Drogas: ¿Golpe de timón?

 

José Antonio Crespo
crespo5501@hotmail.com

Sin duda la política sobre drogas anunciada por Enrique Peña Nieto recientemente representa el cruce de un umbral cualitativo, un cambio de modelo, del rígido prohibicionismo punitivo a uno en que se enfoca el problema como de salud pública, reconociendo el fracaso e irracionalidad del esquema prohibicionista. Paradójicamente, aunque pareciera un movimiento hacia el futuro, en realidad lo es al pasado, pero un pasado más racional y adecuado que abandonamos en 1939, cuando Estados Unidos nos obligó a adoptar el prohibicionismo. Justo antes de esa fecha, México había mantenido una aproximación a la mariguana como asunto de salud pública. Ahora se retoma, al menos parcial e inicialmente, lo que nunca debió abandonarse (fue Lázaro Cárdenas, tan autónomo en materia petrolera, quien se doblegó en el tema de las drogas frente a Estados Unidos).

Los gobiernos priístas decidieron administrar el problema para mantener bajos costos al ciudadano (como también hace Estados Unidos). Pero la alternancia presidencial en 2000 afectó fuertemente el entramado mediante el cual aquella estrategia funcionaba. Además vino la decisión de Vicente Fox de declarar una “guerra sin cuartel” a los cárteles de la droga, que elevó la violencia. Y después, Felipe Calderón metió el acelerador a ese esquema, por lo que la violencia se disparó exponencialmente (los datos no mienten). La decisión de Calderón de vestir un uniforme militar de talla más grande, simbolizó muy bien dos cosas: A) su determinación de conseguir mediante esa estrategia la legitimidad que no obtuvo en las urnas, y B) el hecho de que le quedó grande la estrategia elegida (igual que el uniforme). Los especialistas del tema insistieron en que, si bien Calderón podía obtener los primeros años gran popularidad, las cosas se le saldrían de control (pues era pegarle al avispero) y su estrategia se le revertiría políticamente. Así ocurrió. Con Peña las cosas no cambiaron gran cosa, pues siendo ese un punto muy vulnerable del gobierno de Calderón, el candidato priísta prácticamente no habló del tema durante su campaña (sino que se centró en las reformas estructurales a la Constitución). Eso sugiere que Peña no sabía bien a bien qué hacer en materia de narcotráfico. Y de ahí que la violencia e inseguridad hayan continuado en patrones similares a los de Calderón. Pero la despenalización gradual en Estados Unidos, el fallo de la Suprema Corte amparando el derecho al uso recreativo de marihuana, y el cada vez más evidente fracaso del esquema punitivo, generaron presiones en favor de un golpe de timón. Eso, pese a persistir Peña en su oposición personal, lo que habla al menos de su mayor flexibilidad y capacidad de respuesta en contraste a Calderón (pues jamás reconocería haberse equivocado en su estrategia, y seguramente hoy la sigue defendiendo, pese a su evidente fracaso e irracionalidad).

Con todo, los cambios anunciados quedan cortos en la congruencia que exige un enfoque de salud pública, pues eventualmente se tendría que despenalizar también la producción, distribución y venta de mariguana, y aceptar el derecho de las personas a decidir lo que se ingiere, bajo el enfoque de derechos individuales en que se basó la Suprema Corte al conceder un amparo para el consumo recreativo. Se podría pensar, por ejemplo, que la iniciativa de Peña nos va a equiparar con California, que despenalizó la mariguana para fines curativos pero aún no recreativos (aunque seguramente lo hará pronto). Pero no; allá el uso curativo incluye la posibilidad de fumar la yerba por insomnio, inapetencia, migraña u otras dolencias menores. La producción y venta están despenalizados, y se exige para su compra contar con un permiso otorgado por un médico, válido por varios meses. Eso es lo congruente con un enfoque de salud pública. Y el enfoque de derecho a decidir sin la injerencia del Estado paternalista va más allá. Esos tendrían que ser los siguientes pasos en este nuevo paradigma al que se alude, aunque dado el conservadurismo mexicano (del gobierno y la sociedad), podría tomar mucho tiempo aún.

 

Fuente original: http://www.forumenlinea.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2845&catid=80&Itemid=493

 

Foto de portada: ReverdeSer Colectivo

Why “Harm Reduction” Means Something Different in Mexico

  by Amaya Ordorika

It takes a little getting used to: bringing an illicit substance to an official booth at a rave to have its contents analyzed before you ingest it. At first people tend to be skeptical. Is this some sort of trap? Will I be arrested and thrown into jail? This is Mexico, after all—a country firmly entrenched in the war on drugs.

Ending this war is the main objective of our youth drug policy organization ReverdeSer Colectivo [site in Spanish]. And a key part of that effort are the services we offer at raves and festivals, where you can find us handing out information about drugs, helping patrons having physical or psychedelic problems, and analyzing their pills before they take them to make sure they’re safe to ingest.

This is the essence of harm reduction—an approach that accepts drug use as a fact of life, and works to minimize the risks of such usage. In that spirit, ReverdeSer Colectivo is working with other organizations like Espolea and CUPIHD to implement a substance analysis project in Mexico City. We are engaging with the local addictions institute and human rights commission to establish a lab that could not only analyze substances but also serve as a key place for harm reduction programs for people who use drugs.

Our work doing substance analysis at festivals and raves gives us an opportunity to talk about safer ways to use drugs and to hand out information to people about the drugs they’ll be using.

Our harm reduction efforts go beyond the safety of people who use drugs, however. We also look at drug policies from what we call a Global South perspective. For instance, Mexico isn’t what you would call a “consumer country”; our drug-use rate is low compared to the United States. Accordingly, our harm reduction efforts don’t focus exclusively on mitigating the harms of drug use, but rather all the harms that a prohibitionist policy causes.

This viewpoint was actually informed by a 2012 journey through the United States on the Caravan for Peace with Justice and Dignity, a 120-person convoy made up of family members of Mexicans killed and disappeared during the drug war. We visited American communities where it’s easier to access guns than it is to access food, communities where local dynamics make people more likely to become involved in the drug trade and end up incarcerated. In Mexico, our communities are harmed by the drug war as well: people are being killed, disappeared, and incarcerated at alarming rates.

When we got back to Mexico, we got involved with the victims’ movement there, working with groups calledFamiliares en Busqueda María Herrera and Enlaces Nacionales, a national network of organizations for families with missing relatives. Over a thousand families are involved, and it’s growing bigger every day.

Family involvement is important, because these issues affect Mexican youth in particular—youth who are being murdered and disappeared disproportionately. Most of the disappeared are young men, and murders of women are going completely unseen because of the violence that surrounds them. Right now, the voices speaking out about this are of the older generation, because it’s our parents, grandparents, aunts, and uncles who are the ones looking for us.

But the voices of young people are key: we bring a fresh perspective and renewed energy. When you’re younger, you’re less jaded. You’re still surprised by injustice and willing to fight it.

We need to go out and say we won’t let this fear work. Fear controls you. Fear makes you not use public spaces. Fear makes you not protest. We want to represent our missing people and make sure they’re not forgotten.

ReverdeSer Colectivo is a member of the International Drug Policy Consortium, a grantee of the Open Society Foundations.

 

Publicado originalmente por OSF – Open Society Foundation en  https://www.opensocietyfoundations.org/voices/why-harm-reduction-means-something-different-mexico?utm_source=lat_am&utm_medium=email&utm_content=oHRaDuVfEV2dvKqHsx3YuVWNYH5luXDDnlKlAQf46WA&utm_campaign=lat_am_050516

Comisión Internacional a México sobre Comercio de Armas y Derechos Humanos de Migrantes y Mexicanos

Comisión Internacional a México
Comité de Servicios de Amigos Americanos (AFSC)
El Comercio de Armas y los Derechos Humanos de Migrantes y Mexicanos

Versión en inglés aquí.

Incorpórate a una comisión internacional de activistas y periodistas a México que explora el comercio de armas y la militarización de México por parte de Estados Unidos, sus impactos en los mexicanos y centroamericanos en México, y los movimientos no-violentos que enfrentan temas de la seguridad y la violencia del Estado.

La comisión empieza en la Ciudad de México, conociendo a organizaciones de derechos humanos, apoyo a migrantes, y control de armas. Desde allí viaja al estado de Guerrero, donde las comunidades mexicanas (incluyendo la de Ayotzinapa) son directamente afectadas por la violencia suscitada por el comercio de armas, a Cuernavaca, y a Tapachula, Chiapas, para ser testigos de la frontera y conocer la situación de los migrantes centroamericanos afectados por las actividades de la Migra Mexicana.

Desde septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes fueron desaparecidos por policías mexicanos en Ayotzinapa, Guerrero, mexicanos se han movilizado para poner un fin a la violencia e impunidad del Estado. El estado mexicano está profundamente implicado tanto en las violaciones directas de los derechos humanos como en la violencia del crimen organizado. Los Estados Unido no debe armar un estado así.

Pero las ventas de armas a los policías y militares mexicanos han crecido enormemente, sumando más de $3,5 mil millones desde finales de 2012. Miles de armas de asalto de tipo militar también se han comprado comercialmente en los Estados Unidos y traficados a México para el uso del crimen organizado.

