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La 1ra semana de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia en Fotos

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El racismo inherente a la guerra contra las drogas

Ramón César González Ortiz

 

“como lo que somos, no nos preocupa tanto la tormenta…

después de todo han sido siglos de tormenta para los pueblos originarios 

y los desposeídos de México y del mundo, y si algo se aprende abajo

es a vivir en condiciones adversas”. 

Subcomandante Galeano (antes Marcos).



La invención-creación del tema-problema tráfico y consumo de drogas, desde el siglo pasados y el inicio del presente, ha pasado por múltiples transformaciones en la manera en que ciertas instituciones del Estado o sociales han “atacado el problema.” A principios del siglo XX, bajo un supuesto aumento y peligrosidad de los consumidores; negros, chinos, mexicanos. De sustancias como el opio, la cocaína y la marihuana, que a su vez se suponía transmitían estos “vicios” a la sociedad norteamericana, se crearon las primeras instituciones para atender a los “toxicómanos”. Luego se pasó a la aplicación de pequeñas redadas, en los lugares de venta y consumo de sustancias, quema de plantíos, en los 70 en México la Operación Cóndor y en nuestros días la salida a gran escala de las Fuerzas Armadas, para “salvar a la sociedad de las drogas.”
Proceso en el cual, la invención de la tecnología política respecto al consumo de drogas1, se da principalmente en Europa a partir del siglo XVIII, donde la vida y el cuerpo se hacen objetos de poder. Antes existían sujetos jurídicos a quienes se les podían retirar los bienes, y hasta la vida. Pero posteriormente existen los cuerpos y las poblaciones, con lo cual el poder deja de ser materialista y deja de ser esencialmente jurídico, aunque para esto se haya retomado primero el sistema jurídico romano. Observándose así, paulatinamente la manera en que la delincuencia tiene una cierta utilidad económico-política, hasta llegar a las sociedades que conocemos, puesto que cuanto más delincuentes existan más crímenes existirán, cuanto más crímenes haya más miedo tendrá la población y cuanto más miedo haya en la población más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial.2
Esta tecnología de poder fue inventada en Norteamérica, a partir de medidas implementadas por los gobernantes de Washington, que al igual que en Europa desarrollan un sistema de derecho que les permita dar forma a los intereses económicos de la burguesía sorteando y “criminalizando” los conflictos sociales. En Europa se da en una confrontación con el poder monárquico del cual hereda el sistema legal, y en Norteamérica en pugna con grupos nacientes como El Partido de los Trabajadores, por lo que asume el estudio y amolda el sistema legal europeo.
Dando forma en Estados Unidos al periodo conocido como Progresista, llamado así por el hecho de que se aprobaron nuevas leyes; la Ley de Inspección de Carnes, la Ley de Hepburn para regular los ferrocarriles y oleoductos, una Ley de Alimentos Puros, además de leyes que regulan los salarios y las jornadas laborales, así como la inspección para comprobar la seguridad en las fábricas y compensaciones para los trabajadores que tuviesen accidentes laborales. Pero además de estas las leyes laborales creadas bajo las necesidades y las luchas de la naciente clase obrera, se da una emergencia de prácticas judiciales que, enraizadas en prejuicios sociales servirán para la invención de un sujeto de estudio, los consumidores de drogas. Identificados por los norteamericanos con las minorías étnicas, fueron siendo objeto de elaboradas restricciones sociales y legales.
Por ejemplo, los chinos y su hábito de fumar opio fueron extremadamente vigilados después de su ingreso a los Estados Unidos, alrededor de 1870. Al comienzo, los chinos representaban sólo un grupo más, enviado para ayudar en la construcción de los ferrocarriles, pero después de que la depresión económica los convirtiera en un exceso de mano de obra y por ende en una “amenaza” para los ciudadanos americanos, diversas formas de antagonismo hicieron su aparición con el fin de desalojarlos o por lo menos de aislarlos. Respecto a los negros, se contaban anécdotas de fortaleza sobrehumana, de astucia y de eficiencia como resultado de la ingestión de cocaína, la cocaína volvía a los negros casi invulnerables a las balas de calibre 32. Razón por la cual parece ser, los departamentos de policía del sur cambiaron sus revólveres a calibre 38.3 Para el caso de los mexicanos que emigraban hacia los EU por las mismas razones que los chinos, a principios del siglo XX, cuando llevaron la práctica de cultivar y fumar marihuana desde el otro lado del río Grande hasta Texas y Nuevo México, se les acuso de expandir el consumo entre las prostitutas blancas, los chulos, los maleantes y los negros.4 Hechos que “casualmente” coincidieron con el clímax de linchamientos de negros, la segregación legal y de las leyes electorales de los tres grupos, actos que le quitaban en esa sociedad a estos mismos, poder político y social5.
Más todavía, estos hechos también se vinculan con las ambiciones del Pentágono de lograr el dominio y expoliación de la América Latina. Arrogándose el derecho de una pretendida superioridad moral, el gobierno Estadounidense se ha autoproclamado protector de nuestra región. Cuando a fines del siglo XIX los Estados Unidos logran afianzar su poder sobre América Latina, sus dirigentes proclaman abiertamente su “misión civilizadora”, sin ocultar su opinión de que los latinoamericanos no son capaces de gobernarse a sí mismos. El Corolario de 1904 de Theodore Roosevelt a la Doctrina Monroe se baso en la premisa de la inferioridad de los latinoamericanos y su incapacidad para manejar sus propios asuntos. La Doctrina Monroe ha llevado en sí el supuesto de que los latinoamericanos están entre los pueblos atrasados del mundo y que, de no haber sido por la protección de los Estados Unidos habrían sido colonizados, como lo fueron los asiáticos y los africanos. Woodrow Wilson manifestó el deseo de “enseñarles a elegir buenos gobernantes” y Franklin Roosevelt señalo que algunos gobernantes “creen que son tan buenos como nosotros, y muchos de ellos lo son”. De forma que, la cuestión racial ha sido un factor importante en las relaciones de los Estados Unidos con el resto de Latinoamérica y en el caso de México, el robo de más de la mitad de su territorio puede considerarse como una prolongación del despojo perpetrado contra los indios norteamericanos6.
De manera que, dentro del “interés” moral y psicológico de Washington sobre nuestra región, además conforman su autoimagen. Construyendo un vocabulario en su política hacia América Latina en el cual parecen indicar que la Casa Blanca trata a nuestros países sobre una base de estricta igualdad. Fomentando la imagen de una familia o de buena vecindad. Sus “repúblicas hermanas”, “sus compañeros del sur”. Más todavía, se miran a sí mismos en su imperialismo, como un protector del hemisferio contra las potencias imperialistas del viejo mundo, y en una aberrante interpretación a-histórica, se considera que, lejos de haber habido un imperialismo económico sobre las republicas latinoamericanas por un imperialismo económico y militar estadounidense, ha sido todo lo contrario: han sido los gobiernos latinoamericanos los que han explotado el capital de los ciudadanos de los Estados Unidos que han tenido falta de juicio de permitir que sus bienes quedaran atrapados dentro de la autoridad soberana de nuestras naciones7.
Por tales motivos, en los Estados Unidos se encuentra muy extendida la creencia de que América Latina ha sido la parte beneficiada por la gran generosidad estadounidense y que desde hace muchos años se han dado a la región grandes sumas de ayuda económica, sin recibir nada a cambio. Aspecto que para su autoimagen y su postura frente al mundo, ha ayudado a forjar la pretensión de que se ha esforzado, aunque con muy poco éxito, por promover la democracia en nuestros países. Intentando rechazar así, la contundencia histórica sobre el apoyo y promoción de dictaduras favorables a sus intereses.
Visión racista que también ha sido compartida históricamente por distintos gobiernos de Europa. En 1902, la esposa de Edmun von HeyKing, ministro alemán en México escribió: “La masa hirviente, bestial de humanidad que ve uno aquí o en China acaba con el último resto que pudiera yo conservar de una creencia en la inmortalidad del alma. Enfrentada a esta masa de gente nauseabunda o apenas superior a los más bajos animales, la posibilidad de una vida después de ésta sólo puede ser la base de un renovado horror.” Y describe al ministro de relaciones exteriores de México, Mariscal, como “un pequeño hombre-mono indio”. Asimismo, el ministro alemán Paul von Hintze escribía que: “El error cardinal de Madero, está en su creencia de que puede gobernar al pueblo mexicano como se gobernaría a una de las naciones germánicas más “adelantadas”. Este pueblo rudo, compuesto de salvajes sin religión, con su escaso estrato superior de mestizos superficialmente civilizados, no puede vivir bajo otro régimen que no sea un despotismo ilustrado”. A lo cual remata al margen el káiser Guillermo: “Correcto”8.
Aspectos racistas, que particularmente en los Estados Unidos se agudiza en las zonas urbanas a partir de 1960 conforme empeora inevitablemente la base material de dicha sociedad industrial. Ante la progresiva decadencia de la industria de las máquinas- herramienta. Y la ayuda concedida por el gobierno de esa nación a los agribusiness, así como a la mecanización agrícola, se da lugar a un éxodo rural masivo. Migración que no puede ser incorporada en el aparato productivo, generando una crisis generalizada de las ciudades, puesto que solo ofrecen servicios pero no pueden ofrecer empleos. Tan solo en Nueva York, la sanidad y la instrucción pública desde hace décadas han dejado de ser consideradas como servicios esenciales para el gobierno federal, así como tampoco ha sido esencial que las personas encuentren un trabajo gratificador o simplemente trabajo. Mientras que por otra parte el presupuesto el presupuesto federal destinado a armamentos, que en su mayoría absorben los grandes monopolios y sus representantes en el gobierno, no ha disminuido9.
Siendo así que, en este contexto racista se da la “preocupación” por la “explosión” de la venta y consumo de crack en comunidades negras. Toda vez que le permite al Congreso estadounidense, entre 1986 y 1988 se aprueben leyes que endurecerán las políticas antidrogas tanto al interior como al exterior de ese país. Escogiéndose a la comunidad negra por su vinculación histórica con el consumo de drogas, haciendo más fácil que se dirija hacia ellos nuevamente el miedo, el odio y la violencia, como método estándar de control de la población. Aspecto que también repercutirá en la visión de los latinos, especialmente de los mexicanos, y no por las razones cuantitativas esgrimidas por Luis Astorga, respecto a que en los ochenta y noventa, el negocio del tráfico de drogas ilícitas adquiere tales proporciones y tal visibilidad que es prácticamente imposible que grandes grupos sociales no se den cuenta de las relaciones indisolubles más documentadas entre las corporaciones policiacas y los traficantes. Aspecto que según él, parece haber “liberado ciertas disposiciones éticas” de algunos grupos dentro de las corporaciones coactivas y de los círculos de gobierno, así como de otros tantos grupos de poder de la sociedad civil, lo que los decidió a participar de manera más activa en el control de las drogas10.
Muy a contracorriente de supuestas disposiciones éticas despertadas en las clases gobernantes, es dentro de los parámetros racistas que debe entenderse la manera en que, en los Estados Unidos el sistema de justicia ha logrado tener a la población encarcelada más grande del mundo (per capita). Puesto que gran parte de los delitos imputados para ser encarcelado no son de carácter violento y están relacionados con la guerra contra las drogas, resultando en el encarcelamiento casi siempre de pobres y en su mayoría de afroestadounidenses y latinos. Según cálculos, uno de cada 110 niños blancos tiene un padre encarcelado, pero para los afroestadounidenses, es uno de cada 15 y para los latinos uno de cada 41. 11
Y peor aun, guardan una estrecha relación con el hecho de que en los Estados Unidos, casi mil personas en el 2015 fueron asesinadas a tiros por la policía de ese país. En situaciones donde hombres negros desarmados tiene seis veces más probabilidades de ser asesinadas por la policía que los blancos. Resultando así, que la policía nacional de Estados Unidos ha matado a más del doble de personas de lo que la Oficina Federal de Investigación (FBI) había afirmado y en la mayoría de los casos los oficiales no fueron acusados formalmente por el uso excesivo de la fuerza. De tal situación en Chicago, son testigos tristemente silenciados por las balas Quintonio LeGrier, de 19 años y Bettie Jonés, de 55. En donde para el caso de la mujer, la policía argumentó que su muerte ocurrió de manera “accidental”. Por medio de un comunicado se dijo que: “La víctima fue alcanzada por error y murió trágicamente”12.
Racismo exacerbado que también tiene relación con los eventos de la fiesta de fin de año en Colonia, Alemania. Puesto que, pese al informe de la Policía de Colonia del 1 de enero donde se informa sobre un “ambiente relajado” y de “celebraciones pacíficas”, sin embargo, días después en otro informe elaborado por los grupos “progresistas” se mencionan robos, acoso sexual e incluso violaciones. Acusándose a unos mil hombres desarmados de agredir sexualmente a decenas de mujeres, incluida una agente de policía armada. Hechos que supuestamente ocurren en una plaza céntrica de una ciudad en estado de máxima alerta antiterrorista —por las amenazas de Daesh— y que encima está vigilada por unos 230 policías uniformados y un número indeterminado de secretas.
Sin contar con una sola imagen de dichas agresiones, pese a la cantidad de móviles con cámara que habría entre los asistentes y las víctimas, mientras recibimos decenas de fotos de las guerras de Afganistán, Irak o Siria o Sudán. Y la única “evidencia” con la que se cuenta corresponde a una foto que se difundió donde se asalto a una mujer en la plaza de Tahrir de El Cairo. Así como según días después, supuestamente mujeres de Alemania se arman de coraje y ponen entre 200 y 500 denuncias.
Conforme lo hemos indicado, es más probable que los llamados grupos progresistas, en una vena racista, hayan promovido mediante informes sin sustento y la captación de mujeres afines a sus ideales la xenofobia, para dividir a la población entre nativos y extranjeros, árabes ricos civilizados (con los que hacen grandes contratos de armas) y árabes pobres incultos. Donde la máxima es evitar que los refugiados consigan en el futuro la ciudadanía alemana. Dentro de un espectro de criminalización de los extranjeros llegados de los países musulmanes: antes eran potencialmente terroristas; ahora además son inmorales, desagradecidos y peligrosos para la civilización europea13.
De manera tal, que tanto el Pentágono como grupos afines a sus métodos en Europa, vienen desde hace décadas vinculando a personas no blancas con actos terroristas o con traficantes de drogas. Mientras que en la otra cara de la moneda, ante las toneladas de cocaína y heroína que llegan puntualmente a Estados Unidos desde Colombia, México, Panamá o Perú para su distribución en su inmenso territorio mediante redes bien organizadas, hasta llegar, con pureza variable, al ejecutivo de Wall Street o al negro lumpen del Bronx. No se cuestionan por parte del gobierno estadounidense con verdadero interés hechos fundamentales como: ¿Quién recibe la droga? ¿Qué fantasmas invisibles se hacen cargo de las avionetas, los submarinos o las mulas viajeras que arriban a los aeropuertos con su carga de coca? Y ¿Por qué sólo se habla de “chapos”, “escobares”, “orejuelas”, y jamás de un capo estadounidense? ¿Por qué nadie investiga cómo se manejan las inmensas cantidades de dólares que sin duda manejan los bancos lavadores del destino final de la droga, infinitamente superior en valor al de la compra de la hoja al perseguido campesino cocalero?14
Siendo así que, pese a las “soluciones” ofrecidas por la mayor parte de los gobiernos contra el tráfico de drogas, mediante la represión y el castigo, así como el gasto económico en armamentos, no ha habido una disminución considerable de drogas o del poder de los llamados cárteles. Y si por el contrario en países como Colombia o el nuestro, en la lucha contra el narcotráfico se han tenido miles de muertes. Tan solo en México ya van 25 mil desaparecidos, a las que se le deben sumar distintas violaciones a los derechos humanos. Por lo que se ha creado un drama social que al igual que en los Estados Unidos, también se refleja en las prisiones. En nuestro país un 25.2 por ciento de los presos que constituyen la sobrepoblación carcelaria ha sido detenida por delitos contra la salud pública. Siendo atrapadas solo las mulas del narcotráfico internacional, que a menudo son sólo víctimas de la explotación, los abusos y las amenazas de redes mafiosos que sostienen el tráfico en grande15.
De manera que, la guerra contra las drogas mediante sus medidas represivas en verdad se corresponde con hechos históricos de racismo hacia la población no blanca. Amoldándose conforme a las necesidades e intereses políticos o económicos. Dependiendo del contexto, los gobernantes de naciones imperialistas o dependientes actúan, para lo cual ya cuentan con una gran experiencia. Así podemos ver como, pasando por los Estados Unidos la candidatura de Donald Trump fue cobrando cada vez mayor fuerza, hecho que sería una buena caricatura, sino fuera por las implicaciones reales que tiene respecto al elogio de la ignorancia, la apelación al temor y el odio racial y xenófobo hacia comunidades negras y de latinos donde se incluyen nuestros compatriotas16. Hasta llegar a los pueblos del noreste argentino y los del sureste mexicano, quienes hoy padecen el racismo de las clases medias y las oligarquías. Ejemplo amargo de tal situación lo da en Argentina el encarcelamiento de Milagro Sala, por parte del presidente de esa nación, Mauricio Macri. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de Milagro podríamos decir: “Soy india, negra y mujer. Y quiero los mismos derechos para todos, pero sin abandonar mi conciencia de clase”17.

