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V PREMIO LATINOAMERICANO DE PERIODISMO SOBRE DROGAS

En el marco de la VI Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Caribeña sobre Políticas de Drogas

Convocatoria

Bienvenida/o a la quinta edición del Premio Latinoamericano de Periodismo ‘Políticas de Drogas en América Latina’, organizado por la Asociación Civil Intercambios de Argentina con el apoyo de la Fundación Open Society y la Fundación Friedrich Ebert, con el fin de estimular a periodistas de América Latina y el Caribe a desarrollar un tratamiento ético, de calidad y de respeto por los derechos humanos en relación con esta problemática.

Objetivos

  • Reconocer a periodistas que trabajan esta temática con compromiso, información seria y atractiva.
  • Valorizar el rol del periodismo como servicio público en temas donde la información precisa y presentada con sentido ético, es imprescindible para no profundizar la criminalización, los prejuicios y las políticas represivas que atentan contra la democracia.
  • Ampliar la difusión de la perspectiva no punitiva y de políticas públicas sobre drogas renovadoras en la región.
  • Lograr un mayor interés por parte de la prensa latinoamericana en los temas asociados a las drogas, tanto desde la perspectiva geopolítica como desde la salud y los aspectos socioculturales vinculados.

 Premios

1 Premio: U$S 1000 y beca completa (pasajes, alojamiento y viático) a la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas a realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana y al Seminario para periodistas que en el marco de la Conferencia se realiza el 4 de octubre.

2 Premio: beca completa (pasajes, alojamiento y viático) a la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas a realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana y al Seminario para periodistas que en el marco de la Conferencia se realiza el 4 de octubre.

3 Premio. Diploma y mención especial.

Temas

  • Drogas y salud
  • Consumo de alcohol
  • Reducción de daños
  • Experiencias de tratamientos
  • Economía de las drogas
  • Geopolítica de las drogas
  • Actores del tráfico de drogas
  • Penalización de los consumidores
  • Crimen organizado
  • Cárteles
  • Drogas y cultura
  • Usos ancestrales de sustancias
  • Militarización y drogas
  • Derechos humanos y drogas
  • Narcotráfico y crimen organizado
  • Drogas y contexto político
  • Reformas de las leyes de drogas
  • Uso de sustancias y vida cotidiana
  • Uso de drogas: discriminación y estigmatización
  • Drogas y género

Fecha límite de inscripción y envío de trabajos vía Internet: 1 de septiembre de 2016

 Requisitos

  • Participantes: podrán participar periodistas, mayores de 18 años, que vivan en América Latina y el Caribe, que hayan publicado en medios de la región, y que cuenten con sus pasaportes o documentación de viaje al día.
  • Géneros periodísticos: podrán enviarse artículos de cualquier género periodístico (crónica, informe especial/reportaje, entrevista, etc.) que aborden alguno de los temas propuestos.
  • Autoría: puede ser individual o colectiva, siempre que figuren los nombres en la firma. En caso de resultar premiados artículos de autoría colectiva, la beca (pasajes, alojamiento y viático) para asistir a la VI Conferencia sobre Políticas de Drogas se otorgará a uno de sus autores, designado por ellos mismos.
  • Fechas de publicación de los artículos concursantes: los artículos deben haberse publicado en prensa escrita o web (diarios, revistas, fanzines, etc.) de carácter comercial o alternativo, entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de agosto de 2016.
  • Idioma: español o portugués.
  • Número de artículos: cada periodista o grupo de periodistas podrá enviar un único trabajo.
  • Publicación: los artículos enviados estarán disponibles en la página web de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, donde podrán ser consultados por los/as participantes y el público en general.

 Inscripción y bases

Hasta el 1 de septiembre de 2016 hay tiempo para enviar el artículo periodístico en formato PDF, junto al certificado de autoría, al correo electrónico: certamen@conferenciadrogas.com

El certificado de autoría debe enviarse en papel con membrete del medio de comunicación y firmado por el editor o el representante autorizado y debe incluir:

  • Nombre del autor o autores/as
  • Título del artículo
  • Género periodístico
  • Nombre del medio de comunicación donde fue publicado
  • Fecha de publicación
  • Tel de contacto del autor

 

Sólo cuando se reciben por correo electrónico el artículo y el certificado de autoría, el/la periodista participante queda formalmente inscripto en el concurso. Recibirá un correo electrónico de la organización del Premio que confirma la recepción.

Derechos

El envío del artículo no implica cesión de los derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, autoriza su publicación en la página web de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y su difusión en otros medios gráficos y/o electrónicos que se dispongan para promover el Premio sin dar lugar a ningún tipo de pago ni remuneración.

Jurado

El jurado estará integrado por tres reconocidos periodistas latinoamericanos.

Criterios del Jurado

  • Narración e interés periodístico
  • Calidad de la redacción
  • Información novedosa
  • Diversidad de fuentes
  • Abordaje respetuoso de los DDHH
  • Aporte a la reflexión y el debate
  • Propuesta gráfica / visual

Entrega de los Premios

El lunes 19 de septiembre se darán a conocer los resultados del Premio, a través de la web y por email a todos/as los concursantes.

Los trabajos ganadores se publicarán en el sitio web de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y la Asociación Civil Intercambios.

La entrega a los/as ganadores/as del primero y segundo premio se hará en Santo Domingo, República Dominicana en el marco de la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas.

Información y contacto

Adrian Pietryszyn
Teléfono: (54 11) 4954 7272
Correo electrónico para enviar trabajos: certamen@conferenciadrogas.com
Página web: www.conferenciadrogas.com

Fecha límite de inscripción y envío de trabajos vía Internet: 1 de septiembre de 2016

Publicado originalmente en: http://conferenciadrogas.com/2016/bases-y-condiciones/

Why “Harm Reduction” Means Something Different in Mexico

  by Amaya Ordorika

It takes a little getting used to: bringing an illicit substance to an official booth at a rave to have its contents analyzed before you ingest it. At first people tend to be skeptical. Is this some sort of trap? Will I be arrested and thrown into jail? This is Mexico, after all—a country firmly entrenched in the war on drugs.

Ending this war is the main objective of our youth drug policy organization ReverdeSer Colectivo [site in Spanish]. And a key part of that effort are the services we offer at raves and festivals, where you can find us handing out information about drugs, helping patrons having physical or psychedelic problems, and analyzing their pills before they take them to make sure they’re safe to ingest.

This is the essence of harm reduction—an approach that accepts drug use as a fact of life, and works to minimize the risks of such usage. In that spirit, ReverdeSer Colectivo is working with other organizations like Espolea and CUPIHD to implement a substance analysis project in Mexico City. We are engaging with the local addictions institute and human rights commission to establish a lab that could not only analyze substances but also serve as a key place for harm reduction programs for people who use drugs.

