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Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana: “Regulación en relación con la seguridad pública”

Amaya Ordorika Imaz, integrante de ReverdeSer Colectivo, participó el día de hoy en la mesa “Regulación en relación con la seguridad pública”, en el marco de las Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana, a la que convocó la Mesa Directiva del Senado de la República.

Aquí pueden encontrar el video completo de la mesa:

 

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MÉXICO: EL CAPITALISMO CRIMINAL

MÉXICO: EL CAPITALISMO CRIMINAL 

Por Raúl Romero* – @cancerbero_mx

El capitalismo encomienda el destino de los pueblos a los apetitos financieros de una minúscula oligarquía. En cierto sentido, es un régimen de delincuentes.

Alain Badiou

El problema

El 11 de diciembre de 2006, apenas diez días después de haber asumido la presidencia de México, Felipe Calderón Hinojosa anunció la puesta en marcha del “Operativo Conjunto Michoacán” para combatir al “narcotráfico” en ese estado del país. El operativo implicó la coordinación de al menos 11 organismos federales, entre los que destacan el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

El operativo en el estado de Michoacán fue el inicio de la militarización de la seguridad pública, medida que caracterizó al gobierno de Calderón, y que hoy continúa con Enrique Peña Nieto. En poco tiempo, fuerzas militares, marinos y policías federales fueron desplegados por todo el territorio nacional bajo el mismo pretexto: combatir al narcotráfico.

En diciembre de 2008, los gobiernos de México y Estados Unidos de América (EUA) firmaron la primer “Carta de Acuerdo de la Iniciativa Mérida”, un programa al que el Congreso de EUA destinó 2.3 mil millones de dólares. La Iniciativa se basa en cuatro “pilares”:

1) afectar la capacidad operativa del crimen organizado,

2) mantener el Estado de derecho,

3) crear la estructura fronteriza del siglo XXI

4) construir comunidades fuertes y resilentes.

Desde entonces, el gobierno de EUA ha asesorado, intervenido logística y operativamente o proporcionando armas o recursos económicos; violentándose claramente la soberanía de nuestra nación. Comenzó a evidenciarse así la dimensión geopolítica y los verdaderos objetivos del conflicto, pues como nos recuerdan Gian Carlo Delgado y Silvina Romano, “la militarización/paramilitarización de la región se vuelve indispensable para garantizar la realización y transferencia de excedentes”.

Hoy, casi nueve años después de iniciada la “guerra contra el narcotráfico” y a siete de la firma de la Iniciativa Mérida, la sociedad mexicana se encuentra sumergida en la barbarie absoluta: más de 120 mil personas asesinadas, más de 23 mil desaparecidas y más de 160 mil desplazados de sus lugares de origen, esto según las cifras más conservadoras. Peor aún, pareciera que las fuerzas del “narcotráfico” no sólo no han disminuido, sino que se han fortalecido y extendido por todo el país; al tiempo que los proyectos extractivistas se incrementan y las reformas estructurales terminan por despojarnos de derechos y bienes sociales nacionales ganados en otras luchas.

Estos sucesos nos hacen preguntarnos si en verdad la guerra es contra el narcotráfico, como nos lo ha repetido la clase gobernante de este país a través de los medios masivos de comunicación. Basta con mirar más allá de nuestras fronteras y nuestro tiempo para encontrar respuestas y entender los motivos de la guerra. Es precisamente esto lo que intentamos desarrollar a continuación.

Aquí planteamos que el “narcotráfico” no es más que el argumento “legitimador” de un proceso mucho más complejo: la existencia de un capitalismo criminal, el cual tiene por objeto dinamizar la economía mediante la guerra, facilitar los procesos de despojo y acumulación, eliminar las resistencias y la mano de obra desechable, al mismo tiempo que mediante el miedo y el terror, se busca controlar a la sociedad. Sostenemos además que este capitalismo criminal es parte de una reconfiguración global del sistema en la que EUA, con sus aliados en la Unión Europea, buscan recuperar y fortalecer su hegemonía, por lo que en otros países y regiones se fabrican adversarios similares al “narcotráfico” para extender la guerra y continuar con el despojo, por ejemplo el Estado Islámico y otros grupos “terroristas” en Medio Oriente.

Para sostener este argumento, apelamos a experiencias pasadas y presentes, a análisis de casos concretos y disertaciones teóricas que se han elaborado sobre el mismo problema en otras regiones o sobre problemáticas similares con los mismos fines. Miramos con anteojos prestados otros calendarios y otras geografías para buscar claves de análisis de nuestra realidad inmediata.

El trabajo se compone de cuatro apartados. En el primero, Nuestros anteojos, hacemos un breve repaso de las diferentes escuelas de pensamiento que han abordado el problema y definimos los principales conceptos que ayudan a comprender el proceso abordado. En el segundo y tercer apartado, El capitalismo criminal y El Estado criminal, analizamos las formas y repercusiones económico-financieras y jurídico- políticas de esta forma del capitalismo. En último bloque presentamos nuestras consideraciones finales.

Aquí se plantea como “estudio de caso” al México de nuestros días, donde vemos las expresiones más terribles del capitalismo criminal, sin embargo, creemos que los planteamientos generales –con sus respectivas contextualizaciones– bien pueden ser útiles para explicar a otros países del Centro y Sur de América, del África Occidental y en general a otros países donde las corporaciones criminales se han asentado.

Nuestros anteojos

Somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura.

Bernardo de Chartes

El fenómeno del crimen organizado como objeto de análisis en las ciencias sociales se ha vuelto una constante, lo que nos demuestra la amplia preocupación en el medio por explicar sus efectos y sus raíces. Google académico ofrece 53,300 resultados al poner la palabra “crimen organizado” en su buscador, y en las bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México tienen 263 libros que incluyen esta misma palabra en su título, la mayoría de ellos escritos entre 1990 y 2013.

Los trabajos sobre las “mafias” son el antecedente más importante, pero hay enormes diferencias. La forma de organización de las mafias era “artesanal”, muy semejante a los pequeños burgos que potenciaron el desarrollo del capitalismo. Eran grupos organizados de forma gremial, compuestos principalmente por familias y redes de familias que compartían una misma identidad –étnica, nacional o religiosa–, con territorialidades limitadas y con inexistente división del trabajo.

