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Centros de consumo de drogas, una idea que no pudo cuajar

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Hace tres años, Edwin Franco, de 35 años, escuchó que en Bogotá se iban a poner en marcha los llamados centros de consumo controlado de drogas, una idea de la administración de Gustavo Petro para combatir la adicción desde la salud pública y no desde la represión policial.

“Yo estaba como un loco buscando ese sitio para consumir sin pagar… lógico yo era un adicto”, recuerda Franco.
Hoy, luego de la intensa polémica que se desató en la ciudad y el país por esta idea, el proyecto del Distrito no se pudo concretar por la ausencia de un marco legal que permita el suministro de sustancias a drogodependientes.

En el 2012, Petro hizo el anuncio en los medios. “Los adictos sin dinero no tendrían que buscar plata y no entrarían en contacto con el microtráfico. Y si el microtráfico disminuye, su demanda se debilita”.

En esa ocasión, el Alcalde planteó la posibilidad de utilizar la droga incautada para tratar a los adictos en los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes (Camad), otra estrategia para brindar atención médica a esta población.
La polémica estalló porque el propio director de la Policía en ese entonces, el general León Riaño, advirtió que las autoridades no podían entregar ninguna droga incautada.

Petro tenía esperanzas en que el presidente Juan Manuel Santos intercediera y apoyara su propuesta. “Si el Gobierno lo permite, el Presidente dijo que estaba dispuesto a permitir el suministro de drogas, solo bajo prescripción médica, y se podría pensar en la reglamentación de ese suministro de drogas”, dijo el Alcalde en el 2012.

Tres años después, su proyecto no tuvo ningún resultado. El secretario de Salud del Distrito, Mauricio Bustamante, reconoció que los centros de consumo controlado de droga no se materializaron. “No existe una normatividad al respecto”, dijo el funcionario, en diálogo con EL TIEMPO.

“No podemos llevar los centros de consumo controlado por la Ley 30, que señala como ilegal que entidades del Gobierno provean sustancias psicoactivas”, explicó Camilo Kuan, asesor del Alcalde Mayor en temas de drogodependencia.

Pese a los vacíos legales, el Distrito insiste en las ventajas de los centros de consumo controlado de droga, pues señala que han sido exitosos en Suiza y Canadá.

No obstante, los expertos piensan lo contrario. Augusto Pérez, director de la Corporación Nuevos Rumbos, dice que ese proyecto no está aterrizado a la realidad colombiana. “Se nos olvida que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca”. Agregó que en Europa y Canadá la legislación es distinta y los gobiernos “disponen de un lugar en donde las personas pueden consumir las drogas que ellos mismos compran con el objetivo de reducir riesgos y daños (transmisión de enfermedades por el uso de jeringas, entre otras)”.

Franco, a quien en su momento le sonó la idea de Petro, dejó las calles y ya completa tres meses en un proceso de recuperación en la fundación Vuelve a casa. Hoy, considera que los centros de consumo controlado no le habrían ayudado a recuperarse, porque allí habría seguido consumiendo.

Los Camad sí resultaron

Los Camad sí salieron adelante y hoy existen 17 centros ubicados en 14 localidades de Bogotá, entre ellas Kennedy, La Candelaria, Puente Aranda, Suba y Chapinero. Igualmente, hay seis Camad móviles y otros en La Picota y la cárcel Distrital.

Según la Secretaria de Salud, entre septiembre del 2012 y diciembre 2014 fueron atendidas 21.759 personas, quienes recibieron atención en salud, trabajo social, psicología, medicina, odontología, grupo conversacional, pruebas de laboratorio clínico (para diagnosticar VIH, sífilis y tuberculosis) y psiquiatría. El costo que la Alcaldía pagó por cada beneficiario fue de $ 106.136. El 45 por ciento de las personas que han sido atendidas no pertenecen a ningún régimen de salud. Las sustancias de mayor impacto entre los habitantes de calle son el bazuco, la marihuana y el alcohol.

Augusto Pérez, coordinador para Colombia de la Red Latinoamericana de Investigadores en Drogas (Redla), dice que los resultados se deben analizar con cautela. De hecho, se espera que el Banco Interamericano (BID) revele un diagnóstico. Jorge Forero, médico psiquiatra y presidente del Instituto para el Desarrollo de la Salud Emocional, dijo que los Camad “son el primer paso para entregar una solución social al problema de la drogadicción”.

