La evidencia de la complicidad entre los cárteles de drogas y el Estado mexicano demuestran que la situación ha alcanzado un nivel alarmante: hoy, los policías y gobiernos locales son presa de los intereses de los cárteles. Mientras el gobierno mexicano siga siendo incapaz de rendir cuentas, sea corrupto y participe activamente en actos de violencia, el verdadero desarrollo económico del país no tendrá lugar.

La constante presencia de la sociedad mexicana en la escena política durante este último mes ha presionado al gobierno federal a esclarecer las causas de la tragedia. Por consiguiente, los estándares de los exámenes de confianza para policías se han elevado considerablemente. La atención a estos controles es de suma importancia, ya que éstos fungen como métodos preventivos en contra de la cooperación policial con los cárteles. Ciertamente, la idea de un México estable es concebible, pero lograrlo requerirá la revisión detallada de todas las instituciones mexicanas, para asegurar que realmente atiendan los intereses de la sociedad mexicana. El descubrimiento de otras nueve fosas comunes demuestra la urgencia de comenzar inmediatamente a trabajar para lograr cambios genuinos.

El camino hacia un verdadero Momento Mexicano es largo, y desgraciadamente la situación nacional es desalentadora. Tristemente, los estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados mientras recaudaban fondos para atender la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil de 1968. Es inaceptable que este tipo de violaciones contra los derechos humanos persistan en el país, y que se lleven a cabo con completa impunidad. Como mexicanos, viviendo tanto dentro del país como en el extranjero, es nuestro deber romper este ciclo. Esperemos que los eventos de Ayotzinapa sirvan como ultimátum para comenzar un verdadero cambio radical.

Este texto se publicó originalmente en la revista universitaria Brown Political Review bajo el título “Ayotzinapa: Exposing the Fallacy of the Mexican Moment”.

Paula Martínez Gutiérrez y Camila Ruiz Segovia son mexicanas estudiantes de licenciatura en Brown University. Paula y Camila crecieron en la Ciudad de México, y ambas son graduadas (generación 2011-2013) de los Colegios del Mundo Unido (UWC) de Hong Kong e Italia, respectivamente. Actualmente, Paula estudia el segundo año de carrera en Relaciones Internacionales e Historia, mientras que Camila es estudiante de primer año en Ciencias Políticas y Artes Visuales.

Fuente: El Beisman- http://www.elbeisman.com/article.php?action=read&id=440

La legalización uruguaya: un año después

En mayo de 2014 se aprobó el reglamento de la legalización de la marihuana en Uruguay.

Por Por Nel San Martín en Montevideo, Uruguay. | Fecha: 23/06/15

En mayo de 2014 se aprobó el regramento de la legalización de la marihuana en Uruguay. Lenta pero significativamente, los clubes de usuarios empiezan a crear nuevos espacios en donde la planta ya no es una amenaza, sino una oportunidad. Por supuesto, aún falta mucho por hacer.

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Cuando Damián Collazo tenía 16 años sus padres le permitían cultivar marihuana en su casa.
Querían asegurarse de que iba a fumar algo de calidad y que no se relacionara con el  mundo del mercado negro.

Eran tiempos en que consumir marihuana estaba permitido en Uruguay, pero había que aparecerla con algún truco de magia pues la ley le ponía candados al acceso.
Casi 10 años después, Damián siembra a gran escala: tiene a su cargo 99 plantas y cada una puede dar hasta 500 gramos de marihuana. Es el agricultor de Cultivando Libertad Uruguay Crece (CLUC), uno de los primeros clubes de membresía de cannabis de los 17 que hay registrados en este país.

El jardín de una casona vieja en un barrio montevideano está invadido por un ejército verde. Las plantas alcanzan el tamaño de árboles de tres metros. Ahí, entre paredes de concreto, el sueño de generaciones de uruguayos contrarios al prohibicionismo, y el experimento del primer país en regular toda la cadena del mercado del cannabis, es una realidad.

Una tarde calurosa de febrero Damián, de 1.80 metros de estatura, ojos rasgados y muy azules, barba y cabellera rubia, muestra las plantas que ocupan la mitad del jardín de 200 metros como cualquier cultivador que presume una buena cosecha de hortalizas.

Desde hace un año se ha dedicado de tiempo completo a estas plantas por las que en otros países productores de drogas, como México, los homicidios no cesan. Sólo en los primeros tres meses de este año en ese país se registraron 3,853 homicidios, muchos de ellos ligados al narcotráfico, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México.

“Aquí tenemos la posibilidad de producir las variedades que los miembros quieran. Podemos producir variedades con alto o bajo THC, con alto CBD, con sabor a limón o lo que sea”, dice Damián, de 25 años y estudiante de Agronomía en la Universidad de la República.
El THC o tetrahidrocannabidiol es el compuesto psicoactivo de la cannabis sativa, y el cbd o cannabidiol es el principal componente de la planta: no genera “viajes”, efecto letárgico, ni dependencia y es apreciado por sus propiedades terapéuticas.

Damián es miembro de Proderechos, una organización de jóvenes de izquierda que se creó en 2006 para luchar por la legalización del cannabis junto a activistas, cultivadores y otros colectivos. Luego se sumaron a otras batallas como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario.

Es también el coordinador del libro Uruguay se planta, manual de cultivo y uso legal de la marihuana, una especie de guía paso a paso que introduce al lector a la nueva legislación y al universo del cultivo.

“Las compras que hicimos a los bancos de semillas fueron de forma ilegal porque todavía no está oficializado el acceso a las mismas”, dice mientras retira las plantas macho para que no fecunden a las hembras con su polen y produzcan semillas, lo que echaría a perder la cosecha: las hembras producen flores ricas en resina y son las que interesan para el consumo recreativo o medicinal.

Damián dice que en este momento, en febrero de 2015, a casi un año de que el gobierno del presidente José Mujica aprobara la Ley 19172 —que regula y controla la producción, distribución y comercialización de la marihuana—, todavía quedan acciones por hacer. Por ejemplo, las farmacias aún no venden la hierba a los consumidores registrados y el gobierno no ha dicho cómo pueden acceder a las semillas.

La ley fue avalada por las dos cámaras del Parlamento y firmada por el Presidente en diciembre de 2013 y reglamentada en mayo de 2014, en medio de un intenso coro regional de voces a favor y en contra, así como la condena de la ONU, que acusó a Uruguay de violar las leyes internacionales de control de drogas, que se rigen principalmente por la Convención Internacional Antinarcóticos de 1961.

“Esto tiene que salir bien porque es el barco bandera o, por lo menos, el ejemplo para América Latina. Creo que es pertinente que se den pasos lentos, pero seguros”, agrega Damián.
La marihuana que tiene enfrente fue sembrada en octubre y la cosecha grande, en abril. Cada mes, 22 mujeres y 22 hombres miembros del club participan en las actividades del mismo, ya sea organizando fiestas de recaudación para los insumos, metiendo las manos en el cultivo o en la administración y contabilidad. La mitad son de Proderechos y los demás son amigos de amigos.

Hay dos médicos y un hepatólogo que, además de para recreación, están interesados en asociar el cannabis con la medicina. Un biólogo estudia los efectos de los cannabinoides en el cuerpo humano y una estudiante de derecho está interesada en la situación jurídica de las drogas en el mundo.

“El club implica una vinculación colectiva con la planta. Es deseable que la gente se organice en torno a su propio consumo”, dice el administrador del club, Martín Collazo, un sociólogo que se está especializando en la política mundial de las drogas y su incidencia en la sociedad.
Son parte de una generación que creció cultivando en la sombra o comprándole al narcotráfico, y a la luz de la nueva ley tienen la libertad de involucrarse con la planta, desde la academia o la investigación, lejos de los estigmas por ser usuarios y el riesgo de ir a la cárcel por cultivar.
El Estado les dio un voto de confianza y ellos no quieren echarlo a perder.

La historia de la marihuana en el mundo es una historia de contradicciones. Medicina y amenaza. Vida y muerte. Libertad y cárcel. Activismo y negocio. Durante siglos se usó como analgésico, calmante, estimulante, papel y fibra, hasta su prohibición sistemática a principios del siglo XX.

Porro, mota, canuto, faso, macoña, petardo, como sea que le llamen es la droga más popular en el mundo. Unas 180.6 millones de personas la consumen legal o ilegalmente a lo largo y ancho de la geografía, según el Informe Mundial sobre Drogas 2013 de la ONU.
En América Latina la guerra contra las drogas ha sumergido en la extrema violencia a países como Colombia y México. En ese escenario quedó lejos la erradicación de la producción y el tráfico, Uruguay se convirtió en 2013 en el primer país en el mundo en el que el Estado tomó el control sobre el mercado de la planta. Y al hacerlo reconoció que forma parte de la vida de miles de uruguayos.

En países como Israel es legal su uso medicinal y en Holanda se tolera el consumo en los llamados coffee shops, pero en Uruguay, donde el consumo de marihuana no es ilegal desde hace cinco décadas, existía un vacío que impedía el acceso por una vía no clandestina. Ahora el Estado controla todo el proceso de producción y comercialización, y permite que usuarios registrados la cultiven individual o colectivamente.

El sociólogo Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) durante el gobierno de Mujica, fue una de las piezas clave en el diseño de la ley.
Calzada tiene 58 años, nariz larga y ojos azul grisáceo. Militó en la secundaria en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y más tarde en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), de izquierdas y guerrillero, hasta 1988. Hoy es parte del organismo político Compromiso Frenteamplista y desde 2011, como secretario de la JND, se dedicó a investigar el consumo y el narcotráfico.

Encargó que se realizaran estudios, se reunió con expertos de varios países —como Holanda—, con actores políticos y organizaciones civiles, y finalmente, entre todos, llegaron a la conclusión de que era necesaria una ley que aún no existía en el mundo. Una que es- tuviera cobijada por una política con enfoque de salud pública, de equidad y participación ciudadana. “El mayor reto fue la falta de experiencia previa. Hemos tenido que ir inventado muchas cosas. Si bien hemos estudiado y seguido los procesos de otros países como Holanda, Australia, Canadá, España y los estados de Estados Unidos, donde de alguna manera se ha legalizado el consumo, no hemos tenido un lugar donde mirar un modelo porque no existe”, dice Calzada en una oficina gris en las instalaciones de la JND en la Torre Ejecutiva, donde trabaja la presidencia.

Uruguay, un país pequeño que limita al norte con Brasil y al oeste con Argentina, no es tierra de grandes productores ni de temidos capos buscados por las autoridades antidrogas como la DEA. Pero es parte de la ruta del tráfico de cocaína hacia Europa y vive un fenómeno de narcotráfico a pequeña escala de marihuana, cocaína y pasta base (similar al crack).
Previamente la demanda local de marihuana, estimada por las autoridades en 18 o 22 toneladas anuales, era alimentada desde Paraguay, el mayor productor de América del Sur. Pero sus con- sumidores se quejaban de que tiene pocas flores y muchas hojas prensadas, además de componentes tóxicos como amoniaco.

El que no existan grandes cárteles en el país no significa que no haya violencia. Las cifras hasta marzo de este año señalaban que 80 personas habían muerto en disputas relacionadas con bandas criminales. En febrero, en sólo cuatro días, hubo cuatro personas muertas. Esas cifras encienden las alarmas en un país que, según la ONU, es el cuarto de América Latina con menor tasa de homicidios —7.9 por cada 100 mil habitantes—, pero que desde 2012 comenzó a registrar asesinatos por ajustes de cuentas entre organizaciones de traficantes. En 2014 se registraron 262 homicidios y 35 por ciento de ellos se debieron a conflictos entre criminales, según el Ministerio del Interior.

“Eso era impensable hace ocho o 10 años. Obviamente cualquier cosa que hoy se compare con la situación de México resulta insignificante. Pero lo que es un problema para una sociedad tiene que ver con lo que esa sociedad ha vivido y lo que pretende vivir. Esta ley busca introducir mecanismos y herramientas económicas para desarticular el negocio del narcotráfico”, explica Calzada semanas antes de que deje la oficina en manos del nuevo secretario, Milton Romani, designado por el nuevo presidente Tabaré Vázquez.
Según la Junta Nacional de Drogas en Uruguay la droga más consumida es la marihuana: hay 150 mil usuarios. La población es de poco más de tres millones de habitantes, así que los consumidores representan 8.3 por ciento. En México hay 122 millones de habitantes y la última encuesta oficial sobre adicciones, de 2011, señala que la marihuana también es la droga más consumida: 5.7 millones de usuarios —4.6 por ciento de la población—. Pero históricamente la mayor demanda de marihuana que tiene México es la de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas en el mundo. Cada año se decomisan más de 1,000 toneladas en la frontera entre ambos países.

Para quitarle el negocio a los traficantes y que los uruguayos fumen marihuana de calidad, la ley contempla tres vías: el autocultivo, que permite seis plantas por persona; los clubes de membresía, que permiten hasta 99 plantas; y se espera que antes de fin de año arranque la compra en farmacias. Cualquiera de esas opciones limita el consumo personal a 480 gramos anuales, es decir, 40 gramos por mes: un porro diario.

Apenas hay 17 clubes legalmente habilitados. Cada club puede tener entre 15 y 45 miembros. Pero para que resulte económicamente viable deben tener al menos 30. Hay dos mil usuarios entre clubes y autocultivadores registrados que, en teoría, ya no deben recurrir al narco.
Pero Calzada dice que a diario se incautan plantas de marihuana no registradas y en 2014 la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay contabilizó al menos 20 mil cultivadores.
Una de las razones para que pese a la legalización aún se cultive en la clandestinidad es que todavía hay gente que no confía en la ley. Por ejemplo,M. y R., una pareja a la que no les convence mucho la idea de registrarse como consumidores ante el Estado: temen que si algún día la ley es echada para atrás ellos se queden con antecedentes de “marihuanos”. Por esa razón, no quieren que sus nombres se publiquen.

La pareja fuma marihuana todos los días, pero trabajan tantas horas que no les funciona el sistema de clubes ni tienen tiempo para el autocultivo así que, en dado caso, optarían por el sistema de farmacias.

“Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. La ley es muy nueva y tiene que afianzarse. Cuando pase el tiempo veremos si nos registramos en las farmacias”, dice M. Mientras seguirán llamando cada tanto a su vendedor de confianza.

El gobierno pretende cubrir 50 por ciento del mercado con la venta en farmacias, que se ha retrasado. Calzada había prometido que la marihuana estaría en ellas en noviembre pasado, pero dejó el cargo a Romani sin que eso sucediera. La razón, señaló, es que las empresas que compiten por las licitaciones tienen que presentar una serie de documentos que acrediten, entre otras cosas, el capital financiero y el origen de los fondos.

Tras tomar el timón del barco, Romani ha tenido que frenar las especulaciones sobre que el nuevo presidente, Tabaré Vázquez, quien no es un gran fanático de la ley, quiera dar marcha atrás en este paso y ha insistido en que el gobierno no quiere quedar atrapado en plazos sin cumplir y cometer errores. Uno de ellos sería no estar seguros de dónde viene el dinero de las empresas que obtengan la licitación para producir marihuana. Mientras tanto, algunos usuarios siguen preguntando de vez en cuando en las farmacias si ya tienen la hierba.

Para Julio Rey, presidente de la Federación Nacional de Can- nabicultores de Uruguay, es urgente que se ponga en marcha la venta en farmacias. Dice que al no realizarse, el narcotráfico, que en Uruguay funciona en pequeñas dimensiones—en 2013 se decomisaron dos toneladas de marihuana—, sigue acapa- rando el mercado que supuestamente cubriría el Estado. Eso pone en riesgo a los cultivadores que están enfrentando el robo con violencia de sus plantas por parte de los llamados “cogolleros”: ladrones de flores, que se dedican a revenderlas en el mercado negro. Según los cannabicultores, unos 25 gramos de flor se pueden vender hasta en 94 dólares.

Hay 11 empresas que compiten para quedar entre las cinco que abastecerán a las farmacias de marihuana. Para ser seleccionadas tienen que entregar una serie de documentos pero, según el gobierno, varias no han completado el trámite. Y en el terreno en el departamento de San José, donde inicialmente el Estado produciría 10 toneladas de cannabis para surtir a las farmacias, siguen a la espera de que las semillas se siembren.

Poner a andar esta parte de la ley ha sido mucho más complejo de lo que los funcionarios del gobierno se imaginaron.

Victoria probó la marihuana a los 16 años, pero fue hasta que terminó la carrera de Comunicación Organizacional que comenzó a comprar cada tanto. Hizo una maestría en Buenos Aires, Argentina, y ya especializada en organizaciones sociales regresó a Uruguay y se adhirió a Proderechos, donde milita en el frente de drogas.

De aspecto delicado y cabello castaño, Victoria da clases y es investigadora en la Universidad Católica. Hasta hace cinco años era difícil que hablara en los pasillos de la universidad de su activismo, pero con la regulación poco a poco se ha ido abriendo en el tema.
“Es un sector intelectual, entonces la gente es mucho más proclive a estar en favor de la legalización”, dice mientras corta las hojas de una planta y separa las flores que luego se pondrán a secar.

Es una tarde nublada, pero la humedad y el calor no dan tregua, como suelen ser los días de verano en Uruguay. Como cada mes, los miembros del club, todos entre los 25 y los 35 años, participan en la jornada de corte y secado de las flores.

“Cuando ves el porro prensado ilegal, que es lo que consumíamos hasta hace poco, da asco, lástima, indignación. Aquí tenemos un pequeño canal de abastecimiento que mejora la calidad. Además, cuando fumas la flor de la planta fumas menos porque es más efectivo. Para los usuarios es una gran ventaja, una reducción de daños importante”, dice sentada en una banca del jardín de las 99 plantas.

Dice que no se trataba de ir sólo por la legalización de la planta en sí, sino de cambiar la dinámica económica y política para apuntar a tener más libertades.

“Esto implica una manera de convivir mejor con algo que existe”, dice tajante.
Otra chica llamada Vicky y Damián podan las plantas de marihuana para evitar plagas o enfermedades. Están sentados en círculo. Otros ocho se encargan del recortado de distintas variedades que pronto estarán listas para su consumo.

—¿Saben qué onda con las farmacias? —pregunta Mariano.
—Che, no hay nada, somos los únicos que estamos produciendo    —le contesta entre risas uno de sus compañeros.

El CLUC es un modelo de clubes cooperativo y externo, lo que permite que sea barato. Los miembros pagan una cuota mensual de 25 dólares por 40 gramos de marihuana, pero tienen que apoyar en las actividades del cultivo para que sea rentable. Con los 25 dólares por miembro se paga el sueldo de Damián y del administrador, y se compran insumos como las semillas, el abono y los distintos sustratos.

Un gramo les cuesta aproximadamente un dólar. Es la misma tarifa que se plantea en las farmacias. Resulta una ganga para los consumidores, acostumbrados a comprar 25 gramos de marihuana prensada de Paraguay en unos 30 dólares.

Hay otros modelos de clubes más caros y especializados en agricultura interior que tienen entre sus miembros a usuarios gourmet. La cuota en estos clubes puede llegar a los 100 dólares mensuales, pero los usuarios sólo deben pagar y con ello reciben sus 40 gramos sin tener que mover un dedo.

“Que no quede nadie afuera por un tema de plata”, dice Damián, quien cree que el CLUC es el modelo de club que más se asemeja al que está contemplado en la ley.

La idea de los clubes fue tomada de España, donde hay 500 asociaciones de las cuales 40 por ciento se concentran en Cataluña. Desde 2002, grupos de usuarios españoles decidieron autoabastecerse para no recurrir al mercado negro al aprovechar un limbo en la ley del país ibérico.

En Cataluña se estima que hay al menos 165 mil usuarios registrados en clubes, que reciben entre 14 y 20 gramos mensuales y pagan cuotas de 20 euros al año. El precio se debe al hecho de que los clubes llegan a estar formados hasta por 1,600 socios.

Damián cree que la reglamentación uruguaya complicó la creación de clubes y sus mantenimiento al limitar la cantidad de integrantes a 45 miembros.

”En ese intento del gobierno de tener todo bajo control, que es una caracteristica bastante propia del Estado uruguayo. Se termina limitando excesivamente la cantidad de integrantes. Si pudiera tener 90 o 100 miembros, podría tener más plata para rentar un pedazo de tierra afuera de Montevideo, para insumos y para pagarle a otra persona. No sería mucho mayor la dimensión del club a los beneficios que traería ese aumento de gente”, asegura.

Durante este primer año como club han tenido que dar los pasos burocráticos que marca la ley para su registro, como darse de alta en el Ministerio de Educación y Cultura como asociación civil sin fines de lucro, y después inscribirse ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que fue creado tras la aprobación de la ley. Ante el ircca cada club debe acreditar que el lugar donde funcionan es de su propiedad o es rentado a nombre del club. Hasta el momento hay 17 registros.

Los socios del CLUC piensan que si varios clubes pudieran compartir la sede todo sería más fácil. Pero la ley es muy clara en cuanto a que cada club debe tener un domicilio diferente. De todas formas, están ayudando a crear otros clubes o asesorándolos en la parte legal y técnica.
La jornada de trabajo comenzó al caer el sol y termina entrada la noche. El viento refresca el jardín donde ya alguno ha prendido un porro. Después de las horas de manicure, cuelgan las flores en el techo de un pasillo largo, donde la luz ayudará a que se sequen. En un par de semanas, esas plantas de marihuana estarán listas para fumarse.

En 2007, Juan Vaz estuvo preso durante 11 meses por le delito de elaboración de material prima para la fabricación de sustancias estupefacientes.

Pero Juan no era traficante: era una padre de familia y programador informatico de 40 años que tenía plantas de marihuana para su consumo propio.

En la cárcel sobrepoblada de Santiago Vázquez, a las afueras de Montevideo, Juan compartía celda con 11 reos entre los que había algunos acusados de homicidio. Para dormir tenía que turnarse con ellos una de las cuatro camas.

Después de tres meses fue trasladado a otra cárcel, donde se cumplen condenas por delitos menores, hasta que fue liberado. En esos años la mayoría de los operativos policiales de incautación de drogas en el país decomisaban no más de 10 gramos de drogas, por lo general de marihuana, según Drugs and Democracy, el programa que estudia las políticas de drogas en el mundo del think thank, Transnational Institute.

En ese momento Juan Vaz se convirtió en una de las caras visibles de un movimiento creciente por la legalización de la planta, que desde 2005 estaba tomando impulso con la creación de colectivos de cultivadores y organizaciones.

“De quienes pedían la legalización de la marihuana, el único actor legítimo era el autocultivador porque los demás seguían comprándole al narcotráfico. Entonces era él quien verdaderamente combatía el narco”, dice Vaz, quien en ese año formaba parte del colectivo Planta tu Planta.
Hablamos una tarde de enero en una growshop de su propiedad, en Montevideo. Dice que la semilla se puso en 2005, pero la batalla fue larga. Mientras el movimiento cannábico se expandía por el país, los cultivadores seguían enfrentando la cárcel. Dos de los narcotraficantes más sonados de Uruguay enfrentaron primero la muerte que una condena larga. Mauricio Martínez, alias “Lilo”, quien murió en un ajuste de cuentas en 1999; y Washington Risotto, alias “Bocha”, quien también era representante de futbolistas, fue procesado por tráfico de drogas en 1996 pero fue asesinado en 2011.

El narcotraficante que sí pisó la cárcel en 2004 fue Alejandro Píriz Brum por el homicidio de Lilo. Este narco, considerado por las autoridades uno de los más peligrosos del país, envió en agosto de 2013 una carta a los medios de comunicación dirigida al ex mandatario Mujica. En ella apoyaba la legalización de la marihuana y le proponía plantarla dentro de la cárcel de Libertad. “Aquí la marihuana es paz y amor”, escribió. Cuatro meses después, Mujica diría su famosa frase: “Esto no es un ‘Viva la pepa’, esto es como quien toma un purgante, es tomar medidas que no son bonitas, pero no queremos dejar regalada esa gente al narcotráfico”.

“Un artículo de la ley anterior decía: ‘Estará libre de pena quien posea una cantidad razonable únicamente para su consumo personal’”, explica Vaz. “Le preguntamos a la Suprema Corte de Justicia: ¿Esa cantidad para mi consumo personal debe ser comprada a un traficante o puede venir en forma de planta y ser autoproducida por el usuario? Entonces ahí la Suprema Corte descubrió que le ley tenía una falla. Una ley con una falla necesita una reforma. Ese fue el primer agujerito por el que nos metimos.”

Juan Vaz, de cejas muy negras, rostro afilado y cabello corto, es integrante de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay y creador y asesor de clubes de membresía. Recuerda que con ese argumento ante la Suprema Corte, en 2010, las organizaciones civiles y colectivos redactaron un borrador junto a los tres principales partidos políticos, que le quitaba el control de la marihuana a los narcos y se la daba a los usuarios. Pero el borrador se quedó en el escritorio, porque el Gobierno decidió tomar el control de la sustancia.

“Nosotros teníamos una idea más utópica y quizá más anarquista, pero el gobierno nos cortó las patitas. Sin embargo, puso un punto de partida. Creíamos que cuando llegáramos a la cima íbamos a prender un porro, hacer una fiesta y se acabó, no pensamos que era sólo era el inicio.”
Camilo se crio en la Teja, un barrio popular de Montevideo, donde el presidente Tabaré Vázquez pasó su infancia y adolescencia. Ahí, Camilo tenía acceso a pequeñas bocas de venta de drogas donde compraba marihuana, pero en las que también se consigue cocaína y pasta base.

Ni Camilo ni Vázquez se imaginaban cuando eran niños que décadas después Uruguay se pondría en la boca del mundo al ser el primer país de América Latina que se enfrentara a la estrategia global de la prohibición de la marihuana.

Ahora Camilo, de 26 años, antropólogo y asesor de la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo —el poder legislativo de la ciudad—, ya no le compra más al mercado negro y se suministra en el club de membresía.

Es la noche del sábado 16 de mayo, Camilo y los otros socios del CLUC organizaron una fiesta para festejar su primera cosecha grande, a un año de existencia, y recaudar fondos.

Cada miembro recibirá sus 40 gramos, pero hay algo más simbólico que celebrar: la liberación de la planta. Por ello eligieron como sede la ex cárcel de Miguelete, un edificio de finales del siglo XIX a las afueras de la capital que funcionó como centro de reclusión hasta 1980 y que ahora es un centro cultural.

Pasa de la media noche. Las luces del escenario, verdes como hojas, iluminan el cielo. Decenas de cuerpos vestidos para el frío del invierno sudamericano intentan desentumirse y bailan con la música que pone el dj.

