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V PREMIO LATINOAMERICANO DE PERIODISMO SOBRE DROGAS

En el marco de la VI Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Caribeña sobre Políticas de Drogas

Convocatoria

Bienvenida/o a la quinta edición del Premio Latinoamericano de Periodismo ‘Políticas de Drogas en América Latina’, organizado por la Asociación Civil Intercambios de Argentina con el apoyo de la Fundación Open Society y la Fundación Friedrich Ebert, con el fin de estimular a periodistas de América Latina y el Caribe a desarrollar un tratamiento ético, de calidad y de respeto por los derechos humanos en relación con esta problemática.

Objetivos

  • Reconocer a periodistas que trabajan esta temática con compromiso, información seria y atractiva.
  • Valorizar el rol del periodismo como servicio público en temas donde la información precisa y presentada con sentido ético, es imprescindible para no profundizar la criminalización, los prejuicios y las políticas represivas que atentan contra la democracia.
  • Ampliar la difusión de la perspectiva no punitiva y de políticas públicas sobre drogas renovadoras en la región.
  • Lograr un mayor interés por parte de la prensa latinoamericana en los temas asociados a las drogas, tanto desde la perspectiva geopolítica como desde la salud y los aspectos socioculturales vinculados.

 Premios

1 Premio: U$S 1000 y beca completa (pasajes, alojamiento y viático) a la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas a realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana y al Seminario para periodistas que en el marco de la Conferencia se realiza el 4 de octubre.

2 Premio: beca completa (pasajes, alojamiento y viático) a la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas a realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana y al Seminario para periodistas que en el marco de la Conferencia se realiza el 4 de octubre.

3 Premio. Diploma y mención especial.

Temas

  • Drogas y salud
  • Consumo de alcohol
  • Reducción de daños
  • Experiencias de tratamientos
  • Economía de las drogas
  • Geopolítica de las drogas
  • Actores del tráfico de drogas
  • Penalización de los consumidores
  • Crimen organizado
  • Cárteles
  • Drogas y cultura
  • Usos ancestrales de sustancias
  • Militarización y drogas
  • Derechos humanos y drogas
  • Narcotráfico y crimen organizado
  • Drogas y contexto político
  • Reformas de las leyes de drogas
  • Uso de sustancias y vida cotidiana
  • Uso de drogas: discriminación y estigmatización
  • Drogas y género

Fecha límite de inscripción y envío de trabajos vía Internet: 1 de septiembre de 2016

 Requisitos

  • Participantes: podrán participar periodistas, mayores de 18 años, que vivan en América Latina y el Caribe, que hayan publicado en medios de la región, y que cuenten con sus pasaportes o documentación de viaje al día.
  • Géneros periodísticos: podrán enviarse artículos de cualquier género periodístico (crónica, informe especial/reportaje, entrevista, etc.) que aborden alguno de los temas propuestos.
  • Autoría: puede ser individual o colectiva, siempre que figuren los nombres en la firma. En caso de resultar premiados artículos de autoría colectiva, la beca (pasajes, alojamiento y viático) para asistir a la VI Conferencia sobre Políticas de Drogas se otorgará a uno de sus autores, designado por ellos mismos.
  • Fechas de publicación de los artículos concursantes: los artículos deben haberse publicado en prensa escrita o web (diarios, revistas, fanzines, etc.) de carácter comercial o alternativo, entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de agosto de 2016.
  • Idioma: español o portugués.
  • Número de artículos: cada periodista o grupo de periodistas podrá enviar un único trabajo.
  • Publicación: los artículos enviados estarán disponibles en la página web de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, donde podrán ser consultados por los/as participantes y el público en general.

 Inscripción y bases

Hasta el 1 de septiembre de 2016 hay tiempo para enviar el artículo periodístico en formato PDF, junto al certificado de autoría, al correo electrónico: certamen@conferenciadrogas.com

El certificado de autoría debe enviarse en papel con membrete del medio de comunicación y firmado por el editor o el representante autorizado y debe incluir:

  • Nombre del autor o autores/as
  • Título del artículo
  • Género periodístico
  • Nombre del medio de comunicación donde fue publicado
  • Fecha de publicación
  • Tel de contacto del autor

 

Sólo cuando se reciben por correo electrónico el artículo y el certificado de autoría, el/la periodista participante queda formalmente inscripto en el concurso. Recibirá un correo electrónico de la organización del Premio que confirma la recepción.

Derechos

El envío del artículo no implica cesión de los derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, autoriza su publicación en la página web de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y su difusión en otros medios gráficos y/o electrónicos que se dispongan para promover el Premio sin dar lugar a ningún tipo de pago ni remuneración.

Jurado

El jurado estará integrado por tres reconocidos periodistas latinoamericanos.

