Archivo de la etiqueta: Criminalización

Políticas de drogas, por un debate con perspectiva académica

Por Ana Luisa Guerrero

México, DF. 19 de enero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- El amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó a cuatro personas para sembrar, poseer, transportar y consumir mariguana con fines recreativos y lúdicos, abrió el debate en torno a la pertinencia de que en México se legisle en la materia. Frente a este escenario, resulta imprescindible abrir los foros a las investigaciones que realiza la academia mexicana.

banner politica drogas CIDE01

Múltiples instituciones desarrollan estudios desde diversas áreas del conocimiento. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a través de su Programa de Política de Drogas (PPD), se ha abocado en describir cómo ha sido la implementación de las actuales políticas de drogas en nuestro país, así como sus efectos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2011, en el país se observó una tendencia de crecimiento poco significativo en el consumo de drogas ilícitas, al pasar de 1.6 por ciento a 1.8 por ciento en la población total de 12 a 65 años, en relación a la encuesta anterior de 2008.

Los datos muestran que la mariguana es la droga de mayor prevalencia con 80 por ciento del consumo total, seguida de la cocaína que contabiliza un usuario por cada 2.4 de mariguana. Los resultados revelan que un millón 200 mil personas habían consumido una droga ilícita en los 12 meses anteriores a la encuesta.

tabla consumo drogas 2011 mexicoENA

Tendencias del consumo de drogas en población total de 12 a 17 años. Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011. **Cocaína también incluye crack.

Catalina Pérez Correa González, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE e integrante del PPD, aborda temas como la procuración de justicia, el funcionamiento del sistema de justicia penal y la política de drogas en México y América Latina.

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt señala que, en el inminente debate público, es fundamental que las decisiones asumidas por las instituciones correspondientes ponderen las evidencias e información generadas sobre la actual estrategia antinarcóticos en términos de análisis jurídicos, médicos, de salud pública y mental; en materia de derechos humanos e incluso respecto a los costos sociales y económicos que este fenómeno tiene para las instituciones del Estado.

Maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, en California, ha realizado desde su área de estudio las investigaciones El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México y (Des)proporcionalidad y delitos contra la salud en México”, al tiempo de coordinar el libro Justicia desmedida: Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina, realizado por el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEDD) que integran investigadores de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Uruguay, Perú y México, así como de Holanda y Estados Unidos.

Consumo y consumidores

En el estudio El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México, los investigadores del CIDE —centro público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)— se enfocaron en contextualizar la situación prevaleciente y, a decir de la investigadora, se enfrentaron a que son escasas las fuentes de información para medir el consumo, las cuales provienen de hospitales o sistemas de salud a donde llegan los casos más graves, midiéndose así el consumo más problemático que termina en accidentes o con la intervención de la autoridad.

catalina perez correa01Pérez Correa refiere que el único instrumento que existe es la Encuesta Nacional de Adicciones —con indicadores más recientes de 2011— cuyo enfoque es el consumo como adicción, dejando de lado que no todos los consumos son adicciones.

“Hay consumos que no son problemáticos, consumos frecuentes y ocasionales, los cuales pueden ser problemáticos tanto con sustancias ilegales como legales. Hay personas que pueden tomar alcohol u otras sustancias y tener accidentes o comportamientos destructivos, aunque solo sea una vez cada dos años; o puede haber quienes tomen una o dos copas de vino diarias y no tener conductas problemáticas o problemas de salud”, señala.

Según la investigadora, desde la forma en que se mide el consumo de sustancias ilícitas se observan prejuicios que impiden que se cuente con información puntual, y que además se reflejan en las leyes que regulan el consumo y las conductas vinculadas con ello.

En específico, asevera que cuando estudiaron los códigos penales locales identificaron que a los consumidores se les trata como enfermos que requieren tratamiento forzoso, lo que implica el uso de recursos del sistema de salud pública hacia personas que probablemente no tengan problemas de adicciones.

Bajo esa visión también los hace ver como delincuentes que deben estar encarcelados. La investigación lo documenta con datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR), que refieren que de 2009 a mayo de 2013 se detuvo a 140 mil 860 personas a nivel nacional por consumo de drogas, y el inicio de 53 mil 769 averiguaciones previas por consumo en el sistema penal federal en ese mismo periodo.

Desde 2014 el consumo dejó de ser tipificado penalmente como delito, pero la posesión se mantuvo. La Ley General de Salud (LGS) permite la portación de cinco gramos de mariguana, equivalente a dos cigarrillos, aproximadamente, y de medio gramo de cocaína.

El Código Penal Federal establece que si la dosis para consumo está dentro de los rangos previstos en la LGS no se procede penalmente, no se lleva un juicio y no se aplica una sanción. Pero si la posesión está por encima de las dosis de consumo permitidas y en el momento de detectarse no hay indicios de una intención de venta o suministro, incluso gratuito, solo se le procesa por el delito de posesión. Cuando se trata del caso de la posesión con fines de venta o comercio, se procesa conforme a la legislación.

De acuerdo con Pérez Correa, sin importar cualquiera de las tres circunstancias, a las personas que poseen drogas o estupefacientes son detenidas y llevadas a agencias del Ministerio Público donde se les abre una averiguación previa. El ejercicio o no de la acción penal se determina posteriormente, cuando ya se les detuvo con visos de criminalizar a los consumidores.

El trabajo de investigación plantea que las dosis permitidas por la LGS son ambiguas porque no son acorde con la práctica de los consumidores, pues generalmente quienes hacen uso de la mariguana se abastecen con cantidades superiores a las permitidas, lo que significa que en caso de ser detenidos se les procesa como narcomenudeo, aunque no hubiera la intención de comercializar o suministrar.

