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Cinco factores que influirán en el nivel de violencia en México en 2016

Por ALEJANDRO TLACAÉLEL RAMÍREZ DE LEÓN*

Nov 17, 2015

Aunque el pasado 4 de noviembre se dio un avance (pequeño, en mi opinión) hacia la despenalización total de la mariguana en México, recientes cambios en distintas regiones del mercado mundial de drogas, y la continuidad a nivel nacional y regional de la estrategia de Guerra a las Drogas, llevan a esperar que en 2016 la violencia en México aumentara, por al menos 5 razones.

 

Cárteles mexicanos seguirán siendo más peligrosos que grupos terroristas

Actualmente el poder de fuego de los cárteles mexicanos ha llegado a tal punto, que el Balance Nacional sobre la Amenaza de la Droga (BNAD) 2015 estimado por Estados Unidos,  las considera (por lo menos a 9 de ellas) como amenazas para la seguridad interna de dicho país, incluso como una amenaza mayor a la amenaza terrorista. Aunado a ello, no es posible esperar que la legalización de la marihuana en algunos estados de la Unión Americana implique una disminución sustancial en el poder económico de los cárteles mexicanos (ya que aún controlan el resto de mercados de marihuana y además trafican otras drogas) y por ende, tampoco de su poder de fuego.

 

Los cárteles mexicanos tienden a controlar el mercado de consumidores de drogas más grande del mundo

Los cárteles mexicanos suelen no tener ningún competidor en las regiones del mercado norteamericano en que operan. Uno de esos mercados es el de heroína, y es posible que pronto lo dominen. El BNAD indica que el polvo color marrón de manufactura mexicana ha mejorado su calidad, y con ello comenzado a desplazar al polvo blanco de manufactura sudamericana. Este cambio en el mercado de la heroína permitiría a los cárteles mexicanos hacerse con los recursos necesarios como para incrementar su poder de fuego. El dominio regional de los cárteles mexicanos se puede apreciar en el gráfico de abajo.

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Dos cárteles pelean por ser el de mayor poder en México

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la organización de mayor crecimiento, y podría llegar a superar al Cártel de Sinaloa (actualmente el mayor de mayor poder). Esto además de significar posibles enfrentamientos armados entre ambos grupos, es alarmante porque muestran algunas fallas enormes de la Guerra a las Drogas del gobierno mexicano. En particular, muestra cómo el enfoque de detener a los líderes de los distintos cárteles sin acabar con las estructuras financieras y operativas ha fracasado en evitar el surgimiento de nuevas organizaciones que surjan a partir de los restos de las anteriores. En particular, muestra como la estrategia de desarticulación del Cartel del Milenio no fue del todo exitosa (es el antecedente directo del CJNG). De igual forma, habla de la corrupción en las fuerzas policiales, pues “El Mencho” Osenegua, líder del CJNG, antes era policía.

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Cárteles sudamericanos enviarán más cocaína a EU y tendrán que pelear por su transporte contra cárteles y/o fuerzas federales mexicanas

De acuerdo con los datos de la DEA, los cárteles colombianos parecen haber aumentado su producción en cerca de 41% entre 2014 y 2015. Esto les llevaría a desbancar a Perú como el mayor productor de dicha droga

Sin embargo, vale la pena considerar que estimar la producción sudamericana de cocaína es particularmente difícil en estos momentos. Estados Unidos estima un aumento del 39% mientras que la ONU del 44% (es la primera vez que ambos entes difieren en cifras). La dificultad en medir el aumento en la producción se debe al hecho de que el contenido alcaloide de la planta de coca peruana es mayor al de la colombiana (es decir, con la coca peruana se produce más cocaína que con la colombiana). Además, la estrategia peruana de erradicación de plantíos de coca (encaminada a producir cocaína) ha sido fructífera. Se espera que en el corto plazo incluya (con apoyo de Estados Unidos) la región del Valle de los ríos Apurímac, Ene, y Mantaro, responsable del 44% del total de la producción peruana.

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Cual sea la intensidad del aumento en la producción sudamericana de cocaína, es un hecho que ésta va a la alza, y los cárteles colombianos buscarán acomodarla en el mayor mercado de drogas (Estados Unidos). Dado que las principales vías de transporte hacia dicho mercado pasan por suelo mexicano, esto les obligaría a negociar con los cárteles mexicanos o a enfrentárseles, elevando con ello los costos de transporte y probablemente la violencia entre cárteles.

 

Cárteles mexicanos crecen en la producción y distribución de drogas sintéticas y sus precursores

Desde 2010, la ONU informa del crecimiento constante del tráfico hacia EU de metilamina, P-2-P, ácido fenilacético, fenilacetato de etilo, fenilacetamida, ácido tartánico, anhídrico acético por parte de cárteles mexicanos. Todas estas sustancias son precursores químicos necesarios para la producción de drogas sintéticas. Dado el alto precio de estas drogas en el mercado estadounidense, el incremento en la producción puede traer consigo una mayor competencia entre los productores con el fin de colocar su droga en el mercado.

*Economista (Drogas y Desarrollo Regional) CIDE-UNAM. Colaborador de Paradigmas.