México es un país de tránsito y un destino para poblaciones que huyen de la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras, los cuales tienen entre las tazas más altas de homicidios en el mundo. Desde el número de niños centroamericanos llegando a la frontera con Estados Unidos se tiró en 2014, EE.UU ha apoyado la detención y deportación masiva de estos migrantes por parte de México en el sur de ese país, empujándolos hacía áreas aún más peligrosas, dominadas por el crimen organizado y sus armas obtenidas en EE.UU.

Las transferencias militares y de armas de Estados Unidos a México trastornan las necesidades para una seguridad compartida. Buscamos mayor transparencia sobre las ventas de armas de EE.UU a México, y que se ponga fin a la presión de Washington a México para detener y repatriar a centroamericanos.

También procuramos en esta comisión a: desarrollar nuestro conocimiento y análisis de estos temas; establecer conexiones con jóvenes y comunidades indígenas que confrontan la violencia en México; sentar las bases para la colaboración entre AFSC y otros, tanto de Estados Unidos como de México, para trabajar temas de violencia y armas; y recoger testimonios filmados y tomas de video para utilizar en la educación de base en Estados Unidos sobre los impactos de la militarización en los derechos humanos y la migración.

Costo: US$1500, incluye todos los costos en México entre la llegada/salida en la Ciudad de México. Se esperan que participantes hacen seguimiento de la delegación con educación de base, medios, incidencia, y/o investigación en colaboración con AFSC. Algunos fondos son disponibles para apoyar la participación de personas que no cuentan con recursos suficientes.

Aplicación: Plazo es lunes, 11 de abril. Bajar su formulario de solicitud aquí.

Seguridad: Grupos en Guerrero que disputan el control territorial han aumentado los riesgos para personas ordinarias. Tomamos muy en serio la seguridad del grupo y sus miembros. Estamos consultando con profundidad con nuestros socios en México y los asesores de AFSC sobre seguridad. El programa se puede cambiar por motivos de seguridad, y vamos a informar al grupo antes y durante el viaje.

Contacto: John Lindsay-Poland, 510-282-8983, jlindsay-poland@afsc.org; Kathryn Johnson, 202-483-3341, ext 108, kjohnson@afsc.org

http://afsc.org/event/comisi%C3%B3n-internacional-m%C3%A9xico

 

Fuente de la imagen: http://static.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2012/07/armas-rapido-y-furioso.jpg

Proximamente… Concierto por la Paz, la Vida y la Justicia en el Zócalo

Aparta la fecha!

El domingo 10 de abril el zócalo capitalino será sede del Concierto por la Paz, la Vida y la Justicia

Este evento recibirá a la caravana del mismo nombre (pazvidajusticia.org) con el objetivo de que expresemos colectivamente la necesidad de terminar con la absurda guerra contra las drogas y así poder caminar juntxs hacia la paz mediante la justicia tan anhelada en México, Guatemala, Honduras, El Salvador así como en el resto de nuestramerica y el mundo.

Asista, convoca, participa

#AltoalaGuerraContraLasDrogas #NoMoreDrugWat

#PorLaPazLaVidayLaJusticia

 

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1er cartel del Concierto por la Paz, la Vida y la Justicia

El racismo inherente a la guerra contra las drogas

Ramón César González Ortiz

 

“como lo que somos, no nos preocupa tanto la tormenta…

después de todo han sido siglos de tormenta para los pueblos originarios 

y los desposeídos de México y del mundo, y si algo se aprende abajo

es a vivir en condiciones adversas”. 

Subcomandante Galeano (antes Marcos).

