DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS DE DIFERENTES PARTES DEL MUNDO A PROPÓSITO DE LAS 5 MUERTES EN ARGENTINA

A propósito del desgraciado suceso ocurrido en Argentina hace pocas semanas en el que 5 personas resultaron fallecidas y 4 intoxicadas graves, las organizaciones de reducción de riesgos que firmamos esta declaración queremos plantear algunas reflexiones y propuestas a tener en cuenta a la hora de abrir el debate sobre el enfoque de reducción de riesgos y daños, y sobre las acciones a realizar especialmente en los espacios de fiesta.

• El consumo lícito o ilícito de drogas es una realidad cambiante y que no dejará de existir. Es por ello que debe promoverse un trabajo orientado a minimizar los efectos perjudiciales para el individuo y para la sociedad.

• Entendemos que un enfoque de Salud Pública en materia de drogas debe reconocer la reducción de riesgos y daños como estrategia fundamental e integrada en todos los abordajes preventivos. Con ello se adquiere una perspectiva más globalizadora de la prevención y realiza una aproximación preferente sobre colectivos con mayor vulnerabilidad y en situación de riesgo.

• La reducción de riesgos, aunque se articula perfectamente con la reducción de daños, se diferencia de esta última en que pone el foco en influir sobre las condiciones previas y las que se dan durante el consumo de drogas con fines recreativos, en espacios de fiesta y ocio, en personas que no tienen problemas graves derivados de este consumo. Actuamos sobre ese 90% de personas consumidoras que no tienen problemas graves derivados del consumo de drogas pero que demandan información para el cuidado de su salud física y mental y no desean abandonar el consumo.

• Reconocemos que la población consumidora se preocupa e interesa en la protección de su salud. Es por ello que agradece, y es de derecho aportarles, la información y pautas para un consumo de menor riesgo (cómo gestionar el consumo, qué pautas de dosificación seguir o cuáles son las vías de administración menos riesgosas para usar drogas). Se trata de una información muy relevante para reducir el riesgo y que habitualmente no está disponible o al alcance de la persona que quiere consumir.

• La reducción de riesgos no se limita a las acciones sobre el consumo de drogas como brindar información objetiva y útil para la protección de la salud de las personas que usan drogas, realizar análisis de sustancias, generar alertas tempranas, contar con zonas de recuperación, etc. También implica la reglamentación de los espectáculos, de los servicios de atención sanitaria en las fiestas, del control del aforo, del acceso a hidratación y alimentación, la actualización en conocimientos del sector salud, la actualización normativa, el involucramiento de lo/as empresario/as de los espectáculos, entre otros aspectos.

• Dado que las drogas están en manos de un mercado ilegal que busca su beneficio a través del fraude al consumidor/a, entendemos que los servicios de análisis son posibles y necesarios en el marco de políticas de drogas con un enfoque de Salud Pública para que la persona pueda contar con una orientación sobre la composición de las drogas que va a tomar y que esa información le sirva para adoptar las precauciones necesarias. La puesta en marcha de estos servicios requiere de la suma de voluntades de Administraciones, ONG y sector ocio.

• También consideramos que los servicios de análisis de sustancias presentan ventajas añadidas como son la posibilidad de una monitorización del mercado ilegal a nivel de usuario/a, la construcción de una relación de confianza con la persona usuaria que permita la recuperación de la credibilidad en las instituciones que trabajan en el ámbito de las drogas y el fortalecimiento de la red de atención en casos de emergencia.

• Asimismo, queremos destacar el carácter comunitario de los programas de reducción de riesgos que no sólo buscan y consiguen la implicación de las propias personas consumidoras de drogas, sino que también implican a profesionales de diferentes ámbitos en un objetivo común: la atención a personas usuarias de drogas.

• Quienes desarrollamos programas de reducción de daños somos conscientes de que no somos la única solución, que nuestras acciones vienen después de las acciones de prevención del consumo de drogas con énfasis en la infancia y adolescencia, y que se desarrollan antes de que tenga que llegar un tratamiento especializado para personas que tienen problemas con el consumo. Somos conscientes de que llegamos un pequeño grupo de personas en la sociedad, que es el que consume drogas, pero también estamos seguros que somos los que llegamos al mayor número de personas usuarias.

• La mayoría de los proyectos en reducción de riesgos y daños han surgido de la motivación y el impuso de la sociedad civil para con el tiempo ser reconocidos, apoyados y articulados con la institucionalidad pública. En esa misma medida deben continuar con su enfoque de base comunitaria y deben contar con mayor apoyo financiero y técnico permanente para el desarrollo y mejoramiento de los servicios que prestan.

Lamentando los sucesos ocurridos en Argentina, entendemos seria momento para iniciar un debate constructivo y avanzar en políticas de salud pública, que partiendo de un conocimiento de la realidad de los consumos de drogas se establezcan alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con el sector para mejorar la seguridad de los eventos y minimizar riesgos vinculados al consumo de drogas.

20 de mayo de 2016

Crew 2000	Scotland	www.crew2000.org.uk	1992
Modus Vivendi	Belgium	www.modusvivendi-be.org	1993
Hegoak	Spain	www.hegoak.org/	1994
Drug Scouts	Germany	drugscouts.de	1996
Unity	Netherlands	www.unity.nl	1996
GRIP Montréal	Canada	gripmontreal.org	1997
Energy Control (ABD)	Spain	www.energycontrol.org	1997
CheckIT!	Austria	http://www.checkyourdrugs.at	1997
DanceSafe	EEUU	http://www.dancesafe.org	1998
Ailaket	Spain	www.ailaket.com	1998
Drogart	Slovenia	www.drogart.org	1999
4motion	Luxembourg	http://4motion.lu	2002
PSF	Italy	www.psicologisenzafrontiere.org	2004
Contact Netz, Foundation for Addiction Care	Switzerland	http://www.contactnetz.ch	2004
Safer Clubbing	Switzerland	www.saferclubbing.ch	2005
Safer Nightlife Switzerland	Switzerland	http://www.infodrog.ch/nightlife-aktivitaeten.html	2006
CHECK!N	Portugal	http://checkin-freemind.com	2006
Espolea	México	www.espolea.org	2006
ARSU Festa	Spain	http://festa.arsu.es	2008
Kosmicare	United Kingdom	www.kosmicareuk.org	2009
Échele Cabeza (ATS)	Colombia	www.echelecabeza.com	2010
Party +	European Network	www.partyplus.eu	2011
Legal-high-inhaltsstoffe	Germany	www.legal-high-inhaltsstoffe.de	2011
Respire Redução de Riscos e Danos	Brasil	http://edelei.org/post/28-Projeto-ResPire	2011
Safer Dance Swiss	Swiss	http://de.saferdanceswiss.ch	2011
NEWNet	European Network	www.safernightlife.org	2013
Programa de Análisis de Sustancias (PAS)	México		2014
ReverdeSer Colectivo	México	reverdeser.wordpress.com	2015
Karmik	Canada	http://www.karmik.ca
ACT Investigation of Novel Substances (ACTINOS)	Australia	http://www.harmreductionaustralia.org.au/david-caldicott/	2016

Foto: Intercambios, Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas

Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana: “Regulación en relación con la seguridad pública”

Amaya Ordorika Imaz, integrante de ReverdeSer Colectivo, participó el día de hoy en la mesa “Regulación en relación con la seguridad pública”, en el marco de las Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana, a la que convocó la Mesa Directiva del Senado de la República.