Our work doing substance analysis at festivals and raves gives us an opportunity to talk about safer ways to use drugs and to hand out information to people about the drugs they’ll be using.

Our harm reduction efforts go beyond the safety of people who use drugs, however. We also look at drug policies from what we call a Global South perspective. For instance, Mexico isn’t what you would call a “consumer country”; our drug-use rate is low compared to the United States. Accordingly, our harm reduction efforts don’t focus exclusively on mitigating the harms of drug use, but rather all the harms that a prohibitionist policy causes.

This viewpoint was actually informed by a 2012 journey through the United States on the Caravan for Peace with Justice and Dignity, a 120-person convoy made up of family members of Mexicans killed and disappeared during the drug war. We visited American communities where it’s easier to access guns than it is to access food, communities where local dynamics make people more likely to become involved in the drug trade and end up incarcerated. In Mexico, our communities are harmed by the drug war as well: people are being killed, disappeared, and incarcerated at alarming rates.

When we got back to Mexico, we got involved with the victims’ movement there, working with groups calledFamiliares en Busqueda María Herrera and Enlaces Nacionales, a national network of organizations for families with missing relatives. Over a thousand families are involved, and it’s growing bigger every day.

Family involvement is important, because these issues affect Mexican youth in particular—youth who are being murdered and disappeared disproportionately. Most of the disappeared are young men, and murders of women are going completely unseen because of the violence that surrounds them. Right now, the voices speaking out about this are of the older generation, because it’s our parents, grandparents, aunts, and uncles who are the ones looking for us.

But the voices of young people are key: we bring a fresh perspective and renewed energy. When you’re younger, you’re less jaded. You’re still surprised by injustice and willing to fight it.

We need to go out and say we won’t let this fear work. Fear controls you. Fear makes you not use public spaces. Fear makes you not protest. We want to represent our missing people and make sure they’re not forgotten.

Derecho a consumir versus tratamiento obligatorio. Por Reverendo Martin Díaz

Secuestros, golpizas, aislamiento, encadenamientos y violaciones…Dolor y sufrimiento, son sólo algunos de los muchos abusos y técnicas de tortura utilizadas en nombre de la  “salud mental”  y hasta en el nombre de “Dios” para, según muchas instituciones, “curar”, “rehabilitar” y “reinsertar” a la sociedad a personas que usan drogas (padezcan un uso problemático o no).


En El Salvador a partir de las modificaciones al decreto Nº 153 de noviembre del año 2003, se establece la creación de la Comisión Nacional Antidrogas (CNA) bajo la “jerarquía del Presidente de la República”, quien a su vez designa a su Director Ejecutivo. A decir verdad la CNA representa conceptualmente y en la práctica el fracaso del modelo prohibicionista promotor de la infame Guerra Contra las Drogas. Es una institución que depende del Ministerio de Seguridad y que fue creada como la “autoridad nacional” encargada de “planificar, coordinar, supervisar y evaluar los planes, estrategias y políticas gubernamentales encaminadas a prevenir, combatir el tráfico, la venta y el consumo ilícito de drogas, como también los esfuerzos de rehabilitación de personas adictas” .

La CNA es una institución esquizofrénica que decide, por un lado, la forma de ejecutar el combate al narcotráfico y al mismo tiempo, por otro lado, decide cómo “tratar” a las PQUD (Personas Que Usan Drogas). La Comisión Nacional Antidrogas ha demostrado ser ineficaz, inoperante, imprecisa y poco profesional, con la publicación de “investigaciones académicas” imprecisas y poco transparentes o en ocasiones autorizando o renovando autorizaciones a centros de rehabilitación en donde se tortura a las personas y se les infligen horrores que pueden implicar violencia física y sexual, trabajos forzados, condiciones de vida infrahumanas, denegación de asistencia sanitaria y otras medidas contrarias a los derechos humanos. No existen pruebas de que estos centros sean un entorno propicio o eficaz para los tratamientos contra el padecimiento de adicciones y sí hay centros autorizados que siguen operando incluso con múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos. Esto es inaceptable.

A pesar de que diversos sectores de la sociedad civil  y organismos de derechos humanos critican y señalan estas prácticas, la falta de interés de parte de las autoridades es evidente. En 2012 diversos organismos de las Naciones Unidas instaron a través de una declaración conjunta a los Estados miembro a cerrar los centros de detención y rehabilitación obligatorios, además de promover la puesta en marcha de servicios sanitarios y sociales voluntarios, con base empírica y basados en los derechos humanos. Un llamado certero partiendo de que los tratamientos basados en evidencias científicas para la dependencia de sustancias incluyen un conjunto de servicios de gestión de riesgos y reducción de daños respaldados por políticas públicas desde una perspectiva de salud, derechos humanos y las libertades individuales.

Por si fuera poco, en el año 2013 el entonces Director Ejecutivo de la CNA, el Comisionado Howard Cotto, se negó a llenar en conjunto con entidades consultivas de Naciones Unidas el formulario comparativo que envía la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para realizar su informe mundial, demostrando el nulo interés por un levantamiento de datos verificables y transparentes. Lamentablemente cuatro años después de la declaración conjunta de Naciones Unidas, la realidad ha cambiado muy poco, los gobernantes y la clase política salvadoreña se muestran indiferente ante la caótica realidad.

Resulta muy preocupante que aún gran  parte  de lo  que se considera como “tratamiento”  en  varios países América  Latina sigue  basándose en la detención arbitraria y la tortura. Cuando existen métodos alternativos, respetuosos de la persona humana. No es de extrañar que en el marco de la Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS 2016) nuestro país abandera una de las posturas más recalcitrantes y retrogradas del continente, defendiendo la posición unilateral punitiva e irracionalmente represiva.

Los centros de detención y rehabilitación son una amenaza para los derechos humanos, el estado de derecho y ponen en peligro la salud de las personas detenidas, quienes, entre otros problemas, padecen de una mayor vulnerabilidad a las ETS  y la tuberculosis. En estos centros de detención se retiene a personas sospechosas de consumir o de padecer un uso problemático de alguna sustancia sin el debido proceso legal ni supervisión judicial con la justificación de un supuesto “tratamiento”  o ”rehabilitación”.  Obligar a las personas que usan drogas a someterse a programas de rehabilitación forzada ha sido una respuesta política común pero ha costado en calidad de vida, ha quitado la autodeterminación y desarrollo de muchos ciudadanos.

El uso de sustancias no causa una pérdida de autonomía, lo que refuta el argumento de que el tratamiento obligatorio es necesario porque las personas que usan drogas ya no disponen de la autonomía o de la capacidad para tomar decisiones informadas y que por tanto el Estado tiene el deber de intervenir y obligar a las personas a tratarse. Sin embargo, el consenso en la literatura científica, médica, legal y filosófica es que el uso de drogas raramente vuelve a una persona incapaz de ser responsable de sus actos.