La invención-creación del tema-problema tráfico y consumo de drogas, desde el siglo pasados y el inicio del presente, ha pasado por múltiples transformaciones en la manera en que ciertas instituciones del Estado o sociales han “atacado el problema.” A principios del siglo XX, bajo un supuesto aumento y peligrosidad de los consumidores; negros, chinos, mexicanos. De sustancias como el opio, la cocaína y la marihuana, que a su vez se suponía transmitían estos “vicios” a la sociedad norteamericana, se crearon las primeras instituciones para atender a los “toxicómanos”. Luego se pasó a la aplicación de pequeñas redadas, en los lugares de venta y consumo de sustancias, quema de plantíos, en los 70 en México la Operación Cóndor y en nuestros días la salida a gran escala de las Fuerzas Armadas, para “salvar a la sociedad de las drogas.”
Proceso en el cual, la invención de la tecnología política respecto al consumo de drogas1, se da principalmente en Europa a partir del siglo XVIII, donde la vida y el cuerpo se hacen objetos de poder. Antes existían sujetos jurídicos a quienes se les podían retirar los bienes, y hasta la vida. Pero posteriormente existen los cuerpos y las poblaciones, con lo cual el poder deja de ser materialista y deja de ser esencialmente jurídico, aunque para esto se haya retomado primero el sistema jurídico romano. Observándose así, paulatinamente la manera en que la delincuencia tiene una cierta utilidad económico-política, hasta llegar a las sociedades que conocemos, puesto que cuanto más delincuentes existan más crímenes existirán, cuanto más crímenes haya más miedo tendrá la población y cuanto más miedo haya en la población más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial.2
Esta tecnología de poder fue inventada en Norteamérica, a partir de medidas implementadas por los gobernantes de Washington, que al igual que en Europa desarrollan un sistema de derecho que les permita dar forma a los intereses económicos de la burguesía sorteando y “criminalizando” los conflictos sociales. En Europa se da en una confrontación con el poder monárquico del cual hereda el sistema legal, y en Norteamérica en pugna con grupos nacientes como El Partido de los Trabajadores, por lo que asume el estudio y amolda el sistema legal europeo.
Dando forma en Estados Unidos al periodo conocido como Progresista, llamado así por el hecho de que se aprobaron nuevas leyes; la Ley de Inspección de Carnes, la Ley de Hepburn para regular los ferrocarriles y oleoductos, una Ley de Alimentos Puros, además de leyes que regulan los salarios y las jornadas laborales, así como la inspección para comprobar la seguridad en las fábricas y compensaciones para los trabajadores que tuviesen accidentes laborales. Pero además de estas las leyes laborales creadas bajo las necesidades y las luchas de la naciente clase obrera, se da una emergencia de prácticas judiciales que, enraizadas en prejuicios sociales servirán para la invención de un sujeto de estudio, los consumidores de drogas. Identificados por los norteamericanos con las minorías étnicas, fueron siendo objeto de elaboradas restricciones sociales y legales.
Por ejemplo, los chinos y su hábito de fumar opio fueron extremadamente vigilados después de su ingreso a los Estados Unidos, alrededor de 1870. Al comienzo, los chinos representaban sólo un grupo más, enviado para ayudar en la construcción de los ferrocarriles, pero después de que la depresión económica los convirtiera en un exceso de mano de obra y por ende en una “amenaza” para los ciudadanos americanos, diversas formas de antagonismo hicieron su aparición con el fin de desalojarlos o por lo menos de aislarlos. Respecto a los negros, se contaban anécdotas de fortaleza sobrehumana, de astucia y de eficiencia como resultado de la ingestión de cocaína, la cocaína volvía a los negros casi invulnerables a las balas de calibre 32. Razón por la cual parece ser, los departamentos de policía del sur cambiaron sus revólveres a calibre 38.3 Para el caso de los mexicanos que emigraban hacia los EU por las mismas razones que los chinos, a principios del siglo XX, cuando llevaron la práctica de cultivar y fumar marihuana desde el otro lado del río Grande hasta Texas y Nuevo México, se les acuso de expandir el consumo entre las prostitutas blancas, los chulos, los maleantes y los negros.4 Hechos que “casualmente” coincidieron con el clímax de linchamientos de negros, la segregación legal y de las leyes electorales de los tres grupos, actos que le quitaban en esa sociedad a estos mismos, poder político y social5.
Más todavía, estos hechos también se vinculan con las ambiciones del Pentágono de lograr el dominio y expoliación de la América Latina. Arrogándose el derecho de una pretendida superioridad moral, el gobierno Estadounidense se ha autoproclamado protector de nuestra región. Cuando a fines del siglo XIX los Estados Unidos logran afianzar su poder sobre América Latina, sus dirigentes proclaman abiertamente su “misión civilizadora”, sin ocultar su opinión de que los latinoamericanos no son capaces de gobernarse a sí mismos. El Corolario de 1904 de Theodore Roosevelt a la Doctrina Monroe se baso en la premisa de la inferioridad de los latinoamericanos y su incapacidad para manejar sus propios asuntos. La Doctrina Monroe ha llevado en sí el supuesto de que los latinoamericanos están entre los pueblos atrasados del mundo y que, de no haber sido por la protección de los Estados Unidos habrían sido colonizados, como lo fueron los asiáticos y los africanos. Woodrow Wilson manifestó el deseo de “enseñarles a elegir buenos gobernantes” y Franklin Roosevelt señalo que algunos gobernantes “creen que son tan buenos como nosotros, y muchos de ellos lo son”. De forma que, la cuestión racial ha sido un factor importante en las relaciones de los Estados Unidos con el resto de Latinoamérica y en el caso de México, el robo de más de la mitad de su territorio puede considerarse como una prolongación del despojo perpetrado contra los indios norteamericanos6.
De manera que, dentro del “interés” moral y psicológico de Washington sobre nuestra región, además conforman su autoimagen. Construyendo un vocabulario en su política hacia América Latina en el cual parecen indicar que la Casa Blanca trata a nuestros países sobre una base de estricta igualdad. Fomentando la imagen de una familia o de buena vecindad. Sus “repúblicas hermanas”, “sus compañeros del sur”. Más todavía, se miran a sí mismos en su imperialismo, como un protector del hemisferio contra las potencias imperialistas del viejo mundo, y en una aberrante interpretación a-histórica, se considera que, lejos de haber habido un imperialismo económico sobre las republicas latinoamericanas por un imperialismo económico y militar estadounidense, ha sido todo lo contrario: han sido los gobiernos latinoamericanos los que han explotado el capital de los ciudadanos de los Estados Unidos que han tenido falta de juicio de permitir que sus bienes quedaran atrapados dentro de la autoridad soberana de nuestras naciones7.
Por tales motivos, en los Estados Unidos se encuentra muy extendida la creencia de que América Latina ha sido la parte beneficiada por la gran generosidad estadounidense y que desde hace muchos años se han dado a la región grandes sumas de ayuda económica, sin recibir nada a cambio. Aspecto que para su autoimagen y su postura frente al mundo, ha ayudado a forjar la pretensión de que se ha esforzado, aunque con muy poco éxito, por promover la democracia en nuestros países. Intentando rechazar así, la contundencia histórica sobre el apoyo y promoción de dictaduras favorables a sus intereses.
Visión racista que también ha sido compartida históricamente por distintos gobiernos de Europa. En 1902, la esposa de Edmun von HeyKing, ministro alemán en México escribió: “La masa hirviente, bestial de humanidad que ve uno aquí o en China acaba con el último resto que pudiera yo conservar de una creencia en la inmortalidad del alma. Enfrentada a esta masa de gente nauseabunda o apenas superior a los más bajos animales, la posibilidad de una vida después de ésta sólo puede ser la base de un renovado horror.” Y describe al ministro de relaciones exteriores de México, Mariscal, como “un pequeño hombre-mono indio”. Asimismo, el ministro alemán Paul von Hintze escribía que: “El error cardinal de Madero, está en su creencia de que puede gobernar al pueblo mexicano como se gobernaría a una de las naciones germánicas más “adelantadas”. Este pueblo rudo, compuesto de salvajes sin religión, con su escaso estrato superior de mestizos superficialmente civilizados, no puede vivir bajo otro régimen que no sea un despotismo ilustrado”. A lo cual remata al margen el káiser Guillermo: “Correcto”8.
Aspectos racistas, que particularmente en los Estados Unidos se agudiza en las zonas urbanas a partir de 1960 conforme empeora inevitablemente la base material de dicha sociedad industrial. Ante la progresiva decadencia de la industria de las máquinas- herramienta. Y la ayuda concedida por el gobierno de esa nación a los agribusiness, así como a la mecanización agrícola, se da lugar a un éxodo rural masivo. Migración que no puede ser incorporada en el aparato productivo, generando una crisis generalizada de las ciudades, puesto que solo ofrecen servicios pero no pueden ofrecer empleos. Tan solo en Nueva York, la sanidad y la instrucción pública desde hace décadas han dejado de ser consideradas como servicios esenciales para el gobierno federal, así como tampoco ha sido esencial que las personas encuentren un trabajo gratificador o simplemente trabajo. Mientras que por otra parte el presupuesto el presupuesto federal destinado a armamentos, que en su mayoría absorben los grandes monopolios y sus representantes en el gobierno, no ha disminuido9.
Siendo así que, en este contexto racista se da la “preocupación” por la “explosión” de la venta y consumo de crack en comunidades negras. Toda vez que le permite al Congreso estadounidense, entre 1986 y 1988 se aprueben leyes que endurecerán las políticas antidrogas tanto al interior como al exterior de ese país. Escogiéndose a la comunidad negra por su vinculación histórica con el consumo de drogas, haciendo más fácil que se dirija hacia ellos nuevamente el miedo, el odio y la violencia, como método estándar de control de la población. Aspecto que también repercutirá en la visión de los latinos, especialmente de los mexicanos, y no por las razones cuantitativas esgrimidas por Luis Astorga, respecto a que en los ochenta y noventa, el negocio del tráfico de drogas ilícitas adquiere tales proporciones y tal visibilidad que es prácticamente imposible que grandes grupos sociales no se den cuenta de las relaciones indisolubles más documentadas entre las corporaciones policiacas y los traficantes. Aspecto que según él, parece haber “liberado ciertas disposiciones éticas” de algunos grupos dentro de las corporaciones coactivas y de los círculos de gobierno, así como de otros tantos grupos de poder de la sociedad civil, lo que los decidió a participar de manera más activa en el control de las drogas10.
Muy a contracorriente de supuestas disposiciones éticas despertadas en las clases gobernantes, es dentro de los parámetros racistas que debe entenderse la manera en que, en los Estados Unidos el sistema de justicia ha logrado tener a la población encarcelada más grande del mundo (per capita). Puesto que gran parte de los delitos imputados para ser encarcelado no son de carácter violento y están relacionados con la guerra contra las drogas, resultando en el encarcelamiento casi siempre de pobres y en su mayoría de afroestadounidenses y latinos. Según cálculos, uno de cada 110 niños blancos tiene un padre encarcelado, pero para los afroestadounidenses, es uno de cada 15 y para los latinos uno de cada 41. 11
Y peor aun, guardan una estrecha relación con el hecho de que en los Estados Unidos, casi mil personas en el 2015 fueron asesinadas a tiros por la policía de ese país. En situaciones donde hombres negros desarmados tiene seis veces más probabilidades de ser asesinadas por la policía que los blancos. Resultando así, que la policía nacional de Estados Unidos ha matado a más del doble de personas de lo que la Oficina Federal de Investigación (FBI) había afirmado y en la mayoría de los casos los oficiales no fueron acusados formalmente por el uso excesivo de la fuerza. De tal situación en Chicago, son testigos tristemente silenciados por las balas Quintonio LeGrier, de 19 años y Bettie Jonés, de 55. En donde para el caso de la mujer, la policía argumentó que su muerte ocurrió de manera “accidental”. Por medio de un comunicado se dijo que: “La víctima fue alcanzada por error y murió trágicamente”12.
Racismo exacerbado que también tiene relación con los eventos de la fiesta de fin de año en Colonia, Alemania. Puesto que, pese al informe de la Policía de Colonia del 1 de enero donde se informa sobre un “ambiente relajado” y de “celebraciones pacíficas”, sin embargo, días después en otro informe elaborado por los grupos “progresistas” se mencionan robos, acoso sexual e incluso violaciones. Acusándose a unos mil hombres desarmados de agredir sexualmente a decenas de mujeres, incluida una agente de policía armada. Hechos que supuestamente ocurren en una plaza céntrica de una ciudad en estado de máxima alerta antiterrorista —por las amenazas de Daesh— y que encima está vigilada por unos 230 policías uniformados y un número indeterminado de secretas.
Sin contar con una sola imagen de dichas agresiones, pese a la cantidad de móviles con cámara que habría entre los asistentes y las víctimas, mientras recibimos decenas de fotos de las guerras de Afganistán, Irak o Siria o Sudán. Y la única “evidencia” con la que se cuenta corresponde a una foto que se difundió donde se asalto a una mujer en la plaza de Tahrir de El Cairo. Así como según días después, supuestamente mujeres de Alemania se arman de coraje y ponen entre 200 y 500 denuncias.
Conforme lo hemos indicado, es más probable que los llamados grupos progresistas, en una vena racista, hayan promovido mediante informes sin sustento y la captación de mujeres afines a sus ideales la xenofobia, para dividir a la población entre nativos y extranjeros, árabes ricos civilizados (con los que hacen grandes contratos de armas) y árabes pobres incultos. Donde la máxima es evitar que los refugiados consigan en el futuro la ciudadanía alemana. Dentro de un espectro de criminalización de los extranjeros llegados de los países musulmanes: antes eran potencialmente terroristas; ahora además son inmorales, desagradecidos y peligrosos para la civilización europea13.
De manera tal, que tanto el Pentágono como grupos afines a sus métodos en Europa, vienen desde hace décadas vinculando a personas no blancas con actos terroristas o con traficantes de drogas. Mientras que en la otra cara de la moneda, ante las toneladas de cocaína y heroína que llegan puntualmente a Estados Unidos desde Colombia, México, Panamá o Perú para su distribución en su inmenso territorio mediante redes bien organizadas, hasta llegar, con pureza variable, al ejecutivo de Wall Street o al negro lumpen del Bronx. No se cuestionan por parte del gobierno estadounidense con verdadero interés hechos fundamentales como: ¿Quién recibe la droga? ¿Qué fantasmas invisibles se hacen cargo de las avionetas, los submarinos o las mulas viajeras que arriban a los aeropuertos con su carga de coca? Y ¿Por qué sólo se habla de “chapos”, “escobares”, “orejuelas”, y jamás de un capo estadounidense? ¿Por qué nadie investiga cómo se manejan las inmensas cantidades de dólares que sin duda manejan los bancos lavadores del destino final de la droga, infinitamente superior en valor al de la compra de la hoja al perseguido campesino cocalero?14
Siendo así que, pese a las “soluciones” ofrecidas por la mayor parte de los gobiernos contra el tráfico de drogas, mediante la represión y el castigo, así como el gasto económico en armamentos, no ha habido una disminución considerable de drogas o del poder de los llamados cárteles. Y si por el contrario en países como Colombia o el nuestro, en la lucha contra el narcotráfico se han tenido miles de muertes. Tan solo en México ya van 25 mil desaparecidos, a las que se le deben sumar distintas violaciones a los derechos humanos. Por lo que se ha creado un drama social que al igual que en los Estados Unidos, también se refleja en las prisiones. En nuestro país un 25.2 por ciento de los presos que constituyen la sobrepoblación carcelaria ha sido detenida por delitos contra la salud pública. Siendo atrapadas solo las mulas del narcotráfico internacional, que a menudo son sólo víctimas de la explotación, los abusos y las amenazas de redes mafiosos que sostienen el tráfico en grande15.
De manera que, la guerra contra las drogas mediante sus medidas represivas en verdad se corresponde con hechos históricos de racismo hacia la población no blanca. Amoldándose conforme a las necesidades e intereses políticos o económicos. Dependiendo del contexto, los gobernantes de naciones imperialistas o dependientes actúan, para lo cual ya cuentan con una gran experiencia. Así podemos ver como, pasando por los Estados Unidos la candidatura de Donald Trump fue cobrando cada vez mayor fuerza, hecho que sería una buena caricatura, sino fuera por las implicaciones reales que tiene respecto al elogio de la ignorancia, la apelación al temor y el odio racial y xenófobo hacia comunidades negras y de latinos donde se incluyen nuestros compatriotas16. Hasta llegar a los pueblos del noreste argentino y los del sureste mexicano, quienes hoy padecen el racismo de las clases medias y las oligarquías. Ejemplo amargo de tal situación lo da en Argentina el encarcelamiento de Milagro Sala, por parte del presidente de esa nación, Mauricio Macri. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de Milagro podríamos decir: “Soy india, negra y mujer. Y quiero los mismos derechos para todos, pero sin abandonar mi conciencia de clase”17.

