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Contrainsurgencia, guerra de baja intensidad y su relación con el narcotráfico

Por César Ramón González Ortiz

Introducción

La guerra contra el narcotráfico que actualmente padece México, unido a los “daños colaterales” que ha venido provocando entre la población civil, sus cuestionados operativos, sus pobres resultados, así como los centenares de denuncias por violaciones a los derechos humanos, para ser comprendidos a cabalidad es menester que sean vinculados con procesos aparentemente distantes en el tiempo; la estrategia de “guerra interna” diseñada por Kennedy contra lo que llamara “la amenaza Castro-comunista” y su posterior reformulación en “Guerra de Baja Intensidad” con Ronald Reagan, así como con los procesos de desnacionalización-transnacionalización de las economías y el Estado en América Latina a favor del sistema financiero mundial y las grandes empresas transnacionales, principalmente de las norteamericanas.

Toda vez que se entienda que los golpes militares e intervenciones extranjeras derivados de la estrategia de guerra interna, han implicado la conquista del poder por los grupos de la clase dominante en la disputa por la explotación de la clase trabajadora para la distribución de las rentas, el pago de intereses, las riquezas privadas y las públicas. Y recordando que las pautas de los golpes militares se vieron relacionadas con las luchas internas por el control del poder militar, económico y político para el control de toda la población. Aumentando durante los periodos de crisis económica y de depresión, y en los prolegómenos de las guerras internacionales. En ambos casos los golpes de estado proliferan en toda la región, o para aprovechar la crisis y concentrar más el capital, o para preparar la guerra y la contra-revolución armada [1] .

En este sentido, sin desmarcarse de la lógica de guerra interna, pero reformulada, se ha instaurado la redemocratización de América Latina, puesto que ha estado enmarcada en la ofensiva desatada por USA para, a la vez que enfrentar la crisis internacional, reestructurar en provecho propio la economía capitalista mundial. Desde entonces Estados Unidos ha tenido como interés restablecer las bases de una división internacional que le permitan la circulación plena de mercancías y capitales. Por lo que la presión sobre América Latina ha estado orientada en el sentido de fomentar sus exportaciones, aspecto que ha implicado en mayor o menor medida una reconversión productiva, así como el respeto al principio de la especialización según las ventajas comparativas, un mayor espacio al libre juego del capital y la reducción de la capacidad intervencionista del Estado. De esta manera el capitalismo internacional dentro de su proyecto neoliberal, ha integrado a Latinoamérica a una economía exportadora de nuevo tipo, una economía que, al lado de la explotación más intensiva de sus riquezas naturales, ha refuncionalizado su industria para volverla competitiva en el mercado exterior.

Hechos que han implicado para los países de toda la región la destrucción de parte de su capital social, sobre todo en la industria, pues sólo ramas con ventajas comparativas reales o que absorbieran alta tecnología y grandes masas de inversión fueron viables en la nueva división del trabajo. Asimismo dicha reconversión ha implicado también la redistribución del capital social en favor de los grandes grupos industriales y financieros, redistribución que se ha extendido a aquellas porciones en manos del Estado y para tal efecto el FMI ha dado prioridad a la reducción del déficit público. En tanto que, tal reconversión ha venido implicando para las masas, la superexplotación del trabajo y la generalización del desempleo, en cualquiera de sus formas, como resultado de la destrucción de parte del capital social unida a la rápida elevación de los niveles tecnológicos actuales.

En este contexto de explosión social, pese a los cambios habidos en la política exterior norteamericana bajo los auspicios de la democracia global, Washington no ha abandonado la doctrina de contrainsurgencia, como tampoco la atención concedida a las fuerzas armadas de la región [2] . Por lo que no resultará baladí recordar la manera en que Kennedy en su afán por detener la “cubanización” y observando una crisis de hegemonía y económica de las clases dominantes y el imperio estadounidense, diseñó la estrategia de “guerra interna” contra el nuevo tipo de revolución popular que ha venido amenazando al sistema. En este sentido, la evolución de las empresas económicas, el peso cada vez mayor de los trabajadores asalariados en la agricultura, la industria y los servicios, la importancia creciente de la población urbana y de las clases medias, así como la importancia que tuvo la ideología de la URSS y el entusiasmo revolucionario que culminaron con la victoria de la Revolución cubana (que parecía extenderse en varios países del continente) cambiaron el significado nacional y trasnacional en la lucha por el poder.

Así, se da la intensificación de las relaciones militares de Washington con América Latina, la revisión de la política destinada a los regímenes surgidos de golpes de Estado, la naturaleza de los programas de ayuda y el concepto mismo de seguridad en el continente. Justificándose la ayuda militar por el señalamiento de que la seguridad de los Estados Unidos es interdependiente de la seguridad y del bienestar del resto del mundo. Constituyéndose dicha ayuda en tres aspectos fundamentales:

1) El aprovisionamiento y donación de material militar;

2) La posibilidad de vender armamento norteamericano a precios reducidos, y

3) La preparación y entrenamiento de oficiales latinoamericanos en los Estados Unidos o en el extranjero [3] .

Guerra de Baja Intensidad y la “guerra al narcotráfico”.

Desde los inicios de la administración Reagan surgieron líneas proclives a superar las dictaduras abiertas; éstas debían ser reemplazadas por regímenes democráticos que legitimaran los gobiernos y las guerras de baja intensidad en curso, así como la implicación estadounidense. Desde 1981 se empieza a estimular la instauración de democracias restringidas o contrainsurgentes, especialmente en países asediados por insurgencias revolucionarias y/o involucrados en el acoso a Nicaragua. Así como en los casos de Honduras (1981), El Salvador (1984) y Guatemala (1986). Además se acudió a partidos religiosos como los demócrata-cristianos, visualizados como aptos para reconstruir dicho consentimiento. Por estos motivos la democratización centroamericana emergió, en parte, como respuesta a las necesidades de legitimación para los Conflictos de Baja Intensidad. Teóricos de la “doctrina Reagan” juzgaban que la gente debería creer en su gobierno. Si ello se lograba, la victoria “estaba a la vista”. De forma que, si el conflicto es político y el objetivo estratégico consiste en ganar el apoyo de la población, entonces resulta vital garantizar la credibilidad del gobierno ante los ciudadanos. Lo que ha tenido como resultado que los procesos de democratización en América Central, tan ligados a requerimientos bélicos, agudizaran su dependencia directa de USA al punto de vulnerar la soberanía de los Estados nacionales [4] .

