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Netanyahu, se escapó “el chapo”…

Nadie cree que Joaquín Guzmán, “El Chapo”, se haya escapado sin ayuda oficial. Cuenta Joaquín Villalobos, que un noticiero británico mostró imágenes de fabricación de crack en el Distrito Federal evidenciando el nivel de impunidad de los delincuentes. “La condición esencial para el crimen organizado es que haya agentes del Estado involucrados”, acierta Villalobos que, como buen exguerrillero, no concibe otro camino que aumentar la represión armada, la violencia.

De modo que el problema no es convencer de la simbiosis mafia-Estado, el problema es que, aun sabiendo que es así -el 70% de los mexicanos creía que el Chapo volvería a escaparse- todavía hay quienes creen -o les conviene creer- que al narcotráfico se lo debe “combatir” con políticos y policías cuando obviamente son cómplices necesarios, al punto que se diría que hay que “combatir” a los dos.

Unas 253.000 muertes anuales en el mundo se deben a sobredosis de drogas pero “La mayoría…  se podrían evitar”, según la Oficina de la ONU contra la Droga. Se podrían evitar si el drogadicto no estuviera criminalizado y pudiera ir sin complejos a un hospital. Por otro lado, los homicidios totales por año en EEUU no llegan a 15.000, o sea, aun suponiendo que todos estos estuvieran relacionados con las drogas la cifra es muy inferior que los 150.000 muertos por la “guerra contra las drogas” sólo en México y hasta enero de 2012. Esta guerra mata más que la droga: la violencia empeora las cosas.

Por otro lado, según la OMS, 12% de los fallecimientos anuales en el mundo se debe a drogas autorizadas (8,8% al tabaco y 3,2% al alcohol), frente a 0,4% debido a las sustancias “ilegales”. ¿Por qué se prohíben solo algunas drogas? Quizás sea por negocios y corrupción de algunos laboratorios. Claramente el Estado coactivo (en tanto monopolio de la violencia) está hecho para corromperse porque quién impone -contra la voluntad de otros- una “ley” provoca una tensión que, tarde o temprano, termina en corrupción. Y con US$ 70.000 millones anuales que maneja el narco en México, se compra cualquier funcionario.

Probablemente capos como Guzmán tengan jefes, en las altas esferas del gobierno de EEUU -el “dueño” de la guerra “contra las drogas”- ya que la “prohibición” en rigor no es tal -no es creíble que, con las fuerzas armadas que tiene EEUU, se filtre tanta droga por sus fronteras- sino que es solo una excusa para combatir a los que trafican por fuera del esquema de corrupción oficial. Con ese dinero, es fácil contratar sicarios en México que tiene más de 50 millones de pobres, y donde -según la OCDE- solo 60,7% de la población trabaja mientras que el 22,4% de los jóvenes de 15 a 29 años no estudia ni trabaja.

En el otro lado del globo, Hasan Rohani, el presidente iraní que, como con las drogas, prohíbe Twitter al resto mientras en el escribe que el acuerdo nuclear acabará con la “exclusión y coerción”, dado el levantamiento de las sanciones impuestas por Occidente. Entretanto, el primer ministro israelí, Netanyahu, dijo que “El acuerdo no desmantela la infraestructura nuclear iraní… (y que) Sin sanciones, Irán tendrá más dinero… “. No termino de entender por qué sí algunos Estados -como EEUU e Israel- pueden tener armas nucleares, por qué no se desarman todos. Y veo que Netanyahu no entendió esto de que la coacción de los Estados solo llama a la corrupción y empeora las cosas.

Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

https://twitter.com/alextagliavini (@alextagliavini)

alextagliavini@gmail.com 

¿Quiénes se benefician de la prohibición?

Fin a la Prohibición es una campaña que da cuenta del fracaso que por décadas ha sido la guerra contra las drogas y de los ejemplos progresivos de despenalización y legalización alrededor del mundo, que constituyen argumentos sólidos para acabar con lo que ha demostrado ser una guerra contra nosotros mismos.

