Abriendo el debate sobre las drogas: el papel del Estado

Argumentos claros y probados sobre por qué la penalización de la droga debe ser reemplazada por una acción del Estado que influya tanto en lo público como en la vida privada de los posibles consumidores.

Hernando Llano Ángel*

Los problemas de la prohibición

La principal consecuencia de la política prohibicionista y de la llamada “guerra contra las drogas” ha sido entregar la regulación de la cocaína y otras sustancias ilícitas al crimen organizado. Así sucedió también cuando, en un exceso de puritanismo de los legisladores norteamericanos, sustentados en prejuicios racistas y en la ignorancia, estos prohibieron con una enmienda constitucional el consumo de licor en 1920.

Uno de los adalides de esta prohibición fue el representan­te a la Cámara por el Estado de Alabama, Richmond Pearson Hobson (1870-­1937), héroe de la guerra hispanoamericana y autor de un libro con el sugestivo título de Drogadicción: un maligno cáncer racial.

Entre los ar­gumentos que este esgrimió en el Congreso a favor de la prohibición del alcohol estaban que “una investi­gación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico” y una “droga creadora de hábito”. También le aplicó otros epítetos como “veneno protoplásmico” y “asquerosa excreción de un organismo viviente”. Además, sostuvo que “el licor convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delitos no naturales”. Según Pearson, el hombre blanco tiene la misma tendencia, pero “por el hecho de estar más evoluciona­do, le toma más tiempo llegar al mismo nivel”.
La forma más efectiva de descriminalizar el narcotráfico es sobrepolitizando todo lo relacionado con la producción, comercialización y consumo de las drogas ilícitas

La prohibición del alcohol en Estados Unidos se tradujo en un aumento exponencial de la violencia, el crimen y la corrupción política en las principales ciudades. Los legisladores norteamericanos habían entregado la satisfacción de una necesidad más o menos lúdica y social (acompañar las conversaciones, fiestas y veladas con bebidas alcohólicas) al crimen organizado.

Es decir, la regulación de una de las más antiguas necesidades humanas de socialización e interacción (en la que incurrió incluso Jesús de Nazaret con el milagro de la conversión del agua en vino) se le entregó al crimen organizado y se responsabilizó solo a la Policía y al sistema judicial por su control y represión.

Se le quitó a los adultos su responsabilidad por el cuidado de sus propios cuerpos, salud y vida, para entregársela casi que exclusivamente a la Policía y a los jueces. Así se fue cayendo en un Estado policivo y punitivo, sustentado más en la fuerza y la represión que en la confianza, la autonomía y la responsabilidad de sus propios ciudadanos.

Cuando se criminalizó el consumo de licor las consecuencias para la seguridad de los ciudadanos y las instituciones políticas fueron tan funestas que en 1933 los legisladores derogaron la enmienda prohibicionista y optaron por la regulación estricta de la producción, comercialización y consumo del licor, como sucede hasta nuestros días.

Descriminalizar el narcotráfico, sobrepolitizar la droga

De manera semejante a cómo se hizo con el alcohol en Estados Unidos, habría que hacer hoy con la marihuana y la cocaína: descriminalizarlas y ser reguladas por el Estado, como lo está haciendo Uruguay. Esto le arrebata al crimen organizado la regulación de la marihuana y no permite que las mafias sigan controlando este mercado mediante la violencia y la corrupción, con perjuicio para la sociedad en su conjunto.

Esta estrategia podría ser la formulación, entre paradójica y escandalosa, de una de las principales ideas debatidas en el Segundo Foro Regional sobre Política de Drogas, realizado en Cali los días 19 y 20 de marzo de 2015.

Es un hecho que por la regulación criminal los colombianos hemos pagado un altísimo costo en vidas de líderes políticos, magistrados, jueces, miembros de la Fuerza Pública, mujeres y hombres anónimos. Además, por ella se ha consolidado una connivencia nefasta entre la criminalidad y la política, expresada en la narcoparapolítica y la generosa financiación del conflicto armado interno, donde los límites entre la delincuencia política y la común se traslapan. Todo esto sin subestimar los cientos de miles de hectáreas de bosques tropicales devastados y de ecosistemas destruidos.

