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COMUNICADO SOBRE LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

PL_Maria-Herrera-_02El pasado 24 de agosto, las víctimas de tortura, desaparición, desplazamiento interno forzado, trata, violencia sexual, homicidios dolosos, ejecuciones arbitrarias y otros hechos de violencia, participamos en un Conversatorio Nacional1 sobre la reforma a la Ley General de Víctimas.

El conversatorio fue motivado por las pláticas con senadoras y senadores que con toda apertura escucharon nuestra preocupación en relación con la reforma a la ley y nos propusiéramos hiciéramos llegar nuestros testimonios sobre los obstáculos para el cumplimiento de la ley, y especialmente, la experiencia que habíamos tenido en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con ello, convocar a los comisionados a presentar un informe ante las comisiones para tener mayores elementos para la reforma a la Ley.

Al finalizar el Conversatorio, en las conclusiones tuvimos la compañía de senadoras y nos propusieron realizar reuniones con los colectivos de víctimas para presentar nuestros testimonios y a considerar nuestras propuestas, mismas que ya habíamos hecho llegar cuando el 13 de abril de este año entregamos nuestra propuesta de modificaciones a la Ley General de Víctimas.

Los colectivos de víctimas que participamos en el Conversatorio estamos muy atentos al avance de la discusión de la reforma en el Senado y esperando nos inviten a platicar con las comisiones y conozcan de viva voz nuestras experiencias.

Hemos conocido del avance de un documento que contiene algunas propuestas que no se corresponde con lo que acordamos en el Conversatorio, por ejemplo, no estamos de acuerdo que el presidente designe al presidente de la CEAV ni vemos con simpatía que se pida título profesional para ser comisionado, muchas víctimas exigiendo justicia y recorriendo oficinas de gobierno nos hemos especializado en la defensa de nuestros derechos violentados por las autoridades y podríamos aspirar a ser comisionados.

No entendemos por qué se propone no asignar presupuesto fijo al fondo de víctimas, esto nos parece ofensivo porque hemos pedido que haya mayor presupuesto para la atención de todas nuestras necesidades y por el contrario, lo están reduciendo en los hechos.

Con el apoyo de varios senadores y senadoras, propusimos una reforma a muchas leyes para que el gobierno obligadamente nos ofrezca programas de vivienda, salud, educación, desarrollo, la declaración de ausencia por desaparición y no vemos que estas propuestas se estén incluyendo ni lo que propusimos en el conversatorio ni en nuestra iniciativa.

Hacemos un llamado muy respetuoso a las y los senadores a que no aprueben una reforma a la Ley General de Víctimas sin nosotros y ajena a lo que las víctimas necesitamos; les pedimos nos convoquen a platicar sobre lo que debe ser modificado en una ley que se hizo con nosotros y para reconocer nuestros derechos.

1 Organizaciones y Colectivos participantes en el Conversatorio “Derechos de las Víctimas en México”: Artículo 19; Casa del Migrante de Saltillo; Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité contra la Tortura y la Impunidad (CCTI); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Cultura DH- Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos; Equis, Justicia para las Mujeres; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundación Carmen Zamora; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Instituto de Justicia Procesal Penal (IJJP); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Instituto para la Seguridad y Democracia A.C (INSYDE); Red Retoño; Projusticia; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (SMR); Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM); Comité de Familiares de Personas Detenidas, Desaparecidas en México (COFADDEM) ¡Alzando Voces!; Deudos y Defensores porla Dignidad de Nuestros Desaparecidos; Familias de Acapulco en Busca de susfamiliares; Familiares en Búsqueda; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos; Por amor por ellxs; Los otros desaparecidos de Iguala; Red Eslabones por los Derechos Humanos; Solecito de Veracruz.

Colectivos de víctimas y víctimas

  1. Cauce Ciudadano, A.C.
  2. Colectivo Colibrí MPJD
  3. Colectivo Familiares Enlaces Xalapa
  4. Colectivo Solecito Veracruz
  5. Comité de Familiares y Amigos de

Secuestrados, Desparecidos y Asesinados

en Guerrero

  1. Comité “Los Otros Desaparecidos” de

Iguala, Gro.

  1. Desaparecidos de El Fuerte y Zona Norte

A.C.

  1. Desaparecidos Justicia A.C. (Querétaro)
  2. Deudos y Defensores por la Dignidad de

Nuestros Desaparecidos

  1. Enlaces Nacionales (red de veinte

colectivos del país)

  1. Familias en Búsqueda de Acapulco Gro.
  2. Familiares en Búsqueda María Herrera

Xalapa

  1. Familiares en Búsqueda María Herrera

(Colectivo Nacional)

  1. Familiares Desaparecidos Orizaba-Córdoba

(Veracruz)

  1. Familias Unidas en la Búsqueda y

Localización de Personas Desaparecidas

Piedras Negras (Coahuila)

  1. Fundación Erika Lizeth, A.C. (Guerrero)
  2. Grupo Vida. Torreón (Coahuila)
  3. Justicia para Nuestras Hijas A.C.

(Chihuahua)

  1. Programa de Atención a Víctimas de la

UAEM

  1. Red Retoño
  2. Taller de Desarrollo Comunitario A.C.

(Chilpancingo, Gro)

  1. Unión de Familiares de Desaparecidos de

Sinaloa de los años 70’s

  1. Unidos Buscando a Nuestros

Desaparecidos SLP

  1. Unidos por los Desaparecidos de Baja

California A.C.

  1. Angélica Rodríguez Monroy (Morelos)
  2. José Miguel Campechano López (Acapulco,

Gro.)

