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La paja en el ojo ajeno… EEUU recortó dinero a México por quejas de derechos humanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos recortará a México parte de los recursos que cada año le otorga a través de la Iniciativa Mérida para combatir el problema de las drogas, debido a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas, reveló hoy al diario The Washington Post.

“El Departamento de Estado ha decidido que México no logró alcanzar algunos de los objetivos enfocados a  los derechos humanos, lo que provocó un corte de millones de dólares en ayuda”, expone el diario en una nota firmada por el periodista Joshua Partlow y en la que no especifica de cuánto será el recorte.

En diciembre de 2008, México y Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre laIniciativa Mérida, para contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza en ambos lados de la frontera.

Entre las instituciones que están involucradas se encuentran el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI, la agencia antidrogas DEA y por parte de México: el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Esta semana autoridades de los dos países hicieron una revisión, entre otros, sobre los avances de este acuerdo.

Fuentes exclusivas revelaron al diario que el recorte afectaría a una pequeña parte de los fondos anuales antidrogas dadas a México. “Esto [recorte] es una clara señal de la frustración de Estados Unidos, esto se dio luego de que México ha sido sacudido por varios casos de presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero”, detalla The Washington Post.

A través de la Iniciativa Mérida, un programa estadounidense para apoyar la lucha de México contra los cárteles de la droga, se han destinado 2,300 millones de pesos desde 2008 para equipos como helicópteros y sensores fronterizos, así como programas de capacitación para los miles de funcionarios mexicanos.

“El 15 por ciento del dinero previsto para el Ejército y la policía mexicana está sujeta a las disposiciones que tenga el país de avanzar en la protección de los derechos humanos, incluyendo la aplicación de normas contra la tortura y el enjuiciamiento de las personas de las desapariciones forzadas”, detalla el medio.

Para liberar ese dinero, añade, el Departamento de Estado está obligado a explicar al Congreso de los Estados Unidos el desempeño de México y decir qué medidas está tomando para hacer frente a esos problemas. “Pero este año, las autoridades optaron por no escribir ese informe. La financiación total de la Iniciativa Mérida para el año fue de 148 millones”.

“Es una decisión muy importante que ellos han hecho”, dijo al diario estadounidense Maureen Meyer, experto en México de la Oficina de Washington para América Latina. “Muestra cómo los Estados Unidos están preocupados por la situación de los derechos humanos en México”.

En 2010, revela The Washington Post, el Departamento de Estado y el Congreso habían analizado el tema de los recursos destinados a México en la iniciativa Mérida debido a las preocupaciones por violaciones a los derechos humanos que desde entonces existían, pero esos fondos finalmente fueron proporcionados después de que México tomó medidas, tales como la aprobación de leyes de derechos humanos y la limitación de la jurisdicción de los tribunales militares. “Este año, en cambio, México perdió el dinero”.

“De vez en cuando los países no son capaces de cumplir con los criterios de notificación exigidos por el Congreso”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado en respuesta a una pregunta sobre la ayuda que se otorga a través de la iniciativa.

Con los años, los diplomáticos estadounidenses han expuesto el mejor historial de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas para mantenerlos como socios dispuestos a colaborar en la guerra contra las drogas. “Esta vez, la decisión del Departamento de Estado para desviar fondos de la Iniciativa Mérida hacia Perú se hizo sin ninguna crítica pública hacia México.

“Ellos [autoridades de EEUU] han manejado esto más con pinzas que con martillos”, dijo Eric L. Olson, experto en América Latina en el Centro Internacional Woodrow Wilson, en Washington. “Pero es innegable que envía una señal de que los Estados Unidos no está del todo contento”.

El diario señala que el último informe anual del Departamento de Estado sobre los derechos humanos, en 2014, resaltó que ha habido numerosas denuncias de que las autoridades mexicanas “cometieron asesinatos arbitrarios o detenciones ilegales, a menudo con impunidad”. También describe las acusaciones de tortura y desapariciones por las fuerzas de seguridad.

¿QUÉ DICE MÉXICO?

Sobre el recorte de dinero para la iniciativa, The Washington Post le preguntó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su opinión al respecto y la dependencia federal dijo que la certificación de Estados Unidos de sus esfuerzos por respetar los derechos humanos, conocido como el “Informe de 15 por ciento” es “una obligación impuesta por el Congreso de Estados Unidos sobre el gobierno. No es una obligación que México tiene que cumplir”.

“La política de México es para observar el Estado de Derecho y para demostrar respeto absoluto a y la protección de los derechos humanos”, expuso la SRE en su comunicado difundido por el medio.

En los últimos años, refiere el rotativo, la violencia del narcotráfico se disparó y luego se redujo ligeramente, soldados y agentes de policía regularmente han sido acusados ​​de matar a civiles inocentes, torturar a los testigos y el uso de cantidades desproporcionadas de fuerza en su lucha cárteles de la droga.

En varias partes del país, indica, el Ejército mexicano se ha hecho cargo de las tareas de protección primaria después de que se disolvió la policía municipal, ya que se habían infiltrado integrantes de bandas de narcotraficantes a las corporaciones.

“A pesar de años de la Iniciativa Mérida y los esfuerzos de los Estados Unidos ha hecho para trabajar con el Gobierno mexicano para mejorar la justicia y la rendición de cuentas, ha habido poco progreso”, dijo al diario estadounidense Tim Rieser, asesor de política exterior del senador Patrick J. Leahy. “La Ley Leahy prohíbe al Gobierno de Estados Unidos proporcionar ayuda a las unidades militares extranjeras que cometen violaciones en contra de los derechos humanos”, añadió.

UNA SERIE DE EJECUCIONES

El caso más reciente de los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas implica la desaparición el año pasado de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. “El gobierno mexicano afirmó que la policía municipal de la ciudad de Iguala, Guerrero, detuvieron a los estudiantes, los mataron y quemaron sus cuerpos en un basurero”, recuerda The Washington Post.

La publicación también señala que los investigadores convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyeron el mes pasado que los estudiantes no podían haber muerto incinerados en el basurero de Cocula – como concluye la “verdad histórica”-, y describieron que los soldados supuestamente fueron testigos de la violencia, pero no intervinieron. “Los investigadores observaron un caso mal manejado y los testigos afirmaron haber sido torturados”, según el informe.

“Todo el mundo sabía que [el Gobierno] era el centro de atención en este caso”, dijo Tim Rieser al medio . “Sin embargo, ellos [autoridades mexicanas] trataron de encubrir y ocultar lo que pasó. Muestra la cantidad de impunidad que existe allí y la creencia de que puede salirse con la suya”, subrayó el asesor político al medio.

En el recuento de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de las autoridades. The Washington Post retoma la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, donde el Ejército mexicano estuvo implicado.