La profesora del CIDE sede Región Centro refiere que en el caso de la cocaína la dosis permitida no se comercializa porque en el mercado se vende por “grapa”, equivalente a un gramo, el doble de lo que admite la ley.

“Cualquier consumidor que compre la dosis mínima, si lo llegan a detener ya está en el supuesto de narcomenudeo, lo van a procesar como narcomenudista y aplicarle las sanciones que van de diez meses hasta tres años de cárcel”, dice.

Proporcionalidad penal

El principio de proporcionalidad establece que debe haber una relación entre el costo y el beneficio que se obtiene de aplicar una legislación.

Catalina Pérez Correa es integrante del Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho que recientemente ha publicado el estudio Justicia desmedida: Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina que aborda la regulación de la posesión y la criminalización de los consumidores.

Para mayor información contactar al correo catalina.perezcorrea@cide.edu o visitar www.ppd.cide.edu y www.drogasyderecho.org.

La proporcionalidad penal, un concepto distinto, establece que las conductas que se penalizan a través de las leyes deben tener una relación con otras conductas y también ante sí mismas; por ejemplo, una infracción de tránsito no puede ser más penada que un homicidio.

La investigación (Des)proporcionalidad y delitos contra la salud en México tuvo como objetivo estudiar qué tanto se respeta el principio de proporcionalidad en la aplicación de las leyes en materia de drogas; se evaluó si el incremento en la penalidad contribuyó a disminuir el consumo y la violencia, se analizó cómo funciona el mercado negro, al tiempo que se evaluaron los costos a las finanzas públicas por tener a una persona encarcelada por delitos de drogas y cuáles son los costos generados a nivel social.

“Comparamos cómo se penan las conductas de acuerdo con el Código Penal Federal y encontramos que, en términos de la ley, pareciera que son más graves algunas conductas de delitos de drogas. Por ejemplo, el transporte de estupefacientes lleva aparejada una pena promedio mayor que la violación de un menor”, detalla.

Este estudio presenta cifras del sistema de procuración de justicia federal en las que se observa un incremento en los casos de procesos penales por delitos menores en materia de drogas hacia consumidores, en su mayoría jóvenes. Cita que en 2010, 74 por ciento de las detenciones que reportó la PGR fue por delitos contra la salud, y que en ese año 41.9 por ciento de las detenciones fueron en materia de venta de drogas al menudeo.

Catalina Pérez Correa explica que los datos que recabaron muestran una inflación de las penas hacia las conductas de drogas “que han repercutido en un sistema penal bastante irracional, como el que sea más grave transportar drogas que violar sexualmente a un menor”.

Esta desproporcionalidad, refiere el documento, se refleja en que la pena máxima establecida para violación entre adultos es once años menor que la pena máxima establecida para los delitos de comercio, producción, suministro, tráfico y transporte de estupefacientes.

La investigadora considera que debe replantearse la forma en que se castigan socialmente estos delitos, a través de un debate público ante la posible legalización del consumo de mariguana.

image icon01Descargar imágenes.

pdf iconVer texto en pdf.

Fuente de imagen y noticia: Agencia Informativa Conacythttp://conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/4923-politicas-de-drogas-por-un-debate-con-perspectiva-academica-nota

Criminalizaciones en México

Hay distintas formas de criminalización. Existe el sentido amplio de la criminalidad, que implica atribuir un carácter criminal, contemplado en leyes y códigos, a alguien o algo. En este sentido se puede hablar de la criminalización de la protesta social como la aplicación del código penal y los delitos y penas que el mismo contempla, a modalidades del activismo y de las manifestaciones sociales, con el fin de debilitarla o desorganizarla.

También está la criminalización de las personas usuarias de plantas y sustancias actualmente ilícitas a pesar de que este consumo no está tipificado como un delito en México, sin embargo la principal respuesta del Estado mexicano ante el consumo ha sido a través del sistema penal. Este régimen legal tiene como resultado marginación, y frecuentemente la criminalización, de los consumidores. Un estudio del CEDD del CIDE Región Centro, muestra que entre 2009 (cuando fue aprobada la Ley de Narcomenudeo) y mayo de 2013,  fueron detenidas en el fuero federal 140,860 personas por consumo de drogas, a pesar de que el consumo no es delito.

Pero no en todas partes ocurre lo mismo, hay ya más de 20 paises que han descriminalizado el uso de drogas. Esta descriminalización refiere a la derogación de las leyes y políticas que definen el consumo de drogas y / o la posesión de drogas para uso personal como una ofensa criminal. El acto sigue siendo ilegal, pero las sanciones son administrativas o son abolidas por completo. Para conocer más al respecto recomendamos la e-rramienta que la red IDPC ha sacado al público para comparar los diversos modelos de descriminalización del uso de drogas.