Como decía Julián Wilches en el foro mencionado, citando al periodista Gerardo Reyes, la misma DEA tuvo que convenir con “Rasguño” (Hernando Gómez Bustamante) que no interrumpiera el flujo de cocaína que su organización criminal enviaba a Nueva York, para evitar que aumentara el crimen por las violentas disputas internas que generaba su escasez.

Por todo lo anterior es imperioso descriminalizar el narcotráfico. Entre otras cosas, porque solo cuando ello suceda empezarán a descender las gigantescas ganancias que genera este comercio mortal. Bien lo señalaba Milton Friedman, premio nobel de economía de 1976: “si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto”. El precio aumenta en relación directa con el riesgo y la represión que conlleva dicha economía ilícita.

Estrategia en lo público y lo privado

La forma más efectiva de descriminalizar el narcotráfico es sobrepolitizando todo lo relacionado con la producción, comercialización y consumo de las drogas ilícitas en sus dos principales dimensiones, la pública y la privada.

En la pública, hay que hacerlo como lo ha hecho Bolivia con el reconocimiento constitucional de la hoja de coca con toda su dimensión cultural y ancestral, en tanto planta vital y sagrada para su población indígena, que no debe ser criminalizada ni estigmatizada bajo el paradigma prohibicionista eurocéntrico. En el ámbito legal, el Estado ecuatoriano ha hecho algo similar

Como recomienda  Ricardo Soberón urge una estrategia unificada de todos los Estados latinoamericanos para que en la próxima Asamblea General sobre Drogas, a la que concurrirán 191 Estados en marzo de 2016, se avance en la dirección descriminalizadora y se profundice la estrategia reguladora.

También mediante campañas educativas y preventivas claras y coherentes, dirigidas especialmente a los y las adolescentes, se les debe informar sobre los riesgos potenciales que implica para su salud, integridad y desarrollo humano el consumo temprano de cualquier tipo de drogas, desde las socialmente aceptadas, como el tabaco y el alcohol, hasta las ilícitas.
El Estado debe asumir una función educadora, formativa y preventiva, con un enfoque de salud pública, en lugar de la hoy predominante de carácter punitivo y represivo.

Es decir, el Estado debe asumir una función educadora, formativa y preventiva, con un enfoque de salud pública, en lugar de la hoy predominante de carácter punitivo y represivo. Para mayor eficacia y coherencia, el Estado debería coordinar dichas campañas formativas y preventivas con organizaciones de la sociedad civil, el sistema educativo y el versátil entramado de los nuevos medios y las redes sociales.

En la esfera privada, en sincronía con el Estado y los gobiernos locales, se pueden generar condiciones para que en los espacios familiares, escolares e incluso íntimos se estimule la reflexión, el debate y la formación de jóvenes cada vez más autónomos, responsables, vitales y seguros de sí mismos, como una de las mejores estrategias para prevenir, disuadir y controlar el consumo de drogas y sus graves secuelas para la salud.

Es en la doble dimensión de lo público y lo privado que cabe hablar de una sobrepolitización del complejo problema del consumo y abuso de las drogas. Al final, de lo que se trata es de la definición y disfrute de horizontes de vida cada vez más plenos y libres en lo social y lo personal, a partir de de decisiones políticas tomadas de manera autónoma y no impuestas autoritariamente, tanto en la esfera individual como en la estatal.

Esto es lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en algunos Estados norteamericanos, como Colorado, Oregon y Washington, donde la ciudadanía, mediante consultas y referendos, ha aprobado el uso terapéutico y recreativo de la marihuana.

*Profesor asociado del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Universidad Javeriana de Cali. (ellano@javerianacali.edu.co)
Fuente: Razón Pública- http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/8373-abriendo-el-debate-sobre-las-drogas-el-papel-del-estado.html

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