 

Fuente: http://www.dineroenimagen.com/blogs/economia-real/cinco-factores-que-influiran-en-el-nivel-de-violencia-en-mexico-en-2016/64658

¿Por qué la Guerra contra las Drogas genera violencia?

Por Alejandro Tlacaélel Ramírez De León

El viernes 1 de mayo en Jalisco y estados vecinos ocurrieron 39 bloqueos, 16 muertes y el derribo de 1 helicóptero de las fuerzas federales por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Si bien, aunque no es la primera vez que narcotraficantes atacan aeronaves de fuerzas federales, y que los niveles de violencia y homicidios por la Guerra a las Drogas en México se han mantenido casi constantes desde 2010, sí es la primera vez que un ataque directo logra derribar un helicóptero. Este aumento en la capacidad de fuego y de generar violencia no es exclusivo del CJNG, sino que es algo generalizado en los principales grupos narcotraficantes en México. Esto no es de ningún modo casual, sino que es generado por el modelo microeconómico de Guerra a las Drogas que explicaremos a continuación.

Los eventos del 1 mayo en Jalisco posiblemente fueron parte de la reacción de Nemesio “El Mencho” Oseguera, o algún otro miembro de alta jerarquía, ante su casi captura por fuerzas federales. Esta reacción por parte del CJNG no es nueva, lo mismo ocurrió en 2011, y en agosto de 2012, cuando el mismo cártel reaccionó con 22 bloqueos en Jalisco y Colima.

Desde que el gobierno mexicano inició la actual “Guerra contra las Drogas”, 28 helicópteros de las fuerzas federales (Fuerza Aérea, Marina, y Procuraduría General de la República) han sido atacadas por grupos narcotraficantes. Esto ataques se han hecho cada vez más efectivos. En 2008, 4 helicópteros fueron atacados con disparos; en 2009 atacaron 6 del mismo modo, dañando motor, rotores y puertas; en 2010 ocurrieron 14 ataques con daños en parabrisas, fuselaje y rotores; en 2011 se reportaron 3 ataques parecidos, aunque se cree que fueron más. Antes del inicio oficial de esta Guerra a las Drogas, los cárteles ya habían atacado helicópteros, aunque no de modo directo. En 2003, 2 helicópteros cayeron al chocar con cables que los grupos narcotraficantes colocan sobre plantíos de Amapola, precisamente con esa finalidad, y por el ataque a disparos de quienes vigilaban dicho plantío, en esa ocasión murió toda tripulación. En lo que va del sexenio, han sido atacadas 55 aeronaves.

En 2007 el gobierno mexicano inició abiertamente una política de ataque frontal contra la mayoría de organizaciones dedicadas al narcotráfico, siendo para ello utilizadas las policías municipales, estatales, federales y el ejército. Con el regreso del PRI al gobierno federal, las cosas han cambiado sólo en el discurso, pero la estrategia de combate a las drogas, así como sus consecuencias, siguen siendo prácticamente las mismas; muestra de ello son los niveles de homicidios a nivel nacional.

Porcentaje de muertes por homicidio, con respecto al total de muertes violentas. México 2000-2013

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

La historia de la Guerra contra las Drogas puede rastrearse hasta 1909, si bien el inicio formal fue en 1912 con la Convención de La Haya de 1912 sobre Opio (Collins, 2012). Desde su inicio el principal objetivo fue eliminar la oferta de drogas (guerra a productores; decomisos, encarcelamiento de distribuidores), criminalizándose al consumo y dejando de lado cualquier otra política dirigida a contener la demanda. Los impulsores de la Guerra a las Drogas esperan que en el proceso de eliminación de la oferta, los productores tengan que destinar más recursos a las actividades relacionadas con producción de drogas, por ejemplo para ocultar sus instalaciones, flujo de dinero, sobornar autoridades, y otros gastos relacionados con preservar su seguridad física;  a la par que tendrían que hacer frente a las pérdidas por la confiscación de drogas y encarcelamiento de personas que participan directamente en la cadena de producción.

En su conjunto, esto se traduciría en un incremento en el precio de los estupefacientes, lo que desincentivaría su consumo, eventualmente reduciendo los ingresos de los productores hasta el punto en que no pudieran continuar sus actividades. Haciendo uso del esquema planteado por Becker, Murphy, y Grossman (2006) (Gráfica 1) se muestra el punto f, que corresponde al equilibrio en libre mercado, es decir sin Guerra a las Drogas. El punto w es el punto de equilibrio con Guerra a las Drogas. Como se ve, este tipo de intervención gubernamental lleva, en teoría, a un incremento en precio y una disminución de la cantidad de drogas. La diferencia entre ambos puntos son los ingresos que el productor pierde.

Sin embargo, si la demanda de drogas es inelástica (es decir, que el nivel de consumo del bien se mantiene casi igual sin importar que su precio al consumidor final tenga variaciones), los incrementos en los costos de la producción de drogas generados por la Guerra contra las Drogas pueden ser cubiertos por los productores (pues no se reducen sus ingresos ya que la demanda cae muy poco). E incluso es posible que sus ingresos se incrementen, permitiéndoles escalar su potencia de fuego hasta estar a la par del ejército.