Por nuestra parte, en México, otra forma de criminalizar se hace cada día más presente y fecuente. Cada vez que se justifica una barbarie en medios de comunicación o que en una plática cotidiana sale a la luz el falaz argumento de “algo habrán hecho”. Mediante la concepción de que quien padece de la violencia es porque andaba en malos pasos, se han legitimado las más cruentas matanzas en dictaduras latinoamericanas y de otras latitudes. Bajo esa lente moral que quiere poner una barrera entre la víctima y yo, algo que nos diferencíe, que me diga que a mi no me va a pasar lo que le pasó a Rubén, a Nadia, a Simone, a Alejandra, a Yesenia o a Julio César y a sus otros 42 compañeros, o a Idilberto Reyes García que como tantaos otroas niñoas fue asesinado a causa de la guerra, o a alguna de las otras personas desaparecidas que inconmensurablemente se cuentan por más de 3 decenas de miles, o a alguno de los feminicidios y homicidios que sin ninguna precisión se cuentan por más de 3 centenas de miles, o a loas desplazadoas, migrantoas, torturadoas, y tantos más casos de violencia estructural, sistémica y planificada, ejercida por el Estado, si, por el gobierno mismo y por sus aliados informales.

Este modo de criminalización es el que representa Luis Cárdenas, locutor de MVS, cuando afirma que el asesinato de la colonia Narvarte de la semana pasada

“no tiene un móvil relacionado a la libertad de prensa, no tiene un movil relacionado al trabajo periodístico, ni al trabajo de activista que tenía una de las víctimas, y es que si nos atenemos a las pruebas podemos ver que Nicole, una señorita de 29 años de edad de origen colombiano propietaria de un Mustang Shelby, tiene ella el objetivo de este crimen, al parecer los homicidas iban trás Nicole,… querían asesinar a Nicole, los otros simplemente estaban en un mal lugar en un mal momento.

Habrá que esperar las pruebas policiales y los peritajes de expertos pero de acuerdo a la información que tenemos hasta el momento pareciera ser que este es un crimen que está relacionado con el consumo, con el tráfico de drogas, particularmente de la cocaína” (ver video en https://www.youtube.com/watch?v=5KLcrpfMr1s )

Es irresponsable y ofensivo que intenten inculpar a una persona por su propio asesinato y por el de sus colegas por el hecho de ser colombiana y tener un auto, que esa supuesta investigación se base en un prejuicio del tamaño Colombia=uso y tráfico de cocaína=ultraviolencia.

No podemos permitir más este encubrimiento de la prensa al ascogobierno, #FueElEstado, #EsElEstado, Es el GOBIERNO. Es aterrador saber que algunas de las víctimas del pasado fin de semana habían denunciado a sus agresores y se encontraban en el DF buscando refugio y como si hubieran anunciado su propio destino, como aquí lo hace Rubén, nos recordaron hace tiempo que en Veracruz no hay condiciones para su profesión ya que ya había 13 periodistas asesinados y 4 desaparecidos y que pueden entrar a matarte y nadie hará nada a tu alrededor por temor a perder la vida; o como aquí lo hace Nadia, donde responsabiiza totalmente a Javier Duarte de Ochoa y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que les pudiera suceder a los que estan involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos y sociedad civil en general. Dijo “Si queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad porque son directamente los que están mandando a reprimirnos.”

Ya lo sabemos, ya saben que lo sabemos, no hay vuelta atrás.

Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno.

#JusticiaParaRubén

#Justiciaparalxs5

#DuarteAsesino

#NiUnaNiUnoMás #NuncaMás

Posicionamiento de ReverdeSer Colectivo ante las noticias recientes sobre “distribución de drogas” en la FCPyS-UNAM

El 10 de mayo de 2015 la revista Proceso publicó la nota “Ciencias Políticas de CU, centro de distribución de drogas” en la cual destaca el aumento en la venta de sustancias ilegales dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (Universidad, UNAM) durante el último año y medio, así como la relación con el aumento en la inseguridad que han percibido estudiantes y la planta docente.

Esta situación sin duda representa un reto para la Universidad, sin embargo, no es un reto que enfrenta de manera aislada. A nivel nacional estamos viviendo una situación de violencia generalizada a partir de la declaración de guerra contra el narco que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa realizó en diciembre de 2006. Desde entonces, el gobierno federal ha implementado una estrategia militarizada que destaca como uno de sus objetivos la desarticulación de los grupos dedicados al narcotráfico. Esto ha resultado en la exacerbación de ciclos de violencias, la multiplicación del número de organizaciones criminales y la extensión de la presencia de éstas en el país.[1]

La PGR asegura que a finales de 2014 operaban 9 cárteles, distribuidos en 23 estados de la República, y 45 células delictivas que, además del tráfico de drogas, han extendido sus actividades a otros delitos como la extorsión, el secuestro, el cobro de cuotas de piso y el robo de hidrocarburos.[2] Es absurdo pensar que las instalaciones de Ciudad Universitaria quedan exentas de las complejas problemáticas sociales que vive nuestro país y es más absurdo aún tratar el tema como si fuera un problema aislado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La estrategia de combate al narcotráfico que se ha implementado a nivel nacional ha resultado en violaciones graves de derechos humanos: más de 70,000 personas asesinadas[3], más de 25,000 personas desaparecidas[4] y al menos 280,000 personas desplazadas por la violencia[5]. Es claro que resulta necesario buscar otro camino.

ReverdeSer Colectivo considera que la posible resolución de esta situación pasa necesariamente por un cambio de políticas públicas a nivel nacional que incluya la implementación de un modelo de regulación de drogas que permita la separación de este mercado de otros mercados violentos, así como la instalación de puntos regulados de venta de mariguana en el Distrito Federal que desvíen el mercado de las instalaciones universitarias.