La prohibición ha creado un imperio para los narcotraficantes:

Fuente: http://eslibertad.org/2014/09/25/fin-a-la-prohibicion-el-imperio-del-narcotrafico/

Tomado de The Huffington Post

¿Por qué no lo vamos a superar? Plantas de poder y política. Parte I

Por Fermín Valenzuela

Entre las distintas actividades que hubo con la ola de manifestaciones a partir de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un colectivo de maestros de la UNAM decidió hacer clases al aire libre. La dinámica básicamente consistía en que cada maestro tomaba el micrófono durante unos cuantos minutos y exponía desde el área que mejor manejara, siguiendo cierto eje temático relacionado con los 43 y la situación del país. En fin, en un momento, antes de hacer un descanso se hizo la pregunta a los asistentes de por qué no vamos a superar esto que está pasando, como burdamente planteara el presidente.

www.youtube.com/watch?v=7v5Zur5hHFE
La respuesta es obvia si, a diferencia del presidente, se tiene un poco de empatía. No se puede pedir que se superen hechos tan graves como si se tratara de una banalidad o un accidente sin víctimas, como picarle el ojo a alguien.

Sin embargo, en este texto quiero plantear otra respuesta. No podremos superar ni esta crisis ni esta política de Estado basada en la violencia, mientras validemos la guerra contra las drogas por medio de la prohibición de cualquier ser vivo.

A mí parecer, lo que subyace a la violencia que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional, tiene que ver directa y concretamente con el control de las plantas (y hongos) de poder. También podríamos decir que está el TLC, la mímesis del gobierno con el hampa, el narco estado dirigido por el gobierno de EU, y bueno, el capitalismo mismo, pero concentrémonos en las protagonistas silenciosas y fotosintéticas de la violencia.

Vayamos por pasos aquí. Antes de hablar de sustancias tenemos que hablar de seres vivos. Se puede tratar de plantas, hongos, ¡o incluso ranas! Estos seres vivos de distintos reinos son los que producen las sustancias que después son sintetizadas o procesadas. Para hacerlo se utilizan distintos tipos de químicos, desde ácidos hasta gasolina, haciéndolos pasar por distintas temperaturas.  Por eso no es lo mismo hablar de la planta de coca que de la cocaína, obtenida de un proceso químico, o de la amapola y la heroína. Consideremos que tenemos por un lado a seres vivos y por otro, sustancias derivadas y sintetizadas a partir de ellos.

Ninguna prohibición sobre cualquier sustancia y/o planta ha logrado la desaparición de la misma y mucho menos la desaparición de su consumo. A menos de que a lo que se quiera llegar con la prohibición de ciertas sustancias sea la extinción de ciertas plantas u hongos (¡o ranas!), en el discurso no hay un fin claro de la misma ¿Cuándo se va a concluir como exitosa una prohibición entonces? El proceso económico que se prohíbe simplemente no desaparece. Lo que se logra en primer lugar es inflar su precio e ilegalizar su mercado, y al volverse ilegal pero lucrativo, entran las armas para asegurar que el capital fluya. En los hechos es bastante claro que hay un fin político y económico. La producción de “drogas”,  juega un papel muy importante dentro de la división internacional del trabajo y es de las excusas preferidas desde Nixon, para justificar apoyo policíaco-militar, o dictar línea a países subyugados por parte de EU. También hay casos como Afganistán, que se volvió el primer productor de amapola después de la invasión estadounidense a principios de siglo, que deberían de hacernos reflexionar sobre el papel que juega EU en este mercado. Otro dato curioso: Iguala es una capital mundial del cultivo de Amapola.

Creo que hay ciertos lugares comunes dentro de la discusión por la legalización de las drogas, que para los familiarizados en el tema tal vez ya les canse escucharlos, pero para el resto señalaré dos puntos que vale la pena que mencionar.

Primer lugar común de la discusión: La palabra droga es engañosa. Proviene del árabe andalusí  hatruka, que quiere decir charlatanería. Hay un sentido peyorativo implícito en el uso de la palabra droga. En el ámbito legal mexicano se usa erróneamente la palabra narcótico para referirse a las sustancias que tengan un efecto que altere la percepción de los sentidos, sin considerar que un narcótico es una sustancia que adormece el sistema nervioso central. Pensemos en los alcaloides, por ejemplo.  Sustancias cuyo nombre acaban en ína, como la cocaína, entrarían como narcóticos, y su efecto más bien estimula el sistema nervioso central. Legalmente no hay siquiera un vocabulario correcto para designar sustancias. La palabra droga mete en el mismo saco a hojas, raíces, semillas, alcaloides,  alucinógenos, narcóticos, entéogenos, químicos, sin mayor discusión. Más peligroso que confundir peras y manzanas. Si pensamos que una droga es una sustancia que produce dependencia física y/o sicológica, varias sustancias quedarían descartadas de antemano y aun así se les relaciona con la palabra ¿cuántos grupos de autoayuda existen para adictos al peyote? Simplemente la palabra confunde. Sin embargo, para no zambullirnos en los pormenores dela clasificación, tengamos en  mente a lo largo dela lectura tan sólo tres plantas de poder (llamémoslas así) que a mí parecer, son predominantes en la cuestión que estamos tratando, ya que también de ellas se derivan una vasta cantidad de sustancias: la mariguana, la coca, y la amapola.