Horas antes se realizó la marcha mundial por la marihuana y Montevideo no se quedó atrás. Asistieron decenas, mate y porro en mano, para conmemorar que ya cultivan y fuman libremente. Pero también exigieron al gobierno que termine de implementar la ley.
Camilo, quien desde los 18 años forma parte de Proderechos, dice que a nivel regional las drogas tienen que ser analizadas desde el punto de vista político y económico.
“El sistema actual desestabiliza nuestras democracias, porque genera estructuras de poder donde el Estado no tiene capacidad de incidencia, y eso pasa desde el Río Bravo hasta la Patagonia”, reflexiona.

Al norte del Río Bravo se debate justamente la legalización de la marihuana. Texas quiere ser el quinto estado de Estados Unidos en el que la planta se usa para fines recreativos, como en Colorado, Washington, Alaska y Oregón.

“La actual tendencia legislativa hacia la regulación legal de los mercados de cannabis como modelo prometedor para proteger la salud y la seguridad de las personas ha cambiado el panorama de la política de drogas y los términos del debate. La cuestión a la que se enfrenta la comunidad internacional hoy en día ya no es si es necesario evaluar y modernizar el sistema de control de drogas de la onu, sino más bien cuándo y cómo”, señala el informe del Transnational Institute titulado Auge y caída de la prohibición del cannabis, presentado en 2014, el cual coloca a Colorado, Washington y Uruguay al frente de una oleada reformista contraria al consenso de Viena.

Entre paredes que fueron levantadas para el encierro, el olor inconfundible de la marihuana se mezcla con vientos de cambio en la región. El camino que trazó Uruguay lo están comenzando a recorrer, a su manera, otros países americanos. En Chile se sembraron, en octubre de 2014, las semillas del primer cultivo legal de marihuana medicinal en América Latina. Jamaica despenalizó en febrero pasado la posesión recreativa de 57 gramos y autorizó el uso con fines religiosos y terapéuticos.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha llamado a replantear el enfoque de la lucha contra las drogas de cara a la Asamblea General de la ONU en 2016. Y el planteamiento tendrá fuerza ahora que Luis Almagro, quien formó parte del gobierno de Mujica, se puso al frente de la Organización de Estados Americanos. Entre sus banderas, ha dicho, está impulsar una agenda de derechos a la “uruguaya”.

En esas reuniones los políticos no los nombrarán, pero esta generación de uruguayos, que esta noche ríe y baila al ritmo de música electrónica, ya forma parte de la historia.

Fuente: Esquire Latinoamerica- http://www.esquirelat.com/reportajes/15/06/23/legalizacion-marihuana-mexico-esquire.html

Foro: Políticas de drogas y derechos humanos

¿Cuáles han sido las consecuencias de la guerra contra las drogas en México?

Es necesario caminar hacia la transformación de políticas que pongan al centro la dignidad de las personas.

Para esto, el viernes 19 de junio te invitamos al Foro Internacional “Políticas de drogas y derechos humanos”.

Nos vemos a partir de las 9am y hasta las 7:30 pm en la Universidad ORT (Colima 56, Roma Norte).

Convocamos a este foro junto con FES-Seguridad, la Comisión Mexicana de Defensa y Promosión de los Derechos Humanos (CMPDH), el área de Política de Drogas del CIDE-Región centro; la Fundación Friederich Ebert; Equis Justicia para las Mujeres; Espoléa A.C.; CuPIHD; Estudiantes por una Política Sensata de Drogas; entre otras organizaciones.

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Zara Snapp y su “Diccionario de drogas”

“Para todo mal, mezcal, y para todo bien, también”.  Con esta frase anónima, pero mítica entre los mexicanos que gustan beber el destilado del agave y que en la actualidad México exporta a 27 países, la autora veracruzana Zara Snapp, con maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, da inicio a su sencillo pero utilísimo Diccionario de drogas que acaba de publicar Ediciones B (México, 157 pp.), con prólogo del escritor Guillermo Fadanelli.

Dividido en dos partes, “Drogas legales” y “Drogas ilegales”, el libro de Snapp, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado y colaboradora en temas de manejo de estupefacientes e incidencia internacional de la Comisión Global de Políticas de Drogas, hace un repaso del vínculo de México con sus alcoholes tradicionales, el pulque, el mezcal y el tequila, para luego detenerse en estimulantes igualmente permitidos como la nicotina, la cafeína y el cholocate, además de los sedantes Diazepan y Valium, y los inhalables tóxicos como solventes, pegamentos y nitritos.

En la segunda parte, dedicada a las drogas ilegales, Snapp, quien también es miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aborda la historia, características y efectos de la mariguana, el MDMA o éxtasis; los alucinógenos como los hongos, la mezcalina y el LSD; los opiáceos, como la codeína, la morfina y la heroína, y otros estimulantes como la cocaína, la anfetamina y la metanfetamina.

En el libro, que recomendamos en especial a padres con hijos adolescentes, la joven experta familiariza al lector con el origen y el efecto de los alcoholes permitidos, así como de qué manera y en qué condiciones ingerirlos.

Respecto de la nicotina, Snapp cita a la Asociación del Corazón de EU según la cual el tabaquismo es una de las dependencias más difíciles ya que las características farmacológicas y conductuales que conlleva son muy similares a las de la heroína (morfina diacetate), proveniente de la planta conocida como adormidera, amapola u opio.

Recuerda Snapp que aunque Afganistán y Burna son los dos países que producen la mayor parte de la heroína al nivel global desde 1886, México ha generado cultivos de amapola en Sonora, Guerrero, Nuevo León y Chihuahua. De hecho, la mayor parte de la heroína que se consume en EU proviene hoy en día de México, convertido en el tercer país productor de amapola para uso ilegal en el mundo. (Cabe destacar —decimos nosotros— la vinculación que ha hecho la prensa de México entre la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la disputa en Guerrero de las rutas de la heroína).

Sobre la cocaína, “que es la manera que tiene Dios para decirte que estás ganando demasiado dinero”, según el recientemente fallecido actor Robin Williams, citado por Snapp–, el mayor problema, advierte la autora, es la alta probabilidad de que sea adulterada. Proveniente de la hoja de coca, planta milenaria de Sudamérica (Bolivia, Colombia, Perú), su masticado en estado natural o como infusión tiene nutrientes muy importantes, además de alcaloides que dan energía y ayudan con los problemas de altitud. (Por ello —apuntamos de nuevo nosotros—, el gobierno de Bolivia acaba de anunciar que en julio recibirá al papa Francisco en el aeropuerto capitalino de El Alto, a cuatro mil metros de altitud, con “un té de hoja de coca” para prevenir cualquier incidente a causa de la altura).

La tiranía del espacio puede ser tan dañina como una droga más utilizada, sobre lo cual también es muy útil el Diccionario…  que habla de las contraindicaciones de los estimulantes y qué hacer en caso de sobredosis, según el producto ingerido.

Solo añadiremos que la mariguana —que ocupa casi 10 páginas del libro y que al decir del célebre Woody Allen “causa amnesia… y otras cosas que no recuerdo”— es la sustancia ilícita más utilizada en el mundo, con un estimado de 147 millones de personas que la usan anualmente y 22.5 millones de usuarios al día al nivel global.

El libro, escrito con tino,  conocimiento y precisión, incluye además puntadas como estas: “La diferencia entre un veneno, una medicina y un narcótico es solo la dosis” (Albert Hofmann) o “El mal uso de las drogas no es una enfermedad, es una decisión, como pararte enfrente de un coche en movimiento. Podrías llamarlo un error de juicio” (Philip K. Dick).

Fuente: Milenio- http://www.milenio.com/firmas/irene_selser/Zara-Snapp-Diccionario-drogas_18_531726830.html

Fuente de la imagen: http://zarasnapp.com/?page_id=2

Geopolítica de la droga: guerra perpetua, Estado y reorganización espacial

Por: Francisco Cedeño Lugo

La economía de las drogas ilícitas, Estado y territorio

El control de espacios territoriales por los carteles y mafias de las drogas ilícitas, este un asunto político de suma importancia, no puede obviar la central y decisiva relación entre el Estado y el bloque de poder, que integra las mafias-carteles, en tanto, sujeto de la “economía ilegal”, y soporte del intervencionismo militar que avanzan USA y la OTAN:

Los centros del poder imperial han acelerado y masificado el uso geopolítico de la droga, la cuestión no es simplemente que instrumentalizan la producción y comercializan de las drogas ilícitas para financiar y ejecutar las operaciones de sus organismos de seguridad. Se trata de un asunto que compete al Pentagono, a la intervención directa de las fuerzas armadas y del sistema de seguridad e inteligencia de USA, que hace efectiva la militarización de la política exterior estadunidense y el expediente de realizar la guerra que se perpetúa en el exterior de las fronteras del imperio, en los límites espaciales de la periferia plagada por territorios urbanos y rurales híper degradados por la lógica de desposesión del capital.

Es indispensable, hacerse cargo de las diferentes modalidades de relación entre Estado y “la economía ilícita”, que hacen posible y dinamizan la efectividad de la geopolítica de las drogas:

1.- Estrecha relación entre las mafias-carteles y el Estado. Esto es, la articulación negocio de las drogas, poder político, fuerzas armadas y servicios de seguridad e inteligencia. Ese es el caso de Italia, México, Colombia, Paquistán y Turquía. En Paquistán, esta relación tiene el limite cero de “…políticos corruptos que se han asociado para formar una eficaz asamblea de representantes del narcotráfico.” Y habría que decir que el 80% de la heroína consumida en Europa proviene de Paquistán y Afganistán.

2.- Las mafias y carteles de la droga subordinadas por el Estado. El Irán gate, la intervención de la CIA, con base del negocio de la droga que asegura el financiamiento de las actividades terroristas de la contra-revolución en Nicaragua, es un caso clásico de esta modalidad de relación que es estructurada por los organismos de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, Inglaterra, Israel y Francia.

3.- “La mafia en y contra el Estado”. El control de territorios, la potencia del poder de fuego, y la riqueza acumulada por carteles y mafias, inciden en puntos de ruptura de la relación Estado-negocio de la droga, con base de la violencia de los capos-padrinos que tiene por finalidad desafiar el Estado y suplantar el poder institucional de los políticos. Italia, Colombia y México, ejemplifican tal modalidad de relación.

En los casos de Italia y Colombia, la ruptura concluye en una derrota de los capos y padrinos; derrota que sin embargo, reactualiza y potencia el narcotráfico, mediante un proceso de descentralización y deslocalización de la gestión del narcotráfico. En el caso de Italia “… luego del desmantelamiento en Nápoles, en los primeros años del siglo XXI, de la docena de grupos que constituían la Camorra, habrían unas cien familias con 6.000 o 7.000 afiliados.”

Y Quizás el síntoma clave, respecto de la relación Estado-negocio de la droga, sea México: la militarización extrema de la guerra contra las drogas que ha dado lugar a “la fragmentación y debilitamiento del poder político para enfrentar los desafíos de los grupos criminales (más autónomos), quienes pasaron de la supeditación política a la confrontación directa y a la disputa por el control de instituciones de seguridad.”

La reconfiguración de las mafias y los carteles, impactada por el creciente consumo de Europa Y USA, constituyen el indicador extremadamente idóneo de que estamos antes una actividad económica basada en la “industrialización transnacional del crimen”: “No deja de resultar sorprendente que las dimensiones del fenómeno han llevado a convertir al “crimen organizado” en uno de los temas infaltables en la agenda de las reuniones del G-7, de los siete países más industrializados del mundo…”

Los carteles de la droga y las mafias, en tanto actores sociales del negocio de la droga y del sistema de dominación del capital, están integrados a la estructura de poder que gestiona el Estado capitalista. Y que sea considerado como una economía ilegal, ya tiene el limite cero de los eufemismos cínicos y sarcásticos de los amos del capital. En ese sentido, para nada es una exageración afirmar que “… durante la crisis de 2008 el dinero del narco mantuvo la fluidez del sistema financiero, sin cuyos aportes hubiera padecido un cuello de botella que habría paralizado buena parte de la banca… eso que mal llamamos narco tiene exactamente los mismos intereses que el sector más concentrado de la burguesía, con la que se mimetiza, que consiste en destruir el tejido social, para hacer imposible e inviable la organización popular.”

En la misma línea de trabajo, el narcotráfico tiene que ser analizado desde la estrategia capitalista de desposesión del territorio de las comunidades campesinas, indígenas y urbanas. De esta manera, la exigencia es como comprender las formas específicas y concretas que hacen efectiva la producción y apropiación del espacio social por la economía de las drogas ilícitas. En este sentido, está vigente, la tesis de Henry Lefebvre: “El concepto de producción del espacio indica un cambio en la producción, en las fuerzas productivas; se pasa de la producción en el espacio a la producción del espacio.”

La producción del territorio por el desempeño del capitalismo tardío, es articulada en determinadas regiones, territorios y Estados nación, por el negocio de la droga y las estrategias militares de las fuerzas armadas de USA. Y en este caso específico, se trata de una cuestión política se suma importancia, para el Pentágono, “…los estrategas militares no palidecen y aseguran con total sangre fría que las ‘salvajes y malogradas’ ciudades del Tercer Mundo, especialmente sus áreas hiperdegradadas, serán el principal campo de batalla del siglo XXI.”

Hay que hacerse cargo, del dispositivo imperial, que mediante la estrategia de la guerra sistemática y permanente y la implantación del negocio de la droga: desgarra y fragmenta el territorio de los Estados nación. Entonces, para los gobiernos democráticos y revolucionarios, está planteada una política de reestructuración del espacio social: política que cuestione, transforme y supere la lógica de la desposesión territorial, ya que, constituye una encrucijada que decide la naturaleza de la transición socialista y la defensa de la soberanía nacional

II

La reorganización capitalista del espacio social y ejes territoriales del narcotrafico

La producción creciente y acelerada de territorios urbanos y rurales híper degradados significa un proceso de reorganización capitalista del espacio social que implanta y consolida ejes territoriales, para la supervivencia del excedente de población que sobrepasa con creces los límites del “ejército industrial de reserva”. Este “no lugar” de territorialización de la pobreza masiva e intensiva generada, es en sí mismo una catástrofe humanitaria, un genocidio silencioso “ante la mirada” de todos y todas: es posible que existan en el mundo aproximadamente 300.000 áreas urbanas híper degradadas… Y los campesinos ya no aguantan más, dado el proceso acelerado y redimensionado de desposesión de sus tierras, y la eliminación de los elementos que aseguran su condición de productores de (y sus) alimentos

Este punto terminal de la lógica del capital, tiene un rebote político-ideológico y militar, en círculos del poder imperial, que Jorge Beinstein, delimita como sigue:

La destrucción de Irak, Afganistán, Libia, Siria, México y de las próximas víctimas, puede llegar a ser pensada por los miembros más duros de las élites imperiales como una autodestrucción parcial, sacrificio necesario para la supervivencia del sistema, en ese caso nos encontramos ante un pensamiento delirante…”

El “pensamiento delirante”, es realmente efectivo: “despiece de Yugoeslavia” (limpieza étnica y bombardeos de la OTAN); los dos genocidios de Ruanda (que resultan de la rivalidad entre Francia y Estados Unidos); destrucción de Somalia (“un país devastado y asediado por la ‘ayuda humanitaria’ y las políticas de ajustes económicos”); colapso parcial de Libia e Irak; instalación en diversos países de nuestro continente de territorios subsumidos por la economía de las drogas ilícitas (particularmente México, Honduras, Guatemala y Colombia); y el drama del pueblo palestino. Así como la versión aciaga del “Estado Islámico”.

El pensamiento en cuestión, avanza con procesos que laceran la vida de los pueblos, y ese es el caso de Siria: “Siria no es un país, es una expresión geográfica. Describe vagamente el área entre las montañas de Turquía y los desiertos de Arabia Saudí. Incluye los países de Siria, Líbano, Israel y Jordania. Siria tiene diferentes grupos étnicos localizados regionalmente… Esos grupos no son leales a Siria, sino a sus referentes regionales y étnicos. Esencialmente, no hay país que salvar. …Va a ser muy difícil que Siria se mantenga unida. […] Me resulta difícil ver que Siria permanezca como un único país controlado desde el centro.”

A contrapelo de la ficción fukuyamista del capitalismo aterciopelado y otras peripecias de igual talante, en las cuatro últimas décadas emerge un mundo altamente errático, conflicto… y dinamizado por un conjunto de contradicciones que cuestionan, significativamente, el poder del imperio. En torno a esta problemática, anillos del poder del Estado nación USA, desarrollan un conjunto de ideas y geo-estrategias que dinamizan la geopolítica del caos. Y habría que precisar:

1.- La fuente del pensamiento delirante en el “Estado profundo“. Es decir, en instituciones militares (Academia de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, del Centro Arroyo –RAND- del Ejército de Tierra y del Warfighting Laboratory) y fundaciones para-estatales (caso de New America Foundation) con peso específico en el mando político-militar de USA: el Pentágono y la Casa Blanca.

2.- No estamos, ante una política exterior coherente y consensuada entre los factores del poder de USA, que posibilite estructurar lineamientos geo-estratégicos exentos de generar desacuerdos en la elite imperial, desacuerdos que son demasiado evidente, en el caso del Medio Oriente. Esto es, la geopolítica imperial aparece atiborrada de contradicciones internas, obstáculos y desafíos externos de difícil y compleja resolución, así como de derrotas políticas y militares.

Respecto a las contradicciones internas, en enero del 2015, Leslie Gelb (presidente honorario del Council Foreign Relation, “el club de las élites estadounidenses”) declara: “El presidente Obama tiene que reemplazar su equipo por personalidades fuertes y estrategas experimentados. También tiene que poner nuevas personas como consejeros principales de los secretarios de Defensa y de Estado.”

Destacamos que posicionada en este punto y situación, la elite imperial visualiza y avanza procesos de reestructuración de distribución espacial en Sur America, Centro America y el Caribe, con la proyección de implantar nuevas divisiones político-territoriales. Sin extendernos sobre este punto, en los planes del imperio compartidos por halcones demócratas y republicanos, se prefiguran tres zonas o áreas funcionales a la seguridad de USA.

1.-“Norteamérica unida y orgánica“, conformada por EEUU, Canadá, México y Centro América: el eje inmediato de “la seguridad nacional” estadounidense

2.- “Alianza del Pacifico”, integrada por USA, Canadá, México, Chile y Perú, de acuerdo con la visión de asegurar un escudo de seguridad de Estados Unidos como potencia del océano Pacífico, y del Indico

3.- “Gran Caribe“, figura difusa, que integra la zona atlántica de Estados Unidos y un conjunto de países suramericanos, pero de manera especial a la región amazónica. Y concebida como la fachada del frente político-militar de seguridad, ante el desafío del “Sur Chavista”

La proyección de esta reorganización espacial, emerge mediada por determinada valoración de la capacidad y potencialidad de las fuerzas político-militares imperiales que pueden preservar y asegurar el orden mundial con base de la hegemonía de USA y la OTAN. En términos de la relación de fuerza, en el seno de la elite del imperio gravitan con fuerza las siguientes ideas estratégicas:

1.- USA, puede gobernar el sistema mundo que adviene, pero está imposibilitada de asegurar las condiciones de estabilidad política, económica y militar. Incluso, no se descarta la probabilidad de que “La capacidad de los Estados para controlar los acontecimientos quedará diluida, y en algunos casos destruida”. En círculos del poder de USA e Inglaterra, este es escenario geopolítico es denominado “apolar”, y es afin a la idea de un mundo reglado por “un poder difuso” que asegure la hegemonía de las relaciones capitalista y reglado por la supremacía militar de USA y modalidades de fuerza militar al estilo del “Estado Islámico”.

2.- Dada la correlación de fuerzas mundiales y el creciente deterioro de la supremacía económica y política de Estados Unidos, para el imperio, la salida a este cortocircuito es “conservar, ampliar y consolidar su superioridad militar”, y desarrollar una estrategia de guerra sistemática y permanente.

3.- La prioridad de focalizar la política la política exterior “en el corazón geográfico de la economía global, los océanos Índico (la ruta de la energía del mundo) y Pacifico”. Y de configurar zonas de seguridad, de acuerdo las unidades territoriales que ya enunciamos.

El proceso de reconfiguración del poder mundial que decide la hegemonía de USA y las crisis recesivas continuadas del capitalismo tardío significan, la emergencia de un mundo mediado de geo-estrategias imperiales que no pueden ser desestimadas. Los puntos de encuentro entre halcones liberales (los Clinton y Obama) y halcones republicanos (los Bush y Rumsfeld), plantean “la existencia en Estados Unidos de un poder” que es independiente de la Casa Blanca, con la capacidad y potencialidad de imponer su voluntad en un país… “donde los presidentes se suceden pero que está en guerra perpetua.

Quizás, la orden de Bill Clinton de reproducir el libro de Robert Kaplan “La anarquía que viene. La destrucción de los sueños de la Post Guerra Fría”, y distribuirlo a todos los embajadores de USA durante su primera Administración, sea un síntoma clave, de la estrategia general y global del poder imperial: “Ya no podemos darnos el lujo del comportamiento honorable en política exterior… ahora que la presunción de seguridad nacional ya no existe (…) La necesidad de mantener el poder y la seguridad deben venir primero“. Y que Obama sea percibido como “albacea del legado de Bush”, es un preciso indicador del dispositivo militarista y guerrerista que domina la política exterior de Estados Unidos.

Y es demasiado pertinente registrar que la geopolítica de asegurar un orden mundial con base del desempeño del poder militar, tiene la consecuencia directa, la derrota del unilateralismo e intervencionismo militar de George W. Bush, derrota que concluye en el 2004-2005 con la debacle de las fuerzas militares de USA en Irak, así como en la retirada humillante, por Obama, de las fuerzas militares de Afganistán. Y en los reiterados fracasos de Obama en el Medio Oriente…

Ahora podemos reasumir (directamente) la cuestión de la producción del espacio social o “arreglo espacial”. Quizás, sea necesario que recordemos nuestro punto de partida: “La mundialización del capital tiene un impacto directo en la “organización territorial de la actividad económica y en la organización del poder político…el despliegue expansivo del capitalismo , implica una transformación del espacio geográfico…y por ende los estilos de vida y los sujetos ubicados en él…”; y las consecuencias relevantes de tal impacto: territorios híper degradados y reconfiguración de una de las propiedades de Estado nación, el control de la territorialidad y la soberanía nacional.

La visión geográfica del territorio, no puede excluir su producción y gestión (y si se prefiere, su gobernabilidad). Y no se trata, exclusivamente de la errática separación entre territorio y lo social, sino, básicamente, de la producción del territorio con base de una estructura de relaciones sociales (político-económicas, político-ideológicas y militares). De esta manera, la geografía, la superficie territorial, no es una realidad objetiva y neutral, donde acontece la realidad social, o suceden cosas: sino el resultado de un conjunto de políticas y hechos sociales.

Lo que está planteado es asumir, en correspondencia con el sentido de la Revolución Bolivariana y la transición socialista, el impacto de la geopolítica de las drogas en la gobernabilidad estatal y las potencialidades de la producción del territorio por el poder del pueblo. Se impone que delimitemos la confrontación espacial concreta con el poder que dinamiza la desposesión y fragmentación del territorio e imposibilita la producción comunal y estatal del mismo. Entonces, lo que podemos hacer, en términos de la producción social del territorio, depende, y no puede haber dudas en este punto, depende de un combate “dentro de un campo de fuerzas reales”: entre el bloque de poder que incluye e integra la mafia y los carteles y el poder articulado por fuerzas populares y estatales. Está planteado:

Un “arreglo espacial” o una nueva “geografía” de poder del pueblo. La Misión Barrio Tricolor, constituyen un soporte clave, en la dirección de un sistema de producción del espacio social, a contrapelo de la desposesión territorial por la economía y el modo de vida de las drogas ilícitas, la geopolítica de la droga y la mercantilización de la vida.

La erradicación del territorio que criminaliza a los pobres y desmoviliza la creación de nuevas relaciones (anticapitalistas), con base de la producción y apropiación de los bienes comunes.

Desplazar la idea de los bienes comunes como cosas físicas por la radicalidad de que más que cosas, se trata de una práctica comunal (y si se prefiere eco socialista), con base de la igualdad, la democracia y lo que es justo.

Ha pasado el tiempo, y la Comuna de Paris, es absolutamente:

“…una fiesta, la más grande del siglo y de los tiempos modernos. El análisis más frío descubre allí la impresión y la voluntad de los insurgentes de volverse los dueños de su vida y de su historia, no solamente en lo que concierne a las decisiones políticas sino al nivel de la cotidianeidad. Es en ese sentido como comprendemos a Marx: “La más grande medida social de La Comuna era su propia existencia en acto… París todo verdad, Versalles, todo mentira.”

III

Maquinaria de la guerra y el negocio de la droga

Al Departamento de Defensa, al Pentágono, le corresponde el papel de “agencia principal y única” en la espuria guerra de USA contra el narcotráfico. Y es competencia del Comando Sur, por tanto, de las correspondientes políticas, acciones militares y de seguridad, en Sur America y el Caribe. Desde esta lógica imperial, se dinamiza y acentúa la intervención militar de USA en la región, con base de un conjunto de acuerdos (y la permisividad de gobiernos de Colombia, Perú México y Chile) que aseguran la potenciación del uso de las fuerzas militares estadounidense y de su aparato de inteligencia, así como la ampliación de sus bases militares.

Desde que Ronald Reagan oficializa la “guerra militar contra las drogas”, y se ejecutan la “Operación Cóndor” en territorio mexicano (1975-1977), la “Fulminante” en Colombia (1978-1980), y la “Iniciativa Andina” (1989, focalizada en Colombia, Bolivia y Perú), asistimos a un intervencionismo militar creciente, a formas de conflicto armado no convencional, desencadenados por el imperio.

Estamos topados con lo obvio, con eso que tiene la fuerza de lo evidente. Después de cuatro décadas de guerra del Departamento de Estado contra la droga, y sus consecuencias militaristas: el negocio criminal altamente rentable, la economía ilícita que lubrica al capital: se ha consolidado. Las mafias o carteles controlan cada vez más territorios, tienen mayor poder de fuego y son inmensamente ricas: pululan dentro y fuera de los Estados.

El uso geopolítico del negocio de las drogas, constituye una de las contradicciones principales entre el imperio y la Revolución Bolivariana, entre el pueblo trabajador y el capital. Y esa contradicción, configura posibles desenlaces, que no podemos obviar.

Es una desventura inexcusable ignorar que Una de las definiciones clásicas de la geopolítica –conflicto de poderes para el control del territorio, de sus riquezas y de los hombres que la producen- es absolutamente aplicada a la guerra de las drogas”.