“Grupos de derechos humanos también han compilado las acusaciones de que testigos de los asesinatos fueron torturados después del ataque en Tlatlaya. Tres soldados se enfrentan a cargos de homicidio en el incidente y siete policías estatales han sido acusados ​​de tortura”, dice el texto.

En enero, continúa el diario con el recuento, las fuerzas federales presuntamente mataron a 16 civiles en Apatzingán, Michoacán.

Aunque estas cuestiones han suscitado preocupación en Washington, describe el diario, los escándalos no parecen haber generado mucha presión para cambiar la financiación más amplia de Estados Unidos a México.

“Con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, expuesto a intensas críticas internas, el hundimiento de su aprobación, con una economía cojeando y una difícil situación de seguridad en su país, la administración Obama tiene cuidado, explicó al periódico Carl Meacham, director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Ellos [Gobierno de EEUU] no quieren agravar una situación que ya es muy sensible”.

Pero dada la serie de presuntos abusos cometidos por parte de las autoridades mexicanas “es imposible no hacer caso a la realidad”, dijo a The Washington Post Stephanie Erin Brewer, coordinador del Departamento Internacional en el Centro Prodh. “Esto sin duda es un mensaje muy fuerte para México”, sentenció.

Fuente original: Sin embargo, publicada en http://www.eldiariony.com/2015/10/18/eeuu-recorto-dinero-a-mexico-para-iniciativa-merida-por-quejas-de-derechos-humanos-reporta-wp/

Mañana ante CIDH casos Ayotzinapa, política de drogas y ejecuciones extrajudiciales

Dentro del calendario de audiencias públicas, se analizarán casos relacionados con México y mañana a la 13:15 horas, los integrantes del GIEI el Centro Prodh y Tlachinollan presentarán la “Investigación y Primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició hoy las audiencias correspondientes al 156 Período de Sesiones y concluirán el 23 de octubre, en la sede del organismo en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, (OEA) en Washington, DC.

Dentro del calendario de audiencias públicas, se analizarán casos relacionados con México y mañana a la 13:15 horas, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como el Centro Pro de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentarán la “Investigación y Primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”.

A las 14:30 horas toca el turno a “Derechos Humanos y políticas de drogas en México”, a la que asisten la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México Unido contra la Delincuencia, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, **Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CuPIHD), Espolea, El Caracol AC, ReverdeSer Colectivo, Robert Kennedy Human Rights y 4 organizaciones más **.

De las 15:45 a las 16:45, continuará la audiencia “Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México”, donde participarán Article 19, capítulo México, Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Human Rights Watch, WOLA, y otras 23 organizaciones.

Antes, de 11:30 a 13:00 horas se presentará la audiencia sobre el caso de Manuel Santiz Culebra y otros, relacionado con la Masacre de Acteal en la que participan la organización Las Abejas de Acteal, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

En todas las anteriores asistirán representantes del Estado Mexicano, quienes expondrán sus observaciones a los casos referidos.

El jueves 22 de octubre de 17:45 a 18:30 se realizará la audiencia Derechos Humanos e intercepción de personas elegibles para la protección internacional en la que participan diversas organizaciones, entre ellas dos mexicanas que son: Sin Fronteras IAP México y Clínica de Derechos Humanos del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH).

Mientras que el viernes 23 de octubre se presentará la audiencia Los derechos humanos y el agua en América en la que participarán el Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño A.C.” (BARCA-DH), México, New Mexico Environmental Law Center, entre otras organizaciones de carácter internacional.

En el siguiente enlace puede consultarse el calendario completo de las audiencias: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-156-audiencias-es.pdf

Mientras que las audiencias podrán seguirse en vivo por su página en Internet http://www.oas.org/es/cidh/
además de que los videos de dichas transmisiones estarán disponibles posteriormente en la página Web de la CIDH.

Cabe mencionar que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El organismo tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia y está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente de la noticia: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=541233&idFC=2015#sthash.xHOYL1Uz.dpuf

Fuente de la Imagen: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-156-audiencias-es.pdf

Agregadas por el blog

Ve el trailer de #MirarMorir: El Ejército en la Noche de Iguala

Una película de Ojos de Perro vs. la Impunidad, A.C, en colaboración con Cuadernos Doble Raya.

Imagen tomada del trailer de Mirar Morir

Mira el Trailer de Mirar Morir: El Ejércico en la Noche de Iguala.

El 27º Batallón de Infantería y otras fuerzas federales vigilaron cada movimiento de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, en la jornada del 26-27 de septiembre del 2014. Los miraron morir tranquilamente. Y ser detenidos y llevados rumbo a la desaparición.

A lo largo de un año, el Ejército ha retenido las informaciones que posee, sin ayudar a rescatar a los normalistas o aclarar su destino. No es algo inusual: como instrumentos de represión contra movimientos sociales y como cómplices de grupos criminales, los militares en Guerrero han mirado y perpetrado desapariciones, asesinatos, torturas y matanzas a lo largo de medio siglo en que ha dominado la vida local, vinculados en negocios con caciques políticos y jefes del narco.

La trágica noche de Iguala fue la consecuencia de un estado general de violencia e impunidad en el que las maniobras de encubrimiento alcanzan los niveles de gobierno más altos del país, y en el que la Procuraduría General de la República no sirve para buscar justicia, sino para engañar a la sociedad.

The 27th Infantry Batallion and other federal forces surveilled every movement of the Ayotzinapa students in Iguala, in the journey of September 26 and 27, 2014. They calmly watched them die. And be detained and taken to disappearance. All along this year, the Army has withheld the informations it keeps, unhelpful to rescue the students or clarify their fate. This is not inusual: as a repression tool against social movements and as an accomplice to criminal gangs, the military in Guerrero has watched and perpetrated disappearances, murders, torture and masaccres, for the half-century it’s dominated local life, linked in business to caciques and druglords. The tragic night of Iguala was the consequence of a general state of violence and impunity in which the cover-up manouvers reach Mexico’s highest levels of government, and in which the Republic’s General Attorney’s office is not looking for justice, but to mislead society.

Premiere: 20 de octubre del 2015.

Producción, investigación, reportaje y guión: Témoris Grecko; Dirección: Coizta Grecko B; Fotografía: Juan Castro Gessner, Brenda Razo, Luis Alberto Castillo, Humberto Ibarra, Pepe Jiménez, Matthieu Comin, Bernardo Torres, Paris Martínez, Luis Cortés, Alejandro Guerrero, Témoris Grecko y Coizta Grecko B; Edición: Damián Mendoza; Música original: Juanjo Rodríguez; Investigación y reportaje adicionales: David Espino, Laurence Cuvillier, Paris Martínez, Fernando Miranda, Brenda Razo, Marco Antonio García Velázquez; Animación: Tania Rojas, Alide Macías.

facebook.com/MirarMorir

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=eQolfFfKWjU&feature=youtu.be

Jornada de Acción Global de Indignación por Ayotzinapa: #26S Día de la Indignación

Por todos lados fue derribada la “verdad histórica” que dejó expuesta la responsabilidad del gobierno mexicano y su complicidad que pretendió dar carpetazo a la investigación para la búsqueda de los 43 normalistas.