NATHALIE RÍOS RÍOS
Especial para EL TIEMPO
*rionat@eltiempo.com

Fuente: EL TIEMPO- http://www.eltiempo.com/bogota/centros-de-consumo-de-drogas-en-bogota-no-se-materializaron/15702042

Fuente de la imagen: http://www.pulzo.com/bogota/posible-sobrecosto-en-pago-empleados-de-centros-de-atencion-movil-drogodependientes-100396

Cinco maneras de poner fin a la guerra contra las drogas; Comience por despenalización del uso de drogas

Por Fernando Henrique Cardoso. Miércoles 10 de septiembre de 2014

El régimen internacional de control de drogas se ha roto. Los enfoques del pasado, que tenían como premisa un paradigma de aplicación de la ley de forma punitiva, han fracasado enfáticamente. Han dado lugar a más violencia, a poblaciones carcelarias más grandes, y a la erosión de la gobernabilidad en todo el mundo. Los daños a la salud asociados con el consumo de drogas han ido a peor, no mejor. La Comisión Global de Políticas de Drogas aboga por un enfoque de la política de drogas que pone a la salud pública, la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el desarrollo en el centro.

A continuación he enumerado las cinco vías para poner fin a la guerra contra las drogas recomendadas por la Comisión Global de Políticas de Drogas que presido. (Otros miembros de la comisión, que van de Kofi Annan a Paul Volcker al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo se enumeran después de las recomendaciones.)

1. Poner a la salud y la seguridad de las comunidades en primer lugar requiere una reorientación fundamental de las prioridades políticas y los recursos, que deje de lado las fallidas leyes punitivas e impulse intervenciones en el campo de la salud y sociales basadas en evidencia.

Tanto los objetivos declarados de las políticas para el control de drogas, como los criterios que las evalúan, ameritan una reforma. Los objetivos e indicadores tradicionales —como el número de hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, la cantidad de drogas incautadas y el número de personas arrestadas, juzgadas, condenadas y encarceladas por violar las leyes relacionadas con las drogas— no produjeron resultados positivos.

Mucho más importantes son los objetivos e indicadores enfocados en reducir los daños relacionados con las drogas, como las sobredosis fatales, el VIH/SIDA, la hepatitis y otras enfermedades, así como los daños relacionados con la prohibición, tales como el crimen, la violencia, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la degradación del medio ambiente, el desplazamiento de comunidades y el poder de las organizaciones criminales. El gasto en medidas contraproducentes debe terminar, mientras que la probada prevención, la reducción de daños, así como el tratamiento deben recibir los recursos necesario.

2. Se debe asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales, en particular a los medicamentos contra el dolor derivados del opio.

Más del ochenta por ciento de la población mundial carga con el enorme peso de un dolor y sufrimiento evitables, con escaso o nulo acceso a este tipo de medicamentos. Esta situación persiste pese a que evitar el dolor y el sufrimiento son un objetivo y una obligación básica del marco mundial para el control de drogas.

Los gobiernos deben fijar planes y plazos claros para eliminar los obstáculos nacionales e internacionales que impidan este acceso. Ellos deberán también asignar los fondos necesarios para un programa internacional —con supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y desarrollado en cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)— para garantizar el acceso equitativo y asequible de estos medicamentos allí donde no estén disponibles.

3. Es preciso poner fin a la penalización del uso y posesión de drogas, y dejar de imponer “tratamientos obligatorios” a las personas cuyo único delito es el consumo de drogas o su posesión.

La penalización del uso de drogas tiene poco o ningún impacto en los niveles de consumo de sustancias en una sociedad abierta. Tales políticas, sin embargo, estimulan comportamientos de alto riesgo como inyectarse sin seguridad, hacen que las personas que necesitan tratamiento no lo busquen, evitan que los recursos de aplicación de la ley se vuelquen a los delitos realmente graves, reducen el personal y los fondos gubernamentales que de otro modo podrían invertirse positivamente en la vida de las personas y perjudican a millones con los efectos negativos y de largo plazo de una condena penal.

Utilizar el sistema de justicia penal para obligar a las personas arrestadas por posesión o consumo de drogas a someterse a “tratamiento” muchas veces hace más daño que bien. Mucho mejor es garantizar la oferta de diversos servicios de apoyo en las comunidades. Cabe destacar que esta recomendación no requiere de ninguna reforma de los tratados de control de drogas internacionales.