Criterios del Jurado

  • Narración e interés periodístico
  • Calidad de la redacción
  • Información novedosa
  • Diversidad de fuentes
  • Abordaje respetuoso de los DDHH
  • Aporte a la reflexión y el debate
  • Propuesta gráfica / visual

Entrega de los Premios

El lunes 19 de septiembre se darán a conocer los resultados del Premio, a través de la web y por email a todos/as los concursantes.

Los trabajos ganadores se publicarán en el sitio web de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y la Asociación Civil Intercambios.

La entrega a los/as ganadores/as del primero y segundo premio se hará en Santo Domingo, República Dominicana en el marco de la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas.

Información y contacto

Adrian Pietryszyn
Teléfono: (54 11) 4954 7272
Correo electrónico para enviar trabajos: certamen@conferenciadrogas.com
Página web: www.conferenciadrogas.com

Fecha límite de inscripción y envío de trabajos vía Internet: 1 de septiembre de 2016

Publicado originalmente en: http://conferenciadrogas.com/2016/bases-y-condiciones/

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Comisión Internacional a México sobre Comercio de Armas y Derechos Humanos de Migrantes y Mexicanos

Comisión Internacional a México
Comité de Servicios de Amigos Americanos (AFSC)
El Comercio de Armas y los Derechos Humanos de Migrantes y Mexicanos

Versión en inglés aquí.

Incorpórate a una comisión internacional de activistas y periodistas a México que explora el comercio de armas y la militarización de México por parte de Estados Unidos, sus impactos en los mexicanos y centroamericanos en México, y los movimientos no-violentos que enfrentan temas de la seguridad y la violencia del Estado.

La comisión empieza en la Ciudad de México, conociendo a organizaciones de derechos humanos, apoyo a migrantes, y control de armas. Desde allí viaja al estado de Guerrero, donde las comunidades mexicanas (incluyendo la de Ayotzinapa) son directamente afectadas por la violencia suscitada por el comercio de armas, a Cuernavaca, y a Tapachula, Chiapas, para ser testigos de la frontera y conocer la situación de los migrantes centroamericanos afectados por las actividades de la Migra Mexicana.

Desde septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes fueron desaparecidos por policías mexicanos en Ayotzinapa, Guerrero, mexicanos se han movilizado para poner un fin a la violencia e impunidad del Estado. El estado mexicano está profundamente implicado tanto en las violaciones directas de los derechos humanos como en la violencia del crimen organizado. Los Estados Unido no debe armar un estado así.

Pero las ventas de armas a los policías y militares mexicanos han crecido enormemente, sumando más de $3,5 mil millones desde finales de 2012. Miles de armas de asalto de tipo militar también se han comprado comercialmente en los Estados Unidos y traficados a México para el uso del crimen organizado.

México es un país de tránsito y un destino para poblaciones que huyen de la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras, los cuales tienen entre las tazas más altas de homicidios en el mundo. Desde el número de niños centroamericanos llegando a la frontera con Estados Unidos se tiró en 2014, EE.UU ha apoyado la detención y deportación masiva de estos migrantes por parte de México en el sur de ese país, empujándolos hacía áreas aún más peligrosas, dominadas por el crimen organizado y sus armas obtenidas en EE.UU.

Las transferencias militares y de armas de Estados Unidos a México trastornan las necesidades para una seguridad compartida. Buscamos mayor transparencia sobre las ventas de armas de EE.UU a México, y que se ponga fin a la presión de Washington a México para detener y repatriar a centroamericanos.

También procuramos en esta comisión a: desarrollar nuestro conocimiento y análisis de estos temas; establecer conexiones con jóvenes y comunidades indígenas que confrontan la violencia en México; sentar las bases para la colaboración entre AFSC y otros, tanto de Estados Unidos como de México, para trabajar temas de violencia y armas; y recoger testimonios filmados y tomas de video para utilizar en la educación de base en Estados Unidos sobre los impactos de la militarización en los derechos humanos y la migración.

Costo: US$1500, incluye todos los costos en México entre la llegada/salida en la Ciudad de México. Se esperan que participantes hacen seguimiento de la delegación con educación de base, medios, incidencia, y/o investigación en colaboración con AFSC. Algunos fondos son disponibles para apoyar la participación de personas que no cuentan con recursos suficientes.

Aplicación: Plazo es lunes, 11 de abril. Bajar su formulario de solicitud aquí.

Seguridad: Grupos en Guerrero que disputan el control territorial han aumentado los riesgos para personas ordinarias. Tomamos muy en serio la seguridad del grupo y sus miembros. Estamos consultando con profundidad con nuestros socios en México y los asesores de AFSC sobre seguridad. El programa se puede cambiar por motivos de seguridad, y vamos a informar al grupo antes y durante el viaje.