Fuente: Aporrea- http://www.aporrea.org/ddhh/a208640.html

Fuente de imagen: http://fuerza.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/DROGA-MARIHUANA.jpg


Comunicado contra la Marcha ‪#‎PorlaPazMx‬, NO + Guerra

• Organizaciones muestran preocupación por mensajes difundidos en convocatoria a la “Marcha silenciosa por la paz en México”.
• Marcha polariza a la sociedad mexicana y su mensaje es contrario al respeto a los derechos humanos.

México, D.F. a 29 de mayo de 2015.-
Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por los mensajes difundidos a propósito de la “Marcha silenciosa por la paz en México” a la que han convocado algunas organizaciones el próximo domingo 31 de mayo con el fin de “protestar contra la violencia en el país y apoyar a las fuerzas federales que han caído en la lucha contra los criminales”.

Sin duda, México atraviesa un contexto de violencia e impunidad generalizada. La guerra contra las drogas declarada en el sexenio anterior ha tenido efectos devastadores en la seguridad y dignidad de las personas y ha incrementado los índices de desaparición forzada, detenciones y ejecuciones arbitrarias, tortura, desplazamiento interno forzado, y feminicidios, entre otras violaciones a derechos humanos. Bajo este panorama de crisis, la movilización y protesta social se han convertido en medios indispensables para manifestar el descontento social y exigir a las autoridades que prevengan, atiendan, sancionen y reparen integralmente a las víctimas de violaciones a derechos humanos desencadenadas por esta violencia.

No obstante, en un contexto en el que resulta cada vez más urgente el reconocimiento del fracaso de la guerra contra las drogas – asignada a las fuerzas armadas y de seguridad pública como estrategia para abatir el crimen y reconstruir el tejido social – iniciativas que promueven la declaración frontal de un enemigo y la continuidad de guerra, resultan una contradicción para la construcción de una sociedad pacífica.

Apoyar “las acciones que han realizado las Fuerzas Armadas para conseguir la paz […] en México” y pedirles “seguir actuando con firmeza e inteligencia en la seguridad”, como alienta la convocatoria a esta marcha, es una muestra de absoluto desconocimiento del sufrimiento de miles de familias mexicanas, que desde el inicio de la guerra contra las drogas en el país, han sido víctimas de violaciones a derechos humanos a manos del ejército, de la marina y de distintas corporaciones de policías.

Adicionalmente, sugieren un desdén por los mecanismos nacionales de protección a derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha emitido 57 recomendaciones sobre ejecución arbitraria, 11 recomendaciones sobre desaparición forzada y 79 recomendaciones por tortura, en el período de 2006 a 2014, contra las fuerzas del orden público.

Así como un menosprecio por los mecanismos internacionales de derechos humanos como: el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (2002), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2011) el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2012), el Mecanismo del Examen Periódico Universal (2013), Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (2014) y el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (2014), quienes se han pronunciado por el peligro de una fuerte presencia militar en el combate a la delincuencia organizada y han recomendado el retiro de las fuerzas armadas para tareas exclusivas de la policía.

Es fundamental resaltar, que soldados/as, marinos/as y policías caídos y desaparecidos, así como sus familias, han sido víctimas también de esta guerra, por ello nos solidarizamos en su búsqueda de justicia y verdad, y hacemos un sincero llamado a las organizaciones convocantes a esta marcha a dejar de fomentar un discurso de guerra, el cual alienta a las fuerzas armadas a ejercer tareas que le corresponden exclusivamente a la policía; polariza a la sociedad mexicana de por sí ya lastimada por el clima de violencia, y constituye una narrativa contraproducente para el fin que motiva esta movilización: la paz.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C.
Asociadas por lo Justo (JASS – Just Associates)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC
Colectivo las Alamedas
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.
Comité los Otros Desaparecidos de Iguala
Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C.
Estudiantes por una Política Sensata de Drogas
Familiares en Búsqueda, María Herrera, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
ReverdeSer Colectivo
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez A.C.
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.
Desaparecidos Justicia A.C.
Red Mesa de Mujeres de Cd Juárez
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
Casa del Migrante Saltillo
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

‪#‎PorLaPazMx‬

CELAC emite Declaración de Quito, sobre el problema mundial de las drogas

Al finalizar la II Reunión Ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) que se realizó en Quito, Ecuador, sobre el problema mundial de las drogas, los países miembros emitieron una declaración en la que resaltan la necesidad de contribuir al fortalecimiento de las instancias de la región latinoamericana en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El documento señala que se hace imperativo contar con una visión de consenso en el marco de la CELAC de cara a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas.

Ante ello, los países declaran que todas las políticas de drogas deben incorporar, de manera integral, los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

También se deben redoblar los esfuerzos conjuntos para comprender y contrarrestar las causas estructurales del problema mundial de las drogas y reafirmar los compromisos para prevenir y revertir los daños sociales generados por el problema mundial de las drogas.

Asimismo, indica que se deben promover acciones conjuntas que permitan identificar y combatir los grupos delictivos organizados involucrados en el tráfico de drogas, a fin de desarrollar amplias capacidades para afrontar los desafíos que se generan en nuestras sociedades.

A continuación, texto íntegro de la declaración:

DECLARACIÓN DE QUITO

II REUNION MINISTERIAL SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y EL CARIBE – CELAC – QUITO, ECUADOR

21 Y 22 DE MAYO 2015

PROPUESTA

Los Ministros y Ministras y autoridades de instituciones rectoras en el ámbito de drogas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC), reunidos en Quito, Ecuador, en ocasión de la II Reunión Ministerial sobre el problema mundial de las drogas, los días 21 y 22 de mayo de 2015.

Teniendo como referencia la Declaración Especial sobre el problema mundial de las drogas, adoptada en la Cumbre de Jefes y Jefas de Estados de CELAC reunidos en Belén, Costa Rica, los días 28 y 29 de enero del 2015.

Expresando preocupación por el impacto sobre la salud de las poblaciones, las instituciones democráticas, la grave afectación económica y daños sociales, como consecuencia del problema mundial de las drogas. Por ello consideramos necesario continuar fortaleciendo la cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas, promoviendo e impulsando políticas integrales en la materia.

Reconociendo la necesidad de mejorar la capacidad de los Estados de incorporar en sus estrategias la prevención, detección y sanciones a la delincuencia organizada dedicada a las actividades de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos que utilizan, entre otros, la intimidación, la corrupción y la violencia.

Reconociendo que la pluralidad social, cultural y económica de los países de la región debe permitir la formulación de políticas diversas, amplias e integrales, en el marco de las Convenciones de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales pertinentes.

Reconociendo las preocupaciones geográficas especiales de los pequeños Estados insulares del Caribe.

Reconociendo que para atender los nuevos retos que plantea el problema mundial de las drogas es necesario enriquecer en el ámbito de Naciones Unidas las respuestas ante este fenómeno.

Enfatizando que los esfuerzos que realizan los Estados en términos de disminuir el impacto que generan grupos delictivos organizados deben continuar complementándose, adicionalmente, con políticas centradas en el bienestar de los ciudadanos y en el respeto a los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, protección de la naturaleza, y del medio ambiente.

Reconociendo la necesidad de privilegiar medidas preventivas para hacer frente al problema mundial de las drogas con el fin de fortalecer el tejido social y el bienestar de las personas. En este sentido deben coordinarse acciones conjuntas entre el control y la prevención integral.

Valorando los esfuerzos que ha hecho la región, a través de la coordinación de políticas antilavado de activos, el control de precursores químicos, y los controles fronterizos, terrestres, marítimos y aéreos.

Reconociendo que el marco de las Convenciones sobre Drogas permite al Estado desarrollar políticas propias en el abordaje de la problemática. Dicho impulso debe mantenerse acorde con el Derecho Internacional y la jurisdicción soberana de los Estados.

Inspirados en el principio de la unidad en la diversidad,

DECLARAN

Que, es necesario seguir contribuyendo al fortalecimiento de las instancias técnicas y políticas propias de la región latinoamericana y de El Caribe en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Que, se hace imperativo contar con una visión de consenso en el marco de la CELAC de cara a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas UNGASS 2016, a celebrarse en Nueva York, en torno a los siguientes elementos:

Que, todas las políticas de drogas deben incorporar de manera integral los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de conformidad con el espíritu y el objetivo de salvaguardar la salud y el bienestar de la humanidad, en el marco de las tres convenciones de Naciones Unidas sobre drogas, en concordancia con la Carta de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales relevantes en la materia, respetando las decisiones soberanas de los Estados.

Redoblar los esfuerzos conjuntos para comprender y contrarrestar las causas estructurales del problema mundial de las drogas.

Reafirmar los compromisos para prevenir y revertir los daños sociales generados por el problema mundial de las drogas.

Alentar la generación de sinergias con todos los sectores sociales para la instrumentación de respuestas eficientes al problema mundial de las drogas que fortalezcan la cohesión e inclusión social.

Que, los Estados tienen pleno derecho a formular sus políticas de drogas a partir del reconocimiento de sus propias realidades sociales, económicas, culturales, históricas y geopolíticas, respetando plenamente su soberanía e integridad territorial.

Que, se continúe desarrollando, en el marco de las Naciones Unidas, políticas y medidas sobre drogas que, centradas en el ser humano, y tomando en cuenta los derechos inalienables de las personas y la protección de la naturaleza, avancen en enfoques integrales, equilibrados y multidisciplinarios para la reducción de la oferta y la demanda de drogas, así como en prevenir sus causas y reducir las consecuencias negativas, de este fenómeno socio económico.

Promover la generación e intercambio de evidencia científica que contribuya al trabajo de los órganos competentes de Naciones Unidas en la inclusión o eliminación de sustancias en las listas de control internacional.

Recordar lo establecido en la Declaración especial sobre la hoja de coca suscrita por los Jefes y Jefas de Estado de América Latina y El Caribe en La Habana, Cuba, durante los días 28 y 29 de enero del 2014.

Reconocer que el uso indebido de drogas es un problema de salud pública y que su manifestación extrema, la dependencia o la adicción, requieren abordar este fenómeno socioeconómico y cultural a través de la implementación de políticas de atención integral e inclusión social, de acuerdo a las legislaciones nacionales.

Promover acciones conjuntas que permitan identificar y combatir los grupos delictivos organizados involucrados en el tráfico de drogas, a fin de desarrollar amplias capacidades para afrontar los desafíos que se generan en nuestras sociedades.

Recordando que, en el marco de la Declaración Especial sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo acordada en Costa Rica, en la III Cumbre de CELAC 2015, en la que se reconocen sus necesidades únicas, estos Estados enfrentan preocupaciones geográficas por lo que en la aplicación del principio de responsabilidad común y compartida, sus necesidades especiales y vulnerabilidad deben ser reconocidas a nivel de las políticas de drogas regionales e internacionales.

Procurar, de conformidad con las legislaciones nacionales, en tanto no se genere impunidad, el desarrollo de medidas alternativas en la impartición de justicia, consistentes con las convenciones de Naciones Unidas sobre drogas y el derecho internacional.

Que, los Estados miembros de CELAC considerarán las contribuciones de todos los órganos del sistema de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, la sociedad civil, la academia, los legisladores y otros actores relevantes, cuando corresponda, en el marco del proceso hacia la UNGASS 2016.

Considerar como una política de Estado, de acuerdo a las distintas realidades nacionales, un conjunto de medidas encaminadas a potenciar la incorporación de la comunidad, con un enfoque territorial, en programas y proyectos productivos, socio económicos y de protección del ambiente, que reduzcan la posibilidad de su participación en actividades ilícitas relacionadas con las drogas y promuevan el desarrollo humano integral, destacando entre ellas el desarrollo alternativo, integral y sostenible, incluido el preventivo, cuando corresponda.

Agradecer al Gobierno del Ecuador, a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a sus autoridades competentes en materia de drogas, por organizar y coordinar la II Reunión Ministerial sobre el Problema Mundial de las Drogas, efectuada en la ciudad de Quito, entre los días 21 y 22 de mayo de 2015, al tiempo de saludar a la República Dominicana por acoger la III Reunión Ministerial sobre el Problema Mundial de Drogas, en el ámbito de UNGASS 2016.

Fuente: el 19 digital-  http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:29544-celac-emite-declaracion-de-quito-sobre-el-problema-mundial-de-las-drogas

Posicionamiento de ReverdeSer Colectivo ante las noticias recientes sobre “distribución de drogas” en la FCPyS-UNAM

El 10 de mayo de 2015 la revista Proceso publicó la nota “Ciencias Políticas de CU, centro de distribución de drogas” en la cual destaca el aumento en la venta de sustancias ilegales dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (Universidad, UNAM) durante el último año y medio, así como la relación con el aumento en la inseguridad que han percibido estudiantes y la planta docente.

Esta situación sin duda representa un reto para la Universidad, sin embargo, no es un reto que enfrenta de manera aislada. A nivel nacional estamos viviendo una situación de violencia generalizada a partir de la declaración de guerra contra el narco que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa realizó en diciembre de 2006. Desde entonces, el gobierno federal ha implementado una estrategia militarizada que destaca como uno de sus objetivos la desarticulación de los grupos dedicados al narcotráfico. Esto ha resultado en la exacerbación de ciclos de violencias, la multiplicación del número de organizaciones criminales y la extensión de la presencia de éstas en el país.[1]

La PGR asegura que a finales de 2014 operaban 9 cárteles, distribuidos en 23 estados de la República, y 45 células delictivas que, además del tráfico de drogas, han extendido sus actividades a otros delitos como la extorsión, el secuestro, el cobro de cuotas de piso y el robo de hidrocarburos.[2] Es absurdo pensar que las instalaciones de Ciudad Universitaria quedan exentas de las complejas problemáticas sociales que vive nuestro país y es más absurdo aún tratar el tema como si fuera un problema aislado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La estrategia de combate al narcotráfico que se ha implementado a nivel nacional ha resultado en violaciones graves de derechos humanos: más de 70,000 personas asesinadas[3], más de 25,000 personas desaparecidas[4] y al menos 280,000 personas desplazadas por la violencia[5]. Es claro que resulta necesario buscar otro camino.

ReverdeSer Colectivo considera que la posible resolución de esta situación pasa necesariamente por un cambio de políticas públicas a nivel nacional que incluya la implementación de un modelo de regulación de drogas que permita la separación de este mercado de otros mercados violentos, así como la instalación de puntos regulados de venta de mariguana en el Distrito Federal que desvíen el mercado de las instalaciones universitarias.

La UNAM ya se ha pronunciado sobre este tema. En abril de 2012 la Universidad organizó el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas[6], en donde afirmó la necesidad de crear nuevas estrategias de seguridad y de replantearse la política prohibitiva de drogas que se impone a nivel nacional. En la clausura del Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas, el Rector afirmó que “pensar que la solución sólo pasa por la policía y la prisión, es francamente insensato”.[7]

Este es un momento clave para que la UNAM vuelva a participar del debate que se está dando a nivel nacional e internacional entorno a la política de drogas, dejando atrás la búsqueda de “soluciones inmediatas”, que resultan siempre insuficientes y con graves efectos secundarios, e impulsando una aproximación integral, no punitiva, al tema de las drogas. Un paso contundente en este sentido sería la publicación de las conclusiones del Foro antes mencionado, tarea que queda pendiente desde hace tres años.

La UNAM tiene la oportunidad de alejarse del discurso del enemigo y de sustituir las prácticas punitivas y policiales por acciones encaminadas a la reconstrucción del tejido social, partiendo del reconocimiento de que la venta de sustancias ilícitas es resultado de una serie de complejas dinámicas sociales que no pueden resolverse con la expulsión de un grupo de personas de un espacio. También tiene la oportunidad de dejar de ser una institución más que criminaliza a las personas usuarias de sustancias por realizar prácticas no violentas, reconociendo que muchas de estas personas son miembros de la comunidad universitaria.

Es importante que esta situación no nos orille a la implementación de medidas que, además de tener limitadas posibilidades de generar efectos positivos, no coinciden con el espíritu de la Universidad, como es el caso de la instalación de cámaras y torniquetes y la credencialización.

De ninguna manera cerrar espacios estudiantiles, imponer soluciones unilaterales, expulsar estudiantes o criminalizar a las personas usuarias de plantas y sustancias actualmente ilícitas fomentará una resolución del conflicto. Al contrario, profundizará más este síntoma e impedirá que la comunidad universitaria trabaje en conjunto para satisfacer las necesidades de cambio que se presentan y reapropiarse de la seguridad colectivamente.

De la misma manera, en nada abonan las afirmaciones alarmistas que indican que “la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se ha convertido en el principal punto de venta de drogas en el sur de la Ciudad de México”[8] y que sostienen que estas conductas no deseadas son llevadas a cabo casi exclusivamente por habitantes de Santo Domingo, dado que resultan carentes de información rigurosa que las sustente y fomentan la criminalización y estigmatización.

Aprovechemos este momento para dar un debate serio sobre la seguridad y la política de drogas en Ciudad Universitaria y a nivel nacional.

[1] Guerrero, Eduardo. “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco” http://www.nexos.com.mx/?p=13844

[2] Redacción Aristegui Noticias “Hay 9 cárteles del narco en México; controlan 43 pandillas: PGR” http://aristeguinoticias.com/1609/mexico/hay-9-carteles-del-narco-en-mexico-controlan-43-pandillas-pgr/

[3] Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, Mission to Mexico. June 12th, 2014.

[4] Registro Nacional de Personas Desaparecidas

[5] Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. “Violaciones Graves a Derechos Humanos en la Guerra contra las Drogas en México”, 2015.

[6] Boletín UNAM-DGCS-244 “Organiza la UNAM el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas” http://enes.unam.mx/?lang=es_MX&cat=sociedad&pl=insensato-pensar-que-la-solucion-al-problema-de-las-drogas-solo-pasa-por-la-policia-y-la-prision

[7] Boletín UNAM-DGCS-270 “Insensato, pensar que la solución al problema de las drogas sólo pasa por la policía y la prisión” www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_270.html

[8] Dávila, Patricia. “Ciencias Políticas de CU, centro de distribución de drogas” www.proceso.com.mx/?p=403721

Mujeres Encarceladas: Fotos muestran el costo humano de las políticas de drogas en las Américas

A lo largo de América Latina, las sentencias por delitos de drogas de bajo nivel y no violento son desproporcionadas y resultan particularmente difíciles para las mujeres. WOLA ha creado un ensayo fotográfico que muestra el costo humano de las actuales políticas sobre drogas en las Américas. Las fotografías narran las historias de cuatro mujeres, y cada una de ellas ofrece una perspectiva aguda y singular sobre el perturbador ciclo de pobreza, participación marginal, encarcelamiento y reincidencia, al cual las mujeres se ven sometidas con demasiada frecuencia.

Más de 90 por ciento de las mujeres encarceladas en el Centro Penitenciario Buen Pastor de Costa Rica tienen tres hijos o más. Sostener a estos hijos mientras se encuentran encarceladas puede resultar difícil, si no imposible. Estos relatos fueron escogidos por ser representativos de los perfiles vistos a menudo en mujeres encarceladas a lo largo del continente. Las mujeres en las siguientes presentaciónes están encarceladas allí cumpliendo condenas reducidas por haber admitido su involucramiento en el mercado de drogas. Sus casos son representativos de lo que sucede a lo largo del continente. Ellas nos comparten sus historias.

Madre Encarcelada 

Lidieth, de 45 años de edad y con cuatro hijos, cuenta que fue arrestada por vender desde su vivienda pequeñas cantidades de crack y cocaína para mantener a su familia. Dos de sus hijos adultos fueron involucrados en el negocio familiar y enviados también a prisión. Incluso desde la prisión, Lidieth continúa cuidando a sus dos hijos menores, y ella cree que la más pequeña está siendo sometida a abusos en la casa donde vive. Lidieth actualmente cumple una sentencia de cinco años y cuatro meses, por declararse culpable de forma anticipada.

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Abandonada por el Sistema

Sara, de 50 años, huyó de su familia a la edad de 13 años para escapar del abuso sexual que sufría por parte de su tío. Sin educación ni oportunidades, desarrolló una dependencia en las drogas y trabajó como trabajadora sexual, y eventualmente fue arrestada por vender pequeñas cantidades de crack para mantener su consumo. Presa del pánico, Sara trató de sobornar con el equivalente de US$3.75 al oficial de policía a cargo de su arresto. Actualmente viene cumpliendo una sentencia combinada de siete años, obtenida a cambio de declararse culpable de ambos delitos.

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Portadora en un Círculo Vicioso

Johanna, de 31 años, creció en un hogar donde sus padres vendían drogas, y estuvo expuesta a esta actividad desde temprana edad. Cuando su madre fue encarcelada y las cosas se pusieron difíciles para sus hermanos, ella aceptó llevar a Europa una maleta con drogas, pero en lugar de ello fue obligada a tragar 84 paquetes de cocaína envueltos en látex, lo cual casi le cuesta la vida. Fue encarcelada en Venezuela, pero al ser liberada cayó de nuevo en el negocio. Actualmente cumple una sentencia de seis años y seis meses por vender marihuana.

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Vida Después de la Prisión

“J”, de 28 años, es madre soltera de seis hijos. Para mantener a su familia, ella aceptó ingresar drogas a una prisión pero a último minuto se arrepintió y entregó las drogas a los guardias de la prisión. Fue arrestada y sentenciada a más de cinco años. J se benefició de un cambio administrativo a las leyes sobre drogas en el país, y fue liberada tras cumplir sólo cuatro meses en la cárcel, pero el registro de sus antecedentes hace casi imposible que encuentre empleo. Ella no cuenta con apoyo familiar, y no tiene hogar ni trabajo. Este delito figurará en sus antecedentes durante los próximos 10 años.

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Fuente: WOLA- http://www.wola.org/es/comentario/mujeres_encarceladas_el_costo_humano_de_las_politicas_actuales_en_las_americas

Ya Uruguay enseña a sus médicos a usar la marihuana medicinal

Montevideo – Uruguay prepara su primer curso de formación en “medicina cannábica”, con participación del farmacólogo español José Carlos Bouso, para capacitar a los profesionales de salud sobre el uso medicinal de la marihuana, uno de los aspectos de la ley que regula esa sustancia en el país.

“Es la primera vez que se hace un curso de medicina cannábica en Uruguay. Consistirá en módulos introductorios y otros sobre patologías y la prescripción de la marihuana en tratamientos neurológicos, analgésicos y psiquiátricos, por ejemplo”, explicó hoy a Efe Julia Galzerano, quien coordina la iniciativa desde el Sindicato de Médicos de Uruguay (SMU).

La propuesta del SMU cuenta con el apoyo del Centro Internacional para Servicios e Investigación en Educación Etno-botánica (ICEERS, por sus siglas en inglés), que enviará expertos para brindar la capacitación.

Entre ellos, el psicólogo español y doctor en farmacología José Carlos Bouso retorna a Uruguay, en donde también participó en el debate sobre la aprobación de la ley de marihuana hace dos años.

En principio, la formación acogerá a 125 médicos y estudiantes avanzados de medicina entre agosto y octubre de este año.

“Tenemos la idea de armar alguna modalidad virtual para que sea accesible a Latinoamérica más adelante, pero arrancaremos con esta primera edición presencial”, dijo Galzerano.

La Junta Nacional de Drogas (JND) será responsable de promover la la convocatoria nacional para el curso como parte de las políticas públicas en este tema, según un comunicado de la Presidencia de la República.

“Si bien está reglamentado el uso medicinal del cannabis, es importante tener un cuerpo profesional que esté preparado para saber cuáles son sus usos y desarrollar investigación”, opinó el secretario general de la JND, Milton Romani.

La ley que regula la producción y el mercado de compraventa de cannabis fue aprobada en diciembre de 2013, pero la reglamentación de su uso para fines científicos y medicinales fue decretada el pasado febrero, días antes que se terminara la gestión del entonces presidente, José Mujica, impulsor de esa legislación.

Fuente: Noticel- http://www.noticel.com/noticia/175860/ya-uruguay-ensena-a-sus-medicos-a-usar-la-marihuana-medicinal.html

¿Por qué la Guerra contra las Drogas genera violencia?

Por Alejandro Tlacaélel Ramírez De León

El viernes 1 de mayo en Jalisco y estados vecinos ocurrieron 39 bloqueos, 16 muertes y el derribo de 1 helicóptero de las fuerzas federales por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Si bien, aunque no es la primera vez que narcotraficantes atacan aeronaves de fuerzas federales, y que los niveles de violencia y homicidios por la Guerra a las Drogas en México se han mantenido casi constantes desde 2010, sí es la primera vez que un ataque directo logra derribar un helicóptero. Este aumento en la capacidad de fuego y de generar violencia no es exclusivo del CJNG, sino que es algo generalizado en los principales grupos narcotraficantes en México. Esto no es de ningún modo casual, sino que es generado por el modelo microeconómico de Guerra a las Drogas que explicaremos a continuación.

Los eventos del 1 mayo en Jalisco posiblemente fueron parte de la reacción de Nemesio “El Mencho” Oseguera, o algún otro miembro de alta jerarquía, ante su casi captura por fuerzas federales. Esta reacción por parte del CJNG no es nueva, lo mismo ocurrió en 2011, y en agosto de 2012, cuando el mismo cártel reaccionó con 22 bloqueos en Jalisco y Colima.

Desde que el gobierno mexicano inició la actual “Guerra contra las Drogas”, 28 helicópteros de las fuerzas federales (Fuerza Aérea, Marina, y Procuraduría General de la República) han sido atacadas por grupos narcotraficantes. Esto ataques se han hecho cada vez más efectivos. En 2008, 4 helicópteros fueron atacados con disparos; en 2009 atacaron 6 del mismo modo, dañando motor, rotores y puertas; en 2010 ocurrieron 14 ataques con daños en parabrisas, fuselaje y rotores; en 2011 se reportaron 3 ataques parecidos, aunque se cree que fueron más. Antes del inicio oficial de esta Guerra a las Drogas, los cárteles ya habían atacado helicópteros, aunque no de modo directo. En 2003, 2 helicópteros cayeron al chocar con cables que los grupos narcotraficantes colocan sobre plantíos de Amapola, precisamente con esa finalidad, y por el ataque a disparos de quienes vigilaban dicho plantío, en esa ocasión murió toda tripulación. En lo que va del sexenio, han sido atacadas 55 aeronaves.

En 2007 el gobierno mexicano inició abiertamente una política de ataque frontal contra la mayoría de organizaciones dedicadas al narcotráfico, siendo para ello utilizadas las policías municipales, estatales, federales y el ejército. Con el regreso del PRI al gobierno federal, las cosas han cambiado sólo en el discurso, pero la estrategia de combate a las drogas, así como sus consecuencias, siguen siendo prácticamente las mismas; muestra de ello son los niveles de homicidios a nivel nacional.