Aquí pueden encontrar el video completo de la mesa:

 

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Posicionamiento de ReverdeSer Colectivo ante las noticias recientes sobre “distribución de drogas” en la FCPyS-UNAM

El 10 de mayo de 2015 la revista Proceso publicó la nota “Ciencias Políticas de CU, centro de distribución de drogas” en la cual destaca el aumento en la venta de sustancias ilegales dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (Universidad, UNAM) durante el último año y medio, así como la relación con el aumento en la inseguridad que han percibido estudiantes y la planta docente.

Esta situación sin duda representa un reto para la Universidad, sin embargo, no es un reto que enfrenta de manera aislada. A nivel nacional estamos viviendo una situación de violencia generalizada a partir de la declaración de guerra contra el narco que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa realizó en diciembre de 2006. Desde entonces, el gobierno federal ha implementado una estrategia militarizada que destaca como uno de sus objetivos la desarticulación de los grupos dedicados al narcotráfico. Esto ha resultado en la exacerbación de ciclos de violencias, la multiplicación del número de organizaciones criminales y la extensión de la presencia de éstas en el país.[1]

La PGR asegura que a finales de 2014 operaban 9 cárteles, distribuidos en 23 estados de la República, y 45 células delictivas que, además del tráfico de drogas, han extendido sus actividades a otros delitos como la extorsión, el secuestro, el cobro de cuotas de piso y el robo de hidrocarburos.[2] Es absurdo pensar que las instalaciones de Ciudad Universitaria quedan exentas de las complejas problemáticas sociales que vive nuestro país y es más absurdo aún tratar el tema como si fuera un problema aislado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La estrategia de combate al narcotráfico que se ha implementado a nivel nacional ha resultado en violaciones graves de derechos humanos: más de 70,000 personas asesinadas[3], más de 25,000 personas desaparecidas[4] y al menos 280,000 personas desplazadas por la violencia[5]. Es claro que resulta necesario buscar otro camino.

ReverdeSer Colectivo considera que la posible resolución de esta situación pasa necesariamente por un cambio de políticas públicas a nivel nacional que incluya la implementación de un modelo de regulación de drogas que permita la separación de este mercado de otros mercados violentos, así como la instalación de puntos regulados de venta de mariguana en el Distrito Federal que desvíen el mercado de las instalaciones universitarias.

La UNAM ya se ha pronunciado sobre este tema. En abril de 2012 la Universidad organizó el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas[6], en donde afirmó la necesidad de crear nuevas estrategias de seguridad y de replantearse la política prohibitiva de drogas que se impone a nivel nacional. En la clausura del Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas, el Rector afirmó que “pensar que la solución sólo pasa por la policía y la prisión, es francamente insensato”.[7]

Este es un momento clave para que la UNAM vuelva a participar del debate que se está dando a nivel nacional e internacional entorno a la política de drogas, dejando atrás la búsqueda de “soluciones inmediatas”, que resultan siempre insuficientes y con graves efectos secundarios, e impulsando una aproximación integral, no punitiva, al tema de las drogas. Un paso contundente en este sentido sería la publicación de las conclusiones del Foro antes mencionado, tarea que queda pendiente desde hace tres años.

La UNAM tiene la oportunidad de alejarse del discurso del enemigo y de sustituir las prácticas punitivas y policiales por acciones encaminadas a la reconstrucción del tejido social, partiendo del reconocimiento de que la venta de sustancias ilícitas es resultado de una serie de complejas dinámicas sociales que no pueden resolverse con la expulsión de un grupo de personas de un espacio. También tiene la oportunidad de dejar de ser una institución más que criminaliza a las personas usuarias de sustancias por realizar prácticas no violentas, reconociendo que muchas de estas personas son miembros de la comunidad universitaria.

Es importante que esta situación no nos orille a la implementación de medidas que, además de tener limitadas posibilidades de generar efectos positivos, no coinciden con el espíritu de la Universidad, como es el caso de la instalación de cámaras y torniquetes y la credencialización.

De ninguna manera cerrar espacios estudiantiles, imponer soluciones unilaterales, expulsar estudiantes o criminalizar a las personas usuarias de plantas y sustancias actualmente ilícitas fomentará una resolución del conflicto. Al contrario, profundizará más este síntoma e impedirá que la comunidad universitaria trabaje en conjunto para satisfacer las necesidades de cambio que se presentan y reapropiarse de la seguridad colectivamente.

De la misma manera, en nada abonan las afirmaciones alarmistas que indican que “la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se ha convertido en el principal punto de venta de drogas en el sur de la Ciudad de México”[8] y que sostienen que estas conductas no deseadas son llevadas a cabo casi exclusivamente por habitantes de Santo Domingo, dado que resultan carentes de información rigurosa que las sustente y fomentan la criminalización y estigmatización.

Aprovechemos este momento para dar un debate serio sobre la seguridad y la política de drogas en Ciudad Universitaria y a nivel nacional.

[1] Guerrero, Eduardo. “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco” http://www.nexos.com.mx/?p=13844

[2] Redacción Aristegui Noticias «Hay 9 cárteles del narco en México; controlan 43 pandillas: PGR» http://aristeguinoticias.com/1609/mexico/hay-9-carteles-del-narco-en-mexico-controlan-43-pandillas-pgr/

[3] Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, Mission to Mexico. June 12^th, 2014.

[4] Registro Nacional de Personas Desaparecidas

[5] Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. “Violaciones Graves a Derechos Humanos en la Guerra contra las Drogas en México”, 2015.

[6] Boletín UNAM-DGCS-244 “Organiza la UNAM el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas” http://enes.unam.mx/?lang=es_MX&cat=sociedad&pl=insensato-pensar-que-la-solucion-al-problema-de-las-drogas-solo-pasa-por-la-policia-y-la-prision

[7] Boletín UNAM-DGCS-270 «Insensato, pensar que la solución al problema de las drogas sólo pasa por la policía y la prisión» www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_270.html

[8] Dávila, Patricia. «Ciencias Políticas de CU, centro de distribución de drogas» www.proceso.com.mx/?p=403721

Resistiendo el Modelo de Guerra en México: un esfuerzo binacional

Por Laura Carlsen

Van muy pocos meses desde que hicimos la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) a Estados Unidos y en este tiempo ha cambiado mucho el contexto de nuestro movimiento, o mejor dicho, de nuestros movimientos.

Hemos visto la toma de posesión de dos nuevos gobiernos—el de Enrique Peña Nieto aquí en México, y aunque Barack Obama empieza un segundo periodo, está haciendo algunos reacomodos, lanzando algunas nuevas iniciativas, profundizando otras y tenemos nuevos Congresos.

Así que hay cambios importantes en los dos lados de la frontera, y éstos, junto con los cambios al interior del movimiento, hacen necesario repensar dónde estamos parados, por dónde podamos caminar hacia adelante, y qué obstáculos vamos a encontrar en este camino.

Nos unen los propósitos de: verdad y justicia para las víctimas, y cambio de política de seguridad hacia una visión de la seguridad humana. Son dos propósitos, pero un sólo camino: sabemos que no hay paz sin justicia, tampoco hay seguridad sin justicia, pues la seguridad se basa en la justicia y en nuestros lazos comunitarios, no en las armas.