Este hecho es una de las razones por las cuales es posible decir que la Guerra a las Drogas no logrará eliminar la oferta de drogas y por el contrario, al generar agentes violentamente competitivos seguirá generando consecuencias negativas en los territorios en que se aplique. Consecuencias que incluyen el aumento exponencial de homicidios, lo que es totalmente inaceptable. Es urgente cambiar la política global de drogas hacia una de legalización.

*gl

Aclaración:
El contenido mostrado es responsabilidad del autor y refleja su punto de vista, mas no la ideología de DineroenImagen.com

Hasta el Banco Mundial lo reconoce: la estrategia prohibicionista en México sólo nos está destrozando

Ahora también el Banco Mundial (BM) alertó a México sobre la violencia creciente en el país y sus efectos adversos en el desarrollo económico, enfocados como es costumbre en los indicadores equivocados ya que la vida de las personas queda en segundo término.

En la nota que da cuenta de la postura de este organismo internacional cabe aclarar que los delitos relacionados a las drogas o al tráfico de drogas deberían llamarse delitos vinculados a la prohibición ya que ni las sustancias llamadas drogas ni el mercado que las rodea son causales de esa violencia.

Habiendo aclarado esto, aquí les dejamos la noticia sobre el nuevo informe y las declaraciones del BM:

En el informe Prosperidad compartida y erradicación de la pobreza en América Latina y el Caribe, el Banco Mundial indica: “En América Central y México, el crimen y la violencia permanentes influyen en todos los aspectos del desarrollo y agravan las desigualdades. Inciden en las inversiones en capital humano, elevan los costos de seguridad de las empresas, obligan a desviar fondos para combatir la delincuencia y desalientan las inversiones nacionales e internacionales porque afectan el clima general para la inversión”.

El estudio reveló que los costos de combatir el narcotráfico se estiman en 9 mil millones de dólares al año, una cifra casi equivalente al gasto del gobierno mexicano en desarrollo social.

El documento, señaló el BM, tiene como objetivo “orientar a los gobiernos, sector privado y demás socios en el desarrollo hacia un renovado camino de prosperidad para todos los latinoamericanos”.

Los datos sobre violencia en el país son alarmantes.

Según el organismo presidido por Jim Yong Kim, los homicidios relacionados con las drogas se dispararon de 28 a 73% en el periodo comprendido de 2007 al 2011.

De hecho, precisó que los delitos relacionados con el tráfico de drogas generaron un impacto negativo sobre el crecimiento del ingreso en los municipios de México entre 2005 y 2010, mientras que los delitos no relacionados con las drogas no tuvieron efectos significativos sobre el crecimiento económico.

El Banco Mundial detalló que pese a la falta de información sobre los hogares, un análisis de los datos municipales sugiere que la relación entre la pobreza y el crimen en México era convexa en 2010.

Es decir, las tasas de homicidio eran más altas en los municipios más pobres y en los más ricos. “Esto podría deberse a que las organizaciones delictivas estaban diversificando sus actividades en los municipios más ricos por medio de secuestros y extorsiones, o bien, a la aplicación de una estrategia de seguridad eficaz en zonas con alta concentración de delitos y pobreza”.

En Colombia, los datos sugieren un contraste: las tasas de homicidios más elevadas corresponden a los municipios con los índices de pobreza multidimensional más altos.

El documento alerta que “la violencia de la lucha contra el narcotráfico en México también puede tener consecuencias de largo plazo sobre la riqueza y el bienestar de los hogares del país”.

Aún más, el organismo advirtió que la violencia relacionada con las drogas también se asocia con un nivel de desempleo más elevado y un desempeño escolar más bajo; además, puede tener consecuencias perjudiciales de largo plazo en la acumulación de capital humano.

Fuente: La opción- http://laopcion.com.mx/noticia/90017

La regulación del mercado de las drogas es lo único que puede abatir la violencia extrema que vive el país

En visita en Hermosillo Santiago Roel Rodríguez, creador de Semaforo Delictivo Nacional manifestó que a nivel nacional 50% de los homicidios son ejecuciones del narco-menudeo. Que el narcomenudeo se pelea cada esquina, cada secundaria o preparatoria, cada antro, cada plaza.

Hay estados o ciudades en donde más del 80% de los homicidios son ejecuciones del mercado negro. Vivimos la peor estrategia que se pueda pensar.

El consumo de drogas “ilegales” en México ya no es delito desde el 2009 (Artículo 479 de la Ley General de Salud); se permite la posesión de drogas para consumo personal.  Pero la producción y venta siguen siendo ilegales. Es una política absurda pues crea un mercado negro que operan las mafias.

Las mafias se encargan de promover las drogas con libertad entre los jóvenes. Por eso han incrementado los consumos en México. Pero además, el mercado les da una inmensa capacidad económica para corromper o amenazar autoridades. El 74% de os jóvenes en México opinan que es sumamente fácil obtener mariguana.  Quien dude de esto, que le pregunte a su hijo sobre el tema y se sorprenderá.

Una vez que las mafias se posesionan de la plaza, se extienden a otros mercados y a otros delitos y lo que pudo ser un problema de salud ahora se convierte en un problema policíaco, de inseguridad nacional y de mala imagen para el país.