Porcentaje de muertes por homicidio, con respecto al total de muertes violentas. México 2000-2013

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

La historia de la Guerra contra las Drogas puede rastrearse hasta 1909, si bien el inicio formal fue en 1912 con la Convención de La Haya de 1912 sobre Opio (Collins, 2012). Desde su inicio el principal objetivo fue eliminar la oferta de drogas (guerra a productores; decomisos, encarcelamiento de distribuidores), criminalizándose al consumo y dejando de lado cualquier otra política dirigida a contener la demanda. Los impulsores de la Guerra a las Drogas esperan que en el proceso de eliminación de la oferta, los productores tengan que destinar más recursos a las actividades relacionadas con producción de drogas, por ejemplo para ocultar sus instalaciones, flujo de dinero, sobornar autoridades, y otros gastos relacionados con preservar su seguridad física;  a la par que tendrían que hacer frente a las pérdidas por la confiscación de drogas y encarcelamiento de personas que participan directamente en la cadena de producción.

En su conjunto, esto se traduciría en un incremento en el precio de los estupefacientes, lo que desincentivaría su consumo, eventualmente reduciendo los ingresos de los productores hasta el punto en que no pudieran continuar sus actividades. Haciendo uso del esquema planteado por Becker, Murphy, y Grossman (2006) (Gráfica 1) se muestra el punto f, que corresponde al equilibrio en libre mercado, es decir sin Guerra a las Drogas. El punto w es el punto de equilibrio con Guerra a las Drogas. Como se ve, este tipo de intervención gubernamental lleva, en teoría, a un incremento en precio y una disminución de la cantidad de drogas. La diferencia entre ambos puntos son los ingresos que el productor pierde.

Sin embargo, si la demanda de drogas es inelástica (es decir, que el nivel de consumo del bien se mantiene casi igual sin importar que su precio al consumidor final tenga variaciones), los incrementos en los costos de la producción de drogas generados por la Guerra contra las Drogas pueden ser cubiertos por los productores (pues no se reducen sus ingresos ya que la demanda cae muy poco). E incluso es posible que sus ingresos se incrementen, permitiéndoles escalar su potencia de fuego hasta estar a la par del ejército.

Este hecho es una de las razones por las cuales es posible decir que la Guerra a las Drogas no logrará eliminar la oferta de drogas y por el contrario, al generar agentes violentamente competitivos seguirá generando consecuencias negativas en los territorios en que se aplique. Consecuencias que incluyen el aumento exponencial de homicidios, lo que es totalmente inaceptable. Es urgente cambiar la política global de drogas hacia una de legalización.

*gl

Aclaración:
El contenido mostrado es responsabilidad del autor y refleja su punto de vista, mas no la ideología de DineroenImagen.com

Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas

Por:

En un reciente artículo publicado en el periódico El Financiero, Salvador Camarena reporta que el General Cienfuegos, Secretario de la Defensa, comenzó un discurso ante el Consejo Coordinador Empresarial de la siguiente manera: “los saluda el jefe de la Policía Municipal de Poza Ricar, Veracruz, el director de la Estatal de Seguridad de Durango, el encargado de la seguridad pública de Saltillo, el jefe de la operación de seguridad en la frontera…” y continúa diciendo que “El general leyó puestos de una veintena de localidades…”.

La cita ilustra dos costos constitucionales –esto es, el menoscabo de compromisos constitucionales básicos- que los mexicanos hemos pagado gracias a la “guerra contra las drogas”: la centralización del régimen federal y la creciente militarización de la vida pública. La idea de “costos constitucionales” se inspira en el creciente esfuerzo por cuantificar los “costos” de la guerra contra las drogas a nivel mundial. Un costo constitucional se presenta cuando afirmamos un compromiso constitucional -esto es, un valor, principio, institución o derecho fundamental- y simultáneamente lo socavamos con alguna política o medida que, en teoría, es coyuntural (sobre los costos constitucionales, ver este estudio que forma parte de los trabajos realizados por el Programa de Política de Drogas del CIDE).

Cuando el Secretario de la Defensa se presenta, con razón, como jefe de la policía municipal de tal o cual municipio o como director de la seguridad estatal de tal o cual estado, debemos alarmarnos no sólo por lo evidente -que ese municipio o ese estado tienen graves problemas de seguridad-, sino porque el arreglo institucional del que veladamente se queja el Secretario de la Defensa está abiertamente violentando un principio medular de nuestro sistema constitucional. El que el gobierno federal centralice las funciones que constitucionalmente les corresponden a los gobiernos estatal o municipal apunta a que nuestro federalismo está naufragando. Si nuestro General Secretario es el responsable de la seguridad pública en nuestras ciudades y comunidades -y no sólo de la seguridad nacional en nuestras fronteras- el carácter “civil” de nuestro gobierno está a disposición del mando militar.

La Constitución mexicana –que pronto cumplirá 100 años de vigencia- consagra al federalismo como uno de los principios fundacionales de nuestra República (artículo 40) y ordena que las “instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”, por oposición a militar (art. 21). Señala, además, que en “tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” (artículo 129). El gobierno actual como el anterior -así como los gobiernos estatales y municipales involucrados- no respetan ni uno ni otro mandato constitucional: la seguridad pública está cada vez más militarizada, y las funciones municipales y estatales en materia de seguridad pública son asumidas más y más por el gobierno federal.

costosHabrá quien me diga que esto está bien, que los gobiernos municipales y estatales no pueden con ni con su alma, que son demasiado vulnerables ante la delincuencia organizada, que el Ejército es más confiable que la policía y que el arreglo es sólo temporal. Tengo mis dudas -porque llevamos casi una década recetando y tragando más militarización y más centralización para enfrentar los males de la inseguridad, y todo indica que lo que consistentemente hemos logrado es más muerte y más inseguridad-, pero ese no es el punto. Si queremos un régimen centralista y un gobierno militarizado, deberíamos decirlo tal cual y consagrarlo en nuestra Constitución. De otra forma, seguiremos ante un régimen travesti: se viste de federal, pero es centralista; se viste de civil, pero el mando militar es quien realmente manda. Mientras la Constitución diga “federalismo” y “gobierno civil” pero las autoridades hagan “centralismo” y “militarización”, el gobierno está mermando el régimen constitucional del que abreva la autoridad. ¿Con qué cara nos hablan nuestros altos gobernantes de “Estado de derecho” y “hacer cumplir la ley”; mejorar la justicia y combatir la corrupción, cuando son los primeros en hacer de lado la Constitución? Que no nos sorprenda la crisis de legitimidad y de credibilidad de nuestra clase política, hoy en plena metástasis. La seguridad pública no se puede construir sobre la tumba de la seguridad jurídica de la ciudadanía; la justicia no puede ser un juicio sumario a cargo del mando policíaco o militar en tal o cual “enfrentamiento”. Si hemos de construir confianza entre ciudadanía y autoridades, tenemos que al menos buscar que lo hecho por las autoridades no vaya en dirección opuesta a lo dicho en la norma.

La guerra contra las drogas nos está costando miles de muertes y millones de pesos en impuestos e inversión, cosas de las que se habla diariamente. Pero también nos está costando la democracia y violentando el federalismo; nos está costando nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de tránsito y nuestra seguridad jurídica; nos está costando la credibilidad del gobierno, el proyecto mismo de autogobierno, pues las autoridades locales electas gobiernan cada vez menos. Nos está costando, en suma, gran parte de lo que hasta hace poco había constituido el corazón de ese proyecto político que llamamos México. Las medidas que hemos tomado “para que las drogas no lleguen a tus hijos” nos han deformado como país y como proyecto político colectivo. Es preciso preguntarnos: ¿Qué hemos perdido de nuestro proyecto colectivo, de nuestra anhelada democracia y de nuestra endeble seguridad jurídica en ese esfuerzo por lograr “un mundo sin drogas”? Sobre todo, es preciso preguntarnos, ¿qué tanto más estamos dispuestos a perder con tal de seguir intentando obligar a nuestros compatriotas, pero sobre todo a los habitantes de nuestro país vecino, a decirle “no a las drogas”. Los costos constitucionales se acumulan y todo indica que han llegado para quedarse. Cuando -más pronto que tarde- el gobierno acepte que es insensato pretender suprimir los mercados de las drogas y comience la tarea de pensar cómo regularlos, los costos constitucionales habrán echado raíz y nuestro proyecto político colectivo -ese que propone federalismo, autogobierno y autoridades civiles- habrá quedado irreconocible.

Mi pronóstico es lúgubre: pronto abandonaremos la “guerra contra las drogas” y la prohibición penal como política de salud, pero el aparato represivo y el estado policíaco-militarizado que hemos construido en estos años sobrevivirá. Desde finales del sexenio anterior, el gobierno abandonaba “las drogas” como el mal cuyo combate lo justificaba todo: construido el aparato represivo en nombre la guerra contra las drogas, lo de menos es transitar a un nuevo “coco” para justificar su permanencia.

Después de Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán, es cada vez más difícil tapar el sol con un dedo: nuestras autoridades están violando las leyes y asesinando con una frecuencia preocupante y, en ocasiones, con los mismos métodos que los criminales a quienes pretenden combatir (basta recordar, por ejemplo, el caso de Beltrán Leyva) sin que eso se traduzca en mayor seguridad para los ciudadanos. Hoy es innegable que resulta más fácil sacar a “los federales” -sean militares o policías militarizados- a la calle, que controlarlos o regresarlos al cuartel. Además, parece que se nos está olvidando nuestra historia reciente: nadie parece reparar en lo difícil que fue arrancar prerrogativas arbitrarias a nuestras autoridades durante el último tercio del siglo pasado. Fue mucho más difícil acotar y distribuir el poder político para atenuar el abuso en su ejercicio, de lo que está siendo concentrarlo nuevamente en torno al presidente de la República. Si seguimos como vamos, lloraremos mañana lo que no estamos queriendo o sabiendo defender hoy.

Alejandro Madrazo Lajous. Investigador y profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @BuenMadrazo

Fuente: Cide- http://derechoenaccion.cide.edu/los-costos-constitucionales-de-la-guerra-contra-las-drogas/

Fuente de la imagen: https://cronicadesociales.files.wordpress.com/2010/06/fisgon3.jpg

La OEA ya no cree en la ‘Guerra contra las drogas’

La Universidad de Panamá organizó esta semana un seminario sobre los retos que enfrenta Centro América y Panamá donde fueron discutidos, entre otras cosas, el colapso de la política de ‘Guerra contra las drogas’. Se espera que circule a corto plazo una memoria del evento, organizado por el Observatorio de las Drogas y el Departamento de Sociología de la primera casa de estudios del país.

Según la Organización de Estados Americanos (OEA) hay más de 3.5 millones de personas encerradas en las cárceles del hemisferio (la mayor parte en EEUU y el resto en América latina). Un tercio de ese total está en la cárcel por delitos, generalmente menores, relacionados con las drogas. La OEA señala que la región debe reducir ese número de privados de libertad que “vulnera los derechos humanos”.

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en una reunión reciente llegó a la conclusión que todos los planes para combatir el flagelo han arrojado resultados desastrosos. El informe que se presentó en el seno de la reunión de CICAD destacó el aumento sistemático del consumo de drogas ilícitas entre los sectores más jóvenes de la población. También informó sobre el incremento del número de jóvenes encarcelados por las políticas represivas absurdas que se han aprobado en los últimos lustros.

El CICAD recomienda ahora que es necesario hacer énfasis en la perspectiva de la salud pública en lugar de centrarse en la persecución criminal. Este enfoque es el presentado por el procurador general de EEUU el año pasado. Washington, la OEA y el CICAD coinciden en que el sistema de justicia y de encarcelamiento vigentes están en crisis. El sistema colapsó y buscan fórmulas para reconstruir una política que enfrente los errores cometidos en el pasado. En EEUU la mayoría de los presos son jóvenes. Además, más del 50 por ciento de éstos son casos relacionados con las drogas.

EEUU reconoce ahora que la política de la ‘Guerra contra las drogas’ formulada por Nixon en 1972 sólo empeoró el problema. A su vez, cuando Reagan ‘globalizó’ esa línea de acción lo que hizo fue internacionalizar la crisis. Durante más de 40 años, la ‘Guerra contra las drogas’ le permitió al crimen organizado participar en forma más activa en el sistema financiero de EEUU. Como consecuencia, logró penetrar el sistema financiero mundial. Se calcula que cerca de mil millones de dólares producto del negocio de las drogas ilícitas se lavan anualmente en el sistema bancario norteamericano y sus ramificaciones a escala global.

En la actualidad, los gastos que representa la ‘Guerra contra las drogas’ superan las ganancias que se producen en el sistema financiero. EEUU busca la fórmula para convertir el consumo de drogas en un negocio lícito, poniendo fin a la política de criminalización fracasada. La OEA felicita a países con los niveles más altos de violación de los derechos humanos por sus esfuerzos en esta materia.

Un poco en serio y otro poco en broma, la OEA dijo que EEUU y Colombia están trabajando en un plan para mejorar las condiciones carcelarias de sus países. Sorprendió a todos cuando agradeció a Colombia por su liderazgo en la exploración de alternativas al encarcelamiento desde un enfoque de derechos humanos. México y Colombia tienen los peores antecedentes en materia de derechos humanos de América latina. La Casa Blanca no tardó tampoco en felicitar a Bogotá.

La Casa Blanca dijo que “no debemos confiar en las fuerzas de seguridad y hay que buscar una perspectiva de salud pública”. El CICAD agregó que “las prioridades no deben ser la reducción de la oferta y el control de estupefacientes, sino la prevención del consumo y de los daños asociados”.

Mientras que el tráfico de drogas ilícitas sea un negocio, los discursos de los políticos se lo llevará el viento. La única manera de acabar con la criminalización de la droga es mediante la regulación de su comercialización. Este paso se enfrenta a una oposición de los sectores que controlan los hilos financieros en los más altos niveles bancarios de EEUU y sus ramificaciones globales. También se opondrán a una regulación los fabricantes de armas y las instancias militares y policiales que se benefician del negocio de la ‘Guerra contra las drogas’. Forman parte de una red global de venta y contrabando de armas que se legitima reprimiendo a los consumidores y adictos.

Fuente: http://www.marcoagandasegui15.blogspot.mx/

Fuente de la imagen: http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.metroecuador.com.ec%2F54719-la-oea-se-rectifico-en-informe-de-drogas.html&ei=XeBQVYOmJ8qxsAWfqYHgBw&bvm=bv.92885102,d.b2w&psig=AFQjCNG5Um-KqKvX9jRgC9hmCpTJqxHxNg&ust=1431448337538164

Centros de consumo de drogas, una idea que no pudo cuajar

Por: 

Hace tres años, Edwin Franco, de 35 años, escuchó que en Bogotá se iban a poner en marcha los llamados centros de consumo controlado de drogas, una idea de la administración de Gustavo Petro para combatir la adicción desde la salud pública y no desde la represión policial.

“Yo estaba como un loco buscando ese sitio para consumir sin pagar… lógico yo era un adicto”, recuerda Franco.
Hoy, luego de la intensa polémica que se desató en la ciudad y el país por esta idea, el proyecto del Distrito no se pudo concretar por la ausencia de un marco legal que permita el suministro de sustancias a drogodependientes.

En el 2012, Petro hizo el anuncio en los medios. “Los adictos sin dinero no tendrían que buscar plata y no entrarían en contacto con el microtráfico. Y si el microtráfico disminuye, su demanda se debilita”.

En esa ocasión, el Alcalde planteó la posibilidad de utilizar la droga incautada para tratar a los adictos en los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes (Camad), otra estrategia para brindar atención médica a esta población.
La polémica estalló porque el propio director de la Policía en ese entonces, el general León Riaño, advirtió que las autoridades no podían entregar ninguna droga incautada.

Petro tenía esperanzas en que el presidente Juan Manuel Santos intercediera y apoyara su propuesta. “Si el Gobierno lo permite, el Presidente dijo que estaba dispuesto a permitir el suministro de drogas, solo bajo prescripción médica, y se podría pensar en la reglamentación de ese suministro de drogas”, dijo el Alcalde en el 2012.

Tres años después, su proyecto no tuvo ningún resultado. El secretario de Salud del Distrito, Mauricio Bustamante, reconoció que los centros de consumo controlado de droga no se materializaron. “No existe una normatividad al respecto”, dijo el funcionario, en diálogo con EL TIEMPO.

“No podemos llevar los centros de consumo controlado por la Ley 30, que señala como ilegal que entidades del Gobierno provean sustancias psicoactivas”, explicó Camilo Kuan, asesor del Alcalde Mayor en temas de drogodependencia.

Pese a los vacíos legales, el Distrito insiste en las ventajas de los centros de consumo controlado de droga, pues señala que han sido exitosos en Suiza y Canadá.

No obstante, los expertos piensan lo contrario. Augusto Pérez, director de la Corporación Nuevos Rumbos, dice que ese proyecto no está aterrizado a la realidad colombiana. “Se nos olvida que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca”. Agregó que en Europa y Canadá la legislación es distinta y los gobiernos “disponen de un lugar en donde las personas pueden consumir las drogas que ellos mismos compran con el objetivo de reducir riesgos y daños (transmisión de enfermedades por el uso de jeringas, entre otras)”.

Franco, a quien en su momento le sonó la idea de Petro, dejó las calles y ya completa tres meses en un proceso de recuperación en la fundación Vuelve a casa. Hoy, considera que los centros de consumo controlado no le habrían ayudado a recuperarse, porque allí habría seguido consumiendo.

Los Camad sí resultaron

Los Camad sí salieron adelante y hoy existen 17 centros ubicados en 14 localidades de Bogotá, entre ellas Kennedy, La Candelaria, Puente Aranda, Suba y Chapinero. Igualmente, hay seis Camad móviles y otros en La Picota y la cárcel Distrital.

Según la Secretaria de Salud, entre septiembre del 2012 y diciembre 2014 fueron atendidas 21.759 personas, quienes recibieron atención en salud, trabajo social, psicología, medicina, odontología, grupo conversacional, pruebas de laboratorio clínico (para diagnosticar VIH, sífilis y tuberculosis) y psiquiatría. El costo que la Alcaldía pagó por cada beneficiario fue de $ 106.136. El 45 por ciento de las personas que han sido atendidas no pertenecen a ningún régimen de salud. Las sustancias de mayor impacto entre los habitantes de calle son el bazuco, la marihuana y el alcohol.

Augusto Pérez, coordinador para Colombia de la Red Latinoamericana de Investigadores en Drogas (Redla), dice que los resultados se deben analizar con cautela. De hecho, se espera que el Banco Interamericano (BID) revele un diagnóstico. Jorge Forero, médico psiquiatra y presidente del Instituto para el Desarrollo de la Salud Emocional, dijo que los Camad “son el primer paso para entregar una solución social al problema de la drogadicción”.

NATHALIE RÍOS RÍOS
Especial para EL TIEMPO
*rionat@eltiempo.com

Fuente: EL TIEMPO- http://www.eltiempo.com/bogota/centros-de-consumo-de-drogas-en-bogota-no-se-materializaron/15702042

Fuente de la imagen: http://www.pulzo.com/bogota/posible-sobrecosto-en-pago-empleados-de-centros-de-atencion-movil-drogodependientes-100396

Arraigo: el hijo de la guerra contra las drogas arropado por la SCJN

Por: Karen Silva (@karensvm)

En diciembre de 2006, a pocos días del inicio de su mandato, la Presidencia de la República -encabezada en ese entonces por Felipe Calderón- anunció el inicio de la absurda y fracasada guerra contra las drogas. Esta guerra ha tenido resultados negativos desde cualquier perspectiva en que se mire.

Con la intención de favorecer la implementación de esa lucha contra el crimen, se realizaron diversas modificaciones legales y constitucionales, que se han sumado a los costos de la guerra, principalmente en materia de derechos.[i] Recordemos que en junio del 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de justicia penal, con la cual se transita hacia un sistema procesal acusatorio. En contraste, la misma reforma establece un régimen especial o de excepción, en el cual se restringen ciertos derechos para un determinado grupo de personas: las acusadas por delincuencia organizada; esto bajo el pretexto de favorecer la investigación y persecución estos delitos y hacerla más eficaz.

Dentro del régimen de excepción, una de las medidas más relevantes fue la incorporación de la figura del arraigo en la Constitución, como un instrumento que buscaba dar herramientas al Ministerio Público para perfeccionar la investigación en estos delitos.

El pasado 14 de abril, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece el arraigo para delitos graves (es decir, no solo para delincuencia organizada), es constitucional (por lo menos, en tanto entra completamente en vigor el sistema procesal acusatorio).[ii]

Antes de referirme a los argumentos en que se basó la Corte para su decisión, mencionaré de manera muy breve por qué el arraigo es una figura injustificadamente restrictiva de derechos humanos e ineficaz para los fines para los que supuestamente fue constituida:

El arraigo es una restricción directa al derecho a la libertad personal, la cual no es válida, pues no cumple con los requisitos exigidos internacionalmente para restringir válidamente un derecho. La presunción de inocencia también es vulnerada con la implementación del esta figura, pues se restringe la libertad a una persona fuera de proceso sin que haya siquiera sido acusada formalmente.

Por otro lado, el arraigo amplía las posibilidades de que una persona sea torturada, debido a la discrecionalidad y escaso control jurisdiccional en su ejecución, cuestión que ha sido constatada y documentada aquí.

Además, el arraigo se ha caracterizado por ser una medida poco efectiva para combatir a la delincuencia.[iii] Los números no mienten: de acuerdo con el Informe “Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal”, elaborado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y por la CMDPDH, la PGR informó que entre 2008 y 2011, de un total de 8,595 personas arraigadas en el ámbito federal, únicamente el 3.2 por ciento obtuvo una sentencia condenatoria, lo cual indica que este método es inútil como una herramienta que facilite la investigación. No obstante sus insuficientes resultados, el arraigo ha sido una medida de la que se ha abusado y que ha sido aplicada de manera indiscriminada, discrecional y arbitraria; se ha convertido en una medida que cumple con la necesidad de suplir las deficiencias de las instituciones responsables de la investigación de los delitos, lo que se traduce en una tendencia de detener para investigar, en lugar de investigar para detener.[iv]

Es importante mencionar aquí que el arraigo ha sido principalmente aplicado para la persecución de delitos de drogas: 9,761 personas fueron arraigadas en el Centro Federal de Arraigos de 2008 a junio de 2014, de las cuales 38 por ciento (3,719) correspondían a delitos contra la salud,[v] siendo el delito por el que más personas se arraigó (seguido de secuestro, terrorismo, acopio y tráfico de armas). Asimismo, del total de 14,523 ordenes de arraigo decretadas por juzgados federales entre 2009 y junio de 2014, el principal delito fue contra la salud con 7,943 órdenes, es decir, en más de la mitad de los casos (55 por ciento).

Ahora, regresando a la decisión de la Corte, ésta se basó en dos argumentos: (1) de acuerdo con el fallo, el arraigo debe entenderse como una excepción constitucional explícita a la regla general de libertad personal, y (2) que el Constituyente, en el artículo décimo primero transitorio del decreto de la reforma, habilitó legislativamente al Congreso para regular el arraigo penal a nivel federal para delitos graves. Se concluye por eso que el artículo 133 Bis del CFPP respeta el régimen constitucional y es compatible con el cuerpo legal de los derechos humanos, pues fue emitido conforme a dicha habilitación legislativa, a pesar de ser una restricción expresa al derecho a la libertad personal.[vi]

Más allá de que el arraigo para casos de delincuencia organizada sea una figura que se encuentra “constitucionalizada” (pensando en el debate sobre si la Corte puede declarar -o no- la inconstitucionalidad de una figura constitucional) y de que este fallo (arraigo para delitos graves) sólo tiene validez hasta en tanto entre en pleno vigor el sistema procesal acusatorio, esta decisión resultaba importante pues representaba la oportunidad para que la Corte fijara su postura en contra de una figura que es injustificadamente restrictiva de derechos humanos, ineficaz para los fines para los que supuestamente fue constituida y que crea escenarios ad hoc para la transgresión de otros derechos. Parece ser, sin embargo, que la Corte está empezando a arropar el régimen de excepción, fruto de la absurda guerra iniciada años atrás. Y, aunque espero equivocarme, el escenario para el futuro no parece ser alentador con la reciente y próximas incorporaciones de ministros a la institución jurisdiccional.

  • Karen Silva es Asistente de Investigación en el CIDE, y Coordinadora de Desarrollo Institucional del Programa de Política de Drogas.

[i] Recomiendo leer el análisis que Alejandro Madrazo ha realizado sobre los costos constitucionales de la guerra contra las drogas (Madrazo, Alejandro (2014), Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas: una primera aproximación (desde México), Cuaderno de trabajo no. 12, México: CIDE-PPD.

[ii] Recordemos que el artículo undécimo transitorio de la reforma constitucional mencionada (del 18 de junio de 2008) prevé que en tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves.

[iii] Ver De la Rosa, Carlos, “Arraigo, un fracaso insostenible”, en Animal Político, abril de 2015.

[iv]Véase: Conclusiones Preliminares Visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez Abril 21–Mayo 2 2014

[v] Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal. El uso del arraigo a nivel federal, en el estado de Nuevo León y el Distrito Federal: Análisis de constitucionalidad, legislación y práctica, México, enero 2015.

[vi] Ver: contenido de las Versiones Taquigráficas de las sesiones públicas ordinarias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebradas los días 9, 13 y 14 de abril de 2015.

Fuente: Animal Político- http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-dispensario-dialogo-sobre-drogas/2015/05/04/arraigo-el-hijo-de-la-guerra-contra-las-drogas-arropado-por-la-scjn/

Fuente de la imagen: Reporte Índigo: http://www.reporteindigo.com/reporte/df/el-arraigo-una-muerte-anunciada

¿Por qué no lo vamos a superar? Plantas de poder y política. Parte I

Por Fermín Valenzuela

Entre las distintas actividades que hubo con la ola de manifestaciones a partir de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un colectivo de maestros de la UNAM decidió hacer clases al aire libre. La dinámica básicamente consistía en que cada maestro tomaba el micrófono durante unos cuantos minutos y exponía desde el área que mejor manejara, siguiendo cierto eje temático relacionado con los 43 y la situación del país. En fin, en un momento, antes de hacer un descanso se hizo la pregunta a los asistentes de por qué no vamos a superar esto que está pasando, como burdamente planteara el presidente.

www.youtube.com/watch?v=7v5Zur5hHFE
La respuesta es obvia si, a diferencia del presidente, se tiene un poco de empatía. No se puede pedir que se superen hechos tan graves como si se tratara de una banalidad o un accidente sin víctimas, como picarle el ojo a alguien.