Consistente con una “visión democrática de la seguridad”, los Conflictos de Baja Intensidad, opuesta a las dictaduras abiertas, son pioneros en esta área. Profundamente novedosos destacan la importancia de las formas de Estado, de los modelos de sociedad y de las reformas políticas macrosociales. La democracia es esencial para los CBI: si el conflicto es básicamente político y el objetivo estratégico consiste en ganar el apoyo de la población, entonces es vital asegurar la legitimidad y credibilidad del gobierno ante los ciudadanos. Dentro de esta lógica hemos podido observar la manera en que América Central ha experimentado la democratización, en las últimas dos décadas. Donde, con la excepción de Honduras, la autoridad presidencial ha sido respetada y las elecciones se han celebrado de forma periódica. Por lo que a los ojos de autores como Salvador Martí i Puig, en general, en los países de la región opera un Estado de Derecho con una relativa independencia de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), con un notable control civil de las fuerzas armadas. A pesar de ello, aún persisten notables legados autoritarios y la calidad de la democracia es muy pobre [5]. (Sic)

El paradigma LIC ha suministrado una visión geopolítica novedosa (Norte-Sur), una reorientación estratégica de fuerte contenido ideológico, con un remozado patrón de intervención en el Tercer Mundo aceptable en la era post-Vietnam. La administración Reagan convalidó y alentó el sistema LIC expresamente y sin reservas y, a la vez, abrió el espacio y el consenso para acciones militares unilaterales directas. Así se dieron los ingredientes propositivos para un revival intervencionista de nuevo cuño, que postula un involucramiento selectivo. Inspirado en los CBI, propugna una intervención básicamente indirecta a través de la asistencia externa de seguridad, constituyéndose como el recurso estratégico preferido. Los CBI procuran impedir la implicación con fuerzas propias, pero no la excluyen. De ahí que se prevean acciones directas, aunque el uso de tropas estadounidenses es visto como un último resorte, excepcional, limitado, rápido y con daños lo más bajo posibles, sobre todo en vidas norteamericanas.

En este esquema, la introducción de tropas de combate estadounidense constituiría una señal de que USA “ha perdido la iniciativa estratégica”. Para algunos teóricos es preciso evitar la “norteamericación” de los Conflictos de Baja Intensidad. De lo cual se deriva la importancia de las fuerzas armadas locales y la relevancia de la asistencia estadounidense de seguridad, instrumento crucial para prevenir la intervención directa estadounidense. La asistencia incluye educación, entrenamiento, instrucción, asesoría, provisión y venta de armas y equipos. En situaciones de GBI abierta, se incorporan funciones adicionales: inteligencia, contrainteligencia, conducción de dimensiones no militares como acción cívica y guerra psicológica.

La acción indirecta recaerá en las fuerzas armadas de los países del Tercer Mundo – y dependiendo de ellas. Juzgándose en consecuencia que es esencial alcanzar una maciza unidad de concepción, así como un neto marco de alianzas con dichas fracciones militares. Para lo cual la asistencia de seguridad es un elemento clave en la construcción de consenso. En las últimas tres décadas, el Departamento de Estado y el Pentágono se han abocado a difundir la reformulación estratégica LIC entre las jerarquías castrenses latinoamericanas. Intentando rejuvenecer un consenso hemisférico alrededor de los nóveles diseños, para lo que se subrayan las acciones de influencia sobre los altos mandos militares del subcontinente. Relevantes en este sentido han sido las Conferencias de Ejércitos Americanos.

Consistentes con el consenso post-Reagan, los CBI han brindado una base sólida, al montaje de hegemonía y al bagaje político-ideológico. Por ser una doctrina militar que da preminencia a dichas herramientas. Toda vez que, los CBI cambian la naturaleza de la guerra, la hacen irregular, la prolongan y la convierten en un embate político-ideológico. Donde el centro de gravedad ya no es el campo de batalla per se, sino la “arena político social”. De manera que, los LIC no son sólo ni principalmente una solución militar. Los componentes políticos e ideológicos aparecen como prevalentes (en una guerra integral que abraza instrumentos económicos, diplomáticos, militares, de inteligencia y religiosos). La victoria se define ahora por el logro de objetivos políticos planteados, más que por el éxito militar. Por lo que son preminentes algunos ámbitos específicos: la acción cívica, las operaciones psicológicas, el control de poblaciones y la inteligencia. Destacándose el hecho de que el blanco estratégico es la población, más que el territorio (aunque no lo excluye). Y el objetivo estratégico es la construcción de un consenso activo y organizado.

Si bien se utilizan instrumentos bélicos menos sofisticados y un menor volumen de fuego que en el espectro de una guerra convencional, la diferencia sustancial con los conflictos de baja intensidad reside en la naturaleza de la guerra. Se trata de un conflicto prolongado de desgaste, no convencional, por lo que “no es simplemente una versión en escala menor de una guerra convencional. No es menos de lo mismo, ni el estadio preliminar del conflicto real”. Los Conflictos de Baja Intensidad abarcan tres tipos de intervención centrales: el antiterrorismo, la contrainsurgencia y un inédito apoyo, con tramos abiertos, oficiales y públicos, a los movimientos contrarrevolucionarios. No obstante, son los dos últimos los que definen, más cabalmente, las transformaciones en la índole de la lucha. A este respecto Sar Sarkesian expreso:

“Las revoluciones son un desafío fundamental para el orden político existente y para aquellos que controlan el poder en el sistema. La esencia de esos conflictos es ganar el control de la estructura gobernante. Aunque todas las guerras son de naturaleza política, las guerras revolucionarias son únicas porque se focalizan en el sistema político social como la principal arena batalla, más que en las fuerzas armadas. Este foco contrasta duramente con la noción convencional y Clausewitziana de que el centro de gravedad en la guerra es la derrota y destrucción de las fuerzas armadas enemigas…Aunque el conflicto armado es una parte importante de la revolución, no es necesariamente la más importante para el éxito revolucionario. Como se dijo, el centro de gravedad es el sistema político social y su coherencia psicológica. Por lo tanto, el cuadro político y los instrumentos psicológicos son más importantes” [6] .

Los CBI son una guerra, aunque se trata de una nueva modalidad que trastoca las nociones tradicionales edificadas sobre supuestos de conflicto tradicional. Los CBI no constituyen una guerra en el sentido usual. La tarea crucial no sería destruir las fuerzas enemigas en el campo de batalla, sino ganar el apoyo de la población.

Guerra contra las drogas, excusa para atacar a las guerrillas.

La lucha contra el narcotráfico se incorporó tardíamente como misión LIC, por lo que progresivamente fue visualizada por bastos sectores del Congreso y la administración Reagan como un problema grave. El 11 de abril de 1986 Ronald Reagan firmó una Directiva secreta que identifica al tráfico de drogas como una amenaza de seguridad. Concebida la intervención militar en el marco de asistencia de seguridad, se eluden las misiones de combate y se incluyen tareas como el entrenamiento, la provisión de armas y equipos, la inteligencia e interdicción del tráfico.