La mal llamada guerra contra las drogas nos cuesta 24 mil pesos al año a cada mexicano, pero también nos cuesta entre 8 y 10 mil muertes,  secuestros, extorsiones, desinversión, ansiedad, frustración y una total pérdida de confianza en las autoridades.

Es un fracaso rotundo por el lado que se le vea. Y lo absurdo es que seguimos insistiendo en esta estrategia cuando lo más racional y efectivo es retomar el tema como lo que es: un tema de salud y un tema económico.

Es necesario que el mercado de las drogas lo controle el Estado a través del sector salud, como ya controla el alcohol, el tabaco y los medicamentos. Actualmente, el estado control el mercado de la morfina. Esa es la propuesta de la Comisión Global y nosotros la avalamos.

El mundo ideal es un mundo sin la necesidad de sustancias psicoactivas, pero no existe ningún país que lo haya logrado. Por tanto, es mucho mejor estrategia el control estatal para reducir consumos, proteger a los jóvenes y acabar con toda la violencia que vivimos.

El prohibicionismo y la violencia en México

Por Amaya Ordorika para ReverdeSer Colectivo

La estrategia internacional de política de drogas, aplicada rigurosamente en México, se ha planteado un mundo sin drogas. Al cuál se propone llegar a través de la prohibición de la producción, distribución, venta y consumo de ciertas sustancias. Sin embargo, lejos de lograr este objetivo, el consumo de sustancias ilícitas no ha hecho más que aumentar, mientras que hemos visto otros efectos sumamente dañinos asentarse sobre nuestras comunidades.[i]

Esta estrategia de prohibición mantiene un negocio de miles de millones de dólares en la ilegalidad, lo cual tiene consecuencias altamente preocupantes:

  • La primera, y quizás la más evidente, es que este negocio, que genera enorme márgenes de ganancia para quienes participan en él, no tiene una forma legal de regulación, por lo que se regula a través de la apropiación territorial violenta. Es decir, las diferentes partes disputan los espacios de venta por medio de la fuerza. Al ser un espacio que está por fuera de la legalidad, al interior también se regula por medio de la violencia.[ii]
  • Sumado a esto, por ser un negocio ilegal, altamente perseguido, las partes usan la violencia no sólo al interactuar entre sí, sino también para repeler a las fuerzas de seguridad del Estado. Esto ha resultado en una carrera armamentista, en la que el Estado y el narcotráfico están continuamente actualizando su equipo para estar más preparado que el otro.[iii] Esto es un negocio redondo para la industria armamentista de Estados Unidos, quien por medio de tratados como la Iniciativa Mérida hace acuerdos millonarios para proveer de armas al Estado mexicano[iv] y que por el otro lado vende armas de manera ilegal a grupos del crimen organizado.[v]
  • Otra consecuencia de mantener este mercado en la ilegalidad es que se favorecen altos índices de corrupción a nivel nacional. Un mercado que genera tantas ganancias, pero que opera en la ilegalidad, necesita funcionarios de todos los niveles de gobierno que, cuando menos, se hagan de la vista  gorda, para lo cual tienen muchos recursos. Desde agentes aduanales y policías municipales, hasta altos mandos del ejército, pasando por todo tipo de funcionarios públicos, han sido presentados con la opción de participar del negocio ilegal y recibir grandes sumas de dinero o ser víctima de alguna forma de violencia.[vi]

En México, hemos asumido la responsabilidad de desactivar las redes de producción y distribución de sustancias ilegales por medio del uso de la fuerza. La prohibición y criminalización de las drogas han empujado al gobierno a enfocar poder económico, judicial y militar en el combate al narcotráfico, en lugar de aplicar estos recursos en la prevención del delito y el castigo de delitos violentos con afectaciones a terceros como el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas.

Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno federal emprendió una ofensiva militar conocida como la “guerra contra el narco”. Esta estrategia consistió en la designación de las personas que participan en cualquier eslabón de la cadena del narcotráfico como enemigos de la seguridad nacional, lo cual ha tenido consecuencias desastrosas. En palabras del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: “El alza en la violencia vinculada al discurso oficial que ha designado a los narcotraficantes como enemigos de la seguridad nacional genera una dinámica en la que el miedo es más importante que la defensa de las garantías civiles, lo que lleva a un deterioro del estado de derecho, donde parecen perder importancia la vida, el debido proceso y la libertad de expresión frente al combate al narcotráfico”[vii].

Esta estrategia se basó en la militarización de la seguridad del país. Esto se dio de dos maneras: la primera fue el despliegue de miles de militares en todo el país para la realización de tareas correspondientes a los órganos de seguridad pública y la segunda fue la sustitución de titulares de instituciones de seguridad pública por militares en activo o en retiro.[viii] Esto sumado al discurso de enemigo público es particularmente preocupante, debido a que la formación militar consiste en la eliminación del enemigo. En este contexto el estado de derecho quedó relegado y se volvió suficiente acusar a alguien de ser narcotraficante para ser encarcelado, e incluso asesinado, a manos del ejército, sin que fuera necesaria mayor explicación.