Sin embargo, en este texto quiero plantear otra respuesta. No podremos superar ni esta crisis ni esta política de Estado basada en la violencia, mientras validemos la guerra contra las drogas por medio de la prohibición de cualquier ser vivo.

A mí parecer, lo que subyace a la violencia que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional, tiene que ver directa y concretamente con el control de las plantas (y hongos) de poder. También podríamos decir que está el TLC, la mímesis del gobierno con el hampa, el narco estado dirigido por el gobierno de EU, y bueno, el capitalismo mismo, pero concentrémonos en las protagonistas silenciosas y fotosintéticas de la violencia.

Vayamos por pasos aquí. Antes de hablar de sustancias tenemos que hablar de seres vivos. Se puede tratar de plantas, hongos, ¡o incluso ranas! Estos seres vivos de distintos reinos son los que producen las sustancias que después son sintetizadas o procesadas. Para hacerlo se utilizan distintos tipos de químicos, desde ácidos hasta gasolina, haciéndolos pasar por distintas temperaturas.  Por eso no es lo mismo hablar de la planta de coca que de la cocaína, obtenida de un proceso químico, o de la amapola y la heroína. Consideremos que tenemos por un lado a seres vivos y por otro, sustancias derivadas y sintetizadas a partir de ellos.

Ninguna prohibición sobre cualquier sustancia y/o planta ha logrado la desaparición de la misma y mucho menos la desaparición de su consumo. A menos de que a lo que se quiera llegar con la prohibición de ciertas sustancias sea la extinción de ciertas plantas u hongos (¡o ranas!), en el discurso no hay un fin claro de la misma ¿Cuándo se va a concluir como exitosa una prohibición entonces? El proceso económico que se prohíbe simplemente no desaparece. Lo que se logra en primer lugar es inflar su precio e ilegalizar su mercado, y al volverse ilegal pero lucrativo, entran las armas para asegurar que el capital fluya. En los hechos es bastante claro que hay un fin político y económico. La producción de “drogas”,  juega un papel muy importante dentro de la división internacional del trabajo y es de las excusas preferidas desde Nixon, para justificar apoyo policíaco-militar, o dictar línea a países subyugados por parte de EU. También hay casos como Afganistán, que se volvió el primer productor de amapola después de la invasión estadounidense a principios de siglo, que deberían de hacernos reflexionar sobre el papel que juega EU en este mercado. Otro dato curioso: Iguala es una capital mundial del cultivo de Amapola.

Creo que hay ciertos lugares comunes dentro de la discusión por la legalización de las drogas, que para los familiarizados en el tema tal vez ya les canse escucharlos, pero para el resto señalaré dos puntos que vale la pena que mencionar.

Primer lugar común de la discusión: La palabra droga es engañosa. Proviene del árabe andalusí  hatruka, que quiere decir charlatanería. Hay un sentido peyorativo implícito en el uso de la palabra droga. En el ámbito legal mexicano se usa erróneamente la palabra narcótico para referirse a las sustancias que tengan un efecto que altere la percepción de los sentidos, sin considerar que un narcótico es una sustancia que adormece el sistema nervioso central. Pensemos en los alcaloides, por ejemplo.  Sustancias cuyo nombre acaban en ína, como la cocaína, entrarían como narcóticos, y su efecto más bien estimula el sistema nervioso central. Legalmente no hay siquiera un vocabulario correcto para designar sustancias. La palabra droga mete en el mismo saco a hojas, raíces, semillas, alcaloides,  alucinógenos, narcóticos, entéogenos, químicos, sin mayor discusión. Más peligroso que confundir peras y manzanas. Si pensamos que una droga es una sustancia que produce dependencia física y/o sicológica, varias sustancias quedarían descartadas de antemano y aun así se les relaciona con la palabra ¿cuántos grupos de autoayuda existen para adictos al peyote? Simplemente la palabra confunde. Sin embargo, para no zambullirnos en los pormenores dela clasificación, tengamos en  mente a lo largo dela lectura tan sólo tres plantas de poder (llamémoslas así) que a mí parecer, son predominantes en la cuestión que estamos tratando, ya que también de ellas se derivan una vasta cantidad de sustancias: la mariguana, la coca, y la amapola.

Segundo lugar común de la discusión: Si el alcohol –que también se produce a partir de la fermentación de ingredientes vegetales- es causante directo de muertes y accidentes pero es legal, y en cambio, es imposible que la marihuana pueda producir una sobredosis que lleve a la muerte, entonces, no hay un criterio consistente para prohibir o legalizar una sustancia, sea de origen o no vegetal. ¿Por qué una sustancia es legal y otra no? El caso ejemplar es la prohibición del alcohol en los años 20, que llevó a que personajes como Al Capone a enriquecerse con su distribución ilegal, entre otras cosas. No por nada Obama llamó a Felipe Calderón “un Elliot Ness” en su cruzada contra las drogas. Obama lo hizo tal vez sin ser consciente de lo acertado que era la comparación entre dos representantes del gobierno en una cruzada cuyo resultado principal es la violencia y el lucro ilegal.
Mi tesis es que la influencia de las plantas de poder no empieza ni acaba en el mundo de la psique, su influencia es igual de fuerte en el mundo de lo social. Su poder para nada se limita a la “alteración de los sentidos”. Tienen una fuerza real en el mundo y ha sido usurpada por el dinero. Su estatus jurídico concretiza la relación que como sociedad mantenemos con ellas. La salud de esta relación se refleja en la salud de nuestras propias relaciones. Los miles de muertos y desaparecidos desde que se declaró la guerra contra las drogas nos dice algo del estado de esta relación.

¿Por qué no lo vamos a superar? Porque hay muchas cosas más que no hemos superado, si pensamos  que las drogas son las que están matando a las personas y no las balas. Si queremos que acabe la guerra contra el pueblo pero no atendemos la contradicción que encierra el hecho de prohibir plantas, estamos mirando la punta del iceberg. La prohibición es un mecanismo de control social cuyo elemento  más peligroso y efectivo es el consenso en la sociedad civil. Que la gente señale y criminalice a los usuarios en la calle, todos los dramas familiares por un toque escondido, y demás situaciones por el estilo, forman el espiral de la dinámica social que está del otro lado de una actividad económica que se mueve con balas como parte de una estrategia geopolítica, cuando se podría tratar tan sólo de plantas medicinales y sus derivados químicos que, esos sí, generan dependencia. Podría ser un asunto de salud pública y no de seguridad (otro terreno común en la discusión, no por eso menos válido). Apoyar la prohibición es aceptar la esquizofrenia discursiva del Estado, señalar como culpables a plantas por sus propiedades de nuestra mala salud como sociedad.
Si queremos exigir y hacer valer el derecho a la vida que tienen los humanos en general, y en particular de nuestros hermanos desaparecidos en manos del Estado o el narco (para el caso es lo mismo), tenemos que reconocer el derecho a la vida de los seres que les dan poder y les generan dinero a estos. La prohibición es muerte y guerra. Legalicemos.

Al respecto de la negación al derecho a la vida de otros seres como parte de la crisis que vivimos quisiera ahondar sobre el tema de las “drogas”, la producción de carne,  la comida, y la otredad. Pero eso será en una nueva entrega.

Así se vivió la Marcha de la Mariguana en varias partes del mundo


Miles de personas salieron a la calle para solicitar la legalización de la cannabis en sus distintos países

Manifestantes de 76 países salieron este sábado a las calles para exigir la legalización de la marihuana.

 Foto: Reuters en español

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Este es un evento anual que se realiza desde 1999 y en el que se han sumado 849 ciudades, de distintas partes del mundo.

 Foto: Reuters en español

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En Estados Unidos se realizó el Cannabis Parade en la ciudad de Nueva York, en donde el recorrido abarcó de Broadway hasta Union Square.

 Foto: Reuters en español

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En Argentina, la concentración principal de personas que apoyan el uso de la marihuana se registró en la Plaza de Mayo.

 Foto: Reuters en español

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Colombia fue uno de los países con el mayor número de participantes en las marchas, reuniendo a simpatizantes pro cannabis en más de 20 localidades.

 Foto: EFE en español

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Ecuador vivió su séptima marcha consecutiva en tres ciudades, siendo Cuenca una de las de mayor afluencia, en las que se ofrecieron talleres sobre cultivo y cocina con derivados de cannabis.

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En Paraguay se exigió frente al Congreso la despenalización tanto de uso personal y como el cultivo.

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En México, cerca de cuatro mil personas se dieron cita en las principales calles del centro de la Ciudad de México, para externar su deseo de legalización de uso y cultivo de la planta.

 Foto: EFE en español

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La capital salvadoreña, San Salvador, también se pintó de verde con manifestantes que reclamaron la despenalización de la marihuana.

 Foto: EFE en español

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En Europa también se registraron movilizaciones, en Alemania se solicitó la regulación de clubes de cannabis y desligar la posesión de marihuana a cargos de tenencia de otras sustancias psicoactivas.

Mirada jamaiquina a despenalización de la mariguana

La des­pe­na­li­za­ción de la ma­rihua­na, pro­pues­ta que ha ge­ne­ra­do po­lé­mi­ca en la Is­la, fue uno de los te­mas dis­cu­ti­dos du­ran­te el Diá­lo­go In­for­mal so­bre Po­lí­ti­ca de Dro­gas que tu­vo lu­gar en el Vie­jo San Juan y al que asis­tie­ron re­pre­sen­tan­tes de una do­ce­na de paí­ses de Amé­ri­ca.

Du­ran­te el diá­lo­go de tres días, cul­mi­na­do el sá­ba­do, des­per­tó par­ti­cu­lar in­te­rés el ca­so de Ja­mai­ca, don­de el pa­sa­do 15 de abril en­tró en vi­gor una ley que des­pe­na­li­za la po­se­sión de dos on­zas o me­nos de ma­rihua­na y el ac­to de fu­mar­la en pú­bli­co. Así lo in­di­có Mark Gol­ding, mi­nis­tro de Jus­ti­cia de Ja­mai­ca y pre­sen­te en el cón­cla­ve en el que par­ti­ci­pa­ron ex­per­tos y miem­bros de la so­cie­dad ci­vil.

El mi­nis­tro di­jo que el am­plio uso de la ma­rihua­na, a la que que los ja­mai­qui­nos lla­man gan­ja, tie­ne un com­po­nen­te cul­tu­ral, en par­te por­que la re­li­gión ras­ta­fa­ri -sur­gi­da en su país en la pri­me­ra mi­tad del si­glo XX- tie­ne en­tre sus ri­tos la in­ha­la­ción de can­na­bis. Su uso re­crea­ti­vo tam­bién es fre­cuen­te.

“La ma­rihua­na es muy usa­da en Ja­mai­ca. La cri­mi­na­li­za­ción de su uso ha re­sul­ta­do en mu­chas per­so­nas, so­bre to­do hom­bres jó­ve­nes de co­mu­ni­da­des po­bres, en­tran­do en con­flic­to con la Po­li­cía, sien­do arres­ta­dos, juz­ga­dos y te­nien­do ré­cord cri­mi­nal, lo que afec­ta su fu­tu­ro por­que cuan­do tie­nes ré­cord cri­mi­nal no pue­des ob­te­ner una vi­sa ni tra­ba­jar en el go­bierno.” Así que crea­ba pro­ble­mas e pa­ra Mark Gol­ding, mi­nis­tro de Jus­ti­cia de Ja­mai­ca, es me­jor tra­ba­jar con los pro­ble­mas de los adic­tos que en­car­ce­lar­los. in­jus­ti­cias en el país”, di­jo el mi­nis­tro en en­tre­vis­ta con El Nue­vo Día. De 12,000 a 15,000 per­so­nas eran arres­ta­das ca­da año por po­se­sión de la dro­ga, lo que nun­ca re­du­jo su uso.

“Des­de la dé­ca­da de 1970, Ja­mai­ca ha es­ta­do con­tem­plan­do ha­cer re­for­mas con re­la­ción a la ma­rihua­na. No pu­di­mos pro­ce­der por­que el mun­do no ha­bía lle­ga­do al pun­to en que lo acep­ta­ría”, sos­tu­vo el mi­nis­tro.

Su país de­ci­dió dar el pa­so al ver que Es­ta­dos Uni­dos, an­te ini­cia­ti­vas de es­ta­dos co­mo Co­lo­ra­do, Was­hing­ton y Ore­gon, fle­xi­bi­li­zó sus po­lí­ti­cas so­bre el can­na­bis tan­to a ni­vel in­terno co­mo res­pec­to a otras na­cio­nes.

“Lo pri­me­ro que hi­ci­mos, el pa­sa­do 24 de oc­tu­bre, fue que apro­ba­mos una ley que re­mue­ve del ré­cord cri­mi­nal las con­de­nas an­te­rio­res por po­se­sión de pe­que­ñas can­ti­da­des de ma­rihua­na. Cer­ca de 2,000 per­so­nas se be­ne­fi­cia­ron”, re­la­tó Gol­ding.

Otra ley, apro­ba­da por el Par­la­men­to en fe­bre­ro pa­sa­do y que en­tró en vi­gor el 15 de abril, es­ta­ble­ce mul­tas de $4.50 por la po­se­sión de dos on­zas o me­nos de la hier­ba o por fu­mar­la en pú­bli­co. An­tes con­lle­va­ba de tres a seis años de cár­cel.

Ade­más, an­ti­ci­pó que es­ta se­ma­na se ha­rán los pri­me­ros nom­bra­mien­tos pa­ra crear una au­to­ri­dad gu­ber­na­men­tal que su­per­vi­sa­rá el uso de la plan­ta pa­ra fi­nes mé­di­cos y de in­ves­ti­ga­ción cien­tí­fi­ca, y otor­ga­rá li­cen­cias a los sem­bra­do­res.

Es­to irá de la mano de una cam­pa­ña edu­ca­ti­va so­bre las dis­po­si­cio­nes de la ley, la di­fe­ren­cia en­tre des­pe­na­li­za­ción y le­ga­li­za­ción, y los pe­li­gros de que la plan­ta sea uti­li­za­da por ni­ños y em­ba­ra­za­das. Con el di­ne­ro que ge­ne­ren las mul­tas y las li­cen­cias se re­for­za­rán pro­gra­mas de aten­ción a adic­tos y pa­cien­tes de sa­lud men­tal.

In­di­có que, en­tre los be­ne­fi­cios in­me­dia­tos, es­pe­ran una re­duc­ción de has­ta 15,000 arres­tos y ca­sos cri­mi­na­les al año, lo que ali­via­ría la car­ga de los tri­bu­na­les ja­mai­qui­nos, cu­yos jui­cios es­tán re­tra­sa­dos de­bi­do al gran vo­lu­men de ca­sos.

A me­diano y lar­go pla­zo, es­pe­ran ge­ne­rar ac­ti­vi­dad eco­nó­mi­ca a tra­vés del tu­ris­mo mé­di­co, cen­tra­do prin­ci­pal­men­te en las pro­pie­da­des me­di­ci­na­les de la ma­rihua­na, cu­yas co­se­chas se­rían re­gu­la­das por el Es­ta­do pa­ra ga­ran­ti­zar su ca­li­dad. “Co­mo vi­si­tan­te, no me co­rres­pon­de de­cir­le a Puer­to Ri­co cuál de­be­ría ser su po­lí­ti­ca”, di­jo Gol­ding. “Lo que le di­go a to­do el mun­do es que a es­te asun­to es ne­ce­sa­rio dar­le una nue­va mi­ra­da”.

El en­cuen­tro fue aus­pi­cia­do por el Trans­na­tio­nal Ins­ti­tu­te (de Paí­ses Ba­jos), el Was­hing­ton Of­fi­ce on La­tin Ame­ri­ca e In­ter­cam­bios Puer­to Ri­co.

Tomado de: TNI- http://druglawreform.info/es/quienes-somos/en-la-prensa/item/6255-mirada-jamaiquina-a-despenalizacion-de-la-marihuana

Fuente original: El Nuevo Día (Puerto Rico)

La guerra contra las drogas, pretexto para militarizar, controlar y generar violencia en América Latina

Por SOA Watch

Entre los días 22 al 25 de abril, SOA Watch realizará en la ciudad de Washington DC. EEUU, diversas acciones para seguir demandando el cierre de la Escuela de las Américas como el fin de la errónea “guerra contra las drogas” y de la política intervencionista del gobierno de los EEUU en América Latina.

El punto de atención y de solidaridad será con el pueblo de México que sufre las consecuencias devastadoras de políticas que sólo causan muertes y desaparecidos.

En México son las Fuerzas Armadas quienes luchan contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esto ha provocado graves violaciones a los derechos humanos. Entre diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 8.150 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército contra la población.

Por otro lado, “según cifras oficiales publicadas en octubre de 2014, 22.610 personas habían desaparecido desde el 1 de diciembre de 2006, y a la fecha de octubre de 2014 seguían en paradero desconocido. Casi el 50 por ciento de esas desapariciones tuvieron lugar entre 2012 y 2014, durante el gobierno actual”, indicó Amnistía Internacional en un Informe sobre desaparición forzada.

Recientemente, el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, sucedida el 26 de septiembre de 2014, donde están implicados agentes de la policía quienes actuaban con grupos narcotraficantes, han llamado la atención de la comunidad internacional sobre el flagelo de la desaparición forzada en México y del mal que genera la impunidad.

Pero la situación de México es peor todavía en la última década. Un Informe de la organización civil italiana Líbera, publicado en la Jornada, señala que en este país “se puede concluir que 116 mil 100 muertes de personas están ligadas a la guerra contra el narcotráfico”.

Hay que decir que EEUU ha destinado más de US$ 2.000 millones de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia acordado en 2007 sin plazo estipulado, para “contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada”.

Por otro lado, EEUU proporciona entrenamiento en la Escuela de las Américas a sus soldados, y da diversa ayuda y asistencia militar.

Pero las consecuencias de la lucha contra las drogas, siguen siendo negativas no sólo en México, también en Centroamérica, Colombia y los mismos Estados Unidos.

Son muchas las razones que tenemos para demandar el cierre de la Escuela de las Américas o la WHINSEC. Una de ellas es también porque da entrenamiento militar para combatir el narcotráfico siendo esto un tema de política interna que en la gran mayoría de los países está a cargo de la policía o de servicios específicos.

En marzo del 2006 la Ministra de Defensa de Argentina de entonces, Nilda Garre, señaló que “La Escuela de las Américas ha hecho mucho mal y aún sigue intentando impulsar dentro de las Fuerzas Armadas las hipótesis de la ‘lucha contra el narcotráfico, y lucha contra el terrorismo’. Nosotros, por nuestra legislación interna, decimos que narcotráfico y terrorismo son hipótesis que deben ser combatidas desde las fuerzas de seguridad y no desde las Fuerzas Armadas, para no volver al tema de que las FF.AA. se involucren en temas de política interior y empiecen a perseguir, entre comillas, a ‘terroristas y narcotraficantes’, desplegados en el territorio y metiéndose con la población civil”.

Finalmente, “SOA Watch sostiene que la guerra contra las drogas es sólo una cortina de humo, y que el gobierno de Estados Unidos tiene motivos ulteriores para los miles de millones que está gastando en entrenamiento y ayuda militar hacia América del Sur y Centroamérica. El coordinador de incidencia, Arturo J Viscarra, afirma: “La guerra contra las drogas, junto con otras consignas y tácticas atemorizantes, están siendo utilizadas por el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono, y la policía para justificar el aumento del uso de las armas y las tácticas militares, con el fin de reprimir la disidencia y otros derechos humanos fundamentales. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa-México demostró, una vez más, que los desastrosos resultados de la ayuda y el entrenamiento militar en América Latina están vigentes”.

Documental Secreto a Voces https://www.youtube.com/watch?v=LkzakQnaC8E

Acciones en EEUU http://www.soawlatina.org/acciondeabril2015.htm

Fuente: Rebelión- http://www.rebelion.org/noticia.php?id=198000

Abriendo el debate sobre las drogas: el papel del Estado

Argumentos claros y probados sobre por qué la penalización de la droga debe ser reemplazada por una acción del Estado que influya tanto en lo público como en la vida privada de los posibles consumidores.

Hernando Llano Ángel*

Los problemas de la prohibición

La principal consecuencia de la política prohibicionista y de la llamada “guerra contra las drogas” ha sido entregar la regulación de la cocaína y otras sustancias ilícitas al crimen organizado. Así sucedió también cuando, en un exceso de puritanismo de los legisladores norteamericanos, sustentados en prejuicios racistas y en la ignorancia, estos prohibieron con una enmienda constitucional el consumo de licor en 1920.

Uno de los adalides de esta prohibición fue el representan­te a la Cámara por el Estado de Alabama, Richmond Pearson Hobson (1870-­1937), héroe de la guerra hispanoamericana y autor de un libro con el sugestivo título de Drogadicción: un maligno cáncer racial.

Entre los ar­gumentos que este esgrimió en el Congreso a favor de la prohibición del alcohol estaban que “una investi­gación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico” y una “droga creadora de hábito”. También le aplicó otros epítetos como “veneno protoplásmico” y “asquerosa excreción de un organismo viviente”. Además, sostuvo que “el licor convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delitos no naturales”. Según Pearson, el hombre blanco tiene la misma tendencia, pero “por el hecho de estar más evoluciona­do, le toma más tiempo llegar al mismo nivel”.
La forma más efectiva de descriminalizar el narcotráfico es sobrepolitizando todo lo relacionado con la producción, comercialización y consumo de las drogas ilícitas

La prohibición del alcohol en Estados Unidos se tradujo en un aumento exponencial de la violencia, el crimen y la corrupción política en las principales ciudades. Los legisladores norteamericanos habían entregado la satisfacción de una necesidad más o menos lúdica y social (acompañar las conversaciones, fiestas y veladas con bebidas alcohólicas) al crimen organizado.

Es decir, la regulación de una de las más antiguas necesidades humanas de socialización e interacción (en la que incurrió incluso Jesús de Nazaret con el milagro de la conversión del agua en vino) se le entregó al crimen organizado y se responsabilizó solo a la Policía y al sistema judicial por su control y represión.

Se le quitó a los adultos su responsabilidad por el cuidado de sus propios cuerpos, salud y vida, para entregársela casi que exclusivamente a la Policía y a los jueces. Así se fue cayendo en un Estado policivo y punitivo, sustentado más en la fuerza y la represión que en la confianza, la autonomía y la responsabilidad de sus propios ciudadanos.

Cuando se criminalizó el consumo de licor las consecuencias para la seguridad de los ciudadanos y las instituciones políticas fueron tan funestas que en 1933 los legisladores derogaron la enmienda prohibicionista y optaron por la regulación estricta de la producción, comercialización y consumo del licor, como sucede hasta nuestros días.

Descriminalizar el narcotráfico, sobrepolitizar la droga

De manera semejante a cómo se hizo con el alcohol en Estados Unidos, habría que hacer hoy con la marihuana y la cocaína: descriminalizarlas y ser reguladas por el Estado, como lo está haciendo Uruguay. Esto le arrebata al crimen organizado la regulación de la marihuana y no permite que las mafias sigan controlando este mercado mediante la violencia y la corrupción, con perjuicio para la sociedad en su conjunto.

Esta estrategia podría ser la formulación, entre paradójica y escandalosa, de una de las principales ideas debatidas en el Segundo Foro Regional sobre Política de Drogas, realizado en Cali los días 19 y 20 de marzo de 2015.

Es un hecho que por la regulación criminal los colombianos hemos pagado un altísimo costo en vidas de líderes políticos, magistrados, jueces, miembros de la Fuerza Pública, mujeres y hombres anónimos. Además, por ella se ha consolidado una connivencia nefasta entre la criminalidad y la política, expresada en la narcoparapolítica y la generosa financiación del conflicto armado interno, donde los límites entre la delincuencia política y la común se traslapan. Todo esto sin subestimar los cientos de miles de hectáreas de bosques tropicales devastados y de ecosistemas destruidos.

Como decía Julián Wilches en el foro mencionado, citando al periodista Gerardo Reyes, la misma DEA tuvo que convenir con “Rasguño” (Hernando Gómez Bustamante) que no interrumpiera el flujo de cocaína que su organización criminal enviaba a Nueva York, para evitar que aumentara el crimen por las violentas disputas internas que generaba su escasez.

Por todo lo anterior es imperioso descriminalizar el narcotráfico. Entre otras cosas, porque solo cuando ello suceda empezarán a descender las gigantescas ganancias que genera este comercio mortal. Bien lo señalaba Milton Friedman, premio nobel de economía de 1976: “si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto”. El precio aumenta en relación directa con el riesgo y la represión que conlleva dicha economía ilícita.

Estrategia en lo público y lo privado

La forma más efectiva de descriminalizar el narcotráfico es sobrepolitizando todo lo relacionado con la producción, comercialización y consumo de las drogas ilícitas en sus dos principales dimensiones, la pública y la privada.

En la pública, hay que hacerlo como lo ha hecho Bolivia con el reconocimiento constitucional de la hoja de coca con toda su dimensión cultural y ancestral, en tanto planta vital y sagrada para su población indígena, que no debe ser criminalizada ni estigmatizada bajo el paradigma prohibicionista eurocéntrico. En el ámbito legal, el Estado ecuatoriano ha hecho algo similar

Como recomienda  Ricardo Soberón urge una estrategia unificada de todos los Estados latinoamericanos para que en la próxima Asamblea General sobre Drogas, a la que concurrirán 191 Estados en marzo de 2016, se avance en la dirección descriminalizadora y se profundice la estrategia reguladora.

También mediante campañas educativas y preventivas claras y coherentes, dirigidas especialmente a los y las adolescentes, se les debe informar sobre los riesgos potenciales que implica para su salud, integridad y desarrollo humano el consumo temprano de cualquier tipo de drogas, desde las socialmente aceptadas, como el tabaco y el alcohol, hasta las ilícitas.
El Estado debe asumir una función educadora, formativa y preventiva, con un enfoque de salud pública, en lugar de la hoy predominante de carácter punitivo y represivo.

Es decir, el Estado debe asumir una función educadora, formativa y preventiva, con un enfoque de salud pública, en lugar de la hoy predominante de carácter punitivo y represivo. Para mayor eficacia y coherencia, el Estado debería coordinar dichas campañas formativas y preventivas con organizaciones de la sociedad civil, el sistema educativo y el versátil entramado de los nuevos medios y las redes sociales.

En la esfera privada, en sincronía con el Estado y los gobiernos locales, se pueden generar condiciones para que en los espacios familiares, escolares e incluso íntimos se estimule la reflexión, el debate y la formación de jóvenes cada vez más autónomos, responsables, vitales y seguros de sí mismos, como una de las mejores estrategias para prevenir, disuadir y controlar el consumo de drogas y sus graves secuelas para la salud.