Contacto: John Lindsay-Poland, 510-282-8983, jlindsay-poland@afsc.org; Kathryn Johnson, 202-483-3341, ext 108, kjohnson@afsc.org

http://afsc.org/event/comisi%C3%B3n-internacional-m%C3%A9xico

 

Fuente de la imagen: http://static.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2012/07/armas-rapido-y-furioso.jpg

Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana: “Regulación en relación con la seguridad pública”

Amaya Ordorika Imaz, integrante de ReverdeSer Colectivo, participó el día de hoy en la mesa “Regulación en relación con la seguridad pública”, en el marco de las Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana, a la que convocó la Mesa Directiva del Senado de la República.

Aquí pueden encontrar el video completo de la mesa:

 

Para el seguimiento en redes sociales busca #RegulacionResponsable

 

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

Juventudes, Derechos Humanos y Drogas

Mañana, Miércoles 9 de diciembre de 2015, asiste al Foro sobre Juventudes, Derechos Humanos y drogas en el que participaremos junto con integrantes de más de 10 otras organizaciones para dialogar sobre cambios en las tendencias globales de las políticas de drogas, uso de sustancias psicoactivas, reducción de daños (en el uso de sustancias y de los que provoca la prohibición) y de estrategias de intervención integrales y efectivas.

La cita es en General Prim 10, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, entre Tres Guerras y Bucareli, Ciudad de México.

Ahí nos vemos!

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La paja en el ojo ajeno… EEUU recortó dinero a México por quejas de derechos humanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos recortará a México parte de los recursos que cada año le otorga a través de la Iniciativa Mérida para combatir el problema de las drogas, debido a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas, reveló hoy al diario The Washington Post.

“El Departamento de Estado ha decidido que México no logró alcanzar algunos de los objetivos enfocados a  los derechos humanos, lo que provocó un corte de millones de dólares en ayuda”, expone el diario en una nota firmada por el periodista Joshua Partlow y en la que no especifica de cuánto será el recorte.

En diciembre de 2008, México y Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre laIniciativa Mérida, para contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza en ambos lados de la frontera.

Entre las instituciones que están involucradas se encuentran el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI, la agencia antidrogas DEA y por parte de México: el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Esta semana autoridades de los dos países hicieron una revisión, entre otros, sobre los avances de este acuerdo.

Fuentes exclusivas revelaron al diario que el recorte afectaría a una pequeña parte de los fondos anuales antidrogas dadas a México. “Esto [recorte] es una clara señal de la frustración de Estados Unidos, esto se dio luego de que México ha sido sacudido por varios casos de presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero”, detalla The Washington Post.

A través de la Iniciativa Mérida, un programa estadounidense para apoyar la lucha de México contra los cárteles de la droga, se han destinado 2,300 millones de pesos desde 2008 para equipos como helicópteros y sensores fronterizos, así como programas de capacitación para los miles de funcionarios mexicanos.

“El 15 por ciento del dinero previsto para el Ejército y la policía mexicana está sujeta a las disposiciones que tenga el país de avanzar en la protección de los derechos humanos, incluyendo la aplicación de normas contra la tortura y el enjuiciamiento de las personas de las desapariciones forzadas”, detalla el medio.

Para liberar ese dinero, añade, el Departamento de Estado está obligado a explicar al Congreso de los Estados Unidos el desempeño de México y decir qué medidas está tomando para hacer frente a esos problemas. “Pero este año, las autoridades optaron por no escribir ese informe. La financiación total de la Iniciativa Mérida para el año fue de 148 millones”.

“Es una decisión muy importante que ellos han hecho”, dijo al diario estadounidense Maureen Meyer, experto en México de la Oficina de Washington para América Latina. “Muestra cómo los Estados Unidos están preocupados por la situación de los derechos humanos en México”.

En 2010, revela The Washington Post, el Departamento de Estado y el Congreso habían analizado el tema de los recursos destinados a México en la iniciativa Mérida debido a las preocupaciones por violaciones a los derechos humanos que desde entonces existían, pero esos fondos finalmente fueron proporcionados después de que México tomó medidas, tales como la aprobación de leyes de derechos humanos y la limitación de la jurisdicción de los tribunales militares. “Este año, en cambio, México perdió el dinero”.

“De vez en cuando los países no son capaces de cumplir con los criterios de notificación exigidos por el Congreso”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado en respuesta a una pregunta sobre la ayuda que se otorga a través de la iniciativa.

Con los años, los diplomáticos estadounidenses han expuesto el mejor historial de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas para mantenerlos como socios dispuestos a colaborar en la guerra contra las drogas. “Esta vez, la decisión del Departamento de Estado para desviar fondos de la Iniciativa Mérida hacia Perú se hizo sin ninguna crítica pública hacia México.