La militarización del país que se radicalizó durante el sexenio de Calderón tuvo efectos, u objetivos no oficiales, graves. Entre ellos podemos destacar que sirvió como mecanismo de control social y sobre los recursos naturales.[ix] Sumado a esto, lejos de reducir la violencia, las denuncias de violaciones a derechos humanos aumentaron exponencialmente en los lugares con mayor presencia del ejército.

La situación de violencia que vivimos hoy en México es en gran parte resultado de las políticas en materia de drogas aplicadas en el país. Es por esto que es importante participar del debate de política de drogas. Hablar de política de drogas es hablar de violencia, de derechos humanos, de criminalización y marginación de la juventud, de las personas en condiciones de pobreza y a la protesta social. No es un tema de “pachecos” y “delincuentes”, es un tema de todos y de todas.


[i]  Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas: “Asumiendo el Control: Caminos hacia políticas de drogas eficaces” 2014, disponible en:

https://reverdeser.files.wordpress.com/2014/11/c6218-global_commission_es.pdf

[ii]  Brombacher, Daniel “This is what you get. Mercados ilegales y violencia en América Latina” Policy Paper, Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Disponible en:

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09230.pdf

[iii]  Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas: “Guerra a las drogas” 2011, disponible en:

http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_Spanish.pdf

[iv]  Carlsen, Laura, “Suspensión de fondos de la Iniciativa Mérida salvará vidas”, 2013, Programa de las Américas, disponible en: http://www.cipamericas.org/es/archives/10295

[v]  Tourliere, Mathieu “México, territorio abierto a las armas” 2013, Proceso, disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=337637

[vi]   Soberon, Ricardo, “Corrupción, narcotráfico y fuerzas armadas: una aproximación para América Latina”, Transational Institute, disponible en: http://www.tni.org/es/article/corrupci%C3%B3n-narcotr%C3%A1fico-y-fuerzas-armadas-una-approximaci%C3%B3n-para-am%C3%A9rica-latina

[vii]   Posicionamiento de la Plataforma de Política de Drogas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, disponible en: http://movimientoporlapaz.mx/es/2013/10/01/la-politica-de-drogas-en-mexico/

[viii]   Acosta Urquidi, Mariclaire. “La impunidad crónica de México: Una aproximación desde los derechos humanos”. CDHDF. México, 2012. Pp. 71. Ver también, ICG. Peña Nieto’s challenge: Criminal cartels and rule of law in Mexico. International crisis group, 2013. Pp. 16

[ix]  Carlsen, Laura, “Las mujeres al frente de los movimientos contra la militarización”, Programa de las Américas, disponible en: www.cipamericas.org/es/archives/3436

¿Por qué el crimen organizado atenta contra la sociedad civil en México?

GUILLERMO TREJO/EL PAÍS

En Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, las mafias se dedican no solo al narco, sino que tienen por objetivo asumir el poder local

Todo parece indicar que el gobierno municipal y el crimen organizado actuaron de manera coordinada en el artero asesinato de seis estudiantes normalistas y de la desaparición forzada de 43 de sus compañeros en la ciudad de Iguala, en el sureño estado mexicano de Guerrero. En medio del duelo, la indignación y la movilización nacional el país se pregunta sobre las razones que llevaron a un gobierno local dominado por el crimen organizado a ordenar una masacre de estudiantes pertenecientes a uno de los colectivos sociales más antiguos y combativos del país. Si el principal negocio del crimen organizado en México es el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ¿por qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna relación con ello?

Para entender los motivos represores del crimen organizado hay que empezar por reconocer uno de los cambios más importantes en la industria criminal de los últimos años: en estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, el crimen organizado ya no solo intenta monopolizar el trasiego de la droga sino que ahora ha pasado a una nueva fase en la que uno de sus grandes objetivos es la toma del poder local –apoderarse de los municipios y sus recursos y extraer la riqueza local a través de la tributación forzada. En zonas del país donde diferentes grupos criminales se disputan el control del tráfico de droga, para sufragar estos conflictos el crimen organizado fue paulatinamente expandiendo su acción a industrias extractivas de recursos naturales –la toma clandestina de gasolina, petróleo y gas– y de riqueza humana –la extorsión y el secuestro. En esta nueva estrategia los grupos criminales encontraron un nuevo y valioso botín: el municipio y sus contribuyentes. Como lo demuestra la terrible experiencia de Michoacán, el crimen organizado se apropiaba del 30% del presupuesto anual de obra pública de los municipios; exigía que los contratos de obra pública se otorgaran a constructoras bajo su control; y cobraba el 20% de la nómina salarial de la burocracia local. Pero la infiltración del municipio fue más allá: los grupos criminales se apoderaron de las arcas públicas municipales donde obtenían información fidedigna que les permitiera extorsionar con mayor eficacia a los hoteles, restaurantes y pequeños negocios de las ciudades bajo su dominio.