Con el pretexto de un creciente consumo de crack en los Estados Unidos, la producción y tráfico de drogas ilícitas es evaluado como un riesgo de seguridad, directo o indirecto. Estimándose que el propio territorio estadounidense queda vulnerado, debido a que su población es la mayor consumidora mundial de drogas ilegales. Lo cual provocaría decadencia moral, aumento de la delincuencia y una enorme dilapidación y uso de recursos (compra de narcóticos, gastos de prevención, cura y represión). Instaurándose en el imaginario común la idea de que los “carteles” poseen un alto poder de corrupción, intimidación, violencia y desestabilización, por lo que según el discurso, han solido conformarse como gobiernos paralelos en América Latina. De forma tal que, durante la administración Reagan, en febrero de 1982, declara la “Guerra contra las drogas” como objetivo urgente de Seguridad Nacional, identificando como objetivo central la contención de la cocaína y como amenaza principal a los países productores de América Latina. Posteriormente, en 1986 el mismo Reagan da inicio al proceso de “Certificación” de países productores y de tráfico. Así, durante los primeros años de la década de los ochenta – a diferencia de lo que ocurría durante la administración Nixon – se responsabiliza del problema a la oferta, es decir a los países productores, y no a la demanda, con lo que se dará pauta a la construcción de un enemigo externo.

Y en línea de continuidad, en septiembre de 1989 George Bush firma otra decisión de Seguridad Nacional que pone en marcha la guerra contra las drogas durante su mandato. Con esta decisión se autoriza al ejército estadounidense y a la CIA para que participe de manera creciente en esta guerra contra las drogas, para lo cual podrán utilizar las bases ya establecidas en Colombia, Perú y Bolivia, pero además no sólo podrán acompañar a las fuerzas especializadas de las naciones latinoamericanas en sus tareas de erradicación de cultivos, sino que también podrán asumir tareas por su cuenta.

Operativos que han tenido como objetivo real la intervención de estas naciones, pero especialmente en aquellas donde se han movilizado fuerzas insurgentes de izquierda como el Salvador, Colombia, Perú, etc. A este respecto en 1987 un coronel estadounidense declaraba:

“Si podemos fusionar en la mente del público y del Congreso esta conexión entre drogas y la insurgencia revolucionaria, nos daría el apoyo necesario para confrontar a los terroristas-guerrilleros-narcotraficantes en este hemisferio. Producir tal apoyo sería relativamente fácil una vez que esta conexión quede clara y la Autoridad Nacional de Mando declare la guerra total” [7].

Dentro de este esquema se deben entender los acuerdos firmados por los gobiernos entre USA y Bolivia, Colombia y Perú en la guerra contra las drogas. Así, los acuerdos entre George Bush y Alan García, donde Washington canalizó a Perú 35 millones de dólares para establecer y equipar una nueva base militar en la zona del Alto Huallaga en el supuesto combate al narcotráfico, tuvo como objetivos reales el establecimiento de tropas especializadas en guerra irregular, provenientes del Comando Sur estadounidense – con sede en Panamá – para asesorar y auxiliar a las tropas del Estado peruano en el combate contra le revolución popular que estuvo comandada por el Ejército Guerrillero Popular. Aspecto que se hizo más urgente al finalizar la década de los ochenta, porque la guerrilla ya no sólo ponía fuera de combate a fuerzas del ejército nacional, sino a agentes del imperio.

Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico se ha buscado liquidar a fuerzas guerrilleras para lo cual ha sido funcional la popularizaron de términos como el de “narcoguerrilla” o “narcoterrorismo” acuñados por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, para dar a entender que quienes hacían el negocio de la marihuana y la cocaína eran los diversos cuerpos de guerrilleros que actuaban en aquel país, y que por lo tanto era necesario intervenir y exterminar a la guerrilla para terminar con la siembra de las hierbas y su transformación en drogas. Misma lógica en la que se expreso Michael Skel, asistente secretario para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado Norteamericano al declarar que: “No se puede combatir el narcotráfico sin combatir a Sendero Luminoso” [8]. Siendo tal el éxito de dicha operación conceptual-psicológica, que en para grandes segmentos de la opinión pública internacional (donde se pueden incluir algunos medios políticos y académicos), el narcotráfico y sus términos contiguos como narcoguerrilla, se han transformado en el chivo expiatorio de todas las calamidades.

Así es importante recordar la manera en que Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), pese a sus diferencias ideológicas, programáticas y sus correspondientes prácticas políticas y militares, ambas organizaciones fueron señaladas como narcoterroristas. Ocurriendo lo mismo en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sobre todo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), al ser acusadas de financiar sus actividades políticas y militares con fondos provenientes de la producción y exportación de drogas (cocaína y heroína) hacia USA.

Protegidos por tales pretextos, Washington – y sus efectivos militares distribuidos en la región como los ubicados en Bolivia o en la base militar de Santa Lucia en Perú – prohijaron brutales violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que cometieron las fuerzas militares (o, según fuera el caso, los grupos paramilitares de derecha, tolerados por el Estado) tanto en Bolivia, como en Perú y Colombia. Testimonio de estos hechos lo dan los cerca de 35 000 muertos o desaparecidos que dejó como saldo la lucha contrainsurgente en Perú. También las miles de víctimas de las constantes matanzas de campesinos y los asesinatos selectivos de miles de dirigentes y activistas populares (como promedio 3 500 al año) en Colombia entre 1989 y 1994. Entre los que se encontraron, los pertenecientes a la Unión Patriótica y aproximadamente el 60% de los 5 300 guerrilleros que habían entregado sus armas y se habían reinsertado en la sociedad, después de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno del presidente liberal, Virgilio Barco (1986-1990), con el movimiento 19 de Abril (M-19), con sectores del Ejército Popular de Liberación (EPL) y con la organización político-militar indígena denominada Quintín Lame [9].

Dentro de este mismo esquema la administración de William Clinton, hizo evidente la continuidad esencial de sus políticas con las dos administraciones anteriores. Puesta al descubierto por Amnistía Internacional y la sección norteamericana de la organización Human Right Watch. Según estas organizaciones no gubernamentales, entre 1993 y 1997, los Estados unidos le habían entregado “asistencia antidrogas” a unidades de las fuerzas armadas de Perú (entonces virtualmente controladas por el asesor del presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos) y colombianas acusadas de graves violaciones a los derechos humanos en años recientes”. Asimismo en 1997, la Contraloría estadounidense (dependiente del congreso) informó que el gobierno mexicano estaba utilizando helicópteros entregados por las fuerzas armadas norteamericanas para la lucha antidrogas con miras a movilizar tropas contra el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Pese a los acuerdos de paz existentes entre el gobierno mexicano y el EZLN, las tropas mexicanas en la supuesta guerra contra el narco, han sido acusadas de violar flagrantemente los derechos humanos de los pueblos indígenas de Chiapas y otros estados de la república como Oaxaca y Guerrero.