En cuanto a la política de seguridad, Enrique Peña Nieto llega con una gran necesidad de distanciarse de la guerra de Calderón, que fue un factor innegable en el descalabro del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones. Desde la campaña, empieza hablar de modificar la estrategia de “guerra”, de enfocarse más en la seguridad pública y disminuir la violencia, y no tanto en la lucha contra las drogas.

En su gobierno, ahora hablan de “construir la paz” en lugar de seguir la guerra. Hay frases incluso que repiten casi textualmente mensajes de nosotros. Suena bien.

Y hay algunas acciones concretas que van más allá del cambio en el discurso, como la aprobación de la Ley de Víctimas, que tendría un impacto real en la situación que viven miles de familias de víctimas.

Entonces, la primera pregunta es: ¿Estamos frente a un verdadero cambio del modelo de seguridad a nivel nacional? Desgraciadamente, existen muchos elementos que indican que la respuesta es no.

Como un buen prestidigitador, el gobierno de Peña Nieto está apostando a que nos quedemos viendo como se muevan sus labios, mientras con manos ocultas hace sus trucos.

II. Por qué pensar que no habrá cambio de modelo

1.- El nuevo gobierno, quiénes son y de dónde viene

Nosotros sí tenemos memoria. El PRI no es una incógnita. Muchos nombres en el nuevo gabinete, empezando con el del presidente, están ya asociados con el autoritarismo de la vieja escuela, con el machismo y con la represión.

Es un partido experto en el control social, por múltiples vías: la manipulación del sistema de justicia, la cooptación, la división y la violencia. Y la guerra contra el narco -con la militarización de grandes partes del territorio nacional- es un sistema de control social disfrazado. Les sirve.

Para dar sólo un ejemplo clave: Eduardo Medina Mora. Recordamos que Medina Mora fue el Procurador General en el gobierno de Felipe Calderón hasta el 2009. Este político que fue vocero de la guerra de Calderón y apologista de la injusticia nacional, fue nombrado embajador a Estados Unidos por el gobierno de Peña Nieto.  El mismo que anunció en 2008, como titular de la PGR -aparentemente sin ironía-:  “Estamos en la guerra para recuperar la paz”; y el que la embajada de Estados Unidos definió como “un jugador clave” en la Iniciativa Mérida -según un cable de Wikileaks, ahora está en Washington a cargo de la relación binacional cuyo eje sigue siendo la Iniciativa Mérida.

2. El presupuesto militar

El presupuesto 2013 sostiene e incrementa el modelo militarizado contra el narco. Tal como fue aprobado, el presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es de 60 mil 810 millones; esto  duplica el presupuesto del año 2007 y es 5 mil millones de pesos más que en 2012 bajo el periodo de Calderón. Los recursos se destinan a equipo de vigilancia y de ataque, puestos de control en todo el país, etcétera, y su justificación se centra en la guerra interna con los objetivos de “el acotamiento de los grupos armados en todo el territorio nacional, y mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan en las vertientes de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada”.

3. La Gendarmería.

Esta propuesta de Peña Nieto no es en la práctica una forma de desmilitarización. Se contempla la creación de una fuerza inicial de 10 mil efectivos, mayoritariamente militares, con algunos policías. En efecto, y en la ausencia de un verdadero cambio de modelo, es el mismo esquema con diferente nombre.

La otra razón de dudar de un cambio real de modelo de seguridad en este gobierno tiene que ver con su agenda de reformas estructurales anti-populares, una serie de políticas dirigidas al mal-llamado “desarrollo” basado en privatizaciones de los recursos y las tierras nacionales. La imposición de este tipo de reformas  se apoya en la militarización para despoblar zonas de interés, para reprimir comunidades y grupos que defienden sus territorios, y para intimidar o de plano eliminar sectores en resistencia.

Otra razón es la dependencia que México tiene con Estados Unidos y el gran interés del gobierno de Estados Unidos en continuar la guerra.

Estados Unidos: En Washington también se ha dicho que el Plan Mérida se ha modificado para tener un enfoque más integral. Sí es cierto que el financiamiento militar directo (FMF) ha disminuido mucho, el modelo de guerra sigue siendo lo mismo y en muchos aspectos se está intensificando. Los siguientes puntos son indicadores:

1. Las declaraciones de John Kerry, el nuevo Secretario de Estado, al Senado hace unos días. Dijo que México está “bajo sitio” y ofreció redoblar esfuerzos. Afirmó que “el presidente (Enrique) Peña Nieto está tratando de mover esto en otra dirección” (menos militarizado) y que por eso es más importante que nunca el apoyo. Incluso fue más lejos, insistiendo en que en cualquier discusión de recortes de presupuesto no se tocara a la iniciativa Mérida: “así que creo que vamos a necesitar convencer a nuestros colegas de la importancia de esta iniciativa”, puntualizó, sin ofrecer una sola crítica a un modelo que ha dejado más de 100 mil muertos y desaparecidos.
2. La ayuda a México: Si seguimos el dinero y no la retórica, vemos que el modelo sigue sin cambios. El financiamiento del Operaciones en el Exterior (el Departamento de Defensa es otra fuente aparte de ayuda a la guerra en México) en el 2013 contempla 7 millones de dólares a las Fuerzas Armadas, 199 a la lucha contra las drogas, 8 millones para programas contra el terrorismo, y sólo 35 en apoyo económico a un país en el que casi la mitad de la población vive en la pobreza. Eliminan la ayuda en rubros como salud global y se reduce el apoyo al desarrollo. A la vez, las de por si débiles estipulaciones sobre derechos humanos desaparecen.
3. La expansión del entrenamiento militar para efectivos mexicanos en el Comando Norte. El Pentágono está activamente ampliando los programas de entrenamiento de las fuerzas armadas mexicanas en la guerra. Creó un nuevo cuartel de operaciones especiales en Colorado Springs, la sede del Comando Norte, para entrenar a militares mexicanos -en nombre de la guerra contra el crimen organizado- en técnicas utilizadas en Irak. Según la revista Proceso este entrenamiento en Estados Unidos ha incluido “espionaje, tortura, ataques sorpresa y secuestro.” Se enfoca en operaciones de contrainsurgencia-contraterrorismo-contra drogas, que ya empiezan a fundirse en el discurso y en la práctica expansiva de la guerra, lo cual aumenta la criminalización de la protesta. El propósito expreso del nuevo centro es la guerra contra el narco “para que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto establezca una fuerza militar enfocada en las redes criminales…” (esto se supone sería la gendarmería). Los militares estadounidenses habían llevado a los mexicanos a visitar centros de operaciones especiales en Balad Irak y Fort Bragg, NC. [1] La agencia de noticias AP reporta el 17 de enero que están entrenando a los mexicanos en tácticas para capturas, como se aplicaron para capturar, es decir para matar, a Osama Bin Laden. Esto llama la atención porque todos los estudios que tenemos indican que esta estrategia de captura de capos (Kingpin strategy) lleva a una explosión de la violencia en el lugar de los hechos, y no funciona para ni para mejorar la seguridad pública ni para reducir el tráfico de las sustancias ilícitas, y mucho menos para la construcción de una paz duradera.

Para que no quede duda de la relación entre estos esfuerzos y el plan hacia México diseñado por Bush y ampliado por Obama, la AP lo deja claro: “las operaciones especiales de entrenamiento del Mando en la actualidad se derivan de la Iniciativa Mérida, formalizada en 2008 para proporcionar asistencia militar amplia a México”.