Segundo lugar común de la discusión: Si el alcohol –que también se produce a partir de la fermentación de ingredientes vegetales- es causante directo de muertes y accidentes pero es legal, y en cambio, es imposible que la marihuana pueda producir una sobredosis que lleve a la muerte, entonces, no hay un criterio consistente para prohibir o legalizar una sustancia, sea de origen o no vegetal. ¿Por qué una sustancia es legal y otra no? El caso ejemplar es la prohibición del alcohol en los años 20, que llevó a que personajes como Al Capone a enriquecerse con su distribución ilegal, entre otras cosas. No por nada Obama llamó a Felipe Calderón “un Elliot Ness” en su cruzada contra las drogas. Obama lo hizo tal vez sin ser consciente de lo acertado que era la comparación entre dos representantes del gobierno en una cruzada cuyo resultado principal es la violencia y el lucro ilegal.
Mi tesis es que la influencia de las plantas de poder no empieza ni acaba en el mundo de la psique, su influencia es igual de fuerte en el mundo de lo social. Su poder para nada se limita a la “alteración de los sentidos”. Tienen una fuerza real en el mundo y ha sido usurpada por el dinero. Su estatus jurídico concretiza la relación que como sociedad mantenemos con ellas. La salud de esta relación se refleja en la salud de nuestras propias relaciones. Los miles de muertos y desaparecidos desde que se declaró la guerra contra las drogas nos dice algo del estado de esta relación.

¿Por qué no lo vamos a superar? Porque hay muchas cosas más que no hemos superado, si pensamos  que las drogas son las que están matando a las personas y no las balas. Si queremos que acabe la guerra contra el pueblo pero no atendemos la contradicción que encierra el hecho de prohibir plantas, estamos mirando la punta del iceberg. La prohibición es un mecanismo de control social cuyo elemento  más peligroso y efectivo es el consenso en la sociedad civil. Que la gente señale y criminalice a los usuarios en la calle, todos los dramas familiares por un toque escondido, y demás situaciones por el estilo, forman el espiral de la dinámica social que está del otro lado de una actividad económica que se mueve con balas como parte de una estrategia geopolítica, cuando se podría tratar tan sólo de plantas medicinales y sus derivados químicos que, esos sí, generan dependencia. Podría ser un asunto de salud pública y no de seguridad (otro terreno común en la discusión, no por eso menos válido). Apoyar la prohibición es aceptar la esquizofrenia discursiva del Estado, señalar como culpables a plantas por sus propiedades de nuestra mala salud como sociedad.
Si queremos exigir y hacer valer el derecho a la vida que tienen los humanos en general, y en particular de nuestros hermanos desaparecidos en manos del Estado o el narco (para el caso es lo mismo), tenemos que reconocer el derecho a la vida de los seres que les dan poder y les generan dinero a estos. La prohibición es muerte y guerra. Legalicemos.

Al respecto de la negación al derecho a la vida de otros seres como parte de la crisis que vivimos quisiera ahondar sobre el tema de las “drogas”, la producción de carne,  la comida, y la otredad. Pero eso será en una nueva entrega.

Abriendo el debate sobre las drogas: el papel del Estado

Argumentos claros y probados sobre por qué la penalización de la droga debe ser reemplazada por una acción del Estado que influya tanto en lo público como en la vida privada de los posibles consumidores.

Hernando Llano Ángel*

Los problemas de la prohibición

La principal consecuencia de la política prohibicionista y de la llamada “guerra contra las drogas” ha sido entregar la regulación de la cocaína y otras sustancias ilícitas al crimen organizado. Así sucedió también cuando, en un exceso de puritanismo de los legisladores norteamericanos, sustentados en prejuicios racistas y en la ignorancia, estos prohibieron con una enmienda constitucional el consumo de licor en 1920.

Uno de los adalides de esta prohibición fue el representan­te a la Cámara por el Estado de Alabama, Richmond Pearson Hobson (1870-­1937), héroe de la guerra hispanoamericana y autor de un libro con el sugestivo título de Drogadicción: un maligno cáncer racial.