Denuncias similares han sido realizadas en Bolivia por parte de los campesinos productores de hojas de coca. Al decir de el entonces líder campesino, Evo Morales, las unidades militares y policiales bolivianas, armadas y entrenadas por Washington, bajo el esquema de erradicación de cultivos, habían convertido la región del Chapare en una virtual “zona de guerra”. Resultando de esto que, al menos 63 personas habían sido asesinadas entre 1997-2000. En tanto que otras más habían sido desaparecidas, después de haber sido torturadas en campamentos militares o habían caído en las luchas populares, indígenas y campesinas militares, oponiéndose a los compromisos asumidos en el llamado Plan Dignidad, contra el narcotráfico internacional, asumido por el ex dictador Hugo Bázner y William Clinton.

A esto se le ha sumando desde la administración Clinton una disminución de los llamados flujos de ayuda oficial para el desarrollo (AOD) hacia América Latina y el Caribe, al concentrarse en la “solución” de asuntos denominados “la agenda negativa” de las relaciones entre Estados Unidos y las naciones de la llamada Cuenca del Caribe. Tales como: el combate al “narcotráfico”, el “lavado de dinero”, el “contrabando de armas”, el “narcoterrorismo” y las llamadas “migraciones incontroladas”. Oficialmente incorporados por la Casa Blanca y el Pentágono a los “nuevos enemigos de la seguridad interamericana”.

Por tales motivos, desde la administración Clinton bajo la denominada Doctrina de la Promoción de la Democracia y el Libre Mercado, han adquirido nueva “legitimidad” los programas de ayuda militar y policial norteamericanos a gran parte de los países latinoamericanos y caribeños, así como para el equipamiento y entrenamiento de sus fuerzas militares y policiales, ya sean preparadas in situ por parte de “boinas verdes” u otros asesores norteamericanos (donde se incluyen contratos particulares, como a ocurrido en Colombia) o las entrenadas en territorio estadounidense. Particularmente en la célebre Escuela Internacional de Policías (SOA), ubicada desde 1984, en Fort Benning, Georgia.

Donde es importante resaltar que, según el grupo norteamericano School of America Watch, aunque esa “escuela de asesinos” ha abandonado “su estrategia de combate al comunismo y sus agentes” para concentrarse en la “guerra al narcotráfico”, no ha dejado de impartir instrucciones contrainsurgentes. Ejemplo de esto son los 778 militares de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, que en 1998 pasaron por sus aulas. En tanto que previamente, entre 1996 y 1997, habían recibido instrucción en la SOA 481 militares mexicanos; entre ellos 167 en técnicas contrainsurgentes y 49 en operaciones antinarcóticos. Unido al entrenamiento en otras instituciones estadounidenses de más de 3 000 soldados mexicanos (entre 1995 y 1999), así como el apoyo norteamericano en la modernización de la estructura y armamento del ejército mexicano. Reforzándose asimismo el Escuadrón Aéreo de Fuerzas Especiales con helicópteros estadounidenses UH-60 y MD-500. Creándose además una Brigada de Reacción Rápida y el FBI impartió cursos de capacitación a policías federales y estatales. En resumen, bajo el amparo de la guerra contra el narcotráfico, nuevas generaciones de soldados y policías mexicanos son educados en el contexto de subordinación de México a la estrategia de Seguridad del Pentágono [10].

A las preocupaciones estadounidenses por los conflictos antes señaladas por las insurgencias sociales, se le sumaron en el caso particular de México el hecho de que las elecciones del presidente Calderón estuvieron marcadas por acusaciones de fraude electoral señaladas por parte de la coalición opositora conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia. Actos que estuvieron acompañados por inmensas manifestaciones populares a favor del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y que culminaron en un fraude electoral a favor del candidato de la ultra-derecha del PAN y en un gran plantón en la Avenida Reforma de la Ciudad de México, como parte de una estrategia para desmovilizar y “apaciguar” el gran descontento popular.

A lo cual se le sumaria en el mismo año del 2006, otro evento tal vez de mayor alcance que las elecciones, en el esquema de las preocupaciones insurgentes de México-USA, que fue la insurrección de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en ese mismo estado, que preparó y organizó la lucha de los pueblos y la clase proletaria contra el estado-capital, hasta enfrentarse directamente a las fuerzas federales de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), a la vez que a los escuadrones de la muerte ulisistas, formados por elementos especializados de los cuerpos legales del estado, así como sicarios, asesinos y criminales de los brazos paramilitares de los capitalistas. Su trascendencia radica en la formación de grupos paramilitares similares a los escuadrones ulisistas y la ocupación territorial del espacio y las ciudades por parte de las fuerzas policiaco-militares del estado-capital acaecido en Oaxaca, y que se vería después en todo México, la divergencia sería que esta vez el Estado impulsará la contrainsurgencia antes de que la población pudiera levantar y cerrar el paso a la muerte, como sucedió con la APPO, mediante las barricadas, la autodefensa de masas, y la heroica resistencia de los pueblos y la clase proletaria. Ante estas circunstancias, la militarización y paramilitarización, no tienen como objetivo real, el combate a la “delincuencia organizada”, que en realidad es solo uno de los nombres del estado-capital, sino impulsar una estrategia de contrainsurgencia preventiva para evitar que experiencias como la APPO se repitan en el país.

Muestras de esta preocupación fueron expresadas el 14 de junio de 2009, por el General Leonardo González García, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, quien puntualizo como las dos principales preocupaciones del Ejército Mexicano a la guerrilla y el narcotráfico, en tal orden [11] . De manera tal que la contrainsurgencia preventiva se ha enfilado contra de las numerosas insurrecciones y grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Tendencia Democrática Revolucionaría – Ejército del Pueblo (TDR-EP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), y el Comando Jaramillista Morelense (CJM), además del EZLN.

Así, la contrainsurgencia, encubierta bajo la guerra al narcotráfico, se viene derivando del hecho de que son considerados como importantes factores de “inestabilidad” por los gobiernos tanto mexicano como estadounidense a los grupos guerrilleros que han estado en constante aumento abarcando una gran cantidad de estados al interior de la República, como Oaxaca, Estado de México, Morelos, Veracruz, Distrito Federal y Chiapas. En lo cual tiene gran peso a los ojos de capitales extranjeros y nacionales, el hecho de que la gran mayoría se opone al modelo neoliberal en el cual se incluye la llamada integración profunda en América del Norte. [12]

No debemos olvidar, tal como lo hace Pilar Calveiro al indicar que lo que pasa en la actualidad no puede considerarse una mera continuidad de lo que pasó durante la guerra sucia, que la estrategia de contrainsurgencia preventiva, constituye una práctica histórica del imperialismo estadounidense en la región de América Latina, y de la cual actualmente se ha servido, con la ayuda de los gobiernos panistas o el actual priista en turno para profundizar la subordinación directa de los cuerpos policiaco-militares, con miras de garantizar el avance de la colonización y la agresión del estado-capital contra la población y el proletariado.