La imposición del paradigma contra el terrorismo en México tendrá terribles repercusiones. Cuando el gobierno de Calderón empezó a redefinir a los narcotraficantes como un amenaza a la seguridad nacional y no sólo como criminales, los carteles empezaron a actuar, efectivamente, más como una amenaza a la seguridad nacional, se desataron batallas por control de territorio, aumentaron su  injerencia en la vida civil y los actos de corrupción de instituciones, desafiando o cooptando el Estado en distintas regiones del país. A la vez, se extiende la presencia y control de Estados Unidos en territorio mexicano en franca violación del concepto de soberanía nacional, y muy probablemente de las leyes nacionales.

No cabe duda que cuando escalan la guerra contra el narco a una guerra contra el terrorismo con el apoyo de los Estados Unidos, los narcos van a empezar a actuar más como terroristas, que no son. Además, la guerra contra el terrorismo se caracteriza por el uso de la tortura, la matanza de civiles -sobre todo mujeres y niños-con drones y golpes indiscriminados, por el odio y el racismo. ¿Acaso es esto lo que queremos en México? ¿Queremos ser el reemplazo de la guerra en Irak para la industria de guerra en Estados Unidos?

Todo eso nos pone frente una situación de simulación que en muchos sentidos es más peligrosa. Hay un esfuerzo para maquillar la guerra, al mismo tiempo que se intensifica. Existe una enorme distancia entre el discurso y la realidad.

Si no seguimos llamando la atención a la realidad de la guerra –como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho desde que nació– dejaremos en la indefensión a las víctimas actuales y a las víctimas futuras, de una guerra que oficialmente se ha declarado terminada.  El nuevo contexto puede llevar a mayor aislamiento, mayor vulnerabilidad y mayor simulación; ya varios periodistas han reportado políticas editoriales de suprimir notas sobre la violencia (que no ha disminuido) porque contradicen el afán del nuevo gobierno de mejorar la imagen.

Es importante señalar que el hecho de que siga la guerra no quiere decir que no habrá nuevos espacios y oportunidades para el movimiento contra guerra. Sergio Alcocer, subsecretario para América del Norte, anunció una evaluación de la iniciativa Mérida: “y en función de eso se decidirá como continuar o que continuar dentro de la iniciativa u otro proceso que se establezca.” Es el momento de exigir transparencia y participación ciudadana. En Estados Unidos los recortes abren la posibilidad de cuestionar a fondo la iniciativa Mérida y la aplicación del paradigma contra el terrorismo al tráfico de sustancias ilícitas, y la probabilidad de crear otra guerra costosa y amenazante, y enfatizar las alternativas.

En los dos lados tenemos propuestas constructivas frente a la destrucción. El movimiento ha elaborado los documentos sobre seguridad humana, tejido social y corrupción, y en Estados Unidos las organizaciones tienen propuestas de regulación de las drogas, derechos de migrantes y desmilitarización de la frontera, etcétera.

III. Nos une el propósito de poner fin a la guerra, la violencia y la injusticia

Si al lado de la violencia están la estrategia de control social del gobierno mexicano, los políticos autoritarios, las instituciones corruptas, el crimen organizado, el Pentágono, el gobierno de lEstados Unidos, algunos empresarios… ¿Qué está del otro lado?

Nosotros. Nosotras.

Las comunidades indígenas en Chiapas y Michoacán que luchan por vivir en paz y cuidar a la Madre Tierra como han hecho por siglos. Los padres y madres que con el corazón partido luchan por la justicia y para que no se olviden de sus hijos. Las defensoras y los defensores de derechos humanos en comunidades y ciudades en todo el país, que por su trabajo se vuelven blancos de la violencia. Los campesinos en Chihuahua que se oponen al modelo Narco-NAFTA de terror y usurpación de sus tierras. Los jóvenes de Ciudad Juárez que viven y resisten en la sombra de la militarización.

Y en Estados Unidos las y los activistas migrantes que dicen que nadie es ilegal y que los muros matan. Las organizaciones de africano-americanos que protestan contra el encarcelamiento de sus hijos por la guerra contra las drogas en Estados Unidos. Las comunidades de la frontera que protestan por la militarización. Los grupos que exigen un fin a la sangrienta política exterior de hegemonía que es el Plan Mérida.

Somos nosotros, que nos hemos encontrado en el camino,  que vamos encontrando más. Sería muy forzado pensar en tener una agenda común. Somos diversas organizaciones y movimientos en Estados Unidos, con agendas propias, y México y Estados Unidos enfrentan contextos nacionales muy distintos. Y es importante que cada quién mantenga su enfoque.

Sin embargo, nos une un propósito: poner fin al modelo de guerra que domina en nuestros países, y para algunos, en nuestras comunidades. Las alianzas y los propósitos comunes y mecanismos de coordinación son esenciales. El reto no es necesariamente seguir con planes conjuntos o crear plataformas en cada uno de los 5 ejes–armas, reforma de las políticas hacia las drogas, fin de ayuda militar para la guerra contra el narcotráfico y política exterior, contra el lavado de dinero, y derechos de migrantes—que trabajamos en la Caravana, sino entender cómo se entrelazan en este modelo de guerra que sufrimos y cómo las luchas de todos y todas pueden reforzarse mutuamente para parar esta guerra.

Fuente: http://www.pensamientocritico.org/laucar0313.htm

Altos mandos de la 22 Zona Militar, fuera de las pesquisas de la matanza en Tlatlaya

• La comandancia de la región castrense tuvo conocimiento inmediato del suceso.

Por Jesús Aranda para La Jornada

La comandancia de la 22 Zona Militar –en cuyo perímetro se encuentra ubicado el municipio de Tlatlaya, estado de México–, tuvo conocimiento inmediato de los hechos que derivaron en el presunto ajusticiamiento de 21 personas el 30 de junio pasado. Sin embargo, hasta la fecha, ni la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) ni la Procuraduría General de la República (PGR) han investigado la presunta responsabilidad de altos mandos castrenses en esos hechos.

Fuentes cercanas al proceso penal y en el fuero de guerra que se sigue al teniente que iba a cargo, a los tres soldados sospechosos de haber ultimado a las 21 personas (un presunto delincuente habrá muerto a consecuencia del tiroteo con los soldados) y a los otros militares que estuvieron presentes en ese incidente confirmaron lo anterior, y aseguraron que las indagatorias realizadas por ambas procuradurías han sido deficientes.

En lo que toca a la causa penal abierta en la procuraduría castrense, indicaron los informantes, aun cuando la dependencia ejerció acción penal en contra del teniente y siete soldados por desacato, indisciplina y desobediencia de deberes militares, resulta que la indagatoria no ha tomado en cuenta aspectos que involucran a mandos castrenses (al menos el coronel que era el comandante de los soldados acusados) y sus superiores de la 22 Zona Militar, como es el hecho de que aún no se ha aclarado qué hacían los soldados en el lugar de los hechos, si realizaban patrullajes en la zona, labores de reconocimiento o si iban de paso, y quién les dio la orden correspondiente.

De acuerdo con la versión de los militares que enfrentan cargos ante la justicia castrense y están a la espera de que la PGR actúe legalmente en su contra, al menos de tres de ellos por el delito de homicidio calificado, el 30 de junio fueron agredidos a tiros por unos sujetos que se encontraban fuera de una bodega en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.