Lo que llamamos crimen organizado es completamente diferente a la forma de organización de la mafia. Si quisiera hacerse una genealogía y buscar los origines de esta expresión del mercado, sería necesario rastrear desde ahí y quizá desde más atrás. Al respecto, Magdalena Galindo escribe que:

El crimen, por supuesto, ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, pero hoy no es el mismo que prevaleció durante siglos. Lo que quiero destacar es el paso de una criminalidad, digamos artesanal, a un amplio proceso de industrialización y de internacionalización hasta llegar a convertirse en verdaderos consorcios globalizados.

Ahora bien, dentro de los diferentes abordajes que desde las ciencias sociales se han hecho, existen variantes que no sólo obedecen al tiempo y al espacio desde donde se realizan, sino a adscripciones ideológicas que se ven reflejadas en los instrumentos teórico-metodológicos que se utilizan.

En la bibliografía que hemos revisado encontramos tres grandes corrientes:

  1. La que observa al crimen organizado como un problema de seguridad y como una anomalía del mercado.
  2. La que concentra su análisis en problemas como la corrupción y aspectos de la “cultura política”.
  3. La corriente crítica, erigida principalmente sobre conceptos y teorías marxistas clásicas y contemporáneas.

Cada una de estas corrientes analiza problemas reales y aporta elementos interesantes –muchos de ellos complementarios– para la comprensión de nuestro tema. Sin embargo, la primera busca defender o sostener el orden dado, es decir el capitalismo, lo que le impide entender que el crimen organizado es precisamente una expresión del capitalismo y no una falla del mercado; como quiere verlo. Por su parte, la segunda línea de trabajo se olvida –intencional o inconscientemente– de vincular su objeto de análisis con fenómenos estructurales y plantear el problema en perspectiva histórica, por lo que no comprende que la “corrupción” es completamente funcional a la dinámica del sistema capitalista.

En lo que a este escrito respecta, suscribimos y utilizamos el andamiaje teórico-metodológico de la corriente crítica, la cual a su vez también contiene formas distintas de abordar al crimen organizado, todas ellas complementarias y coincidentes al momento de mirarlo como un fenómeno consustancial al capitalismo, pero con diferencias en cuanto a las posibles soluciones y alternativas. Destacamos dos de estas líneas de investigación:

a. Los trabajos de autores que sostienen que el crimen organizado es resultado de estrategias neo-imperialistas y re-colonizadoras. El crimen organizado es visto como una empresa o corporación capitalista, mediante la cual se asegura la acumulación por desposesión, con la que las metrópolis o centros imperiales garantizan el abastecimiento de recursos naturales y materias primas. El problema es visto fundamentalmente desde una dimensión sistémica y geopolítica.

b. Los que destacan al crimen organizado y al terrorismo como instrumentos para generar control, reproducir el sistema a través de la biopolítica y asegurar la reproducción del capital.

En este ensayo intentamos hacer dialogar en lo posible a estas dos corrientes, pues consideramos que así se alcanzará una visión más general de dicho fenómeno.

El capitalismo criminal

El 17 de junio de 1971, en medio de la crisis económica y social que hacía tambalear a la clase gobernante, el entonces presidente de los EUA, Richard Nixon, señaló que las “drogas” eran el principal enemigo de los EUA. Tres años después, en 1974, el gobierno norteamericano comenzó a invertir fuertes cantidades de dinero en países productores de materias primas para la elaboración de drogas, con el argumento de “erradicar el problema de raíz”. Vale destacar que la mayoría de estos países se ubicaban en América Latina y Medio Oriente.

La “guerra contra las drogas” tomó rápidamente centralidad en los discursos y acciones bélicas de los EUA. Junto a los “comunistas” y al “terrorismo”, las drogas fueron utilizadas como argumento para intervenir política, económica y militarmente en otros países. Al mismo tiempo, la economía de EUA –basada principalmente en el negocio de la guerra– se reforzó y la presencia de sus principales empresas continuó expandiéndose por todo el globo. Al respecto, Silvina Romano escribe que “luego de la desarticulación de la Unión Soviética, el enemigo interno se reciclo de diversas formas: inestabilidad, crimen organizado, terrorismo, narcoterrorismo, etc.”12

Las drogas, o más precisamente el narcotráfico, cumplen a lo interno de las naciones con territorios estratégicos, la función del “enemigo interno”; un enemigo que a la vez es planetario y al que hay combatir con todos los recursos apoyando a los “gobiernos aliados”. Si el gobierno de la nación que se busca intervenir no es aliado, entonces se le acusará de patrocinar al terrorismo o de tener vínculos con el crimen organizado.

Donde hay “gobiernos aliados”, se busca construir o mantener la cohesión de la sociedad en torno al grupo que detenta el poder y se fabrica en el imaginario colectivo la idea de que, quien se opone al grupo en el poder, se opone a la sociedad en general. Progresivamente, el grupo en el poder va suprimiendo o restringiendo libertades y derechos individuales y sociales, criminaliza a la oposición y genera control a través del terror. Es por medio de la propaganda y de los medios masivos de comunicación que se infunde el terror y se “legitima” la guerra.

Pero, si bien es cierto que las drogas y el narcotráfico son parte de una construcción mediática del enemigo interno para generar miedo, terror y justificar intervenciones políticas, económicas y/o militares, también hay que reconocer que en las últimas cuatro décadas el mercado de las drogas se ha vuelto un factor importante en la economía global. Sin embargo, el mercado de las drogas es tan sólo una parte más de toda una economía criminal controlada principalmente por el crimen organizado.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el crimen organizado transnacional se caracteriza por actuar en más de un Estado e “incluye virtualmente a todas las actividades criminales serias con fines de lucro y que tienen implicaciones internacionales”.

El crimen organizado transnacional contempla al menos 23 delitos, entre los que destacan: lavado de dinero, secuestro, tráfico de armas, tráfico de personas indocumentadas, trata de personas y narcotráfico. Todas ellas son viejas formas de acumulación de capital, “ramas productivas” que han pasado a ocupar un papel central en la economía global.

El crimen organizado es un negocio que aglutina a otros y que genera ganancias millonarias. De acuerdo con datos de la propia UNODC, en 2009 el crimen organizado transnacional generó ganancias por 870 mil millones de dólares en todo el mundo, equivalente al 1.5% del PIB mundial de ese año. Entre los negocios más redituables estuvieron la venta de cocaína y heroína (320 mil millones de dólares), la trata de personas (32 mil millones de dólares), el tráfico ilícito de armas (entre 170 y 320 millones de dólares) y el tráfico ilícito de recursos naturales (3,500 millones de dólares).