Notas
1 Foucault Michel. “Las redes del poder”. Editorial Almagesto. 1992.
2 Ibíd. Pág. 22
3 F. Musto David, M.D. “La enfermedad americana. Orígenes del control antinarcóticos en Estados Unidos.” Tercer Mundo Editores. Ediciones UNIANDES. CEI. 1993. Pág. 36.
4 Davenport-Hines Richard. “La búsqueda del olvido. Historia global de las drogas, 1500-2000.” Publicaciones Turner. FCE. 2003. Pp. 189-190
5 Tesis de Maestría. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia”. R. César González Ortiz, UNAM, FCPyS, 2014.
6 Connell-Smith Gordon. “Los Estados Unidos y la América Latina”. FCE, 1977. Pág. 26
7 Ibíd. Pp. 32-33.
8 Katz Friedrich. “La guerra secreta en México. Europa, Estados Unidos y la revolución mexicana.” Editorial Era, octava reimpresión 1993. Pág. 113.
9 Fitt Yann, Farhi André, Vigier Jean-Pierre. “La guerra económica mundial”. Libros de confrontación, 1977. Pp. 25-27.
10 Astorga Almanza Luis Alejandro. “El siglo de las drogas: el narcotráfico, del porfiriato al nuevo milenio”. Plaza Janés, 2005. Pp. 123-124.
11 La Jornada. Por: David Brooks, 11-01-2016.
12 La Jornada. 28-12-2015.
13 Rebelión. “21 notas sobre los violadores “no blancos” en Alemania”. Por: Armanian Nazanín, 28-01-2016.
14 Rebelión. “Por qué no cae ningún capo gringo del narcotráfico?” Por: Albiñana Antonio, 13-02-2016.
15 Contra línea. Año 14, número 465. 30 de diciembre de 2015. Pp. 18-19.
16 La Jornada. 21-01-2016.
17 La Jornada. “Milagro Sala, primera prisionera política de Macri”. Por José Steinsleger, 27-01-2016.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuente original: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209682

Fuente de la imagen: http://www.cflj.org/report/New-Jim-Crow-150×150.jpg

Derecho a consumir versus tratamiento obligatorio. Por Reverendo Martin Díaz

Secuestros, golpizas, aislamiento, encadenamientos y violaciones…Dolor y sufrimiento, son sólo algunos de los muchos abusos y técnicas de tortura utilizadas en nombre de la  “salud mental”  y hasta en el nombre de “Dios” para, según muchas instituciones, “curar”, “rehabilitar” y “reinsertar” a la sociedad a personas que usan drogas (padezcan un uso problemático o no).