Desde ese momento, el teniente que iba a cargo se comunicó por radio con su comandante (con el grado de coronel) para dar parte sobre el ataque, lo que implica que el mando tuvo conocimiento de los hechos e incluso dio la orden de someter a los atacantes, añadieron los acusados.

El coronel tardó una hora en llegar al lugar y, a su vez, rindió el parte completo a sus superiores, así es que si antes los altos mandos no fueron investigados porque no había delito que perseguir, una vez que cambió la situación y tres soldados son investigados por homicidio doloso, también debe deslindarse la responsabilidad de los mandos, aseguraron los detenidos ante el Ministerio Público Militar, cuando fueron consignados ante el fuero de guerra por desobediencia e infracción de deberes comunes de los militares.

Por su parte, las fuentes cercanas al proceso que se sigue en contra de los soldados señalaron que hasta el momento la autoridad militar no ha señalado si los soldados detenidos actuaron con apego al Manual de uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas, publicado precisamente el 30 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación.

En todo caso, los mandos castrenses tienen que aclarar cuál fue su participación en los hechos para que las procuradurías deslinden las responsabilidades correspondientes.

Según los entrevistados, llama la atención por qué, durante más de dos meses, ni el alto mando ni la procuraduría militar encontraron elementos para procesar a los acusados, ni el fuero de guerra ni por la muerte de los 22 jóvenes. Y por qué, después de las presiones públicas del gobierno de Estados Unidos y de Humans Rights Watch (HRW), se integró una averiguación previa que derivó en la consignación del teniente y siete soldados ante el fuero militar y estén a la espera de que la PGR actúe penalmente en su contra por homicidio doloso y lo que resulte.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2014/10/08/politica/012n1pol

Se cumple un año de la desaparición de Daniel Ramos

Daniel Ramos Alfaro, de 21 años de edad, se desempeñó por casi 3 años como capacitador del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en el estado de Michoacán, especialmente en zonas rurales. Amigos y familia de Daniel lo describen como un joven serio, honesto y orientado a la familia.

Para más información sobre el caso: http://cmdpdh.org/casos-paradigmatico…

“Hay 1.600.000 desplazados por el narco, es una barbaridad”, afirma experto en narcotráfico

Por Víctor Flores García, Ciudad de México

José Reveles, experto en narcotráfico y autor de numerosos libros sobre el tema, declaró en una entrevista a Nóvosti el alto nivel de desplazados por los conflictos generados por el narco en México.

¿Se ha acabado con la captura de Héctor Beltrán Leyva ese cártel familiar?

No. Lo que se acaba es el nombre de la marca. La organización pierde el apellido, que está muy dispersa y se ha pulverizado. En este momento sus derivaciones están peleando ferozmente en el estado de Guerrero. Los Guerreros Unidos –involucrados en la matanza de estudiantes en Iguala- están luchando en contra del cartel de Los Rojos. También está un grupo narcotraficante que se llama la CIA, el Cártel Independiente de Acapulco; y otro se llama La Barredora, que es muy violento. Su nombre lo indica. Están, además, Los Pelones en la Costa Chica de Guerrero. Son grupos que se han subdividido de la matriz del clan Beltrán Leyba y siguen operando.

¿Qué importancia tiene la historia de este cartel en el mapa del narcotráfico de México hacia EEUU?

Originalmente pertenecían al Cartel de Sinaloa (estado del noreste de México, con costas en el Pacífico). Con la sospecha de que el capo de esa mafia, Joaquín  Guzmán Loera, El Chapo, se había acercado al ejército, en enero de 2008 pelearon con todo por el cartel. El Chapo Guzmán fue detenido por militares de Guatemala en 1993 y se fugó en una maleta de ropa sucia en el 2001. Fue recapturado este año 2014, en una red de alcantarillas del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Una mafia internacional: destino EEUU

¿Así fue que tomaron sus rutas internacionales los Beltrán?

Así es. Los Beltran Leyva comenzaron entonces a tener relaciones internacionales hacia Colombia, Panamá  y Centroamérica. Cuando se dividen del cartel del Chapo Guzmán, mantienen una relación internacional. Luego pasa el tiempo y están mencionados en el tráfico más grande de drogas hacia EEUU, a través de California. Después sus drogas toman una ruta terrestre hacia Chicago, donde tienen su gran centro de distribución.

¿Cuál es el lugar de Chicago como destino en la ruta de narcotráfico dominado por los Beltrán Leyva?

En Chicago está siendo juzgado, por esa causa de tráfico de drogas de México a EEUU el Vincetillo, Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael Zambada, alias El Mayo, ahora el más buscado. Después de la caída de Héctor Beltrán Leyva, con el Chapo Guzmán ya recapturado; y con la eliminación de los disidentes Beltrán Leyva, de la llamada Federación de Sinaloa ahora sólo falta la detención de Ismael el Mayo Zambada. Al principio, eran socios del gran cartel de Sinaloa, después se dividieron. Pero hay un par de personajes que son jóvenes, que les llaman “Los Gemelos” en EEUU. No tienen 40 años todavía, como Vicentillo Zambada que tiene 38. Son Margarito y Pedro Flores, nacidos en Chicago, hijos de un mexicano del estado de Oaxaca, ligados al Cartel de Sinaloa.

¿Y donde están estos personajes?

A ellos los tiene la DEA (la Agencia Antidrogas de EEUU) escondidos en algún lugar para que no los maten. Nadie sabe dónde están. Ellos se convirtieron en testigos protegidos de la DEA, para explicar cómo se hacía todo el tráfico de drogas desde las redes del cartel de Sinaloa en Sudamérica y México hasta Chicago en EEUU.

¿Desde cuándo desarrolla EEUU esta investigación?

Esta es una historia que se puede investigar desde hace cinco o siete años atrás, hasta ahora.

Eso significa que fue uno de los carteles más activos durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012)…

Y muy activos en EEUU, donde hay 43 personas implicadas en la investigación. El Vicentillo fue capturado en México hace cinco años;  solo duró un año preso en México y fue extraditado a EEUU. Allí fue procesado por una corte del estado de Illinois –donde está Chicago-. Él aceptó un acuerdo administrativo que lo liberó de proceso, y se convierte en testigo protegido, con un máximo de diez años de cárcel.

Esa es una historia de tu reciente de tu libro: «El Chapo: entrega y traición» …

Sí. Es que a Vicentillo Zambada le están incautando 1.357 millones dólares, más dinero de lo que dice la revista Forbes que tiene el Chapo Guzmán, que estima su fortuna en 1.000 millones de dólares.

Los capos más buscados

En el ranking de capos millonarios ¿Vicentillo supera al Chapo?

Sí, pero Vicentillo nunca ha aparecido en la lista de Forbes. Sabemos que supera al Chapo quienes conocemos la investigación en Illinois, que indica una posible incautación de una fortuna mayor que la del Chapo.

¿Cómo se colocan los hermanos Beltrán en este ranking de capos millonarios?

Simplemente no entran en esas ligas.

Después de la caída del último hermano de los hermanos Beltrán Leyva, ¿cuál es el capo más buscado de México?