Cuanto y más cuando ella misma reconoce que de todas las denuncias de desapariciones durante el periodo de contrainsurgencia en los 70, en México, 82% ocurrieron en Guerrero. El mismo estado donde el 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos los 43 estudiantes de la escuela Normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Política de desapariciones que se ha sostenido, aunque disminuyó a alrededor de diez casos “oficiales” por año. Se ha mantenida de manera selectiva por décadas, hasta naturalizarse en el escenario político mexicano. Pero que se ha vuelto a exponenciar a partir del año 2000, particularmente del 2006, de la mano con la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Así, Pilar Calveiro comete un grave error al señalar que las víctimas de las desapariciones de hoy en día ya no son necesariamente los disidentes políticos, sino los miembros periféricos de las redes criminales, personas utilizadas como mano de obra desechable, tal como nos quiere hacer creer el discurso oficial [13].

Pasa por alto la lógica contrainsurgente de viejo cuño a la que viene respondiendo la guerra al narcotráfico, y que en nuestro país toma mayor fuerza a partir de la instauración de la “Iniciativa Mérida”, lanzada en 2008, puesto que ha incluido, además de muchísimo dinero, la intervención cada vez más directa de los cuerpos policiaco-militares imperialistas como la DEA, el FBI, el Departamento de estado, entre muchos otros, manifestación concreta de la tendencia actual de profundizar la dependencia histórica del país que se viene dilucidando en la región de Latinoamérica, a partir de una aguda profundización de la dependencia que se ha venido dando con Norteamérica, desde México, hasta Colombia, incluyendo Centroamérica. Expresiones de esto han sido el “Plan Colombia”, el golpe de estado en Honduras de 2008, la escalada de la violencia narco-paramilitar en Guatemala, y el conjunto de los efectos de la guerra contra el pueblo en México, que también afectan a El Salvador [14] .

Así, en el caso particular de México, desde los 80’ por influencia del Pentágono se ha utilizado paulatinamente como pretexto la “guerra contra el narcotráfico”, para aumentar el control estatal sobre las áreas con conflictos entre ciudadanos y autoridades locales complicado aun mas la situación. Aunque especialmente Felipe Calderón, sin noción de la razón de Estado, sitúo al país en una condición de debilidad más profunda ante una eventual intervención del Pentágono. Situación que sea mantenido y agudizado con Peña Nieto, al no contemplar el hecho de que nos encontrarnos en medio de una de las crisis económicas mundiales más severas de la era moderna, y aplicar políticas económicas recesivas, anti-populares y entreguistas en materia petrolera, nutriendo las tensiones de clase y el caldo de cultivo de los males que ambas administraciones dijeron combatirían [15].

Bibliografía.

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Ezcurra Ana María. “Intervención en América Latina. Los Conflictos de Baja Intensidad”. IDEAS, 1988.

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Tavares dos Santos José Vicente, organizador. “Democracia, violencias e lutas sociais na América Latina”. UFRGS, editora, 2009.

Hemerografía

Calveiro Pilar. “Desaparición forzada: el miedo desde el Estado” en: ladobe.com.mx › Derechos Humanos
Notas

César Ramón González Ortiz es Sociólogo y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

[1] González Casanova Pablo. “Los militares y la política en América Latina”. Océano, 1988. Pág. 11

[2] Marini Ruy Mauro en: Ensayo sobre una polémica inconclusa. La transición a la democracia en América Latina”. Cueva Agustín, compilador. CONACULTA, 1994. Pág. 88

[3] Heller Claude, compilador. “El ejército como agente de cambio social”. FCE, 1980. Pp. 121-125

[4] Ezcurra Ana María. “Intervención en América Latina. Los Conflictos de Baja Intensidad”. IDEAS, 1988. Pp. 99-100

[5] Salvador Martí i Puig, Diego Sánchez-Ancoechea. “La transformación contradictoria: Democracia elitista y mercado excluyente en Centroamérica”. revistas.ucr.ac.cr › … › Martí i Puig

[6] Ezcurra Ana María. “Intervención en América Latina. Los Conflictos de Baja Intensidad”. IDEAS, 1988. Pp. 92-94

[7] Alejandro Gálvez Cancino en: “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa”. Compiladora Ana Josefina Álvarez Gómez. Pág. 86

[8] Alejandro Gálvez Cancino en: “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa”. Compiladora Ana Josefina Álvarez Gómez. Pp. 87-88

[9] Tavares dos Santos José Vicente, organizador. “Democracia, violencias e lutas sociais na América Latina”. UFRGS, editora, 2009. Pág. 166

[10] Tavares dos Santos José Vicente, organizador. “Democracia, violencias e lutas sociais na América Latina”. UFRGS, editora, 2009. Pp. 168-169

[11] Ibíd. Pág. 11

[12] Boletín de Política Exterior de México Época, Herrera Santana David, “Bases para la comprensión de la Iniciativa Mérida. Seguridad en la Relación México – Estados Unidos. No. 2, FCP y S-UNAM, enero-marzo de 2010. Pág. 10

[13] Calveiro Pilar. “Desaparición forzada: el miedo desde el Estado” en: ladobe.com.mx › Derechos Humanos 

[14] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=163813

[15] González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México”. UNAM, Tesis de Maestría, 2013. Pp. 100 a 103.

Fuente: Rebelión – http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203584

Fuente de la imagen: http://utopiarossa.blogspot.mx/2013/01/el-narcotrafico-un-arma-del-imperio-3.html

Ayotzinapa está en zona de cultivo de drogas de México para EEUU, denuncia Gaviria

México ha evitado denunciar que la escuela de Ayotzinapa, donde estudiaban 43 jóvenes para magisterio rural desaparecidos hace nueve meses, está en una zona violenta por el cultivo de amapola para producir heroína exportada a EEUU, denunció el ex presidente de Colombia (1990 -1994) César Gaviria.

“En México no hay ninguna tendencia a responsabilizar a los EEUU de nada; me sorprendió con la muerte de los estudiantes en Ayotzinapa que nadie dijera que en esa zona hay cultivos de amapola que derivan en heroína con destino a EEUU”, dijo desde Bogotá el ex mandatario y ex secretario general de la OEA (1994-2004) en entrevista con el semanario mexicano Proceso, publicada este domingo.

México ha padecido unas 100.000 muertes por el narcotráfico en ocho años y los jóvenes fueron masacrados el 26 de septiembre por policías y narcos confabulados con el alcalde de Iguala, en las montañas de Guerrero, según la investigación federal; pero el presidente Enrique Peña actúa “como si fuera sólo un problema de México y como si nadie más tuviera que ver”, señala Gaviria.

“No, perdón, esa es una zona tradicionalmente productora de opio, que se vuelve heroína y que se exporta a EEUU; ellos tienen una responsabilidad, pero nadie dice esas cosas”, denuncia el ex mandatario que combatió al colombiano Cártel de Medellín en los años 90.