Entre los ar­gumentos que este esgrimió en el Congreso a favor de la prohibición del alcohol estaban que “una investi­gación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico” y una “droga creadora de hábito”. También le aplicó otros epítetos como “veneno protoplásmico” y “asquerosa excreción de un organismo viviente”. Además, sostuvo que “el licor convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delitos no naturales”. Según Pearson, el hombre blanco tiene la misma tendencia, pero “por el hecho de estar más evoluciona­do, le toma más tiempo llegar al mismo nivel”.
La forma más efectiva de descriminalizar el narcotráfico es sobrepolitizando todo lo relacionado con la producción, comercialización y consumo de las drogas ilícitas

La prohibición del alcohol en Estados Unidos se tradujo en un aumento exponencial de la violencia, el crimen y la corrupción política en las principales ciudades. Los legisladores norteamericanos habían entregado la satisfacción de una necesidad más o menos lúdica y social (acompañar las conversaciones, fiestas y veladas con bebidas alcohólicas) al crimen organizado.

Es decir, la regulación de una de las más antiguas necesidades humanas de socialización e interacción (en la que incurrió incluso Jesús de Nazaret con el milagro de la conversión del agua en vino) se le entregó al crimen organizado y se responsabilizó solo a la Policía y al sistema judicial por su control y represión.

Se le quitó a los adultos su responsabilidad por el cuidado de sus propios cuerpos, salud y vida, para entregársela casi que exclusivamente a la Policía y a los jueces. Así se fue cayendo en un Estado policivo y punitivo, sustentado más en la fuerza y la represión que en la confianza, la autonomía y la responsabilidad de sus propios ciudadanos.

Cuando se criminalizó el consumo de licor las consecuencias para la seguridad de los ciudadanos y las instituciones políticas fueron tan funestas que en 1933 los legisladores derogaron la enmienda prohibicionista y optaron por la regulación estricta de la producción, comercialización y consumo del licor, como sucede hasta nuestros días.

Descriminalizar el narcotráfico, sobrepolitizar la droga

De manera semejante a cómo se hizo con el alcohol en Estados Unidos, habría que hacer hoy con la marihuana y la cocaína: descriminalizarlas y ser reguladas por el Estado, como lo está haciendo Uruguay. Esto le arrebata al crimen organizado la regulación de la marihuana y no permite que las mafias sigan controlando este mercado mediante la violencia y la corrupción, con perjuicio para la sociedad en su conjunto.

Esta estrategia podría ser la formulación, entre paradójica y escandalosa, de una de las principales ideas debatidas en el Segundo Foro Regional sobre Política de Drogas, realizado en Cali los días 19 y 20 de marzo de 2015.

Es un hecho que por la regulación criminal los colombianos hemos pagado un altísimo costo en vidas de líderes políticos, magistrados, jueces, miembros de la Fuerza Pública, mujeres y hombres anónimos. Además, por ella se ha consolidado una connivencia nefasta entre la criminalidad y la política, expresada en la narcoparapolítica y la generosa financiación del conflicto armado interno, donde los límites entre la delincuencia política y la común se traslapan. Todo esto sin subestimar los cientos de miles de hectáreas de bosques tropicales devastados y de ecosistemas destruidos.

Como decía Julián Wilches en el foro mencionado, citando al periodista Gerardo Reyes, la misma DEA tuvo que convenir con “Rasguño” (Hernando Gómez Bustamante) que no interrumpiera el flujo de cocaína que su organización criminal enviaba a Nueva York, para evitar que aumentara el crimen por las violentas disputas internas que generaba su escasez.

Por todo lo anterior es imperioso descriminalizar el narcotráfico. Entre otras cosas, porque solo cuando ello suceda empezarán a descender las gigantescas ganancias que genera este comercio mortal. Bien lo señalaba Milton Friedman, premio nobel de economía de 1976: “si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto”. El precio aumenta en relación directa con el riesgo y la represión que conlleva dicha economía ilícita.

Estrategia en lo público y lo privado

La forma más efectiva de descriminalizar el narcotráfico es sobrepolitizando todo lo relacionado con la producción, comercialización y consumo de las drogas ilícitas en sus dos principales dimensiones, la pública y la privada.

En la pública, hay que hacerlo como lo ha hecho Bolivia con el reconocimiento constitucional de la hoja de coca con toda su dimensión cultural y ancestral, en tanto planta vital y sagrada para su población indígena, que no debe ser criminalizada ni estigmatizada bajo el paradigma prohibicionista eurocéntrico. En el ámbito legal, el Estado ecuatoriano ha hecho algo similar

Como recomienda  Ricardo Soberón urge una estrategia unificada de todos los Estados latinoamericanos para que en la próxima Asamblea General sobre Drogas, a la que concurrirán 191 Estados en marzo de 2016, se avance en la dirección descriminalizadora y se profundice la estrategia reguladora.