De ese grupo de la llamada Federación de Sinaloa, el más buscado es el Chapo Isidro. Es un hombre que utilizaron para atacar al Chapo Guzmán en Sinaloa, en su propia tierra. Es muy violento y muy inteligente. Le dio batalla al Chapo Guzmán en el cartel de Sinaloa. Desde 2008, Los Gemelos que mencioné, ahora testigos protegidos, se quedan con los hermanos Beltrán Leyva. A Héctor seguramente lo van a extraditar a EEUU. Faltan ellos.

¿Ya no hay grandes capos de leyenda libres?

Están sueltos pocos después de los hermanos Beltrán Leyba y el Chapo Guzmán. Los hermanos Arellano Felix se acabaron. El más fuerte de todos es Ismael Zambada, El Mayo.

¿Es el narco con quien se fotografió el fundador de la revista mexicana Proceso, Julio Scherer?

Así es, con quien se fotografió abrazándose don Julio Scherer. La foto se publicó en la revista Proceso con una portada que dice: “Si me matan o me atrapan nada cambia”. Es el último rastro.

¿El Mayo Zambada es el último emblema prófugo de la era de los grandes capos?

Sí. Desde el punto de vista de los grandes capos del cartel de Sinaloa. Porque hay otros que ya no están: eran Nacho Coronel, muerto en Zapopan por el ejército en 2010; el Chapo Guzmán fue recapturado y Juan José Esparragoza alias El Azul, del Cartel de Juárez, dijeron hace dos meses que se murió a los 64 años, pero el gobierno no lo confirma. Antes habría muerto en 1997 Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, que nadie cree que esté muerto. Osiel Cárdenas, jefe del Cartel del Golfo de México fue extraditado a EEUU. Los hermanos Arellano están todos presos o muertos.

¿Nueva estrategia o nueva imagen?

El presidente Enrique Peña ha cambiado su estrategia de confrontación abierta de Felipe Calderón por otra de inteligencia militar y espionaje.  ¿Cuál es la diferencia real?

Sigue siendo la misma estrategia del paradigma punitivo que dirige EEUU. Lo que están cambiando es la percepción de la gente. La política de comunicación, de percepción contra realidad, de imagen. No puedes ser tan optimista con las cifras de la lucha antidrogas porque al final la realidad va a surgir y te va a desmentir en cualquier momento. Entonces, el presidente Peña construye otra percepción centrada en las reformas estructurales, educativa, fiscal y petrolera.

Y de repente, nos enteramos por una investigación periodística que el Ejército violó los derechos humanos de unos sicarios, al parecer ejecutados en Tlatlaya…

Así es. Les explota el caso de Tlatlaya (estado de México, que colinda con la capital) donde los militares, al parecer, matan a más de 20 muchachos delincuentes inermes que ya se habían rendido. Es un gran escándalo.

¿Hay responsabilidad de los oficiales del Ejército?

Después de lo que publicaron la revista Esquire y la agencia estadounidense AP están imputando a soldados de tropa, tres meses después de la matanza. En una jerarquía militar es obvio que hay líneas de mando. Yo pronostico que por esa desgracia terrible, donde murió tanta gente, el gobierno de Peña los va a meter a la cárcel.  ¿Qué les importa meter 10 o 20 militares a la cárcel? El mensaje es: “la institución militar sigue siendo patriota y leal. Estos son malos elementos, caso aislado nada más”. Y se acabó. Va a quedar, en la percepción ciudadana que Peña sí hizo lo que no hizo Calderón, encarcelar a militares.

Tú has escrito un libro que se llama «Levantones, narco-fosas y falsos positivos», ¿puedes decirnos sus principales premisas sobre los “falsos positivos» o falsas bajas de narcotraficantes?

El fenómeno se contagió a México por varias razones. Primero, porque el expresidente Álvaro Uribe fue asesor de Calderón y el general Oscar Adolfo Naranjo, exjefe de la policía nacional de Colombia, fue asesor del presidente Peña. En el pasado, con Uribe y Calderón, se comenzó a hacer una ecuación funesta: a más muertos, más triunfo en la guerra. Con los estímulos económicos y ascensos, los soldados son premiados, en razón de las víctimas, y se les paga por productividad de la muerte.

Los datos duros hablan de 70.000 a 100.000 muertos, según la fuente que se utilice, desde que inició la guerra en 2007. ¿Cuántos son civiles, cuántos narcos, cuántos pandilleros, cuántos militares, cuántos policías? Todo parece muy confuso.

Sí, porque lo que se hizo fue criminalizar a los muertos. Toda persona fallecida se convertía en secuestrada o muerta por violencia del crimen organizado. Calderón dijo que sólo 3 o 4 por ciento eran víctimas por “daños colaterales”, como acuñaron el concepto. Pero por el modus operandi, se puede estimar que un 30 por ciento de esas cifras son inocentes. El método se remite a Vietnam en los años 70s, cuando el ejército de EEUU tomaba aldeas completas y a todos los consideraba enemigos.

¿Estás diciendo que 70 por ciento de esas muertes son entre pandillas y mafias?

Correcto, esa es la ecuación que más o menos he llegado a concluir. Y hay otro fenómeno oculto, que no está presente en la cobertura de los medios. El desplazamiento interno de la población mexicana, un fenómeno hormiga de migración interna. Hay una encuesta de la firma Parametría que habla de 1.600.000 desplazados internos. Es una barbaridad.

Fuente: http://sp.ria.ru/opinion_analysis/20141008/162336941.html

PGR debe esclarecer cifras sobre personas desaparecidas en México

• La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos observa con preocupación el anuncio del Gobierno Federal sobre las cifras de personas “no localizadas”.

• La CMDPDH confía en que la estrategia anunciada se ajustará a las obligaciones en materia de derechos humanos y que su anuncio sea el inicio de un verdadero compromiso con las víctimas de desaparición.

México, D.F. a 1 de septiembre de 2014.- El Gobierno Federal anunció el pasado jueves 21 de agosto que la cifra de personas ‘no localizadas’ en México alcanza las 22 mil 322 personas.  Según detalló la subprocuradora jurídica de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, la cifra está compuesta por 12,32 denuncias durante la administración de Felipe Calderón y 9,790 que corresponden a la administración actual con Enrique Peña Nieto.La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. observa con preocupación el anuncio de números respecto de los cuales no se especifica la metodología utilizada para su obtención, ni se explican las variables que representa esa cifra, es decir los datos, no están desagregados por género, estado, municipio, averiguaciones previas abiertas, y sentencias.De igual manera, es inaceptable el uso de eufemismos como el de ‘personas no localizadas’ lo cual envía un mensaje de opacidad que parece querer modificar el contexto de la realidad, y pudiera tener por objetivo minimizar las obligaciones y responsabilidades del Estado mexicano en la búsqueda, localización de personas desaparecidas y la sanción de los responsables.

La subprocuradora Benítez destacó que se trabaja en la construcción del Plan Nacional de Búsqueda; una estrategia que incluye el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda. No obstante, vale la pena detenerse a analizar la capacidad que tiene la Procuraduría General de la República para hacerse cargo de la búsqueda, clasificación de los restos y atención a las familias.  A la fecha la unidad que atiende el tema ha demostrado ser insuficiente, tomando en cuenta la cifra mencionada, y que la anunciada Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas cuenta únicamente con 160 funcionarios.  Desconocemos la formación y capacidad técnica de esos funcionarios, además consideramos limitado el número, debido a que a cada uno le correspondería buscar, localizar e identificar a 139 personas, además de llevar a cabo las tareas de investigar y acusar a los responsables de los hechos delictivos.  Dichas tareas tendrán que desempeñarse en un contexto en donde continúan ocurriendo más desapariciones.