México “no ha querido meter en su política internacional la dimensión de la política de drogas, lo cual es absurdo por el problema de seguridad pública que tiene; es su principal problema, su más grande problema”, dijo Gaviria, quien ahora impulsa una crítica a la política de EEUU por un cambio en las políticas antidrogas de Washington hacia el mundo.

El 95% de la cocaína que decomisan en EEUU procede de México y de Colombia: “si uno tiene esa realidad, ¿dónde está el éxito de la política antidrogas?”, se pregunta Gaviria, quien promueve un nuevo enfoque internacional junto con otros expresidentes latinoamericanos de Brasil, Chile y México.

En EEUU 60% de los presos fuma mariguana, “¿si no pueden controlar eso en las cárceles, cómo lo van a controlar en las calles?”, ironiza el líder liberal.

“No tiene sentido que México no use su política exterior para presionar cambios en las políticas de consumo de drogas (…), y (el presidente Enrique) Peña Nieto como que ignora eso”, señala Gaviria, quien ha sumado a su crítica a EEUU al ex secretario general de la ONU Kofi Annan.

Gaviria reemplazó en 1989 como candidato presidencial del Partido Liberal a Luis Carlos Galán, asesinado por el Cártel de Medellín, y tres meses después, el jefe de esa mafia Pablo Escobar también intentó matarlo a él, haciendo estallar un vuelo de Avianca Bogotá-Cali, que Gaviria nunca tomó, donde murieron 110 personas.

El nivel de violencia que practicaba el Cártel de Medellín “era muy superior al que hoy practican los cárteles en México”, dice Gaviria, quien negoció en 1991 el encarcelamiento de Escobar, fugado en 1992 y abatido por la policía en 1994.

Más que las hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, la cantidad de droga incautada o el número de arrestos, “lo importante debe ser la reducción los daños relacionados con la prohibición: el crimen, la violencia, la corrupción y las violaciones a los DDHH”, define.

“Colombia y México tienen que hacer una cosa importante: pedirle a EEUU que cambie y que acelere sus decisiones en política antidrogas, porque no nos puede tener en la ficción de que todavía están el prohibicionismo”, afirma el ex mandatario de 68 años.

Pone como ejemplo que 23 estados de EEUU ya tienen mercados legales de mariguana para uso medicinal y 17 despenalizaron la posesión personal de esa droga para fines recreativo, a través de referendos.

“Entonces el debate de drogas en EEUU se reduce a que la política fracasó y hay que ensayar otra cosa, tan simple como eso”, puntualiza Gaviria.

México y Colombia deben decir a EEUU: “Ustedes tienen que cambiar de política. Miren nuestros muertos. Ustedes tienen una mayoría ciudadana que quiere cambiar de políticas. ¡Cámbienlas!” puntualiza el expresidente.

Comentario del colectivo: a pesar de los errores en los planteamientos del expresidente Gaviria como llamarle asesinados a los estudiantes actualmente desaparecidos consideramos relevante difundir esta información

República Dominicana, México, Honduras, Venezuela y Colombia se reúnen en Cumbre antidrogas

La enredada historia del glifosato

Desde 1978 las fumigaciones de los cultivos ilícitos han generado toda suerte de discusiones, conflictos y hasta muertos en Colombia.

En poco menos de cuatro décadas en que la guerra contra las drogas se ha desplegado en Colombia, las fumigaciones contra los cultivos ilícitos han estado en el centro de las polémicas entre el Estado y las comunidades agrarias, los defensores de derechos humanos, los ambientalistas, gobiernos de países vecinos e, incluso, con las mismas guerrillas. Un arma de una guerra que no se ha ganado, como ha dicho el Gobierno, y que día a día clama por ser revaluada.
De las aspersiones contra los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el ocaso de la década de 1970, a la suspensión de las fumigaciones con glifosato adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes de la semana pasada, han pasado movilizaciones campesinas, muertos, conflictos entre conceptos científicos, cooperación internacional y conflictos jurídicos del Estado colombiano, entre otros episodios. La historia del glifosato en el país cruza los escenarios del conflicto armado, de la lucha antinarcóticos, de las ideologías, de la pobreza, del choque entre un país tecnocrático y otro desconocido.
1978-1982 
Durante el gobierno de Julio César Turbay fueron fumigados los cultivos de marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta con diferentes herbicidas. El Consejo Nacional de Plaguicidas dio concepto contrario a la iniciativa gubernamental, pero se impuso la visión del Ejecutivo. El narcotráfico comenzaba a consolidarse como un problema de seguridad.
1984
En el período de Belisario Betancur comenzó en pleno el uso del glifosato. Con Jaime Arias como ministro de Salud, el Gobierno pidió a expertos internacionales un estudio sobre la conveniencia de este herbicida. El informe indicó que no era posible establecer las consecuencias de su uso y, por lo tanto, recomendó no implementarlo. Equivalía a “experimentar con seres humanos”, se dijo en su momento, aunque se legalizó su uso por razones de seguridad nacional.
1992
El Ministerio de Salud, en el gobierno de César Gaviria, reportó al Ministerio de Justicia y al Consejo Nacional de Estupefacientes las dudas sobre los efectos “colaterales” del glifosato en la salud. El Estado experimentó con otros químicos, pero las aspersiones con glifosato continuaron tras mostrar mayor efectividad que las otras sustancias.
1994
Marchas campesinas forzaron al gobierno de Ernesto Samper a negociar en el Guaviare un plan que impedía fumigar sobre cultivos de menos de tres hectáreas. El acuerdo no fue aceptado por la Fiscalía  y la Embajada de los Estados Unidos y, en consecuencia, se cayó.
1996
Se dieron “las marchas cocaleras” en Caquetá y Putumayo, sobre todo. Durante tres meses se movilizaron más de 200.000 campesinos, pequeños cultivadores de coca. La movilización campesina más trascendente de la década de los noventa en el país. Después de decenas de manifestantes muertos, las negociaciones con el Ejecutivo terminaron en los “pactos de Orito”, que apuntaron a crear un plan de desarrollo alternativo en esas zonas del sur del país. El Ministerio de Defensa señaló a las Farc como instigadores de la protesta, los pactos no se cumplieron y la presencia paramilitar en ambos departamentos se incrementó.
1999
En paralelo a las negociaciones de paz con las Farc, el gobierno de Andrés Pastrana consolidó con los Estados Unidos el Plan Colombia. Una estrategia de financiación y cooperación para la guerra antidrogas que pronto incorporó medidas antisubversivas por la evidente relación económica entre el narcotráfico y la guerrilla. Para la firma del Plan, el Congreso de los Estados Unidos obligó a la creación de un fondo para “los afectados” por las aspersiones. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos de EE.UU., en 10 años de aplicación fueron reconocidos apenas el 1% de los casos reportados ante ese fondo.
2001-2002
Los organismos de control reactivaron el debate sobre el glifosato. Inicialmente, la Contraloría sostuvo que el número de hectáreas erradicadas no correspondía con las inversiones hechas en los planes de aspersión y alertó sobre los daños ambientales ocasionados por las fumigaciones. Luego,  la Defensoría del Pueblo denunció daños en comunidades campesinas e indígenas por cuenta del herbicida y pidió que la erradicación se diera de forma consensuada.
2005   
Con el respaldo de Estados Unidos, el gobierno de Álvaro Uribe pidió un estudio a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos en el que declaró que el glifosato no revestía peligro alguno. El estudio, tiempo después, provocó una disputa diplomática con Ecuador, que se negó a aceptar los resultados en el marco de reclamos al gobierno colombiano por las aspersiones en zona fronteriza.
2006
Se desarrollaron nuevas marchas cocaleras en Policarpa (Nariño), Puerto Rico (Meta) y La Hormiga (Putumayo) en contra de las aspersiones enmarcadas en el Plan Colombia.
Cerca de 8.000 campesinos protagonizaron las movilizaciones, que fueron tildadas por el gobierno Uribe como un acto obligado por la presión armada de las Farc.
2013
Después de una disputa diplomática con Ecuador, que comenzó con la implementación del Plan Colombia, el Estado, a través del gobierno de Juan Manuel Santos, reconoció su responsabilidad en daños ambientales y a la salud de la población fronteriza, se comprometió a revisar su política de fumigaciones en la frontera, a indemnizar al Estado ecuatoriano y pactó limites al ejercicio de su soberanía.
2014
Aunque ya la Corte Constitucional había obligado al Gobierno a consultar “a los pueblos indígenas y tribales de la Amazonia sobre las decisiones atenientes al Programa de Erradicación de Cultivos que adelantan en sus territorios”, ese año el alto tribunal, y el Consejo de Estado en un fallo sobre los Parques Nacionales, le pidió al Gobierno “dar aplicación del principio de precaución” en caso de que se detectara un riesgo para la salud de las comunidades campesinas.
2015
Tras conocer una alerta avalada por la Organización Mundial de la Salud sobre los posibles riesgos cancerígenos del uso de glifosato para la fumigación de cultivos, el Ministerio de Salud elevó una solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes para que suspendiera las fumigaciones, como lo había pedido la Corte Constitucional en caso de un mínimo riesgo. El Consejo acató la recomendación y suspendió el uso del glifosato, únicamente, sobre los cultivos ilícitos. Ahora, un comité técnico de ese organismo deberá formular cambios en el plan de lucha contra las sustancias de uso ilícito del Estado colombiano.