Mucho del dinero que se obtiene de estos negocios es lavado en algunos de los principales paraísos fiscales, ubicados en Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, Liberia, Nigeria, las Islas Caimán y EUA. En el mismo sentido, Magdalena Galindo nos recuerda que “los narcotraficantes no sólo recurren al mercado financiero para lavar dinero (…) también se blanquean fondos a través de la inversión en inmuebles, a través de las falsas ganancias en el juego, o incluso a través de subastas de arte” y nos insiste que este dinero no se queda en el ámbito de lo ilegal, pues “los sistemas de blanqueo no se limitan a utilizar los paraísos, también operan en los mercados normales, de modo que cada transacción de blanqueo incluye por lo general un paraíso y dos, tres o más mercados normales”.

El crimen organizado transnacional es un negocio que borra las fronteras entre lo legal y lo ilegal, involucra a banqueros, políticos, fabricantes de armas –entre otros– y a grupos criminales. Son ellos los que ponen las balas y armas que otros disparan; desde luego son también ellos los que reciben todas las ganancias.

Al igual que la “guerra contra las drogas”, el crimen organizado transnacional refuerza la economía global y a la élite político-económica mundial. Lo anterior, al facilitar los procesos de despojo y acumulación, pero también al generar nuevos instrumentos de control, dominación y la eliminación de poblaciones que son consideradas como “desechables”.

El crimen organizado no es una “anomalía” sino un producto del sistema capitalista, le es completamente funcional, de hecho es quizá su expresión más acabada. Galindo llega a esta misma conclusión:

La industria criminal no es un asunto marginal, surgido en las orillas oscuras de las sociedades capitalistas, sino que responde, en todos sus aspectos, a la lógica del capitalismo general y en particular en su etapa de globalización. Es además, en todas sus ramas, un espacio privilegiado para las ganancias extraordinarias.

Es este papel central de la economía criminal en la economía global y la utilización de lo legal para la reproducción del capital ilegal una de las características de lo que aquí denominamos capitalismo criminal.

Se vuelven precisas dos aclaraciones. En primer lugar, el capitalismo siempre ha sido criminal. Un sistema basado en el despojo, la explotación, la dominación y sostenido sobre el asesinato de pueblos enteros para generar la acumulación originaria es fundamentalmente criminal. Sin embargo, como ya hemos dicho, utilizamos esta expresión para señalar cómo el crimen organizado se ha convertido en actor principal del sistema capitalista. En segundo lugar, no pensamos que el capitalismo criminal se trate de una nueva etapa del capitalismo, más bien resulta la expresión lógica y natural de un sistema que desde sus orígenes se ha edificado sobre el crimen.

Ahora bien, las unidades de operación más básicas del capitalismo criminal son las corporaciones criminales. Es ahí donde convergen actores legales e ilegales, los políticos, banqueros, fabricantes de armas y grupos criminales de los que antes hablamos. Estas corporaciones han logrado tejer una compleja red de alcance global capaz de penetrar a diferentes estados nacionales, sin importar las orientaciones político- ideológicas de sus gobiernos. Algunos de sus principales enclaves son México, Colombia, Italia, Rusia, China y EUA.

Las corporaciones criminales forman hoy parte de las burguesías nacionales, pero también de lo que William I. Robinson ha llamado clase capitalista transnacional. Jairo Estrada y Sergio Moreno plantean esta idea de la siguiente forma:

No estamos, pues, frente a un simple “agente parasitario” extraño al bloque de poder, sino frente a una fracción de la clase dominante y, lo que es más importante, estamos frente a una parte del engranaje de un bloque transclasista en cuyo interior la función hegemónica es desarrollada por los estratos más ricos y poderosos, sean estos legales o ilegales (o una combinación de los dos) que fácilmente podrían ser denominados como una auténtica “burguesía mafiosa”.

Al ser el capitalismo un sistema económico, político, social y cultural, la sociedad en su totalidad se ve modificada. La criminalidad toca todos los aspectos de la vida. Miles de familias, comunidades y pueblos son devastados por los efectos más concretos de aquélla. La exacerbación del individualismo y la ruptura del tejido social son algunas de las consecuencias más visibles. Asimismo, permea la idea de que todos somos criminales en potencia. Las víctimas se vuelven victimarios y se les convierte en responsables de sus propias desgracias.

Para las corporaciones criminales –y para el capitalismo en general– todo es mercancía: drogas, armas, hombres, mujeres, niños, niñas, órganos humanos, tierra, agua, minerales… la vida toda. Al observar esto, la filósofa Sayak Valencia ha llegado a la conclusión de que lo que opera en México es una especie de capitalismo gore, que opera por medio de la necropolítica:

La necropolítica es la reinterpretación y ejecución tajante del biopoder, basada en gran medida en las lógicas del enfrentamiento guerrero de las fuerzas, en tanto que ejerce una libertad, “pero se trata más bien de una libertad que sólo puede ser comprendida como poder de arrebatársela a los otros”. La necropolítica es importante porque vuelve a situar al cuerpo en el centro de la acción sin sublimaciones. Los cuerpos de los disidentes distópicos y los ingobernables en México son ahora quienes detentan ‒fuera de las lógicas humanistas y racionales, pero dentro de las racionalistas- mercantiles‒ el poder sobre el cuerpo individual y sobre el cuerpo de la población, creando un poder paralelo al estado sin suscribirse plenamente a él, al tiempo que le disputa su poder de oprimir.

Si las corporaciones criminales son la expresión más concreta del capitalismo criminal en el ámbito económico-financiero, en lo jurídico-político el Estado criminal es la materialización de esta forma del capitalismo. México es hoy una prueba clara de cómo operan el Estado criminal y las corporaciones criminales. Abordamos este tema en el siguiente apartado. […]

Para leer el artículo completo, entrar a la fuente original en: Revista Espacio Críticohttp://www.espaciocritico.com/sites/all/files/revista/recrt21/espaciocritico-n21.pdf

*Técnico Académico en el Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM. Licenciado en Sociología. Estudiante de Maestría en Estudios Latinoamericanos-UNAM. Ha publicado artículos académicos en libros colectivos y revistas especializadas. Es columnista
frecuente en medios digitales nacionales e internacionales, como Rebelión y Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). Sus líneas de investigación son: Movimientos sociales, Autonomías, Procesos emancipatorios, Capitalismo criminal y Violencias de Estado.

Fuente de la imagen: http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx/2014/12/mexico-que-es-un-narcoestado-no-es-un.html

Ve el trailer de #MirarMorir: El Ejército en la Noche de Iguala

Una película de Ojos de Perro vs. la Impunidad, A.C, en colaboración con Cuadernos Doble Raya.