  1. Maribel Ríos Arias (Acapulco, Gro)
  2. Javier Sicilia Zardaín (Morelos)

Familiares de víctimas de Acapulco, Gro. (secuestro, desaparición y homicidios dolosos)

  1. Gabriela Victoria Gallardo (Acapulco, Gro)
  2. Faustino Rodríguez García (Acapulco, Gro)
  3. Itzel Campechano Becerra (Acapulco, Gro)
  4. Sergio Ceballos Ascencio
  5. Juliana Ozuna García
  6. Ana Margarita Palacios Viniedra
  7. Rigoberto Hernández Alvinez
  8. Jorge Alberto García Lara
  9. Ciro Fuentes Urióstegui
  10. Mónica Vega Lagunas
  11. María Emma Mora Liberato
  12. José Guadalupe Téllez Castrejón
  13. Isabel Zaragoza Mendoza
  14. Floriberta Rendón Salinas
  15. Cirenia Rendón Salinas
  16. Severo Corratitlán Zapoteco
  17. Paula Sánchez García
  18. Cira Valente Gutierrez
  19. Abigail Guillén Valdez
  20. Lidia Lilia Villena Torres
  21. Fermina Flores Martínez
  22. Natividad Ibares Reynoso
  23. Ma. Judith Orozco Ortiz
  24. José Trinidad Beltrán Cruz
  25. Elvia Rosas Ríos
  26. Romelia Galeana Castro
  27. Adriana Martínez Palacios
  28. José Enrique Vega
  29. Patricia Cárdenas
  30. Emilia Flores Martínez
  31. Minerva Medel Mónica

*ReverdeSer Colectivo apoya en la difusión del comunicado y suscribimos el contenido del mismo.

Martha también nos falta

Martha murió de una sobredosis de MDMA a los 15 años en el Reino Unido.

Este es un video hecho por sus amigas y amigos después de su muerte.

Este tributo nos recuerda que las personas que usan drogas no cumplen con los estereotipos estigmatizantes que nos han vendido toda la vida.

 

Martha murió debido al prohibicionismo y nos sumamos al dolor de su madre porque las muertes por sobredosis son también resultado de la guerra contra las drogas.

Después de que Martha murió revisé su historial de internet y encontré que ella había estado investigando sobre como consumir drogas con cuidado. He dicho que “Martha se quería drogar, no quería morir”. Todas las madres y los padres preferirían una de esas opciones sobre la otra. Y mientras que nadie quiere que le vendan drogas a sus hijos, si Martha hubiera conseguido drogas legalmente reguladas para adultos, con advertencias de salud e indicaciones sobre dosis, no habría consumido de 5 a 10 veces la dosis segura.

-Anne Marie (madre de Martha)

En esta página pueden encontrar el testimonio completo de Anne Marie y de otras y otros familiares de personas que han perdido la vida por la guerra contra las drogas en el Reino Unido (en inglés).

Y este es el enlace de la página What Martha Did Next donde Anne Marie plasma su lucha por cambiar las políticas de drogas en el Reino Unido después de lo que sucedió a su hija.

 

Abrir el debate sobre la mariguana, o participar de él

Escrito por Amaya Ordorika.

El pasado miércoles 4 noviembre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en un fallo histórico que la prohibición absoluta del cannabis es excesiva, reconociendo los derechos correlativos al consumo de cannabis de las 4 personas que interpusieron el amparo, es decir “la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana […], excluyendo expresamente los actos de comercio”. Cuatro de los 5 ministros votaron a favor del proyecto del Ministro Zaldívar que declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, de la Ley General de Salud, exclusivamente a lo que se refiere al cannabis.

Poco después del anuncio de la resolución de la Corte, Enrique Peña Nieto declaró que su gobierno respeta el fallo, no obstante, insistió que tiene “alcances relativos, no absolutos” y que no implica la eliminación de las políticas que el gobierno de la República ha mantenido frente a esta planta y quienes se relacionan con ella. Sin embargo, Peña Nieto reconoció que este hecho abre un debate amplio que puede eventualmente desembocar en la regulación del cannabis.

Pero el debate nacional sobre política de drogas y, en particular, sobre la prohibición del cannabis, lleva muchos años abierto y creciendo. Sociedad civil, academia y legisladores han participado activamente en la generación de espacios para la discusión, así como en la aportación de insumos y posturas que alimenten la reflexión.

Por enlistar algunos espacios clave en los que se ha manifestado este debate: la marcha por la legalización de la mariguana se ha realizado anualmente por quince años consecutivos; la Escuela Nacional de Antropología e Historia hospeda el Congreso Historia y Práctica de las Drogas desde el 2011; la Universidad Nacional Autónoma de México realizó el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas en abril de 2012; la Caravana por la Paz del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se llevó a cabo entre agosto y septiembre de 2012, llevaba como uno de sus cinco ejes el debate sobre la reforma de la política de drogas; en septiembre de 2013 se realizó el Foro Tricameral “De la prohibición a la regulación”  en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Senado de la República hospedó el Seminario sobre Cannabis Medicinal en septiembre de 2014; en junio de 2015 se llevó a cabo el Foro Internacional sobre Política de Drogas y Derechos Humanos; en agosto del mismo año se presentó la publicación “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos: la experiencia del continente americano” y en los últimos años se han presentado múltiples iniciativas de reforma a la política de drogas. Y como estos, ha habido muchos esfuerzos más por garantizar espacios para el debate en materia de política de drogas en los últimos años.

Hablar de abrir el debate hoy es ignorar la información, las reflexiones y los argumentos ya vertidos sobre este tema a nivel nacional. Todos estos espacios han sido aprovechados por expertos y expertas en las muchas aristas que rodean el tema de la prohibición de las drogas para compartir opiniones concretas que abonan al debate, han puesto importantes insumos sobre la mesa, abierto preguntas clave y hecho intentos formales por responderlas. Pierde sentido manifestarse en abstracto sobre la necesidad de un debate abierto cuando éste tiene años sucediendo.

En este contexto la resolución de la SCJN no abre el debate, sino que es una aportación muy concreta y clara sobre el tema por parte del poder judicial que manifiesta la postura de la y los ministros de la Primera Sala: es excesiva la prohibición absoluta del cannabis y son inconstitucionales los artículos que la sostienen.

Ahora toca al poder ejecutivo participar de la creación de espacios e insumos para la reflexión en materia de política de drogas, es decir, generar las condiciones necesarias para que este debate pueda seguir creciendo, incluyendo la aportación de información. Cabe mencionar que el único instrumento que mide el consumo de drogas en el país, la Encuesta Nacional de Adicciones, no se ha realizado desde el 2011 y ha sido fuertemente criticada por deficiencias conceptuales y metodológicas. Asimismo, debe prestar atención a la pluralidad de pronunciamientos, como el manifestado en la resolución tomada en la Primera Sala de la SCJN el martes pasado.

Una de las condiciones que se deben garantizar para este debate es la apertura a la diversidad de voces y posturas que lo componen. En este contexto, principalmente debido a las declaraciones del presidente Peña Nieto, sería una contradicción y un claro acto de censura que no se conceda el certificado de licitud de título y contenido a la publicación “Cáñamo La Revista de la cultura del cannabis”.