La falsa hipótesis de que los incineraron en el basurero de Cocula y los nuevos indicios de las investigaciones del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes, confirman lo que los padres y las madres vienen repitiendo a los cuatro vientos: Fue el Estado, hay que buscarlos hasta encontrarlos, el ejército estuvo involucrado, Ayotzinapa no es un hecho aislado, falta la verdad y la justicia. Por estas razones no podemos perder la esperanza.

El 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa; también de su búsqueda en vida, de esta exigencia de justicia. Un año de lucha y esperanza; de jornadas innumerables en decenas de ciudades en México y todo el mundo para cambiar las condiciones, para detener la impunidad que nos tiene el día de hoy sumidos en esta terrible tragedia.

Por ello es de vital importancia continuar el apoyo a los padres y madres de los normalistas desaparecidos, a sus compañeros estudiantes, es tiempo de redoblar la solidaridad.

Llamamos a organizaciones, colectivos, sindicatos, universidades, escuelas, artistas, comunidades de fe, a los pueblos del mundo, a las juventudes, a la sociedad en general: obreros/as, campesinos/as, amas de casa, desempleados/as, niños/as, personas de cualquier edad… a quienes buscan verdad y justicia: juntemos todas nuestras voces, acciones y corazones, juntemos toda nuestra indignación en esta jornada septembrina por Ayotzinapa.

Acciones

Ayuno de 43 horas de los padres y madres por la presentación con vida de los 43.

Del miércoles 23 a las 19:00 horas al viernes 25 de septiembre a las 14:00 horas, en el Zócalo capitalino.

Asistamos sumando, voces, víveres, agua, cobijas… Esta jornada será posible con la solidaridad de todos y todas.

Tanto en México como en el extranjero se están organizando acciones, registra la tuya en el siguiente enlace: http://goo.gl/forms/dHd65A7zU5

MARCHA DEL DÍA DE LA INDIGNACIÓN.

Sábado 26 de septiembre 12:00 horas, de los Pinos al Zócalo. Este día se conmemora un año de los sucesos de Ayotzinapa.

Asiste a la marcha y lleva una carta dirigida a los padres y madres de los normalistas con palabras de ánimo. Llenemos las redes con el hashtag #MeIndigna

Difunde el VIDEO donde se contrastan las dos versiones de los hechos: la de la PGR y la del GIEI de la CIDH y donde también se convoca a la Marcha del día 26 de septiembre: https://youtu.be/R5tkTk0jkW8

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS DE VUELTA!

¡NUNCA MÁS UNA LUCHA AISLADA!

tráfico de droga en autobuses era habitual donde desaparecieron 43 estudiantes

Autobuses entran y salen de la estación mexicana de Iguala (sur) cargados de pasajeros y, según fuentes consultadas por la AFP, a veces también de droga ocultada en cajas de huevos, una situación que investigadores independientes creen que pudo haber motivado la desaparición de 43 estudiantes.

La misteriosa ausencia en las investigaciones oficiales mexicanas de un quinto autobús que fue tomado por los estudiantes de Ayotzinapa la fatídica noche del 26 de septiembre del 2014 levantó las sospechas del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estima que podría ser un “elemento central” para entender el brutal ataque.

La toma de buses de los jóvenes para viajar a una manifestación en la Ciudad de México “podría haberse cruzado con la existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese autobús”, esgrime el informe de la CIDH, que pide a las autoridades que abran esta línea de investigación.

El gobierno ha dicho que ya seguía esta línea pero que, al ser “muy delicada” y por la “presión social”, decidió no difundirla públicamente.

De hecho, la “verdad histórica” que la fiscalía dio sobre el caso fue diferente.

La dependencia aseguró que los chicos fueron atacados por policías de Iguala compinchados con el cártel Guerreros Unidos y luego bárbaramente asesinados por los narcos porque creían que dos de los jóvenes pertenecían a una organización rival. También ha responsabilizado al alcalde de Iguala y a su mujer, presuntos altos mandos del cártel, de los hechos.

Para reforzar su hipótesis de que los jóvenes pudieron haber recibido un castigo por atentar “contra intereses de alto nivel”, el informe de los investigadores independientes cita un caso judicial en Estados Unidos de diciembre de 2014 en el que se acusa a ocho presuntos miembros de Guerreros Unidos -que usaban celulares con el prefijo de Iguala y comunidades colindantes- de haber traficado droga en autobuses comerciales hasta Chicago.

Una fuente de la fiscalía mexicana confirmó a la AFP que Guerreros Unidos usa habitualmente autobuses de pasajeros para transportar paquetes con droga, principalmente goma de opio que luego se transforma en heroína, a Estados Unidos.

“La meten en cajas de huevos, de detergente o como si fuera (un servicio de) paquetería, no sólo como equipaje” y también usan mulas, dijo la fuente, teniendo en cuenta que el estado de Guerrero es la mayor zona de producción de amapola de México.

Los autobuses toman rutas que salen desde la violenta subregión “de Tierra Caliente hasta la frontera con Estados Unidos”, culminando el viaje principalmente en Chicago, y el dinero de las ganancias regresa a México de manera similar, según esta fuente.

Ubicada a un lado del bullicioso mercado municipal, unos 60 autobuses entran y salen cada día de la céntrica terminal ‘Estrella Blanca’, de donde los estudiantes de Ayotzinapa tomaron los buses hace un año.

Transportar droga “es una práctica (a la) que se recurre mucho en los autobuses. Te dicen ‘lleva este paquete y entrégalo'”, dijo a la AFP un chófer de la compañía Estrella Roja, a la que pertenecía el quinto autobús de los chicos, aunque aseguró que él nunca lo ha hecho.

Todos los autobuses de Estrella Roja que salen de Iguala van al estado de Morelos (centro), la otra zona de influencia de Guerreros Unidos donde han sido capturados varios implicados en el caso.

Otro veterano chófer de la empresa Costa Line, línea que también fue tomada por los estudiantes, dijo que muchas veces se aprovecha el camarote del conductor para esconder la droga.

Aunque “ya no es tan fácil, porque la policía federal hace revisiones sin avisar con perros” y, pese a la generosa paga que ofrecen los narcotraficantes, “nada vale tu libertad”, acota.

La AFP contactó a la empresa EcoTER, responsable de Estrella Roja, y a Costa Line pero no quisieron hacer comentarios.

“Este es un método bastante sencillo de esconder droga, requiere muy pequeño volumen pero tiene muy alto valor y en las estaciones de autobús hay mucha menos vigilancia que en los aeropuertos”, apunta el exoficial del servicio de inteligencia mexicano Alejandro Hope.