Centros de consumo de drogas, una idea que no pudo cuajar

Por: 

Hace tres años, Edwin Franco, de 35 años, escuchó que en Bogotá se iban a poner en marcha los llamados centros de consumo controlado de drogas, una idea de la administración de Gustavo Petro para combatir la adicción desde la salud pública y no desde la represión policial.

“Yo estaba como un loco buscando ese sitio para consumir sin pagar… lógico yo era un adicto”, recuerda Franco.
Hoy, luego de la intensa polémica que se desató en la ciudad y el país por esta idea, el proyecto del Distrito no se pudo concretar por la ausencia de un marco legal que permita el suministro de sustancias a drogodependientes.

En el 2012, Petro hizo el anuncio en los medios. “Los adictos sin dinero no tendrían que buscar plata y no entrarían en contacto con el microtráfico. Y si el microtráfico disminuye, su demanda se debilita”.

En esa ocasión, el Alcalde planteó la posibilidad de utilizar la droga incautada para tratar a los adictos en los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes (Camad), otra estrategia para brindar atención médica a esta población.
La polémica estalló porque el propio director de la Policía en ese entonces, el general León Riaño, advirtió que las autoridades no podían entregar ninguna droga incautada.

Petro tenía esperanzas en que el presidente Juan Manuel Santos intercediera y apoyara su propuesta. “Si el Gobierno lo permite, el Presidente dijo que estaba dispuesto a permitir el suministro de drogas, solo bajo prescripción médica, y se podría pensar en la reglamentación de ese suministro de drogas”, dijo el Alcalde en el 2012.

Tres años después, su proyecto no tuvo ningún resultado. El secretario de Salud del Distrito, Mauricio Bustamante, reconoció que los centros de consumo controlado de droga no se materializaron. “No existe una normatividad al respecto”, dijo el funcionario, en diálogo con EL TIEMPO.

“No podemos llevar los centros de consumo controlado por la Ley 30, que señala como ilegal que entidades del Gobierno provean sustancias psicoactivas”, explicó Camilo Kuan, asesor del Alcalde Mayor en temas de drogodependencia.

Pese a los vacíos legales, el Distrito insiste en las ventajas de los centros de consumo controlado de droga, pues señala que han sido exitosos en Suiza y Canadá.

No obstante, los expertos piensan lo contrario. Augusto Pérez, director de la Corporación Nuevos Rumbos, dice que ese proyecto no está aterrizado a la realidad colombiana. “Se nos olvida que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca”. Agregó que en Europa y Canadá la legislación es distinta y los gobiernos “disponen de un lugar en donde las personas pueden consumir las drogas que ellos mismos compran con el objetivo de reducir riesgos y daños (transmisión de enfermedades por el uso de jeringas, entre otras)”.

Franco, a quien en su momento le sonó la idea de Petro, dejó las calles y ya completa tres meses en un proceso de recuperación en la fundación Vuelve a casa. Hoy, considera que los centros de consumo controlado no le habrían ayudado a recuperarse, porque allí habría seguido consumiendo.

Los Camad sí resultaron

Los Camad sí salieron adelante y hoy existen 17 centros ubicados en 14 localidades de Bogotá, entre ellas Kennedy, La Candelaria, Puente Aranda, Suba y Chapinero. Igualmente, hay seis Camad móviles y otros en La Picota y la cárcel Distrital.

Según la Secretaria de Salud, entre septiembre del 2012 y diciembre 2014 fueron atendidas 21.759 personas, quienes recibieron atención en salud, trabajo social, psicología, medicina, odontología, grupo conversacional, pruebas de laboratorio clínico (para diagnosticar VIH, sífilis y tuberculosis) y psiquiatría. El costo que la Alcaldía pagó por cada beneficiario fue de $ 106.136. El 45 por ciento de las personas que han sido atendidas no pertenecen a ningún régimen de salud. Las sustancias de mayor impacto entre los habitantes de calle son el bazuco, la marihuana y el alcohol.

Augusto Pérez, coordinador para Colombia de la Red Latinoamericana de Investigadores en Drogas (Redla), dice que los resultados se deben analizar con cautela. De hecho, se espera que el Banco Interamericano (BID) revele un diagnóstico. Jorge Forero, médico psiquiatra y presidente del Instituto para el Desarrollo de la Salud Emocional, dijo que los Camad “son el primer paso para entregar una solución social al problema de la drogadicción”.