Sumado a esto, es fundamental considerar que en algún momento próximo, el poder ejecutivo tendrá que posicionarse dentro de este debate. A nivel internacional el Estado mexicano ha llevado desde el 2012 una postura sobre la política de drogas, una postura que mantiene lejos del debate nacional. No obstante, ese posicionamiento, que a nivel internacional aparece a la vanguardia, comienza a debilitarse por la falta de coherencia con las políticas y programas implementados a nivel nacional.

Pronunciarse por la apertura del debate, como estrategia para evitar posicionarse, queda ya muy corto.

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Ending the Drug War Tragedy: From Honduras to NYC

Escrito por Ted Lewis, Director del programa México de Global Exchange, y publicado en Huffington Post

Last June, I traveled to Honduras to confer with civil society leaders about organizing a five-nation, “end the drug war” caravan — all the way from Central America to New York City.

The “caravan” aims to stir debate in places profoundly damaged by the drug war and to bring people and their stories from those regions along the route to New York City just prior to the convening of the United Nations General Assembly Special Session on Drug Policy (UNGASS) next April.

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We knew this trip was guaranteed to be challenging. Honduras has been hit very hard by the drug war. The dramatic profits available to those who traffic in prohibited drugs have fueled the growth of criminal organizations, spurred violence, underwritten pervasive corruption, and bolstered the institutionalized impunity that enables all of it.

But there was a big, hopeful surprise awaiting us in Honduras: the stunning emergence of a powerful civil revolt against government corruption that took to the streets while we were there, and that has been calling for the President’s resignation ever since.

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As I was preparing to travel I had read of allegations that funds were pilfered from thecountry’s social security and health system. This seemed really bad, but I was so focused on travel details and our safety that I failed to understand the depth of discontent that this would unleash.

We were, after all, mapping out an itinerary that included San Pedro Sula — currently one of the world’s most violent cities. From there we’d head to a community meeting with Garifuna leaders, seven hours (and hundreds of kilometers east of my comfort zone) in the sweltering, mafia-dominated lowlands near the Caribbean coast.

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On reflection, it’s not really surprising that discontent has boiled over in Honduras.Extreme poverty is widespread and just a few oligarchs control most of the country’s lands and wealth.

Decades of a heavy U.S. military footprint in the country — and more recently, Hillary Clinton’s back-channel support of a 2009 military coup — have encouraged the enemies of democracy in Honduras.
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US Military Training Honduran Counterparts

Since the 2009 coup, gang violence has surged — adding to the economic pressures that prompt thousands of desperate families to emigrate, or sometimes even send their kids north alone, despite the terrible risks involved.

But the trigger for this summer’s peaceful uprising was the revelation that hundreds of millions of dollars were stolen from the national health system, much of it channeled directly to ruling party political campaigns. Thousands of Hondurans died needlessly due to shortages of medical personnel and medicines. These are the facts behind the outrage that has propelled multitudes of discontented, torch-carrying citizens into the streets.

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As we traveled and spoke with organizations and leaders across Honduras we encountered deep opposition to the militarization and corruption of public life that have accompanied the drug war.

We were especially interested in speaking with Garifuna and other indigenous leaderswho have been among the most outspoken critics of the drug war — even as they have confronted smugglers encroaching on their ancestral lands.

The Garifuna are descendants of escaped African slaves and indigenous peoples who intermarried and settled along Central America’s Atlantic Coast in the 1700’s. They were once isolated, but in recent years have come under intense pressure from unscrupulous tourist development and sprawling African Palm plantations.

Last year, Garifuna in the tiny settlement of Vallecito found a drug-smuggling airstrip built and being operated on their territory.

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Miriam Miranda, leader of the Black Fraternal Organization of Honduras (OFRANEH) stepped in to document and protest the intrusion. OFRANEH pressured the government to shut down the airfield. The army eventually complied, dynamiting large holes to disable the dirt runway.

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But that was not the end of the story. The smugglers returned and started filling the hole with logs and dirt.

When OFRANEH leaders began to document the refurbishing of the airfield, they were seized at gunpoint by sicarios on motorcycles. They were released long hours later, but only because other members of their party had eluded the gunmen, alerted media, and triggered an international campaign for their freedom.

Now, a year later, OFRANEH boldly maintains a permanent encampment on the site to keep traffickers away.

This year, as protests were mounting across the country, OFRANEH held their national leadership meeting at the remote encampment. They invited us to come there to talk with them about working together to end the drug war.

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“Mimo”, who guided us into Vallecito on his motorcycle, points toward a baby crocodile in one of the water-filled craters dynamited into the airstrip.

We agreed about a lot of things: The drug war is a disaster and it is past time to break the taboo on speaking honestly about its impact on people, families, communities, countries, and entire regions.

They explained how parasitic criminal organizations that grew from the hyper-profits of the prohibited drug trade now run other enterprises, like extortion rackets and human trafficking. They launder ill-gotten funds through investments in mining, hotels, agriculture and other superficially legitimate industries.

The OFRANEH leaders are interested in promoting an international discussion of how we could starve the beasts of the drug war through realistic regulation of drugs that aims to dramatically reduce the illegal trade.

We talked about how human rights, public health, and harm reduction practices should be the guideposts of any new, reformed drug policies. But to be clear, no one thought ending the drug war or dismantling the powerful criminal organizations whose money and influence derives from it would be easy. Nor will it be easy for Hondurans to restore democracy and curb the power of the oligarchy.

Open public debate and scrutiny is needed to reveal the truth about the drug war: it is a deadly, decades-long international mistake that cannot be solved by any country on its own. Pragmatic drug policy reforms require concerted international cooperation.

Such reforms will not resolve all the deep tensions roiling Honduras and other countries, but freezing the drug war profit machine via incremental regulation of today’s illicit markets is a critical step toward reducing violence and weakening the networks of corruption and impunity that undermine democracy and deny justice.

The morning I left Honduras I took a taxi from my hotel in San Pedro Sula to the airport. I was in the mood to chat and asked the taxi driver if he ever felt scared doing his job in this most violent of cities. He told me that, “Yes,” he was often afraid and that (pointing to a police car), “the worst part is that you can’t rely on the authorities for help because many of them were working with the criminals. Do you know about the war tax (impuestos de guerra)?” he asked.

“Every business in this city”, he explained, “has to pay a tax to the gangs.”

“Everybody pays”, he emphasized.