Notas
1 Foucault Michel. “Las redes del poder”. Editorial Almagesto. 1992.
2 Ibíd. Pág. 22
3 F. Musto David, M.D. “La enfermedad americana. Orígenes del control antinarcóticos en Estados Unidos.” Tercer Mundo Editores. Ediciones UNIANDES. CEI. 1993. Pág. 36.
4 Davenport-Hines Richard. “La búsqueda del olvido. Historia global de las drogas, 1500-2000.” Publicaciones Turner. FCE. 2003. Pp. 189-190
5 Tesis de Maestría. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia”. R. César González Ortiz, UNAM, FCPyS, 2014.
6 Connell-Smith Gordon. “Los Estados Unidos y la América Latina”. FCE, 1977. Pág. 26
7 Ibíd. Pp. 32-33.
8 Katz Friedrich. “La guerra secreta en México. Europa, Estados Unidos y la revolución mexicana.” Editorial Era, octava reimpresión 1993. Pág. 113.
9 Fitt Yann, Farhi André, Vigier Jean-Pierre. “La guerra económica mundial”. Libros de confrontación, 1977. Pp. 25-27.
10 Astorga Almanza Luis Alejandro. “El siglo de las drogas: el narcotráfico, del porfiriato al nuevo milenio”. Plaza Janés, 2005. Pp. 123-124.
11 La Jornada. Por: David Brooks, 11-01-2016.
12 La Jornada. 28-12-2015.
13 Rebelión. “21 notas sobre los violadores “no blancos” en Alemania”. Por: Armanian Nazanín, 28-01-2016.
14 Rebelión. “Por qué no cae ningún capo gringo del narcotráfico?” Por: Albiñana Antonio, 13-02-2016.
15 Contra línea. Año 14, número 465. 30 de diciembre de 2015. Pp. 18-19.
16 La Jornada. 21-01-2016.
17 La Jornada. “Milagro Sala, primera prisionera política de Macri”. Por José Steinsleger, 27-01-2016.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuente original: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209682

Fuente de la imagen: http://www.cflj.org/report/New-Jim-Crow-150×150.jpg

Rifa solidaria a beneficio de Familiares en Búsqueda María Herrera

Les invitamos a participar en la Rifa Solidaria a beneficio de Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C, a realizarse el próximo 2 de febrero.

Las instrucciones para participar se encuentran en las imágenes, solo se necesita hacer un depósito de $100 por boleto en la cuenta indicada y enviar la foto del recibo por Whatsapp o por mail.

El primer premio es la obra «De entre la tierra» del artista y activista social Gerardo Sánchez.

‪#‎NosNecesitamos‬

Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana: “Regulación en relación con la seguridad pública”

Amaya Ordorika Imaz, integrante de ReverdeSer Colectivo, participó el día de hoy en la mesa “Regulación en relación con la seguridad pública”, en el marco de las Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana, a la que convocó la Mesa Directiva del Senado de la República.

Aquí pueden encontrar el video completo de la mesa:

 

Para el seguimiento en redes sociales busca #RegulacionResponsable

 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

Políticas de drogas, por un debate con perspectiva académica

Por Ana Luisa Guerrero

México, DF. 19 de enero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- El amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó a cuatro personas para sembrar, poseer, transportar y consumir mariguana con fines recreativos y lúdicos, abrió el debate en torno a la pertinencia de que en México se legisle en la materia. Frente a este escenario, resulta imprescindible abrir los foros a las investigaciones que realiza la academia mexicana.

Múltiples instituciones desarrollan estudios desde diversas áreas del conocimiento. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a través de su Programa de Política de Drogas (PPD), se ha abocado en describir cómo ha sido la implementación de las actuales políticas de drogas en nuestro país, así como sus efectos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2011, en el país se observó una tendencia de crecimiento poco significativo en el consumo de drogas ilícitas, al pasar de 1.6 por ciento a 1.8 por ciento en la población total de 12 a 65 años, en relación a la encuesta anterior de 2008.

Los datos muestran que la mariguana es la droga de mayor prevalencia con 80 por ciento del consumo total, seguida de la cocaína que contabiliza un usuario por cada 2.4 de mariguana. Los resultados revelan que un millón 200 mil personas habían consumido una droga ilícita en los 12 meses anteriores a la encuesta.

Tendencias del consumo de drogas en población total de 12 a 17 años. Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011. **Cocaína también incluye crack.

Catalina Pérez Correa González, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE e integrante del PPD, aborda temas como la procuración de justicia, el funcionamiento del sistema de justicia penal y la política de drogas en México y América Latina.

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt señala que, en el inminente debate público, es fundamental que las decisiones asumidas por las instituciones correspondientes ponderen las evidencias e información generadas sobre la actual estrategia antinarcóticos en términos de análisis jurídicos, médicos, de salud pública y mental; en materia de derechos humanos e incluso respecto a los costos sociales y económicos que este fenómeno tiene para las instituciones del Estado.

Maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, en California, ha realizado desde su área de estudio las investigaciones El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México y (Des)proporcionalidad y delitos contra la salud en México”, al tiempo de coordinar el libro Justicia desmedida: Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina, realizado por el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEDD) que integran investigadores de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Uruguay, Perú y México, así como de Holanda y Estados Unidos.

Consumo y consumidores

En el estudio El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México, los investigadores del CIDE —centro público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)— se enfocaron en contextualizar la situación prevaleciente y, a decir de la investigadora, se enfrentaron a que son escasas las fuentes de información para medir el consumo, las cuales provienen de hospitales o sistemas de salud a donde llegan los casos más graves, midiéndose así el consumo más problemático que termina en accidentes o con la intervención de la autoridad.

Pérez Correa refiere que el único instrumento que existe es la Encuesta Nacional de Adicciones —con indicadores más recientes de 2011— cuyo enfoque es el consumo como adicción, dejando de lado que no todos los consumos son adicciones.

«Hay consumos que no son problemáticos, consumos frecuentes y ocasionales, los cuales pueden ser problemáticos tanto con sustancias ilegales como legales. Hay personas que pueden tomar alcohol u otras sustancias y tener accidentes o comportamientos destructivos, aunque solo sea una vez cada dos años; o puede haber quienes tomen una o dos copas de vino diarias y no tener conductas problemáticas o problemas de salud», señala.

Según la investigadora, desde la forma en que se mide el consumo de sustancias ilícitas se observan prejuicios que impiden que se cuente con información puntual, y que además se reflejan en las leyes que regulan el consumo y las conductas vinculadas con ello.

En específico, asevera que cuando estudiaron los códigos penales locales identificaron que a los consumidores se les trata como enfermos que requieren tratamiento forzoso, lo que implica el uso de recursos del sistema de salud pública hacia personas que probablemente no tengan problemas de adicciones.

Bajo esa visión también los hace ver como delincuentes que deben estar encarcelados. La investigación lo documenta con datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR), que refieren que de 2009 a mayo de 2013 se detuvo a 140 mil 860 personas a nivel nacional por consumo de drogas, y el inicio de 53 mil 769 averiguaciones previas por consumo en el sistema penal federal en ese mismo periodo.

Desde 2014 el consumo dejó de ser tipificado penalmente como delito, pero la posesión se mantuvo. La Ley General de Salud (LGS) permite la portación de cinco gramos de mariguana, equivalente a dos cigarrillos, aproximadamente, y de medio gramo de cocaína.

El Código Penal Federal establece que si la dosis para consumo está dentro de los rangos previstos en la LGS no se procede penalmente, no se lleva un juicio y no se aplica una sanción. Pero si la posesión está por encima de las dosis de consumo permitidas y en el momento de detectarse no hay indicios de una intención de venta o suministro, incluso gratuito, solo se le procesa por el delito de posesión. Cuando se trata del caso de la posesión con fines de venta o comercio, se procesa conforme a la legislación.