En ‘Estrella Blanca’, que ahora recibe visitas esporádicas de la policía federal, cinco empleados de una empresa de seguridad privada realizan rápidas inspecciones a los equipajes de los pasajeros sin ayuda de maquinaria ni perros.

Paralelamente, un presunto miembro de Guerreros Unidos en Iguala del que la AFP no pudo comprobar independientemente su identidad, explicó que la organización ha llegado a traficar droga en autobuses hasta tres veces por semana con cargas de hasta 90 kg.

La droga se mete “en los autobuses, en cajas de (360) huevos, empacada en bloques” y se lleva hasta varios puntos del país, describe el hombre de rostro rasguñado, que ya quiere salirse del “negocio”.

“Los (policías) municipales sabían” que los buses salían de Iguala cargados de droga, pero tenían un acuerdo económico para dejarlos pasar. “Siempre que había algo, nos avisaban”, asegura.

Y la fatídica noche del 26 de septiembre, “los compañeros dicen que sí, que varios autobuses (que tomaron los estudiantes) llevaban droga”, afirma.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/policia/mexico-trafico-de-droga-en-autobuses-era-habitual-donde-desaparecieron-43-estudiantes_ghYWy4vGxe6o3zT95Cm5Q5/

Fuente de la imagen: http://otrosmundoschiapas.org/materiales/2014/10/ilustraciones-de-otros-mundos-a-c-en-solidaridad-con-ayotzinapa/

Ayotzinapa está en zona de cultivo de drogas de México para EEUU, denuncia Gaviria

México ha evitado denunciar que la escuela de Ayotzinapa, donde estudiaban 43 jóvenes para magisterio rural desaparecidos hace nueve meses, está en una zona violenta por el cultivo de amapola para producir heroína exportada a EEUU, denunció el ex presidente de Colombia (1990 -1994) César Gaviria.

“En México no hay ninguna tendencia a responsabilizar a los EEUU de nada; me sorprendió con la muerte de los estudiantes en Ayotzinapa que nadie dijera que en esa zona hay cultivos de amapola que derivan en heroína con destino a EEUU”, dijo desde Bogotá el ex mandatario y ex secretario general de la OEA (1994-2004) en entrevista con el semanario mexicano Proceso, publicada este domingo.

México ha padecido unas 100.000 muertes por el narcotráfico en ocho años y los jóvenes fueron masacrados el 26 de septiembre por policías y narcos confabulados con el alcalde de Iguala, en las montañas de Guerrero, según la investigación federal; pero el presidente Enrique Peña actúa “como si fuera sólo un problema de México y como si nadie más tuviera que ver”, señala Gaviria.

“No, perdón, esa es una zona tradicionalmente productora de opio, que se vuelve heroína y que se exporta a EEUU; ellos tienen una responsabilidad, pero nadie dice esas cosas”, denuncia el ex mandatario que combatió al colombiano Cártel de Medellín en los años 90.

México “no ha querido meter en su política internacional la dimensión de la política de drogas, lo cual es absurdo por el problema de seguridad pública que tiene; es su principal problema, su más grande problema”, dijo Gaviria, quien ahora impulsa una crítica a la política de EEUU por un cambio en las políticas antidrogas de Washington hacia el mundo.

El 95% de la cocaína que decomisan en EEUU procede de México y de Colombia: “si uno tiene esa realidad, ¿dónde está el éxito de la política antidrogas?”, se pregunta Gaviria, quien promueve un nuevo enfoque internacional junto con otros expresidentes latinoamericanos de Brasil, Chile y México.

En EEUU 60% de los presos fuma mariguana, “¿si no pueden controlar eso en las cárceles, cómo lo van a controlar en las calles?”, ironiza el líder liberal.

“No tiene sentido que México no use su política exterior para presionar cambios en las políticas de consumo de drogas (…), y (el presidente Enrique) Peña Nieto como que ignora eso”, señala Gaviria, quien ha sumado a su crítica a EEUU al ex secretario general de la ONU Kofi Annan.

Gaviria reemplazó en 1989 como candidato presidencial del Partido Liberal a Luis Carlos Galán, asesinado por el Cártel de Medellín, y tres meses después, el jefe de esa mafia Pablo Escobar también intentó matarlo a él, haciendo estallar un vuelo de Avianca Bogotá-Cali, que Gaviria nunca tomó, donde murieron 110 personas.

El nivel de violencia que practicaba el Cártel de Medellín “era muy superior al que hoy practican los cárteles en México”, dice Gaviria, quien negoció en 1991 el encarcelamiento de Escobar, fugado en 1992 y abatido por la policía en 1994.

Más que las hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, la cantidad de droga incautada o el número de arrestos, “lo importante debe ser la reducción los daños relacionados con la prohibición: el crimen, la violencia, la corrupción y las violaciones a los DDHH”, define.

“Colombia y México tienen que hacer una cosa importante: pedirle a EEUU que cambie y que acelere sus decisiones en política antidrogas, porque no nos puede tener en la ficción de que todavía están el prohibicionismo”, afirma el ex mandatario de 68 años.

Pone como ejemplo que 23 estados de EEUU ya tienen mercados legales de mariguana para uso medicinal y 17 despenalizaron la posesión personal de esa droga para fines recreativo, a través de referendos.

“Entonces el debate de drogas en EEUU se reduce a que la política fracasó y hay que ensayar otra cosa, tan simple como eso”, puntualiza Gaviria.

México y Colombia deben decir a EEUU: “Ustedes tienen que cambiar de política. Miren nuestros muertos. Ustedes tienen una mayoría ciudadana que quiere cambiar de políticas. ¡Cámbienlas!” puntualiza el expresidente.

Comentario del colectivo: a pesar de los errores en los planteamientos del expresidente Gaviria como llamarle asesinados a los estudiantes actualmente desaparecidos consideramos relevante difundir esta información

Ayotzinapa y el fracaso del “Momento Mexicano”

Por Paula Martínez Gutiérrez y Camila Ruiz Segovia @camruizs

Hoy, 26 de junio de 2015 se llevará cabo el planton 43×43 frente al de Palacio Bellas Artes a nueve meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural en Ayotzinapa, Guerrero. Desde el pasado 8 de octubre, la sociedad mexicana y la comunidad internacional han exigido, mediante diversas jornadas de protesta, la reaparición con vida de los estudiantes y la impartición de justicia contra los culpables. La búsqueda de los estudiantes ha generado nuevas preguntas, pero en medio de la confusión, hay un aspecto que ha quedado en claro: este evento es la prueba más brutal de la descomposición social y política que ha caracterizado a México en los últimos años. Los sucesos en Ayotzinapa han puesto en duda el llamado “Momento Mexicano”, y han evidenciado los altos niveles de corrupción y la profunda colusión de los cárteles de droga con el Estado Mexicano.