La UNAM ya se ha pronunciado sobre este tema. En abril de 2012 la Universidad organizó el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas[6], en donde afirmó la necesidad de crear nuevas estrategias de seguridad y de replantearse la política prohibitiva de drogas que se impone a nivel nacional. En la clausura del Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas, el Rector afirmó que “pensar que la solución sólo pasa por la policía y la prisión, es francamente insensato”.[7]

Este es un momento clave para que la UNAM vuelva a participar del debate que se está dando a nivel nacional e internacional entorno a la política de drogas, dejando atrás la búsqueda de “soluciones inmediatas”, que resultan siempre insuficientes y con graves efectos secundarios, e impulsando una aproximación integral, no punitiva, al tema de las drogas. Un paso contundente en este sentido sería la publicación de las conclusiones del Foro antes mencionado, tarea que queda pendiente desde hace tres años.

La UNAM tiene la oportunidad de alejarse del discurso del enemigo y de sustituir las prácticas punitivas y policiales por acciones encaminadas a la reconstrucción del tejido social, partiendo del reconocimiento de que la venta de sustancias ilícitas es resultado de una serie de complejas dinámicas sociales que no pueden resolverse con la expulsión de un grupo de personas de un espacio. También tiene la oportunidad de dejar de ser una institución más que criminaliza a las personas usuarias de sustancias por realizar prácticas no violentas, reconociendo que muchas de estas personas son miembros de la comunidad universitaria.

Es importante que esta situación no nos orille a la implementación de medidas que, además de tener limitadas posibilidades de generar efectos positivos, no coinciden con el espíritu de la Universidad, como es el caso de la instalación de cámaras y torniquetes y la credencialización.

De ninguna manera cerrar espacios estudiantiles, imponer soluciones unilaterales, expulsar estudiantes o criminalizar a las personas usuarias de plantas y sustancias actualmente ilícitas fomentará una resolución del conflicto. Al contrario, profundizará más este síntoma e impedirá que la comunidad universitaria trabaje en conjunto para satisfacer las necesidades de cambio que se presentan y reapropiarse de la seguridad colectivamente.

De la misma manera, en nada abonan las afirmaciones alarmistas que indican que “la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se ha convertido en el principal punto de venta de drogas en el sur de la Ciudad de México”[8] y que sostienen que estas conductas no deseadas son llevadas a cabo casi exclusivamente por habitantes de Santo Domingo, dado que resultan carentes de información rigurosa que las sustente y fomentan la criminalización y estigmatización.

Aprovechemos este momento para dar un debate serio sobre la seguridad y la política de drogas en Ciudad Universitaria y a nivel nacional.

[1] Guerrero, Eduardo. “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco” http://www.nexos.com.mx/?p=13844

[2] Redacción Aristegui Noticias “Hay 9 cárteles del narco en México; controlan 43 pandillas: PGR” http://aristeguinoticias.com/1609/mexico/hay-9-carteles-del-narco-en-mexico-controlan-43-pandillas-pgr/

[3] Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, Mission to Mexico. June 12th, 2014.

[4] Registro Nacional de Personas Desaparecidas

[5] Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. “Violaciones Graves a Derechos Humanos en la Guerra contra las Drogas en México”, 2015.

[6] Boletín UNAM-DGCS-244 “Organiza la UNAM el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas” http://enes.unam.mx/?lang=es_MX&cat=sociedad&pl=insensato-pensar-que-la-solucion-al-problema-de-las-drogas-solo-pasa-por-la-policia-y-la-prision

[7] Boletín UNAM-DGCS-270 “Insensato, pensar que la solución al problema de las drogas sólo pasa por la policía y la prisión” www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_270.html

[8] Dávila, Patricia. “Ciencias Políticas de CU, centro de distribución de drogas” www.proceso.com.mx/?p=403721

Consumir sin delinquir

Artículo de Catalina Pérez Correa para la Revista Nexos
Profesora-investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

Por todas partes se escucha decir que en México no se penaliza el consumo de sustancias ilícitas. Esta afirmación es engañosa, por decir lo menos. Si bien en México “consumir” no es un delito, los consumidores cotidianamente son criminalizados y sancionados por el derecho penal. Empiezo por contar tres casos reales de consumidores criminalizados, omito detalles por razón de espacio y para guardar la identidad de los involucrados.

Caso 1. Cuatro amigos deciden salir a comprar marihuana al municipio contiguo al que viven. Les han dicho que en el sitio al que se dirigen venden producto más barato y de mejor calidad. Compran mil 800 gramos de marihuana que pretenden repartir entre los cuatro. De regreso a su municipio son detenidos e inspeccionados en un retén. Al encontrar la marihuana los cuatro son detenidos y puestos a disposición del ministerio público local donde son acusados por transporte de marihuana, delito que lleva una pena mínima de 10 años y una máxima de 25.

Caso 2. Un hombre de entre 40 y 50 años sufre un episodio de depresión cuando su padre muere y su esposa lo abandona. Uno de los síntomas de su cuadro es tener ataques de ansiedad y pánico. Un amigo le recomienda tomar —y le provee— Rivotril®, un medicamento que contiene Clonazepam, sustancia controlada que puede ser comprada en farmacias con receta médica e indicada para la epilepsia y los ataques de pánico. El hombre es detenido y encontrado con dos pastillas de Clonazepam. Al no tener receta médica que acredite la procedencia del medicamento, es acusado de posesión simple, delito que lleva aparejada una pena mínima de cuatro años y una máxima de siete.

Caso 3. Un hombre joven es detenido y registrado por la policía cuando camina por la calle. Se le encuentran dos cigarrillos de marihuana en uno de los bolsillos. Es arrestado, subido a una patrulla, paseado un rato por la ciudad y puesto a disposición del ministerio público donde se determina que los cigarrillos pesan 4.1 gramos. Se inicia una averiguación previa pero tras nueve horas de arresto es puesto en libertad por estar dentro del rango permitido por la Ley General de Salud.