Dejemos clara una cosa, en definitiva el tratamiento obligatorio no es ético, pues cualquier forma de tratamientoobligatorio vulnera los derechos de la persona al consentimiento informado y por lo tanto es una práctica no-ética. Excepto bajo condiciones sanitarias y judiciales específicas, en esos casos no debería prolongarse más allá de algunas horas o unos días, pues sólo debe ser aplicado bajo supervisión legal estricta únicamente justificada en casos de emergencia, como una medida para proteger a las personas o comunidades afectadas. Es decir, cuando la persona no puede ser responsable de su propia seguridad (tanto por dependencia como por otras cuestiones relacionadas con el uso de drogas).  Consiste en una breve hospitalización obligatoria en casos de desintoxicación de drogas, sobredosis y síntomas psiquiátricos, hasta que la persona haya recuperado su capacidad de decidir. También es importante aclarar que la mayoría de las personas que usan drogas (PQUD) lo hacen de manera irregular sin mostrar ningún signo de dependencia física o psicológica y sin causarse daño a sí mismo o a terceras personas. Según los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se estima que solo una de cada diez personas que usan drogas padecen de una dependencia física y/o psicológica. 

Privar a una persona de su libertad sin el debido procedimiento legal constituye una violación inconmensurable de las normas internacionales de derechos humanos. Mientras muchos países alrededor del mundo han reemplazado estos centros de tratamiento obligatorio por sistemas voluntarios y comunitarios, obligar a las personas a ingresar en ellos continúa siendo una práctica cotidiana en Latinoamérica, el este de Europa y Asia central. Sin embargo, rápidamente varios países de América Latina están promoviendo que el consumo de drogas sea tratado como un tema de salud pública, no penal. Lamentablemente, el acceso a programas de tratamiento basados en la evidencia continúa siendo dificultoso a lo largo del continente.

Al no desempeñar una función real de seguridad pública y debido a que la mayoría de las personas que usan drogas no tienen ninguna patología asociada con su uso, obligarlas al tratamiento es esencialmente un derroche de recursos, y una forma de sanción para el padeciente, ya que vulnera su derecho a la libertad. Aunque el tratamiento obligatorio puede brindarse en entornos comunitarios, la gran mayoría de las veces se dá en entornos cerrados, donde la gente es detenida por periodos de hasta varios años, sin respeto al debido proceso, violando claramente el derecho estar libre de la detención arbitraria.

Si bien es cierto que los especialistas en tortura de las Naciones Unidas han contribuido visibilizar esta problemática, aún sigue siendo relegada a reportes ocasionales. La tortura en nombre del tratamiento debe ser un asunto tratado desde la palestra, pues es de amplio interés público. Existe una preocupante dificultad de acceso a alternativas basadas en evidencia científica, que deben estar disponibles para cualquier ciudadano. 

Este vacío, alimentado por los subsidios del Estado a centros habilitados por la CNA ha creado un afán de lucro para personas que tienen poco o nulo conocimiento sobre el tratamiento y así abren y operan de forma legal o en algunos casos clandestinamente centros de “rehabilitación (detención) para adicciones”.

Se hace imprescindible una revisión y una profunda reforma al Decreto N°153. Una reforma que garantice una política de drogas basada en la ciencia, los derechos humanos y las libertades individuales. Que aplique reglas estrictas a los centros de asistencia sanitaria y de salud mental, incluyendo el respeto por el debido proceso, una opinión médica sólida y el uso de evidencias disponibles. 

Poner fin a la tortura en el nombre del tratamiento es asunto de  todas y todos porque las personas que usan drogas tienen derecho a que se respete su autodeterminación y sus derechos humanos. Defender sus derechos es defender nuestros derechos. Avancemos hacia una nueva política de drogas, hacia un verdadero enfoque basado en la salud y lejos de prácticas arcaicas que criminalizan y discriminan a las personas que usan drogas (PQUD) y sus  familias.

Es momento de dar fin a la inútil y violentísima guerra contra las drogas. Exijamos a quienes legislan que busquen para las nuevas políticas de drogas, un enfoque racional, progresivo, basado en evidencias que priorice la salud pública, los derechos esenciales y la justicia social.

Fuente original: Revista Factum- http://revistafactum.com/derecho-a-consumir-versus-tratamiento-obligatorio/

Duda sobre finalidad de cultivo de marihuana libera a abogado autocultivador de cannabis en Costa Rica

  • Defensa alegó que sembraba cannabis para consumo personal
  • Tribunal señala que cultivo es ilegal y se puede decomisar, pero no es un delito. La falta de pruebas que determinaran si un abogado sembraba marihuana en su casa para luego traficarla, lo libró de ser condenado a prisión.

Este martes 19 de enero, el Tribunal Penal de Alajuela absolvió, por duda, a Mario Alberto Cerdas Salazar, de 57 años, quien estaba acusado por la Fiscalía de esa zona de cuatro delitos de cultivo de marihuana para tráfico.

La Fiscalía había solicitado 24 años de cárcel contra el jurista, quien reside a 30 metros de los Tribunales de la localidad y tenía plantas de cannabis en su casa y expuestas al exterior.

Sin embargo, con dos votos a favor y uno en contra, el Tribunal concluyó que no se pudo demostrar que la finalidad de ese cultivo fuese la comercialización.

La jueza Carolina Leitón, quien leyó el fallo, explicó que se logró comprobar con certeza que Cerdas era un cultivador de droga, pero no que la vendiera.

“Los oficiales de la Policía Judicial declararon que no lograron establecer que el acusado se dedicara al tráfico”, recalcó.

El Tribunal también estuvo formado por Sonia Navarro y Miguel Fernández; este último salvó su voto, pues consideró que al tratarse de una importante cantidad de plantas (177 decomisadas), el fin sí era traficarla a terceros.

El abogado Mario Cerdas, de 57 años, dijo durante el juicio que fuma marihuana desde que estaba en la universidad y su pasión por el cultivo empezó en febrero del 2013. Su defensor, Sebastián Mesén (derecha) le recomendó no seguir con esa práctica. | ADRIÁN SOTO.
El abogado Mario Cerdas, de 57 años, dijo durante el juicio que fuma marihuana desde que estaba en la universidad y su pasión por el cultivo empezó en febrero del 2013. Su defensor, Sebastián Mesén (derecha) le recomendó no seguir con esa práctica. | ADRIÁN SOTO. ampliar

Durante el juicio que empezó el pasado 2 de enero, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) manifestaron que enviaron a un colaborador para tratar de comprarle droga a Cerdas, pero este se negó.

Al imputado le allanaron su vivienda en cinco ocasiones entre los años 2014 y 2015, y le decomisaron los cultivos.

Cerdas alegó que es consumidor desde hace 20 años.