En México, los actos de violencia son parte de la vida cotidiana. La guerra contra el narcotráfico, declarada por el entonces presidente Felipe Calderón en el año 2006, ha causado un doloroso reajuste en la sociedad mexicana. Lo que comenzó como una guerra entre el ejército y los cárteles de droga ha mutado para convertirse en un conflicto extremadamente complejo, en el cual están involucrados cárteles rivales, gobiernos locales, instituciones federales, grupos de autodefensa y otros actores políticos. El resultado ha sido la normalización de la violencia: violaciones a los derechos humanos se viven día con día y éstos van desde secuestros, extorsiones, abusos sexuales, masacres, amenazas y desapariciones forzadas de ciudadanos. En el 2012, se calculaba que entre 60,000 y 120,000 personas habían muerto a causa de la guerra contra el narcotráfico, de acuerdo con estimaciones oficiales y con cifras de organizaciones internacionales, respectivamente.

El incremento de violencia ha afectado gravemente la percepción de los mexicanos hacia la legitimidad de su gobierno. A nivel internacional, la violencia en México desalentó la inversión privada, el turismo nacional, y las relaciones con el extranjero. En un esfuerzo por remediar el vertiginoso desplome nacional, Enrique Peña Nieto ha impulsado numerosas reformas que buscan promover el desarrollo económico del país, y así reintegrarse en la economía global. Estas reformas se enfocan en los sectores fiscales, de telecomunicaciones y energéticos, y han dado la impresión de que México es un centro de innovación y desarrollo. Es este proyecto lo que el gobierno de Peña Nieto ha llamado el Momento Mexicano: una serie de campañas que buscan restaurar la legitimidad política del gobierno, así como cambiar la narrativa de México como un posible estado fallido, a una de México como país emergente.

La ilusión del Momento Mexicano se desvaneció tras los sucesos en Ayotzinapa. El 26 de septiembre, policías locales de la ciudad de Iguala dispararon contra 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los cuales juntaban fondos para cubrir los costos de pasaje a la Ciudad de México, en donde se realizaría una protesta pacífica. Durante el incidente, seis estudiantes fueron asesinados, mientras que otros 57 fueron capturados por la policía, y trasladados en patrullas fuera de la escena. Desde entonces se desconoce su paradero. Catorce de ellos lograron escapar tras un par de días, declarando que la policía había entregado al resto de sus compañeros al cártel local “Guerreros Unidos”. El 4 de octubre, mientras el paradero de los estudiantes seguía sin darse a conocer, las autoridades encontraron una fosa con 28 cuerpos exhumados en las áreas aledañas a Iguala. Dado que el estado de Guerrero es el más peligroso de México, muchos asumieron inmediatamente lo peor: la identidad de los cuerpos pertenecían a los estudiantes desaparecidos.

Con el avance de las investigaciones, las escalofriantes conexiones del cuerpo policial con los eventos en Ayotzinapa han salido a la luz. Después de varias interrogaciones, 22 policías confesaron su complicidad con los Guerreros Unidos. Mientras tanto, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se dio a la fuga con su esposa, María de los Ángeles Pineda, quien resultó ser hermana de uno de los principales líderes de los Guerreros Unidos. No fue sino hasta cinco semanas después que fueron encontrados. El 4 de Noviembre, el gobierno anunció finalmente la aprehensión del alcalde y su esposa en Iztapalapa, Ciudad de México.A pesar de la magnitud de los sucesos, el gobernador de Guerrero se lavó las manos y no asumió responsabilidad alguna. Unas semanas después de los eventos en Ayotzinapa, Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia, y abandonó su puesto como gobernador de Guerrero a finales de octubre.

Si bien los episodios de violencia suceden diariamente en México, los eventos de Ayotzinapa desataron una gran indignación en el país, y atrajeron la atención de los medios internacionales. La indignación impera debido a que este evento no sólo fue un acto de violencia cometido en contra de ciudadanos, sino que atentó contra estudiantes aspirantes a convertirse en maestros de áreas rurales en el país; jóvenes activistas comprometidos a hacer un cambio. Éste no es un acto aislado resultado de la guerra contra el narcotráfico, sino un crimen cometido en colaboración con las autoridades mexicanas, aquellas cuya principal responsabilidad es garantizar la protección de civiles. Por estos motivos, es esencial identificar a este crimen por lo que es: un crimen de Estado.

Imanol Ordorika Sacristán, político y activista social mexicano, enfatiza la importancia de señalar la participación del Estado mexicano en los eventos de Ayotzinapa. En este episodio, las autoridades hicieron uso de la fuerza en contra de la ciudadanía mediante la criminalización de la protesta, así como con la desaparición forzada y el asesinato de individuos, con el fin de inducir terror y parálisis colectivo en la sociedad mexicana. Peor aún, las autoridades no han rendido cuentas. La evidente falta de transparencia y continua impunidad caracterizan el manejo que reciben los crímenes cometidos en México.

Irónicamente, las acciones gubernamentales que obstruyeron el derecho ciudadano a la protesta de los jóvenes de Ayotzinapa, desataron una respuesta social incontenible hasta ahora. Desde el ocho de octubre, la comunidad ha mostrado su solidaridad mediante enormes protestas, exigiendo conocer el paradero de los estudiantes. Valeria Hamel, una estudiante mexicana y activista, quien desde el 2012 ha participado ampliamente en el movimiento estudiantil de #YoSoy132, señala que a pesar de que hubo una lenta respuesta inicial, las acciones ciudadanas y la presión mediática han logrado que el gobierno tome cartas en el asunto.

El director de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz, ha recomendado a Peña Nieto que dirija de modo inmediato y transparente las investigaciones sobre el caso de Ayotzinapa y los terribles abusos de derechos humanos que suceden en México día a día. En un país donde en los últimos diez años se ha visto un incremento del 600% en niveles de tortura, Amnistía Internacional señala que la prevalencia de impunidad entre las autoridades mexicanas solo contribuye a la decadencia de las condiciones sociopolíticas en México.

Las acciones tomadas por la comunidad internacional no se han limitado a recomendaciones por parte de organismos no-gubernamentales. La Unión Europea ha clasificado la revisión del caso de Ayotzinapa como materia urgente; además, ha suspendido el proceso de extensión del Acuerdo Global que tenía con México. La Unión Europea ha declarado que, antes de discutir acuerdos económicos, el gobierno mexicano primero debe garantizar los derechos humanos de su ciudadanía.

He aquí el mayor temor de Peña Nieto: los eventos de Ayotzinapa podrían colapsar la imagen del “Momento Mexicano”. Los intentos para recuperar la reputación de México en el extranjero y restar importancia a los horrores de la guerra contra el narcotráfico, han perdido toda su fuerza. Desde la perspectiva del Presidente, tanto la desaparición de los estudiantes como la reacción ciudadana han restablecido la visión que se tenía de México en el sexenio previo: un Estado corrupto que no se logra salvar de una guerra ya perdida. Ahora que las relaciones económicas se han visto afectadas, ¿será posible que la ilusión del Momento Mexicano continúe después de la crisis de Ayotzinapa?