En los tres casos se trata de consumidores —aun cuando podríamos pensar que la cantidad de los amigos del caso 1 era excesiva para el consumo personal de los involucrados, pido al lector(a) que asuma que eran consumidores (primodelincuentes) y sin fin ulterior al del consumo—. En los tres casos el consumo llevó a los involucrados a cometer un delito “contra la salud” y justificó su detención, procesamiento, y en los primeros dos casos, la imposición de severo castigo penal (con todos los costos sociales y personales que implica). Así, llegamos a una primera conclusión: decir que el consumo de sustancias ilícitas no está penado en México no es lo mismo que decir que los consumidores no son criminalizados y sancionados penalmente en nuestro país.

Entre 2009 y 2013 fueron detenidas, por la PGR a nivel nacional, 140 mil 860 personas por consumo de sustancias ilícitas. En ese mismo lapso fueron iniciadas, también por consumo, 52 mil 74 averiguaciones previas en el sistema federal.1 En 2013 solicitamos información sobre personas detenidas por consumo de sustancias ilícitas a las 32 entidades federativas. Obtuvimos respuesta de 28 estados. De éstos, 16 proporcionaron la información solicitada, mientras que seis proporcionaron información sobre narcomenudeo y otros cuatro respondieron desconocer la información requerida. En los estados que proporcionaron la información solicitada hubo un total de cuatro mil 708 detenidos por consumo entre 2009 y 2012, aunque hay que recordar que el plazo para implementar la reforma en materia de narcomenudeo vencía en 2012 y que varias entidades no aplicaban la ley de narcomenudeo antes de ese año.2

¿Porqué fueron detenidas y procesadas estas personas por una conducta que no es delito? De acuerdo con el derecho actual, la posesión de sustancias ilícitas, para cualquier fin y en cualquier cantidad, es un delito. En casos de posesión para consumo (de algunas sustancias y sólo en determinadas cantidades) la ley establece que el ministerio público no hará una acusación penal frente a un juez por el delito (Ley General de Salud o LGS, artículo 475-II). Sin embargo, en esos casos, la ley ordena la detención del consumidor y la intervención de las instituciones penales. Decir que los consumidores son criminalizados significa que, en casos de posesión para consumo, el aparato penal se pone en marcha y trata a los consumidores como criminales: la policía detiene al consumidor y lo presenta ante el ministerio público, aunque no se sancione penalmente (con cárcel o de otra forma). El joven del caso 3 está en este supuesto: fue arrestado y detenido en la agencia del ministerio público mientras se determinaba su liberación, se inició una averiguación previa y después fue liberado.

La fórmula es extraña y moralmente cuestionable. ¿Cuántas conductas que no son delito permiten —o peor, obligan— la detención y procesamiento de quien las comete? Los casos que vienen a la mente son contados. Un ejemplo es conducir en estado de ebriedad, que en el DF no está tipificado como delito pero sí se ordena el arresto del infractor. Y no sorprende dado el elevado número de personas fallecidas anualmente en accidentes automovilísticos que involucran alcohol. De acuerdo con la Secretaría de Salud, cada hora hay en promedio un muerto y 20 lesionados por accidentes viales en el país. Los accidentes viales son la primera causa de muerte en personas de 5-14 años y la segunda causa de muerte en personas de 15-35 años. Entre 40% y 60% de los accidentes de tránsito mortales están relacionados con el consumo de alcohol (SSA, Conapra). Pero incluso tratándose de una conducta sumamente riesgosa, que puede producir graves daños a la salud y propiedad propia y ajena, no se ordena el arresto penal. La persona no es puesta a disposición de ministerio público, sino de un juez cívico. Los infractores son obligados a permanecer en arresto administrativo —en el famoso “Torito”— que si bien es horrible —me han contado— no es igual a las celdas de una agencia del ministerio público —he visto más de un par—. Nunca se usa al ejército para realizar esas detenciones sino a la policía.

Los consumidores de sustancias ilícitas reciben un trato “especial” por nuestro sistema legal. No son criminales pero son tratados como personas riesgosas que deben ser contenidas y apartadas de la sociedad con toda la fuerza del Estado. Son marcados por su condición y dejados a la discrecionalidad de nuestras instituciones penales.

El problema de la criminalización de los usuarios es agravado aún más por los umbrales de posesión máximas establecidas en la LGS que resultan en la detención, procesamiento y sanción —como narcomenudistas— de consumidores que posean cantidades mayores a las toleradas. En estos casos, a diferencia del supuesto del caso 3, no hay tolerancia. Los consumidores que portan cantidades mayores a las permitidas (como en el caso 1), o que traen cualquier cantidad de las sustancias no contempladas en la tabla de la LGS (caso 2) son detenidos y procesados por posesión en modalidad de narcomenudeo.

Los datos son reveladores. Entre 2009 y 2013 fueron iniciadas 87 mil 746 averiguaciones previas por delito de posesión en el fuero federal (la mayoría con detenido —lo que nos dice que probablemente fueron casos de flagrancia).3 También solicitamos información sobre esto en los estados y encontramos que entre 2009 y 2013 fueron detenidas, por lo menos, 48 mil personas por narcomenudeo (no todos los estados dieron información). De éstas, 11 mil 977 fueron detenciones por posesión simple (ver gráfica) —aunque hay que señalar que de las 25 procuradurías que dieron información sobre posesión sólo 14 aportaron información específica sobre posesión simple, así que la cifra podría ser mayor.