Imagen tomada del trailer de Mirar Morir

Mira el Trailer de Mirar Morir: El Ejércico en la Noche de Iguala.

El 27º Batallón de Infantería y otras fuerzas federales vigilaron cada movimiento de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, en la jornada del 26-27 de septiembre del 2014. Los miraron morir tranquilamente. Y ser detenidos y llevados rumbo a la desaparición.

A lo largo de un año, el Ejército ha retenido las informaciones que posee, sin ayudar a rescatar a los normalistas o aclarar su destino. No es algo inusual: como instrumentos de represión contra movimientos sociales y como cómplices de grupos criminales, los militares en Guerrero han mirado y perpetrado desapariciones, asesinatos, torturas y matanzas a lo largo de medio siglo en que ha dominado la vida local, vinculados en negocios con caciques políticos y jefes del narco.

La trágica noche de Iguala fue la consecuencia de un estado general de violencia e impunidad en el que las maniobras de encubrimiento alcanzan los niveles de gobierno más altos del país, y en el que la Procuraduría General de la República no sirve para buscar justicia, sino para engañar a la sociedad.

The 27th Infantry Batallion and other federal forces surveilled every movement of the Ayotzinapa students in Iguala, in the journey of September 26 and 27, 2014. They calmly watched them die. And be detained and taken to disappearance. All along this year, the Army has withheld the informations it keeps, unhelpful to rescue the students or clarify their fate. This is not inusual: as a repression tool against social movements and as an accomplice to criminal gangs, the military in Guerrero has watched and perpetrated disappearances, murders, torture and masaccres, for the half-century it’s dominated local life, linked in business to caciques and druglords. The tragic night of Iguala was the consequence of a general state of violence and impunity in which the cover-up manouvers reach Mexico’s highest levels of government, and in which the Republic’s General Attorney’s office is not looking for justice, but to mislead society.

Premiere: 20 de octubre del 2015.

Producción, investigación, reportaje y guión: Témoris Grecko; Dirección: Coizta Grecko B; Fotografía: Juan Castro Gessner, Brenda Razo, Luis Alberto Castillo, Humberto Ibarra, Pepe Jiménez, Matthieu Comin, Bernardo Torres, Paris Martínez, Luis Cortés, Alejandro Guerrero, Témoris Grecko y Coizta Grecko B; Edición: Damián Mendoza; Música original: Juanjo Rodríguez; Investigación y reportaje adicionales: David Espino, Laurence Cuvillier, Paris Martínez, Fernando Miranda, Brenda Razo, Marco Antonio García Velázquez; Animación: Tania Rojas, Alide Macías.

facebook.com/MirarMorir

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=eQolfFfKWjU&feature=youtu.be

Contrainsurgencia, guerra de baja intensidad y su relación con el narcotráfico

Por César Ramón González Ortiz

Introducción

La guerra contra el narcotráfico que actualmente padece México, unido a los “daños colaterales” que ha venido provocando entre la población civil, sus cuestionados operativos, sus pobres resultados, así como los centenares de denuncias por violaciones a los derechos humanos, para ser comprendidos a cabalidad es menester que sean vinculados con procesos aparentemente distantes en el tiempo; la estrategia de “guerra interna” diseñada por Kennedy contra lo que llamara “la amenaza Castro-comunista” y su posterior reformulación en “Guerra de Baja Intensidad” con Ronald Reagan, así como con los procesos de desnacionalización-transnacionalización de las economías y el Estado en América Latina a favor del sistema financiero mundial y las grandes empresas transnacionales, principalmente de las norteamericanas.

Toda vez que se entienda que los golpes militares e intervenciones extranjeras derivados de la estrategia de guerra interna, han implicado la conquista del poder por los grupos de la clase dominante en la disputa por la explotación de la clase trabajadora para la distribución de las rentas, el pago de intereses, las riquezas privadas y las públicas. Y recordando que las pautas de los golpes militares se vieron relacionadas con las luchas internas por el control del poder militar, económico y político para el control de toda la población. Aumentando durante los periodos de crisis económica y de depresión, y en los prolegómenos de las guerras internacionales. En ambos casos los golpes de estado proliferan en toda la región, o para aprovechar la crisis y concentrar más el capital, o para preparar la guerra y la contra-revolución armada [1] .

En este sentido, sin desmarcarse de la lógica de guerra interna, pero reformulada, se ha instaurado la redemocratización de América Latina, puesto que ha estado enmarcada en la ofensiva desatada por USA para, a la vez que enfrentar la crisis internacional, reestructurar en provecho propio la economía capitalista mundial. Desde entonces Estados Unidos ha tenido como interés restablecer las bases de una división internacional que le permitan la circulación plena de mercancías y capitales. Por lo que la presión sobre América Latina ha estado orientada en el sentido de fomentar sus exportaciones, aspecto que ha implicado en mayor o menor medida una reconversión productiva, así como el respeto al principio de la especialización según las ventajas comparativas, un mayor espacio al libre juego del capital y la reducción de la capacidad intervencionista del Estado. De esta manera el capitalismo internacional dentro de su proyecto neoliberal, ha integrado a Latinoamérica a una economía exportadora de nuevo tipo, una economía que, al lado de la explotación más intensiva de sus riquezas naturales, ha refuncionalizado su industria para volverla competitiva en el mercado exterior.

Hechos que han implicado para los países de toda la región la destrucción de parte de su capital social, sobre todo en la industria, pues sólo ramas con ventajas comparativas reales o que absorbieran alta tecnología y grandes masas de inversión fueron viables en la nueva división del trabajo. Asimismo dicha reconversión ha implicado también la redistribución del capital social en favor de los grandes grupos industriales y financieros, redistribución que se ha extendido a aquellas porciones en manos del Estado y para tal efecto el FMI ha dado prioridad a la reducción del déficit público. En tanto que, tal reconversión ha venido implicando para las masas, la superexplotación del trabajo y la generalización del desempleo, en cualquiera de sus formas, como resultado de la destrucción de parte del capital social unida a la rápida elevación de los niveles tecnológicos actuales.