La realidad es que el Momento Mexicano nunca llegó. Sin importar cuántas reformas aprueben las cámaras legislativas, o cuántas campañas mediáticas insistan en el nacimiento de un nuevo México, el Momento Mexicano no llegará mientras el país esté sumido en la violencia. La guerra contra el narcotráfico está muy lejos de darse por terminada, y la violencia que ha desatado se ha convertido en un problema sistémico. La evidencia de la complicidad entre los cárteles de drogas y el Estado mexicano demuestran que la situación ha alcanzado un nivel alarmante: hoy, los policías y gobiernos locales son presa de los intereses de los cárteles. Mientras el gobierno mexicano siga siendo incapaz de rendir cuentas, sea corrupto y participe activamente en actos de violencia, el verdadero desarrollo económico del país no tendrá lugar.

La constante presencia de la sociedad mexicana en la escena política durante este último mes ha presionado al gobierno federal a esclarecer las causas de la tragedia. Por consiguiente, los estándares de los exámenes de confianza para policías se han elevado considerablemente. La atención a estos controles es de suma importancia, ya que éstos fungen como métodos preventivos en contra de la cooperación policial con los cárteles. Ciertamente, la idea de un México estable es concebible, pero lograrlo requerirá la revisión detallada de todas las instituciones mexicanas, para asegurar que realmente atiendan los intereses de la sociedad mexicana. El descubrimiento de otras nueve fosas comunes demuestra la urgencia de comenzar inmediatamente a trabajar para lograr cambios genuinos.

El camino hacia un verdadero Momento Mexicano es largo, y desgraciadamente la situación nacional es desalentadora. Tristemente, los estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados mientras recaudaban fondos para atender la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil de 1968. Es inaceptable que este tipo de violaciones contra los derechos humanos persistan en el país, y que se lleven a cabo con completa impunidad. Como mexicanos, viviendo tanto dentro del país como en el extranjero, es nuestro deber romper este ciclo. Esperemos que los eventos de Ayotzinapa sirvan como ultimátum para comenzar un verdadero cambio radical.

Este texto se publicó originalmente en la revista universitaria Brown Political Review bajo el título “Ayotzinapa: Exposing the Fallacy of the Mexican Moment”.

Paula Martínez Gutiérrez y Camila Ruiz Segovia son mexicanas estudiantes de licenciatura en Brown University. Paula y Camila crecieron en la Ciudad de México, y ambas son graduadas (generación 2011-2013) de los Colegios del Mundo Unido (UWC) de Hong Kong e Italia, respectivamente. Actualmente, Paula estudia el segundo año de carrera en Relaciones Internacionales e Historia, mientras que Camila es estudiante de primer año en Ciencias Políticas y Artes Visuales.

Fuente: El Beisman- http://www.elbeisman.com/article.php?action=read&id=440

¿Por qué no lo vamos a superar? Plantas de poder y política. Parte I

Por Fermín Valenzuela

Entre las distintas actividades que hubo con la ola de manifestaciones a partir de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un colectivo de maestros de la UNAM decidió hacer clases al aire libre. La dinámica básicamente consistía en que cada maestro tomaba el micrófono durante unos cuantos minutos y exponía desde el área que mejor manejara, siguiendo cierto eje temático relacionado con los 43 y la situación del país. En fin, en un momento, antes de hacer un descanso se hizo la pregunta a los asistentes de por qué no vamos a superar esto que está pasando, como burdamente planteara el presidente.

www.youtube.com/watch?v=7v5Zur5hHFE
La respuesta es obvia si, a diferencia del presidente, se tiene un poco de empatía. No se puede pedir que se superen hechos tan graves como si se tratara de una banalidad o un accidente sin víctimas, como picarle el ojo a alguien.

Sin embargo, en este texto quiero plantear otra respuesta. No podremos superar ni esta crisis ni esta política de Estado basada en la violencia, mientras validemos la guerra contra las drogas por medio de la prohibición de cualquier ser vivo.

A mí parecer, lo que subyace a la violencia que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional, tiene que ver directa y concretamente con el control de las plantas (y hongos) de poder. También podríamos decir que está el TLC, la mímesis del gobierno con el hampa, el narco estado dirigido por el gobierno de EU, y bueno, el capitalismo mismo, pero concentrémonos en las protagonistas silenciosas y fotosintéticas de la violencia.

Vayamos por pasos aquí. Antes de hablar de sustancias tenemos que hablar de seres vivos. Se puede tratar de plantas, hongos, ¡o incluso ranas! Estos seres vivos de distintos reinos son los que producen las sustancias que después son sintetizadas o procesadas. Para hacerlo se utilizan distintos tipos de químicos, desde ácidos hasta gasolina, haciéndolos pasar por distintas temperaturas.  Por eso no es lo mismo hablar de la planta de coca que de la cocaína, obtenida de un proceso químico, o de la amapola y la heroína. Consideremos que tenemos por un lado a seres vivos y por otro, sustancias derivadas y sintetizadas a partir de ellos.

Ninguna prohibición sobre cualquier sustancia y/o planta ha logrado la desaparición de la misma y mucho menos la desaparición de su consumo. A menos de que a lo que se quiera llegar con la prohibición de ciertas sustancias sea la extinción de ciertas plantas u hongos (¡o ranas!), en el discurso no hay un fin claro de la misma ¿Cuándo se va a concluir como exitosa una prohibición entonces? El proceso económico que se prohíbe simplemente no desaparece. Lo que se logra en primer lugar es inflar su precio e ilegalizar su mercado, y al volverse ilegal pero lucrativo, entran las armas para asegurar que el capital fluya. En los hechos es bastante claro que hay un fin político y económico. La producción de “drogas”,  juega un papel muy importante dentro de la división internacional del trabajo y es de las excusas preferidas desde Nixon, para justificar apoyo policíaco-militar, o dictar línea a países subyugados por parte de EU. También hay casos como Afganistán, que se volvió el primer productor de amapola después de la invasión estadounidense a principios de siglo, que deberían de hacernos reflexionar sobre el papel que juega EU en este mercado. Otro dato curioso: Iguala es una capital mundial del cultivo de Amapola.

Creo que hay ciertos lugares comunes dentro de la discusión por la legalización de las drogas, que para los familiarizados en el tema tal vez ya les canse escucharlos, pero para el resto señalaré dos puntos que vale la pena que mencionar.