De acuerdo con Pérez Correa, sin importar cualquiera de las tres circunstancias, a las personas que poseen drogas o estupefacientes son detenidas y llevadas a agencias del Ministerio Público donde se les abre una averiguación previa. El ejercicio o no de la acción penal se determina posteriormente, cuando ya se les detuvo con visos de criminalizar a los consumidores.

El trabajo de investigación plantea que las dosis permitidas por la LGS son ambiguas porque no son acorde con la práctica de los consumidores, pues generalmente quienes hacen uso de la mariguana se abastecen con cantidades superiores a las permitidas, lo que significa que en caso de ser detenidos se les procesa como narcomenudeo, aunque no hubiera la intención de comercializar o suministrar.

La profesora del CIDE sede Región Centro refiere que en el caso de la cocaína la dosis permitida no se comercializa porque en el mercado se vende por «grapa», equivalente a un gramo, el doble de lo que admite la ley.

«Cualquier consumidor que compre la dosis mínima, si lo llegan a detener ya está en el supuesto de narcomenudeo, lo van a procesar como narcomenudista y aplicarle las sanciones que van de diez meses hasta tres años de cárcel», dice.

Proporcionalidad penal

El principio de proporcionalidad establece que debe haber una relación entre el costo y el beneficio que se obtiene de aplicar una legislación.

Catalina Pérez Correa es integrante del Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho que recientemente ha publicado el estudio Justicia desmedida: Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina que aborda la regulación de la posesión y la criminalización de los consumidores. Para mayor información contactar al correo catalina.perezcorrea@cide.edu o visitar www.ppd.cide.edu y www.drogasyderecho.org.

La proporcionalidad penal, un concepto distinto, establece que las conductas que se penalizan a través de las leyes deben tener una relación con otras conductas y también ante sí mismas; por ejemplo, una infracción de tránsito no puede ser más penada que un homicidio.

La investigación (Des)proporcionalidad y delitos contra la salud en México tuvo como objetivo estudiar qué tanto se respeta el principio de proporcionalidad en la aplicación de las leyes en materia de drogas; se evaluó si el incremento en la penalidad contribuyó a disminuir el consumo y la violencia, se analizó cómo funciona el mercado negro, al tiempo que se evaluaron los costos a las finanzas públicas por tener a una persona encarcelada por delitos de drogas y cuáles son los costos generados a nivel social.

«Comparamos cómo se penan las conductas de acuerdo con el Código Penal Federal y encontramos que, en términos de la ley, pareciera que son más graves algunas conductas de delitos de drogas. Por ejemplo, el transporte de estupefacientes lleva aparejada una pena promedio mayor que la violación de un menor», detalla.

Este estudio presenta cifras del sistema de procuración de justicia federal en las que se observa un incremento en los casos de procesos penales por delitos menores en materia de drogas hacia consumidores, en su mayoría jóvenes. Cita que en 2010, 74 por ciento de las detenciones que reportó la PGR fue por delitos contra la salud, y que en ese año 41.9 por ciento de las detenciones fueron en materia de venta de drogas al menudeo.

Catalina Pérez Correa explica que los datos que recabaron muestran una inflación de las penas hacia las conductas de drogas «que han repercutido en un sistema penal bastante irracional, como el que sea más grave transportar drogas que violar sexualmente a un menor».

Esta desproporcionalidad, refiere el documento, se refleja en que la pena máxima establecida para violación entre adultos es once años menor que la pena máxima establecida para los delitos de comercio, producción, suministro, tráfico y transporte de estupefacientes.

La investigadora considera que debe replantearse la forma en que se castigan socialmente estos delitos, a través de un debate público ante la posible legalización del consumo de mariguana.

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Fuente de imagen y noticia: Agencia Informativa Conacyt– http://conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/4923-politicas-de-drogas-por-un-debate-con-perspectiva-academica-nota

Legalizar el verde pan de cada día. ‘Doña Yerba’ y el fuego de la razón

Situado entre la violencia de sus cárteles y el cambio de paradigma en los Estados Unidos, México debate el sentido de su vieja relación con la marihuana.

El fuego lo cambió todo. Es fácil imaginar a esos primeros hombres entregados a la experimentación, sometiendo las cosas de este mundo, orgánicas e inorgánicas, al efecto de las llamas, y descubriendo, de cuando en cuando, que tal o cual regalo de los dioses produce una sensación de bienestar, una cercanía con la divinidad, un frenesí momentáneo y adictivo.

Antes de la llegada de Cristóbal Colón era habitual en las culturas del ignoto continente el uso de ciertas plantas, con elementos psicoactivos, con fines religiosos, o, dicho de otro modo, para tender puentes con el mundo de sus dioses. La marihuana no era una de ellas. Esa fue una de las contribuciones hechas por los colonizadores.

En México, la prohibición moderna sobre el uso de suministros naturistas capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones data de los gobiernos posrevolucionarios. En los años previos y porfiristas, la marihuana y la amapola se hallaban en cualquier botica, esos negocios tenían de todo.

A partir de la década de los veinte del siglo pasado, con los generales sonorenses al mando, México se alineó con las medidas adoptadas por Estados Unidos. En 1925 Plutarco Elías Calles expidió un decreto para regular el comercio de opio, morfina y cocaína que significó en términos prácticos un cierre de las fronteras a la importación de esos productos.

El cultivo de ‘María’ se prohibió y al año siguiente le tocó el turno a la amapola, flor que hallaba fácil acomodo en el mercado al otro lado del río Bravo. La prohibición, por supuesto, no impidió que las semillas florecieran, principalmente en territorios como Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

En el sexenio de Lázaro Cárdenas se inició una lucha contra las drogas, un programa para investigar y perseguir a los traficantes de sustancias, en la esquina oficial estaban la Policía Judicial Federal y fuerzas estadounidenses. Miguel Alemán hizo lo propio.

Dato curioso: en la década de los cincuenta y debido a su importancia para el tráfico de mala yerba hacia Estados Unidos, Sinaloa se ganó el apelativo de «Chicago con gángster de huarache». En los sesenta la demanda de ‘Mary Popins’ del vecino creció y los traficantes mexicanos consolidaron sus estados financieros. El gobierno estadounidense endureció sus políticas antinarcóticos y el auge sin precedentes del negocio se prolongó hasta la siguiente década. Dato curioso: en 1969, el gobierno estadounidense de Richard Nixon tomó la medida de cerrar la frontera con México durante 21 días.

El maridaje entre drogas mexicanas y consumidores estadounidenses, pues, tiene su historia. En el plano específicamente nacional, la relación del gobierno con las sustancias prohibidas parece cambiar de rumbo, porque, entre otras cosas, el fuego, en este caso el de las armas, lo cambia todo.

FRACASO

La Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados presentó a los legisladores, en junio de 2013, un documento titulado Legalización del consumo, producción y comercialización de las drogas. Elementos para el debate en México.

El estudio reproduce una frase lapidaria de Eduardo López Betancourt, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México: «es innegable el fracaso de la guerra contra las drogas. La opción, (…) consistente en la ‘militarización de la lucha contra el tráfico’, ha traído consigo un incremento en la violencia y la desarticulación social y política de comunidades y poblaciones».

Doctorado en historia y derecho, López Betancourt sostiene que no hay forma de justificar el fracaso de la cruzada prohibicionista en México por razones como el aumento paulatino en el número de consumidores de sustancias ilegales, el daño causado al tejido social y la posición privilegiada que mantiene el país como productor y país de tránsito para los productos que alteran la conciencia normal del individuo.

La portación y el consumo de algunas drogas, señala el catedrático, es muy poco permisiva, pero no del todo prohibitiva, ya que establece casos y circunstancias en que una persona puede hacer uso de determinados productos alteradores.

Uno de esos casos es el de Grace Elizalde, una niña de ocho años que padece el síndrome de Lennox-Gastaut (variante de epilepsia infantil de difícil manejo). Ella obtuvo, en septiembre pasado, un amparo judicial para importar Cannabidiol, un medicamento derivado de la marihuana. El objetivo es disminuir las cientas de convulsiones que sufre cada día. Se estima que en México hay más de cinco mil personas con ataques epilépticos difíciles de controlar.

ZALDÍVAR

En noviembre, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación aprobó el cultivo y consumo de ‘doña Diabla’ con fines recreativos a cuatro personas, integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, cabe señalar que ninguno de los amparados es consumidor de cannabis.

El ministro Arturo Zaldívar, autor del proyecto para amparar a los solicitantes, comentó a medios nacionales e internacionales que la decisión del tribunal es simplemente el reconocimiento de que una prohibición absoluta al consumo es inconstitucional.

¿Por qué no se habían emitido fallos similares en el pasado? Según el magistrado el eje rector en el tema de las drogas ha variado, antes iban primero la salud y la seguridad, hoy van a la cabeza los derechos y la libertad.

Para el ministro Zaldívar, el Estado no tiene la posibilidad de decirle al pueblo lo que puede consumir y lo que no.

Sobre las repercusiones que tendrá la decisión de la Suprema Corte la más celebrada por Zaldívar es que si llegan otros cuatro asuntos más y el fallo es similar, habrá jurisprudencia y todos los jueces del país tendrán que adecuarse a ese criterio de privilegiar los derechos individuales y el libre albedrío. En la práctica obligaría a todos los jueces a conceder el autoconsumo.