En este contexto de explosión social, pese a los cambios habidos en la política exterior norteamericana bajo los auspicios de la democracia global, Washington no ha abandonado la doctrina de contrainsurgencia, como tampoco la atención concedida a las fuerzas armadas de la región [2] . Por lo que no resultará baladí recordar la manera en que Kennedy en su afán por detener la “cubanización” y observando una crisis de hegemonía y económica de las clases dominantes y el imperio estadounidense, diseñó la estrategia de “guerra interna” contra el nuevo tipo de revolución popular que ha venido amenazando al sistema. En este sentido, la evolución de las empresas económicas, el peso cada vez mayor de los trabajadores asalariados en la agricultura, la industria y los servicios, la importancia creciente de la población urbana y de las clases medias, así como la importancia que tuvo la ideología de la URSS y el entusiasmo revolucionario que culminaron con la victoria de la Revolución cubana (que parecía extenderse en varios países del continente) cambiaron el significado nacional y trasnacional en la lucha por el poder.

Así, se da la intensificación de las relaciones militares de Washington con América Latina, la revisión de la política destinada a los regímenes surgidos de golpes de Estado, la naturaleza de los programas de ayuda y el concepto mismo de seguridad en el continente. Justificándose la ayuda militar por el señalamiento de que la seguridad de los Estados Unidos es interdependiente de la seguridad y del bienestar del resto del mundo. Constituyéndose dicha ayuda en tres aspectos fundamentales:

1) El aprovisionamiento y donación de material militar;

2) La posibilidad de vender armamento norteamericano a precios reducidos, y

3) La preparación y entrenamiento de oficiales latinoamericanos en los Estados Unidos o en el extranjero [3] .

Guerra de Baja Intensidad y la “guerra al narcotráfico”.

Desde los inicios de la administración Reagan surgieron líneas proclives a superar las dictaduras abiertas; éstas debían ser reemplazadas por regímenes democráticos que legitimaran los gobiernos y las guerras de baja intensidad en curso, así como la implicación estadounidense. Desde 1981 se empieza a estimular la instauración de democracias restringidas o contrainsurgentes, especialmente en países asediados por insurgencias revolucionarias y/o involucrados en el acoso a Nicaragua. Así como en los casos de Honduras (1981), El Salvador (1984) y Guatemala (1986). Además se acudió a partidos religiosos como los demócrata-cristianos, visualizados como aptos para reconstruir dicho consentimiento. Por estos motivos la democratización centroamericana emergió, en parte, como respuesta a las necesidades de legitimación para los Conflictos de Baja Intensidad. Teóricos de la “doctrina Reagan” juzgaban que la gente debería creer en su gobierno. Si ello se lograba, la victoria “estaba a la vista”. De forma que, si el conflicto es político y el objetivo estratégico consiste en ganar el apoyo de la población, entonces resulta vital garantizar la credibilidad del gobierno ante los ciudadanos. Lo que ha tenido como resultado que los procesos de democratización en América Central, tan ligados a requerimientos bélicos, agudizaran su dependencia directa de USA al punto de vulnerar la soberanía de los Estados nacionales [4] .

Consistente con una “visión democrática de la seguridad”, los Conflictos de Baja Intensidad, opuesta a las dictaduras abiertas, son pioneros en esta área. Profundamente novedosos destacan la importancia de las formas de Estado, de los modelos de sociedad y de las reformas políticas macrosociales. La democracia es esencial para los CBI: si el conflicto es básicamente político y el objetivo estratégico consiste en ganar el apoyo de la población, entonces es vital asegurar la legitimidad y credibilidad del gobierno ante los ciudadanos. Dentro de esta lógica hemos podido observar la manera en que América Central ha experimentado la democratización, en las últimas dos décadas. Donde, con la excepción de Honduras, la autoridad presidencial ha sido respetada y las elecciones se han celebrado de forma periódica. Por lo que a los ojos de autores como Salvador Martí i Puig, en general, en los países de la región opera un Estado de Derecho con una relativa independencia de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), con un notable control civil de las fuerzas armadas. A pesar de ello, aún persisten notables legados autoritarios y la calidad de la democracia es muy pobre [5]. (Sic)

El paradigma LIC ha suministrado una visión geopolítica novedosa (Norte-Sur), una reorientación estratégica de fuerte contenido ideológico, con un remozado patrón de intervención en el Tercer Mundo aceptable en la era post-Vietnam. La administración Reagan convalidó y alentó el sistema LIC expresamente y sin reservas y, a la vez, abrió el espacio y el consenso para acciones militares unilaterales directas. Así se dieron los ingredientes propositivos para un revival intervencionista de nuevo cuño, que postula un involucramiento selectivo. Inspirado en los CBI, propugna una intervención básicamente indirecta a través de la asistencia externa de seguridad, constituyéndose como el recurso estratégico preferido. Los CBI procuran impedir la implicación con fuerzas propias, pero no la excluyen. De ahí que se prevean acciones directas, aunque el uso de tropas estadounidenses es visto como un último resorte, excepcional, limitado, rápido y con daños lo más bajo posibles, sobre todo en vidas norteamericanas.

En este esquema, la introducción de tropas de combate estadounidense constituiría una señal de que USA “ha perdido la iniciativa estratégica”. Para algunos teóricos es preciso evitar la “norteamericación” de los Conflictos de Baja Intensidad. De lo cual se deriva la importancia de las fuerzas armadas locales y la relevancia de la asistencia estadounidense de seguridad, instrumento crucial para prevenir la intervención directa estadounidense. La asistencia incluye educación, entrenamiento, instrucción, asesoría, provisión y venta de armas y equipos. En situaciones de GBI abierta, se incorporan funciones adicionales: inteligencia, contrainteligencia, conducción de dimensiones no militares como acción cívica y guerra psicológica.

La acción indirecta recaerá en las fuerzas armadas de los países del Tercer Mundo – y dependiendo de ellas. Juzgándose en consecuencia que es esencial alcanzar una maciza unidad de concepción, así como un neto marco de alianzas con dichas fracciones militares. Para lo cual la asistencia de seguridad es un elemento clave en la construcción de consenso. En las últimas tres décadas, el Departamento de Estado y el Pentágono se han abocado a difundir la reformulación estratégica LIC entre las jerarquías castrenses latinoamericanas. Intentando rejuvenecer un consenso hemisférico alrededor de los nóveles diseños, para lo que se subrayan las acciones de influencia sobre los altos mandos militares del subcontinente. Relevantes en este sentido han sido las Conferencias de Ejércitos Americanos.