Para apoderarse de los municipios y sus contribuyentes, los grupos criminales empezaron por doblegar a las autoridades locales. Mediante el soborno o la extorsión, fueron subordinando a los presidentes municipales en las zonas de conflicto. Aunque en el imaginario nacional está más presente el soborno y la corrupción de los alcaldes, hay también una larga lista de autoridades municipales, candidatos y activistas políticos locales que han sufrido atentados o han sido asesinados por el crimen organizado. Con un equipo en la Universidad de Notre Dame, mi colega Sandra Ley y yo hemos identificado mas de 300 atentados y ejecuciones de autoridades locales por parte del crimen organizado en los últimos seis años. Los estados vecinos de Michoacán y Guerrero encabezan la lista con más de un tercio del total de ataques y en Guerrero las zonas Norte, Tierra Caliente, Costa Grande y Centro son los focos de la violencia. En estos municipios, donde ser autoridad pública se ha convertido en un empleo de alto riesgo, el crimen organizado ha empezado a postular a sus propios candidatos –como parece haber sido el caso del alcalde de Iguala.

Los sicarios de Guerreros Unidos se han cobijado tras el manto protector de la impunidad

Para lograr la hegemonía local, los grupos del crimen organizado requieren de una sociedad desarticulada y aterrorizada, incapaz de cuestionar y desobedecer los dictados de las autoridades de facto. Por ello los criminales buscan establecerse en zonas con poca organización social. Pero cuando las zonas estratégicas para el trasiego y la producción de droga están en lugares donde operan fuertes movimientos sociales y comunitarios –como Iguala – los grupos criminales intentan doblegar a los colectivos sociales mediante la compra de sus líderes o mediante la represión selectiva y ejecuciones ejemplares.

La masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue una acción estratégica y premeditada para sembrar el terror y doblegar a los grupos de la sociedad civil que en Iguala y en municipios aledaños participaban en distintos procesos de articulación social – incluyendo policías comunitarias – para hacerle frente a las extorsiones, secuestros y asesinatos por parte del crimen organizado y de las autoridades públicas a su servicio. La masacre fue un acto de reconstitución del poder local; una acción barbárica mediante la cual el grupo criminal Guerreros Unidos quiso dejarle en claro a los movimientos sociales de la región quién era el mandamás. Fue, también, una ejecución ejemplar para incentivar a los ciudadanos y a los pequeños y medianos empresarios y comerciantes de la región a continuar pagando el “derecho de piso” y con ello consolidar la toma criminal del poder en la zona.

Estos intentos despóticos de reconstituir el poder local mediante la violencia barbárica son posibles por la protección informal que los grupos del crimen organizado han venido tejiendo y retejiendo por décadas en las procuradurías estatales, en las policías ministeriales, en los ministerios públicos, en las prisiones y en las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República (PGR). Aunque en México hoy se vea al municipio como el eslabón más débil de la gobernanza nacional y se le identifique como la guarida desde donde opera el crimen organizado con el cobijo de las autoridades locales, en múltiples entrevistas con ex gobernadores de diferentes partidos – incluidos ex mandatarios de Michoacán y Guerrero – insistentemente he escuchado que las policías ministeriales en los estados están fuertemente infiltradas por el crimen organizado. Son ellas las que hacen posible la impunidad criminal en los municipios y facilitan la reconstitución de facto del poder local.

En esta nueva estrategia los grupos criminales encontraron un nuevo y valioso botín: el municipio y sus contribuyentes

Estos actos brutales de reconstitución del poder local en Guerrero son posibles, también, por la larga historia de impunidad de la que han gozado los gobernantes del estado desde los años dorados del autoritarismo priista hasta nuestros días. La brutalidad de la guerra sucia de los gobiernos del PRI en contra de grupos guerrilleros y estudiantiles disidentes de los años setentas alcanzó en el caso específico de Guerrero niveles equiparables a las guerras sucias de Chile y Argentina. Pero estos actos quedaron impunes y la misma clase política que asesinó a disidentes sociales se ha mantenido en el poder bajo el cobijo del PRI y ahora de la izquierda partidista. Aunque el mundo ha cambiado y México y Guerrero han cambiado, la impunidad es la constante. Y esa impunidad hace posible las matanzas de Aguas Blancas y El Charco y ahora la ignominia de Iguala.

En Guerrero, gobernantes y criminales, ya sea separados o coludidos, saben que atacar a la ciudadanía e intentar eliminar a grupos sociales disidentes son crímenes que no se castigan. Cuando el alcalde de Iguala o su secretario de seguridad o el subsecretario ordenaron los disparos en contra de los estudiantes y entregaron a los detenidos a los sicarios para que dispusieran de ellos, tenían, tristemente, una larga historia de impunidad de su lado. Cuando los sicarios de Guerreros Unidos torturaron, desaparecieron o mataron a los estudiantes, se cobijaron, también, tras el manto protector de la impunidad. Es la impunidad lo que le permite igualmente al gobernante que al criminal asesinar sin chistar.

En la masacre de Iguala convergen pasado, presente y futuro. Entender la masacre solamente como un repudiable acto del crimen organizado es atender al presente sin entender el pasado. Pero interpretar este abominable hecho solamente como un crimen de Estado es mirar al presente con ojos del pasado. Para evitar que la masacre derive en un estallido social, el gobierno federal y la sociedad civil tendrán que atender tanto lo criminal – en toda su nueva complejidad ahora que los grupos criminales quieren reconstituir la política local – como lo Estatal – con la dificultad que conlleva que el Estado se vea en el espejo de la violencia. Lo cierto es que un mejor futuro para Guerrero se podrá fincar solamente cuando le pongamos fin a una larga historia de impunidad política que alimenta y le da vida a un presente de violencia criminal.