“Ellos [autoridades de EEUU] han manejado esto más con pinzas que con martillos”, dijo Eric L. Olson, experto en América Latina en el Centro Internacional Woodrow Wilson, en Washington. “Pero es innegable que envía una señal de que los Estados Unidos no está del todo contento”.

El diario señala que el último informe anual del Departamento de Estado sobre los derechos humanos, en 2014, resaltó que ha habido numerosas denuncias de que las autoridades mexicanas “cometieron asesinatos arbitrarios o detenciones ilegales, a menudo con impunidad”. También describe las acusaciones de tortura y desapariciones por las fuerzas de seguridad.

¿QUÉ DICE MÉXICO?

Sobre el recorte de dinero para la iniciativa, The Washington Post le preguntó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su opinión al respecto y la dependencia federal dijo que la certificación de Estados Unidos de sus esfuerzos por respetar los derechos humanos, conocido como el “Informe de 15 por ciento” es “una obligación impuesta por el Congreso de Estados Unidos sobre el gobierno. No es una obligación que México tiene que cumplir”.

“La política de México es para observar el Estado de Derecho y para demostrar respeto absoluto a y la protección de los derechos humanos”, expuso la SRE en su comunicado difundido por el medio.

En los últimos años, refiere el rotativo, la violencia del narcotráfico se disparó y luego se redujo ligeramente, soldados y agentes de policía regularmente han sido acusados ​​de matar a civiles inocentes, torturar a los testigos y el uso de cantidades desproporcionadas de fuerza en su lucha cárteles de la droga.

En varias partes del país, indica, el Ejército mexicano se ha hecho cargo de las tareas de protección primaria después de que se disolvió la policía municipal, ya que se habían infiltrado integrantes de bandas de narcotraficantes a las corporaciones.

“A pesar de años de la Iniciativa Mérida y los esfuerzos de los Estados Unidos ha hecho para trabajar con el Gobierno mexicano para mejorar la justicia y la rendición de cuentas, ha habido poco progreso”, dijo al diario estadounidense Tim Rieser, asesor de política exterior del senador Patrick J. Leahy. “La Ley Leahy prohíbe al Gobierno de Estados Unidos proporcionar ayuda a las unidades militares extranjeras que cometen violaciones en contra de los derechos humanos”, añadió.

UNA SERIE DE EJECUCIONES

El caso más reciente de los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas implica la desaparición el año pasado de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. “El gobierno mexicano afirmó que la policía municipal de la ciudad de Iguala, Guerrero, detuvieron a los estudiantes, los mataron y quemaron sus cuerpos en un basurero”, recuerda The Washington Post.

La publicación también señala que los investigadores convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyeron el mes pasado que los estudiantes no podían haber muerto incinerados en el basurero de Cocula – como concluye la “verdad histórica”-, y describieron que los soldados supuestamente fueron testigos de la violencia, pero no intervinieron. “Los investigadores observaron un caso mal manejado y los testigos afirmaron haber sido torturados”, según el informe.

“Todo el mundo sabía que [el Gobierno] era el centro de atención en este caso”, dijo Tim Rieser al medio . “Sin embargo, ellos [autoridades mexicanas] trataron de encubrir y ocultar lo que pasó. Muestra la cantidad de impunidad que existe allí y la creencia de que puede salirse con la suya”, subrayó el asesor político al medio.

En el recuento de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de las autoridades. The Washington Post retoma la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, donde el Ejército mexicano estuvo implicado.

“Grupos de derechos humanos también han compilado las acusaciones de que testigos de los asesinatos fueron torturados después del ataque en Tlatlaya. Tres soldados se enfrentan a cargos de homicidio en el incidente y siete policías estatales han sido acusados ​​de tortura”, dice el texto.

En enero, continúa el diario con el recuento, las fuerzas federales presuntamente mataron a 16 civiles en Apatzingán, Michoacán.

Aunque estas cuestiones han suscitado preocupación en Washington, describe el diario, los escándalos no parecen haber generado mucha presión para cambiar la financiación más amplia de Estados Unidos a México.

“Con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, expuesto a intensas críticas internas, el hundimiento de su aprobación, con una economía cojeando y una difícil situación de seguridad en su país, la administración Obama tiene cuidado, explicó al periódico Carl Meacham, director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Ellos [Gobierno de EEUU] no quieren agravar una situación que ya es muy sensible”.

Pero dada la serie de presuntos abusos cometidos por parte de las autoridades mexicanas “es imposible no hacer caso a la realidad”, dijo a The Washington Post Stephanie Erin Brewer, coordinador del Departamento Internacional en el Centro Prodh. “Esto sin duda es un mensaje muy fuerte para México”, sentenció.

Fuente original: Sin embargo, publicada en http://www.eldiariony.com/2015/10/18/eeuu-recorto-dinero-a-mexico-para-iniciativa-merida-por-quejas-de-derechos-humanos-reporta-wp/

¿Qué es el informe “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos” y qué opina Segob al respecto?