Llama la atención la declaración de la subprocuradora de que las principales causas de desaparición son: ausencia voluntaria, problemas domésticos, privación ilegal de la libertad, migración, internamiento en centros de reclusión, fallecimiento o víctimas de otros delitos, pues este tipo de información sólo puede desprenderse de investigaciones imparciales e independientes que al día de hoy no han sido realizadas.

El Estado mexicano ha fallado en posibilitar el acceso a la verdad, justicia, garantías de asistencia y reparación a las víctimas directas e indirectas de la desaparición; lo anterior, es un síntoma de impunidad. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es importante recordar que México no ha  reconocido la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU para analizar casos individuales de víctimas de esta práctica, a pesar de contar con una cifra de decenas de miles de personas desaparecidas y tomando en cuenta el importante rol de México en la adopción de la Convención sobre Desaparición Forzada que creó el Comité.

La CMDPDH acompaña cinco casos de desaparición, algunos de ellos desaparición forzada; el caso de Jorge Antonio Parral Rabadán, desaparecido en abril de 2010; Daniel Ramos Alfaro, desaparecido en Michoacán en 2013; Jethro Ramsés Sánchez Santana, en Morelos en 2011; Oscar Carlos Reyes Ruíz, se presume que en Veracruz en 2012; Miguel Orlando Muñoz Guzmán, en Chihuahua en 1993, Rosendo Radilla Pacheco desparecido en 1974 durante la Guerra Sucia en Guerrero, y la desaparición aún no aclarada de Silvia Arce en el contexto feminicida de Ciudad Juárez de 1998.  En cinco de ellos se desconoce por completo la suerte y paradero de las personas y el Estado continúa sin tomar las medidas necesarias para su localización. Tampoco hay responsables procesados por esas violaciones graves de múltiples derechos humanos.

Es necesaria la pronta implementación de medidas efectivas y adecuadas para atender los casos de desaparición y desaparición forzada de personas.  Confiamos que el anuncio de la estrategia de PGR sea replanteado en cuanto a conceptos compatibles con los derechos humanos y que sea el inicio de un verdadero compromiso y el desarrollo finalmente de una política seria en la búsqueda y sanción de todos los responsables de las desapariciones en México. Sin duda alguna, el combate a la impunidad debe ser un paso importante para enfrentar el reto de responder a decenas de miles de familias que buscan conocer la verdad y encontrar justicia.

Fuente: http://cmdpdh.org/2014/09/pgr-debe-esclarecer-cifras-sobre-personas-desaparecidas-en-mexico/

Las ejecuciones extrajudiciales en México

Por: José Antonio Guevara Bermúdez para Animal Político

A pesar de que un porcentaje muy alto de los homicidios registrados en los últimos años pueden ser atribuibles a la delincuencia organizada, el gobierno o mejor dicho los gobiernos federal y locales, tienen la obligación de prevenir las violaciones al derecho a la vida y en su defecto, investigar, procesar y castigar a los responsables.

En junio pasado el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (RE) de la Organización de las Naciones Unidas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el informe sobre su visita oficial a México, llevada a cabo entre el 22 de abril y el 2 de mayo de 2013.

Se trata de un informe escalofriante que muestra el reconocimiento del Gobierno de la República de no menos de 70,000 homicidios intencionales, cometidos entre 2006 y 2012, relacionados con la “guerra contra el narcotráfico”. Muchas de esas privaciones de la vida son calificadas en el informe como ejecuciones extrajudiciales, debido a que las mismas se dieron a manos de agentes del Estado, sin evidente sustento legal y con la ausencia de investigaciones y juicios imparciales e independientes.

A partir del análisis de 31 casos (entre 2007 y 2012), la investigación de campo del relator permitió identificar algunos patrones en la forma en que en México se priva arbitrariamente de la vida:

“[…] amenazas de muerte; muerte de personas detenidas; muertes a manos de miembros del ejército, la marina y la policía; uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden; muertes durante manifestaciones de protesta; muertes a manos de supuestos miembros de grupos armados ilegales, y desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias causantes de muerte. […]”[1]

Reconoció también que en dicho período la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 52 recomendaciones relativas a la privación del derecho a la vida, de las cuales 39 estuvieron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR).[2]

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) actualmente ejerce la defensa integral en tres casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Estado en el contexto de la actual política de seguridad. En dos de los casos se han emitido recomendaciones de la CNDH: Jorge Parral Rabadán en el estado de Nuevo León (Recomendación 57/2013) y Jethro Ramsés Sánchez Santana en el estado de Morelos (Recomendación 38/2012). El otro caso es de los señores Joaquín Figueroa Vázquez y Tito Landa Argüelles, quienes fueron ejecutados en el estado de Veracruz (2011).

En estos tres casos, todas las víctimas fueron ejecutadas por un uso excesivo y desproporcional de la fuerza. Además, se les criminalizó al intentar vincularlos como integrantes de la delincuencia organizada. Se ha podido acreditar de diferentes formas que no lo eran. A funcionarios de la SEDENA se le atribuye la responsabilidad de los dos primeros casos mencionados, mientras que las ejecuciones referidas en el último fueron cometidas en el contexto del Operativo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en Veracruz.

Jorge Parral Rabadán fue secuestrado por integrantes de la delincuencia organizada cuando se encontraba laborando en las instalaciones de Caminos y Puentes Federarles en Camargo, Tamaulipas, desde donde fue trasladado al estado de Nuevo León y privado de la libertad. En una incursión por parte de la SEDENA al lugar donde él y otras víctimas se encontraban retenidas, Jorge fue ejecutado por funcionarios de dicha institución.

Por su parte, Jethro Ramsés fue detenido arbitrariamente en un evento público por policías ministeriales y posteriormente entregado a integrantes de la SEDENA. Funcionarios de dicha institución lo sometieron a una brutal tortura, lo ejecutaron extrajudicialmentey posteriormente lo desaparecieron.

Las ejecuciones de Joaquín Figueroa Vázquez y Tito Landa Argüelles permanecen en la opacidad. Ambos eran ingenieros y trabajadores del estado de Veracruz que aparecieron muertos al interior de un automóvil. Además, fueron hallados con varios impactos de armas de fuego de alto calibre; la escena del crimen fue alterada y sus cuerpos fueron encontrados a unos metros de una zona militar.

A la fecha, los tres casos se mantienen en absoluta impunidad al no haber sentenciados.

Según el informe del RE, un indicador que permitiría medir el compromiso oficial para proteger la vida es que el país cuente con un sistema que investigue, procese y castigue a los responsables,[3] sin embargo, el informe refiere que solamente entre el 1% y 2% de los homicidio violentos -cometidos en el contexto de combate al narcotráfico- logra alcanzar una sentencia condenatoria, lo cual genera que la impunidad sea “sistemática y endémica”.[4] Señala a su vez que no se conoce sentencia alguna sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia,[5] ni de las muertes de migrantes,[6] ni de los asesinatos de 545 internos de centros reinserción social.[7]

Para el experto independiente de las Naciones Unidas, los homicidios violentos todavía se cometen a un nivel intolerable.[8] Destacó que el discurso del Presidente Enrique Peña Nieta ha marcado una diferencia de su predecesor, al referir que este gobierno estará al “servicio de los derechos humanos”; sin embargo, el RE no encontró información que le convenciera sobre el cambio en las estrategias para garantizar y proteger el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida en México.[9] Uno de los factores que contribuyen a este escandaloso número de ejecuciones, al parecer del RE, es la permanente participación de militares en tareas de seguridad pública.