FUENTE: http://www.nssoaxaca.com/nacional/250-general/100874-ipor-que-el-crimen-organizado-atenta-contra-la-sociedad-civil-en-mexico

Cinco maneras de poner fin a la guerra contra las drogas; Comience por despenalización del uso de drogas

Por Fernando Henrique Cardoso. Miércoles 10 de septiembre de 2014

El régimen internacional de control de drogas se ha roto. Los enfoques del pasado, que tenían como premisa un paradigma de aplicación de la ley de forma punitiva, han fracasado enfáticamente. Han dado lugar a más violencia, a poblaciones carcelarias más grandes, y a la erosión de la gobernabilidad en todo el mundo. Los daños a la salud asociados con el consumo de drogas han ido a peor, no mejor. La Comisión Global de Políticas de Drogas aboga por un enfoque de la política de drogas que pone a la salud pública, la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el desarrollo en el centro.

A continuación he enumerado las cinco vías para poner fin a la guerra contra las drogas recomendadas por la Comisión Global de Políticas de Drogas que presido. (Otros miembros de la comisión, que van de Kofi Annan a Paul Volcker al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo se enumeran después de las recomendaciones.)

1. Poner a la salud y la seguridad de las comunidades en primer lugar requiere una reorientación fundamental de las prioridades políticas y los recursos, que deje de lado las fallidas leyes punitivas e impulse intervenciones en el campo de la salud y sociales basadas en evidencia.

Tanto los objetivos declarados de las políticas para el control de drogas, como los criterios que las evalúan, ameritan una reforma. Los objetivos e indicadores tradicionales —como el número de hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, la cantidad de drogas incautadas y el número de personas arrestadas, juzgadas, condenadas y encarceladas por violar las leyes relacionadas con las drogas— no produjeron resultados positivos.

Mucho más importantes son los objetivos e indicadores enfocados en reducir los daños relacionados con las drogas, como las sobredosis fatales, el VIH/SIDA, la hepatitis y otras enfermedades, así como los daños relacionados con la prohibición, tales como el crimen, la violencia, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la degradación del medio ambiente, el desplazamiento de comunidades y el poder de las organizaciones criminales. El gasto en medidas contraproducentes debe terminar, mientras que la probada prevención, la reducción de daños, así como el tratamiento deben recibir los recursos necesario.

2. Se debe asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales, en particular a los medicamentos contra el dolor derivados del opio.

Más del ochenta por ciento de la población mundial carga con el enorme peso de un dolor y sufrimiento evitables, con escaso o nulo acceso a este tipo de medicamentos. Esta situación persiste pese a que evitar el dolor y el sufrimiento son un objetivo y una obligación básica del marco mundial para el control de drogas.

Los gobiernos deben fijar planes y plazos claros para eliminar los obstáculos nacionales e internacionales que impidan este acceso. Ellos deberán también asignar los fondos necesarios para un programa internacional —con supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y desarrollado en cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)— para garantizar el acceso equitativo y asequible de estos medicamentos allí donde no estén disponibles.

3. Es preciso poner fin a la penalización del uso y posesión de drogas, y dejar de imponer “tratamientos obligatorios” a las personas cuyo único delito es el consumo de drogas o su posesión.

La penalización del uso de drogas tiene poco o ningún impacto en los niveles de consumo de sustancias en una sociedad abierta. Tales políticas, sin embargo, estimulan comportamientos de alto riesgo como inyectarse sin seguridad, hacen que las personas que necesitan tratamiento no lo busquen, evitan que los recursos de aplicación de la ley se vuelquen a los delitos realmente graves, reducen el personal y los fondos gubernamentales que de otro modo podrían invertirse positivamente en la vida de las personas y perjudican a millones con los efectos negativos y de largo plazo de una condena penal.

Utilizar el sistema de justicia penal para obligar a las personas arrestadas por posesión o consumo de drogas a someterse a “tratamiento” muchas veces hace más daño que bien. Mucho mejor es garantizar la oferta de diversos servicios de apoyo en las comunidades. Cabe destacar que esta recomendación no requiere de ninguna reforma de los tratados de control de drogas internacionales.

Se debe optar por alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos y de los eslabones más bajos de la cadena, como lo son los campesinos, mulas y otros involucrados en la producción, transporte y venta de drogas ilícitas.

Los gobiernos dedican cada vez más recursos a detectar, arrestar y encarcelar a las personas involucradas en el mercado de drogas ilícitas —con poca o ninguna evidencia de que tales esfuerzos reduzcan los problemas causados por las drogas o eviten que otros sigan el mismo camino. Las intervención que involucran a las comunidades y las sansiones no penales generalmente resultan menos costosas y más efectivas que la penaliza-ción y el encarcelamiento.

Los campesinos y jornaleros que hacen parte del mercado de las drogas, participando en el cultivo, procesamiento, transporte o venta de droga como una una forma de subsistencia para sus familias, no deben ser sujetos del castigo penal. Únicamente los esfuerzos de desarrollo socioeconómico a largo plazo que mejoren el acceso a la tierra y al trabajo digno, reduzcan la desigualdad económica y la marginación social y que refuercen la seguridad pueden ofrecerles una legítima estrategia de escape.