La llamada “guerra contra las drogas” desplegada en los últimos 50 años ha provocado desplazamientos forzados, detenciones masivas, hacinamiento carcelario, afectación de las garantías judiciales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Hoy, un grupo de 17 organizaciones de 11 países de América presenta una publicación conjunta sobre “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia del continente americano”. En ella se analiza cómo la “guerra contra las drogas” y el sistema internacional de prohibición han sido implementados de forma tal que se han desbordado los sistemas penales y se han afectado las poblaciones más vulnerables, sin lograr siquiera disminuir los problemas de consumo o de tráfico en la región.

En México, la guerra contra el narcotráfico ha generado al menos 70,000 homicidios relacionados con el tráfico de drogas, así como importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas. Desde finales de 2006, se reforzó el empleo de la fuerza letal y se incrementó de manera significativa la participación de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad para el combate contra las drogas.

El informe conjunto profundiza en la militarización de la seguridad pública, la criminalización del consumo, el debilitamiento del debido proceso, las detenciones masivas, las penas desproporcionadas para delitos de drogas y las restricciones en el acceso a la salud.

También aporta testimonios y remite a casos sobre los abusos a los derechos humanos originados en las políticas de drogas prohibicionistas que fueron implementadas en toda la región. Esto incluye historias como la de Miriam, una mujer mexicana que fue detenida, golpeada y torturada sexualmente hasta que hiciera una confesión falsa respecto a la posesión de drogas; Paulino Huamán, quien fue asesinado en su casa cuando las Fuerzas Armadas de Perú bombardearon su pueblo como parte de la “guerra contra las drogas”; Anny, una niña brasileña de 5 años cuyos padres se vieron obligados a comprarle un medicamento en el mercado negro porque contenía un derivado de la marihuana; y Rocío, una víctima de desplazamiento forzado en Colombia que transportaba pequeñas cantidades de drogas dentro del país para alimentar a sus tres hijos y terminó siendo encarcelada muy lejos de ellos, por un aparente error administrativo.

La publicación pone énfasis en el aumento de la cantidad de mujeres encarceladas por delitos de drogas no violentos y las implicancias que eso tiene para ellas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Aborda el impacto de las campañas de erradicación forzada de cultivos, que amenazan el sustento y hasta la salud de algunas comunidades rurales. Y muestra cómo el racismo se manifiesta en los arrestos relacionados a la marihuana en los Estados Unidos al ser casi 4 veces más probable que una persona afro descendiente sea detenida por esa razón que una persona blanca. Además, se resaltan las experiencias alternativas que se están llevando adelante en Uruguay, Ecuador, Bolivia y algunos estados de los Estados Unidos.

Las organizaciones que participaron en el informe presentan una serie de recomendaciones para que los Estados exploren políticas que busquen reducir la violencia y mejorar las respuestas sanitarias, dado que las medidas prohibicionistas han fracasado en sus intentos de disminuir la oferta de drogas y han contribuido a graves violaciones de derechos humanos en el continente americano. Por ejemplo, se recomienda la descriminalización del consumo y el autocultivo de drogas, y el desarrollo de alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas.

Estas propuestas han empezado a ser exploradas en distintas partes de mundo y nos muestran que los cambios son posibles. Hay alternativas.

Sobre la presentación de este informe en el Senado, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex publicó:
En la presentación de la publicación regional “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos, la experiencia del continente americano”, senadores y representantes de organizaciones consideraron que se requiere analizar otras alternativas para enfrentar el problema.
Al encuentro asistió Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, quien señaló que México se encuentra “bastante solo” en su reclamo para revisar las condiciones en que se da el combate al tráfico y consumo de drogas.
Consideró como logro de México, Guatemala y Colombia la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas, que se llevará a cabo en 2016, y donde se revisarán algunos aspectos de la lucha contra los estupefacientes. Sin embargo, consideró que la actitud internacional para cambiar el actual esquema es “muy conservadora”, toda vez que México ha planteado la necesidad de analizar con seriedad y profundad los diferentes modelos que existen a nivel mundial y sus resultados.
Ello, explicó, porque hay países que están por la prohibición de las drogas, hay un conjunto pequeño de naciones y de estados de la Unión Americana que han optado por la legalización y otros que optan por la despenalización del consumo.
La guerra declarada contra las drogas en los últimos años había generado una violencia extraordinaria, la cual aumentó por los cambios estructurales en las condiciones del mercado. Aunado a ello, agregó, México se enfrenta a características de violencia vinculada con las rutas de acceso de drogas a Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo, así como a un tráfico indiscriminado de armas y dinero ilegal.
El funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) lamentó que las preocupaciones mexicanas no sean las preocupaciones del mundo y consideró injusto que del otro lado de la frontera haya ya muchos estados que legalizaron el consumo medicinal de la mariguana. Mientras, México pone los muertos y 80 por ciento de las mujeres presas en cárceles federales, lo están por transportar drogas.
Por ello, el subsecretario mencionó que México país pedirá que en dicha sesión especial se analicen seriamente las consecuencias de la aplicación de esos modelos a nivel internacional. En tanto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Laura Angélica Rojas Hernández, expresó que no se tiene por qué esperar a que 193 países se pongan de acuerdo para cambiar la forma en que la comunidad internacional combate las drogas y que el debate debe generar las soluciones para que México atienda de mejor manera esta problemática.
Aclaro que el Partido Acción Nacional (PAN) no tiene una posición definida sobre legalizar o no la mariguana, pero “mi posición, en lo personal, es que sí creo que tenemos que regularla, por lo menos, para uso medicinal y científico; y eso es muy importante hacerlo ya”.