Sin delito. Durante la explicación de la sentencia, Leitón aclaró que cultivar marihuana es ilegal (aunque no se refirió a leyes en particular), pero que no es delito mientras no se pruebe que el objetivo es comercializarla.

“Lo ilegal es aquella conducta establecida por la ley, mientras que lo delictivo es aquella transgresión que tiene como consecuencia una pena”, enfatizó.

La jueza le recalcó a Cerdas que si sigue sembrando, la Policía puede destruir las plantaciones.

No más cultivo. El sembrar las plantas casi en las narices de las autoridades judiciales, llevó a Cerdas a más de cuatro meses de prisión preventiva, medida que cumplió desde agosto del 2015 y hasta ayer, cuando fue liberado.

A él lo representaron los defensores públicos Sebastián Mesén y Gonzalo Forero, quienes siempre argumentaron que el imputado sembraba marihuana solo para consumirla.

“Se ha hecho justicia porque se demostró que existe una diferencia entre licitud y delito, y que él (Cerdas) nunca cometió un delito, nunca suministró droga a terceros”, manifestó Forero.

Por su parte, Mesén señaló que le recomendaron a Cerdas no seguir con el cultivo de la droga.

El mismo criterio tiene Ana Yancy Quirós, pareja sentimental del imputado.

Esta aseveró: “Obviamente, ya no va volver a sembrar. Si él quiere luchar por ese tema, que lo haga donde no se vaya a ver expuesta su libertad”.

Colaboró la periodista Katherine Chaves R.

Fuente de imagen y noticia: La Nación- http://www.nacion.com/sucesos/juicios/Duda-finalidad-cultivo-marihuana-abogado_0_1537646246.html

Tributo de DPA a Latinos en EE.UU. que promueven el fin de la guerra contra las drogas

Cada año, Estados Unidos está pendiente de la celebración nacional del Mes de Herencia Hispana, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. La Alianza sobre Políticas de Drogas (DPA) está festejando el mes, este año, con la campaña Somos DPA, un tributo por internet que reconoce las contribuciones “significativas y de gran alcance”, de reformistas latinos, para terminar la guerra contra las drogas.

De acuerdo con la DPA, la guerra contra las drogas ha tenido resultados devastadores en las comunidades latinas y latinoamericanas, por violencia, crimen desenfrenado, incremento de encarcelamiento en masa, detenciones y deportaciones, militarización de la frontera y evaluación por perfil de raza.

“Los latinos conforman 17% de la población estadounidense, consumen y venden drogas en similares cantidades que el resto de personas en el país. No obstante, los latinos constituyen representan 20% de las personas en prisiones estatales por delito de drogas, 37% en cárceles federales, y cerca de 50% de todos los casos en cortes federales están relacionados con asuntos de narcóticos.  40.000 personas (en su gran mayoría) latinas son deportadas forzosamente cada año por delitos de drogas no ofensivos”, señaló la organización en un comunicado de prensa.

“Durante los últimos años, hemos estado trabajando para encontrar la mejor manera de acercarnos a la comunidad latina y trabajar juntos para terminar la guerra en contra las drogas y, más importante, para [concienciar más en la idea] que la guerra contra las drogas es un asunto latino”. dijo al PanAm Post el legislador y coordinador de la DPA, Jerónimo Saldaña.

Saldaña dice que el enfoque del proyecto es reconocer a “las contribuciones transformadoras y los sacrificios” de distinguidos reformistas latinos en política de drogas, en las redes sociales. Segundo, y lo más importante, señala, la DPA apunta a conocerse “con gente de su región, y trabajar juntos  para avanzar en las reformas que competen a los latinos”, comentó.

“Queríamos mostrar que la guerra contra las drogas provoca encarcelamientos y deportación en masa; que la guerra contra las drogas en México está matando o causando la desaparición de decenas de miles de personas. Decidimos que era el momento de lanzar una plataforma pública que en serio comprometa a esta audiencia”.

Honrando a los activistas latinos

Para reconocer el esfuerzo de aquellos activistas y defensores latinoamericanos quienes han estado en el límite entre la justicia y la reforma de políticas de drogas, la DPA presentará cada semana a cuatro premiados, durante todo el mes.

La lista comienza con Ana Yáñez Correa, directora ejecutiva de la Coalición de Justicia Criminal de Texas. Según la DPA, su trabajo ha sido “fundamental en educar y organizar a los principales depositarios sobre la importancia de adoptar políticas en desvíos de la prisión, libertad provisional y condicional, reforma en la condena, defensa justa, recuperación, y total rectitud y eficiencia en la justicia criminal y juvenil.

Somos DPA también rinde tributo a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, al cumplirse un año de su forzosa desaparición. “Si alguien ha llevado [al impacto negativo de las drogas] a nivel internacional”, dice Saldaña, “son los amigos y familiares de estos estudiantes, que no se han dado por vencidos en su búsqueda”.

El tercer premiado por la organización es Rafael Torruella, director ejecutivo de Intercambios Puerto Rico, una organización que promueve el diálogo y el análisis crítico de asuntos relacionados con la droga, en la isla.

“Rafael ha estado impulsando algunas reformas innovadoras en la isla, y ha ayudado a salvar un montón de vidas allí. Generalmente, las personas tienden a olvidar que esto no es algo que afecta solamente a México, sino a América Latina, incluyendo Puerto Rico y República Dominicana, por lo que queremos resaltar eso”, señala Saldaña.

Por último, pero no menos importante, la DPA brinda homenaje a la comunidad entera que defiende los derechos de inmigrantes en California, por su trabajo, al promover el proyecto de ley AB 1351 . Si pasa, la organización dice que “promulgará muchas de las reformas a la justicia criminal, que aseguran a las familias inmigrantes que no serán separadas por deportación debido a delitos mínimos de drogas”.

Saldaña explica que el objetivo final del tributo es “reintroducir a la humanidad” en la defensa de políticas de drogas, y demostrar que este movimiento está originado en personas, no en políticas.

“Yo pienso que una dificultad es que las personas piensan en los latinos – e incluso los latinoamericanos – en Estados Unidos como un monolito. [Piensan] que nosotros somos un grupo muy cohesionado, que no estaría muy lejos de la verdad. Somos gente muy diversa, por lo que queremos acercarnos a cada identidad y unirnos para trabajar en esto”.

Traducido por Paz Gómez.

Rebeca Morla

Rebeca Morla

Rebeca Morla es egresada de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Ecuador. También es miembro del Consejo Ejecutivo de Estudiantes por la Libertad. Síguela por Twitter @RebecaMorla.