Se debe optar por alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos y de los eslabones más bajos de la cadena, como lo son los campesinos, mulas y otros involucrados en la producción, transporte y venta de drogas ilícitas.

Los gobiernos dedican cada vez más recursos a detectar, arrestar y encarcelar a las personas involucradas en el mercado de drogas ilícitas —con poca o ninguna evidencia de que tales esfuerzos reduzcan los problemas causados por las drogas o eviten que otros sigan el mismo camino. Las intervención que involucran a las comunidades y las sansiones no penales generalmente resultan menos costosas y más efectivas que la penaliza-ción y el encarcelamiento.

Los campesinos y jornaleros que hacen parte del mercado de las drogas, participando en el cultivo, procesamiento, transporte o venta de droga como una una forma de subsistencia para sus familias, no deben ser sujetos del castigo penal. Únicamente los esfuerzos de desarrollo socioeconómico a largo plazo que mejoren el acceso a la tierra y al trabajo digno, reduzcan la desigualdad económica y la marginación social y que refuercen la seguridad pueden ofrecerles una legítima estrategia de escape.

4. Es preciso enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como la violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí y con el Estado.

Los gobiernos deben ser mucho más estratégicos, anticipando las maneras en que ciertas iniciativas de aplicación de la ley, en particular los operaciones de mano dura militarizadas, pueden muchas veces exacerbar la violencia criminal y la inseguridad pública sin de hecho detener la producción, tráfico o consumo de drogas. Desplazar la producción de drogas ilícitas de un lugar a otro o el control de una ruta de tráfico de una organización criminal a otra muchas veces causa más daño que beneficios.

Los objetivos de la represión de la oferta de drogas deben reorientarse desde la inalcanzable erradicación del mercado hacia posibles reducciones de la violencia y los daños asociados con el tráfico. Los recursos de la aplicación de la ley deben dirigirse hacia los elementos más violentos, perturbadores y problemáticos del mercado, conjuntamente con la cooperación internacional para combatir el lavado de activos y la corrupción. Militarizar los esfuerzos antidrogas rara vez es efectivo y a menudo es contraproducente. Es fundamental una mejor y más amplia rendición de cuentas en relación con los abusos a los derechos humanos cometidos en las acciones coercitivas contra las drogas.

5. Se deben permitir e incentivar distintos experimentos de regulación legal del mercado con drogas actualmente ilícitas empezando, entre otras, por el cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas.

Mucho se puede aprender de los éxitos y fracasos de la regulación del alcohol, el tabaco, los fármacos y otros productos y actividades que presentan riesgos para la salud y de otro tipo para los individuos y las sociedades.

Se necesitan nuevos experimentos que permitan el acceso legal pero restringido a drogas que actualmente están disponibles solo de manera ilegal. Esto debe incluir la expansión del tratamiento asistido con heroína para algunos usuarios dependientes de larga data, que resultó tan eficaz en Europa y Canadá. En última instancia, el método más efectivo para reducir los extensos daños causados por el régimen mundial de prohibición de drogas y para promover los objetivos de salud pública y seguridad es controlar las drogas a través de una regulación legal responsable.

Se debe aprovechar la oportunidad que presenta la UNGASS de 2016 para reformar el marco internacional de políticas de drogas.

El liderazgo de la Secretaría General de la ONU es esencial para asegurar que todas las agencias de la ONU relevantes —no solo aquellas dedicadas a la aplicación de la ley sino también a la salud, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo— participen plenamente de una evaluación ‘única de la ONU’ acerca de las estrategias mundiales para el control de la droga. La Secretaría de la ONU debe facilitar de inmediato un debate abierto que incluya nuevas ideas y recomendaciones con base en la evidencia científica, los principios de salud pública, los derechos humanos y el desarrollo.

En las últimas décadas un creciente número de países ha defendido con éxito cambios en las políticas dirigidos a la reducción de daños, al cese de la penalización de los usuarios de drogas, a la proporcionalidad de las condenas y a las alternativas al encarcelamiento, al amparo de la flexibilidad jurídica que permiten los tratados de la ONU. La exploración de interpretaciones flexibles de los tratados internacionales sobre drogas es un objetivo importante, pero en última instancia se deberá reformar el marco internacional para el control de drogas con el fin de que permita una regulación legal y responsable.