Consistentes con el consenso post-Reagan, los CBI han brindado una base sólida, al montaje de hegemonía y al bagaje político-ideológico. Por ser una doctrina militar que da preminencia a dichas herramientas. Toda vez que, los CBI cambian la naturaleza de la guerra, la hacen irregular, la prolongan y la convierten en un embate político-ideológico. Donde el centro de gravedad ya no es el campo de batalla per se, sino la “arena político social”. De manera que, los LIC no son sólo ni principalmente una solución militar. Los componentes políticos e ideológicos aparecen como prevalentes (en una guerra integral que abraza instrumentos económicos, diplomáticos, militares, de inteligencia y religiosos). La victoria se define ahora por el logro de objetivos políticos planteados, más que por el éxito militar. Por lo que son preminentes algunos ámbitos específicos: la acción cívica, las operaciones psicológicas, el control de poblaciones y la inteligencia. Destacándose el hecho de que el blanco estratégico es la población, más que el territorio (aunque no lo excluye). Y el objetivo estratégico es la construcción de un consenso activo y organizado.

Si bien se utilizan instrumentos bélicos menos sofisticados y un menor volumen de fuego que en el espectro de una guerra convencional, la diferencia sustancial con los conflictos de baja intensidad reside en la naturaleza de la guerra. Se trata de un conflicto prolongado de desgaste, no convencional, por lo que “no es simplemente una versión en escala menor de una guerra convencional. No es menos de lo mismo, ni el estadio preliminar del conflicto real”. Los Conflictos de Baja Intensidad abarcan tres tipos de intervención centrales: el antiterrorismo, la contrainsurgencia y un inédito apoyo, con tramos abiertos, oficiales y públicos, a los movimientos contrarrevolucionarios. No obstante, son los dos últimos los que definen, más cabalmente, las transformaciones en la índole de la lucha. A este respecto Sar Sarkesian expreso:

“Las revoluciones son un desafío fundamental para el orden político existente y para aquellos que controlan el poder en el sistema. La esencia de esos conflictos es ganar el control de la estructura gobernante. Aunque todas las guerras son de naturaleza política, las guerras revolucionarias son únicas porque se focalizan en el sistema político social como la principal arena batalla, más que en las fuerzas armadas. Este foco contrasta duramente con la noción convencional y Clausewitziana de que el centro de gravedad en la guerra es la derrota y destrucción de las fuerzas armadas enemigas…Aunque el conflicto armado es una parte importante de la revolución, no es necesariamente la más importante para el éxito revolucionario. Como se dijo, el centro de gravedad es el sistema político social y su coherencia psicológica. Por lo tanto, el cuadro político y los instrumentos psicológicos son más importantes” [6] .

Los CBI son una guerra, aunque se trata de una nueva modalidad que trastoca las nociones tradicionales edificadas sobre supuestos de conflicto tradicional. Los CBI no constituyen una guerra en el sentido usual. La tarea crucial no sería destruir las fuerzas enemigas en el campo de batalla, sino ganar el apoyo de la población.

Guerra contra las drogas, excusa para atacar a las guerrillas.

La lucha contra el narcotráfico se incorporó tardíamente como misión LIC, por lo que progresivamente fue visualizada por bastos sectores del Congreso y la administración Reagan como un problema grave. El 11 de abril de 1986 Ronald Reagan firmó una Directiva secreta que identifica al tráfico de drogas como una amenaza de seguridad. Concebida la intervención militar en el marco de asistencia de seguridad, se eluden las misiones de combate y se incluyen tareas como el entrenamiento, la provisión de armas y equipos, la inteligencia e interdicción del tráfico.

Con el pretexto de un creciente consumo de crack en los Estados Unidos, la producción y tráfico de drogas ilícitas es evaluado como un riesgo de seguridad, directo o indirecto. Estimándose que el propio territorio estadounidense queda vulnerado, debido a que su población es la mayor consumidora mundial de drogas ilegales. Lo cual provocaría decadencia moral, aumento de la delincuencia y una enorme dilapidación y uso de recursos (compra de narcóticos, gastos de prevención, cura y represión). Instaurándose en el imaginario común la idea de que los “carteles” poseen un alto poder de corrupción, intimidación, violencia y desestabilización, por lo que según el discurso, han solido conformarse como gobiernos paralelos en América Latina. De forma tal que, durante la administración Reagan, en febrero de 1982, declara la “Guerra contra las drogas” como objetivo urgente de Seguridad Nacional, identificando como objetivo central la contención de la cocaína y como amenaza principal a los países productores de América Latina. Posteriormente, en 1986 el mismo Reagan da inicio al proceso de “Certificación” de países productores y de tráfico. Así, durante los primeros años de la década de los ochenta – a diferencia de lo que ocurría durante la administración Nixon – se responsabiliza del problema a la oferta, es decir a los países productores, y no a la demanda, con lo que se dará pauta a la construcción de un enemigo externo.

Y en línea de continuidad, en septiembre de 1989 George Bush firma otra decisión de Seguridad Nacional que pone en marcha la guerra contra las drogas durante su mandato. Con esta decisión se autoriza al ejército estadounidense y a la CIA para que participe de manera creciente en esta guerra contra las drogas, para lo cual podrán utilizar las bases ya establecidas en Colombia, Perú y Bolivia, pero además no sólo podrán acompañar a las fuerzas especializadas de las naciones latinoamericanas en sus tareas de erradicación de cultivos, sino que también podrán asumir tareas por su cuenta.

Operativos que han tenido como objetivo real la intervención de estas naciones, pero especialmente en aquellas donde se han movilizado fuerzas insurgentes de izquierda como el Salvador, Colombia, Perú, etc. A este respecto en 1987 un coronel estadounidense declaraba:

“Si podemos fusionar en la mente del público y del Congreso esta conexión entre drogas y la insurgencia revolucionaria, nos daría el apoyo necesario para confrontar a los terroristas-guerrilleros-narcotraficantes en este hemisferio. Producir tal apoyo sería relativamente fácil una vez que esta conexión quede clara y la Autoridad Nacional de Mando declare la guerra total” [7].

Dentro de este esquema se deben entender los acuerdos firmados por los gobiernos entre USA y Bolivia, Colombia y Perú en la guerra contra las drogas. Así, los acuerdos entre George Bush y Alan García, donde Washington canalizó a Perú 35 millones de dólares para establecer y equipar una nueva base militar en la zona del Alto Huallaga en el supuesto combate al narcotráfico, tuvo como objetivos reales el establecimiento de tropas especializadas en guerra irregular, provenientes del Comando Sur estadounidense – con sede en Panamá – para asesorar y auxiliar a las tropas del Estado peruano en el combate contra le revolución popular que estuvo comandada por el Ejército Guerrillero Popular. Aspecto que se hizo más urgente al finalizar la década de los ochenta, porque la guerrilla ya no sólo ponía fuera de combate a fuerzas del ejército nacional, sino a agentes del imperio.

Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico se ha buscado liquidar a fuerzas guerrilleras para lo cual ha sido funcional la popularizaron de términos como el de “narcoguerrilla” o “narcoterrorismo” acuñados por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, para dar a entender que quienes hacían el negocio de la marihuana y la cocaína eran los diversos cuerpos de guerrilleros que actuaban en aquel país, y que por lo tanto era necesario intervenir y exterminar a la guerrilla para terminar con la siembra de las hierbas y su transformación en drogas. Misma lógica en la que se expreso Michael Skel, asistente secretario para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado Norteamericano al declarar que: “No se puede combatir el narcotráfico sin combatir a Sendero Luminoso” [8]. Siendo tal el éxito de dicha operación conceptual-psicológica, que en para grandes segmentos de la opinión pública internacional (donde se pueden incluir algunos medios políticos y académicos), el narcotráfico y sus términos contiguos como narcoguerrilla, se han transformado en el chivo expiatorio de todas las calamidades.

Así es importante recordar la manera en que Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), pese a sus diferencias ideológicas, programáticas y sus correspondientes prácticas políticas y militares, ambas organizaciones fueron señaladas como narcoterroristas. Ocurriendo lo mismo en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sobre todo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), al ser acusadas de financiar sus actividades políticas y militares con fondos provenientes de la producción y exportación de drogas (cocaína y heroína) hacia USA.

Protegidos por tales pretextos, Washington – y sus efectivos militares distribuidos en la región como los ubicados en Bolivia o en la base militar de Santa Lucia en Perú – prohijaron brutales violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que cometieron las fuerzas militares (o, según fuera el caso, los grupos paramilitares de derecha, tolerados por el Estado) tanto en Bolivia, como en Perú y Colombia. Testimonio de estos hechos lo dan los cerca de 35 000 muertos o desaparecidos que dejó como saldo la lucha contrainsurgente en Perú. También las miles de víctimas de las constantes matanzas de campesinos y los asesinatos selectivos de miles de dirigentes y activistas populares (como promedio 3 500 al año) en Colombia entre 1989 y 1994. Entre los que se encontraron, los pertenecientes a la Unión Patriótica y aproximadamente el 60% de los 5 300 guerrilleros que habían entregado sus armas y se habían reinsertado en la sociedad, después de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno del presidente liberal, Virgilio Barco (1986-1990), con el movimiento 19 de Abril (M-19), con sectores del Ejército Popular de Liberación (EPL) y con la organización político-militar indígena denominada Quintín Lame [9].

Dentro de este mismo esquema la administración de William Clinton, hizo evidente la continuidad esencial de sus políticas con las dos administraciones anteriores. Puesta al descubierto por Amnistía Internacional y la sección norteamericana de la organización Human Right Watch. Según estas organizaciones no gubernamentales, entre 1993 y 1997, los Estados unidos le habían entregado “asistencia antidrogas” a unidades de las fuerzas armadas de Perú (entonces virtualmente controladas por el asesor del presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos) y colombianas acusadas de graves violaciones a los derechos humanos en años recientes”. Asimismo en 1997, la Contraloría estadounidense (dependiente del congreso) informó que el gobierno mexicano estaba utilizando helicópteros entregados por las fuerzas armadas norteamericanas para la lucha antidrogas con miras a movilizar tropas contra el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Pese a los acuerdos de paz existentes entre el gobierno mexicano y el EZLN, las tropas mexicanas en la supuesta guerra contra el narco, han sido acusadas de violar flagrantemente los derechos humanos de los pueblos indígenas de Chiapas y otros estados de la república como Oaxaca y Guerrero.

Denuncias similares han sido realizadas en Bolivia por parte de los campesinos productores de hojas de coca. Al decir de el entonces líder campesino, Evo Morales, las unidades militares y policiales bolivianas, armadas y entrenadas por Washington, bajo el esquema de erradicación de cultivos, habían convertido la región del Chapare en una virtual “zona de guerra”. Resultando de esto que, al menos 63 personas habían sido asesinadas entre 1997-2000. En tanto que otras más habían sido desaparecidas, después de haber sido torturadas en campamentos militares o habían caído en las luchas populares, indígenas y campesinas militares, oponiéndose a los compromisos asumidos en el llamado Plan Dignidad, contra el narcotráfico internacional, asumido por el ex dictador Hugo Bázner y William Clinton.

A esto se le ha sumando desde la administración Clinton una disminución de los llamados flujos de ayuda oficial para el desarrollo (AOD) hacia América Latina y el Caribe, al concentrarse en la “solución” de asuntos denominados “la agenda negativa” de las relaciones entre Estados Unidos y las naciones de la llamada Cuenca del Caribe. Tales como: el combate al “narcotráfico”, el “lavado de dinero”, el “contrabando de armas”, el “narcoterrorismo” y las llamadas “migraciones incontroladas”. Oficialmente incorporados por la Casa Blanca y el Pentágono a los “nuevos enemigos de la seguridad interamericana”.

Por tales motivos, desde la administración Clinton bajo la denominada Doctrina de la Promoción de la Democracia y el Libre Mercado, han adquirido nueva “legitimidad” los programas de ayuda militar y policial norteamericanos a gran parte de los países latinoamericanos y caribeños, así como para el equipamiento y entrenamiento de sus fuerzas militares y policiales, ya sean preparadas in situ por parte de “boinas verdes” u otros asesores norteamericanos (donde se incluyen contratos particulares, como a ocurrido en Colombia) o las entrenadas en territorio estadounidense. Particularmente en la célebre Escuela Internacional de Policías (SOA), ubicada desde 1984, en Fort Benning, Georgia.

Donde es importante resaltar que, según el grupo norteamericano School of America Watch, aunque esa “escuela de asesinos” ha abandonado “su estrategia de combate al comunismo y sus agentes” para concentrarse en la “guerra al narcotráfico”, no ha dejado de impartir instrucciones contrainsurgentes. Ejemplo de esto son los 778 militares de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, que en 1998 pasaron por sus aulas. En tanto que previamente, entre 1996 y 1997, habían recibido instrucción en la SOA 481 militares mexicanos; entre ellos 167 en técnicas contrainsurgentes y 49 en operaciones antinarcóticos. Unido al entrenamiento en otras instituciones estadounidenses de más de 3 000 soldados mexicanos (entre 1995 y 1999), así como el apoyo norteamericano en la modernización de la estructura y armamento del ejército mexicano. Reforzándose asimismo el Escuadrón Aéreo de Fuerzas Especiales con helicópteros estadounidenses UH-60 y MD-500. Creándose además una Brigada de Reacción Rápida y el FBI impartió cursos de capacitación a policías federales y estatales. En resumen, bajo el amparo de la guerra contra el narcotráfico, nuevas generaciones de soldados y policías mexicanos son educados en el contexto de subordinación de México a la estrategia de Seguridad del Pentágono [10].