FUENTE: Panam Post-  http://es.panampost.com/rebeca-morla/2015/10/07/latinos-en-ee-uu-promueven-el-fin-delaguerra-contra-las-drogas/

Hoy y mañana conoceremos la visión de México y Brasil sobre la política de Drogas

DROGAS, POLÍTICA Y CULTURA: PERSPECTIVAS BRASIL – MÉXICO

Este congreso es una iniciativa conjunta del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en Guadalajara, de la Plataforma Brasileña de Política de Drogas (PBPD) y del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Psicoactivos (NEIP), ambos ubicados en Brasil.

El congreso se centra en los usos tradicionales y contemporáneos de las drogas en las comunidades indígenas, mestizas y urbanas de México y Brasil. Se pretende buscar un debate sobre los cambios y permanencias de los usos tradicionales, religiosos y rituales de sustancias psicoactivas, y los dilemas y perspectivas actuales del uso de drogas en la cultura global contemporánea, incluyendo aquellos usos considerados problemáticos. Se centra en el papel de los factores culturales en la construcción de la “experiencia” en diferentes escenarios. También se discutirán los medios culturales e informales de control, y su relación con los controles formales y legales.

En el actual sistema global, un conjunto muy diferente de drogas son incluidas dentro de un mismo grupo de proscripción, o sea, están prohibidas. Sin embargo, el uso de muchas de estas drogas es parte de la formación cultural y de identidad de diversos grupos sociales, lo que conlleva a consecuencias que serán discutidas en el evento, como la criminalización y el encarcelamiento de grandes contingentes provenientes de estos grupos.

Al analizar el fenómeno del consumo de drogas y el paradigma prohibicionista en las Américas, el Congreso se enfocará en la comprensión del proceso de construcción de la noción político-histórica de “drogas” como una cuestión de salud pública, seguridad pública y seguridad nacional e internacional, un proceso que hace que los países del continente movilicen fuerzas policiales y militares y utilicen grandes cantidades de recursos.

La reunión propone un enfoque comparativo sobre las devastadoras consecuencias —en múltiples niveles— de la prohibición en los dos países más poblados y ricos de América Latina. El objetivo es establecer un diálogo abierto entre las humanidades a partir del derecho a las ciencias de la salud, con el fin de comprender mejor el complejo fenómeno de consumo de drogas y los diversos factores que lo rodean.

El encuentro tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre los expertos brasileños y mexicanos, y encontrar resonancia en los medios de comunicación en ambos países. Las trágicas consecuencias de la guerra contra las drogas en México y Brasil son cada vez más repudiadas, abriendo espacio para que nuevos modelos de gestión en el uso y dependencia de drogas sean discutidos y puedan ir más allá de la represión, del estigma y de la permanente conversión de los ciudadanos en enemigos morales. Al mismo tiempo, se pretende fortalecer el papel y la especificidad de la antropología y de las otras ciencias sociales en el debate público sobre las drogas.

Temas:

  • Similitudes y particularidades históricas sobre el uso de drogas
  • Uso tradicional de las drogas y los derechos de las minorías
  • Usos tradicionales/religiosos/rituales de sustancias psicoactivas y usos recreacionales o problemáticos de “drogas” contemporáneas/occidentales
  • El uso terapéutico y medicinal de sustancias psicodélicas
  • Potenciales de la producción de amapola como medicina legal en México
  • Narco-cultura en México y “cultura de drogas” en Brasil
  • El impacto de la prohibición en el tratamiento para la dependencia
  • El impacto de la prohibición en el sistema penitenciario
  • El impacto de la prohibición sobre la seguridad y la violencia, tales como las UPP en Brasil y la militarización en México
  • El diálogo entre el conocimiento científico y las políticas sobre drogas
  • Experiencias con las políticas e iniciativas para la prevención y reducción de daños
  • Tratamiento involuntario para el crack en Brasil y los tribunales de drogas en México
  • El crack en Brasil y las metanfetaminas en México;
  • La sociedad civil, los medios de comunicación y la academia en movimientos de reforma de las políticas sobre drogas
  • Regulación de los usos médicos, recreativos y rituales del cannabis y sus derivados
  • Los impactos de la regulación de la marihuana en los Estados Unidos sobre América Latina
  • Políticas alternativas de drogas en América Latina y en el contexto internacional
  • Las perspectivas y los roles de México y Brasil en UNGASS 2016

Fuente: http://drogasmexicobrasil.mx/

Brasil y México se unen para revisar políticas sobre drogas

Por MARICARMEN RELLO, Guadalajara

Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina, se unen para debatir y analizar políticas mundiales sobre las drogas, en una conferencia convocada por el Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social (Ciesas) de Occidente que tendrá como sede Guadalajara.

Beatriz Labate, investigadora del Ciesas de Occidente, expuso que la iniciativa busca la interlocución entre ambas naciones sobre varios temas, sin mediar Estados Unidos como habitualmente sucede. En este caso para revisar políticas sobre drogas.

Las propuestas que emanen de la conferencia “Drogas, Política y Cultura”, perspectivas México-Brasil, se plantearán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que por su parte ha convocado a la sociedad civil ha participar en esta revisión global del fenómeno, indicó.

La académica señaló que para México el tema es de coyuntura por los efectos de la política de guerra contra las drogas, emprendida a partir del gobierno de Felipe Calderón “donde los más vulnerables son los jóvenes, mujeres, pobres y campesinos”.

La conferencia que se llevará a cabo 5 y 6 de octubre próximo a partir de las 9:00 horas en la sede del Ciesas de Occidente abordará diversas perspectivas del fenómeno, desde el problema entendido como un crimen que debe ser perseguido por la ley hasta las más progresistas políticas que lo ven como un problema de salud.

“Aunque progresista es una visión limitada” que igual ve a la droga como sustancia ilegal, cuando se limita a entender el contexto de consumo.

En México, expuso, el uso de drogas tiene perspectivas culturales de comunidades indígenas en México.

Labate señaló que se ha dejado de lado la extensa variedad de flora y fauna de México, a partir de la que se gestó el uso como remedios. “En el tema de las plantas con potenciales terapéuticos debía México ser guía en investigación” y promover más el estudio de sustancias psicodélicas, dijo.

La entrada al encuentro es libre y al término de los dos días de trabajo la Declaratoria con posicionamientos políticos será leída por tres mujeres.

Fuente del artículo: Milenio- http://www.milenio.com/region/drogas_Mexico_Brasil-Ciesas_Jalisco-Beatriz_Labate_0_600540087.html

Fuente de la imagen: http://drogasmexicobrasil.mx/index.php/mesa/0601/

¿Qué es el informe “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos” y qué opina Segob al respecto?

La llamada “guerra contra las drogas” desplegada en los últimos 50 años ha provocado desplazamientos forzados, detenciones masivas, hacinamiento carcelario, afectación de las garantías judiciales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Hoy, un grupo de 17 organizaciones de 11 países de América presenta una publicación conjunta sobre “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia del continente americano”. En ella se analiza cómo la “guerra contra las drogas” y el sistema internacional de prohibición han sido implementados de forma tal que se han desbordado los sistemas penales y se han afectado las poblaciones más vulnerables, sin lograr siquiera disminuir los problemas de consumo o de tráfico en la región.