Es en la doble dimensión de lo público y lo privado que cabe hablar de una sobrepolitización del complejo problema del consumo y abuso de las drogas. Al final, de lo que se trata es de la definición y disfrute de horizontes de vida cada vez más plenos y libres en lo social y lo personal, a partir de de decisiones políticas tomadas de manera autónoma y no impuestas autoritariamente, tanto en la esfera individual como en la estatal.

Esto es lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en algunos Estados norteamericanos, como Colorado, Oregon y Washington, donde la ciudadanía, mediante consultas y referendos, ha aprobado el uso terapéutico y recreativo de la marihuana.

*Profesor asociado del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Universidad Javeriana de Cali. (ellano@javerianacali.edu.co)
Fuente: Razón Pública- http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/8373-abriendo-el-debate-sobre-las-drogas-el-papel-del-estado.html

La regulación del mercado de las drogas es lo único que puede abatir la violencia extrema que vive el país

En visita en Hermosillo Santiago Roel Rodríguez, creador de Semaforo Delictivo Nacional manifestó que a nivel nacional 50% de los homicidios son ejecuciones del narco-menudeo. Que el narcomenudeo se pelea cada esquina, cada secundaria o preparatoria, cada antro, cada plaza.

Hay estados o ciudades en donde más del 80% de los homicidios son ejecuciones del mercado negro. Vivimos la peor estrategia que se pueda pensar.

El consumo de drogas “ilegales” en México ya no es delito desde el 2009 (Artículo 479 de la Ley General de Salud); se permite la posesión de drogas para consumo personal.  Pero la producción y venta siguen siendo ilegales. Es una política absurda pues crea un mercado negro que operan las mafias.

Las mafias se encargan de promover las drogas con libertad entre los jóvenes. Por eso han incrementado los consumos en México. Pero además, el mercado les da una inmensa capacidad económica para corromper o amenazar autoridades. El 74% de os jóvenes en México opinan que es sumamente fácil obtener mariguana.  Quien dude de esto, que le pregunte a su hijo sobre el tema y se sorprenderá.

Una vez que las mafias se posesionan de la plaza, se extienden a otros mercados y a otros delitos y lo que pudo ser un problema de salud ahora se convierte en un problema policíaco, de inseguridad nacional y de mala imagen para el país.

La mal llamada guerra contra las drogas nos cuesta 24 mil pesos al año a cada mexicano, pero también nos cuesta entre 8 y 10 mil muertes,  secuestros, extorsiones, desinversión, ansiedad, frustración y una total pérdida de confianza en las autoridades.

Es un fracaso rotundo por el lado que se le vea. Y lo absurdo es que seguimos insistiendo en esta estrategia cuando lo más racional y efectivo es retomar el tema como lo que es: un tema de salud y un tema económico.

Es necesario que el mercado de las drogas lo controle el Estado a través del sector salud, como ya controla el alcohol, el tabaco y los medicamentos. Actualmente, el estado control el mercado de la morfina. Esa es la propuesta de la Comisión Global y nosotros la avalamos.

El mundo ideal es un mundo sin la necesidad de sustancias psicoactivas, pero no existe ningún país que lo haya logrado. Por tanto, es mucho mejor estrategia el control estatal para reducir consumos, proteger a los jóvenes y acabar con toda la violencia que vivimos.

¿Qué tienen en común el Estado Islámico y los cárteles mexicanos?

Como ocurre con el Estado Islámico, el poder de los cárteles ha aumentado debido a la desastrosa política nacida en EE.UU., sostiene la escritora Rebecca Gordon, quien establece que es “la guerra fallida contra la droga en EE.UU. y los multimillonarios cárteles de narcotráfico la que ha creado una realidad parecida a la del Estado Islámico a lo largo de la frontera”.

“Decapitan a cientos de personas. Cuerpos sin cabeza ni manos como advertencia a aquellos que se resistan a su poder.Han penetrado en el Gobierno local, estatal y nacional y controlan grandes regiones del país. Proporcionan empleo a un público empobrecido que desconfía de su Gobierno actual con su amargo récord de corrupción represión y tortura. Seducen a jóvenes de varios países, incluyendo EE.UU., en sus actividades criminales”, comienza relatando la escritora Rebecca Gordon en el portal Alternet, advirtiendo que esta descripción podría pertenecer tanto a la organización terrorista Estado Islámico como a las multimillonarias industrias de los cárteles de droga mexicanos.

“Como el del Estado Islámico, el poder de los cárteles ha aumentado debido a la desastrosa política nacida en EE.UU.”, sostiene la escritora, quien establece que ha sido “la guerra fallida contra la droga en EE.UU. y los multimillonarios cárteles de narcotráfico la que ha creado una realidad parecida a la del Estado Islámico a lo largo de la frontera”.

Gordon afirma que “ambas guerras han sido resultado del retroceso”, ya que tal y como “la guerra de EE.UU. en Afganistán, Irak y Libia fertilizó el terreno para el Estado Islámico”, lo mismo hizo “la llamada guerra contra las drogas, que abrió nuevos horizontes para los cárteles del narcotráfico”.

En México, “el ejército estadounidense está involucrado directamente en la guerra contra las drogas (…) esa ‘guerra’ ha servido como pretexto para la militarización de las fuerzas policiales locales y ha aumentado la vigilancia sistemática de los ciudadanos sobre sus vidas normales”, sostiene Gordon. “Tanto la seguridad nacional del Estado como el Gobierno de derecha, han utilizado el espectro del Estado Islámico para crear una atmósfera de pánico e histeria en el país y ambos han utilizado el grotesco y violento teatro de los cárteles de droga para justificar la demonización de los inmigrantes de América Latina y la militarización masiva de las fronteras americanas”, afirma la escritora.

“Al igual que las aventuras militares de EE.UU. en Oriente Medio y Afganistán, la guerra estadounidense contra las drogas en México ha dejado un gran problema en el lugar (…) esa guerra sólo ha hecho aumentar visiblemente el problema del narcotráfico, al igual que la guerra contra el terror ha creado más organizaciones terroristas. En ambos casos no existen evidencias de que cualquier otro curso excepto la guerra sean considerados en Washington”, concluye.

FUENTE: MDZOL- http://www.mdzol.com/nota/595643-que-tienen-en-comun-el-estado-islamico-y-los-carteles-mexicanos/

Lee la nota original

What Do ISIS and Drug Cartels in Mexico Have in Common?

The failed drug war in the U.S. and the billion-dollar cartels have created an ISIS-like reality right across the border.

en http://www.alternet.org/world/what-do-isis-and-drug-cartels-mexico-have-common

Crece el cultivo hidropónico casero de la mariguana en México

Algún tiempo atrás, la mariguana mexicana era el máximo estándar para los fumadores estadunidenses. Pero en un nuevo mundo de mercados legales para la mariguana, los consumidores están volteando a Estados Unidos y Europa para conseguir mejores productos.

En lugar de la Acapulco Gold, los fumadores mexicanos quieren variedades como Liberty Haze y Moby Dick, ya sea importando mariguana de boutique de gran potencia de los Estados Unidos o cultivándola en jardines secretos con técnicas perfeccionadas en el extranjero.

Es un mercado pequeño pero creciente donde la mariguana es completamente ilegal, a diferencia de estados como Colorado y Washington que han legalizado su consumo recreativo, y otros donde está disponible para usos terapéuticos.

Un mensaje de texto llevará a un traficante de la ciudad de México a la puerta del consumidor con un menú de variedades de alta calidad a la venta a cambio de un paso de la tarjeta de crédito en un lector de smartphone. Tiendas de hidroponía suministrando de equipo a aquellos que quieren cultivar potentes variedades en sofisticadas operaciones caseras. Algunos incluso han instalado cooperativas de mariguana para dividir los costos de las altas facturas eléctricas e intercambiar entre ellos sus cosechas.

“Sé de personas que son arquitectos, ejecutivos, abogados… que fueron a Estados Unidos o Europa”, dijo Antoine Robbe, un francés de 35 años propietario de Hydrocultivos, una de las tiendas. Dicen, “Oye, ¿por qué no tenemos esto en mi país?”.

Hasta ahora, los reportes de la mariguana estadunidense abriéndose paso hacia el sur son sólo anecdóticos, pero suficientes para generar preocupación, de acuerdo a Alejandro Mohar, un médico mexicano y miembro de la Junta de Control Internacional de Narcóticos de la ONU.

Un funcionario del Departamento Estadunidense Antidrogas (DEA) dijo a la Radio Pública Nacional en diciembre que los operativos de los cárteles mexicanos estaban contrabandeando mariguana de alta calidad de Estados Unidos para venderles a sus clientes ricos, aunque no había indicios de un comercio masivo al sur de la frontera. La DEA declinó comentar a The Associated Press.

En la ciudad de México, varias personas dicen haber visto bolsas del tamaño de un congelador repletas de mariguana y etiquetadas como hierba de uso terapéutico en Los Ángeles.

En México se permite llevar hasta cinco gramos de mariguana para uso personal, pero se prohíbe su venta y cultivo. Históricamente, ha habido poca tolerancia social para el consumo, pues los “mariguanos” son estigmatizados como holgazanes y benefactores del mortal narcotráfico.

Los productores mexicanos dicen que el fenómeno del cultivo casero es ajeno a la horrenda guerra contra el narcotráfico que ha dañado al país. De hecho, cosechar e intercambiar entre ellos, alegan, evita que apoyen a los cárteles.

“No soy narco, amigo. Sólo me gusta fumar”, dijo Daniel, un sujeto de 32 años que vive en la popular colonia Roma. Habló bajo condición de que no se mencionara su apellido debido a que su operación casera es “superilegal”, pese a que es exclusivamente para uso personal.

La ley mexicana castiga con sentencias de hasta 25 años en prisión a quien sea declarado culpable de producir, traficar o vender drogas.

Los productores caseros dicen estar formando cooperativas para compartir los costos del equipo de jardinería bajo techo y las elevadas facturas de consumo eléctrico, así como para intercambiar producto. Muchos han construido sus modelos con habilidades importadas en primera instancia por extranjeros.

El año pasado, Homero Fernández, un promotor de eventos de 29 años, se asoció con cerca de una docena de personas para formar un club de mariguana, cada uno pagando cerca de 200 dólares para comprar equipo para el cultivo hidropónico atendido ahora por uno de los miembros.

En la actualidad el club cuenta con entre 50 y 60 plantas que producen suficientes brotes de sativa para satisfacer a los miembros, algunos de ellos ávidos usuarios, que compran unos 28 gramos (una onza) de mariguana de alta calidad por entre 95 y 130 dólares, menos de la mitad de lo que le pagarían a un traficante.

El resultado final es una mariguana con entre 15 y 20% de THC, el componente psicoactivo de la marihuana, en comparación con el entre 3 y 8% que contiene la “hierba de ladrillo” mexicana de mayor venta aquí y al norte de la frontera. Algunos también producen concentrados con entre 60 y 99.6% de THC, y la más fuerte es demasiado poderosa para ser fumada en pipa o cigarrillo.

“Resulta mucho más barato que pagar incluso por mariguana regular… y la calidad es mucho mayor”, señaló Fernández, que utilizó sus lentes oscuros incluso en interiores y vestía una camiseta blanca con las letras “THC”.

“Lo que producimos es exclusivamente para nosotros. Nada más, y no se vende fuera” del club, aseveró.

El mercado para mariguana gourmet sigue siendo minúsculo al lado del comercio multimillonario dominado por los cárteles. De acuerdo a estadísticas de la DEA, las incautaciones a lo largo de la frontera el año pasado sumaron más de un millón de kilogramos (2.2 millones de libras) de mariguana.

Las tiendas hidropónicas no venden semillas o hierba y por ende están dentro de la ley. Al igual que otros, Daniel ordenó semillas por Internet a una compañía española, eligiendo una variedad de origen británico conocida como Exodus Cheese. La preciada carga llegó por correo nueve días después en bolsas similares a las del té en una lata con etiquetas discretas.

Así como las semillas cruzan las fronteras con más frecuencia, apunta Fernández, la mayor aceptación en el extranjero está transformando las actitudes en México.

“Estados Unidos, con su boom sobre la regularización y el boom de la mariguana legal, todo eso llega hasta acá y tiene un impacto en la cultura del cannabis“.

FUENTE: La Jornada- http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/16/crece-el-cultivo-hidroponico-casero-de-la-mariguana-en-mexico-3031.html

La histórica regulación del cannabis en Uruguay #Infografía

Uruguay se ha convertido en el primer Estado del mundo en regular el uso del cannabis en lugar de criminalizar a sus usuarios.

Esta infografía explica por qué se ha seguido este camino pionero y cómo funciona la normativa.

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FUENTE: TNI- http://www.tni.org/es/infographic/la-historica-regulacion-del-cannabis-en-uruguay-en-imagenes

Fallo histórico en Arica reconoce uso cultural de la hoja de coca en Chile

Por primera vez, el Tribunal Oral de Arica acogió la tesis de la defensa pública sobre el uso de hoja de coca como práctica cultural, tras la presentación de peritajes de profesionales de apoyo, de la Conadi y la declaración de testigos líderes de agrupaciones indígenas.

Por Daniela Tapia Méndez

“Estoy feliz de haber oído la decisión del juez que me ha absuelto de todos estos problemas. En mi país no es delito manejar hoja de coca. Los aymaras la consumimos porque es nuestra costumbre“, expresó con lágrimas en los ojos el transportista Ángel Velásquez Zambrana (63) luego de ser absuelto por unanimidad en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, después de ocho meses de investigación en su contra.

Velásquez Zambrana fue acusado por tráfico de drogas, al ser detenido por transportar 16 kilos 850 gramos de hoja de coca, que iban a ser usados para las festividades andinas del altiplano.

Fallo histórico
Para el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez, esta sentencia tiene un carácter histórico, porque hay un reconocimiento del uso de la hoja de coca como costumbre ancestral y milenaria del pueblo aymara.

Gálvez explicó que la defensa pública presentó diversas pruebas que colaboraron para este resultado, como la declaración de un perito de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y de otros expertos contratados por la Defensoría, como una antropóloga y una asistente social aymara, además de declaraciones como testigos de representantes de la comunidades indígenas.

“El fallo recoge muy bien nuestro planteamiento. Incluso, en una parte cita textualmente lo que dijo una perito de la Conadi que presentamos como prueba, diciendo que para la festividad aymara la presencia de hoja de coca es como la presencia del vino y la hostia en una misa católica, así como el himno nacional en el día de la bandera. Así de claro fue el reconocimiento que por primera vez se da en esta región (…) Con este fallo quedó claro que cuando usa hoja de coca, el pueblo aymara no está traficando droga, está haciendo uso de su derecho, de su costumbre milenaria”, aseguró Gálvez.

Los hechos
La detención del transportista ocurrió en el Complejo Fronterizo Chungará el 11 de junio del 2014, mientras manejaba un camión proveniente de Bolivia, en el que trasladaba dos sacos con contenedores de hoja de coca con un peso bruto de 16 kilos 850 gramos, más 12 paquetes de yerba mate -de 500 gramos cada uno- y una bolsa de porotos de soya.

En su declaración ante el tribunal, Ángel Velásquez contó que desde 1993 que se desempeña como chofer entre Arica y La Paz y que en esta oportunidad un familiar le pidió transportar hoja de coca, porque se acercaba la celebración del año nuevo aymara y de la fiesta de San Juan.

Agregó que en ningún momento pensó que iba a tener problemas legales o ser acusado como traficante, porque en su país la hoja de coca la usan en todas las ceremonias, aniversarios y matrimonios, lo mismo que para tratar enfermedades. También dijo que él mismo mastica hoja de coca por las noches, cuando va a su comunidad, porque tiene que caminar distancias largas y con ella no siente cansancio ni frío.

Intervención intercultural
La causa estuvo a cargo de la Defensoría desde el momento posterior a la detención. Luego de la formalización y estando sujeto a medidas cautelares, Velásquez fue derivado a la intervención intercultural. A partir de ello, fue posible identificar los antecedentes culturales presentes en el caso, los testigos relevantes y las gestiones interinstitucionales necesarias para validar el uso cultural de la hoja de coca.

Patricia Lefever, defensora penal pública de la causa, aclaró que uno de los hitos más importante fue que al terminar el juicio, “el Ministerio Público señaló que ellos también habían logrado entender y comprender con la prueba aportada cuál había sido en este caso el uso de coca y cuál es el uso que le dan actualmente, como práctica cultural”.

La abogada aclaró que si bien su representado no estuvo en prisión preventiva, sí se mantuvo bajo la medida cautelar de arraigo nacional por cerca de tres meses, tiempo durante el cual tuvo prohibición de volver a su país para ver a su señora enferma de cáncer.

“Estuvo tres meses sin poder retornar a Bolivia, sin poder llevarle ningún tipo de sustento a su familia. Lo bueno es que las comunidades aymaras en Arica lo ayudaron y la misma persona que le encargó la hoja de coca lo mantuvo en su casa y le dio techo y alimentación durante todo ese período”, explicó.

La defensora pública contó que su representado pertenece a una comunidad aymara, es padre de siete hijos y está casado con la misma mujer desde los 19 años. Además, cuida de sus nietos y es el único sustento de su familia, por la enfermedad de su señora.

“Hasta ahora, don Ángel no logra entender que le hayan solicitado una pena de seis años por haber transportado algo que para él y para todas las personas de comunidades aymaras o de pueblos originarios es la hoja sagrada”, señaló.

Una vez conocido el fallo, el transportista boliviano dijo sentirse tranquilo y feliz de que se haya logrado justicia en su caso y también para el pueblo aymara.

Defensa especializada
Consultada sobre este gran resultado, la facilitadora intercultural de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota, Inés Flores Huanca, comentó que la sentencia obtenida es un anhelo sentido para la defensa especializada indígena, porque representa un largo camino por la lucha de los derechos indígenas.

“Es la primera vez que se logra una absolución en una causa de hoja de coca en un tribunal oral y, sin duda, es también un estímulo al trabajo comprometido, al esfuerzo colectivo de instituciones de Estado como Conadi, líderes indígenas conocedores de la región y Defensoría, en pos de despenalizar prácticas culturales que afectan a imputados aymaras”.

Flores Huanca agregó que se trata de “un pequeño avance para los indígenas, porque en Arica, Iquique, Antofagasta y Santiago, los aymaras, quechuas, guaraníes y chipayas usan hoja de coca con fines culturales. Este mes que pasó, febrero, estaba caracterizado por rituales a la tierra, por las festividades de carnaval y, no olvidemos, la reforma procesal se inauguró con hoja de coca, con inalmama (espíritu de la tierra)”.

“Siento que el espíritu de la justicia indígena, que es restablecer el equilibrio, ha estado presente en esta causa, porque don Ángel restituye su prestigio como hombre aymara honesto y trabajador, la comunidad aymara fortalece su confianza en las instituciones del Estado y judiciales, y se connota la experiencia y conocimiento de los líderes indígenas. Es decir, hemos aportado para que la sanción social, moral y jurídica que se hubiera obtenido en comunidad indígena sea la misma  que se logró y la que esperaba el pueblo aymara”, agregó.

Trabajo conjunto
Tras la audiencia, la directora de la Conadi, Carmen Tupa Huanca, destacó el gran trabajo que se tuvo que realizar para obtener este positivo fallo.

“Nosotros luchamos para que llegase este momento, este hecho histórico del cual nos sentimos muy orgullosos, ya que tuvimos la posibilidad de participar gracias a los funcionarios públicos de la Defensoría y de la Conadi en conjunto, y así demostrar, entender y respetar nuestra cosmovisión andina y el uso de hoja de coca, la que utilizamos diariamente y que hoy, gracias a nuestro Convenio 169, podemos estar más presentes aún”.

Soledad Condori, profesional de apoyo de la Conadi y perito en este juicio oral, aclaró lo importante que fue relevar este caso ante la comunidad aymara, porque significó avanzar un paso hacia el reconocimiento judicial de una práctica cultural.

“Hay muchos instrumentos existentes en el país: la ley indígena, el Convenio 169, pero que todavía no permean el sistema judicial y casos como éstos son un paso hacia ese objetivo, de posicionar la interculturalidad en la práctica y aplicación de justicia”., aclaró.

Convenio 169 de la OIT
En el fallo se hizo mención del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado a velar por las costumbres y derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Según la sentencia, “tal como adelantamos en el veredicto en su parte absolutoria, la prueba de descargo fue suficiente para torcer la teoría del persecutor. En efecto, se debe tener especial atención a lo que dispone el Convenio N° 169 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), “sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo”, el cual en su artículo 2 dispone que: “Los Gobiernos deben promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; en su artículo 5, al aplicar las disposiciones del convenio, deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; artículo 8: al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio”.

El fallo agrega que “en efecto, las normas señaladas anteriormente obligan a que el Estado de Chile garantice el respeto a la identidad de los pueblos indígenas, lo que supone que cuando la responsabilidad penal de sus integrantes deba determinarse, sus particularidades sociales y culturales deben ser objeto de una ponderación concreta, lo que ocurre en el presente caso con el acusado aymara”.

REVISA LA SENTENCIA ADJUNTADA

FUENTE: El morrocotudo- http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/fallo-historico-en-arica-reconoce-uso-cultural-de-la-hoja-de-coca-en-chile

Postura del gobierno de México sobre política de drogas presentada en los preparativos para la UNGASS 2016

INTERVENCIÓN EN NOMBRE DEL GOBIERNO DE MÉXICO DEL EMB. JUAN MANUEL GOMEZ ROBLEDO, SUBSECRETARIO PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS, DURANTE EL SEGMENTO ESPECIAL EN PREPARACION DE LA UNGASS 2016 DEL 58o PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES

Viena, Austria, 9 de marzo de 2015.

Señor Presidente:

En septiembre de 2012 México, Colombia y Guatemala, lanzamos un llamado conjunto para impulsar una revisión rigurosa de la situación global de las drogas y las formas de mejorar la cooperación internacional.

El punto de partida fue el diagnóstico, compartido por muchos Estados, en cuanto a que la estrategia actual no ha dado los resultados esperados a nivel global; ni en cuanto a reducción del consumo, ni en cuanto a la supresión del tráfico de drogas, ni la eliminación de cultivos ilícitos, ni en cuanto a la erradicación de la violencia asociada.

Esta evaluación se respalda con datos presentados en los Informes Mundiales de drogas de la ONUDD. Por ejemplo:

  • El consumo de drogas ha aumentado en términos absolutos al situarse en 2012 en alrededor de 250 millones de personas, cuando en 2005 había menos de 200 millones.
  • La superficie mundial del cultivo ilícito de opio ascendió en 2013 a casi 300 mil hectáreas, en tanto que en 2005, era de cerca de la mitad.
  • En 2013 el número de nuevas sustancias psicoactivas identificadas era de 348, muy por encima de las 234 sujetas a control internacional.

    Aún más importante es el hecho de que millones de personas se han visto afectadas por situaciones de violencia y criminalidad relacionada de manera directa o indirecta con el problema mundial de las drogas y un alto número ha perdido la vida.

    Ante esta realidad, debemos preguntarnos cómo podemos articular la cooperación internacional para lograr mejores resultados, y sobre todo, para salvar vidas.

Sr. Presidente,

Este año la sociedad internacional adoptará la nueva agenda de desarrollo posterior a 2015. En ese ejercicio, los países hemos decidido basar las acciones en favor del desarrollo en el bienestar de las personas. Sería congruente que hiciéramos lo mismo en el tema de drogas.

La comunidad internacional debe, ante todo, avocarse a prevenir las consecuencias negativas que el fenómeno de las drogas impone en nuestras sociedades. No sólo es la afectación de los consumidores, sino también de aquellos que sufren violencia física o psicológica, o cuyo derecho al desarrollo se ve limitado por la violencia asociada al mercado ilícito de drogas, desde los puntos de producción hasta los lugares de consumo.

Debemos tener presente que las comunidades que sufren violencia relacionada con las drogas ilícitas también están sujetas a afectaciones mayores por otro tipo de delitos como robo, tráfico de armas, lavado de dinero, trata de personas, y homicidio.

Todo ello incide de manera negativa en el desarrollo, la integración familiar, el empleo, la educación, la salud y conlleva al resquebrajamiento del tejido social, lo que coloca a las personas en situación de vulnerabilidad ante el crimen y genera un círculo vicioso que es necesario romper.

Debemos atender y prevenir este daño social que limita las oportunidades de desarrollo a millones de personas en todo el mundo.

Esta visión fue destacada en la pasada sesión especial sobre drogas de la Organización de Estados Americanos y en las reuniones sobre drogas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe con la Unión Europea. Los acuerdos allí alcanzados también reconocen la existencia de nuevos enfoques que los países han desarrollado ante las nuevas realidades que enfrentan.

Es por esto que consideramos indispensable asegurar un debate amplio, abierto, sin preconcepciones, e incluyente hacia la UNGASS 2016 que escuche todas las experiencias y voces. El objetivo no es simplemente el debate, sino a través de éste construir consensos globales que nos permitan ser mas efectivos y humanos en nuestras acciones frente al fenómeno que enfrentamos.

Es necesaria también la plena participación de organismos y entidades clave como la Organización Mundial de la Salud, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esa vinculación sería congruente con el proceso en curso para lograr una mayor integración de los mandatos al interior de las Naciones Unidas.

Las discusiones que se celebrarán estos días serán una valiosa oportunidad para avanzar hacia una auténtica comprensión de nuestras distintas perspectivas y experiencias nacionales y regionales, incluidas las nuevas realidades. Nos congratulamos por la decisión de celebrar este segmento especial en formato abierto.

Asimismo, damos la bienvenida al evento que el Presidente de la Asamblea General organizará en mayo, entendiéndolo como una excelente oportunidad para avanzar en el camino hacia 2016.

Sr. Presidente,

No podemos repetir acciones del pasado y esperar resultados distintos. Debemos trabajar en conjunto para entender las nuevas dinámicas del mercado ilícito y buscar las mejores formas de enfrentarlo y de evitar el daño social.

La UNGASS 2016 ofrece un espacio a todos los Estados para, de manera conjunta, establecer pautas que nos permitan ser más efectivos en la atención al problema mundial de las drogas.

Debemos buscar opciones que no criminalicen a las víctimas en sus diversas modalidades; que sirvan para ayudar a quienes quieren buscar salir del universo pernicioso de las drogas, y que limiten el mercado ilícito que siempre encontrará proveedores.

Al hacer esto, estaremos apostando por lograr una nueva, mejor, y sobre todo, más efectiva orientación de políticas y programas que han sido emprendidas hasta el momento y que han privilegiado sólo el aspecto de la seguridad, orientada principalmente al control de la oferta, lo que ha causado daños superiores a los originados por el problema mismo y dejando dolorosas huellas en la sociedad.

Es claro que cualquier acción unilateral presenta afectaciones transnacionales. Debemos conjuntamente encontrar las líneas de acción que nos permitan una implementación más humana y equilibrada de las actuales convenciones internacionales.

Por ejemplo, debemos optimizar las herramientas que a través de los años hemos desarrollado, incluyendo a las instituciones como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Sus mandatos deben permitirles atender el problema no sólo en cuanto a la oferta, sino también a la demanda y, como la Junta misma lo establece en su reporte de 2014, atender los temas relativos al desarrollo.

Debemos también trabajar para ampliar el acceso a los medicamentos de control del dolor, en especial en los países en desarrollo, y fortalecer las acciones para combatir el lavado de dinero.

Sr. Presidente,

En México seguimos logrando importantes acciones en contra de los líderes del narcotráfico, acciones contra el lavado de dinero y el tráfico de armas. Al mismo tiempo, tenemos un programa de prevención y atención a las adicciones que privilegia el enfoque de salud pública en el tratamiento del fenómeno de las drogas.

Se está mejorando la disponibilidad y acceso a sustancias controladas con fines médicos y científicos, se ha adoptado una reforma sin precedentes en materia de justicia y se instrumentan modelos integrales pensados menos en las sustancias en sí mismas y más dirigidos a los individuos, como por ejemplo el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Sin embargo, ningún país puede atajar un fenómeno global por cuenta propia. Depositamos nuestra confianza en el sistema multilateral con el fin de lograr soluciones y esperamos que entre todos definamos pautas de implementación que permitan soluciones reales a problemas que no han dejado de serlo.

Es momento de fortalecer la convicción política en favor del régimen internacional sobre drogas, y ante todo lograr atender el reclamo de millones de personas que hoy ven sus vidas truncadas por las drogas y la criminalidad asociada a éstas.

No lograremos este cometido sin acordar en 2016 pautas claras que permitan una implementación efectiva de las convenciones de Naciones Unidas sobre fiscalización de drogas, así como de otros instrumentos, por ejemplo en materia de salud, derechos humanos y delincuencia organizada, y que nos lleven a atender de manera integral la realidad que el problema mundial de las drogas representa hoy en día.

Voces de América Latina lideran cambio en estrategia de drogas en Viena

Varios países latinoamericanos, como México, Colombia, Uruguay y Bolivia, defendieron este lunes en una reunión de las Naciones Unidas sobre políticas de drogas la necesidad cambiar la estrategia mundial antinarcóticos, al entender que no ha dado los resultados deseados.

La Comisión de Narcóticos de la ONU debate en Viena durante los próximos cuatro días las políticas mundiales sobre drogas y prepara el camino para la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU dedicada a la materia en 2016.

En 2009 la comunidad internacional acordó eliminar o reducir de forma significativa la demanda de estupefacientes hasta el año 2019, un objetivo que por el momento está lejos de cumplirse, según se encargaron de recordar este lunes los delegados de numerosos países.

En el núcleo del debate está la idea de reemplazar las medidas puramente represivas, que han dominado la agenda internacional hasta hace pocos años, por otras políticas basadas en la evidencia científica, la salud pública y los derechos humanos.

“Las políticas de drogas no están dando los resultados esperados y por lo tanto no pueden continuar sin modificaciones”, dijo Yesid Reyes, el ministro de Justicia de Colombia, en su intervención.

Abogó por “una revisión profunda” de la estrategia internacional para hacerla “más humana y eficiente”, y calificó la reunión extraordinaria de 2016 en Nueva York como una “oportunidad única” para adaptar la respuesta internacional.

“Debemos poner en el centro de las políticas de drogas a las personas, sus derechos, su salud y su bienestar”, recalcó.

Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Juan Manuel Gómez Robledo, declaró en la misma línea que el mundo no puede “repetir acciones del pasado y esperar resultados diferentes”.

Gómez Robledo pidió un debate “sin prejuicios ni condiciones” previas sobre las políticas internacionales antinarcóticos, ya que el actual enfoque no ha dado resultados.

Para apuntalar sus críticas, el representante mexicano recordó que, según Naciones Unidas, en 2012 los consumidores de drogas ascendían a unos 250 millones de personas, cuando en 2005 eran menos de 200 millones.

“Ante esta realidad debemos preguntarnos cómo podemos articular la cooperación internacional para tener mejores resultados”, dijo.

A la vez, el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Hugo Moldiz, también criticó la actual estrategia antidrogas y mostró su “preocupación” por la insistencia de Estados Unidos en lo que calificó como “estrategia fracasada” contra las drogas.

En América Latina, aseguró, esa forma de combatir las drogas “ha sido motivo de intervención militar directa e indirecta”.

Los delegados de otros países latinoamericanos, como Uruguay, Ecuador y Argentina, también respaldaron la necesidad de revisar el funcionamiento de las políticas internacionales de drogas y apoyar otras con un enfoque centrado en la salud pública y los derechos humanos.

La delegación de Lituania, en nombre de la Unión Europea (UE), indicó que respaldaba también políticas centradas en derechos humanos y basadas en resultados científicos demostrables.

Sin embargo, no todos los países están a favor de debatir sobre la estrategia aplicada hasta ahora, ya que existe un bloque de países, como Pakistán, China, Egipto, Irán o Rusia, que abogan por una política represiva de “tolerancia cero”.

“La brecha entre un grupo cada vez mayor de países de América Latina con ideas afines y los que obstinadamente se oponen a toda revisión en el debate sobre los nuevos enfoques sigue creciendo y se encamina hacia una colisión frontal”, resumió Martin Jelsma, analista de la ONG Transnational Institute.

El director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Yuri Fedotov, también puso este lunes el acento en un enfoque basado en la salud pública y no en la respuesta represiva.

Abogó por “proteger la salud de la gente, garantizar el acceso a servicios de tratamientos y a medicinas esenciales, promover los derechos humanos, construir medios de vida alternativos y detener a los criminales que explotan a los vulnerables”.

La Comisión de Narcóticos reúne a unos mil delegados, entre representantes gubernamentales, miembros de ONG y expertos, que debatirán hasta el próximo 17 de marzo sobre distintos aspectos de las políticas de drogas.

FUENTE: Diario Libre- http://www.diariolibre.com/latinoamerica/2015/03/10/i1047971_amrica-latina-lidera-las-voces-que-piden-cambiar-estrategia-antidrogas.html

Mariguana legal en EU genera cambio en estrategia del narco

Los productores mexicanos aumentan sus cultivos de amapola al enfrentar la competencia.
El avance de la legalización de la marihuana en Estados Unidos y la creciente demanda de heroína de ese país están dando un giro al mercado de las drogas en su vecino y gran proveedor México, advierten expertos.
Los decomisos de cannabis en las aduanas de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo, “representaron el 94% de la totalidad de las incautaciones de dicha droga” en 2013 en todo el mundo, indicó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo de Naciones Unidas, en su informe anual más reciente, presentado esta semana.
Más de 1,000 toneladas de esa droga se decomisan anualmente al ser traficadas entre México y Estados Unidos por su frontera de 3,140 kilómetros, la más transitada del mundo.
Pero esta dinámica parece ir caducando ante el avance de la legalización de la marihuana en Estados Unidos, incluido su consumo recreativo, ya aprobado en cuatro estados y la capital.
“Conforme va a avanzar la producción doméstica esto afectará la producción en México”, señala Javier Oliva, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los productores mexicanos “van a buscar incrementar sus exportaciones a Europa y las posibilidades de consumo dentro del país”, pronostica.

De la marihuana a la amapola
Las ventas al menudeo de marihuana en Estados Unidos representaron un negocio de unos 41,000 millones de dólares en 2010, según reportó ese gobierno el año pasado.
Los cárteles mexicanos, fracturados por años de disputas y la caída de sus principales líderes (en esta última semana fueron detenidos Servando Gómez La Tuta y Omar Treviño Z-42), saben que deberán compartir el mercado de la marihuana con sus nuevos competidores estadounidenses, que ya producen hierba de mejor calidad.
Así, narcotraficantes mexicanos están mudando sus cultivos del verde del cannabis al rojo encendido de las amapolas, apuntando hacia el mercado de la heroína estadounidense, que en 2010 generó unos 27,000 millones de dólares.
El consumo de heroína en Estados Unidos “se ha incrementado debido al estricto control en la prescripción de medicamentos opioides”, dijo este martes Alejandro Mohar, miembro de la JIFE, al presentar el informe en Ciudad de México.
“Los consumidores de drogas adictos a los opiáceos recurren cada vez más a la heroína, que normalmente es más fácil de obtener y más barata que los opioides de venta con receta”, precisa la JIFE, que advierte a su vez de un descenso de los consumidores de cocaína en los últimos años en Estados Unidos.
Los efectos de estos cambios pueden estar sintiéndose ya a unos pocos miles de kilómetros al sur.
Tan sólo en la región mexicana de Tierra Caliente en Guerrero, donde los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron a manos de narcotraficantes coludidos con policías, se incrementó “casi en 300%” la producción de amapola en el último lustro, acotó Oliva.
Esta tendencia también se da en otras regiones como Durango, que junto con sus vecinos Chihuahua y Sinaloa forman el llamado “triángulo dorado”, una de las zonas históricas de plantación de droga.
La siembra de amapola ya ha rebasado a la de marihuana con proporciones de “tres por uno”, dijo Adolfo Domínguez, un mando militar desplazado a la zona.
“Seguramente los delincuentes han visto mejorar ese tipo de siembra y además atienden el factor demanda”, apuntó.

FUENTE: El diaro de Sonora- http://www.eldiariodesonora.com.mx/nota.php?nota=46954

Drogas: más mortífera la persecución que el uso

Por Héctor Aguilar Camín

La injerencia política más larga que ha tenido Estados Unidos sobre México es la guerra contra las drogas. Es una injerencia que cruza todo el siglo XX, crece en sus años finales y da sus peores frutos en el siglo XXI.

La lección central de esa injerencia es: mientras más esforzadamente ha combatido México el tráfico de drogas peor le ha ido como país, sin que haya logrado nunca el propósito buscado, que es reducir el paso de drogas a Estados Unidos.

La experiencia mexicana coincide con la mundial: miles de muertos, centenas de miles de presos, redes criminales en expansión, décadas de escándalos, corrupción y crimen sin que pueda alegarse ninguna mejora en el bien buscado que es reducir el consumo de las drogas prohibidas.

El daño que pueden hacer a la sociedad las drogas prohibidas está mezclado en la imaginación pública con la violencia y los crímenes que genera su persecución.

Por los tonos sangrientos de la guerra que se libra contra ellas, esas drogas han adquirido connotaciones malignas. Tienen fama de ser las más adictivas y mortíferas. Eso dice la imaginación colectiva. Las cifras dicen otra cosa.

Durante 2012 murieron en Estados Unidos 25 mil personas por consumir drogas prohibidas: cocaína, heroína, metanfetaminas y derivados (no incluyo la mariguana porque su consumo no tiene dosis mortal: nadie se muere de una sobredosis de mariguana, se duerme).

Por consumir una droga permitida como el alcohol, en ese mismo año de 2012, murieron 100 mil estadunidenses, cuatro veces más que los consumidores de drogas prohibidas. Por consumir tabaco, murieron 440 mil, cuatro veces más que por consumir alcohol y 16 veces más que por consumir drogas prohibidas.

En el año anterior, 2011, hubo en México 27 mil asesinatos muchos de ellos asociados al narcotráfico, 2 mil más de los muertos por sobredosis en Estados Unidos al año siguiente. La guerra contra las drogas mató más gente en México que el consumo de drogas prohibidas en Estados Unidos. (Cifras en Guillermo Valdés: “Drogas, sin solución buena”, MILENIO, 19/2/14; Alejandro Hope: “La tormenta perfecta”, Nexos, diciembre 2013).

Fuente: Milenio- http://www.milenio.com/firmas/hector_aguilar_camin_dia-con-dia/Drogas-mortifera-persecucion-uso_18_475932438.html

COMUNICADO SOBRE LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

PL_Maria-Herrera-_02El pasado 24 de agosto, las víctimas de tortura, desaparición, desplazamiento interno forzado, trata, violencia sexual, homicidios dolosos, ejecuciones arbitrarias y otros hechos de violencia, participamos en un Conversatorio Nacional1 sobre la reforma a la Ley General de Víctimas.

El conversatorio fue motivado por las pláticas con senadoras y senadores que con toda apertura escucharon nuestra preocupación en relación con la reforma a la ley y nos propusiéramos hiciéramos llegar nuestros testimonios sobre los obstáculos para el cumplimiento de la ley, y especialmente, la experiencia que habíamos tenido en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con ello, convocar a los comisionados a presentar un informe ante las comisiones para tener mayores elementos para la reforma a la Ley.

Al finalizar el Conversatorio, en las conclusiones tuvimos la compañía de senadoras y nos propusieron realizar reuniones con los colectivos de víctimas para presentar nuestros testimonios y a considerar nuestras propuestas, mismas que ya habíamos hecho llegar cuando el 13 de abril de este año entregamos nuestra propuesta de modificaciones a la Ley General de Víctimas.

Los colectivos de víctimas que participamos en el Conversatorio estamos muy atentos al avance de la discusión de la reforma en el Senado y esperando nos inviten a platicar con las comisiones y conozcan de viva voz nuestras experiencias.

Hemos conocido del avance de un documento que contiene algunas propuestas que no se corresponde con lo que acordamos en el Conversatorio, por ejemplo, no estamos de acuerdo que el presidente designe al presidente de la CEAV ni vemos con simpatía que se pida título profesional para ser comisionado, muchas víctimas exigiendo justicia y recorriendo oficinas de gobierno nos hemos especializado en la defensa de nuestros derechos violentados por las autoridades y podríamos aspirar a ser comisionados.

No entendemos por qué se propone no asignar presupuesto fijo al fondo de víctimas, esto nos parece ofensivo porque hemos pedido que haya mayor presupuesto para la atención de todas nuestras necesidades y por el contrario, lo están reduciendo en los hechos.

Con el apoyo de varios senadores y senadoras, propusimos una reforma a muchas leyes para que el gobierno obligadamente nos ofrezca programas de vivienda, salud, educación, desarrollo, la declaración de ausencia por desaparición y no vemos que estas propuestas se estén incluyendo ni lo que propusimos en el conversatorio ni en nuestra iniciativa.

Hacemos un llamado muy respetuoso a las y los senadores a que no aprueben una reforma a la Ley General de Víctimas sin nosotros y ajena a lo que las víctimas necesitamos; les pedimos nos convoquen a platicar sobre lo que debe ser modificado en una ley que se hizo con nosotros y para reconocer nuestros derechos.

1 Organizaciones y Colectivos participantes en el Conversatorio “Derechos de las Víctimas en México”: Artículo 19; Casa del Migrante de Saltillo; Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité contra la Tortura y la Impunidad (CCTI); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Cultura DH- Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos; Equis, Justicia para las Mujeres; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundación Carmen Zamora; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Instituto de Justicia Procesal Penal (IJJP); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Instituto para la Seguridad y Democracia A.C (INSYDE); Red Retoño; Projusticia; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (SMR); Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM); Comité de Familiares de Personas Detenidas, Desaparecidas en México (COFADDEM) ¡Alzando Voces!; Deudos y Defensores porla Dignidad de Nuestros Desaparecidos; Familias de Acapulco en Busca de susfamiliares; Familiares en Búsqueda; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos; Por amor por ellxs; Los otros desaparecidos de Iguala; Red Eslabones por los Derechos Humanos; Solecito de Veracruz.

Colectivos de víctimas y víctimas

  1. Cauce Ciudadano, A.C.
  2. Colectivo Colibrí MPJD
  3. Colectivo Familiares Enlaces Xalapa
  4. Colectivo Solecito Veracruz
  5. Comité de Familiares y Amigos de

Secuestrados, Desparecidos y Asesinados

en Guerrero

  1. Comité “Los Otros Desaparecidos” de

Iguala, Gro.

  1. Desaparecidos de El Fuerte y Zona Norte

A.C.

  1. Desaparecidos Justicia A.C. (Querétaro)
  2. Deudos y Defensores por la Dignidad de

Nuestros Desaparecidos

  1. Enlaces Nacionales (red de veinte

colectivos del país)

  1. Familias en Búsqueda de Acapulco Gro.
  2. Familiares en Búsqueda María Herrera

Xalapa

  1. Familiares en Búsqueda María Herrera

(Colectivo Nacional)

  1. Familiares Desaparecidos Orizaba-Córdoba

(Veracruz)

  1. Familias Unidas en la Búsqueda y

Localización de Personas Desaparecidas

Piedras Negras (Coahuila)

  1. Fundación Erika Lizeth, A.C. (Guerrero)
  2. Grupo Vida. Torreón (Coahuila)
  3. Justicia para Nuestras Hijas A.C.

(Chihuahua)

  1. Programa de Atención a Víctimas de la

UAEM

  1. Red Retoño
  2. Taller de Desarrollo Comunitario A.C.

(Chilpancingo, Gro)

  1. Unión de Familiares de Desaparecidos de

Sinaloa de los años 70’s

  1. Unidos Buscando a Nuestros

Desaparecidos SLP

  1. Unidos por los Desaparecidos de Baja

California A.C.

  1. Angélica Rodríguez Monroy (Morelos)
  2. José Miguel Campechano López (Acapulco,

Gro.)

  1. Maribel Ríos Arias (Acapulco, Gro)
  2. Javier Sicilia Zardaín (Morelos)

Familiares de víctimas de Acapulco, Gro. (secuestro, desaparición y homicidios dolosos)

  1. Gabriela Victoria Gallardo (Acapulco, Gro)
  2. Faustino Rodríguez García (Acapulco, Gro)
  3. Itzel Campechano Becerra (Acapulco, Gro)
  4. Sergio Ceballos Ascencio
  5. Juliana Ozuna García
  6. Ana Margarita Palacios Viniedra
  7. Rigoberto Hernández Alvinez
  8. Jorge Alberto García Lara
  9. Ciro Fuentes Urióstegui
  10. Mónica Vega Lagunas
  11. María Emma Mora Liberato
  12. José Guadalupe Téllez Castrejón
  13. Isabel Zaragoza Mendoza
  14. Floriberta Rendón Salinas
  15. Cirenia Rendón Salinas
  16. Severo Corratitlán Zapoteco
  17. Paula Sánchez García
  18. Cira Valente Gutierrez
  19. Abigail Guillén Valdez
  20. Lidia Lilia Villena Torres
  21. Fermina Flores Martínez
  22. Natividad Ibares Reynoso
  23. Ma. Judith Orozco Ortiz
  24. José Trinidad Beltrán Cruz
  25. Elvia Rosas Ríos
  26. Romelia Galeana Castro
  27. Adriana Martínez Palacios
  28. José Enrique Vega
  29. Patricia Cárdenas
  30. Emilia Flores Martínez
  31. Minerva Medel Mónica

*ReverdeSer Colectivo apoya en la difusión del comunicado y suscribimos el contenido del mismo.

V PREMIO LATINOAMERICANO DE PERIODISMO SOBRE DROGAS

En el marco de la VI Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Caribeña sobre Políticas de Drogas

Convocatoria

Bienvenida/o a la quinta edición del Premio Latinoamericano de Periodismo ‘Políticas de Drogas en América Latina’, organizado por la Asociación Civil Intercambios de Argentina con el apoyo de la Fundación Open Society y la Fundación Friedrich Ebert, con el fin de estimular a periodistas de América Latina y el Caribe a desarrollar un tratamiento ético, de calidad y de respeto por los derechos humanos en relación con esta problemática.

Objetivos

  • Reconocer a periodistas que trabajan esta temática con compromiso, información seria y atractiva.
  • Valorizar el rol del periodismo como servicio público en temas donde la información precisa y presentada con sentido ético, es imprescindible para no profundizar la criminalización, los prejuicios y las políticas represivas que atentan contra la democracia.
  • Ampliar la difusión de la perspectiva no punitiva y de políticas públicas sobre drogas renovadoras en la región.
  • Lograr un mayor interés por parte de la prensa latinoamericana en los temas asociados a las drogas, tanto desde la perspectiva geopolítica como desde la salud y los aspectos socioculturales vinculados.

 Premios

1 Premio: U$S 1000 y beca completa (pasajes, alojamiento y viático) a la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas a realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana y al Seminario para periodistas que en el marco de la Conferencia se realiza el 4 de octubre.

2 Premio: beca completa (pasajes, alojamiento y viático) a la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas a realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana y al Seminario para periodistas que en el marco de la Conferencia se realiza el 4 de octubre.

3 Premio. Diploma y mención especial.

Temas

  • Drogas y salud
  • Consumo de alcohol
  • Reducción de daños
  • Experiencias de tratamientos
  • Economía de las drogas
  • Geopolítica de las drogas
  • Actores del tráfico de drogas
  • Penalización de los consumidores
  • Crimen organizado
  • Cárteles
  • Drogas y cultura
  • Usos ancestrales de sustancias
  • Militarización y drogas
  • Derechos humanos y drogas
  • Narcotráfico y crimen organizado
  • Drogas y contexto político
  • Reformas de las leyes de drogas
  • Uso de sustancias y vida cotidiana
  • Uso de drogas: discriminación y estigmatización
  • Drogas y género

Fecha límite de inscripción y envío de trabajos vía Internet: 1 de septiembre de 2016

 Requisitos

  • Participantes: podrán participar periodistas, mayores de 18 años, que vivan en América Latina y el Caribe, que hayan publicado en medios de la región, y que cuenten con sus pasaportes o documentación de viaje al día.
  • Géneros periodísticos: podrán enviarse artículos de cualquier género periodístico (crónica, informe especial/reportaje, entrevista, etc.) que aborden alguno de los temas propuestos.
  • Autoría: puede ser individual o colectiva, siempre que figuren los nombres en la firma. En caso de resultar premiados artículos de autoría colectiva, la beca (pasajes, alojamiento y viático) para asistir a la VI Conferencia sobre Políticas de Drogas se otorgará a uno de sus autores, designado por ellos mismos.
  • Fechas de publicación de los artículos concursantes: los artículos deben haberse publicado en prensa escrita o web (diarios, revistas, fanzines, etc.) de carácter comercial o alternativo, entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de agosto de 2016.
  • Idioma: español o portugués.
  • Número de artículos: cada periodista o grupo de periodistas podrá enviar un único trabajo.
  • Publicación: los artículos enviados estarán disponibles en la página web de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, donde podrán ser consultados por los/as participantes y el público en general.

 Inscripción y bases

Hasta el 1 de septiembre de 2016 hay tiempo para enviar el artículo periodístico en formato PDF, junto al certificado de autoría, al correo electrónico: certamen@conferenciadrogas.com

El certificado de autoría debe enviarse en papel con membrete del medio de comunicación y firmado por el editor o el representante autorizado y debe incluir:

  • Nombre del autor o autores/as
  • Título del artículo
  • Género periodístico
  • Nombre del medio de comunicación donde fue publicado
  • Fecha de publicación
  • Tel de contacto del autor

 

Sólo cuando se reciben por correo electrónico el artículo y el certificado de autoría, el/la periodista participante queda formalmente inscripto en el concurso. Recibirá un correo electrónico de la organización del Premio que confirma la recepción.

Derechos

El envío del artículo no implica cesión de los derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, autoriza su publicación en la página web de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y su difusión en otros medios gráficos y/o electrónicos que se dispongan para promover el Premio sin dar lugar a ningún tipo de pago ni remuneración.

Jurado

El jurado estará integrado por tres reconocidos periodistas latinoamericanos.

Criterios del Jurado

  • Narración e interés periodístico
  • Calidad de la redacción
  • Información novedosa
  • Diversidad de fuentes
  • Abordaje respetuoso de los DDHH
  • Aporte a la reflexión y el debate
  • Propuesta gráfica / visual

Entrega de los Premios

El lunes 19 de septiembre se darán a conocer los resultados del Premio, a través de la web y por email a todos/as los concursantes.

Los trabajos ganadores se publicarán en el sitio web de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y la Asociación Civil Intercambios.

La entrega a los/as ganadores/as del primero y segundo premio se hará en Santo Domingo, República Dominicana en el marco de la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas.

Información y contacto

Adrian Pietryszyn
Teléfono: (54 11) 4954 7272
Correo electrónico para enviar trabajos: certamen@conferenciadrogas.com
Página web: www.conferenciadrogas.com

Fecha límite de inscripción y envío de trabajos vía Internet: 1 de septiembre de 2016

Publicado originalmente en: http://conferenciadrogas.com/2016/bases-y-condiciones/

Drogas: ¿Golpe de timón?

 

José Antonio Crespo
crespo5501@hotmail.com

Sin duda la política sobre drogas anunciada por Enrique Peña Nieto recientemente representa el cruce de un umbral cualitativo, un cambio de modelo, del rígido prohibicionismo punitivo a uno en que se enfoca el problema como de salud pública, reconociendo el fracaso e irracionalidad del esquema prohibicionista. Paradójicamente, aunque pareciera un movimiento hacia el futuro, en realidad lo es al pasado, pero un pasado más racional y adecuado que abandonamos en 1939, cuando Estados Unidos nos obligó a adoptar el prohibicionismo. Justo antes de esa fecha, México había mantenido una aproximación a la mariguana como asunto de salud pública. Ahora se retoma, al menos parcial e inicialmente, lo que nunca debió abandonarse (fue Lázaro Cárdenas, tan autónomo en materia petrolera, quien se doblegó en el tema de las drogas frente a Estados Unidos).

Los gobiernos priístas decidieron administrar el problema para mantener bajos costos al ciudadano (como también hace Estados Unidos). Pero la alternancia presidencial en 2000 afectó fuertemente el entramado mediante el cual aquella estrategia funcionaba. Además vino la decisión de Vicente Fox de declarar una “guerra sin cuartel” a los cárteles de la droga, que elevó la violencia. Y después, Felipe Calderón metió el acelerador a ese esquema, por lo que la violencia se disparó exponencialmente (los datos no mienten). La decisión de Calderón de vestir un uniforme militar de talla más grande, simbolizó muy bien dos cosas: A) su determinación de conseguir mediante esa estrategia la legitimidad que no obtuvo en las urnas, y B) el hecho de que le quedó grande la estrategia elegida (igual que el uniforme). Los especialistas del tema insistieron en que, si bien Calderón podía obtener los primeros años gran popularidad, las cosas se le saldrían de control (pues era pegarle al avispero) y su estrategia se le revertiría políticamente. Así ocurrió. Con Peña las cosas no cambiaron gran cosa, pues siendo ese un punto muy vulnerable del gobierno de Calderón, el candidato priísta prácticamente no habló del tema durante su campaña (sino que se centró en las reformas estructurales a la Constitución). Eso sugiere que Peña no sabía bien a bien qué hacer en materia de narcotráfico. Y de ahí que la violencia e inseguridad hayan continuado en patrones similares a los de Calderón. Pero la despenalización gradual en Estados Unidos, el fallo de la Suprema Corte amparando el derecho al uso recreativo de marihuana, y el cada vez más evidente fracaso del esquema punitivo, generaron presiones en favor de un golpe de timón. Eso, pese a persistir Peña en su oposición personal, lo que habla al menos de su mayor flexibilidad y capacidad de respuesta en contraste a Calderón (pues jamás reconocería haberse equivocado en su estrategia, y seguramente hoy la sigue defendiendo, pese a su evidente fracaso e irracionalidad).

Con todo, los cambios anunciados quedan cortos en la congruencia que exige un enfoque de salud pública, pues eventualmente se tendría que despenalizar también la producción, distribución y venta de mariguana, y aceptar el derecho de las personas a decidir lo que se ingiere, bajo el enfoque de derechos individuales en que se basó la Suprema Corte al conceder un amparo para el consumo recreativo. Se podría pensar, por ejemplo, que la iniciativa de Peña nos va a equiparar con California, que despenalizó la mariguana para fines curativos pero aún no recreativos (aunque seguramente lo hará pronto). Pero no; allá el uso curativo incluye la posibilidad de fumar la yerba por insomnio, inapetencia, migraña u otras dolencias menores. La producción y venta están despenalizados, y se exige para su compra contar con un permiso otorgado por un médico, válido por varios meses. Eso es lo congruente con un enfoque de salud pública. Y el enfoque de derecho a decidir sin la injerencia del Estado paternalista va más allá. Esos tendrían que ser los siguientes pasos en este nuevo paradigma al que se alude, aunque dado el conservadurismo mexicano (del gobierno y la sociedad), podría tomar mucho tiempo aún.

 

Fuente original: http://www.forumenlinea.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2845&catid=80&Itemid=493

 

Foto de portada: ReverdeSer Colectivo

DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS DE DIFERENTES PARTES DEL MUNDO A PROPÓSITO DE LAS 5 MUERTES EN ARGENTINA

A propósito del desgraciado suceso ocurrido en Argentina hace pocas semanas en el que 5 personas resultaron fallecidas y 4 intoxicadas graves, las organizaciones de reducción de riesgos que firmamos esta declaración queremos plantear algunas reflexiones y propuestas a tener en cuenta a la hora de abrir el debate sobre el enfoque de reducción de riesgos y daños, y sobre las acciones a realizar especialmente en los espacios de fiesta.

  • El consumo lícito o ilícito de drogas es una realidad cambiante y que no dejará de existir. Es por ello que debe promoverse un trabajo orientado a minimizar los efectos perjudiciales para el individuo y para la sociedad.
  • Entendemos que un enfoque de Salud Pública en materia de drogas debe reconocer la reducción de riesgos y daños como estrategia fundamental e integrada en todos los abordajes preventivos. Con ello se adquiere una perspectiva más globalizadora de la prevención y realiza una aproximación preferente sobre colectivos con mayor vulnerabilidad y en situación de riesgo.
  • La reducción de riesgos, aunque se articula perfectamente con la reducción de daños, se diferencia de esta última en que pone el foco en influir sobre las condiciones previas y las que se dan durante el consumo de drogas con fines recreativos, en espacios de fiesta y ocio, en personas que no tienen problemas graves derivados de este consumo. Actuamos sobre ese 90% de personas consumidoras que no tienen problemas graves derivados del consumo de drogas pero que demandan información para el cuidado de su salud física y mental y no desean abandonar el consumo.
  • Reconocemos que la población consumidora se preocupa e interesa en la protección de su salud. Es por ello que agradece, y es de derecho aportarles, la información y pautas para un consumo de menor riesgo (cómo gestionar el consumo, qué pautas de dosificación seguir o cuáles son las vías de administración menos riesgosas para usar drogas). Se trata de una información muy relevante para reducir el riesgo y que habitualmente no está disponible o al alcance de la persona que quiere consumir.
  • La reducción de riesgos no se limita a las acciones sobre el consumo de drogas como brindar información objetiva y útil para la protección de la salud de las personas que usan drogas, realizar análisis de sustancias, generar alertas tempranas, contar con zonas de recuperación, etc. También implica la reglamentación de los espectáculos, de los servicios de atención sanitaria en las fiestas, del control del aforo, del acceso a hidratación y alimentación, la actualización en conocimientos del sector salud, la actualización normativa, el involucramiento de lo/as empresario/as de los espectáculos, entre otros aspectos.
  • Dado que las drogas están en manos de un mercado ilegal que busca su beneficio a través del fraude al consumidor/a, entendemos que los servicios de análisis son posibles y necesarios en el marco de políticas de drogas con un enfoque de Salud Pública para que la persona pueda contar con una orientación sobre la composición de las drogas que va a tomar y que esa información le sirva para adoptar las precauciones necesarias. La puesta en marcha de estos servicios requiere de la suma de voluntades de Administraciones, ONG y sector ocio.
  • También consideramos que los servicios de análisis de sustancias presentan ventajas añadidas como son la posibilidad de una monitorización del mercado ilegal a nivel de usuario/a, la construcción de una relación de confianza con la persona usuaria que permita la recuperación de la credibilidad en las instituciones que trabajan en el ámbito de las drogas y el fortalecimiento de la red de atención en casos de emergencia.
  • Asimismo, queremos destacar el carácter comunitario de los programas de reducción de riesgos que no sólo buscan y consiguen la implicación de las propias personas consumidoras de drogas, sino que también implican a profesionales de diferentes ámbitos en un objetivo común: la atención a personas usuarias de drogas.
  • Quienes desarrollamos programas de reducción de daños somos conscientes de que no somos la única solución, que nuestras acciones vienen después de las acciones de prevención del consumo de drogas con énfasis en la infancia y adolescencia, y que se desarrollan antes de que tenga que llegar un tratamiento especializado para personas que tienen problemas con el consumo. Somos conscientes de que llegamos un pequeño grupo de personas en la sociedad, que es el que consume drogas, pero también estamos seguros que somos los que llegamos al mayor número de personas usuarias.
  • La mayoría de los proyectos en reducción de riesgos y daños han surgido de la motivación y el impuso de la sociedad civil para con el tiempo ser reconocidos, apoyados y articulados con la institucionalidad pública. En esa misma medida deben continuar con su enfoque de base comunitaria y deben contar con mayor apoyo financiero y técnico permanente para el desarrollo y mejoramiento de los servicios que prestan.

Lamentando los sucesos ocurridos en Argentina, entendemos seria momento para iniciar un debate constructivo y avanzar en políticas de salud pública, que partiendo de un conocimiento de la realidad de los consumos de drogas se establezcan alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con el sector para mejorar la seguridad de los eventos y minimizar riesgos vinculados al consumo de drogas.

20 de mayo de 2016

Crew 2000 Scotland www.crew2000.org.uk 1992 1CrewLogo
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Hegoak Spain www.hegoak.org/ 1994  3HegoakLogo
Drug Scouts Germany drugscouts.de 1996 4DrugScoutsLogo
Unity Netherlands www.unity.nl 1996  5UnityLogo
GRIP Montréal Canada gripmontreal.org 1997 GripLogo
Energy Control (ABD) Spain www.energycontrol.org 1997  7EnergyControlLogo
CheckIT! Austria http://www.checkyourdrugs.at 1997  8CheckItLogo
DanceSafe EEUU http://www.dancesafe.org 1998

9DanceSafeLogo

Ailaket Spain www.ailaket.com 1998  10AilaketLogo
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Foto: Intercambios, Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas

Tenemos que reconocerlo, fracasamos como sociedad, el mundo fracasó en esa política regulatoria y ya no aguanta más la violencia persistente en nuestro país

“Tenemos que reconocerlo, fracasamos como sociedad, el mundo fracasó en esa política regulatoria y ya no aguanta más la violencia persistente en nuestro país”

¿Quién crees que dijo esta declaración sobre la fracasada política de regulación de la mariguana?

a) un estudiante de filos a su compa de polakas

b) Bob Marley

c) una activista en la marcha por el día mundial por la liberación de la mariguana

d) un paciente de cannabis medicinal

e) una víctima de la violencia mencionada

f) el presidente del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth

 
La frase citada textualmente fue tomada del artículo publicado por Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://mexico.quadratin.com.mx/Concluye-Congreso-debate-de-marihuana-piden-ir-mas-alla-de-uso-curativo/

La lucha por el lado de la oferta para reducir el consumo de drogas es absolutamente inútil

Ian Vásquez
Ian Vásquez // Instituto Cato

Para entender cómo funcionan los cárteles de drogas, hay que considerar esa industria como una de tantas que lidian con los problemas de cualquier negocio –cómo contratar al mejor personal, qué hacer ante la competencia, etc.–.

Eso se propone Tom Wainwright en su nuevo libro sobre la narcoeconomía (“Narconomics”). “Políticas regulatorias que en el mundo ordinario de negocios hubieran sido descartadas por su ineficacia se han permitido perdurar por años en el mundo antinarcótico”, dice el autor, quien fue corresponsal en México de la revista británica “The Economist”.

Da un ejemplo de los países andinos. La lucha por el lado de la oferta para reducir el consumo de drogas es absolutamente inútil. El costo de la hoja de coca es tan ínfimo en comparación con el precio astronómico de la cocaína en los países consumidores, que incluso si la intervención en Sudamérica llegara a duplicar el precio de la coca, tendría un impacto casi imperceptible para el consumidor en Estados Unidos o Europa.

Estoy en el estado mexicano de Sonora estos días. Los empresarios de acá me cuentan que recientemente hubo una ejecución de varias personas en la cercana Ciudad Obregón, supuestamente un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Me confirman lo que observa Wainwright: el nivel de violencia en México tiende a ser más alto en los estados fronterizos con EE.UU. y aquellos que tienen puertos importantes. Los traficantes se pelean por controlar esas pocas puertas de entrada y salida. Dado que las restricciones a la oferta casi no tienen impacto sobre el consumo, el autor recomienda abrir más puntos de entrada en la frontera norteña. Eso por lo menos reduciría la violencia de manera notable.

Reclutar a trabajadores en una industria ilícita es un reto porque se trata de trabajos poco calificados que requieren disciplina y un alto nivel de confianza. Las prisiones de América Latina han facilitado la vida a los narcotraficantes, ya que se han convertido en verdaderas escuelas del negocio donde se reúnen quienes tienen la mayor experiencia con quienes se interesan por las actividades ilegales. Allí también se refuerzan las pandillas que requieren que sus miembros se apliquen tatuajes conspicuos para reducir la peligrosa posibilidad de que dejen la organización.

Hace más de una década, República Dominicana implementó una reforma penitenciaria que recomienda Wainwright. Ese país tiene cárceles donde se separan a los líderes pandilleros de los demás presos, se internan a menos criminales y se les da trabajos legítimos a los reos, a quienes además se les permite quedarse con un porcentaje de las ganancias que comparten con sus familias. Todo esto reduce la dependencia del preso con las pandillas y los mantiene en contacto con el mundo legítimo exterior. Bajo el nuevo sistema, solo un 3% de los que salen de la prisión vuelve a cometer crímenes, mientras que la reincidencia era, en cambio, 50% bajo el viejo sistema.

Wainwright describe cómo cayó el homicidio en dos tercios en El Salvador cuando las maras (pandillas) pactaron una tregua en el 2012 en vista de que así podían coludir en el mercado nacional –cosa que se deshizo cuando el siguiente presidente retiró su apoyo y volvió a subir la violencia–. Describe también cómo los cárteles practican la responsabilidad social corporativa (donaciones a iglesias, servicios públicos) para mantener cierto apoyo dentro de la población y cómo la nueva competencia de la legalización de la marihuana en partes de EE.UU. ya les está quitando bastante negocio. Predice que cuando se legalice completamente, las empresas estadounidenses de marihuana se mudarán a México para exportar a EE.UU. Eso sería un mundo más civilizado.

 

Fuente original: El Comercio- Perú: http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/como-manejar-cartel-drogas-ian-vasquez-noticia-1880462

 

Derecho a consumir versus tratamiento obligatorio. Por Reverendo Martin Díaz

Secuestros, golpizas, aislamiento, encadenamientos y violaciones…Dolor y sufrimiento, son sólo algunos de los muchos abusos y técnicas de tortura utilizadas en nombre de la  “salud mental”  y hasta en el nombre de “Dios” para, según muchas instituciones, “curar”, “rehabilitar” y “reinsertar” a la sociedad a personas que usan drogas (padezcan un uso problemático o no).


En El Salvador a partir de las modificaciones al decreto Nº 153 de noviembre del año 2003, se establece la creación de la Comisión Nacional Antidrogas (CNA) bajo la “jerarquía del Presidente de la República”, quien a su vez designa a su Director Ejecutivo. A decir verdad la CNA representa conceptualmente y en la práctica el fracaso del modelo prohibicionista promotor de la infame Guerra Contra las Drogas. Es una institución que depende del Ministerio de Seguridad y que fue creada como la “autoridad nacional” encargada de “planificar, coordinar, supervisar y evaluar los planes, estrategias y políticas gubernamentales encaminadas a prevenir, combatir el tráfico, la venta y el consumo ilícito de drogas, como también los esfuerzos de rehabilitación de personas adictas” .

La CNA es una institución esquizofrénica que decide, por un lado, la forma de ejecutar el combate al narcotráfico y al mismo tiempo, por otro lado, decide cómo “tratar” a las PQUD (Personas Que Usan Drogas). La Comisión Nacional Antidrogas ha demostrado ser ineficaz, inoperante, imprecisa y poco profesional, con la publicación de “investigaciones académicas” imprecisas y poco transparentes o en ocasiones autorizando o renovando autorizaciones a centros de rehabilitación en donde se tortura a las personas y se les infligen horrores que pueden implicar violencia física y sexual, trabajos forzados, condiciones de vida infrahumanas, denegación de asistencia sanitaria y otras medidas contrarias a los derechos humanos. No existen pruebas de que estos centros sean un entorno propicio o eficaz para los tratamientos contra el padecimiento de adicciones y sí hay centros autorizados que siguen operando incluso con múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos. Esto es inaceptable.

A pesar de que diversos sectores de la sociedad civil  y organismos de derechos humanos critican y señalan estas prácticas, la falta de interés de parte de las autoridades es evidente. En 2012 diversos organismos de las Naciones Unidas instaron a través de una declaración conjunta a los Estados miembro a cerrar los centros de detención y rehabilitación obligatorios, además de promover la puesta en marcha de servicios sanitarios y sociales voluntarios, con base empírica y basados en los derechos humanos. Un llamado certero partiendo de que los tratamientos basados en evidencias científicas para la dependencia de sustancias incluyen un conjunto de servicios de gestión de riesgos y reducción de daños respaldados por políticas públicas desde una perspectiva de salud, derechos humanos y las libertades individuales.

Por si fuera poco, en el año 2013 el entonces Director Ejecutivo de la CNA, el Comisionado Howard Cotto, se negó a llenar en conjunto con entidades consultivas de Naciones Unidas el formulario comparativo que envía la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para realizar su informe mundial, demostrando el nulo interés por un levantamiento de datos verificables y transparentes. Lamentablemente cuatro años después de la declaración conjunta de Naciones Unidas, la realidad ha cambiado muy poco, los gobernantes y la clase política salvadoreña se muestran indiferente ante la caótica realidad.

Resulta muy preocupante que aún gran  parte  de lo  que se considera como “tratamiento”  en  varios países América  Latina sigue  basándose en la detención arbitraria y la tortura. Cuando existen métodos alternativos, respetuosos de la persona humana. No es de extrañar que en el marco de la Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS 2016) nuestro país abandera una de las posturas más recalcitrantes y retrogradas del continente, defendiendo la posición unilateral punitiva e irracionalmente represiva.

Los centros de detención y rehabilitación son una amenaza para los derechos humanos, el estado de derecho y ponen en peligro la salud de las personas detenidas, quienes, entre otros problemas, padecen de una mayor vulnerabilidad a las ETS  y la tuberculosis. En estos centros de detención se retiene a personas sospechosas de consumir o de padecer un uso problemático de alguna sustancia sin el debido proceso legal ni supervisión judicial con la justificación de un supuesto “tratamiento”  o ”rehabilitación”.  Obligar a las personas que usan drogas a someterse a programas de rehabilitación forzada ha sido una respuesta política común pero ha costado en calidad de vida, ha quitado la autodeterminación y desarrollo de muchos ciudadanos.

El uso de sustancias no causa una pérdida de autonomía, lo que refuta el argumento de que el tratamiento obligatorio es necesario porque las personas que usan drogas ya no disponen de la autonomía o de la capacidad para tomar decisiones informadas y que por tanto el Estado tiene el deber de intervenir y obligar a las personas a tratarse. Sin embargo, el consenso en la literatura científica, médica, legal y filosófica es que el uso de drogas raramente vuelve a una persona incapaz de ser responsable de sus actos.

Dejemos clara una cosa, en definitiva el tratamiento obligatorio no es ético, pues cualquier forma de tratamientoobligatorio vulnera los derechos de la persona al consentimiento informado y por lo tanto es una práctica no-ética. Excepto bajo condiciones sanitarias y judiciales específicas, en esos casos no debería prolongarse más allá de algunas horas o unos días, pues sólo debe ser aplicado bajo supervisión legal estricta únicamente justificada en casos de emergencia, como una medida para proteger a las personas o comunidades afectadas. Es decir, cuando la persona no puede ser responsable de su propia seguridad (tanto por dependencia como por otras cuestiones relacionadas con el uso de drogas).  Consiste en una breve hospitalización obligatoria en casos de desintoxicación de drogas, sobredosis y síntomas psiquiátricos, hasta que la persona haya recuperado su capacidad de decidir. También es importante aclarar que la mayoría de las personas que usan drogas (PQUD) lo hacen de manera irregular sin mostrar ningún signo de dependencia física o psicológica y sin causarse daño a sí mismo o a terceras personas. Según los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se estima que solo una de cada diez personas que usan drogas padecen de una dependencia física y/o psicológica. 

Privar a una persona de su libertad sin el debido procedimiento legal constituye una violación inconmensurable de las normas internacionales de derechos humanos. Mientras muchos países alrededor del mundo han reemplazado estos centros de tratamiento obligatorio por sistemas voluntarios y comunitarios, obligar a las personas a ingresar en ellos continúa siendo una práctica cotidiana en Latinoamérica, el este de Europa y Asia central. Sin embargo, rápidamente varios países de América Latina están promoviendo que el consumo de drogas sea tratado como un tema de salud pública, no penal. Lamentablemente, el acceso a programas de tratamiento basados en la evidencia continúa siendo dificultoso a lo largo del continente.

Al no desempeñar una función real de seguridad pública y debido a que la mayoría de las personas que usan drogas no tienen ninguna patología asociada con su uso, obligarlas al tratamiento es esencialmente un derroche de recursos, y una forma de sanción para el padeciente, ya que vulnera su derecho a la libertad. Aunque el tratamiento obligatorio puede brindarse en entornos comunitarios, la gran mayoría de las veces se dá en entornos cerrados, donde la gente es detenida por periodos de hasta varios años, sin respeto al debido proceso, violando claramente el derecho estar libre de la detención arbitraria.

Si bien es cierto que los especialistas en tortura de las Naciones Unidas han contribuido visibilizar esta problemática, aún sigue siendo relegada a reportes ocasionales. La tortura en nombre del tratamiento debe ser un asunto tratado desde la palestra, pues es de amplio interés público. Existe una preocupante dificultad de acceso a alternativas basadas en evidencia científica, que deben estar disponibles para cualquier ciudadano. 

Este vacío, alimentado por los subsidios del Estado a centros habilitados por la CNA ha creado un afán de lucro para personas que tienen poco o nulo conocimiento sobre el tratamiento y así abren y operan de forma legal o en algunos casos clandestinamente centros de “rehabilitación (detención) para adicciones”.

Se hace imprescindible una revisión y una profunda reforma al Decreto N°153. Una reforma que garantice una política de drogas basada en la ciencia, los derechos humanos y las libertades individuales. Que aplique reglas estrictas a los centros de asistencia sanitaria y de salud mental, incluyendo el respeto por el debido proceso, una opinión médica sólida y el uso de evidencias disponibles. 

Poner fin a la tortura en el nombre del tratamiento es asunto de  todas y todos porque las personas que usan drogas tienen derecho a que se respete su autodeterminación y sus derechos humanos. Defender sus derechos es defender nuestros derechos. Avancemos hacia una nueva política de drogas, hacia un verdadero enfoque basado en la salud y lejos de prácticas arcaicas que criminalizan y discriminan a las personas que usan drogas (PQUD) y sus  familias.

Es momento de dar fin a la inútil y violentísima guerra contra las drogas. Exijamos a quienes legislan que busquen para las nuevas políticas de drogas, un enfoque racional, progresivo, basado en evidencias que priorice la salud pública, los derechos esenciales y la justicia social.

Fuente original: Revista Factum- http://revistafactum.com/derecho-a-consumir-versus-tratamiento-obligatorio/

Concurso Internacional de Video sobre drogas y Derechos Humanos

Desde el 28 de marzo hasta el 19 de abril de 2016, un grupo diverso de personas de diferentes nacionalidades (víctimas de las violencias derivadas del narcotráfico y las acciones igualmente violentas que buscan contrarestarlo acompañados por defensores y defensoras de derechos humanos; periodistas; líderes sociales y religiosos; y activistas;), se darán cita para emprender una“Caravana por la paz, la vida y la justicia” que recorrerá por tierra Honduras, Guatemala, El Salvador, México y los Estados Unidos, para llegar a Nueva York en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas.

  1. Contexto general del concurso.

El objetivo de la Caravana es abrir un debate necesario sobre las llamadas guerras contra las drogas, promoviendo un cambio de paradigma donde la acción de los gobiernos no puede limitarse a la violencia, mientras de se dejan de lado aspectos fundamentales como la educación, prevención, programas de salud pública y medidas reales contra el lavado de activos y el poder corruptor de mafias que controlan el narcotráfico a gran escala.

En cada país existen historias de personas que reflejan de manera concreta los desafíos que tenemos como sociedades en materia de políticas de drogas: campesinos productores estigmatizados y perseguidos; pequeños expendedores en las ciudades que reciben penas drásticas mientras los grandes carteles permanecen intactos; migrantes, jóvenes, hombres y mujeres pobres presos, asesinados y asediados como los “perfectos culpables”; sociedades con una doble moral que impiden la educación e información, tolerando el uso desmedido de alcohol, y al mismo tiempo se recrimina y persigue a usuarios de otras sustancias; la estigmatización de culturas ancestrales que usan sustancias y plantas que podrían ser parte de tratamientos alternativos a diferentes enfermedades.

Por la importancia de conocer esas historias y ampliar las miradas hacia un tema complejo y que por ello necesita ser analizado desde todos los ángulos posibles, la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, lanza un Concurso Internacional de Video sobre Drogas y Derechos Humanos.

  1. Condiciones del concurso:
  • Podrán participar personas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad de manera individual o como representante de un colectivo (los premios serán asignados a una sola persona que suscriba el video en los casos de trabajos realizados de manera colectiva).
  • Temáticamente los videos deben abordar historias y/o análisis de los impactos de las políticas de drogas sobre personas o comunidades en ámbitos urbanos, rurales o internacionales (posibles casos comparados).
  • Las piezas audiovisuales deberán ser originales, en alta definición y con una extensión mínima de un (1) minuto y máxima de tres (3) minutos.
  • Se valorará de manera especial la originalidad y la facilidad en el lenguaje que facilite su comprensión por el público en general. Podrá contender entrevistas, documental, dramatizaciones, animaciones o cualquier otra estrategia que resulte relevante para el realizador.
  • No podrán presentarse videos que hayan sido usados como parte de campañas institucionales, o que se hayan postulado para otros concursos.
  • Los videos serán recibidos en inglés o español, para participantes que presenten videos en otros idiomas, se sugiere usar subtítulos en dichos idiomas.
  • Es deseable tener visa americana vigente, pero esta no es una condición para concursar. En caso de resultar ganador(a) pero no tener visa vigente, el acompañamiento a la Caravana se limitará a Honduras, Guatemala, El Salvador y México.
  1. Premios:
  • Primer Lugar: Viaje como acompañante del equipo audiovisual que documentará la “Caravana por la Paz, la vida y la Justicia” entre el 28 de marzo y el 21 de abril de 2016 desde Honduras hasta Nueva York con todos los gastos pagos incluyendo tiquetes aéreos, hospedaje, transporte y alimentación.
  • segundo Lugar: Dos mil quinientos (US$ 1.500) dólares en efectivo.
  • Tercer Lugar: Cámara fotográfica Nikon D7100.
  1. Criterios de Selección de los videos:
Criterio de Análisis Criterio de Análisis
Total 100
Pertinencia temática. 30
Originalidad en el tratamiento de los temas y del lenguaje audiovisual. 20
Investigación y realización (rigor en los datos, cifras, y en los elementos argumentativos presentados). 15
Popularidad de la pieza audiovisual en redes sociales (likes Facebook, retwitter y Strutta). 20
Técnica audiovisual, calidad de las imágenes y de la edición. 15

5. ¿Cómo participar?

  • Subir el video a Youtube y enviar el link al correo caravana2016@gmail.com el video en su resolución original deberá disponerse en cualquier medio virtual y enviar el enlace al mismo correo. De manera Adicional enviar los siguientes datos en el correo:
  • Nombre del participante.
  • Edad
  • Nacionalidad y lugar actual de residencia.
  • Copia del Pasaporte vigente.
  • Ocupación o actividad profesional.
  • Breve reseña personal.
  • Los videos preseleccionados serán difundidos en el sitios web de la Caravana por la Paz, la vida y la justicia; en el sitio web Strutta y en las redes sociales Facebook, Youtube y Twitter para que reciban la opinión del público en general, que será parte de los criterios de selección para lo cual el autor(a) del video podrá difundirlo ampliamente en redes sociales.
  1. Fechas límite:
  • Los videos podrán ser enviados desde el 18 de enero y serán recibidos hasta la media noche del 1 de marzo de 2016 (hora local certificada en el correo electrónico de envío).
  • Será posible votar por los videos hasta la media noche del día 13 de marzo de 2016.
  • La premiación se realizará el día 14 de marzo de 2016 dando a conocer los videos seleccionados.
  • Los ganadores serán contactados para hacer efectivos los premios.

 

Para llenar los datos de la convocatoria entra a: http://pazvidajusticia.org/concurso/

 

Para más información: http://pazvidajusticia.org/