A su vez, el senador Alejandro Encinas Rodríguez coincidió en que “es momento de hacer un replanteamiento total de la política” en la materia y dar un paso hacia la regulación de las drogas para usos medicinales e investigación científica.

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  1. CMDPDH- http://cmdpdh.org/2015/08/el-impacto-de-las-politicas-de-drogas-en-los-derechos-humanos/
  2.  Notimex, publicado en: http://www.20minutos.com.mx/noticia/b322801/debaten-en-senado-politica-de-combate-a-drogas-en-america-latina/#xtor=AD-1&xts=513356

El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos

La llamada “guerra contra las drogas” desplegada en los últimos 50 años ha provocado desplazamientos forzados, detenciones masivas, hacinamiento carcelario, afectación de las garantías judiciales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Hoy, un grupo de 17 organizaciones de 11 países de América presenta una publicación conjunta sobre “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia del continente americano”. En ella se analiza cómo la “guerra contra las drogas” y el sistema internacional de prohibición han sido implementados de forma tal que se han desbordado los sistemas penales y se han afectado las poblaciones más vulnerables, sin lograr siquiera disminuir los problemas de consumo o de tráfico en la región.

El informe conjunto profundiza en la militarización de la seguridad pública, la criminalización del consumo, el debilitamiento del debido proceso, las detenciones masivas, las penas desproporcionadas para delitos de drogas y las restricciones en el acceso a la salud.

También aporta testimonios y remite a casos sobre los abusos a los derechos humanos originados en las políticas de drogas prohibicionistas que fueron implementadas en toda la región. Esto incluye historias como la de Miriam, una mujer mexicana que fue detenida, golpeada y violada hasta que hiciera una confesión falsa respecto a la posesión de drogas; Paulino Huamán, quien fue asesinado en su casa cuando las Fuerzas Armadas de Perú bombardearon su pueblo como parte de la “guerra contra las drogas”; Anny, una niña brasileña de 5 años cuyos padres se vieron obligados a comprarle un medicamento en el mercado negro porque contenía un derivado de la marihuana; y Rocío, una víctima de desplazamiento forzado en Colombia que transportaba pequeñas cantidades de drogas dentro del país para alimentar a sus tres hijos y terminó siendo encarcelada muy lejos de ellos, por un aparente error administrativo.

La publicación pone énfasis en el aumento de la cantidad de mujeres encarceladas por delitos de drogas no violentos y las implicancias que eso tiene para ellas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Aborda el impacto de las campañas de erradicación forzada de cultivos, que amenazan el sustento y hasta la salud de algunas comunidades rurales. Y muestra cómo el racismo se manifiesta en los arrestos relacionados a la marihuana en los Estados Unidos al ser casi 4 veces más probable que una persona afro descendiente sea detenida por esa razón que una persona blanca. Además, se resaltan las experiencias alternativas que se están llevando adelante en Uruguay, Ecuador, Bolivia y algunos estados de los Estados Unidos.

Las organizaciones que participaron en el informe presentan una serie de recomendaciones para que los Estados exploren políticas que busquen reducir la violencia y mejorar las respuestas sanitarias, dado que las medidas prohibicionistas han fracasado en sus intentos de disminuir la oferta de drogas y han contribuido a graves violaciones de derechos humanos en el continente americano. Por ejemplo, se recomienda la descriminalización del consumo y el autocultivo de drogas, y el desarrollo de alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas.

Estas propuestas han empezado a ser exploradas en distintas partes de mundo y nos muestran que los cambios son posibles. Hay alternativas.