En México, la guerra contra el narcotráfico ha generado al menos 70,000 homicidios relacionados con el tráfico de drogas, así como importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas. Desde finales de 2006, se reforzó el empleo de la fuerza letal y se incrementó de manera significativa la participación de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad para el combate contra las drogas.

El informe conjunto profundiza en la militarización de la seguridad pública, la criminalización del consumo, el debilitamiento del debido proceso, las detenciones masivas, las penas desproporcionadas para delitos de drogas y las restricciones en el acceso a la salud.

También aporta testimonios y remite a casos sobre los abusos a los derechos humanos originados en las políticas de drogas prohibicionistas que fueron implementadas en toda la región. Esto incluye historias como la de Miriam, una mujer mexicana que fue detenida, golpeada y torturada sexualmente hasta que hiciera una confesión falsa respecto a la posesión de drogas; Paulino Huamán, quien fue asesinado en su casa cuando las Fuerzas Armadas de Perú bombardearon su pueblo como parte de la “guerra contra las drogas”; Anny, una niña brasileña de 5 años cuyos padres se vieron obligados a comprarle un medicamento en el mercado negro porque contenía un derivado de la marihuana; y Rocío, una víctima de desplazamiento forzado en Colombia que transportaba pequeñas cantidades de drogas dentro del país para alimentar a sus tres hijos y terminó siendo encarcelada muy lejos de ellos, por un aparente error administrativo.

La publicación pone énfasis en el aumento de la cantidad de mujeres encarceladas por delitos de drogas no violentos y las implicancias que eso tiene para ellas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Aborda el impacto de las campañas de erradicación forzada de cultivos, que amenazan el sustento y hasta la salud de algunas comunidades rurales. Y muestra cómo el racismo se manifiesta en los arrestos relacionados a la marihuana en los Estados Unidos al ser casi 4 veces más probable que una persona afro descendiente sea detenida por esa razón que una persona blanca. Además, se resaltan las experiencias alternativas que se están llevando adelante en Uruguay, Ecuador, Bolivia y algunos estados de los Estados Unidos.

Las organizaciones que participaron en el informe presentan una serie de recomendaciones para que los Estados exploren políticas que busquen reducir la violencia y mejorar las respuestas sanitarias, dado que las medidas prohibicionistas han fracasado en sus intentos de disminuir la oferta de drogas y han contribuido a graves violaciones de derechos humanos en el continente americano. Por ejemplo, se recomienda la descriminalización del consumo y el autocultivo de drogas, y el desarrollo de alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas.

Estas propuestas han empezado a ser exploradas en distintas partes de mundo y nos muestran que los cambios son posibles. Hay alternativas.

Sobre la presentación de este informe en el Senado, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex publicó:
En la presentación de la publicación regional “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos, la experiencia del continente americano”, senadores y representantes de organizaciones consideraron que se requiere analizar otras alternativas para enfrentar el problema.
Al encuentro asistió Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, quien señaló que México se encuentra “bastante solo” en su reclamo para revisar las condiciones en que se da el combate al tráfico y consumo de drogas.
Consideró como logro de México, Guatemala y Colombia la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas, que se llevará a cabo en 2016, y donde se revisarán algunos aspectos de la lucha contra los estupefacientes. Sin embargo, consideró que la actitud internacional para cambiar el actual esquema es “muy conservadora”, toda vez que México ha planteado la necesidad de analizar con seriedad y profundad los diferentes modelos que existen a nivel mundial y sus resultados.
Ello, explicó, porque hay países que están por la prohibición de las drogas, hay un conjunto pequeño de naciones y de estados de la Unión Americana que han optado por la legalización y otros que optan por la despenalización del consumo.
La guerra declarada contra las drogas en los últimos años había generado una violencia extraordinaria, la cual aumentó por los cambios estructurales en las condiciones del mercado. Aunado a ello, agregó, México se enfrenta a características de violencia vinculada con las rutas de acceso de drogas a Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo, así como a un tráfico indiscriminado de armas y dinero ilegal.
El funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) lamentó que las preocupaciones mexicanas no sean las preocupaciones del mundo y consideró injusto que del otro lado de la frontera haya ya muchos estados que legalizaron el consumo medicinal de la mariguana. Mientras, México pone los muertos y 80 por ciento de las mujeres presas en cárceles federales, lo están por transportar drogas.
Por ello, el subsecretario mencionó que México país pedirá que en dicha sesión especial se analicen seriamente las consecuencias de la aplicación de esos modelos a nivel internacional. En tanto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Laura Angélica Rojas Hernández, expresó que no se tiene por qué esperar a que 193 países se pongan de acuerdo para cambiar la forma en que la comunidad internacional combate las drogas y que el debate debe generar las soluciones para que México atienda de mejor manera esta problemática.
Aclaro que el Partido Acción Nacional (PAN) no tiene una posición definida sobre legalizar o no la mariguana, pero “mi posición, en lo personal, es que sí creo que tenemos que regularla, por lo menos, para uso medicinal y científico; y eso es muy importante hacerlo ya”.

A su vez, el senador Alejandro Encinas Rodríguez coincidió en que “es momento de hacer un replanteamiento total de la política” en la materia y dar un paso hacia la regulación de las drogas para usos medicinales e investigación científica.

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  1. CMDPDH- http://cmdpdh.org/2015/08/el-impacto-de-las-politicas-de-drogas-en-los-derechos-humanos/
  2.  Notimex, publicado en: http://www.20minutos.com.mx/noticia/b322801/debaten-en-senado-politica-de-combate-a-drogas-en-america-latina/#xtor=AD-1&xts=513356

Aprueban protocolo de actuación policial sobre ley de marihuana en Uruguay

La Policía golpeó la puerta de la casa de Marcos Berneda en Bella Unión el 25 de noviembre, allanó la vivienda, incautó sus plantas de marihuana y lo detuvo, a pesar de que Berneda estaba registrado en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Después de pasar varias horas en el calabozo, Berneda quedó en libertad por orden judicial. Algunas semanas más tarde, recuperó sus plantas. “El procedimiento estuvo bien hecho”, dijo en diciembre a El Observador el entonces director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, comisario inspector Manuel Sosa.

De todas maneras, la Policía no tenía hasta ahora un protocolo de actuación para este tipo de casos, lo que generaba un vacío legal que causaba incertidumbre en agentes y cultivadores. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aprobó el 10 de agosto el “Protocolo de actuación policial sobre la ley de marihuana y sus derivados”.