En el informe se reconoció, una vez más, que las fuerzas armadas no reciben adiestramiento apropiado para llevar a cabo tareas de seguridad pública, por el contrario, el objetivo principal de aquellas es neutralizar a un “enemigo” por medio de la fuerza, mientras que para las policías se debe detener a los presuntos responsables de haber cometido un delito con miras a su enjuiciamiento.

A manera de ejemplo, la prensa mexicana reportó el 7 de diciembre de 2013 que cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Arcelia, Guerrero, fueron asesinados por militares pertenecientes al 102 Batallón de Infantería con Sede en Tejupilco, Estado de México. Otro incidente muy alarmante que constata la ausencia de cambios reales en la política de seguridad de la administración del Presidente Peña Nieto fue la privación arbitraria de la vida de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, por parte de funcionarios de la SEDENA el pasado 30 de junio.[10]

Por otro lado, también el informe menciona que dos de los factores que han propiciado la crisis en la violación al derecho a la vida son la jurisdicción militar, y por el otro, la ausencia de una legislación que regule el uso de la fuerza, particularmente la letal.

El RE señaló que el sistema de la jurisdicción militar no es una vía adecuada para hacer que los integrantes de las fuerzas armadas rindan cuentas sobre el uso indebido de la fuerza, porque dicho sistema no es independiente ni imparcial, además de que ha probado en la práctica su ineficacia para llevar a juicio a los responsables de violaciones a derechos humanos.[11]

Además, en su informe considera que el paso inicial para garantizar el derecho a la vida en el contexto de las actividades legítimas del Estado para preservar el orden público es el que se cuente con una ley que regule el uso de la fuerza, que contenga los parámetros de su uso, un sistema de información (reportes) así como de rendición de cuentas en caso del uso indebido de la fuerza.[12]

El informe reconoce que a nivel federal -y en una gran mayoría de los estados de la República- no se cuenta con legislación sobre uso de la fuerza que establezca los parámetros y los límites para hacer uso lícito de la fuerza, incluso la letal, por funcionarios encargados de la seguridad pública.[13] Por consiguiente es frecuente que no se respeten los principios de legalidad, necesidad, precaución, proporcionalidad, no discriminación y prohibición del uso de la fuerza letal en manifestaciones pacíficas.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la actividad de la fuerza pública debe ser regulada en leyes, reglamentos y protocolos.[14] Sin embargo, en el país no existe ninguna ley que en tiempos de paz autorice el uso de la fuerza letal a las fuerzas armadas (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina). Incluso si hubiera cualquier norma que pretendiera hacerlo, como por ejemplo protocolos, directrices o manuales, esas disposiciones no satisfacen el principio de legalidad, tal como lo entiende el derecho Constitucional e internacional. Además, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 establece que la función de la seguridad pública es exclusiva de autoridades civiles. Por consiguiente toda privación de la vida propiciada por las fuerzas armadas en tiempos de paz y en el contexto de operativos conjuntos de seguridad o en las tareas de apoyo a autoridades civiles, pueden ser calificados de arbitrarios, al carecer de una legislación que les autorice a usar la fuerza, además que en tareas de seguridad pública no la podrían ejercer por tratarse de facultades otorgadas exclusivamente a autoridades civiles.

A pesar de que un porcentaje muy alto de los homicidios registrados en los últimos años pueden ser atribuibles a la delincuencia organizada, el gobierno o mejor dicho los gobiernos federal y locales, tienen la obligación de prevenir las violaciones al derecho a la vida y en su defecto, investigar, procesar y castigar a los responsables.

El Relator Especial identificó como inquietante que funcionarios públicos relacionados con las tareas de seguridad pública hayan señalado que no era relevante que las personas vinculadas al crimen organizado perdieran la vida y que parte de la solución al problema es que los miembros de la delincuencia se mataran entre sí. Además percibió que para dichos funcionarios las personas asesinadas o desaparecidas que era identificadas como integrantes del crimen organizado “eran menos dignas de ser protegidas”.[15]

Uno de los desafíos que el país enfrenta es que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen conforme a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,[16] por consiguiente deberán asegurarse que el uso de armas de fuego solo sea empleado como último recurso y con el objeto de salvar vidas humanas.[17]

México tiene frente un reto de enormes dimensiones para combatir la impunidad, sin embargo, no parece que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, tengan la capacidad técnica, ni la voluntad política para ello. Por consiguiente, debe iniciarse cuanto antes un debate entre los poderes del Estado, los organismos internacionales de derechos humanos y la sociedad civil sobre las mejores prácticas internacionales para combatir la impunidad, con miras a explorar alternativas para hacer justicia, garantizar el derecho a la verdad y reparar a todas las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en la historia reciente de México.

 

• José Antonio Guevara Bermúdez es Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

[1] A/HRC/26/36/Add.1, párrafo 15.

[2] A/HRC/26/36/Add.1, párrafo 22.

[3] A/HRC/26/36/Add.1, párrafo 14.

[4] A/HRC/26/36/Add.1, párrafo 11.

[5] A/HRC/26/36/Add.1, párrafo 67.

[6] A/HRC/26/36/Add.1, párrafo 74.

[7] A/HRC/26/36/Add.1, párrafo 82.

[8] A/HRC/26/36/Add.1, párrafo 8.

[9] A/HRC/26/36/Add.1, párrafo 12.

[10] En la web, acá y acá. Consultado el 25/09/2014.

[11] A/HRC/26/36/Add.1, párrafo 21.

[12] A/HRC/26/36, párrafo 26.

[13] A/HRC/26/36/Add.1, párrafo 30.

[14] Seguridad pública. No basta la previsión de principios constitucionales que rijan la fuerza pública por parte de los cuerpos policíacos para normar su actividad, sino que su uso debe ser objeto de desarrollo normativo a nivel legal, reglamentario y protocolario. Época: Novena Época. Registro: 162990. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. LXVIII/2010. Página: 65

[15] A/HRC/26/36/Add.1, párrafo 35.

[16] En la web.

[17] A/HRC/26/36/Add.1, párrafo 21.

Fuente: http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2014/09/29/las-ejecuciones-extrajudiciales-en-mexico/

Developing drug policy: gender matters

COMPLETE REPORT

Patterns of drug use, sales and trafficking are profoundly gendered. Most users, dealers and traffickers are men, so women suffer from their «Cinderella status» whereby interventions are aimed at the majority, and neglect to seriously consider their impact on women. Responses to women involved with illicit drugs must take gender into account to produce fair outcomes that ensure international human rights obligations and meet the reality of women’s lives.

Women and men are impacted by drug policy differently. This is the case not only for drug use, but also with regards to treatment and punishment.

Despite being a statistical minority in all aspects of the drug trade, women tend to be most involved in the lower levels of the trade, where the greatest concentration of arrests occur.

Women additionally experience greater prejudice and judgment due to gendered social expectations. Since women often are, or are expected to be caregivers, their involvement with drugs has gender specific repercussions.