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Derecho a consumir versus tratamiento obligatorio. Por Reverendo Martin Díaz

Secuestros, golpizas, aislamiento, encadenamientos y violaciones…Dolor y sufrimiento, son sólo algunos de los muchos abusos y técnicas de tortura utilizadas en nombre de la  “salud mental”  y hasta en el nombre de “Dios” para, según muchas instituciones, “curar”, “rehabilitar” y “reinsertar” a la sociedad a personas que usan drogas (padezcan un uso problemático o no).


En El Salvador a partir de las modificaciones al decreto Nº 153 de noviembre del año 2003, se establece la creación de la Comisión Nacional Antidrogas (CNA) bajo la “jerarquía del Presidente de la República”, quien a su vez designa a su Director Ejecutivo. A decir verdad la CNA representa conceptualmente y en la práctica el fracaso del modelo prohibicionista promotor de la infame Guerra Contra las Drogas. Es una institución que depende del Ministerio de Seguridad y que fue creada como la “autoridad nacional” encargada de “planificar, coordinar, supervisar y evaluar los planes, estrategias y políticas gubernamentales encaminadas a prevenir, combatir el tráfico, la venta y el consumo ilícito de drogas, como también los esfuerzos de rehabilitación de personas adictas” .

La CNA es una institución esquizofrénica que decide, por un lado, la forma de ejecutar el combate al narcotráfico y al mismo tiempo, por otro lado, decide cómo “tratar” a las PQUD (Personas Que Usan Drogas). La Comisión Nacional Antidrogas ha demostrado ser ineficaz, inoperante, imprecisa y poco profesional, con la publicación de “investigaciones académicas” imprecisas y poco transparentes o en ocasiones autorizando o renovando autorizaciones a centros de rehabilitación en donde se tortura a las personas y se les infligen horrores que pueden implicar violencia física y sexual, trabajos forzados, condiciones de vida infrahumanas, denegación de asistencia sanitaria y otras medidas contrarias a los derechos humanos. No existen pruebas de que estos centros sean un entorno propicio o eficaz para los tratamientos contra el padecimiento de adicciones y sí hay centros autorizados que siguen operando incluso con múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos. Esto es inaceptable.

A pesar de que diversos sectores de la sociedad civil  y organismos de derechos humanos critican y señalan estas prácticas, la falta de interés de parte de las autoridades es evidente. En 2012 diversos organismos de las Naciones Unidas instaron a través de una declaración conjunta a los Estados miembro a cerrar los centros de detención y rehabilitación obligatorios, además de promover la puesta en marcha de servicios sanitarios y sociales voluntarios, con base empírica y basados en los derechos humanos. Un llamado certero partiendo de que los tratamientos basados en evidencias científicas para la dependencia de sustancias incluyen un conjunto de servicios de gestión de riesgos y reducción de daños respaldados por políticas públicas desde una perspectiva de salud, derechos humanos y las libertades individuales.

Por si fuera poco, en el año 2013 el entonces Director Ejecutivo de la CNA, el Comisionado Howard Cotto, se negó a llenar en conjunto con entidades consultivas de Naciones Unidas el formulario comparativo que envía la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para realizar su informe mundial, demostrando el nulo interés por un levantamiento de datos verificables y transparentes. Lamentablemente cuatro años después de la declaración conjunta de Naciones Unidas, la realidad ha cambiado muy poco, los gobernantes y la clase política salvadoreña se muestran indiferente ante la caótica realidad.

Resulta muy preocupante que aún gran  parte  de lo  que se considera como “tratamiento”  en  varios países América  Latina sigue  basándose en la detención arbitraria y la tortura. Cuando existen métodos alternativos, respetuosos de la persona humana. No es de extrañar que en el marco de la Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS 2016) nuestro país abandera una de las posturas más recalcitrantes y retrogradas del continente, defendiendo la posición unilateral punitiva e irracionalmente represiva.

Los centros de detención y rehabilitación son una amenaza para los derechos humanos, el estado de derecho y ponen en peligro la salud de las personas detenidas, quienes, entre otros problemas, padecen de una mayor vulnerabilidad a las ETS  y la tuberculosis. En estos centros de detención se retiene a personas sospechosas de consumir o de padecer un uso problemático de alguna sustancia sin el debido proceso legal ni supervisión judicial con la justificación de un supuesto “tratamiento”  o ”rehabilitación”.  Obligar a las personas que usan drogas a someterse a programas de rehabilitación forzada ha sido una respuesta política común pero ha costado en calidad de vida, ha quitado la autodeterminación y desarrollo de muchos ciudadanos.