01-consumir-grafica-01

Los casos de posesión simple nos informan sobre posibles consumidores parecidos a los casos aquí relatados. El delito de posesión simple se acredita cuando “por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente”. En otras palabras, en los casos de posesión simple no hay una intención de venta o distribución, ni siquiera de compartir lo que se porta. La simple posesión es el delito meritorio de mínimo cuatro años de cárcel.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2011), la prevalencia anual4 en el consumo, de cualquier droga, de la población encuestada fue de 1.8%. Si la ENA es representativa de la población nacional entre 12 y 65 años, ello significa que alrededor de un millón 200 mil personas habían consumido alguna sustancia ilícita en el transcurso del año anterior al levantamiento. En nuestro sistema legal, sin embargo, toda conducta previa al consumo (poseer, cultivar, suministrar, fabricar, etcétera) es delito. Esto significa, salvo que alguien les haya detenido el churro o la sustancia involucrada mientras consumía, que tenemos más de un millón de delincuentes libres o, visto desde el otro lado, más de un millón de personas usuarias expuestas a la arbitrariedad de nuestras instituciones penales.


1 PGR vía infomex, folios 0001700136313 y 0001700169413.

2 Véase Pérez Correa et al., Consumo y consumidores de drogas ilícitas en México, Cuadernos de Trabajo Programa de Política de Drogas, CIDE, 2014.

3 Vía infomex 0001700157814.

4 Se refiere a personas que han consumido drogas o presentado síntomas o diagnóstico de dependencia en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta.

El Reino Unido despenalizó la cannabis en secreto – y es un desastre!!

Por Ian Dunt. Miércoles, 10 de septiembre de 2014

Desde hace algún tiempo, Inglaterra y Gales han tenido un programa de semi-despenalización del cannabis. Y ha terminado por criminalizar más consumidores de cannabis que nunca.
Pero no criminaliza a todos los usuarios de cannabis: se dirige principalmente a la gente que es joven, negra o asiática. Es una historia de iniciativas poco claras del gobierno, incentivos sesgados de la policía, el racismo, las guerras de la droga y la vieja, vieja costumbre de tratar a la gente blanca con más indulgencia que a los demás.
En 2004, cuando el cannabis se convirtió en Clase C, se introdujeron advertencias de cannabis. Dichas advertencias eran leídas por los policías de la calle si te pillaban con una pequeña cantidad de marihuana para uso personal. Cinco años más tarde la droga fue devuelta a la Clase B, pero las advertencias de cannabis se mantuvieron. Esto resultó en discrecionalidad policial en la forma en la que se maneja la posesión de cannabis. El resultado de esta discreción esla focalización desproporcionada de jóvenes negros y asiáticos.

Las advertencias de cannabis son ahora el primer paso en el sistema de ‘escalera’ de opciones disponibles para la policía si te pillan.

Para leer más: http://www.politics.co.uk/blogs/2014/09/10/britain-secretly-decriminalised-cannabis-and-it-was-a-disast 

¿Qué pasó en la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas que se realizó en Costa Rica?

Hubo poquísimas personas en la V Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas que hablaran en defensa del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes. Apenas uno, el representante para Centroamérica y el Caribe de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito (ONUDD), y le significó ser abucheado después de su discurso en el panel inaugural del evento que se realizó en San José, Costa Rica. Un abucheo esperado, porque él mismo reconoció que sus palabras eran provocativas, porque defendían las convenciones que rigen el modelo actual que no ha logrado llevar a un ‘mundo libre de drogas’, en una conferencia dedicada a hablar sobre alternativas a ese modelo de la “guerra contra las drogas”.

Que el sistema internacional de drogas se concibió sin una base científica sino a partir de una coyuntura social, política, económica, e incluso de ideas racistas; que se equivocó al pretender eliminar plantas (opio, cannabis, coca, entre otras) de la faz de la tierra, como si tuviesen ellas una suerte de poder maléfico; que la estrategia de reprimir no redujo el consumo y en cambio incrementó la estigmatización del consumidor y la violencia; que es necesario un cambio de estos paradigmas. Son llamados que se repiten en los artículos de prensa y en estos foros regionales. En general, el discurso se queda en los fracasos del pasado. Esto se debe a la falta de propuestas claras y la falta de consensos sobre el futuro de la política global de drogas, y a que existen apenas incipientes modelos de experimentación, aplaudidos por algunos estados y reprochados por otros.

La ansiedad por lograr grandes cambios en esta materia es sobre todo latinoamericana. Y choca en los foros mundiales, como la esperada Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU de 2016 sobre drogas (UNGASS 2016), con la postura de Estados de otras regiones, para los cuales son inadmisibles modelos de regulación como el que se implementará en Uruguay o como el que existe en algunos estados de Estados Unidos. No va a ser fácil que Rusia, China, o algunos países árabes, se unan a este afán por reformar las convenciones que rigen el sistema internacional. Como advirtió Gerardo Isaac Morales, director adjunto para Retos al Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México: son 193 estados y así como hay unos que alzan la voz para solicitar cambios a un tratamiento integral y equilibrado, hay otros donde aún hay pena capital sobre el consumo. Un gran logro de la UNGASS 2016 sería, a lo sumo, acordar que no hay un consenso.