También mediante campañas educativas y preventivas claras y coherentes, dirigidas especialmente a los y las adolescentes, se les debe informar sobre los riesgos potenciales que implica para su salud, integridad y desarrollo humano el consumo temprano de cualquier tipo de drogas, desde las socialmente aceptadas, como el tabaco y el alcohol, hasta las ilícitas.
El Estado debe asumir una función educadora, formativa y preventiva, con un enfoque de salud pública, en lugar de la hoy predominante de carácter punitivo y represivo.

Es decir, el Estado debe asumir una función educadora, formativa y preventiva, con un enfoque de salud pública, en lugar de la hoy predominante de carácter punitivo y represivo. Para mayor eficacia y coherencia, el Estado debería coordinar dichas campañas formativas y preventivas con organizaciones de la sociedad civil, el sistema educativo y el versátil entramado de los nuevos medios y las redes sociales.

En la esfera privada, en sincronía con el Estado y los gobiernos locales, se pueden generar condiciones para que en los espacios familiares, escolares e incluso íntimos se estimule la reflexión, el debate y la formación de jóvenes cada vez más autónomos, responsables, vitales y seguros de sí mismos, como una de las mejores estrategias para prevenir, disuadir y controlar el consumo de drogas y sus graves secuelas para la salud.

Es en la doble dimensión de lo público y lo privado que cabe hablar de una sobrepolitización del complejo problema del consumo y abuso de las drogas. Al final, de lo que se trata es de la definición y disfrute de horizontes de vida cada vez más plenos y libres en lo social y lo personal, a partir de de decisiones políticas tomadas de manera autónoma y no impuestas autoritariamente, tanto en la esfera individual como en la estatal.

Esto es lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en algunos Estados norteamericanos, como Colorado, Oregon y Washington, donde la ciudadanía, mediante consultas y referendos, ha aprobado el uso terapéutico y recreativo de la marihuana.

*Profesor asociado del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Universidad Javeriana de Cali. (ellano@javerianacali.edu.co)
Fuente: Razón Pública- http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/8373-abriendo-el-debate-sobre-las-drogas-el-papel-del-estado.html

La guerra contra las drogas en el mundo, está perdida: Vicente Fox

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de septiembre.- El proceso de legalización de la mariguana en el mundo ha avanzado paulatinamente en muchas naciones, en particular en Estados Unidos, y es “irreversible”, aseguró hoy el expresidente mexicano Vicente Fox (2000-2006).

La guerra contra las drogas nunca ha funcionado en el mundo, es una guerra perdida”, afirmó Fox en un encuentro con corresponsales extranjeros en la capital mexicana, en el que insistió en que es necesario cambiar “prohibición por regulación”.

La legalización de la mariguana va muy rápido en el mundo, apuntó, y añadió que en Estados Unidos más de una veintena de estados la han autorizado.

California muy pronto convocará a un referendo, dijo Fox, quien confió en “que sea este año” y que promoverá el apoyo a esa medida entre la comunidad mexicana.

En México, dijo que muy pronto se va a aprobar el uso de mariguana con fines medicinales en el estado de Jalisco, donde actualmente se lleva a cabo una consulta ciudadana sobre una iniciativa legislativa en ese sentido.

Además, indicó que espera que el Gobierno capitalino, que está en manos del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), empiece a discutir la legalización en Ciudad de México, donde ya se aprobó el aborto antes de 12 semanas y se legalizaron los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Yo estoy en contra de quienes construyen muros que impiden la libertad e imponen comportamientos morales y éticos”, dijo Fox.

Nadie tiene el derecho de privar a las personas de su libertad para decidir su propia vida y cómo actuar, “salvo que se ofenda a terceros”, señaló.

El expresidente destacó que aunque Estados Unidos es el país que más prohíbe el tráfico de drogas y el lavado de dinero, es donde más se consumen drogas, más se comercia con drogas y más se blanquea dinero.

¿Dónde están las policías, el FBI, la CIA?”, preguntó.

Explicó que las instituciones terminan negociando los castigos y las penas con los criminales a cambio de la entrega de los recursos.

No debemos asustarnos de las negociaciones”, aseveró.

Insistió en que los Gobiernos no deben obsesionarse con el dogma de desaparecer las drogas y los cárteles, pues consideró que eso no funciona.

En su opinión, el avance de la legalización de la mariguana en Estados Unidos facilitará al presidente Barack Obama y a la Suprema Corte cambiar las leyes federales que castigan al narcotráfico para adecuarlas con las estatales y superar así la contradicción legal que existe actualmente en la mayoría de estados.