Primer lugar común de la discusión: La palabra droga es engañosa. Proviene del árabe andalusí  hatruka, que quiere decir charlatanería. Hay un sentido peyorativo implícito en el uso de la palabra droga. En el ámbito legal mexicano se usa erróneamente la palabra narcótico para referirse a las sustancias que tengan un efecto que altere la percepción de los sentidos, sin considerar que un narcótico es una sustancia que adormece el sistema nervioso central. Pensemos en los alcaloides, por ejemplo.  Sustancias cuyo nombre acaban en ína, como la cocaína, entrarían como narcóticos, y su efecto más bien estimula el sistema nervioso central. Legalmente no hay siquiera un vocabulario correcto para designar sustancias. La palabra droga mete en el mismo saco a hojas, raíces, semillas, alcaloides,  alucinógenos, narcóticos, entéogenos, químicos, sin mayor discusión. Más peligroso que confundir peras y manzanas. Si pensamos que una droga es una sustancia que produce dependencia física y/o sicológica, varias sustancias quedarían descartadas de antemano y aun así se les relaciona con la palabra ¿cuántos grupos de autoayuda existen para adictos al peyote? Simplemente la palabra confunde. Sin embargo, para no zambullirnos en los pormenores dela clasificación, tengamos en  mente a lo largo dela lectura tan sólo tres plantas de poder (llamémoslas así) que a mí parecer, son predominantes en la cuestión que estamos tratando, ya que también de ellas se derivan una vasta cantidad de sustancias: la mariguana, la coca, y la amapola.

Segundo lugar común de la discusión: Si el alcohol –que también se produce a partir de la fermentación de ingredientes vegetales- es causante directo de muertes y accidentes pero es legal, y en cambio, es imposible que la marihuana pueda producir una sobredosis que lleve a la muerte, entonces, no hay un criterio consistente para prohibir o legalizar una sustancia, sea de origen o no vegetal. ¿Por qué una sustancia es legal y otra no? El caso ejemplar es la prohibición del alcohol en los años 20, que llevó a que personajes como Al Capone a enriquecerse con su distribución ilegal, entre otras cosas. No por nada Obama llamó a Felipe Calderón “un Elliot Ness” en su cruzada contra las drogas. Obama lo hizo tal vez sin ser consciente de lo acertado que era la comparación entre dos representantes del gobierno en una cruzada cuyo resultado principal es la violencia y el lucro ilegal.
Mi tesis es que la influencia de las plantas de poder no empieza ni acaba en el mundo de la psique, su influencia es igual de fuerte en el mundo de lo social. Su poder para nada se limita a la “alteración de los sentidos”. Tienen una fuerza real en el mundo y ha sido usurpada por el dinero. Su estatus jurídico concretiza la relación que como sociedad mantenemos con ellas. La salud de esta relación se refleja en la salud de nuestras propias relaciones. Los miles de muertos y desaparecidos desde que se declaró la guerra contra las drogas nos dice algo del estado de esta relación.

¿Por qué no lo vamos a superar? Porque hay muchas cosas más que no hemos superado, si pensamos  que las drogas son las que están matando a las personas y no las balas. Si queremos que acabe la guerra contra el pueblo pero no atendemos la contradicción que encierra el hecho de prohibir plantas, estamos mirando la punta del iceberg. La prohibición es un mecanismo de control social cuyo elemento  más peligroso y efectivo es el consenso en la sociedad civil. Que la gente señale y criminalice a los usuarios en la calle, todos los dramas familiares por un toque escondido, y demás situaciones por el estilo, forman el espiral de la dinámica social que está del otro lado de una actividad económica que se mueve con balas como parte de una estrategia geopolítica, cuando se podría tratar tan sólo de plantas medicinales y sus derivados químicos que, esos sí, generan dependencia. Podría ser un asunto de salud pública y no de seguridad (otro terreno común en la discusión, no por eso menos válido). Apoyar la prohibición es aceptar la esquizofrenia discursiva del Estado, señalar como culpables a plantas por sus propiedades de nuestra mala salud como sociedad.
Si queremos exigir y hacer valer el derecho a la vida que tienen los humanos en general, y en particular de nuestros hermanos desaparecidos en manos del Estado o el narco (para el caso es lo mismo), tenemos que reconocer el derecho a la vida de los seres que les dan poder y les generan dinero a estos. La prohibición es muerte y guerra. Legalicemos.

Al respecto de la negación al derecho a la vida de otros seres como parte de la crisis que vivimos quisiera ahondar sobre el tema de las “drogas”, la producción de carne,  la comida, y la otredad. Pero eso será en una nueva entrega.

Mariguana legal en EU genera cambio en estrategia del narco

Los productores mexicanos aumentan sus cultivos de amapola al enfrentar la competencia.
El avance de la legalización de la marihuana en Estados Unidos y la creciente demanda de heroína de ese país están dando un giro al mercado de las drogas en su vecino y gran proveedor México, advierten expertos.
Los decomisos de cannabis en las aduanas de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo, “representaron el 94% de la totalidad de las incautaciones de dicha droga” en 2013 en todo el mundo, indicó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo de Naciones Unidas, en su informe anual más reciente, presentado esta semana.
Más de 1,000 toneladas de esa droga se decomisan anualmente al ser traficadas entre México y Estados Unidos por su frontera de 3,140 kilómetros, la más transitada del mundo.
Pero esta dinámica parece ir caducando ante el avance de la legalización de la marihuana en Estados Unidos, incluido su consumo recreativo, ya aprobado en cuatro estados y la capital.
“Conforme va a avanzar la producción doméstica esto afectará la producción en México”, señala Javier Oliva, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los productores mexicanos “van a buscar incrementar sus exportaciones a Europa y las posibilidades de consumo dentro del país”, pronostica.

De la marihuana a la amapola
Las ventas al menudeo de marihuana en Estados Unidos representaron un negocio de unos 41,000 millones de dólares en 2010, según reportó ese gobierno el año pasado.
Los cárteles mexicanos, fracturados por años de disputas y la caída de sus principales líderes (en esta última semana fueron detenidos Servando Gómez La Tuta y Omar Treviño Z-42), saben que deberán compartir el mercado de la marihuana con sus nuevos competidores estadounidenses, que ya producen hierba de mejor calidad.
Así, narcotraficantes mexicanos están mudando sus cultivos del verde del cannabis al rojo encendido de las amapolas, apuntando hacia el mercado de la heroína estadounidense, que en 2010 generó unos 27,000 millones de dólares.
El consumo de heroína en Estados Unidos “se ha incrementado debido al estricto control en la prescripción de medicamentos opioides”, dijo este martes Alejandro Mohar, miembro de la JIFE, al presentar el informe en Ciudad de México.
“Los consumidores de drogas adictos a los opiáceos recurren cada vez más a la heroína, que normalmente es más fácil de obtener y más barata que los opioides de venta con receta”, precisa la JIFE, que advierte a su vez de un descenso de los consumidores de cocaína en los últimos años en Estados Unidos.
Los efectos de estos cambios pueden estar sintiéndose ya a unos pocos miles de kilómetros al sur.
Tan sólo en la región mexicana de Tierra Caliente en Guerrero, donde los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron a manos de narcotraficantes coludidos con policías, se incrementó “casi en 300%” la producción de amapola en el último lustro, acotó Oliva.
Esta tendencia también se da en otras regiones como Durango, que junto con sus vecinos Chihuahua y Sinaloa forman el llamado “triángulo dorado”, una de las zonas históricas de plantación de droga.
La siembra de amapola ya ha rebasado a la de marihuana con proporciones de “tres por uno”, dijo Adolfo Domínguez, un mando militar desplazado a la zona.
“Seguramente los delincuentes han visto mejorar ese tipo de siembra y además atienden el factor demanda”, apuntó.