NATHALIE RÍOS RÍOS
Especial para EL TIEMPO
*rionat@eltiempo.com

Fuente: EL TIEMPO- http://www.eltiempo.com/bogota/centros-de-consumo-de-drogas-en-bogota-no-se-materializaron/15702042

Fuente de la imagen: http://www.pulzo.com/bogota/posible-sobrecosto-en-pago-empleados-de-centros-de-atencion-movil-drogodependientes-100396

La mata que alivia

(Colombia)

Bien grande es la mancha que ha puesto la prohibición de las drogas, y la consecuente guerra contra su consumo, a nivel mundial: generaciones y generaciones de individuos, los unos experimentando irresponsablemente con ellas, los otros criticando su existencia de manera desinformada.

La prohibición irrestricta en el consumo de una sustancia lleva a dos problemas principales: a los efectos secundarios en los consumidores, acaso más devastadores que los directos (el sida en las agujas de heroína, la cocaína de baja calidad que afecta más la salud, etc.), y el vacío institucional en el Estado a la hora de tratar los problemas de salud: tapar a todos los consumidores con la misma cobija, sin dejar un espacio importante a los matices más útiles: el consumidor problemático, el ocasional, el frecuente, el experimental.

Esos dos huecos en la información son los que trata de subsanar (con todas las limitaciones del caso) el uso terapéutico de la marihuana, algo sobre lo que hemos dado vueltas desde hace poco más de una década y que aún no ha podido ver la luz legal. No la constitucional (cosa importante), que sí: hace falta leer el artículo 49 de la Constitución para darse cuenta de que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”.

Léase bien la excepción que provee la norma constitucional. Ese es el boquete por el cual puede hacerse una política progresiva del uso del cannabis en el ámbito médico: para tratar a los pacientes con cáncer, para aliviar las dolencias de los que padecen artritis… No se trata de que fumen marihuana en la calle, al lado de los niños que juegan en el parque, no. Por favor no nos vayamos a los reduccionismos absurdos a la hora de criticar la medida.

Ya lo dijo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria: “En muchos aspectos, fumar marihuana es más seguro que consumir alcohol (…) esta no es una opinión del ministro sino una evidencia científica después de estudios exhaustivos (…) Existen productos que se comercializan basados en el cannabis. Si uno mira para qué se utiliza, encuentra una diversidad muy grande y la evidencia es heterogénea”. Tremendo apoyo a la propuesta del senador Galán.

En medio de todo este paquete de noticias que lucen positivas, sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Ley regula Constitución y decreto regula ley, según se enseña en las facultades de derecho en Colombia. Y a esa hora, cuando ya se piensa en las regulaciones específicas, cuando se tocan las fibras más finas de los comportamientos sociales, es cuando la improvisación se castiga más duro. Bien claro deben tener los actores involucrados cómo se aplicaría esta ley en la práctica: los medicamentos, y sus usos, y sus ventas, y sus prescripciones.

Enhorabuena, también, el debate que se armará en el Congreso de la República. Ahí sabremos con certeza cómo se divide la opinión al respecto. Y de ahí, si se hace de manera provechosa, saldrá una ley precisa. Bien sabemos que quien insistió en la existencia de ese inciso constitucional completo, que incluye medidas administrativas para tratar a los “adictos” o “uconsentimientos informados” por parte de ellos, fue el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. El debate, entonces, fcomprenderá las dos caras de la moneda. Bienvenido sea.

FUENTE: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/mata-alivia-articulo-524077

César Gaviria atribuye a EE.UU. violencia del narcotráfico en México

El expresidente colombiano y exsecretario general de la OEA César Gaviria afirmó hoy 29 de julio que mientras EE.UU. no cambie su política de lucha contra las drogas y establezca una efectiva regulación del mercado, México seguirá sufriendo la violencia que vive en la actualidad. Al participar en el Foro Internacional de Políticas de Drogas en la capital mexicana, Gaviria (1990-1994) insistió en que México debe presionar a Estados Unidos a debatir el asunto para minimizar la inseguridad. En la conferencia magistral ‘Diagnóstico y Perspectiva de la Política de Drogas en el mundo’, el exmandatario destacó que de las decenas de miles de muertes que lleva la lucha contra el narcotráfico, México ha puesto más de 60 000. “Los muertos de México son por la política que Estados Unidos mantiene en materia de drogas; lo mismo pasa en Colombia”, sostuvo el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Gaviria consideró que la Policía Federal mexicana y la Gendarmería Nacional, que empezará a funcionar en breve, deberán contar con entrenamiento militar y de operaciones especiales para poder hacer frente de manera efectiva al narcotráfico y al delito de secuestro. “No sólo hay que moverse a mercados regulados de droga, hay que hacer más en seguridad, justicia y combate al enriquecimiento ilícito”, sostuvo. El exmandatario colombiano indicó que en México se abusa de la figura del arraigo (detención provisional) y no se investiga a fondo, por lo que se termina poniendo en libertad a los narcotraficantes, lo que sigue estimulando la violencia. Gaviria aclaró que mucha de la inseguridad, en específico los asaltos que sufren los mexicanos, deriva del consumo local de drogas. No obstante, afirmó que la marihuana no hace más daño que el alcohol. “Nadie sabe de muertos por sobredosis de marihuana; no genera agresividad como las bebidas embriagantes”, apuntó. Por último, declaró que la legalización de las drogas es sólo la mitad del camino, mientras que la otra mitad es apoyar a los adictos. “La legalización no es una política, es un proceso; significa regulación, no que la gente consuma drogas de forma ilimitada”, explicó. A su vez, el diputado mexicano Fernando Belaunzarán, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró que pese a las diferencias, urge promover un debate nacional en torno a las drogas para revisar la legislación vigente. “También es un asunto global, y el papel que juguemos en los foros multilaterales servirá para incidir en los cambios necesarios y apremiantes de un modelo de costos altos y resultados magros”, añadió el legislador. Belaunzarán, organizador del encuentro, sostuvo que no se puede negar que el Estado mexicano ha utilizado toda su fuerza para enfrentar el problema de las drogas. Pese a ello, organismos como la ONU han colocado al país en el primer lugar de producción de metanfetaminas, y en el segundo tanto de marihuana como de opio. El diputado destacó que la situación no puede cambiar si se insiste en hacer lo mismo. “Vale la pena cambiar si eso significa recuperar lo que ha sido sacrificado”, enfatizó. Por su parte, el viceministro de Gobernación (Interior) para Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa, estimó necesario evaluar las consecuencias de legalizar las drogas, en términos de consumo, violencia, salud y finanzas públicas. Campa detalló que en México se está analizando la forma en que debe abordarse el consumo de drogas y destacó que la política pública en la materia pone énfasis en la salud pública.

FUENTE: EL COMERCIO- http://www.elcomercio.com/actualidad/cesargaviria-drogas-mexico-narcotrafico-estadosunidos.html