“Whether you run a sandwich stand, a dry cleaning shop, a hotel, or a travel agency, you have to pay–or die. In our case, we have about 150 members in our taxi collective and we have to pay 10,000 Lempira [about 500 dollars] a week.”

“What terrifies me,” he continued, “is that the authorities are involved.”

“Let me explain,” he said.

“Every week we take our ‘contribution’ to the local jail. I am not joking,” he insisted.

“But it is even worse than that.” he told me. “One week we had trouble getting our payment together and we arrived late to the jail. The guards told us visiting hours were over and we could not enter. We started freaking out because a missed payment can mean sudden death. So, we called the cell phone of our contact inside the jail. A few minutes later the guards came back out and invited us in to deliver the ‘tax’ payment.”

“So,” he said, “You can see who is really running the show.”

As he dropped me off to catch my flight I was still thinking over the nightmarish implications of what he’d told me. For people trapped in this criminal maelstrom there is really no way out.

The enduring lesson of the 13 years of alcohol prohibition in the United States in the early 20th century is that, whether we approve or not, people will seek out mood-altering substances. We can regulate alcohol, but trying to eliminate it simply incentivized crime and fueled the growth of domestic mafias.

In the early 1930s the U.S. ratified an amendment to the Constitution to rectify the mistake.

Today, there is a growing consensus that the international war on drugs is a similar fool’s errand.

The United Nations Special Session next year is a good forum to push this conversation ahead, but it will take a longer, concerted effort to democratically change minds, hearts, and policies.

That’s why we will travel from Honduras to NYC next year. We invite you to join us, in-person, on-line, and around the world.

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For more information: ted(at)globalexchange.org or caravana2016@gmail.com

Llama ONU a considerar despenalización del consumo de drogas

Por la redacción del portal Aristegui Noticias.

Altos funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamaron a considerar la despenalización del consumo de drogas, para combatir el tráfico ilícito de los estupefacientes y sus consecuencias económicas y sociales.

“Debemos considerar alternativas a la criminalización y el encarcelamiento de gente que use drogas y enfocar los esfuerzos de justicia criminal en aquellos involucrados en la oferta de drogas”, dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

En su mensaje para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el titular del organismo internacional aseguró que el nuevo enfoque para reducir los daños causados por los narcóticos debe ponerse en “la salud pública, la prevención, el tratamiento y el cuidado, así como en estrategias económicas, sociales y culturales”.

Por su parte, el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, expresó durante la presentación del Informe Anual sobre Drogas 2015, difundido este viernes, que “debemos ser honestos y valientes en aceptar que algunas políticas sobre drogas y sobre sentencias necesitan ser revisadas”.

De acuerdo con el informe, 32.4 millones de personas son consumidores de opioides farmacéuticos y opiáceos como la heroína. “Aunque los datos indican que el consumo de heroína y opio se ha mantenido estable a nivel mundial y el de cocaína ha disminuido en general, el consumo de mairguana se ha elevado.

(Con información de Notimex)

Una política de drogas con perspectiva de derechos humanos

Por: Amaya Ordorika (@Amaya903

Todos los días se llevan a cabo violaciones a los derechos humanos en el contexto de la implementación de las diversas políticas de control de drogas a nivel internacional. En nombre de “un mundo libre de drogas” se realizan de manera cotidiana detenciones arbitrarias de poblaciones vulnerables, encarcelaciones masivas, tortura para la obtención de confesiones autoincriminatorias, desaparición forzada, desplazamiento interno forzado y hasta ejecuciones extrajudiciales.

En México la implementación de los acuerdos internacionales en torno al control de drogas se ha centrado en el combate armado a los grupos de crimen organizado dedicados a la producción, distribución y venta de drogas y en la criminalización de las personas usuarias de dichas sustancias. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha señalado que el régimen mundial de prohibición de las drogas y su implementación en México está directamente relacionado con el aumento en la corrupción, la impunidad, la violencia y las violaciones de derechos humanos, y que es por esto que requiere ser evaluado y transformado desde una perspectiva de derechos humanos.

Es por esto que la CMDPDH, así como un amplío grupo de organizaciones internacionales[1] promovieron una resolución de la Organización de las Naciones Unidas en materia de drogas. Y en el 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrado en marzo de este año, se aprobó la Resolución “Contribución del Consejo de Derechos Humanos a la Sesión Especial de la Asamblea General sobre la problemática mundial de las drogas en 2016”. El logro, fue gracias a los países que patrocinaron esta resolución: Albania, Brasil, Colombia, Guatemala, Grecia, Noruega, México, Paraguay, Uruguay y Suiza, reconociendo la necesidad de una resolución que vincule el trabajo del Consejo de Derechos Humanos con el trabajo de la ONU en materia de drogas y realizando el trabajo necesario para garantizar su aprobación.

Dicha resolución es un gran paso en política de drogas y esperamos que sirva como un instrumento para desatar un proceso de reflexión y evaluación de la política de drogas internacional, y sus implementaciones locales, desde una perspectiva de derechos humanos.

Es importante mencionar que las políticas de drogas locales no son decisiones unilaterales de los Estados, sino que han sido resultado de un largo proceso de deliberación entre diversas naciones sobre cómo enfrentar la llamada “problemática mundial de las drogas”. Actualmente, son tres las convenciones internacionales que regulan la producción, distribución y venta de drogas (Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, la y Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988), establecen las bases legales de las políticas de drogas locales. Éstas representan los obstáculos más grandes para que los Estados puedan implementar alternativas al régimen de prohibición de las drogas. Es por esto que es necesario que la evaluación de los impactos de la implementación de las políticas de drogas en los derechos humanos se discuta a nivel internacional.

En 2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará una Sesión Especial sobre drogas (UNGASS por sus siglas en inglés) con el objetivo de evaluar la implementación de la Declaración Política y Plan de Acción sobre drogas de 2009. Este será un momento clave para presentar las observaciones que han realizado diversas organizaciones de la sociedad civil y Estados miembros sobre el impacto de la implementación de las diferentes políticas de control de drogas en los derechos humanos.

No es posible una evaluación completa de los efectos del régimen prohibicionista de drogas sin una mirada enfocada en los derechos humanos. Para esto es necesario preparar insumos para que la discusión que se dé en la UNGASS 2016 esté basada en evidencia sólida de las consecuencias del régimen de prohibición de las drogas.