Creo que las personas tienen el derecho a fumarla si así les apetece, dijo el magistrado en una entrevista con el diario español El País.

El 10 de noviembre, la senadora Cristina Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa en la cámara alta para regular el uso médico de la yerba para pacientes de epilepsia.

Pretende reformar dos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Si obtiene el respaldo suficiente para que la iniciativa prospere, la hoja con lumbre abandonaría el listado de drogas prohibidas y se ubicaría, junto a sustancias como la morfina, entre aquellos productos que pueden recetarse.

Se estima que en México de diciembre de 2006 a diciembre de 2014, el aumento de personas que ingresaron a centro penitenciarios por delitos relacionados con posesión de drogas fue de mil 200 por ciento, datos que indican que un 60 por ciento de los ciudadanos que se encuentran detenidos en cárceles del país, fueron consignados por posesión y consumo de cannabis, un dato revelador cuando se piensa en la despenalización.

Luego del fallo de la Suprema Corte, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a un debate nacional para analizar la legalización de la droga.

El titular del Ejecutivo federal se declaró contrario a la idea, pero reconoció que la discusión sobre levantar la prohibición no es exclusiva del país. En ese sentido, diversos analistas consideran que las autoridades mexicanas han sentido la presión política que viene del otro lado del río Bravo, donde la legalización avanza incluso en Texas.

URUGUAY

El mandato de José Mujica (2010-2015) fue ejemplar en muchos sentidos y experimental en el que aquí abordamos. En 2013 consiguió que su nación se convirtiera en el primer Estado en regular la producción, cultivo y venta de esa que tiene olor a petate quemado.

A la fecha, el gobierno uruguayo ha otorgado un par de licencias para cosechar “La buena”. En octubre pasado, Milton Romani, titular de la Junta Nacional de Drogas, anunció la producción de ocho toneladas de «cannabis charrúa» al mes, con semilla 100 por ciento nacional.

La distribución se hará mediante farmacias, la comercialización empezará en el primer semestre de 2016, se venderán hasta 10 gramos semanales a cada consumidor registrado, el costo por gramo es de 1.40 dólares (cerca de 22 pesos al tipo de cambio actual). La ley uruguaya establece un límite de 40 gramos mensuales.

Uruguay tiene 3.4 millones de habitantes y se estima que hay un mercado de 160 mil consumidores de la yerba bruja. Estos definirán si el volumen de producción se amplía o si más compañías entran a competir.

Según Milton Romani el gobierno se quedará con entre un diez y un trece por ciento de las ventas.

El cultivo para consumo propio también fue permitido, está en marcha desde mediados del año pasado y tiene dos vías: una es el formato individual, a razón de seis plantas por persona; la segunda son los clubes de consumidores, el máximo es de 99 plantas por grupo.

Organizaciones no gubernamentales estiman que en el país sudamericano cerca de 55 mil personas utilizan su ‘soñadora’ varias veces por semana y 18 mil lo hacen a diario.

Los argumentos de Mujica para legalizarla incluyen el aumento en el número de consumidores -en 25 años pasaron de mil 500 a 150 mil personas-, los evidentes malos resultados en el combate al narcotráfico -el animal creció- y la opción de hacer algo distinto para obtener un resultado diferente.

ESTADOS UNIDOS

Desde enero de 2014, cuatro estados de la Unión Americana han legalizado el cultivo, venta y uso del oro verde: Colorado, Washington, Alaska y Oregón.

El presidente Barack Obama se ha declarado partidario de la despenalización, 24 estados y el Distrito de Columbia tienen programas de marihuana medicinal con variaciones significativas en las condiciones, uso, permisos y derecho a cultivar.

Llama la atención, dentro de los casos de uso médico, el caso de Texas. En junio de 2014, su gobernador, Greg Abbott, promulgó una ley que autoriza el uso de aceite de cannabis con fines médicos. La iniciativa fue impulsada por dos legisladores republicanos, Kevin Eltife y Stephanie Klick.

El Estado conservador se rindió ante los argumentos de familiares de pacientes con epilepsia, demostraron que los principales beneficiados serían niños sin tratamientos legales que les ayuden a parar las convulsiones.

El gobierno texano estima que en su territorio hay cerca de 149 mil personas que padecen convulsiones intratables.

En diversas publicaciones se comenta que hasta siete demarcaciones van por el camino de permitir el uso con fines recreativos.

Los norteamericanos han dado pasos hacia la libertad de fumarla pensando también en aspectos de seguridad como disminuir el número de arrestos relacionados con los delitos de posesión o cultivo. El argumento es el siguiente: eliminando faltas menores pueden destinarse más recursos a luchar contra otros crímenes.

Se estima que un nueve por ciento de la población total de Estados Unidos (más de 28 millones de norteamericanos) ha estado involucrado en crímenes relacionados con el consumo o posesión de sustancias prohibidas. Además, se prevé que una reducción en las sentencias de prisión relacionadas con las drogas no conllevará un aumento significativo en el uso.

COLORADO

Entre los estados que ya la aprobaron, el caso destacado es Colorado, poco poblado y con una etiqueta que se inclina más hacia el lado republicano, por conservador, fue el primero en levantar la prohibición. Entre 2006 y 2008 tuvo una primera etapa de uso medicinal. En 2012 se legalizó la quema recreativa.

Los mayores de edad pueden cultivar hasta seis plantas y tener hasta una onza (28 gramos) de la yerba. También se autorizó la instalación, con licencia, de tiendas para ventas minoristas y producción de comestibles con cannabis.

Los primeros pasos no han sido fáciles. Algunas autoridades ya declaran que fue un error a partir de datos como el aumento en el número de conductores involucrados en accidentes fatales que dieron positivo al test de zacatito en su sistema.

También se critica que Colorado supere con amplitud los promedios nacionales en los indicadores de jóvenes entre los 12 y 17 años de edad y personas en el rango de los 18 a los 25 años que son fumadores frecuentes.

Otro aspecto negativo es el aumento en los casos de yerba incautada en paquetes de correo enviados desde Colorado hacia otros estados. En 2011 fueron 36, en 2012 sumaron 158 y para el primer semestre de 2013 ya eran 209 casos.

El dinero recaudado por la cannabis legal tampoco ha cumplido la expectativa. En 2014 la venta de la droga para entretener la neurona produjo 44 millones de dólares (alrededor de 704 millones de pesos), se esperaba que fueran 70 millones (cerca de mil 120 millones de pesos). Con los impuestos asociados al consumo medicinal, la cifra subió a 76 millones de dólares (mil 216 millones de pesos).

En 2014 el gobernador John Hickenlooper preveía más de 600 millones de dólares en volumen de negocio sólo en las tiendas -que no se abrieron en muchas ciudades por falta de permisos de las autoridades locales- orientadas a la quema recreativa. Todavía es más barato conseguirla en el mercado ilegal.

Detractores y defensores de la legalización coinciden en que el modelo adoptado tiene fallos. Los primeros esperan que los errores cometidos sirvan para dar marcha atrás. Los segundos consideran que alcanzar los resultados anhelados es cuestión de tiempo y ajustes legales y de mercado.

HOLANDA

En 1976 los holandeses modificaron su legislación sobre las drogas, lo que permitió el consumo de trueno verde.

La apertura, que adquirió la forma de tiendas de café autorizadas para ofertar hasta cinco gramos de la hierba por cliente, tuvo un error, los dueños de estos negocios sólo pueden almacenar hasta 500 gramos. Como el cultivo está prohibido, para mantener las existencias no queda sino recurrir al mercado negro.

Se estima que en la nación holandesa, célebre a nivel mundial por el llamado «turismo de las drogas», existen alrededor de 40 mil plantaciones clandestinas que generan beneficios por cerca de dos mil millones de euros.

Además, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos tiene marcada a Holanda como el mayor productor de drogas sintéticas y el mayor cultivador de yesca en territorio europeo.

En el país de los tulipanes se penaliza el tráfico, la posesión y la venta de más de 30 gramos de cannabis.

En enero de 2013 entraron en vigor a su ley sobre las drogas con el fin de limitar el acceso de turistas a las tiendas de café y de cerrar los locales ubicados a menos de 250 metros de planteles escolares.

Las razones numéricas de las reformas incluyen que 23 de cada 100 turistas visita dichos negocios mientras que más de siete de cada centena reconoce que las drogas blandas son su principal motivación para visitar Ámsterdam -la venta a extranjeros es exclusiva de esta ciudad.

Otros argumentos fueron que el tráfico ha crecido y se ha visto reforzado con una actuación más profesional de los criminales además de que la calidad de la droga producida, con un alto grado de elemento psicoactivo, constituye un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades psicóticas, dependencia y otros problemas.

Las contramedidas, sin embargo, no fueron recibidas con agrado por las autoridades de la capital del país. Se estima que en Ámsterdam se recaudan hasta 400 millones de euros al año en impuestos aplicados a las tiendas de café.

Con las reformas, los expendios de ‘mois’ sólo pueden ofertar sus servicios a clientes registrados, deben ser pues, como clubes y el número de miembros no puede sobrepasar los dos mil individuos, pero sólo holandeses o residentes legales. Además, las tiendas ubicadas cerca de escuelas deberán convertirse en bares tradicionales antes del próximo año.

OTRAS EXPERIENCIAS

En España existen clubes sociales, asociaciones de consumidores, que se organizan para autoabastecerse y no llevar su dinero al mercado negro. Las leyes españolas no contemplan que el simple consumo de drogas ilícitas sea un delito. Se estima que en el país ibérico existen alrededor de 300 clubes, buena parte se concentra en las regiones de Cataluña y el País Vasco.