¿Qué pasó en la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas que se realizó en Costa Rica?

Hubo poquísimas personas en la V Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas que hablaran en defensa del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes. Apenas uno, el representante para Centroamérica y el Caribe de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito (ONUDD), y le significó ser abucheado después de su discurso en el panel inaugural del evento que se realizó en San José, Costa Rica. Un abucheo esperado, porque él mismo reconoció que sus palabras eran provocativas, porque defendían las convenciones que rigen el modelo actual que no ha logrado llevar a un ‘mundo libre de drogas’, en una conferencia dedicada a hablar sobre alternativas a ese modelo de la “guerra contra las drogas”.

Que el sistema internacional de drogas se concibió sin una base científica sino a partir de una coyuntura social, política, económica, e incluso de ideas racistas; que se equivocó al pretender eliminar plantas (opio, cannabis, coca, entre otras) de la faz de la tierra, como si tuviesen ellas una suerte de poder maléfico; que la estrategia de reprimir no redujo el consumo y en cambio incrementó la estigmatización del consumidor y la violencia; que es necesario un cambio de estos paradigmas. Son llamados que se repiten en los artículos de prensa y en estos foros regionales. En general, el discurso se queda en los fracasos del pasado. Esto se debe a la falta de propuestas claras y la falta de consensos sobre el futuro de la política global de drogas, y a que existen apenas incipientes modelos de experimentación, aplaudidos por algunos estados y reprochados por otros.

La ansiedad por lograr grandes cambios en esta materia es sobre todo latinoamericana. Y choca en los foros mundiales, como la esperada Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU de 2016 sobre drogas (UNGASS 2016), con la postura de Estados de otras regiones, para los cuales son inadmisibles modelos de regulación como el que se implementará en Uruguay o como el que existe en algunos estados de Estados Unidos. No va a ser fácil que Rusia, China, o algunos países árabes, se unan a este afán por reformar las convenciones que rigen el sistema internacional. Como advirtió Gerardo Isaac Morales, director adjunto para Retos al Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México: son 193 estados y así como hay unos que alzan la voz para solicitar cambios a un tratamiento integral y equilibrado, hay otros donde aún hay pena capital sobre el consumo. Un gran logro de la UNGASS 2016 sería, a lo sumo, acordar que no hay un consenso.

En países como Malasia, China, Irán, entre otros, el consumo o porte de pequeñas dosis justifica la pena de muerte. La historia de Kevin Hoistacher, un argentino de 24 años que fue detenido el 22 de julio en Rusia y podría pagar 7 años de cárcel por portar medio gramo de marihuana, es otro ejemplo de drástico prohibicionismo. Estos casos recuerdan que la ansiedad por buscar alternativas, si bien es una fuerza creciente, no necesariamente constituye una mayoría. La postura rígida de estos países obstruirá el alcance de un consenso en la UNGASS 2016, donde en todo caso se pretende avanzar hacia propuestas de reforma de las convenciones.

El camino hacia ese evento de 2016 se ha recorrido en buena parte en Latinoamérica. Al menos seis estados de la región, no solo en la OEA sino en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, han buscado empujar la agenda preparativa para el evento: Colombia, Uruguay, México, Guatemala Ecuador, Santa Lucía.

Sin embargo, los llamados de estos estados al debate internacional no siempre coinciden con cambios significativos en sus normativas internas. En Guatemala, por ejemplo, mientras Otto Pérez Molina habla de legalizar, sigue siendo penalizado el consumo y porte de dosis mínimas y, mientras un delito de pornografía infantil da entre 8 y 12 años de cárcel, por narcotráfico pueden ser hasta 30.

En Colombia son reconocidos los esfuerzos por impulsar políticas alternativas, no obstante la normativa interna sigue siendo esencialmente restrictiva y cae en la contradicción de despenalizar el consumo pero penalizar todo lo demás, algo que lleva a los consumidores al mercado negro y plantea una serie de riesgos. Además, en cuanto a la coca, Colombia sigue siendo el único país que realiza fumigaciones aéreas. Mario López Garelli, representante de la CIDH en la V Conferencia Latinoamericana, recordó que el último informe de la Comisión habla de los efectos que estas fumigaciones tienen en la erosión de la tierra, en la salud de las personas, la contaminación del agua y en el desplazamiento de comunidades.

En todo caso, al menos en la V Conferencia, es bien recibido el esfuerzo colombiano por liderar en el marco de la OEA un grupo de trabajo sobre la búsqueda de alternativas al encarcelamiento y a la desproporcionalidad de las penas para consumidores. También se reconoce el liderazgo del presidente Santos desde la Cumbre de las Américas de 2012, de donde surgió el mandato a la OEA para analizar alternativas más eficaces y menos costosas que la política actual. A raíz de eso se presentó el año pasado el informe sobre el problema de drogas en las américas y, que en ese marco de la OEA se pensara en regulación, marcó una diferencia sustantiva en cómo se venía dando el debate con esos foros regionales.

“En Latinoamérica, después de décadas de guerra, el tabú se rompió, aunque el estigma todavía existe. De la palabra a la práctica falta mucho. Hay países, entre ellos Colombia, donde hay mucho discurso pero pocos cambios concretos en términos de leyes y aplicación. En todo caso estamos en la puerta de los cambios”, dice Pien Metaal, una holandesa coordinadora del proyecto de Reforma a las Leyes de Drogas en América Latina del Transnational Institute (TNI).

Para Metaal, no es justificable la excusa de esperar un consenso global para empezar a transformar las leyes internas. “Hay muchas cosas que los países pueden hacer: Colombia podría aplicar una industrialización de la hoja de coca e incentivar una industria de uso natural de la hoja. Podría también avanzar en reducción de daños, tratamientos, hay espacio para hacer procesos democráticos que lleven a cambios, como productos de un dialogo entre la población y los gobiernos. No se puede esperar hasta que se caiga el muro de la prohibición por completo para empezar a actuar”.

La posición común que pueda adoptar Latinoamérica para llegar a la Asamblea de la ONU de 2016 depende en buena parte de los consensos que se logren en la Asamblea Extraordinaria de la OEA el próximo 19 de septiembre. Todo un reto si se tiene en cuenta que, aunque esta es la región que más impulsa un cambio de aproximación en foros internacionales, no siempre habla con la misma voz en esos foros y, cuando se trata de hacer alianzas, le supera la unidad de países represores como Rusia, China, Tailandia, entre otros.

Guatemala, que será el país anfitrión de esa Asamblea de la OEA, viene impulsando con Colombia y México un borrador de resolución para ese evento. Las negociaciones sobre ese borrador han revelado que, aunque en el nivel más general existan consensos, al interior de la región también hay grandes desafíos y paradojas.

Pareciera una paradoja, por ejemplo, que algunas izquierdas latinoamericanas son las que adoptan un enfoque apegado a las convenciones del sistema internacional: La mayoría de los vetos y desacuerdos al proyecto de resolución vienen de Nicaragua y Venezuela. Además de estos, Brasil tiene dudas sobre insertarse de lleno en el debate. Puede verse una conexión entre la perspectiva revolucionaria, de izquierda, y la poca tolerancia que tienen esos gobiernos con el tema de las drogas. En Argentina, por poner otro ejemplo, a pesar de que hay un enorme activismo, a nivel formal sigue vigente una ley que penaliza el consumo con multas en una moneda que ya ni existe en el país.

“Los que se han llamado gobiernos de izquierda más cercanos al Alba han tenido posiciones que van un poco en contravía del debate actual. Tiene varias razones, de índole de política local y características de los países. Las posiciones más conservadoras las tienen Venezuela, Nicaragua, y en algún momento Ecuador, aunque ahora ha llevado a cabo algunos cambios en la política interna”, dice Juan Carlos Garzón, investigador del Woodrow Wilson Center y asesor de varios gobiernos latinoamericanos.

Incluso Bolivia, que se apartó de la Convención Única de Estupefacientes del 61 en su defensa del uso tradicional de la coca, tiene una posición muy distinta frente al tema del consumo. “Esto tiene que ver con el rechazo a una postura más propia del liberalismo y a la reivindicación del derecho de las personas. En estos países el Estado tiene un peso mayor en la vida de los individuos y tiene que velar por unos valores. Eso hace que cuando se enfrentan al tema de las drogas, ven algo que se escapa al manejo del Estado y donde este tiene que cuidar a sus ciudadanos de algo terrible muy vinculado con el capitalismo”, añade Garzón.

De hecho, dice, había una expectativa en Colombia de que las Farc tuvieran una posición mucho más beligerante respecto al tema de las convenciones internacionales. Si uno mira los acuerdos, sí producen muchos cambios importantes, pero no es que cuestionen todo el sistema de fiscalización internacional. Las Farc tienen una concepción en términos de la producción, del campesinado, y el problema del consumo es algo un poco nuevo en esa temática. Falta explorar más de dónde se explican las resistencias.

El caso de Nicaragua es particularmente interesante. Se puede explicar desde la influencia rusa en materia de seguridad y, más específicamente, en operaciones de combate al narcotráfico. El tema del narcotráfico ha sido una puerta de entrada para influir en la política exterior en América Latina, en Colombia lo sabemos bien. Rusia tiene en este sentido un aliado en Nicaragua. Hay que ver, dice Garzón, cómo ese contexto geopolítico y de mayor cooperación contra el narco proveniente de Rusia, impacta en el debate sobre la política de drogas. “Uno podría cruzar las posiciones más conservadoras, o menos liberales en tema de drogas, y los países donde Rusia influye de manera más fuerte, y sacar sus propias conclusiones”.

Pien Metaal explica que el conservatismo sobre el tema de drogas existe a la derecha y a la izquierda. Como proyecto político los socialistas, los marxistas clásicos, no tienen una interpretación de la ideología del fenómeno de las drogas, que es de hecho percibido como amenaza para el pueblo y como una forma de controlar al consumismo y un modelo en cierta forma capitalista que sujeta al pueblo a una esclavitud. No existe una perspectiva de izquierda sobre drogas, lo que hay es, desde la izquierda, gente que lucha por los derechos de los sectores más vulnerables de las sociedades, pero cumplen perfectamente con el discurso norteamericano. Los países que más duros son hacia los usuarios son a veces los supuestos de izquierda. Los liberales, y los que empezaron a atacar el prohibicionismo, eran más bien liberales de derecha, los que defienden los derechos individuales y no los colectivos”.

Pero los países que juegan un papel obstructivo no siempre son los de la izquierda. No es tan simple como echarle la culpa a las izquierdas latinoamericanas. Hay tantas agendas e intereses establecidos, que cada país tiene su proceso para poder subirse al tren de los cambios en política de drogas. Hay gobiernos que no son de izquierda y tampoco le apuestan al debate. Habría que ver las particularidades de cada Estado: para los mexicanos un tema clave es cómo los va a impactar la creciente despenalización de la marihuana en EE.UU.; para los colombianos es qué va a pasar con la aspersión aérea; para los guatemaltecos y centroamericanos es cómo los afectan las rutas del narcotráfico.

Cada país procesa el debate en términos de lo local y al final la política exterior termina siendo un reflejo de las problemáticas nacionales. Hay velocidades y preocupaciones distintas, que hacen que América Latina tenga un debate muy rico pero con pocos consensos. Aún así, hay pocos funcionarios estatales que no hablen ahora de prevención, salud pública y derechos humanos. Por ahora es un discurso y falta ver su aplicación.

EE.UU., el principal consumidor e impulsor de la guerra contra las drogas, está también flexibilizando su posición en esta materia. Lo decía Norton Arbeláez, un colombiano fundador y miembro de la Junta Directiva del Medical Marijuana Industry Group de Colorado, uno de los estados donde se aplica la regulación del cannabis tanto medicinal como recreativo. Obama ha tenido un liderazgo sin palabras, hubiera podido tomar algunas medidas para presionar a los estados, enviar a los soldados de la DEA contra quienes pusieron los negocias en marcha, pero no lo hizo. En cambio, ha trabajado en crear limitaciones como no permitir venta a los menores, la no intervención de grupos criminales, la no venta fuera del sistema estatal, que no se permita la violencia ni el uso de las armas, que no haya cultivos en espacios públicos.

En todo caso, EE.UU. en la práctica internacional sigue siendo defensor del modelo tradicional. Como dijo Carmen Rosa de León, del Instituto de la enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala, el modelo represivo está sustentado en 1.500 millones de dólares en acciones de EE.UU. a Centroamérica, con el liderazgo del comando sur, una visión militarizada de combate al narcotráfico. No obstante, esos 1.500 son el 0,1% de lo que se ha invertido en las guerras de Irak y Afganisltán: “¿cuán importante es realmente el combate al narco para EE.UU., si invierte más en Irak y Afganistán que en las causas de la violencia y el subdesarrollo en la región Latinoamericana?”.

A pesar de la imposibilidad de llegar a una reforma a las convenciones en 2016, esas ya se están dando en las experiencias que han impulsado algunos estados de la región. Uruguay, con su modelo de regulación estatal, se ha convertido en una diva en los foros internacionales sobre drogas. Ha surgido desde el sur como una alternativa inspiradora en una región acostumbrada a mirar y copiar al vecino del norte. Los organismos internacionales no pueden negar las realidades y dejar de tomar como referencia estas evidencias.

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/politica-de-drogas-busca-de-un-consenso-latinoamericano-articulo-514997