Una resolución necesaria

La resolución aprobada en el pasado mes de marzo se concentra en señalar la importancia de que el Consejo de Derechos Humanos aporte insumos a la UNGASS 2016, destacando la responsabilidad del Consejo de servir como un foro para el diálogo sobre temas particulares relacionados con derechos humanos y de promover el carácter transversal de los derechos humanos dentro del sistema de la ONU. Subraya que “la problemática mundial de las drogas” es una preocupación común que debe ser abordada desde una aproximación integral, multidisciplinaria y basa en evidencia. Y hace hincapié en que la Asamblea General decidió que la UNGASS 2016 tendrá un carácter inclusivo que permitirá que agencias especializadas de la ONU contribuyan al proceso.

Con base en esto la resolución retoma tres de las propuestas planteadas en la nota conceptual original en las cuales el Consejo de Derechos Humanos:

  • solicita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos que prepare un estudio sobre el impacto de la “problemática mundial de las drogas” en los derechos humanos que se presentará en el 30° periodo de sesiones del Consejo;
  • decide organizar un panel de discusión sobre el impacto de la “problemática mundial de las drogas” en los derechos humanos que se lleve a cabo en el 30° periodo de sesiones del Consejo y que se informe por el estudio presentado por el Alto Comisionado;
  • invita al Alto Comisionado a entregar a la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, por medio de su Director Ejecutivo, las contribuciones del Consejo.

La resolución aprobada es, sin lugar a dudas, un logro. Sin embargo, la exclusión de la solicitud a los procedimientos especiales para que investiguen las intersecciones entre sus respectivos mandatos y el control de drogas representa una desventaja significativa. La UNGASS 2016 presenta una oportunidad para recoger la evidencia de las fallas de la política de drogas y plantear un cambio de rumbo a nivel internacional. Es fundamental que la discusión esté basada en evidencia de los resultados y las consecuencias no deseadas de las políticas internacionales y que tenga un enfoque integral. Es por esto que la resolución representa una oportunidad clave para involucrar entidades de la ONU que no están enfocadas principalmente en el control de las drogas, como los procedimientos especiales, pero que tienen la capacidad de generar y aportar insumos invaluables para este proceso.

  • Amaya Ordorika es parte del equipo de Incidencia de la CMDPDH en materia de políticas de drogas.

  • La definición de droga según la Organización Mundial de la Salud es un “término de uso variado. En medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental y en farmacología como toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos”. Según estas definiciones un sinnúmero de las sustancias que ingerimos a diario son drogas. Sin embargo, para los fines de este artículo consideraremos drogas aquellas sustancias prohibidas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Ver Glosario de términos de alcohol y drogas. World Health Organization [En línea] Disponible aquí.

[1] Como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Reducción de Daños Internacional (Harm Reduction International, HRI) y el Centro Internacional sobre Derechos Humanos y Política de Drogas (International Centre on Human Rights and Drug Policy, HRDP), Comisión Global de Política de Drogas (Global Comission on Drug Policy), entre otras.

Fuente: Animal Político- http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2015/04/06/una-politica-de-drogas-con-perspectiva-de-derechos-humanos/

¿Cómo ayuda la mariguana en los tratamientos para cáncer?

El cáncer es una de las enfermedades que más muertes causa a nivel global y cuya cura no ha sido encontrada y aunque existen formas de tratamiento, ninguna de ellas garantiza la cura permanente. Una de las recomendaciones que se dan de voz en voz y de manera semi-clandestina por doctores, familiares y conocidos en los tratamientos para cáncer, es usar mariguana. Pero,¿cómo se utiliza y por qué sirve?

Hasta donde he investigado, hay tres principales razones para recomendar el uso de cannabis frente al cáncer y/o los tratamientos para el cáncer, y tienen diferentes fundamentos: algunos se basan en usos y costumbres, es decir formas prácticas de experimentación que han mostrado utilidad en casos concretos, y otras tienen fundamento científico y se han construido a partir de árduas y rigurosas investigaciones en centros médicos y universidades de diversos países.

Las tres grandes líneas del uso medicinal de la mariguana en relación al cáncer son: para disminuir los dolores provocados por los tumores, para disminuir las náuseas y el vómito y la más importante (y menos reconocida a los ojos de la opinión pública) es que en los estudios realizados hasta ahora ha mostrado capacidades anti-tumorales, es decir, ayuda a frenar el crecimiento y disminuir el tamaño y número de los tumores en el organismo. Lo que hoy me ocupa es la importancia de la cannabis como apoyo para los tratamientos tradicionales para hacer frente al cáncer, a partir de su efecto antiemético, que quiere decir que inhibe el vómio o la náusea.

Uno de los efectos más conocidos de los tratamientos para cáncer, son las náuseas y vómitos que provocan la radioterapia y la quimioterapia. Estos son tratamientos que, mediante radiación o con químicos inyectados en el organismo, atacan a las células del cuerpo buscando atacar principalmente a las células que han “olvidado” la función de “muerte natural” y se siguen reproduciendo sin mucho sentido y sin cumplir alguna función benéfica para el organismo. Desafortunadamente, la quimio y radioterapia no alcanzan a focalizar su actuación sólo en estas células provocando daños también en otros organismos dentro del cuerpo, y exigiendo un gran uso de energía y del sistema inmune que agotan al cuerpo provocando vómitos y náuseas. Al mismo tiempo estas náuseas y vómito provocan que las personas en tratamiento no puedan comer, y por lo tanto, es difícil cumplir con el gasto de energía que exige este tratamiento.

En este sentido hay dos grandes bondades del uso de cannabis como apoyo en el tratamiento anticancerígeno y que se conjugan en fomentar la habilidad y el antojo de comer en las personas que se encuentran en tratamiento. Por un lado está el efecto antiemético de la cannabis, es decir, que reduce las náuseas y en consecuencia el vómito producido por los tratamientos. Esto permite que el cuerpo asimile de mejor manera los tratamientos y la ausencia de las arcadas y el proceso vomitivo ayuda a ahorrar energía y disminuir el cansancio en pacientes, lo que ayuda a que el cuerpo se mantenga con la fuerza necesaria para aguantar el tratamiento y combatir la enfermedad.