El uso de sustancias no causa una pérdida de autonomía, lo que refuta el argumento de que el tratamiento obligatorio es necesario porque las personas que usan drogas ya no disponen de la autonomía o de la capacidad para tomar decisiones informadas y que por tanto el Estado tiene el deber de intervenir y obligar a las personas a tratarse. Sin embargo, el consenso en la literatura científica, médica, legal y filosófica es que el uso de drogas raramente vuelve a una persona incapaz de ser responsable de sus actos.

Dejemos clara una cosa, en definitiva el tratamiento obligatorio no es ético, pues cualquier forma de tratamientoobligatorio vulnera los derechos de la persona al consentimiento informado y por lo tanto es una práctica no-ética. Excepto bajo condiciones sanitarias y judiciales específicas, en esos casos no debería prolongarse más allá de algunas horas o unos días, pues sólo debe ser aplicado bajo supervisión legal estricta únicamente justificada en casos de emergencia, como una medida para proteger a las personas o comunidades afectadas. Es decir, cuando la persona no puede ser responsable de su propia seguridad (tanto por dependencia como por otras cuestiones relacionadas con el uso de drogas).  Consiste en una breve hospitalización obligatoria en casos de desintoxicación de drogas, sobredosis y síntomas psiquiátricos, hasta que la persona haya recuperado su capacidad de decidir. También es importante aclarar que la mayoría de las personas que usan drogas (PQUD) lo hacen de manera irregular sin mostrar ningún signo de dependencia física o psicológica y sin causarse daño a sí mismo o a terceras personas. Según los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se estima que solo una de cada diez personas que usan drogas padecen de una dependencia física y/o psicológica. 

Privar a una persona de su libertad sin el debido procedimiento legal constituye una violación inconmensurable de las normas internacionales de derechos humanos. Mientras muchos países alrededor del mundo han reemplazado estos centros de tratamiento obligatorio por sistemas voluntarios y comunitarios, obligar a las personas a ingresar en ellos continúa siendo una práctica cotidiana en Latinoamérica, el este de Europa y Asia central. Sin embargo, rápidamente varios países de América Latina están promoviendo que el consumo de drogas sea tratado como un tema de salud pública, no penal. Lamentablemente, el acceso a programas de tratamiento basados en la evidencia continúa siendo dificultoso a lo largo del continente.

Al no desempeñar una función real de seguridad pública y debido a que la mayoría de las personas que usan drogas no tienen ninguna patología asociada con su uso, obligarlas al tratamiento es esencialmente un derroche de recursos, y una forma de sanción para el padeciente, ya que vulnera su derecho a la libertad. Aunque el tratamiento obligatorio puede brindarse en entornos comunitarios, la gran mayoría de las veces se dá en entornos cerrados, donde la gente es detenida por periodos de hasta varios años, sin respeto al debido proceso, violando claramente el derecho estar libre de la detención arbitraria.

Si bien es cierto que los especialistas en tortura de las Naciones Unidas han contribuido visibilizar esta problemática, aún sigue siendo relegada a reportes ocasionales. La tortura en nombre del tratamiento debe ser un asunto tratado desde la palestra, pues es de amplio interés público. Existe una preocupante dificultad de acceso a alternativas basadas en evidencia científica, que deben estar disponibles para cualquier ciudadano. 

Este vacío, alimentado por los subsidios del Estado a centros habilitados por la CNA ha creado un afán de lucro para personas que tienen poco o nulo conocimiento sobre el tratamiento y así abren y operan de forma legal o en algunos casos clandestinamente centros de “rehabilitación (detención) para adicciones”.

Se hace imprescindible una revisión y una profunda reforma al Decreto N°153. Una reforma que garantice una política de drogas basada en la ciencia, los derechos humanos y las libertades individuales. Que aplique reglas estrictas a los centros de asistencia sanitaria y de salud mental, incluyendo el respeto por el debido proceso, una opinión médica sólida y el uso de evidencias disponibles. 

Poner fin a la tortura en el nombre del tratamiento es asunto de  todas y todos porque las personas que usan drogas tienen derecho a que se respete su autodeterminación y sus derechos humanos. Defender sus derechos es defender nuestros derechos. Avancemos hacia una nueva política de drogas, hacia un verdadero enfoque basado en la salud y lejos de prácticas arcaicas que criminalizan y discriminan a las personas que usan drogas (PQUD) y sus  familias.

Es momento de dar fin a la inútil y violentísima guerra contra las drogas. Exijamos a quienes legislan que busquen para las nuevas políticas de drogas, un enfoque racional, progresivo, basado en evidencias que priorice la salud pública, los derechos esenciales y la justicia social.

Fuente original: Revista Factum- http://revistafactum.com/derecho-a-consumir-versus-tratamiento-obligatorio/

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