En países como Malasia, China, Irán, entre otros, el consumo o porte de pequeñas dosis justifica la pena de muerte. La historia de Kevin Hoistacher, un argentino de 24 años que fue detenido el 22 de julio en Rusia y podría pagar 7 años de cárcel por portar medio gramo de marihuana, es otro ejemplo de drástico prohibicionismo. Estos casos recuerdan que la ansiedad por buscar alternativas, si bien es una fuerza creciente, no necesariamente constituye una mayoría. La postura rígida de estos países obstruirá el alcance de un consenso en la UNGASS 2016, donde en todo caso se pretende avanzar hacia propuestas de reforma de las convenciones.

El camino hacia ese evento de 2016 se ha recorrido en buena parte en Latinoamérica. Al menos seis estados de la región, no solo en la OEA sino en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, han buscado empujar la agenda preparativa para el evento: Colombia, Uruguay, México, Guatemala Ecuador, Santa Lucía.

Sin embargo, los llamados de estos estados al debate internacional no siempre coinciden con cambios significativos en sus normativas internas. En Guatemala, por ejemplo, mientras Otto Pérez Molina habla de legalizar, sigue siendo penalizado el consumo y porte de dosis mínimas y, mientras un delito de pornografía infantil da entre 8 y 12 años de cárcel, por narcotráfico pueden ser hasta 30.

En Colombia son reconocidos los esfuerzos por impulsar políticas alternativas, no obstante la normativa interna sigue siendo esencialmente restrictiva y cae en la contradicción de despenalizar el consumo pero penalizar todo lo demás, algo que lleva a los consumidores al mercado negro y plantea una serie de riesgos. Además, en cuanto a la coca, Colombia sigue siendo el único país que realiza fumigaciones aéreas. Mario López Garelli, representante de la CIDH en la V Conferencia Latinoamericana, recordó que el último informe de la Comisión habla de los efectos que estas fumigaciones tienen en la erosión de la tierra, en la salud de las personas, la contaminación del agua y en el desplazamiento de comunidades.

En todo caso, al menos en la V Conferencia, es bien recibido el esfuerzo colombiano por liderar en el marco de la OEA un grupo de trabajo sobre la búsqueda de alternativas al encarcelamiento y a la desproporcionalidad de las penas para consumidores. También se reconoce el liderazgo del presidente Santos desde la Cumbre de las Américas de 2012, de donde surgió el mandato a la OEA para analizar alternativas más eficaces y menos costosas que la política actual. A raíz de eso se presentó el año pasado el informe sobre el problema de drogas en las américas y, que en ese marco de la OEA se pensara en regulación, marcó una diferencia sustantiva en cómo se venía dando el debate con esos foros regionales.

“En Latinoamérica, después de décadas de guerra, el tabú se rompió, aunque el estigma todavía existe. De la palabra a la práctica falta mucho. Hay países, entre ellos Colombia, donde hay mucho discurso pero pocos cambios concretos en términos de leyes y aplicación. En todo caso estamos en la puerta de los cambios”, dice Pien Metaal, una holandesa coordinadora del proyecto de Reforma a las Leyes de Drogas en América Latina del Transnational Institute (TNI).

Para Metaal, no es justificable la excusa de esperar un consenso global para empezar a transformar las leyes internas. “Hay muchas cosas que los países pueden hacer: Colombia podría aplicar una industrialización de la hoja de coca e incentivar una industria de uso natural de la hoja. Podría también avanzar en reducción de daños, tratamientos, hay espacio para hacer procesos democráticos que lleven a cambios, como productos de un dialogo entre la población y los gobiernos. No se puede esperar hasta que se caiga el muro de la prohibición por completo para empezar a actuar”.

La posición común que pueda adoptar Latinoamérica para llegar a la Asamblea de la ONU de 2016 depende en buena parte de los consensos que se logren en la Asamblea Extraordinaria de la OEA el próximo 19 de septiembre. Todo un reto si se tiene en cuenta que, aunque esta es la región que más impulsa un cambio de aproximación en foros internacionales, no siempre habla con la misma voz en esos foros y, cuando se trata de hacer alianzas, le supera la unidad de países represores como Rusia, China, Tailandia, entre otros.

Guatemala, que será el país anfitrión de esa Asamblea de la OEA, viene impulsando con Colombia y México un borrador de resolución para ese evento. Las negociaciones sobre ese borrador han revelado que, aunque en el nivel más general existan consensos, al interior de la región también hay grandes desafíos y paradojas.

Pareciera una paradoja, por ejemplo, que algunas izquierdas latinoamericanas son las que adoptan un enfoque apegado a las convenciones del sistema internacional: La mayoría de los vetos y desacuerdos al proyecto de resolución vienen de Nicaragua y Venezuela. Además de estos, Brasil tiene dudas sobre insertarse de lleno en el debate. Puede verse una conexión entre la perspectiva revolucionaria, de izquierda, y la poca tolerancia que tienen esos gobiernos con el tema de las drogas. En Argentina, por poner otro ejemplo, a pesar de que hay un enorme activismo, a nivel formal sigue vigente una ley que penaliza el consumo con multas en una moneda que ya ni existe en el país.

“Los que se han llamado gobiernos de izquierda más cercanos al Alba han tenido posiciones que van un poco en contravía del debate actual. Tiene varias razones, de índole de política local y características de los países. Las posiciones más conservadoras las tienen Venezuela, Nicaragua, y en algún momento Ecuador, aunque ahora ha llevado a cabo algunos cambios en la política interna”, dice Juan Carlos Garzón, investigador del Woodrow Wilson Center y asesor de varios gobiernos latinoamericanos.