El protocolo tiene como principal cometido “poner en conocimiento del personal policial la nueva normativa sobre cannabis aprobada por la Ley 19.172 del 20 de diciembre de 2013 y su Decreto reglamentario 120/014 del 6 de mayo de 2014”. En ese sentido, destaca los aspectos legales más importantes y además explicita lo que puede y lo que no puede hacer un agente al encontrar un plantío.

“El personal (policial) no podrá exigir el registro como usuario o cultivador”, asegura el protocolo al que accedió El Observador. Esta es una aclaración relevante, si se tiene en cuenta que la Policía detuvo a Berneda en Bella Unión porque no mostró el carné que acreditaba su registro en el Ircca. “En el marco de un procedimiento, el juez o la jueza podrá solicitar al Ircca la información necesaria del registro”, agrega el protocolo. “La sola existencia de plantas de cannabis no implican una actividad ilícita. A los efectos de las posibles denuncias, serán tenidas en consideración cuando refieran a la existencia de alguna forma de tráfico, venta, comercio, suministro u otros ilícitos para constituir delito”, expresa otro punto. Esta puntualización aclara un aspecto que, para algunos, seguía siendo ambiguo. Lo relevante, desde el punto de vista penal, no es la cantidad de plantas, sino el uso que hace el cultivador de su producto. Para que exista delito, debe constatarse “alguna forma de tráfico, venta, comercio, suministro u otros ilícitos”.

Tanto la ley como el decreto reglamentario establecen que si el cultivador o el club de cannabis tienen más plantas de las permitidas podrán recibir sanciones económicas o administrativas, pero si no cometen delito, no habrá sanción penal (ver apunte). El protocolo recuerda que “la ley 19.172 autoriza el cultivo y la cosecha domésticos de hasta seis plantas de cannabis con flor hembra” y que “los clubes podrán plantar hasta 99 plantas de flor hembra”. Luego destaca que “se encuentra autorizada la tenencia de mayor número de plantas sin flor o con flor macho”.

“El allanamiento a un hogar, la incautación y/o destrucción de plantas de cannabis sólo podrá realizarse por orden judicial. Cuando se establezca la incautación de plantas de cannabis, deberán ser manipuladas con la debida diligencia como bienes frágiles, disponiéndose lo incautado en lugares adecuados para su conservación”, expresa el protocolo. “De las actuaciones deberá labrarse acta en la que se consigne: la cantidad de plantas de cannabis sin flor o con flor macho, la cantidad de plantas de cannabis con flor hembra, la altura y el ancho aproximados de cada planta y la cantidad de cannabis cosechado en gramos, sin pesar recipiente donde se encuentre y nivel de secado de las flores hembras de cannabis incautado (bajo, medio, seco)”.

El protocolo también asegura que “las plantas de cannabis, marihuana cosechada, artefactos destinados al cultivo y consumo son propiedad privada y como tal están protegidos por la legislación vigente”, y que las denuncias “deben ser recibidas normalmente enterando al juez competente”.

Sanciones administrativas

Tanto la ley como el decreto reglamentario establecen que el Ircca puede sancionar a los cultivadores no registrados con “apercibimiento; multa desde 50 UR ($ 40.278) hasta 2.000 UR (US$ 64.000); decomiso de la mercadería o de los elementos utilizados para cometer la infracción; destrucción de la mercadería; suspensión del infractor en el registro correspondiente; inhabilitación temporal o permanente; clausura parcial o total, temporal o permanente, de los establecimientos y locales de los licenciatarios”.

Fuente: El Observador Uruguay- http://www.elobservador.com.uy/aprueban-protocolo-actuacion-policial-ley-marihuana-n670555

El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos

La llamada “guerra contra las drogas” desplegada en los últimos 50 años ha provocado desplazamientos forzados, detenciones masivas, hacinamiento carcelario, afectación de las garantías judiciales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Hoy, un grupo de 17 organizaciones de 11 países de América presenta una publicación conjunta sobre “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia del continente americano”. En ella se analiza cómo la “guerra contra las drogas” y el sistema internacional de prohibición han sido implementados de forma tal que se han desbordado los sistemas penales y se han afectado las poblaciones más vulnerables, sin lograr siquiera disminuir los problemas de consumo o de tráfico en la región.

El informe conjunto profundiza en la militarización de la seguridad pública, la criminalización del consumo, el debilitamiento del debido proceso, las detenciones masivas, las penas desproporcionadas para delitos de drogas y las restricciones en el acceso a la salud.

También aporta testimonios y remite a casos sobre los abusos a los derechos humanos originados en las políticas de drogas prohibicionistas que fueron implementadas en toda la región. Esto incluye historias como la de Miriam, una mujer mexicana que fue detenida, golpeada y violada hasta que hiciera una confesión falsa respecto a la posesión de drogas; Paulino Huamán, quien fue asesinado en su casa cuando las Fuerzas Armadas de Perú bombardearon su pueblo como parte de la “guerra contra las drogas”; Anny, una niña brasileña de 5 años cuyos padres se vieron obligados a comprarle un medicamento en el mercado negro porque contenía un derivado de la marihuana; y Rocío, una víctima de desplazamiento forzado en Colombia que transportaba pequeñas cantidades de drogas dentro del país para alimentar a sus tres hijos y terminó siendo encarcelada muy lejos de ellos, por un aparente error administrativo.

La publicación pone énfasis en el aumento de la cantidad de mujeres encarceladas por delitos de drogas no violentos y las implicancias que eso tiene para ellas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Aborda el impacto de las campañas de erradicación forzada de cultivos, que amenazan el sustento y hasta la salud de algunas comunidades rurales. Y muestra cómo el racismo se manifiesta en los arrestos relacionados a la marihuana en los Estados Unidos al ser casi 4 veces más probable que una persona afro descendiente sea detenida por esa razón que una persona blanca. Además, se resaltan las experiencias alternativas que se están llevando adelante en Uruguay, Ecuador, Bolivia y algunos estados de los Estados Unidos.

Las organizaciones que participaron en el informe presentan una serie de recomendaciones para que los Estados exploren políticas que busquen reducir la violencia y mejorar las respuestas sanitarias, dado que las medidas prohibicionistas han fracasado en sus intentos de disminuir la oferta de drogas y han contribuido a graves violaciones de derechos humanos en el continente americano. Por ejemplo, se recomienda la descriminalización del consumo y el autocultivo de drogas, y el desarrollo de alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas.

Estas propuestas han empezado a ser exploradas en distintas partes de mundo y nos muestran que los cambios son posibles. Hay alternativas.