FUENTE: El diaro de Sonora- http://www.eldiariodesonora.com.mx/nota.php?nota=46954

¿Por qué hay que detener la guerra contra las drogas?

Por Jorge Javier Romero
El 26 de septiembre de 2014, desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Poco después encontraron muertos a tres de ellos; se dice que a uno de ellos le arrancaron la piel del rostro. Los estudiantes estaban en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, e iban rumbo a una protesta por la falta de recursos para su escuela.

Las desapariciones indignaron a la sociedad y provocaron que los ciudadanos se manifestaran masivamente en todo el país. La opinión pública cree que el crimen fue un acto de terrorismo de Estado, idea que ha recibido el respaldo de los reportes de que la policía local secuestró a los estudiantes por órdenes del alcalde de Iguala, quien fue detenido, y los entregaron a una pandilla que luego los mató. Se ha arrestado a docenas de sospechosos, entre ellos a algunos miembros de la policía municipal y al alcalde de Iguala y a su esposa, quienes presuntamente tienen lazos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

Human Rights Watch señaló que el incidente de Ayotzinapa ha sido la peor crisis de derechos humanos a la que México se ha enfrentado desde la masacre de los estudiantes desarmados en Tlatelolco en 1968. No obstante, este es el más atroz de los muchos actos de violencia de Estado que han ocurrido desde que el gobierno mexicano intensificó su guerra contra los cárteles de la droga. En gran parte del país han ocurrido masacres como resultado del enfrentamiento entre los traficantes y los agentes del Estado (policía y fuerzas armadas) o entre los grupos delictivos rivales que se disputan el control de las rutas y los mercados.

El costo humano de esta guerra ha sido enorme. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hubo 95,000 muertes violentas en el país entre 2006 y 2012. De ellas, se estima que 60,000 están relacionadas con la guerra contra las drogas. En el mismo periodo, según la Procuraduría General de la República, se reportaron 25,000 personas desaparecidas.

Al principio de la campaña contra los cárteles, México solicitó y recibió el apoyo de Estados Unidos por medio de la Iniciativa Mérida, que se aprobó en marzo de 2007 y con la que se incrementó el financiamiento de Estados Unidos de 40 millones de dólares (unos 520 millones de pesos) al año que México recibía a mediados de la década de 2000 a 1,500 millones de dólares (unos 19,500 millones de pesos) en la primera etapa de la iniciativa.

El objetivo de la Iniciativa Mérida era proporcionar a las fuerzas de seguridad mexicanas el equipo y la capacitación para contrarrestar el tráfico de drogas. En respuesta a las críticas de que la primera etapa no había abordado el desarrollo de capacidades y la reforma institucional, la segunda etapa o Beyond Merida (Más allá de Mérida) incluyó recursos para apuntalar la legalidad y el fortalecimiento de las comunidades.

Sin embargo, los resultados han sido desastrosos.

La realidad es que los traficantes han aprovechado las debilidades institucionales y la corrupción de los gobiernos municipales para controlar a la policía y a los políticos locales. La pobreza y marginación de los campesinos (quienes carecen de acceso al crédito, tienen que pagar precios altos por las semillas, fertilizantes y el transporte de sus productos y carecen de la tecnología necesaria para desarrollar cultivos con alto valor de mercado) son una oportunidad para los traficantes, quienes los contratan para producir amapola o marihuana. Aunque les pagan salarios reducidos, sus ingresos ilícitos siguen siendo más altos de lo que recibirían con cultivos tradicionales. Pero si no fuera por la prohibición, los cultivos ilegales no serían redituables.

Tristemente, la ausencia de límites legales, y morales, no es exclusiva de los criminales, ya que las fuerzas de seguridad del Estado cometen atrocidades con el pretexto de la guerra contra las drogas. Hace poco, en junio, consignaron a siete soldados por la ejecución extrajudicial de 22 supuestos traficantes en Tlatlaya, en el Estado de México. De acuerdo con los testigos, las víctimas ya se habían rendido.

Este no es, de forma alguna, un hecho aislado. Las ejecuciones extrajudiciales son una costumbre recurrente tanto del Ejército como de la Armada, corporaciones que están involucradas en una guerra en la que no se respetan los derechos humanos ni el Estado de derecho.

De hecho, un profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló recientemente que cuando la policía federal se enfrenta a los criminales “2.6 sospechosos morían por cada persona que resultaba herida. Cuando el Ejército estaba involucrado, las muertes aumentaron a nueve y cuando la Armada participó, la cantidad se víctimas mortales ascendió a 17 por cada herido”.

Mientras tanto, tras más de 10 años de guerra contra las drogas, no ha desaparecido ni la oferta ni la demanda de drogas ilegales. De hecho, ni siquiera ha habido una reducción de la oferta a ambos lados de la frontera con Estados Unidos. De igual forma, los cárteles no han desaparecido en México. De hecho se han multiplicado como resultado de la fragmentación, mientras que el nivel de violencia ha aumentado.

Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa son apenas la punta de un iceberg cuya profunda base socava rápidamente a las atribuladas instituciones de los gobiernos locales de todo México. La violencia está ahuyentando a la inversión que llevaría el desarrollo a las regiones marginadas mientras los cárteles, fortalecidos con los recursos procedentes del tráfico ilícito de drogas, diversifican sus actividades y extorsionan a los mercados legales al más puro estilo de la mafia.

A final de cuentas, poner fin a la guerra fallida contra las drogas ahora es una cuestión de supervivencia para México. Si México quiere restaurar la paz y la normalidad, los recursos que hoy se destinan a combatir el tráfico deben destinarse a desarrollar las capacidades, a la reforma institucional de las fuerzas locales y a la persecución de delitos predatorios. Además, una política de drogas nueva, enfocada en la salud y que enfatice la prevención, la reducción de los daños y el tratamiento debe reemplazar el énfasis en la persecución policiaca y militar.

La verdad es que la guerra contra las drogas ha hecho más daño que bien. Es hora de que termine.

FUENTE: CNN México- http://www.cnnmexico.com/opinion/2014/12/04/opinion-por-que-hay-que-detener-la-guerra-contra-las-drogas