A Canadá se le atribuyen dos caras a la hora de abordar la cuestión: 57 de cada 100 canadienses apoyan la regulación de la marihuana y un 65 por ciento su despenalización, incluso se contempla la opción de eliminar la persecusión policial contra el uso personal de la hierba; por el otro lado, el sistema político ha adoptado medidas para endurecer las penas por cultivo y posesión.

En Perú, el consumo de la hoja de coca nunca ha sido penalizado. La posesión de droga para consumo propio no es objeto de castigo siempre que se respeten las cantidades establecidas: hasta cinco gramos de pasta básica de cocaína, hasta dos gramos de clorhidrato de cocaína, hasta ocho gramos de marihuana o dos gramos de sus derivados, hasta un gramo de látex de opio o 200 miligramos de sus derivados o 250 miligramos de éxtasis. Cuando una persona lleva consigo dos o más tipos de drogas ya hay problemas con la ley.

Portugal legalizó la posesión de droga, marihuana, cocaína, heroína o metanfetamina, la dosis máxima de hachís permitida es de cinco gramos, la de campechana verde es de 25 gramos.

En Venezuela ser atrapado con hasta dos gramos de cocaína y 20 gramos de cannabis no lleva a la cárcel sino a tratamiento.

Corea del Norte es el único país que ha ido más allá de la legalización, allá la marihuana y el opio no son drogas.

ONU

El Informe Mundial sobre las Drogas 2015, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), pone a la Tierra como el hogar de 246 millones de consumidores de drogas dañosas.

De ese gran total 27.4 millones fueron calificados como problemáticos por padecer trastornos relacionados con sus hábitos de quema, ingesta, inyección y demás. Según la ONUDD, una de cada 20 personas entre los 15 y los 64 años de edad ha consumido sustancias ilícitas, mientras que tan sólo en 2013 hubo 187 mil 100 defunciones por causas relacionadas con las drogas. Se trata de «un número inaceptable» de pérdidas humanas.

A propósito de la marihuana, el organismo internacional, ha identificado una tendencia a la alza en el consumo en América -en particular en Estados Unidos- y Europa. El viejo continente se mantiene como uno de los mayores mercados del mundo para la resina de cannabis (hachís), pero su consumo se concentra en unos pocos países.

En una cuestión técnica con implicaciones para la salud, destaca que el cultivo mejorado de la planta, mediante acciones como el uso de cepas seleccionadas genéticamente, ha producido un aumento en el número de cosechas y un mayor rendimiento y potencia de la ‘yerbabuena’.

La potencia suele medirse por el grado de concentración de tetrahidrocannabinol (THC), su principal ingrediente psicoactivo. Por ejemplo, en Holanda, se considera que una concentración mayor al 11 por ciento de THC convierte a la ‘doña Diabla’ en una droga dura.

El aumento del THC ha sido una constante en el mercado furtivo durante el último decenio, y en la ONU señalan que existe una preocupación cada vez mayor respecto de los problemas de salud que pueden acompañar a ese constante salto de calidad.

MILES DE MILLONES

Hace una década el valor total de ventas al por menor de drogas ilícitas a nivel mundial fue estimado en 320 mil millones de dólares. Tan sólo los mercados de venta minorista en el continente americano representan 151 mil millones de dólares.

Para Naciones Unidas las ventas pequeñas de cannabis mueven 141 mil millones de dólares anuales. Estados Unidos acapara poco menos de la mitad de ese monto, 64 mil millones y se observa una tendencia a la alza en las transacciones de marihuana en su territorio.

La moreliana destinada al comercio en México tiene un precio aproximado de 80 dólares el kilo. El precio de la que es enviada a Estados Unidos se estima en 400 dólares la libra (una libra son 454 gramos) y los precios al por mayor aumentan a razón de 400 dólares por libra cada que se acumulan mil millas recorridas dentro del territorio norteamericano.

Los productores de la marihuana «sinsemilla» (de alta potencia) en EEUU reciben dos mil dólares por cada libra entregada en el lugar de la cosecha. Los precios al por mayor oscilan entre dos mil 500 y cuatro mil dólares la libra.

Las ganancias de los narcotraficantes mexicanos en el mercado mayorista estadounidense alcanzan, según la ONUDD, algún punto en la amplia franja que va desde los mil millones y los dos mil millones de dólares al año.

Si bien el mercado minorista de ventas de drogas en México es pequeño, comparado con el de su vecino, eso no impide que las organizaciones criminales disputen, con extrema violencia, esa fuente de ingresos.

Las encuestas sobre uso de drogas a nivel nacional muestra que los consumidores conocen en promedio entre seis y nueve fuentes distintas de abastecimiento. En el INEGI califican como «relativamente fácil» el acceso a sustancias ilegales, con todo y la guerra contra el narco.

IDEAS AL RESPECTO

A favor de la legalización se esgrimen argumentos como el derecho a decidir y el respeto a los actos privados de los seres humanos.

Sus partidarios señalan que al levantar la prohibición se daría un paso importante para recuperar a aquellos que han sido secuestrados por la maquinaria del tráfico, impedir las muertes por el consumo de drogas adulteradas y acabar con la búsqueda frenética de la dosis -que a veces deriva en encuentros con la autoridad zanjados con donativos extraoficiales.

Legalizar, defienden, traería consigo una reducción de los delitos, prevendría el surgimiento de nuevos delincuentes, bajaría el precio de las drogas. En un escenario sin penas para el uso recreativo, pregonan, las fuerzas de seguridad verían reducidas las opciones y los beneficios de corromperse; podrían dirigirse más recursos a perseguir los crímenes comunes, robos, violaciones, lesiones.

Significaría, sostienen, el fin de la guerra contra el narco y su costo social y económico.

En el extremo opuesto, la apertura representa darle una recepción por todo lo alto a la drogadicción, avalar la muerte, otorgarle carta de nacionalidad al desenfreno.

Legalizar, pregonan, es autorizar el daño autoinfligido con el incremento en los gastos y recursos para atender a los adictos que eso conlleva.

Además, aducen, el mercado ilícito no desaparecerá.

EL FUEGO

Las posturas pues, tienen un punto de partida similar: la defensa de la vida. La guerra contra las drogas, como México ha venido comprobando desde el sexenio de Felipe Calderón, deriva en muerte. Los productos con carga psicoactiva, legalizados o no, también derivan en muerte.

En territorio mexicano, entre diciembre de 2006 y junio de 2015, fallecieron más de 117 mil personas en hechos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, en un indicador relacionado hay al menos 26 mil desaparecidos, esto según cifras oficiales, conteos de medios de comunicación e informes de organizaciones no gubernamentales.

Tan sólo los homicidios representan el 62.5 por ciento del total de defunciones estimado a nivel mundial por causas relacionadas con las drogas en 2013, si se considera la cifra de desapariciones se alcanza el 76 por ciento.

La legalización avanza y lo hace por la vía de un cultivo ancestral. En esa apertura no puede menospreciarse la influencia de la guerra contra el narco y el conflicto entre cárteles por nichos de mercado, sus resultados en términos de sangre e incógnitas sobre el destino de miles de individuos. El animal crece, dicen las cifras, y difícilmente se irá, según los pronósticos.

El uso medicinal, el permiso para el consumo recreativo, son los primeros pasos en una dirección que se presume benéfica y se tacha de irresponsable. En México, según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, hay 5.7 millones de usuarios de cannabis y en los últimos años, dato del Centro de Integración Juvenil, se ha convertido en la droga más consumida en 18 estados del país.

El fuego lo cambia todo, el de la hoja que se enciende, el del arma que se dispara. El debate está servido y el resultado será un viento que o bien seguirá avivando brasas ya conocidas o bien trasladará las llamas hacia un destino que se anticipa manso aunque igualmente nocivo.

Correo-e: bernantez@hotmail.com

Fuente original del artículo: El Siglo de Torreón- https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1178994.legalizar-el-verde-pan-de-cada-dia.html

Fuente de las imágenes: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/fotos.php?nota=1178994

El Distrito Federal y el Narcotráfico

por Anabel Hernández

6 diciembre, 2015

Pese a que desde hace 18 años los mandatarios del gobierno federal y del Distrito Federal pertenecen a partidos políticos totalmente opuestos, en ambos niveles de gobierno han coincidido en querer  mostrar a la capital del país como un lugar exento de la nociva presencia de los cárteles de la droga que visiblemente han afectado, o francamente devastado,  otras zonas del país como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán o Guerrero, por citar algunos.

La estrategia tiene dos principales razones. La primera es, por supuesto, política y económica. Reconocer públicamente la operación de cárteles en la Ciudad de México afectaría la ya muy desgastada imagen internacional de México, el turismo, las inversiones actuales y futuras, y en general la economía de la ciudad.

La segunda razón es que si se admitiera que hay una importante operación de los cárteles de la droga en el DF, la pregunta inmediata sería ¿Y quién los tolera o protege? Ahí las cosas se tornarían aún más complejas.

El gobierno del DF diría que el combate al narcotráfico no entra dentro de sus competencias y que eso es tema del gobierno federal, y aunque legalmente es cierto, es poco creíble que los cárteles pudieran operar en el DF, o en cualquier otro estado de la República, sin la complicidad de autoridades locales.