Incluso Bolivia, que se apartó de la Convención Única de Estupefacientes del 61 en su defensa del uso tradicional de la coca, tiene una posición muy distinta frente al tema del consumo. “Esto tiene que ver con el rechazo a una postura más propia del liberalismo y a la reivindicación del derecho de las personas. En estos países el Estado tiene un peso mayor en la vida de los individuos y tiene que velar por unos valores. Eso hace que cuando se enfrentan al tema de las drogas, ven algo que se escapa al manejo del Estado y donde este tiene que cuidar a sus ciudadanos de algo terrible muy vinculado con el capitalismo”, añade Garzón.

De hecho, dice, había una expectativa en Colombia de que las Farc tuvieran una posición mucho más beligerante respecto al tema de las convenciones internacionales. Si uno mira los acuerdos, sí producen muchos cambios importantes, pero no es que cuestionen todo el sistema de fiscalización internacional. Las Farc tienen una concepción en términos de la producción, del campesinado, y el problema del consumo es algo un poco nuevo en esa temática. Falta explorar más de dónde se explican las resistencias.

El caso de Nicaragua es particularmente interesante. Se puede explicar desde la influencia rusa en materia de seguridad y, más específicamente, en operaciones de combate al narcotráfico. El tema del narcotráfico ha sido una puerta de entrada para influir en la política exterior en América Latina, en Colombia lo sabemos bien. Rusia tiene en este sentido un aliado en Nicaragua. Hay que ver, dice Garzón, cómo ese contexto geopolítico y de mayor cooperación contra el narco proveniente de Rusia, impacta en el debate sobre la política de drogas. “Uno podría cruzar las posiciones más conservadoras, o menos liberales en tema de drogas, y los países donde Rusia influye de manera más fuerte, y sacar sus propias conclusiones”.

Pien Metaal explica que el conservatismo sobre el tema de drogas existe a la derecha y a la izquierda. Como proyecto político los socialistas, los marxistas clásicos, no tienen una interpretación de la ideología del fenómeno de las drogas, que es de hecho percibido como amenaza para el pueblo y como una forma de controlar al consumismo y un modelo en cierta forma capitalista que sujeta al pueblo a una esclavitud. No existe una perspectiva de izquierda sobre drogas, lo que hay es, desde la izquierda, gente que lucha por los derechos de los sectores más vulnerables de las sociedades, pero cumplen perfectamente con el discurso norteamericano. Los países que más duros son hacia los usuarios son a veces los supuestos de izquierda. Los liberales, y los que empezaron a atacar el prohibicionismo, eran más bien liberales de derecha, los que defienden los derechos individuales y no los colectivos”.

Pero los países que juegan un papel obstructivo no siempre son los de la izquierda. No es tan simple como echarle la culpa a las izquierdas latinoamericanas. Hay tantas agendas e intereses establecidos, que cada país tiene su proceso para poder subirse al tren de los cambios en política de drogas. Hay gobiernos que no son de izquierda y tampoco le apuestan al debate. Habría que ver las particularidades de cada Estado: para los mexicanos un tema clave es cómo los va a impactar la creciente despenalización de la marihuana en EE.UU.; para los colombianos es qué va a pasar con la aspersión aérea; para los guatemaltecos y centroamericanos es cómo los afectan las rutas del narcotráfico.

Cada país procesa el debate en términos de lo local y al final la política exterior termina siendo un reflejo de las problemáticas nacionales. Hay velocidades y preocupaciones distintas, que hacen que América Latina tenga un debate muy rico pero con pocos consensos. Aún así, hay pocos funcionarios estatales que no hablen ahora de prevención, salud pública y derechos humanos. Por ahora es un discurso y falta ver su aplicación.

EE.UU., el principal consumidor e impulsor de la guerra contra las drogas, está también flexibilizando su posición en esta materia. Lo decía Norton Arbeláez, un colombiano fundador y miembro de la Junta Directiva del Medical Marijuana Industry Group de Colorado, uno de los estados donde se aplica la regulación del cannabis tanto medicinal como recreativo. Obama ha tenido un liderazgo sin palabras, hubiera podido tomar algunas medidas para presionar a los estados, enviar a los soldados de la DEA contra quienes pusieron los negocias en marcha, pero no lo hizo. En cambio, ha trabajado en crear limitaciones como no permitir venta a los menores, la no intervención de grupos criminales, la no venta fuera del sistema estatal, que no se permita la violencia ni el uso de las armas, que no haya cultivos en espacios públicos.

En todo caso, EE.UU. en la práctica internacional sigue siendo defensor del modelo tradicional. Como dijo Carmen Rosa de León, del Instituto de la enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala, el modelo represivo está sustentado en 1.500 millones de dólares en acciones de EE.UU. a Centroamérica, con el liderazgo del comando sur, una visión militarizada de combate al narcotráfico. No obstante, esos 1.500 son el 0,1% de lo que se ha invertido en las guerras de Irak y Afganisltán: “¿cuán importante es realmente el combate al narco para EE.UU., si invierte más en Irak y Afganistán que en las causas de la violencia y el subdesarrollo en la región Latinoamericana?”.

A pesar de la imposibilidad de llegar a una reforma a las convenciones en 2016, esas ya se están dando en las experiencias que han impulsado algunos estados de la región. Uruguay, con su modelo de regulación estatal, se ha convertido en una diva en los foros internacionales sobre drogas. Ha surgido desde el sur como una alternativa inspiradora en una región acostumbrada a mirar y copiar al vecino del norte. Los organismos internacionales no pueden negar las realidades y dejar de tomar como referencia estas evidencias.

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/politica-de-drogas-busca-de-un-consenso-latinoamericano-articulo-514997