Por otro lado, un efecto ampliamente conocido y difundido de la cannabis y que tiene un gran impacto en los pacientes, es el famosísimo “monchis” que se traduce en un apetito casi insaciable cuando la persona está bajo los efectos de la planta. El “monchis” ha sido adoptado por la “cultura pacheca” y casi siempre es mostrado por las películas y series en las que alguien fuma mota, y es uno de los efectos más parodiados y famosos de la mariguana. A pesar de ser objeto de comedias y sátiras, este efecto en el cuerpo ha sido explicado por diversas investigaciones científicas y juega un papel fundamenta junto con el efecto antiemético para los y las pacientes. Como ya lo mencioné una de las cosas más duras del tratamiento son las náuseas y el vómito, que además de gastar energía y debilitar al organismo, generan también una falta de apetito que no permite a la persona contar con la energía y los elementos nutritivos necesarios para enfrentar el proceso de tratamiento. Así, el “monchis” junto con el efecto antiemético ayuda a que la persona que está bajo tratamiento:
1. Deje de vomitar y padecer las náuseas.
2. Se pueda alimentar adecuadamente.

Esto es un conjunto de efectos que permiten a las y los pacientes de cáncer enfrentar la enfermedad y los tratamientos con un cuerpo menos desgastado y mucho mejor nutrido, lo que fortalece al cuerpo en general y al sistema inmune. Vale la pena aclarar que no esperamos que el uso de la planta sea completamente inocuo al organismo, por lo que recomendamos algunas estrategias de reducción de riesgos para el uso médico de la planta, ya que el cuerpo puede estar especialmente sensible. En todos los casos se recomienda usar dósis pequeñas en primera instancia e ir evaluando si se necesita aumentar dósis:

  1. Usar en vaporizador: Los vaporizadores son aparatos electrónicos que mediante resistencias llevan a la planta a una temperatura ligeramente por debajo de la temperatura de combustión por lo que los aceites esenciales en los que se encuentran los diferentes cannabinoides se evaporan, sin generar dióxido de carbono y demás moléculas contenidas en el humo que pueden ser dañinas para el organismo. Además el vapor es mucho menos dañino para la boca, garganta y pulmones que el humo caliente.
  2. Usar en bong o pipa de agua (preferentemente con hielo): Por un lado, el agua ayuda a enfriar el humo y por el otro funciona como filtro en el cual se absorben varios elementos presentes en el humo. Igual que con el vaporizador, el enfriamiento es conveniente para vías respiratorias y el filtro de agua para el humo ayuda a “limpiar” lo que entra al organismo.

  1. Usar en pipas de vidrio o piedra: Las pipas de madera y metal, igual que los “porros” enrrollados en papel, liberan una gran cantidad de partículas contaminantes propias del material que pueden ser dañinas para el organismo, mucho más que la mariguana misma. (Además hay pipas de vidrio bien bonitas)

  1. Usar en alimentos preparados: la cannabis libera sus componentes esenciales a temperaturas elevadas y en medios grasos, por lo que para prepararla es necesario utilizar aceite o mantequilla. Existen muchas recetas y la mayoría están disponibles en internet, sin embargo, debido al proceso digestivo es más difícil manejar las dósis y los efectos son más tardados por lo que la mayoría de los pacientes prefiere vaporizar o usar el bong, debido a la inmediatez de los efectos.

Además de esto valdría la pena promover e investigar más sobre las propiedas antitumorales, que las mayores investigaciones no han podido concluir nada a fondo, pues son restringidas en los números de muestra que pueden usar y en las capacidades de investigación por la prohibición no sólo del uso de la planta, sino también de su investigación con fines científicos. Para ReverdeSer, los pacientes a quienes se les impide el acceso a plantas con propiedades medicinales, como la mariguana, tambien son víctimas de la prohibición y la guerra contra las drogas.

El prohibicionismo y la violencia en México

Por Amaya Ordorika para ReverdeSer Colectivo

La estrategia internacional de política de drogas, aplicada rigurosamente en México, se ha planteado un mundo sin drogas. Al cuál se propone llegar a través de la prohibición de la producción, distribución, venta y consumo de ciertas sustancias. Sin embargo, lejos de lograr este objetivo, el consumo de sustancias ilícitas no ha hecho más que aumentar, mientras que hemos visto otros efectos sumamente dañinos asentarse sobre nuestras comunidades.[i]

Esta estrategia de prohibición mantiene un negocio de miles de millones de dólares en la ilegalidad, lo cual tiene consecuencias altamente preocupantes:

  • La primera, y quizás la más evidente, es que este negocio, que genera enorme márgenes de ganancia para quienes participan en él, no tiene una forma legal de regulación, por lo que se regula a través de la apropiación territorial violenta. Es decir, las diferentes partes disputan los espacios de venta por medio de la fuerza. Al ser un espacio que está por fuera de la legalidad, al interior también se regula por medio de la violencia.[ii]
  • Sumado a esto, por ser un negocio ilegal, altamente perseguido, las partes usan la violencia no sólo al interactuar entre sí, sino también para repeler a las fuerzas de seguridad del Estado. Esto ha resultado en una carrera armamentista, en la que el Estado y el narcotráfico están continuamente actualizando su equipo para estar más preparado que el otro.[iii] Esto es un negocio redondo para la industria armamentista de Estados Unidos, quien por medio de tratados como la Iniciativa Mérida hace acuerdos millonarios para proveer de armas al Estado mexicano[iv] y que por el otro lado vende armas de manera ilegal a grupos del crimen organizado.[v]
  • Otra consecuencia de mantener este mercado en la ilegalidad es que se favorecen altos índices de corrupción a nivel nacional. Un mercado que genera tantas ganancias, pero que opera en la ilegalidad, necesita funcionarios de todos los niveles de gobierno que, cuando menos, se hagan de la vista  gorda, para lo cual tienen muchos recursos. Desde agentes aduanales y policías municipales, hasta altos mandos del ejército, pasando por todo tipo de funcionarios públicos, han sido presentados con la opción de participar del negocio ilegal y recibir grandes sumas de dinero o ser víctima de alguna forma de violencia.[vi]

En México, hemos asumido la responsabilidad de desactivar las redes de producción y distribución de sustancias ilegales por medio del uso de la fuerza. La prohibición y criminalización de las drogas han empujado al gobierno a enfocar poder económico, judicial y militar en el combate al narcotráfico, en lugar de aplicar estos recursos en la prevención del delito y el castigo de delitos violentos con afectaciones a terceros como el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas.

Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno federal emprendió una ofensiva militar conocida como la “guerra contra el narco”. Esta estrategia consistió en la designación de las personas que participan en cualquier eslabón de la cadena del narcotráfico como enemigos de la seguridad nacional, lo cual ha tenido consecuencias desastrosas. En palabras del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: “El alza en la violencia vinculada al discurso oficial que ha designado a los narcotraficantes como enemigos de la seguridad nacional genera una dinámica en la que el miedo es más importante que la defensa de las garantías civiles, lo que lleva a un deterioro del estado de derecho, donde parecen perder importancia la vida, el debido proceso y la libertad de expresión frente al combate al narcotráfico”[vii].

Esta estrategia se basó en la militarización de la seguridad del país. Esto se dio de dos maneras: la primera fue el despliegue de miles de militares en todo el país para la realización de tareas correspondientes a los órganos de seguridad pública y la segunda fue la sustitución de titulares de instituciones de seguridad pública por militares en activo o en retiro.[viii] Esto sumado al discurso de enemigo público es particularmente preocupante, debido a que la formación militar consiste en la eliminación del enemigo. En este contexto el estado de derecho quedó relegado y se volvió suficiente acusar a alguien de ser narcotraficante para ser encarcelado, e incluso asesinado, a manos del ejército, sin que fuera necesaria mayor explicación.

La militarización del país que se radicalizó durante el sexenio de Calderón tuvo efectos, u objetivos no oficiales, graves. Entre ellos podemos destacar que sirvió como mecanismo de control social y sobre los recursos naturales.[ix] Sumado a esto, lejos de reducir la violencia, las denuncias de violaciones a derechos humanos aumentaron exponencialmente en los lugares con mayor presencia del ejército.

La situación de violencia que vivimos hoy en México es en gran parte resultado de las políticas en materia de drogas aplicadas en el país. Es por esto que es importante participar del debate de política de drogas. Hablar de política de drogas es hablar de violencia, de derechos humanos, de criminalización y marginación de la juventud, de las personas en condiciones de pobreza y a la protesta social. No es un tema de “pachecos” y “delincuentes”, es un tema de todos y de todas.


[i]  Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas: “Asumiendo el Control: Caminos hacia políticas de drogas eficaces” 2014, disponible en:

https://reverdeser.files.wordpress.com/2014/11/c6218-global_commission_es.pdf

[ii]  Brombacher, Daniel “This is what you get. Mercados ilegales y violencia en América Latina” Policy Paper, Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Disponible en:

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09230.pdf

[iii]  Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas: “Guerra a las drogas” 2011, disponible en:

http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_Spanish.pdf

[iv]  Carlsen, Laura, “Suspensión de fondos de la Iniciativa Mérida salvará vidas”, 2013, Programa de las Américas, disponible en: http://www.cipamericas.org/es/archives/10295

[v]  Tourliere, Mathieu “México, territorio abierto a las armas” 2013, Proceso, disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=337637

[vi]   Soberon, Ricardo, “Corrupción, narcotráfico y fuerzas armadas: una aproximación para América Latina”, Transational Institute, disponible en: http://www.tni.org/es/article/corrupci%C3%B3n-narcotr%C3%A1fico-y-fuerzas-armadas-una-approximaci%C3%B3n-para-am%C3%A9rica-latina

[vii]   Posicionamiento de la Plataforma de Política de Drogas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, disponible en: http://movimientoporlapaz.mx/es/2013/10/01/la-politica-de-drogas-en-mexico/

[viii]   Acosta Urquidi, Mariclaire. “La impunidad crónica de México: Una aproximación desde los derechos humanos”. CDHDF. México, 2012. Pp. 71. Ver también, ICG. Peña Nieto’s challenge: Criminal cartels and rule of law in Mexico. International crisis group, 2013. Pp. 16

[ix]  Carlsen, Laura, “Las mujeres al frente de los movimientos contra la militarización”, Programa de las Américas, disponible en: www.cipamericas.org/es/archives/3436

Consumir sin delinquir

Artículo de Catalina Pérez Correa para la Revista Nexos
Profesora-investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

Por todas partes se escucha decir que en México no se penaliza el consumo de sustancias ilícitas. Esta afirmación es engañosa, por decir lo menos. Si bien en México “consumir” no es un delito, los consumidores cotidianamente son criminalizados y sancionados por el derecho penal. Empiezo por contar tres casos reales de consumidores criminalizados, omito detalles por razón de espacio y para guardar la identidad de los involucrados.

Caso 1. Cuatro amigos deciden salir a comprar marihuana al municipio contiguo al que viven. Les han dicho que en el sitio al que se dirigen venden producto más barato y de mejor calidad. Compran mil 800 gramos de marihuana que pretenden repartir entre los cuatro. De regreso a su municipio son detenidos e inspeccionados en un retén. Al encontrar la marihuana los cuatro son detenidos y puestos a disposición del ministerio público local donde son acusados por transporte de marihuana, delito que lleva una pena mínima de 10 años y una máxima de 25.

Caso 2. Un hombre de entre 40 y 50 años sufre un episodio de depresión cuando su padre muere y su esposa lo abandona. Uno de los síntomas de su cuadro es tener ataques de ansiedad y pánico. Un amigo le recomienda tomar —y le provee— Rivotril®, un medicamento que contiene Clonazepam, sustancia controlada que puede ser comprada en farmacias con receta médica e indicada para la epilepsia y los ataques de pánico. El hombre es detenido y encontrado con dos pastillas de Clonazepam. Al no tener receta médica que acredite la procedencia del medicamento, es acusado de posesión simple, delito que lleva aparejada una pena mínima de cuatro años y una máxima de siete.

Caso 3. Un hombre joven es detenido y registrado por la policía cuando camina por la calle. Se le encuentran dos cigarrillos de marihuana en uno de los bolsillos. Es arrestado, subido a una patrulla, paseado un rato por la ciudad y puesto a disposición del ministerio público donde se determina que los cigarrillos pesan 4.1 gramos. Se inicia una averiguación previa pero tras nueve horas de arresto es puesto en libertad por estar dentro del rango permitido por la Ley General de Salud.

En los tres casos se trata de consumidores —aun cuando podríamos pensar que la cantidad de los amigos del caso 1 era excesiva para el consumo personal de los involucrados, pido al lector(a) que asuma que eran consumidores (primodelincuentes) y sin fin ulterior al del consumo—. En los tres casos el consumo llevó a los involucrados a cometer un delito “contra la salud” y justificó su detención, procesamiento, y en los primeros dos casos, la imposición de severo castigo penal (con todos los costos sociales y personales que implica). Así, llegamos a una primera conclusión: decir que el consumo de sustancias ilícitas no está penado en México no es lo mismo que decir que los consumidores no son criminalizados y sancionados penalmente en nuestro país.