En El Salvador a partir de las modificaciones al decreto Nº 153 de noviembre del año 2003, se establece la creación de la Comisión Nacional Antidrogas (CNA) bajo la “jerarquía del Presidente de la República”, quien a su vez designa a su Director Ejecutivo. A decir verdad la CNA representa conceptualmente y en la práctica el fracaso del modelo prohibicionista promotor de la infame Guerra Contra las Drogas. Es una institución que depende del Ministerio de Seguridad y que fue creada como la “autoridad nacional” encargada de “planificar, coordinar, supervisar y evaluar los planes, estrategias y políticas gubernamentales encaminadas a prevenir, combatir el tráfico, la venta y el consumo ilícito de drogas, como también los esfuerzos de rehabilitación de personas adictas” .

La CNA es una institución esquizofrénica que decide, por un lado, la forma de ejecutar el combate al narcotráfico y al mismo tiempo, por otro lado, decide cómo “tratar” a las PQUD (Personas Que Usan Drogas). La Comisión Nacional Antidrogas ha demostrado ser ineficaz, inoperante, imprecisa y poco profesional, con la publicación de “investigaciones académicas” imprecisas y poco transparentes o en ocasiones autorizando o renovando autorizaciones a centros de rehabilitación en donde se tortura a las personas y se les infligen horrores que pueden implicar violencia física y sexual, trabajos forzados, condiciones de vida infrahumanas, denegación de asistencia sanitaria y otras medidas contrarias a los derechos humanos. No existen pruebas de que estos centros sean un entorno propicio o eficaz para los tratamientos contra el padecimiento de adicciones y sí hay centros autorizados que siguen operando incluso con múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos. Esto es inaceptable.

A pesar de que diversos sectores de la sociedad civil  y organismos de derechos humanos critican y señalan estas prácticas, la falta de interés de parte de las autoridades es evidente. En 2012 diversos organismos de las Naciones Unidas instaron a través de una declaración conjunta a los Estados miembro a cerrar los centros de detención y rehabilitación obligatorios, además de promover la puesta en marcha de servicios sanitarios y sociales voluntarios, con base empírica y basados en los derechos humanos. Un llamado certero partiendo de que los tratamientos basados en evidencias científicas para la dependencia de sustancias incluyen un conjunto de servicios de gestión de riesgos y reducción de daños respaldados por políticas públicas desde una perspectiva de salud, derechos humanos y las libertades individuales.

Por si fuera poco, en el año 2013 el entonces Director Ejecutivo de la CNA, el Comisionado Howard Cotto, se negó a llenar en conjunto con entidades consultivas de Naciones Unidas el formulario comparativo que envía la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para realizar su informe mundial, demostrando el nulo interés por un levantamiento de datos verificables y transparentes. Lamentablemente cuatro años después de la declaración conjunta de Naciones Unidas, la realidad ha cambiado muy poco, los gobernantes y la clase política salvadoreña se muestran indiferente ante la caótica realidad.

Resulta muy preocupante que aún gran  parte  de lo  que se considera como “tratamiento”  en  varios países América  Latina sigue  basándose en la detención arbitraria y la tortura. Cuando existen métodos alternativos, respetuosos de la persona humana. No es de extrañar que en el marco de la Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS 2016) nuestro país abandera una de las posturas más recalcitrantes y retrogradas del continente, defendiendo la posición unilateral punitiva e irracionalmente represiva.

Los centros de detención y rehabilitación son una amenaza para los derechos humanos, el estado de derecho y ponen en peligro la salud de las personas detenidas, quienes, entre otros problemas, padecen de una mayor vulnerabilidad a las ETS  y la tuberculosis. En estos centros de detención se retiene a personas sospechosas de consumir o de padecer un uso problemático de alguna sustancia sin el debido proceso legal ni supervisión judicial con la justificación de un supuesto “tratamiento”  o ”rehabilitación”.  Obligar a las personas que usan drogas a someterse a programas de rehabilitación forzada ha sido una respuesta política común pero ha costado en calidad de vida, ha quitado la autodeterminación y desarrollo de muchos ciudadanos.

El uso de sustancias no causa una pérdida de autonomía, lo que refuta el argumento de que el tratamiento obligatorio es necesario porque las personas que usan drogas ya no disponen de la autonomía o de la capacidad para tomar decisiones informadas y que por tanto el Estado tiene el deber de intervenir y obligar a las personas a tratarse. Sin embargo, el consenso en la literatura científica, médica, legal y filosófica es que el uso de drogas raramente vuelve a una persona incapaz de ser responsable de sus actos.

Dejemos clara una cosa, en definitiva el tratamiento obligatorio no es ético, pues cualquier forma de tratamientoobligatorio vulnera los derechos de la persona al consentimiento informado y por lo tanto es una práctica no-ética. Excepto bajo condiciones sanitarias y judiciales específicas, en esos casos no debería prolongarse más allá de algunas horas o unos días, pues sólo debe ser aplicado bajo supervisión legal estricta únicamente justificada en casos de emergencia, como una medida para proteger a las personas o comunidades afectadas. Es decir, cuando la persona no puede ser responsable de su propia seguridad (tanto por dependencia como por otras cuestiones relacionadas con el uso de drogas).  Consiste en una breve hospitalización obligatoria en casos de desintoxicación de drogas, sobredosis y síntomas psiquiátricos, hasta que la persona haya recuperado su capacidad de decidir. También es importante aclarar que la mayoría de las personas que usan drogas (PQUD) lo hacen de manera irregular sin mostrar ningún signo de dependencia física o psicológica y sin causarse daño a sí mismo o a terceras personas. Según los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se estima que solo una de cada diez personas que usan drogas padecen de una dependencia física y/o psicológica. 

Privar a una persona de su libertad sin el debido procedimiento legal constituye una violación inconmensurable de las normas internacionales de derechos humanos. Mientras muchos países alrededor del mundo han reemplazado estos centros de tratamiento obligatorio por sistemas voluntarios y comunitarios, obligar a las personas a ingresar en ellos continúa siendo una práctica cotidiana en Latinoamérica, el este de Europa y Asia central. Sin embargo, rápidamente varios países de América Latina están promoviendo que el consumo de drogas sea tratado como un tema de salud pública, no penal. Lamentablemente, el acceso a programas de tratamiento basados en la evidencia continúa siendo dificultoso a lo largo del continente.

Al no desempeñar una función real de seguridad pública y debido a que la mayoría de las personas que usan drogas no tienen ninguna patología asociada con su uso, obligarlas al tratamiento es esencialmente un derroche de recursos, y una forma de sanción para el padeciente, ya que vulnera su derecho a la libertad. Aunque el tratamiento obligatorio puede brindarse en entornos comunitarios, la gran mayoría de las veces se dá en entornos cerrados, donde la gente es detenida por periodos de hasta varios años, sin respeto al debido proceso, violando claramente el derecho estar libre de la detención arbitraria.

Si bien es cierto que los especialistas en tortura de las Naciones Unidas han contribuido visibilizar esta problemática, aún sigue siendo relegada a reportes ocasionales. La tortura en nombre del tratamiento debe ser un asunto tratado desde la palestra, pues es de amplio interés público. Existe una preocupante dificultad de acceso a alternativas basadas en evidencia científica, que deben estar disponibles para cualquier ciudadano. 

Este vacío, alimentado por los subsidios del Estado a centros habilitados por la CNA ha creado un afán de lucro para personas que tienen poco o nulo conocimiento sobre el tratamiento y así abren y operan de forma legal o en algunos casos clandestinamente centros de “rehabilitación (detención) para adicciones”.

Se hace imprescindible una revisión y una profunda reforma al Decreto N°153. Una reforma que garantice una política de drogas basada en la ciencia, los derechos humanos y las libertades individuales. Que aplique reglas estrictas a los centros de asistencia sanitaria y de salud mental, incluyendo el respeto por el debido proceso, una opinión médica sólida y el uso de evidencias disponibles. 

Poner fin a la tortura en el nombre del tratamiento es asunto de  todas y todos porque las personas que usan drogas tienen derecho a que se respete su autodeterminación y sus derechos humanos. Defender sus derechos es defender nuestros derechos. Avancemos hacia una nueva política de drogas, hacia un verdadero enfoque basado en la salud y lejos de prácticas arcaicas que criminalizan y discriminan a las personas que usan drogas (PQUD) y sus  familias.

Es momento de dar fin a la inútil y violentísima guerra contra las drogas. Exijamos a quienes legislan que busquen para las nuevas políticas de drogas, un enfoque racional, progresivo, basado en evidencias que priorice la salud pública, los derechos esenciales y la justicia social.

Fuente original: Revista Factum- http://revistafactum.com/derecho-a-consumir-versus-tratamiento-obligatorio/

Informe de la OEA sobre las drogas aboga por la rehabilitación y la inserción social

El informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el problema de las drogas en Latinoamérica aboga por la rehabilitación y la inserción social como alternativa al encarcelamiento de los consumidores, dijo hoy a Efe en Montevideo el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

“Tiene una particularidad, es un enfoque realizado en clave de derechos, con una óptica de salud pública que reconoce que hay realidades diferentes en distintos países y que cada uno debe encontrar una solución en función del pacto social que pueda alcanzar y del problema que debe atacar”, señaló Almagro.

Para el secretario general de la OEA, este informe “sirvió para ensanchar la visión” de los países de la región en el enfoque para abordar el asunto, “sin dejar de aplicar sus medidas de seguridad pero teniendo en cuenta que la prevención y la rehabilitación son elementos fundamentales”, agregó.

Almagro presentó el informe en su participación en el seminario internacional “Nuevos enfoques en políticas de drogas en el siglo XXI”, en el que hoy se aprobará una declaración elaborada entre parlamentarios de la región de cara a la Asamblea General de la ONU sobre el Problema de las Drogas (UNGASS) de 2016 en Nueva York.

Durante su intervención, el también excanciller uruguayo destacó la “importancia de examinar con cuidado las (políticas) de descriminalización de las drogas para su uso personal” así como la necesidad de estudiar “alternativas para el encarcelamiento como parte de un enfoque para los derechos humanos” en este tema.

Además, indicó que el informe de la OEA “no encuentra ningún apoyo en ningún país para la despenalización o legalización de las demás drogas ilegales (además de la marihuana)”.

El secretario general de la OEA también valoró la necesidad de un enfoque “múltiple y de gran flexibilidad” para abordar la problemática y también subrayó que los países de la región deben “mantener la unidad en la diversidad”.

Por otro lado, Almagro informó que en la próxima reunión de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD), que tendrá lugar el próximo noviembre en Trujillo (Perú), habrá un espacio dedicado al debate para lograr un consenso de cara a la UNGASS.

“En los últimos tres años, en el hemisferio hemos logrado abrir un debate sobre las políticas de drogas en nuestros países, dejar atrás los viejos prejuicios que lo dominaron en los últimos 40 años y debatir políticas enfocadas en el ser humano y, en especial, en la juventud”, dijo el uruguayo para cerrar su discurso.

Durante su participación en el seminario estuvo acompañado por el secretario nacional de drogas de Uruguay, Milton Romani, su par brasileño, Vitore Maximiano, y por el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador (Consep).

Almagro, exministro de Relaciones Exteriores de su país durante el mandato del expresidente José Mujica (2010-2015), dijo a Efe que el informe de la OEA es uno de “los legados mas importantes” del que fuera secretario general de esta organización entre 2005 y 2015, el chileno José Miguel Insulza.

Comisión Global de Políticas de Drogas aboga en Uruguay por regular los mercados

La Comisión Global de Políticas de Drogas, organización que reúne a personalidades internacionales en contra del modelo prohibicionista en la lucha antidrogas, abogó hoy en Montevideo por la regulación de los mercados de esas sustancias para combatir el narcotráfico y promover los derechos humanos.

“Se debe buscar la regulación de las drogas porque son riesgosas, no porque son seguras. Tenemos que entender el espectro de riesgo de cada droga y crear una regulación con distintas reglas dependiendo de la droga y los riesgos que conlleva y también los beneficios”, defendió la representante de la Comisión Global, Zara Snapp.

Esa organización internacional nació en 2008 como una iniciativa de 17 líderes políticos e intelectuales, como el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, el escritor peruano Mario Vargas Llosa y el expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, para promover un debate alternativo a la represión de las drogas en el mundo.

Durante su participación en el seminario internacional “Nuevos enfoques en políticas de drogas en el siglo XXI” este miércoles en el Parlamento uruguayo, Snapp recordó que la Comisión Global abogaba inicialmente por la descriminalización del uso de drogas porque era impensable recomendar abiertamente la regulación del mercado de esas sustancias.

“Esto nos ha tomado mucho tiempo de pensar. Al principio, en 2011, no queríamos hablar de eso. Sabíamos que no iba a ser posible. Creo que en 2014 con el ejemplo de Uruguay, con el ejemplo de varios estados en Estados Unidos, hubo un reconocimiento de que es necesario abordar toda la problemática”, contó.

Uruguay aprobó en diciembre de 2013 una ley impulsada por el expresidente José Mujica (2010-2015) para regular la producción y la comercialización de la marihuana, medida que posicionó al país en la vanguardia de las políticas alternativas para enfrentar el narcotráfico a nivel mundial.

Snapp presentó el informe de 2014 preparado por la Comisión Global con vistas a incidir en la Asamblea Especial de las Naciones Unidas sobre el tema (UNGASS) en abril de 2016, en Nueva York, y plantear la revisión de las convenciones internacionales que corroboran la represión en la lucha contra las drogas.

En ese sentido, la experta reiteró el “fracaso de la guerra contra las drogas” que ha aumentado la inseguridad en América Latina, principal región productora de hojas de coca, y culminado en la muerte vinculada al narcotráfico de miles de personas.

Asimismo, argumentó que la penalización del consumo de las drogas ha sido ineficaz, aumentando la población carcelaria y la violencia.

“Es importante notar que solo el 10 % de los usuarios de drogas ilegales tienen un uso problemático. Lo podemos pensar con el alcohol. No todos los que toman vino cuando salen a cenar tienen un uso problemático pero siguen disfrutándolo”, comparó Snapp y agregó que lo que hace falta es “información clara”.

Por su parte, el diputado uruguayo Sebastián Sabini remarcó la necesidad de cambiar la mirada a través de la legislación ya que las personas asocian la moral a las leyes, con el pensamiento de que “lo que la ley permite está bien y lo que no permite está mal”.

También participaron en las primeras mesas del seminario el diputado chileno Alberto Robles, el senador mexicano Alejandro Encinas, la asambleísta ecuatoriana María Alejandra Vicuña y el diputado costarricense Marco Vinicio Redondo.

Las jornadas de dos días iniciadas hoy en Montevideo fueron organizadas por la Cámara de Diputados, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, junto con la Fundación alemana Friedrich Ebert.

La idea es presentar una Declaración de Montevideo que aporte en las discusiones de la UNGASS 2016 hacia una apertura de las políticas antidrogas con un enfoque sanitario y de derechos humanos y un rechazo al modelo represivo actual.

Fuente: Telemundo Atlanta- http://www.telemundoatlanta.com/189_mexico/3288560_informe-de-oea-sobre-drogas-aboga-por-la-rehabilitacion-y-la-insercion-social.html

CELAC emite Declaración de Quito, sobre el problema mundial de las drogas

Al finalizar la II Reunión Ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) que se realizó en Quito, Ecuador, sobre el problema mundial de las drogas, los países miembros emitieron una declaración en la que resaltan la necesidad de contribuir al fortalecimiento de las instancias de la región latinoamericana en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El documento señala que se hace imperativo contar con una visión de consenso en el marco de la CELAC de cara a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas.

Ante ello, los países declaran que todas las políticas de drogas deben incorporar, de manera integral, los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

También se deben redoblar los esfuerzos conjuntos para comprender y contrarrestar las causas estructurales del problema mundial de las drogas y reafirmar los compromisos para prevenir y revertir los daños sociales generados por el problema mundial de las drogas.

Asimismo, indica que se deben promover acciones conjuntas que permitan identificar y combatir los grupos delictivos organizados involucrados en el tráfico de drogas, a fin de desarrollar amplias capacidades para afrontar los desafíos que se generan en nuestras sociedades.

A continuación, texto íntegro de la declaración:

DECLARACIÓN DE QUITO

II REUNION MINISTERIAL SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y EL CARIBE – CELAC – QUITO, ECUADOR

21 Y 22 DE MAYO 2015

PROPUESTA

Los Ministros y Ministras y autoridades de instituciones rectoras en el ámbito de drogas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC), reunidos en Quito, Ecuador, en ocasión de la II Reunión Ministerial sobre el problema mundial de las drogas, los días 21 y 22 de mayo de 2015.

Teniendo como referencia la Declaración Especial sobre el problema mundial de las drogas, adoptada en la Cumbre de Jefes y Jefas de Estados de CELAC reunidos en Belén, Costa Rica, los días 28 y 29 de enero del 2015.

Expresando preocupación por el impacto sobre la salud de las poblaciones, las instituciones democráticas, la grave afectación económica y daños sociales, como consecuencia del problema mundial de las drogas. Por ello consideramos necesario continuar fortaleciendo la cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas, promoviendo e impulsando políticas integrales en la materia.

Reconociendo la necesidad de mejorar la capacidad de los Estados de incorporar en sus estrategias la prevención, detección y sanciones a la delincuencia organizada dedicada a las actividades de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos que utilizan, entre otros, la intimidación, la corrupción y la violencia.

Reconociendo que la pluralidad social, cultural y económica de los países de la región debe permitir la formulación de políticas diversas, amplias e integrales, en el marco de las Convenciones de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales pertinentes.

Reconociendo las preocupaciones geográficas especiales de los pequeños Estados insulares del Caribe.

Reconociendo que para atender los nuevos retos que plantea el problema mundial de las drogas es necesario enriquecer en el ámbito de Naciones Unidas las respuestas ante este fenómeno.

Enfatizando que los esfuerzos que realizan los Estados en términos de disminuir el impacto que generan grupos delictivos organizados deben continuar complementándose, adicionalmente, con políticas centradas en el bienestar de los ciudadanos y en el respeto a los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, protección de la naturaleza, y del medio ambiente.

Reconociendo la necesidad de privilegiar medidas preventivas para hacer frente al problema mundial de las drogas con el fin de fortalecer el tejido social y el bienestar de las personas. En este sentido deben coordinarse acciones conjuntas entre el control y la prevención integral.

Valorando los esfuerzos que ha hecho la región, a través de la coordinación de políticas antilavado de activos, el control de precursores químicos, y los controles fronterizos, terrestres, marítimos y aéreos.

Reconociendo que el marco de las Convenciones sobre Drogas permite al Estado desarrollar políticas propias en el abordaje de la problemática. Dicho impulso debe mantenerse acorde con el Derecho Internacional y la jurisdicción soberana de los Estados.

Inspirados en el principio de la unidad en la diversidad,

DECLARAN

Que, es necesario seguir contribuyendo al fortalecimiento de las instancias técnicas y políticas propias de la región latinoamericana y de El Caribe en materia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Que, se hace imperativo contar con una visión de consenso en el marco de la CELAC de cara a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas UNGASS 2016, a celebrarse en Nueva York, en torno a los siguientes elementos:

Que, todas las políticas de drogas deben incorporar de manera integral los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de conformidad con el espíritu y el objetivo de salvaguardar la salud y el bienestar de la humanidad, en el marco de las tres convenciones de Naciones Unidas sobre drogas, en concordancia con la Carta de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales relevantes en la materia, respetando las decisiones soberanas de los Estados.

Redoblar los esfuerzos conjuntos para comprender y contrarrestar las causas estructurales del problema mundial de las drogas.

Reafirmar los compromisos para prevenir y revertir los daños sociales generados por el problema mundial de las drogas.

Alentar la generación de sinergias con todos los sectores sociales para la instrumentación de respuestas eficientes al problema mundial de las drogas que fortalezcan la cohesión e inclusión social.

Que, los Estados tienen pleno derecho a formular sus políticas de drogas a partir del reconocimiento de sus propias realidades sociales, económicas, culturales, históricas y geopolíticas, respetando plenamente su soberanía e integridad territorial.

Que, se continúe desarrollando, en el marco de las Naciones Unidas, políticas y medidas sobre drogas que, centradas en el ser humano, y tomando en cuenta los derechos inalienables de las personas y la protección de la naturaleza, avancen en enfoques integrales, equilibrados y multidisciplinarios para la reducción de la oferta y la demanda de drogas, así como en prevenir sus causas y reducir las consecuencias negativas, de este fenómeno socio económico.

Promover la generación e intercambio de evidencia científica que contribuya al trabajo de los órganos competentes de Naciones Unidas en la inclusión o eliminación de sustancias en las listas de control internacional.

Recordar lo establecido en la Declaración especial sobre la hoja de coca suscrita por los Jefes y Jefas de Estado de América Latina y El Caribe en La Habana, Cuba, durante los días 28 y 29 de enero del 2014.

Reconocer que el uso indebido de drogas es un problema de salud pública y que su manifestación extrema, la dependencia o la adicción, requieren abordar este fenómeno socioeconómico y cultural a través de la implementación de políticas de atención integral e inclusión social, de acuerdo a las legislaciones nacionales.

Promover acciones conjuntas que permitan identificar y combatir los grupos delictivos organizados involucrados en el tráfico de drogas, a fin de desarrollar amplias capacidades para afrontar los desafíos que se generan en nuestras sociedades.

Recordando que, en el marco de la Declaración Especial sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo acordada en Costa Rica, en la III Cumbre de CELAC 2015, en la que se reconocen sus necesidades únicas, estos Estados enfrentan preocupaciones geográficas por lo que en la aplicación del principio de responsabilidad común y compartida, sus necesidades especiales y vulnerabilidad deben ser reconocidas a nivel de las políticas de drogas regionales e internacionales.

Procurar, de conformidad con las legislaciones nacionales, en tanto no se genere impunidad, el desarrollo de medidas alternativas en la impartición de justicia, consistentes con las convenciones de Naciones Unidas sobre drogas y el derecho internacional.

Que, los Estados miembros de CELAC considerarán las contribuciones de todos los órganos del sistema de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, la sociedad civil, la academia, los legisladores y otros actores relevantes, cuando corresponda, en el marco del proceso hacia la UNGASS 2016.

Considerar como una política de Estado, de acuerdo a las distintas realidades nacionales, un conjunto de medidas encaminadas a potenciar la incorporación de la comunidad, con un enfoque territorial, en programas y proyectos productivos, socio económicos y de protección del ambiente, que reduzcan la posibilidad de su participación en actividades ilícitas relacionadas con las drogas y promuevan el desarrollo humano integral, destacando entre ellas el desarrollo alternativo, integral y sostenible, incluido el preventivo, cuando corresponda.

Agradecer al Gobierno del Ecuador, a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a sus autoridades competentes en materia de drogas, por organizar y coordinar la II Reunión Ministerial sobre el Problema Mundial de las Drogas, efectuada en la ciudad de Quito, entre los días 21 y 22 de mayo de 2015, al tiempo de saludar a la República Dominicana por acoger la III Reunión Ministerial sobre el Problema Mundial de Drogas, en el ámbito de UNGASS 2016.

Fuente: el 19 digital-  http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:29544-celac-emite-declaracion-de-quito-sobre-el-problema-mundial-de-las-drogas

¿A dónde va el debate internacional de drogas?

Por Catalina Pérez Correa

Desde México pareciera que el debate internacional en materia de control de drogas se está moviendo hacia la despenalización y/o la tolerancia. Hoy, por lo menos 23 estados de la Unión Americana han despenalizado la mariguana de una forma u otra. Países Latinoamericanos como Jamaica y Chile también han despenalizado esta sustancia para usos médicos. Uruguay se convirtió en el primer país en despenalizar la producción y venta de mariguana. Además, casi todos los países latinoamericanos han despenalizado el consumo de sustancias ilícitas en un intento por hacer de las drogas un tema de salud en lugar de uno penal. Los ejemplos pueden hacernos pensar que el viento sopla fuerte hacia un cierre de la guerra contra las drogas. Pero el debate a nivel internacional muestra un panorama mucho menos alentador y los extremos del debate son mucho más alejados de lo que parecen.

El pasado 28 de abril, Indonesia fusiló –tal cual– a 8 personas, 7 extranjeros, por distintos delitos de drogas. El mundo occidental se mostró escandalizado: la Unión Europea, Brasil, Nigeria y Australia públicamente expresaron un rechazo a la medida y Australia incluso removió a su embajador en protesta de lo que consideró “cruel e innecesario”. Incluso, investigaciones posteriores mostraron que las ejecuciones no sólo habían sido desproporcionadas sino que varias pudieron estar acompañadas de graves irregularidades en los procedimientos. Uno de los ejecutados, el de Indonesia, había sido sentenciado por posesión de mariguana y una solicitud pidiendo clemencia fue extraviada durante algún procedimiento. Otro presentaba indicios de padecimientos mentales y otro más había alegado corrupción por parte de uno de los jueces. No obstante, el gobierno de Indonesia defendió su actuación como necesaria para ganar –sí– la guerra contra las drogas.

En este contexto -e incluso con una, pequeña, protesta por las ejecuciones de Indonesia- el 7 de Mayo se llevó a cabo el Diálogo de Alto Nivel sobre Drogas en las oficinas de la ONU de Nueva York en Estados Unidos en preparación para la Sesión Especial de Naciones Unidas (UNGASS 2016), en la cual se hará una evaluación sobre la política mundial de control de drogas. La ultima vez que se hizo una reunión de este tipo fue en 1998 y su objetivo fue la eliminación de drogas del mundo. Ahora, tras 50 años de política prohibicionista, se presentará una oportunidad para evaluar los éxitos y fracasos –diría yo que más de los segundos– de la política de drogas a nivel mundial.

El diálogo, sin embargo, no fue del todo alentador. Aunque varios países y organizaciones se pronunciaron a favor de un debate abierto, basado en evidencia, para repensar la política actual, otros, como Egipto y Singapur, hablaron sobre el respeto a la soberanía para que cada país use su derecho penal como mejor considere (ie. pena de muerte).

Actualmente 32 países, incluido Estados Unidos, contemplan la pena de muerte para delitos de drogas y, según Harm Reduction International, 6 la usan de forma frecuente. Y, el debate a nivel internacional parece más volcado a lograr un consenso en contra del uso de la pena de muerte por delitos de drogas y en contra de la criminalización del consumo, que a lograr un verdadero cambio del régimen mundial de control de drogas. De ser este el tema central del UNGASS 2016, seguiremos en el camino de siempre: el de la guerra contra las drogas. En ese camino cada país decide una interpretación (estrecha o laxa) de las convenciones de drogas, se menoscaban los procesos democráticos locales y el narcotráfico continua desplazándose hacia los países más vulnerables, aquellos con instituciones más débiles, como el nuestro.

Fuente: http://www.animalpolitico.com/blogueros-no-hay-derecho/2015/05/14/a-donde-va-el-debate-internacional-de-drogas/

Por qué el Diálogo Interactivo de Alto Nivel de la Asamblea General hacia la UNGASS de 2016 sobre drogas es un momento importante

El 7 de mayo de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas realizará un diálogo interactivo de Alto Nivel para apoyar el proceso de preparación hacia la UNGASS, programada para abril de 2016. La UNGASS es una coyuntura crítica para el debate internacional en política de drogas y será la oportunidad para realizar una evaluación honesta acerca de los éxitos y los fracasos de las políticas mundiales sobre drogas.

Hay una necesidad perentoria de sostener este debate, y esa es la razón por la cual en 2012 los presidentes de Colombia, Guatemala y México solicitaron que la cumbre se realizara en 2016 (y no en 2019, como estaba planeado originalmente)1.

El Secretario General de la ONU ha instado a los estados miembros a utilizar la UNGASS para “desarrollar un debate abierto y amplio, que considere todas las opciones”2.

La Asamblea General también reafirmó la necesidad de que el proceso hacia UNGASS sea amplio e inclusivo:

“Reafirma su decisión, como recomendó la Comisión de Estupefacientes, de que el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016 tenga un proceso preparatorio inclusivo que comprenda la celebración de consultas sustantivas amplias, de modo que los órganos, las entidades y los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y regionales competentes, la sociedad civil y otros interesados pertinentes puedan contribuir plenamente al proceso, de conformidad con los reglamentos pertinentes y con la práctica establecida;” (Resolución 69/201 para. 49, énfasis agregado).

Los preparativos para la UNGASS han empezado hace meses, conducidos por la Comisión de Estupefacientes (CND) en Viena, donde se dieron las discusiones más recientes en el Segmento Especial sobre UNGASS, como parte de la Sesión 58º de la CND3, en marzo de este año.

La Reunión de Alto Nivel del 7 de mayo, convocada por la Resolución de la Asamblea General 69/2014, será la primera ocasión en que los preparativos de la UNGASS se discutirán de manera sustantiva en Nueva York, y por eso es una oportunidad clave para involucrar tanto a la comunidad amplia de ONU como a las delegaciones de países basadas en Nueva York.

Si bien es el mandato de la CND de “conducir”5 los preparativos para la UNGASS, el hecho de que este debate vaya a suceder bajo los auspicios de la Asamblea General como una “sesión especial” provee una oportunidad única para discutir el futuro de las políticas internacionales de control de drogas con la urgencia y la relevancia que el tema requiere.

Instamos fuertemente a los estados miembros a asegurar su participación en el Debate Interactivo de Alto Nivel del 7 de mayo, particularmente dado que:

  • La Asamblea General está compuesta por los of 193 países de las Naciones Unidas y “ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas”6. El Debate Interactivo de Alto Nivel permitirá presentar nuevas perspectivas, especialmente de aquellos estados miembros que no tienen representación permanente en Viena (cerca de un tercio de los 193 países no la tienen), y por eso han permanecido al margen de los debates sucedidos hasta ahora. Resulta crítico que de cara a la UNGASS, todas las perspectivas sean escuchadas y discutidas.
  • En relación con los insumos técnicos y de expertos, todas las agencias relevantes de la ONU deben ser alentadas a involucrarse en los preparativos y en el evento del 7 de mayo, lo que permitirá que la comunidad más amplia de la ONU pueda participar plenamente en un debate sustantivo hacia la UNGASS misma. Las sesiones especiales de la ONU son momentos cruciales y poco frecuentes dentro de la política a nivel de la ONU y están diseñados para asegurar una respuesta coherente de todo el sistema de las Naciones Unidas frente un problema mundial que preocupa a la comunidad internacional – lo que hasta ahora ha sido deficiente en las discusiones sobre políticas mundiales relacionadas con las drogas. Todas las agencias relevantes de la ONU deberían por tanto tener un rol activo en la Sesión en sí misma y a lo largo del proceso de preparación.
  • La importancia de asegurar un debate balanceado, abierto e inclusivo demanda que las discusiones se desarrollen en múltiples sedes de importancia estratégica para la ONU. Como se señaló más arriba, hasta ahora el proceso preparatorio ha estado centrado in Viena, donde están basadas las estructuras de control de drogas de la ONU, y ha habido cierta preocupación acerca del nivel de apertura e inclusión en los debates de la UNGASS7, si todos los preparativos se desarrollan desde Viena. Por ejemplo, la primacía de los derechos humanos y el rol central de la salud pública en los debates de la ONU sobre políticas de drogas sólo han adquirido relevancia en los últimos años. Del mismo modo, los impactos de las drogas y el sistema de control de drogas en la agenda de desarrollo vuelve crucial el involucramiento de las agencias con base en Nueva York como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Por lo tanto, es muy conveniente que el debate se abra, incluyendo los foros de otros organismos claves de la ONU localizados en Nueva York y Ginebra. Este último ha mostrado ser crucial en este aspecto. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado recientemente una resolución histórica llamada “Contribución del Consejo de Derechos Humanos a la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas en 2016”8. La resolución fue esponsoreada por 479 países de Europa, América Latina, Asia, África y Oceanía, y convoca a un panel de expertos para discutir las políticas de drogas y sus impactos en los derechos humanos. También solicita que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos produzca un informe técnico sobre el tema para informar los debates de UNGASS.
  • La participación significativa de la sociedad civil fue esbozada en la resolución 58/8 de la CND, titulada “Sesión Especial de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas en 2016”10 y la Civil Society Task Force (CSTF) ha sido formalmente presentada, y fue apoyada por el Presidente del Comité de UNGASS y Director Ejecutivo de ONUDD como el vehículo clave para el involucramiento de la sociedad civil en el proceso de la UNGASS. La CSTF va a realizar una audiencia de la sociedad civil el 6 de mayo y también jugará un rol preponderante en el proceso de selección de oradores para hablar en representación de la sociedad civil durante el debate mismo.

El borrador de la nota conceptual del Diálogo Interactivo de Alto Nivel, circulado por el Presidente de la Asamblea General el 2 de abril provee un marco amplio para el evento e identifica algunas cuestiones clave que hay que abordar acerca de los desafíos, las lecciones, y las mejores prácticas en relación al tema de políticas de drogas alrededor del mundo.

Es crucial para la cooperación internacional sostenida, que los estados miembros sean honestos acerca de “lo que funciona y lo que no funciona” dentro de las políticas de drogas vigentes, y que se comprometan a que la UNGASS (incluyendo sus preparativos) sea un proceso significativo que contribuya a mejorar las políticas de control de drogas de acuerdo a los principios centrales de las Naciones Unidas – derechos humanos, seguridad humana, salud pública y desarrollo.

El Diálogo Interactivo de Alto Nivel del 7 de mayo en Nueva York ha sido peleado y conseguido por estados miembros que buscan asegurar un proceso amplio e inclusivo hacia la UNGASS.

Dada la oportunidad única que este evento representa, es vital que los estados miembros den a esta reunión la prioridad que merece, participando con el más alto nivel posible y solicitando a sus misiones en Nueva York que estén informadas previamente al debate.

El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, siglas en inglés) es una red mundial con más de 130 organizaciones de la sociedad civil que se unen para promover debates objetivos y abiertos sobre políticas nacionales e internacionales de drogas.

El Consorcio ha acordado cinco grandes “peticiones” que los miembros del IDPC promoverán colectivamente desde ahora hasta 2016:

  • PETICIÓN 1: Garantizar un debate abierto e inclusivo
  • PETICIÓN 2: Volver a fijar los objetivos de las políticas de drogas
  • PETICIÓN 3: Apoyar la experimentación y la innovación
  • PETICIÓN 4: Acabar con la criminalización de las poblaciones más afectadas
  • PETICIÓN 5: Comprometerse a una perspectiva de reducción de daños para mejorar la salud y el bienestar de los usuarios de drogas

Para más detalles sobre las peticiones del IDPC para UNGASS vea este enlace: http://idpc.net/publications/2014/10/the-road-to-ungass-2016-process-and-policy-asks-from-idpc

Notas finales:

  1. http://idpc.net/blog/2013/09/latin-american-leaders-bring-drug-policy-debate-to-the-un

  2. http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6935

  3. http://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_58/E2015_28_ADVANCE_UNEDITED_VERSION.pdf

  4. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/201&referer=/english/&Lang=E

  5. De acuerdo a la resolución A/RES/69/201

  6. http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml

  7. http://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/UN/UNDP/UNDP_paper_for_CND_March_2015.pdf

8.http://www.cels.org.ar/Res%20Drugs%20Tabled%20Version.pdf

  1. Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Botswana, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Haiti, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Israel, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, México, Moldavia, Países bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Portugal, Rumania, Rwanda, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Timor-Leste, Tailandia, Turquía, Urugua

  2. http://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_58/E2015_28_ADVANCE_UNEDITED_VERSION.pdf

Fuente: IDPC – http://idpc.net/es/publications/2015/04/por-que-el-dialogo-interactivo-de-alto-nivel-de-la-asamblea-general-hacia-la-ungass-de-2016-sobre-drogas-es-un-momento-importante

Abriendo el debate sobre las drogas: el papel del Estado

Argumentos claros y probados sobre por qué la penalización de la droga debe ser reemplazada por una acción del Estado que influya tanto en lo público como en la vida privada de los posibles consumidores.

Hernando Llano Ángel*

Los problemas de la prohibición

La principal consecuencia de la política prohibicionista y de la llamada “guerra contra las drogas” ha sido entregar la regulación de la cocaína y otras sustancias ilícitas al crimen organizado. Así sucedió también cuando, en un exceso de puritanismo de los legisladores norteamericanos, sustentados en prejuicios racistas y en la ignorancia, estos prohibieron con una enmienda constitucional el consumo de licor en 1920.

Uno de los adalides de esta prohibición fue el representan­te a la Cámara por el Estado de Alabama, Richmond Pearson Hobson (1870-­1937), héroe de la guerra hispanoamericana y autor de un libro con el sugestivo título de Drogadicción: un maligno cáncer racial.

Entre los ar­gumentos que este esgrimió en el Congreso a favor de la prohibición del alcohol estaban que “una investi­gación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico” y una “droga creadora de hábito”. También le aplicó otros epítetos como “veneno protoplásmico” y “asquerosa excreción de un organismo viviente”. Además, sostuvo que “el licor convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delitos no naturales”. Según Pearson, el hombre blanco tiene la misma tendencia, pero “por el hecho de estar más evoluciona­do, le toma más tiempo llegar al mismo nivel”.
La forma más efectiva de descriminalizar el narcotráfico es sobrepolitizando todo lo relacionado con la producción, comercialización y consumo de las drogas ilícitas

La prohibición del alcohol en Estados Unidos se tradujo en un aumento exponencial de la violencia, el crimen y la corrupción política en las principales ciudades. Los legisladores norteamericanos habían entregado la satisfacción de una necesidad más o menos lúdica y social (acompañar las conversaciones, fiestas y veladas con bebidas alcohólicas) al crimen organizado.

Es decir, la regulación de una de las más antiguas necesidades humanas de socialización e interacción (en la que incurrió incluso Jesús de Nazaret con el milagro de la conversión del agua en vino) se le entregó al crimen organizado y se responsabilizó solo a la Policía y al sistema judicial por su control y represión.

Se le quitó a los adultos su responsabilidad por el cuidado de sus propios cuerpos, salud y vida, para entregársela casi que exclusivamente a la Policía y a los jueces. Así se fue cayendo en un Estado policivo y punitivo, sustentado más en la fuerza y la represión que en la confianza, la autonomía y la responsabilidad de sus propios ciudadanos.

Cuando se criminalizó el consumo de licor las consecuencias para la seguridad de los ciudadanos y las instituciones políticas fueron tan funestas que en 1933 los legisladores derogaron la enmienda prohibicionista y optaron por la regulación estricta de la producción, comercialización y consumo del licor, como sucede hasta nuestros días.

Descriminalizar el narcotráfico, sobrepolitizar la droga

De manera semejante a cómo se hizo con el alcohol en Estados Unidos, habría que hacer hoy con la marihuana y la cocaína: descriminalizarlas y ser reguladas por el Estado, como lo está haciendo Uruguay. Esto le arrebata al crimen organizado la regulación de la marihuana y no permite que las mafias sigan controlando este mercado mediante la violencia y la corrupción, con perjuicio para la sociedad en su conjunto.

Esta estrategia podría ser la formulación, entre paradójica y escandalosa, de una de las principales ideas debatidas en el Segundo Foro Regional sobre Política de Drogas, realizado en Cali los días 19 y 20 de marzo de 2015.

Es un hecho que por la regulación criminal los colombianos hemos pagado un altísimo costo en vidas de líderes políticos, magistrados, jueces, miembros de la Fuerza Pública, mujeres y hombres anónimos. Además, por ella se ha consolidado una connivencia nefasta entre la criminalidad y la política, expresada en la narcoparapolítica y la generosa financiación del conflicto armado interno, donde los límites entre la delincuencia política y la común se traslapan. Todo esto sin subestimar los cientos de miles de hectáreas de bosques tropicales devastados y de ecosistemas destruidos.

Como decía Julián Wilches en el foro mencionado, citando al periodista Gerardo Reyes, la misma DEA tuvo que convenir con “Rasguño” (Hernando Gómez Bustamante) que no interrumpiera el flujo de cocaína que su organización criminal enviaba a Nueva York, para evitar que aumentara el crimen por las violentas disputas internas que generaba su escasez.

Por todo lo anterior es imperioso descriminalizar el narcotráfico. Entre otras cosas, porque solo cuando ello suceda empezarán a descender las gigantescas ganancias que genera este comercio mortal. Bien lo señalaba Milton Friedman, premio nobel de economía de 1976: “si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto”. El precio aumenta en relación directa con el riesgo y la represión que conlleva dicha economía ilícita.

Estrategia en lo público y lo privado

La forma más efectiva de descriminalizar el narcotráfico es sobrepolitizando todo lo relacionado con la producción, comercialización y consumo de las drogas ilícitas en sus dos principales dimensiones, la pública y la privada.

En la pública, hay que hacerlo como lo ha hecho Bolivia con el reconocimiento constitucional de la hoja de coca con toda su dimensión cultural y ancestral, en tanto planta vital y sagrada para su población indígena, que no debe ser criminalizada ni estigmatizada bajo el paradigma prohibicionista eurocéntrico. En el ámbito legal, el Estado ecuatoriano ha hecho algo similar

Como recomienda  Ricardo Soberón urge una estrategia unificada de todos los Estados latinoamericanos para que en la próxima Asamblea General sobre Drogas, a la que concurrirán 191 Estados en marzo de 2016, se avance en la dirección descriminalizadora y se profundice la estrategia reguladora.

También mediante campañas educativas y preventivas claras y coherentes, dirigidas especialmente a los y las adolescentes, se les debe informar sobre los riesgos potenciales que implica para su salud, integridad y desarrollo humano el consumo temprano de cualquier tipo de drogas, desde las socialmente aceptadas, como el tabaco y el alcohol, hasta las ilícitas.
El Estado debe asumir una función educadora, formativa y preventiva, con un enfoque de salud pública, en lugar de la hoy predominante de carácter punitivo y represivo.

Es decir, el Estado debe asumir una función educadora, formativa y preventiva, con un enfoque de salud pública, en lugar de la hoy predominante de carácter punitivo y represivo. Para mayor eficacia y coherencia, el Estado debería coordinar dichas campañas formativas y preventivas con organizaciones de la sociedad civil, el sistema educativo y el versátil entramado de los nuevos medios y las redes sociales.

En la esfera privada, en sincronía con el Estado y los gobiernos locales, se pueden generar condiciones para que en los espacios familiares, escolares e incluso íntimos se estimule la reflexión, el debate y la formación de jóvenes cada vez más autónomos, responsables, vitales y seguros de sí mismos, como una de las mejores estrategias para prevenir, disuadir y controlar el consumo de drogas y sus graves secuelas para la salud.

Es en la doble dimensión de lo público y lo privado que cabe hablar de una sobrepolitización del complejo problema del consumo y abuso de las drogas. Al final, de lo que se trata es de la definición y disfrute de horizontes de vida cada vez más plenos y libres en lo social y lo personal, a partir de de decisiones políticas tomadas de manera autónoma y no impuestas autoritariamente, tanto en la esfera individual como en la estatal.

Esto es lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en algunos Estados norteamericanos, como Colorado, Oregon y Washington, donde la ciudadanía, mediante consultas y referendos, ha aprobado el uso terapéutico y recreativo de la marihuana.

*Profesor asociado del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Universidad Javeriana de Cali. (ellano@javerianacali.edu.co)
Fuente: Razón Pública- http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/8373-abriendo-el-debate-sobre-las-drogas-el-papel-del-estado.html

Una política de drogas con perspectiva de derechos humanos

Por: Amaya Ordorika (@Amaya903

Todos los días se llevan a cabo violaciones a los derechos humanos en el contexto de la implementación de las diversas políticas de control de drogas a nivel internacional. En nombre de “un mundo libre de drogas” se realizan de manera cotidiana detenciones arbitrarias de poblaciones vulnerables, encarcelaciones masivas, tortura para la obtención de confesiones autoincriminatorias, desaparición forzada, desplazamiento interno forzado y hasta ejecuciones extrajudiciales.

En México la implementación de los acuerdos internacionales en torno al control de drogas se ha centrado en el combate armado a los grupos de crimen organizado dedicados a la producción, distribución y venta de drogas y en la criminalización de las personas usuarias de dichas sustancias. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha señalado que el régimen mundial de prohibición de las drogas y su implementación en México está directamente relacionado con el aumento en la corrupción, la impunidad, la violencia y las violaciones de derechos humanos, y que es por esto que requiere ser evaluado y transformado desde una perspectiva de derechos humanos.

Es por esto que la CMDPDH, así como un amplío grupo de organizaciones internacionales[1] promovieron una resolución de la Organización de las Naciones Unidas en materia de drogas. Y en el 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrado en marzo de este año, se aprobó la Resolución “Contribución del Consejo de Derechos Humanos a la Sesión Especial de la Asamblea General sobre la problemática mundial de las drogas en 2016”. El logro, fue gracias a los países que patrocinaron esta resolución: Albania, Brasil, Colombia, Guatemala, Grecia, Noruega, México, Paraguay, Uruguay y Suiza, reconociendo la necesidad de una resolución que vincule el trabajo del Consejo de Derechos Humanos con el trabajo de la ONU en materia de drogas y realizando el trabajo necesario para garantizar su aprobación.

Dicha resolución es un gran paso en política de drogas y esperamos que sirva como un instrumento para desatar un proceso de reflexión y evaluación de la política de drogas internacional, y sus implementaciones locales, desde una perspectiva de derechos humanos.

Es importante mencionar que las políticas de drogas locales no son decisiones unilaterales de los Estados, sino que han sido resultado de un largo proceso de deliberación entre diversas naciones sobre cómo enfrentar la llamada “problemática mundial de las drogas”. Actualmente, son tres las convenciones internacionales que regulan la producción, distribución y venta de drogas (Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, la y Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988), establecen las bases legales de las políticas de drogas locales. Éstas representan los obstáculos más grandes para que los Estados puedan implementar alternativas al régimen de prohibición de las drogas. Es por esto que es necesario que la evaluación de los impactos de la implementación de las políticas de drogas en los derechos humanos se discuta a nivel internacional.

En 2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará una Sesión Especial sobre drogas (UNGASS por sus siglas en inglés) con el objetivo de evaluar la implementación de la Declaración Política y Plan de Acción sobre drogas de 2009. Este será un momento clave para presentar las observaciones que han realizado diversas organizaciones de la sociedad civil y Estados miembros sobre el impacto de la implementación de las diferentes políticas de control de drogas en los derechos humanos.

No es posible una evaluación completa de los efectos del régimen prohibicionista de drogas sin una mirada enfocada en los derechos humanos. Para esto es necesario preparar insumos para que la discusión que se dé en la UNGASS 2016 esté basada en evidencia sólida de las consecuencias del régimen de prohibición de las drogas.

Una resolución necesaria

La resolución aprobada en el pasado mes de marzo se concentra en señalar la importancia de que el Consejo de Derechos Humanos aporte insumos a la UNGASS 2016, destacando la responsabilidad del Consejo de servir como un foro para el diálogo sobre temas particulares relacionados con derechos humanos y de promover el carácter transversal de los derechos humanos dentro del sistema de la ONU. Subraya que “la problemática mundial de las drogas” es una preocupación común que debe ser abordada desde una aproximación integral, multidisciplinaria y basa en evidencia. Y hace hincapié en que la Asamblea General decidió que la UNGASS 2016 tendrá un carácter inclusivo que permitirá que agencias especializadas de la ONU contribuyan al proceso.

Con base en esto la resolución retoma tres de las propuestas planteadas en la nota conceptual original en las cuales el Consejo de Derechos Humanos:

  • solicita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos que prepare un estudio sobre el impacto de la “problemática mundial de las drogas” en los derechos humanos que se presentará en el 30° periodo de sesiones del Consejo;
  • decide organizar un panel de discusión sobre el impacto de la “problemática mundial de las drogas” en los derechos humanos que se lleve a cabo en el 30° periodo de sesiones del Consejo y que se informe por el estudio presentado por el Alto Comisionado;
  • invita al Alto Comisionado a entregar a la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, por medio de su Director Ejecutivo, las contribuciones del Consejo.

La resolución aprobada es, sin lugar a dudas, un logro. Sin embargo, la exclusión de la solicitud a los procedimientos especiales para que investiguen las intersecciones entre sus respectivos mandatos y el control de drogas representa una desventaja significativa. La UNGASS 2016 presenta una oportunidad para recoger la evidencia de las fallas de la política de drogas y plantear un cambio de rumbo a nivel internacional. Es fundamental que la discusión esté basada en evidencia de los resultados y las consecuencias no deseadas de las políticas internacionales y que tenga un enfoque integral. Es por esto que la resolución representa una oportunidad clave para involucrar entidades de la ONU que no están enfocadas principalmente en el control de las drogas, como los procedimientos especiales, pero que tienen la capacidad de generar y aportar insumos invaluables para este proceso.

  • Amaya Ordorika es parte del equipo de Incidencia de la CMDPDH en materia de políticas de drogas.

  • La definición de droga según la Organización Mundial de la Salud es un “término de uso variado. En medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental y en farmacología como toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos”. Según estas definiciones un sinnúmero de las sustancias que ingerimos a diario son drogas. Sin embargo, para los fines de este artículo consideraremos drogas aquellas sustancias prohibidas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Ver Glosario de términos de alcohol y drogas. World Health Organization [En línea] Disponible aquí.

[1] Como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Reducción de Daños Internacional (Harm Reduction International, HRI) y el Centro Internacional sobre Derechos Humanos y Política de Drogas (International Centre on Human Rights and Drug Policy, HRDP), Comisión Global de Política de Drogas (Global Comission on Drug Policy), entre otras.

Fuente: Animal Político- http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2015/04/06/una-politica-de-drogas-con-perspectiva-de-derechos-humanos/

Postura del gobierno de México sobre política de drogas presentada en los preparativos para la UNGASS 2016

INTERVENCIÓN EN NOMBRE DEL GOBIERNO DE MÉXICO DEL EMB. JUAN MANUEL GOMEZ ROBLEDO, SUBSECRETARIO PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS, DURANTE EL SEGMENTO ESPECIAL EN PREPARACION DE LA UNGASS 2016 DEL 58o PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES

Viena, Austria, 9 de marzo de 2015.

Señor Presidente:

En septiembre de 2012 México, Colombia y Guatemala, lanzamos un llamado conjunto para impulsar una revisión rigurosa de la situación global de las drogas y las formas de mejorar la cooperación internacional.

El punto de partida fue el diagnóstico, compartido por muchos Estados, en cuanto a que la estrategia actual no ha dado los resultados esperados a nivel global; ni en cuanto a reducción del consumo, ni en cuanto a la supresión del tráfico de drogas, ni la eliminación de cultivos ilícitos, ni en cuanto a la erradicación de la violencia asociada.

Esta evaluación se respalda con datos presentados en los Informes Mundiales de drogas de la ONUDD. Por ejemplo:

  • El consumo de drogas ha aumentado en términos absolutos al situarse en 2012 en alrededor de 250 millones de personas, cuando en 2005 había menos de 200 millones.
  • La superficie mundial del cultivo ilícito de opio ascendió en 2013 a casi 300 mil hectáreas, en tanto que en 2005, era de cerca de la mitad.
  • En 2013 el número de nuevas sustancias psicoactivas identificadas era de 348, muy por encima de las 234 sujetas a control internacional.

    Aún más importante es el hecho de que millones de personas se han visto afectadas por situaciones de violencia y criminalidad relacionada de manera directa o indirecta con el problema mundial de las drogas y un alto número ha perdido la vida.

    Ante esta realidad, debemos preguntarnos cómo podemos articular la cooperación internacional para lograr mejores resultados, y sobre todo, para salvar vidas.

Sr. Presidente,

Este año la sociedad internacional adoptará la nueva agenda de desarrollo posterior a 2015. En ese ejercicio, los países hemos decidido basar las acciones en favor del desarrollo en el bienestar de las personas. Sería congruente que hiciéramos lo mismo en el tema de drogas.

La comunidad internacional debe, ante todo, avocarse a prevenir las consecuencias negativas que el fenómeno de las drogas impone en nuestras sociedades. No sólo es la afectación de los consumidores, sino también de aquellos que sufren violencia física o psicológica, o cuyo derecho al desarrollo se ve limitado por la violencia asociada al mercado ilícito de drogas, desde los puntos de producción hasta los lugares de consumo.

Debemos tener presente que las comunidades que sufren violencia relacionada con las drogas ilícitas también están sujetas a afectaciones mayores por otro tipo de delitos como robo, tráfico de armas, lavado de dinero, trata de personas, y homicidio.

Todo ello incide de manera negativa en el desarrollo, la integración familiar, el empleo, la educación, la salud y conlleva al resquebrajamiento del tejido social, lo que coloca a las personas en situación de vulnerabilidad ante el crimen y genera un círculo vicioso que es necesario romper.

Debemos atender y prevenir este daño social que limita las oportunidades de desarrollo a millones de personas en todo el mundo.

Esta visión fue destacada en la pasada sesión especial sobre drogas de la Organización de Estados Americanos y en las reuniones sobre drogas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe con la Unión Europea. Los acuerdos allí alcanzados también reconocen la existencia de nuevos enfoques que los países han desarrollado ante las nuevas realidades que enfrentan.

Es por esto que consideramos indispensable asegurar un debate amplio, abierto, sin preconcepciones, e incluyente hacia la UNGASS 2016 que escuche todas las experiencias y voces. El objetivo no es simplemente el debate, sino a través de éste construir consensos globales que nos permitan ser mas efectivos y humanos en nuestras acciones frente al fenómeno que enfrentamos.

Es necesaria también la plena participación de organismos y entidades clave como la Organización Mundial de la Salud, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esa vinculación sería congruente con el proceso en curso para lograr una mayor integración de los mandatos al interior de las Naciones Unidas.

Las discusiones que se celebrarán estos días serán una valiosa oportunidad para avanzar hacia una auténtica comprensión de nuestras distintas perspectivas y experiencias nacionales y regionales, incluidas las nuevas realidades. Nos congratulamos por la decisión de celebrar este segmento especial en formato abierto.

Asimismo, damos la bienvenida al evento que el Presidente de la Asamblea General organizará en mayo, entendiéndolo como una excelente oportunidad para avanzar en el camino hacia 2016.

Sr. Presidente,

No podemos repetir acciones del pasado y esperar resultados distintos. Debemos trabajar en conjunto para entender las nuevas dinámicas del mercado ilícito y buscar las mejores formas de enfrentarlo y de evitar el daño social.

La UNGASS 2016 ofrece un espacio a todos los Estados para, de manera conjunta, establecer pautas que nos permitan ser más efectivos en la atención al problema mundial de las drogas.

Debemos buscar opciones que no criminalicen a las víctimas en sus diversas modalidades; que sirvan para ayudar a quienes quieren buscar salir del universo pernicioso de las drogas, y que limiten el mercado ilícito que siempre encontrará proveedores.

Al hacer esto, estaremos apostando por lograr una nueva, mejor, y sobre todo, más efectiva orientación de políticas y programas que han sido emprendidas hasta el momento y que han privilegiado sólo el aspecto de la seguridad, orientada principalmente al control de la oferta, lo que ha causado daños superiores a los originados por el problema mismo y dejando dolorosas huellas en la sociedad.

Es claro que cualquier acción unilateral presenta afectaciones transnacionales. Debemos conjuntamente encontrar las líneas de acción que nos permitan una implementación más humana y equilibrada de las actuales convenciones internacionales.

Por ejemplo, debemos optimizar las herramientas que a través de los años hemos desarrollado, incluyendo a las instituciones como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Sus mandatos deben permitirles atender el problema no sólo en cuanto a la oferta, sino también a la demanda y, como la Junta misma lo establece en su reporte de 2014, atender los temas relativos al desarrollo.

Debemos también trabajar para ampliar el acceso a los medicamentos de control del dolor, en especial en los países en desarrollo, y fortalecer las acciones para combatir el lavado de dinero.

Sr. Presidente,

En México seguimos logrando importantes acciones en contra de los líderes del narcotráfico, acciones contra el lavado de dinero y el tráfico de armas. Al mismo tiempo, tenemos un programa de prevención y atención a las adicciones que privilegia el enfoque de salud pública en el tratamiento del fenómeno de las drogas.

Se está mejorando la disponibilidad y acceso a sustancias controladas con fines médicos y científicos, se ha adoptado una reforma sin precedentes en materia de justicia y se instrumentan modelos integrales pensados menos en las sustancias en sí mismas y más dirigidos a los individuos, como por ejemplo el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Sin embargo, ningún país puede atajar un fenómeno global por cuenta propia. Depositamos nuestra confianza en el sistema multilateral con el fin de lograr soluciones y esperamos que entre todos definamos pautas de implementación que permitan soluciones reales a problemas que no han dejado de serlo.

Es momento de fortalecer la convicción política en favor del régimen internacional sobre drogas, y ante todo lograr atender el reclamo de millones de personas que hoy ven sus vidas truncadas por las drogas y la criminalidad asociada a éstas.

No lograremos este cometido sin acordar en 2016 pautas claras que permitan una implementación efectiva de las convenciones de Naciones Unidas sobre fiscalización de drogas, así como de otros instrumentos, por ejemplo en materia de salud, derechos humanos y delincuencia organizada, y que nos lleven a atender de manera integral la realidad que el problema mundial de las drogas representa hoy en día.