4. Es preciso enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como la violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí y con el Estado.

Los gobiernos deben ser mucho más estratégicos, anticipando las maneras en que ciertas iniciativas de aplicación de la ley, en particular los operaciones de mano dura militarizadas, pueden muchas veces exacerbar la violencia criminal y la inseguridad pública sin de hecho detener la producción, tráfico o consumo de drogas. Desplazar la producción de drogas ilícitas de un lugar a otro o el control de una ruta de tráfico de una organización criminal a otra muchas veces causa más daño que beneficios.

Los objetivos de la represión de la oferta de drogas deben reorientarse desde la inalcanzable erradicación del mercado hacia posibles reducciones de la violencia y los daños asociados con el tráfico. Los recursos de la aplicación de la ley deben dirigirse hacia los elementos más violentos, perturbadores y problemáticos del mercado, conjuntamente con la cooperación internacional para combatir el lavado de activos y la corrupción. Militarizar los esfuerzos antidrogas rara vez es efectivo y a menudo es contraproducente. Es fundamental una mejor y más amplia rendición de cuentas en relación con los abusos a los derechos humanos cometidos en las acciones coercitivas contra las drogas.

5. Se deben permitir e incentivar distintos experimentos de regulación legal del mercado con drogas actualmente ilícitas empezando, entre otras, por el cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas.

Mucho se puede aprender de los éxitos y fracasos de la regulación del alcohol, el tabaco, los fármacos y otros productos y actividades que presentan riesgos para la salud y de otro tipo para los individuos y las sociedades.

Se necesitan nuevos experimentos que permitan el acceso legal pero restringido a drogas que actualmente están disponibles solo de manera ilegal. Esto debe incluir la expansión del tratamiento asistido con heroína para algunos usuarios dependientes de larga data, que resultó tan eficaz en Europa y Canadá. En última instancia, el método más efectivo para reducir los extensos daños causados por el régimen mundial de prohibición de drogas y para promover los objetivos de salud pública y seguridad es controlar las drogas a través de una regulación legal responsable.

Se debe aprovechar la oportunidad que presenta la UNGASS de 2016 para reformar el marco internacional de políticas de drogas.

El liderazgo de la Secretaría General de la ONU es esencial para asegurar que todas las agencias de la ONU relevantes —no solo aquellas dedicadas a la aplicación de la ley sino también a la salud, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo— participen plenamente de una evaluación ‘única de la ONU’ acerca de las estrategias mundiales para el control de la droga. La Secretaría de la ONU debe facilitar de inmediato un debate abierto que incluya nuevas ideas y recomendaciones con base en la evidencia científica, los principios de salud pública, los derechos humanos y el desarrollo.

En las últimas décadas un creciente número de países ha defendido con éxito cambios en las políticas dirigidos a la reducción de daños, al cese de la penalización de los usuarios de drogas, a la proporcionalidad de las condenas y a las alternativas al encarcelamiento, al amparo de la flexibilidad jurídica que permiten los tratados de la ONU. La exploración de interpretaciones flexibles de los tratados internacionales sobre drogas es un objetivo importante, pero en última instancia se deberá reformar el marco internacional para el control de drogas con el fin de que permita una regulación legal y responsable.

GLOBAL COMMISSION ON DRUG POLICY MEMBERS

Kofi Annan
chairman of the Kofi Annan Foundation and former Secretary-General of the United Nations, Ghana
Louise Arbour
former U.N. High Commissioner for Human Rights, Canada
Pavel Bém
former mayor of Prague, Czech Republic
Richard Branson
entrepreneur, advocate for social causes, founder of the Virgin Group, cofounder of The Elders, United Kingdom
Fernando Henrique Cardoso
former President of Brazil (chair)
Maria Cattaui
former Secretary-General of the International Chamber of Commerce, Switzerland
Ruth Dreifuss
former Minister of Social Affairs and former President of Switzerland
Cesar Gaviria
former President of Colombia
Asma Jahangir
human rights activist, former U.N. Special Rapporteur on Arbitrary, Extrajudicial and Summary Executions, Pakistan
Michel Kazatchkine
UN Secretary-General Special Envoy on HIV/AIDS in Eastern Europe and Central Asia, and former Executive Director of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, France
Aleksander Kwasniewski
former President of Poland
Ricardo Lagos
former President of Chile
George Papandreou
former Prime Minister of Greece
Jorge Sampaio
former President of Portugal
George Shultz
former Secretary of State, United States (honorary chair)
Javier Solana
former European Union High Representative for the Common Foreign and Security Policy, Spain
Thorvald Stoltenberg
former Minister of Foreign Affairs and UN High Commissioner for Refugees, Norway
Mario Vargas Llosa
writer and public intellectual, Peru
Paul Volcker
former Chairman of the U.S. Federal Reserve and of the Economic Recovery Board, United States
John Whitehead
former Deputy Secretary of State, former Co-Chairman Goldman Sachs & Co., Founding Chairman, 9/11 Memorial & Museum, United States
Ernesto Zedillo
former President of Mexico