Las organizaciones que colaboraron en la realización de este informe son:

American Civil Liberties Union (ACLU),
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH),
Canadian Civil Liberties Association (CCLA),
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH),
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Colegio Médico de Chile,
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH),
Conectas Direitos Humanos,
Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD),
Corporación Humanas,
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia),
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR),
Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED),
Intercambios, Fundación Myrna Mack,
Washington Office on Latin America (WOLA)

Los riesgos crecientes causados por la guerra a las drogas ya no pueden ignorarse #supportdontpunish

“Apoye. No Castigue.” es una campaña global para promover mejores políticas de drogas que prioricen la salud pública y los derechos humanos

Los riesgos causados por la guerra contra las drogas ya no pueden ignorarse. Es hora de dejar atrás las políticas dañinas, las ideologías y los prejuicios. Es hora de priorizar la salud y el bienestar de las poblaciones afectadas, sus familias y sus comunidades.

Apoye. No Castigue es una campaña mundial que promueve políticas de drogas mejores que prioricen la salud pública y los derechos humanos. La campaña busca promover una reforma de las políticas sobre drogas, así como cambiar las leyes y las políticas que impiden el acceso a las intervenciones de reducción de daños.

La campaña Apoye. No Castigue se alinea con los siguientes mensajes claves:

  • El sistema de fiscalización de drogas está roto y necesita una reforma
  • Las personas que usan drogas ya no deberían ser criminalizados
  • Las personas involucradas en el tráfico de drogas a eslabones bajos, especialmente los y las que participan por razones de subsistencia o de coerción, no debe enfrentar castigos severos o desproporcionados.
  • La pena de muerte no debería ser impuesta por delitos de drogas.
  • Las políticas de drogas en la próxima década deberían centrarse en la salud y la reducción de daños
  • Para el 2020, el 10 por ciento de los recursos globales invertidos en las políticas sobre drogas deberían ser invertidos en la salud pública y la reducción de daños

La campaña Apoye. No Castigue fue originalmente concebida como parte del proyecto de Acción Comunitaria por la Reducción de daños (CAHR)

Para apoyar la campaña se puede utilizar el hashtag #supportdontpunish o twittear a @SDPcampaign.
Agradecemos toda la difusión

Fuente: http://supportdontpunish.org/es/

Foro: Políticas de drogas y derechos humanos

¿Cuáles han sido las consecuencias de la guerra contra las drogas en México?

Es necesario caminar hacia la transformación de políticas que pongan al centro la dignidad de las personas.

Para esto, el viernes 19 de junio te invitamos al Foro Internacional “Políticas de drogas y derechos humanos”.

Nos vemos a partir de las 9am y hasta las 7:30 pm en la Universidad ORT (Colima 56, Roma Norte).

Convocamos a este foro junto con FES-Seguridad, la Comisión Mexicana de Defensa y Promosión de los Derechos Humanos (CMPDH), el área de Política de Drogas del CIDE-Región centro; la Fundación Friederich Ebert; Equis Justicia para las Mujeres; Espoléa A.C.; CuPIHD; Estudiantes por una Política Sensata de Drogas; entre otras organizaciones.

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El prohibicionismo y la violencia en México

Por Amaya Ordorika para ReverdeSer Colectivo

La estrategia internacional de política de drogas, aplicada rigurosamente en México, se ha planteado un mundo sin drogas. Al cuál se propone llegar a través de la prohibición de la producción, distribución, venta y consumo de ciertas sustancias. Sin embargo, lejos de lograr este objetivo, el consumo de sustancias ilícitas no ha hecho más que aumentar, mientras que hemos visto otros efectos sumamente dañinos asentarse sobre nuestras comunidades.[i]

Esta estrategia de prohibición mantiene un negocio de miles de millones de dólares en la ilegalidad, lo cual tiene consecuencias altamente preocupantes:

  • La primera, y quizás la más evidente, es que este negocio, que genera enorme márgenes de ganancia para quienes participan en él, no tiene una forma legal de regulación, por lo que se regula a través de la apropiación territorial violenta. Es decir, las diferentes partes disputan los espacios de venta por medio de la fuerza. Al ser un espacio que está por fuera de la legalidad, al interior también se regula por medio de la violencia.[ii]
  • Sumado a esto, por ser un negocio ilegal, altamente perseguido, las partes usan la violencia no sólo al interactuar entre sí, sino también para repeler a las fuerzas de seguridad del Estado. Esto ha resultado en una carrera armamentista, en la que el Estado y el narcotráfico están continuamente actualizando su equipo para estar más preparado que el otro.[iii] Esto es un negocio redondo para la industria armamentista de Estados Unidos, quien por medio de tratados como la Iniciativa Mérida hace acuerdos millonarios para proveer de armas al Estado mexicano[iv] y que por el otro lado vende armas de manera ilegal a grupos del crimen organizado.[v]
  • Otra consecuencia de mantener este mercado en la ilegalidad es que se favorecen altos índices de corrupción a nivel nacional. Un mercado que genera tantas ganancias, pero que opera en la ilegalidad, necesita funcionarios de todos los niveles de gobierno que, cuando menos, se hagan de la vista  gorda, para lo cual tienen muchos recursos. Desde agentes aduanales y policías municipales, hasta altos mandos del ejército, pasando por todo tipo de funcionarios públicos, han sido presentados con la opción de participar del negocio ilegal y recibir grandes sumas de dinero o ser víctima de alguna forma de violencia.[vi]