Entre 2009 y 2013 fueron detenidas, por la PGR a nivel nacional, 140 mil 860 personas por consumo de sustancias ilícitas. En ese mismo lapso fueron iniciadas, también por consumo, 52 mil 74 averiguaciones previas en el sistema federal.1 En 2013 solicitamos información sobre personas detenidas por consumo de sustancias ilícitas a las 32 entidades federativas. Obtuvimos respuesta de 28 estados. De éstos, 16 proporcionaron la información solicitada, mientras que seis proporcionaron información sobre narcomenudeo y otros cuatro respondieron desconocer la información requerida. En los estados que proporcionaron la información solicitada hubo un total de cuatro mil 708 detenidos por consumo entre 2009 y 2012, aunque hay que recordar que el plazo para implementar la reforma en materia de narcomenudeo vencía en 2012 y que varias entidades no aplicaban la ley de narcomenudeo antes de ese año.2

¿Porqué fueron detenidas y procesadas estas personas por una conducta que no es delito? De acuerdo con el derecho actual, la posesión de sustancias ilícitas, para cualquier fin y en cualquier cantidad, es un delito. En casos de posesión para consumo (de algunas sustancias y sólo en determinadas cantidades) la ley establece que el ministerio público no hará una acusación penal frente a un juez por el delito (Ley General de Salud o LGS, artículo 475-II). Sin embargo, en esos casos, la ley ordena la detención del consumidor y la intervención de las instituciones penales. Decir que los consumidores son criminalizados significa que, en casos de posesión para consumo, el aparato penal se pone en marcha y trata a los consumidores como criminales: la policía detiene al consumidor y lo presenta ante el ministerio público, aunque no se sancione penalmente (con cárcel o de otra forma). El joven del caso 3 está en este supuesto: fue arrestado y detenido en la agencia del ministerio público mientras se determinaba su liberación, se inició una averiguación previa y después fue liberado.

La fórmula es extraña y moralmente cuestionable. ¿Cuántas conductas que no son delito permiten —o peor, obligan— la detención y procesamiento de quien las comete? Los casos que vienen a la mente son contados. Un ejemplo es conducir en estado de ebriedad, que en el DF no está tipificado como delito pero sí se ordena el arresto del infractor. Y no sorprende dado el elevado número de personas fallecidas anualmente en accidentes automovilísticos que involucran alcohol. De acuerdo con la Secretaría de Salud, cada hora hay en promedio un muerto y 20 lesionados por accidentes viales en el país. Los accidentes viales son la primera causa de muerte en personas de 5-14 años y la segunda causa de muerte en personas de 15-35 años. Entre 40% y 60% de los accidentes de tránsito mortales están relacionados con el consumo de alcohol (SSA, Conapra). Pero incluso tratándose de una conducta sumamente riesgosa, que puede producir graves daños a la salud y propiedad propia y ajena, no se ordena el arresto penal. La persona no es puesta a disposición de ministerio público, sino de un juez cívico. Los infractores son obligados a permanecer en arresto administrativo —en el famoso “Torito”— que si bien es horrible —me han contado— no es igual a las celdas de una agencia del ministerio público —he visto más de un par—. Nunca se usa al ejército para realizar esas detenciones sino a la policía.

Los consumidores de sustancias ilícitas reciben un trato “especial” por nuestro sistema legal. No son criminales pero son tratados como personas riesgosas que deben ser contenidas y apartadas de la sociedad con toda la fuerza del Estado. Son marcados por su condición y dejados a la discrecionalidad de nuestras instituciones penales.

El problema de la criminalización de los usuarios es agravado aún más por los umbrales de posesión máximas establecidas en la LGS que resultan en la detención, procesamiento y sanción —como narcomenudistas— de consumidores que posean cantidades mayores a las toleradas. En estos casos, a diferencia del supuesto del caso 3, no hay tolerancia. Los consumidores que portan cantidades mayores a las permitidas (como en el caso 1), o que traen cualquier cantidad de las sustancias no contempladas en la tabla de la LGS (caso 2) son detenidos y procesados por posesión en modalidad de narcomenudeo.

Los datos son reveladores. Entre 2009 y 2013 fueron iniciadas 87 mil 746 averiguaciones previas por delito de posesión en el fuero federal (la mayoría con detenido —lo que nos dice que probablemente fueron casos de flagrancia).3 También solicitamos información sobre esto en los estados y encontramos que entre 2009 y 2013 fueron detenidas, por lo menos, 48 mil personas por narcomenudeo (no todos los estados dieron información). De éstas, 11 mil 977 fueron detenciones por posesión simple (ver gráfica) —aunque hay que señalar que de las 25 procuradurías que dieron información sobre posesión sólo 14 aportaron información específica sobre posesión simple, así que la cifra podría ser mayor.

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Los casos de posesión simple nos informan sobre posibles consumidores parecidos a los casos aquí relatados. El delito de posesión simple se acredita cuando “por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente”. En otras palabras, en los casos de posesión simple no hay una intención de venta o distribución, ni siquiera de compartir lo que se porta. La simple posesión es el delito meritorio de mínimo cuatro años de cárcel.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2011), la prevalencia anual4 en el consumo, de cualquier droga, de la población encuestada fue de 1.8%. Si la ENA es representativa de la población nacional entre 12 y 65 años, ello significa que alrededor de un millón 200 mil personas habían consumido alguna sustancia ilícita en el transcurso del año anterior al levantamiento. En nuestro sistema legal, sin embargo, toda conducta previa al consumo (poseer, cultivar, suministrar, fabricar, etcétera) es delito. Esto significa, salvo que alguien les haya detenido el churro o la sustancia involucrada mientras consumía, que tenemos más de un millón de delincuentes libres o, visto desde el otro lado, más de un millón de personas usuarias expuestas a la arbitrariedad de nuestras instituciones penales.


1 PGR vía infomex, folios 0001700136313 y 0001700169413.

2 Véase Pérez Correa et al., Consumo y consumidores de drogas ilícitas en México, Cuadernos de Trabajo Programa de Política de Drogas, CIDE, 2014.

3 Vía infomex 0001700157814.

4 Se refiere a personas que han consumido drogas o presentado síntomas o diagnóstico de dependencia en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta.