Abrir el debate sobre la mariguana, o participar de él

Escrito por Amaya Ordorika.

El pasado miércoles 4 noviembre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en un fallo histórico que la prohibición absoluta del cannabis es excesiva, reconociendo los derechos correlativos al consumo de cannabis de las 4 personas que interpusieron el amparo, es decir “la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana […], excluyendo expresamente los actos de comercio”. Cuatro de los 5 ministros votaron a favor del proyecto del Ministro Zaldívar que declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, de la Ley General de Salud, exclusivamente a lo que se refiere al cannabis.

Poco después del anuncio de la resolución de la Corte, Enrique Peña Nieto declaró que su gobierno respeta el fallo, no obstante, insistió que tiene “alcances relativos, no absolutos” y que no implica la eliminación de las políticas que el gobierno de la República ha mantenido frente a esta planta y quienes se relacionan con ella. Sin embargo, Peña Nieto reconoció que este hecho abre un debate amplio que puede eventualmente desembocar en la regulación del cannabis.

Pero el debate nacional sobre política de drogas y, en particular, sobre la prohibición del cannabis, lleva muchos años abierto y creciendo. Sociedad civil, academia y legisladores han participado activamente en la generación de espacios para la discusión, así como en la aportación de insumos y posturas que alimenten la reflexión.

Por enlistar algunos espacios clave en los que se ha manifestado este debate: la marcha por la legalización de la mariguana se ha realizado anualmente por quince años consecutivos; la Escuela Nacional de Antropología e Historia hospeda el Congreso Historia y Práctica de las Drogas desde el 2011; la Universidad Nacional Autónoma de México realizó el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas en abril de 2012; la Caravana por la Paz del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se llevó a cabo entre agosto y septiembre de 2012, llevaba como uno de sus cinco ejes el debate sobre la reforma de la política de drogas; en septiembre de 2013 se realizó el Foro Tricameral “De la prohibición a la regulación”  en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Senado de la República hospedó el Seminario sobre Cannabis Medicinal en septiembre de 2014; en junio de 2015 se llevó a cabo el Foro Internacional sobre Política de Drogas y Derechos Humanos; en agosto del mismo año se presentó la publicación “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos: la experiencia del continente americano” y en los últimos años se han presentado múltiples iniciativas de reforma a la política de drogas. Y como estos, ha habido muchos esfuerzos más por garantizar espacios para el debate en materia de política de drogas en los últimos años.

Hablar de abrir el debate hoy es ignorar la información, las reflexiones y los argumentos ya vertidos sobre este tema a nivel nacional. Todos estos espacios han sido aprovechados por expertos y expertas en las muchas aristas que rodean el tema de la prohibición de las drogas para compartir opiniones concretas que abonan al debate, han puesto importantes insumos sobre la mesa, abierto preguntas clave y hecho intentos formales por responderlas. Pierde sentido manifestarse en abstracto sobre la necesidad de un debate abierto cuando éste tiene años sucediendo.

En este contexto la resolución de la SCJN no abre el debate, sino que es una aportación muy concreta y clara sobre el tema por parte del poder judicial que manifiesta la postura de la y los ministros de la Primera Sala: es excesiva la prohibición absoluta del cannabis y son inconstitucionales los artículos que la sostienen.

Ahora toca al poder ejecutivo participar de la creación de espacios e insumos para la reflexión en materia de política de drogas, es decir, generar las condiciones necesarias para que este debate pueda seguir creciendo, incluyendo la aportación de información. Cabe mencionar que el único instrumento que mide el consumo de drogas en el país, la Encuesta Nacional de Adicciones, no se ha realizado desde el 2011 y ha sido fuertemente criticada por deficiencias conceptuales y metodológicas. Asimismo, debe prestar atención a la pluralidad de pronunciamientos, como el manifestado en la resolución tomada en la Primera Sala de la SCJN el martes pasado.

Una de las condiciones que se deben garantizar para este debate es la apertura a la diversidad de voces y posturas que lo componen. En este contexto, principalmente debido a las declaraciones del presidente Peña Nieto, sería una contradicción y un claro acto de censura que no se conceda el certificado de licitud de título y contenido a la publicación “Cáñamo La Revista de la cultura del cannabis”.

Sumado a esto, es fundamental considerar que en algún momento próximo, el poder ejecutivo tendrá que posicionarse dentro de este debate. A nivel internacional el Estado mexicano ha llevado desde el 2012 una postura sobre la política de drogas, una postura que mantiene lejos del debate nacional. No obstante, ese posicionamiento, que a nivel internacional aparece a la vanguardia, comienza a debilitarse por la falta de coherencia con las políticas y programas implementados a nivel nacional.

Pronunciarse por la apertura del debate, como estrategia para evitar posicionarse, queda ya muy corto.

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