En México, hemos asumido la responsabilidad de desactivar las redes de producción y distribución de sustancias ilegales por medio del uso de la fuerza. La prohibición y criminalización de las drogas han empujado al gobierno a enfocar poder económico, judicial y militar en el combate al narcotráfico, en lugar de aplicar estos recursos en la prevención del delito y el castigo de delitos violentos con afectaciones a terceros como el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas.

Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno federal emprendió una ofensiva militar conocida como la “guerra contra el narco”. Esta estrategia consistió en la designación de las personas que participan en cualquier eslabón de la cadena del narcotráfico como enemigos de la seguridad nacional, lo cual ha tenido consecuencias desastrosas. En palabras del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: “El alza en la violencia vinculada al discurso oficial que ha designado a los narcotraficantes como enemigos de la seguridad nacional genera una dinámica en la que el miedo es más importante que la defensa de las garantías civiles, lo que lleva a un deterioro del estado de derecho, donde parecen perder importancia la vida, el debido proceso y la libertad de expresión frente al combate al narcotráfico”[vii].

Esta estrategia se basó en la militarización de la seguridad del país. Esto se dio de dos maneras: la primera fue el despliegue de miles de militares en todo el país para la realización de tareas correspondientes a los órganos de seguridad pública y la segunda fue la sustitución de titulares de instituciones de seguridad pública por militares en activo o en retiro.[viii] Esto sumado al discurso de enemigo público es particularmente preocupante, debido a que la formación militar consiste en la eliminación del enemigo. En este contexto el estado de derecho quedó relegado y se volvió suficiente acusar a alguien de ser narcotraficante para ser encarcelado, e incluso asesinado, a manos del ejército, sin que fuera necesaria mayor explicación.

La militarización del país que se radicalizó durante el sexenio de Calderón tuvo efectos, u objetivos no oficiales, graves. Entre ellos podemos destacar que sirvió como mecanismo de control social y sobre los recursos naturales.[ix] Sumado a esto, lejos de reducir la violencia, las denuncias de violaciones a derechos humanos aumentaron exponencialmente en los lugares con mayor presencia del ejército.

La situación de violencia que vivimos hoy en México es en gran parte resultado de las políticas en materia de drogas aplicadas en el país. Es por esto que es importante participar del debate de política de drogas. Hablar de política de drogas es hablar de violencia, de derechos humanos, de criminalización y marginación de la juventud, de las personas en condiciones de pobreza y a la protesta social. No es un tema de “pachecos” y “delincuentes”, es un tema de todos y de todas.


[i]  Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas: “Asumiendo el Control: Caminos hacia políticas de drogas eficaces” 2014, disponible en:

https://reverdeser.files.wordpress.com/2014/11/c6218-global_commission_es.pdf

[ii]  Brombacher, Daniel “This is what you get. Mercados ilegales y violencia en América Latina” Policy Paper, Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Disponible en:

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09230.pdf

[iii]  Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas: “Guerra a las drogas” 2011, disponible en:

http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_Spanish.pdf

[iv]  Carlsen, Laura, “Suspensión de fondos de la Iniciativa Mérida salvará vidas”, 2013, Programa de las Américas, disponible en: http://www.cipamericas.org/es/archives/10295

[v]  Tourliere, Mathieu “México, territorio abierto a las armas” 2013, Proceso, disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=337637

[vi]   Soberon, Ricardo, “Corrupción, narcotráfico y fuerzas armadas: una aproximación para América Latina”, Transational Institute, disponible en: http://www.tni.org/es/article/corrupci%C3%B3n-narcotr%C3%A1fico-y-fuerzas-armadas-una-approximaci%C3%B3n-para-am%C3%A9rica-latina

[vii]   Posicionamiento de la Plataforma de Política de Drogas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, disponible en: http://movimientoporlapaz.mx/es/2013/10/01/la-politica-de-drogas-en-mexico/

[viii]   Acosta Urquidi, Mariclaire. “La impunidad crónica de México: Una aproximación desde los derechos humanos”. CDHDF. México, 2012. Pp. 71. Ver también, ICG. Peña Nieto’s challenge: Criminal cartels and rule of law in Mexico. International crisis group, 2013. Pp. 16

[ix]  Carlsen, Laura, “Las mujeres al frente de los movimientos contra la militarización”, Programa de las Américas, disponible en: www.cipamericas.org/es/archives/3436