Las organizaciones que colaboraron en la realización de este informe son:

American Civil Liberties Union (ACLU),
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH),
Canadian Civil Liberties Association (CCLA),
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH),
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Colegio Médico de Chile,
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH),
Conectas Direitos Humanos,
Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD),
Corporación Humanas,
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia),
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR),
Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED),
Intercambios, Fundación Myrna Mack,
Washington Office on Latin America (WOLA)

Informe de la OEA sobre las drogas aboga por la rehabilitación y la inserción social

El informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el problema de las drogas en Latinoamérica aboga por la rehabilitación y la inserción social como alternativa al encarcelamiento de los consumidores, dijo hoy a Efe en Montevideo el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

“Tiene una particularidad, es un enfoque realizado en clave de derechos, con una óptica de salud pública que reconoce que hay realidades diferentes en distintos países y que cada uno debe encontrar una solución en función del pacto social que pueda alcanzar y del problema que debe atacar”, señaló Almagro.

Para el secretario general de la OEA, este informe “sirvió para ensanchar la visión” de los países de la región en el enfoque para abordar el asunto, “sin dejar de aplicar sus medidas de seguridad pero teniendo en cuenta que la prevención y la rehabilitación son elementos fundamentales”, agregó.

Almagro presentó el informe en su participación en el seminario internacional “Nuevos enfoques en políticas de drogas en el siglo XXI”, en el que hoy se aprobará una declaración elaborada entre parlamentarios de la región de cara a la Asamblea General de la ONU sobre el Problema de las Drogas (UNGASS) de 2016 en Nueva York.

Durante su intervención, el también excanciller uruguayo destacó la “importancia de examinar con cuidado las (políticas) de descriminalización de las drogas para su uso personal” así como la necesidad de estudiar “alternativas para el encarcelamiento como parte de un enfoque para los derechos humanos” en este tema.

Además, indicó que el informe de la OEA “no encuentra ningún apoyo en ningún país para la despenalización o legalización de las demás drogas ilegales (además de la marihuana)”.

El secretario general de la OEA también valoró la necesidad de un enfoque “múltiple y de gran flexibilidad” para abordar la problemática y también subrayó que los países de la región deben “mantener la unidad en la diversidad”.

Por otro lado, Almagro informó que en la próxima reunión de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD), que tendrá lugar el próximo noviembre en Trujillo (Perú), habrá un espacio dedicado al debate para lograr un consenso de cara a la UNGASS.

“En los últimos tres años, en el hemisferio hemos logrado abrir un debate sobre las políticas de drogas en nuestros países, dejar atrás los viejos prejuicios que lo dominaron en los últimos 40 años y debatir políticas enfocadas en el ser humano y, en especial, en la juventud”, dijo el uruguayo para cerrar su discurso.

Durante su participación en el seminario estuvo acompañado por el secretario nacional de drogas de Uruguay, Milton Romani, su par brasileño, Vitore Maximiano, y por el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador (Consep).

Almagro, exministro de Relaciones Exteriores de su país durante el mandato del expresidente José Mujica (2010-2015), dijo a Efe que el informe de la OEA es uno de “los legados mas importantes” del que fuera secretario general de esta organización entre 2005 y 2015, el chileno José Miguel Insulza.

Comisión Global de Políticas de Drogas aboga en Uruguay por regular los mercados

La Comisión Global de Políticas de Drogas, organización que reúne a personalidades internacionales en contra del modelo prohibicionista en la lucha antidrogas, abogó hoy en Montevideo por la regulación de los mercados de esas sustancias para combatir el narcotráfico y promover los derechos humanos.

“Se debe buscar la regulación de las drogas porque son riesgosas, no porque son seguras. Tenemos que entender el espectro de riesgo de cada droga y crear una regulación con distintas reglas dependiendo de la droga y los riesgos que conlleva y también los beneficios”, defendió la representante de la Comisión Global, Zara Snapp.

Esa organización internacional nació en 2008 como una iniciativa de 17 líderes políticos e intelectuales, como el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, el escritor peruano Mario Vargas Llosa y el expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, para promover un debate alternativo a la represión de las drogas en el mundo.

Durante su participación en el seminario internacional “Nuevos enfoques en políticas de drogas en el siglo XXI” este miércoles en el Parlamento uruguayo, Snapp recordó que la Comisión Global abogaba inicialmente por la descriminalización del uso de drogas porque era impensable recomendar abiertamente la regulación del mercado de esas sustancias.

“Esto nos ha tomado mucho tiempo de pensar. Al principio, en 2011, no queríamos hablar de eso. Sabíamos que no iba a ser posible. Creo que en 2014 con el ejemplo de Uruguay, con el ejemplo de varios estados en Estados Unidos, hubo un reconocimiento de que es necesario abordar toda la problemática”, contó.

Uruguay aprobó en diciembre de 2013 una ley impulsada por el expresidente José Mujica (2010-2015) para regular la producción y la comercialización de la marihuana, medida que posicionó al país en la vanguardia de las políticas alternativas para enfrentar el narcotráfico a nivel mundial.

Snapp presentó el informe de 2014 preparado por la Comisión Global con vistas a incidir en la Asamblea Especial de las Naciones Unidas sobre el tema (UNGASS) en abril de 2016, en Nueva York, y plantear la revisión de las convenciones internacionales que corroboran la represión en la lucha contra las drogas.

En ese sentido, la experta reiteró el “fracaso de la guerra contra las drogas” que ha aumentado la inseguridad en América Latina, principal región productora de hojas de coca, y culminado en la muerte vinculada al narcotráfico de miles de personas.

Asimismo, argumentó que la penalización del consumo de las drogas ha sido ineficaz, aumentando la población carcelaria y la violencia.

“Es importante notar que solo el 10 % de los usuarios de drogas ilegales tienen un uso problemático. Lo podemos pensar con el alcohol. No todos los que toman vino cuando salen a cenar tienen un uso problemático pero siguen disfrutándolo”, comparó Snapp y agregó que lo que hace falta es “información clara”.

Por su parte, el diputado uruguayo Sebastián Sabini remarcó la necesidad de cambiar la mirada a través de la legislación ya que las personas asocian la moral a las leyes, con el pensamiento de que “lo que la ley permite está bien y lo que no permite está mal”.

También participaron en las primeras mesas del seminario el diputado chileno Alberto Robles, el senador mexicano Alejandro Encinas, la asambleísta ecuatoriana María Alejandra Vicuña y el diputado costarricense Marco Vinicio Redondo.

Las jornadas de dos días iniciadas hoy en Montevideo fueron organizadas por la Cámara de Diputados, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, junto con la Fundación alemana Friedrich Ebert.

La idea es presentar una Declaración de Montevideo que aporte en las discusiones de la UNGASS 2016 hacia una apertura de las políticas antidrogas con un enfoque sanitario y de derechos humanos y un rechazo al modelo represivo actual.

Fuente: Telemundo Atlanta- http://www.telemundoatlanta.com/189_mexico/3288560_informe-de-oea-sobre-drogas-aboga-por-la-rehabilitacion-y-la-insercion-social.html