Para el gobierno federal tampoco hay una salida fácil si reconoce la operación de estas organizaciones delictivas en la capital. No sólo porque está en su jurisdicción combatir el narcotráfico, lavado de dinero y otras actividades relacionadas con el tráfico de drogas, sino porque en el DF está la sede del Poder Ejecutivo, las oficinas centrales y principales bases de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, PGR y Policía Federal. No podría entenderse la operación de cárteles de la droga en las narices de las principales oficinas que se supone deberían de combatirlo, sin la complicidad de una o varias de esas instituciones.

El DF es la ciudad más poblada del país y por lo tanto el mercado nacional de consumo de drogas más importante. Además por su situación geográfica es una zona estratégica para el traslado o almacenamiento de droga, sobre todo para aquellos cárteles que tienen sus operaciones en estados como Jalisco, Michoacán y Guerrero, o  Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

Desde hace al menos diez años he venido leyendo expedientes judiciales donde los narcotraficantes refieren sus operaciones en el DF en las distintas casas de seguridad instaladas igual en la lujosa zona de Polanco, que en Las Lomas, Bosques de las Lomas o Santa Fe.

En el año 2009, cuando el Cártel de Sinaloa intentó hacer una tregua con el clan de los Beltrán Leyva y Los Zetas, al menos una de esas reuniones se llevó a cabo en el corazón de Polanco. Cuando las huestes de Jesús Reynaldo Zambada, hermano de Ismael el MayoZambada, líder del Cártel de Sinaloa, negociaba con altos mandos de la Policía Federal, algunos de esos encuentros se llevaron a cabo en una residencia en Bosques de las Lomas y en la zona de la Basílica de Guadalupe.

En mayo pasado, Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno del DF, afirmó categóricamente que no operan ahí los cárteles de la droga. Señaló que durante una plática con la titular de la PGR, Arely Gómez, ésta le afirmó que “no hay información que permita establecer actividades de narcotráfico en la capital del país”.

Sin embargo durante el mes de julio aparecieron en la carretera Picacho-Ajusco, de la delegación Tlalpan, mantas supuestamente firmadas por el Cártel de Sinaloa en las cuales anunciaba que iban a tomar control de la “plaza” y para ello contaban con el apoyo de la Policía Federal y la PGR.

A principios de octubre aparecieron nuevos mensajes públicos en el DF, presuntamente firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, anunciando también que estaban en disputa por el control de la capital y pedían a Mancera que “no se meta”.

Y a finales de ese mes apareció el cuerpo de un joven de 25 años de edad colgado de un puente en la concurrida avenida Ignacio Zaragoza, en la delegación Iztapalapa.

La negativa de los dos  niveles de gobierno que confluyen en el DF  en reconocer la operación de los cárteles de la droga no hace que el problema desaparezca por sí solo, al contrario. Al no admitir el problema, los gobiernos no hacen nada para combatirlo.

De acuerdo con un reporte publicado en noviembre por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), las operaciones de los cárteles ha crecido durante los últimos años de manera  acelerada en el DF.

En el  informe anual de “Evaluación nacional de la amenaza de las drogas” correspondiente a 2015, la DEA publicó el mapa de la geografía actual de los cárteles de la droga en México, el cual sale tan colorido como un árbol de navidad por la cantidad de organizaciones criminales que predominan en diferentes partes del territorio mexicano.

Llama la atención las cinco esferas dibujadas por la agencia del gobierno de EU sobre el DF: el color naranja representa al Cártel de Sinaloa, la verde al grupo de Los Zetas, azul al Cártel de los Beltrán Leyva, el color lila es de los Caballeros Templarios y la roja el Cártel del Golfo. Según la DEA estos cinco grupos criminales tienen importante o creciente presencia en la capital.

Esa situación convierte al DF en una bomba de tiempo latente, y el encubrimiento del problema por parte de  los dos niveles de gobierno revela su complicidad. Eso significa que la aparente “paz” en la capital obedece más a una decisión unilateral de los cinco cárteles y no a un trabajo del gobierno federal, por lo cual de la misma manera espontánea puede surgir la violencia como lo hemos visto en los últimos años en otras ciudades “pacíficas” de México.

El Cártel de Sinaloa ha sido recurrentemente señalado por la DEA como la organización de tráfico de drogas más importante del mundo. El Cártel de Los Zetas es considerado uno de los más violentos y mantiene su peligrosa alianza con el Cártel de los Beltrán Leyva.

En vez de permanecer cómplices negando el problema, el gobierno federal en coordinación con el del DF, deberían ir instrumentando un plan respecto a la presencia de estos cárteles en la capital del país, para no tener que llegar a los niveles de violencia y emergencia de otros estados de la República.

Fuente: http://riodoce.mx/noticias/columnas/la-lista-negra/df-nido-de-narcos

 

Otra noticia sobre el tema:

La presencia del crimen organizado en la ciudad de México

Simón Vargas Aguilar/ La Jornada

Hasta hace unos meses la ciudad de México se había salvado de los efectos de la cruenta guerra contra el narcotráfico, o al menos esa era la impresión que se quería dar. En la capital del país no eran comunes las surrealistas estampas de la violencia que generan los cárteles y sus células, que en otras regiones, en el norte del país, ya son habituales.

Aunque el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y sus funcionarios de seguridad y justicia aseguren una y otra vez que loscárteles del narcotráfico no operan en el Distrito Federal, la verdad es que los hechos tienen tiempo demostrando lo contrario.

La violencia, levantones, ejecuciones y sucesos con el sello típico del narcotráfico llevan años ocurriendo en la capital o muy cerca de ella. Están, por ejemplo, los 24 cuerpos maniatados y con huellas de tortura encontrados en La Marquesa; el levantón de 13 personas en el bar Heaven; las extorsiones y ejecuciones en la Condesa, Roma, Polanco o Centro Histórico; y ahora, en días recientes han aparecido colgados, calcinados y narcomantas dirigidas a las autoridades locales.

Estas prácticas son comunes en entidades como Tamaulipas, Chihuahua o Veracruz, donde loscárteles llevan años peleándose por las plazas y rutas de trasiego de droga, pero nunca se habían presentado en el DF. Otro factor que se ha detectado es el alto índice de homicidios, los cuales habían aumentado 22 por ciento hasta el pasado mes de agosto, en comparación con el mismo periodo de 2014, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aun así el discurso oficial sigue negando la existencia y establecimiento de estos grupos criminales en la capital; son solamente objetivos en movimiento, afirma el jefe de Gobierno capitalino. Pero ante la cada vez más evidente infiltración del narco en el DF convendría preguntarnos si no ha llegado el momento de cambiar el discurso, ya que éste es simplemente insostenible.

¿Podría acaso esta negación ser una estrategia? Quizás, porque aceptarlo tendría graves implicaciones. Pero el hecho de asegurar que los equipos de inteligencia del Gobierno del Distrito Federal no han recabado la suficienteinformación que permita establecer actividades de narcotráfico, tal como asevera Mancera, empieza a ser preocupante para analistas nacionales e internacionales, sobre todo si además de los hechos antes mencionados consideramos dos informes del gobierno de Estados Unidos, que advierten sobre la operación de al menos cinco cárteles del narcotráfico en la capital.

El primero es el realizado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), denominado: México: actualización de evaluación del tráfico de drogas; áreas de las organizaciones de control dominante, donde la dependencia estima la operación de cinco organizaciones criminales en el DF, que son: el cártel de Sinaloa, Los Zetas, los Beltrán Leyva, el cártel del Golfo y una célula de Los caballeros templarios(http://1.usa.gov/1Mo9vSK).

El segundo es un informe tituladoMéxico: organizaciones criminales y organizaciones del tráfico de drogas,realizado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés), donde se menciona la operación de tres organizaciones criminales en la ciudad de México:Los Zetas, los Beltrán Leyva y La familia michoacana. De este último advierten que se encuentra en constante disminución a escala nacional, pero que se mantiene con fuerza en el estado de México y en algunas zonas pobres de la capital (http://bit.ly/1McHxJD).

En días pasados, algunos medios extranjeros, como The Wall Street Journal y The Guardian, han publicado reportajes donde analizan la problemática capitalina en materia de seguridad. A partir de la consulta a especialistas en el tema y las estadísticas de incidencia delictiva y homicidios, cuestionan que siga firme la aseveración de las autoridades de que la capital de México es una zona libre de crimen organizado (http://bit.ly/1Y3wHtp).

En este contexto, resulta ilógico pretender que el Distrito Federal no se ha contaminado con la operación de los cárteles, sobre todo cuando aquí reside el poder económico y político del país. Del mismo modo, su ubicación geográfica y la presencia del aeropuerto internacional le dan un inmenso valor geoestratégico para ser el lugar ideal donde celebrar reuniones con los diversos grupos del crimen trasnacional.

Puede ser que continuar negando la presencia y operaciones de estas organizaciones criminales en el DF sirva también a estrategias políticas. Sin embargo, ante el aumento de la violencia y las prácticas típicas delnarco, se pierde la credibilidad, y con ello la confianza de la ciudadanía, la cual después es más difícil de recuperar. Una mejor táctica sería implementar políticas inteligentes para prevenir y abordar el crimen organizado. La transparencia y la rendición de cuentas oportunas deben ser políticas públicas vigentes y presentes.

* Analista en temas de seguridad, justicia, política y educación. Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo:http://eepurl.com/Ufj3n.

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Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/11/27/opinion/026a1pol