GLOBAL COMMISSION ON DRUG POLICY MEMBERS

Kofi Annan
chairman of the Kofi Annan Foundation and former Secretary-General of the United Nations, Ghana
Louise Arbour
former U.N. High Commissioner for Human Rights, Canada
Pavel Bém
former mayor of Prague, Czech Republic
Richard Branson
entrepreneur, advocate for social causes, founder of the Virgin Group, cofounder of The Elders, United Kingdom
Fernando Henrique Cardoso
former President of Brazil (chair)
Maria Cattaui
former Secretary-General of the International Chamber of Commerce, Switzerland
Ruth Dreifuss
former Minister of Social Affairs and former President of Switzerland
Cesar Gaviria
former President of Colombia
Asma Jahangir
human rights activist, former U.N. Special Rapporteur on Arbitrary, Extrajudicial and Summary Executions, Pakistan
Michel Kazatchkine
UN Secretary-General Special Envoy on HIV/AIDS in Eastern Europe and Central Asia, and former Executive Director of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, France
Aleksander Kwasniewski
former President of Poland
Ricardo Lagos
former President of Chile
George Papandreou
former Prime Minister of Greece
Jorge Sampaio
former President of Portugal
George Shultz
former Secretary of State, United States (honorary chair)
Javier Solana
former European Union High Representative for the Common Foreign and Security Policy, Spain
Thorvald Stoltenberg
former Minister of Foreign Affairs and UN High Commissioner for Refugees, Norway
Mario Vargas Llosa
writer and public intellectual, Peru
Paul Volcker
former Chairman of the U.S. Federal Reserve and of the Economic Recovery Board, United States
John Whitehead
former Deputy Secretary of State, former Co-Chairman Goldman Sachs & Co., Founding Chairman, 9/11 Memorial & Museum, United States
Ernesto Zedillo
former President of Mexico

Insulza: Latinoamérica está lista para luchar contra drogas con nuevo ángulo

Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la OEA

Infolatam/Efe

Washington, 10 de septiembre de 2014

  • El secretario general de la OEA dijo que hay un “consenso” en la región sobre la necesidad de no “hacer pagar con dureza a los usuarios de drogas”, sino a través de la legalización, control estatal del mercado o despenalización de drogas como la marihuana.
  • En opinión de Insulza para reducir el consumo de drogas se debe poner el acento “en el problema sanitario (de los estupefacientes), intensificar la prevención y los tratamientos”, más que centrarse en penalizar duramente a consumidores o pequeños actores en el menudeo.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo que Latinoamérica ha roto los tabús y está lista para tratar el problema del consumo de drogas con un nuevo ángulo, como menores penas por la pequeña tenencia y consumo.

En una conferencia en el Diálogo Interamericano, en Washington, el secretario general de la OEA dijo que hay un “consenso” en la región sobre la necesidad de no “hacer pagar con dureza a los usuarios de drogas”, sino a través de la legalización, control estatal del mercado o despenalización de drogas como la marihuana.

“Demasiadas personas acaban en la cárcel por uso o posesión de un pequeño monto de droga”, indicó Insulza en un debate sobre el problema de las drogas y el narcotráfico en Latinoamérica.

La OEA publicó el pasado año un informe en el que destacaba el riesgo de mantener las misma políticas en la lucha contra la drogadicción, debido a que la región no estaba alcanzando objetivos tangibles.

“Los países de la OEA han roto el tabú sobre un debate para una política antidroga más eficaz y humana”, indicó Insulza.

Uruguay, que ha legalizado el consumo de marihuana con la intención de acabar con el mercado ilegal y la delincuencia relacionada, ha abierto un debate en Latinoamérica sobre los beneficios de la legalización y la despenalización.

“El experimento en Uruguay es muy importante, es una experiencia que nos permitirá conocer los resultados y qué hacer en el futuro”, aseguró Insulza.

En opinión de Insulza para reducir el consumo de drogas se debe poner el acento “en el problema sanitario (de los estupefacientes), intensificar la prevención y los tratamientos”, más que centrarse en penalizar duramente a consumidores o pequeños actores en el menudeo.

Fuente: http://www.infolatam.com/2014/09/10/insulza-latinoamerica-esta-lista-para-luchar-contra-drogas-con-nuevo-angulo/?utm_source=Newsletter+de+Infolatam&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_11_septiembre_2014_Santander+nombra+por+unanimidad+a+Ana+Patricia+Bot%C3%ADn+presidenta+del+Santander