A las preocupaciones estadounidenses por los conflictos antes señaladas por las insurgencias sociales, se le sumaron en el caso particular de México el hecho de que las elecciones del presidente Calderón estuvieron marcadas por acusaciones de fraude electoral señaladas por parte de la coalición opositora conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia. Actos que estuvieron acompañados por inmensas manifestaciones populares a favor del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y que culminaron en un fraude electoral a favor del candidato de la ultra-derecha del PAN y en un gran plantón en la Avenida Reforma de la Ciudad de México, como parte de una estrategia para desmovilizar y “apaciguar” el gran descontento popular.

A lo cual se le sumaria en el mismo año del 2006, otro evento tal vez de mayor alcance que las elecciones, en el esquema de las preocupaciones insurgentes de México-USA, que fue la insurrección de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en ese mismo estado, que preparó y organizó la lucha de los pueblos y la clase proletaria contra el estado-capital, hasta enfrentarse directamente a las fuerzas federales de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), a la vez que a los escuadrones de la muerte ulisistas, formados por elementos especializados de los cuerpos legales del estado, así como sicarios, asesinos y criminales de los brazos paramilitares de los capitalistas. Su trascendencia radica en la formación de grupos paramilitares similares a los escuadrones ulisistas y la ocupación territorial del espacio y las ciudades por parte de las fuerzas policiaco-militares del estado-capital acaecido en Oaxaca, y que se vería después en todo México, la divergencia sería que esta vez el Estado impulsará la contrainsurgencia antes de que la población pudiera levantar y cerrar el paso a la muerte, como sucedió con la APPO, mediante las barricadas, la autodefensa de masas, y la heroica resistencia de los pueblos y la clase proletaria. Ante estas circunstancias, la militarización y paramilitarización, no tienen como objetivo real, el combate a la “delincuencia organizada”, que en realidad es solo uno de los nombres del estado-capital, sino impulsar una estrategia de contrainsurgencia preventiva para evitar que experiencias como la APPO se repitan en el país.

Muestras de esta preocupación fueron expresadas el 14 de junio de 2009, por el General Leonardo González García, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, quien puntualizo como las dos principales preocupaciones del Ejército Mexicano a la guerrilla y el narcotráfico, en tal orden [11] . De manera tal que la contrainsurgencia preventiva se ha enfilado contra de las numerosas insurrecciones y grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Tendencia Democrática Revolucionaría – Ejército del Pueblo (TDR-EP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), y el Comando Jaramillista Morelense (CJM), además del EZLN.

Así, la contrainsurgencia, encubierta bajo la guerra al narcotráfico, se viene derivando del hecho de que son considerados como importantes factores de “inestabilidad” por los gobiernos tanto mexicano como estadounidense a los grupos guerrilleros que han estado en constante aumento abarcando una gran cantidad de estados al interior de la República, como Oaxaca, Estado de México, Morelos, Veracruz, Distrito Federal y Chiapas. En lo cual tiene gran peso a los ojos de capitales extranjeros y nacionales, el hecho de que la gran mayoría se opone al modelo neoliberal en el cual se incluye la llamada integración profunda en América del Norte. [12]

No debemos olvidar, tal como lo hace Pilar Calveiro al indicar que lo que pasa en la actualidad no puede considerarse una mera continuidad de lo que pasó durante la guerra sucia, que la estrategia de contrainsurgencia preventiva, constituye una práctica histórica del imperialismo estadounidense en la región de América Latina, y de la cual actualmente se ha servido, con la ayuda de los gobiernos panistas o el actual priista en turno para profundizar la subordinación directa de los cuerpos policiaco-militares, con miras de garantizar el avance de la colonización y la agresión del estado-capital contra la población y el proletariado.

Cuanto y más cuando ella misma reconoce que de todas las denuncias de desapariciones durante el periodo de contrainsurgencia en los 70, en México, 82% ocurrieron en Guerrero. El mismo estado donde el 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos los 43 estudiantes de la escuela Normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Política de desapariciones que se ha sostenido, aunque disminuyó a alrededor de diez casos “oficiales” por año. Se ha mantenida de manera selectiva por décadas, hasta naturalizarse en el escenario político mexicano. Pero que se ha vuelto a exponenciar a partir del año 2000, particularmente del 2006, de la mano con la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Así, Pilar Calveiro comete un grave error al señalar que las víctimas de las desapariciones de hoy en día ya no son necesariamente los disidentes políticos, sino los miembros periféricos de las redes criminales, personas utilizadas como mano de obra desechable, tal como nos quiere hacer creer el discurso oficial [13].

Pasa por alto la lógica contrainsurgente de viejo cuño a la que viene respondiendo la guerra al narcotráfico, y que en nuestro país toma mayor fuerza a partir de la instauración de la “Iniciativa Mérida”, lanzada en 2008, puesto que ha incluido, además de muchísimo dinero, la intervención cada vez más directa de los cuerpos policiaco-militares imperialistas como la DEA, el FBI, el Departamento de estado, entre muchos otros, manifestación concreta de la tendencia actual de profundizar la dependencia histórica del país que se viene dilucidando en la región de Latinoamérica, a partir de una aguda profundización de la dependencia que se ha venido dando con Norteamérica, desde México, hasta Colombia, incluyendo Centroamérica. Expresiones de esto han sido el “Plan Colombia”, el golpe de estado en Honduras de 2008, la escalada de la violencia narco-paramilitar en Guatemala, y el conjunto de los efectos de la guerra contra el pueblo en México, que también afectan a El Salvador [14] .

Así, en el caso particular de México, desde los 80’ por influencia del Pentágono se ha utilizado paulatinamente como pretexto la “guerra contra el narcotráfico”, para aumentar el control estatal sobre las áreas con conflictos entre ciudadanos y autoridades locales complicado aun mas la situación. Aunque especialmente Felipe Calderón, sin noción de la razón de Estado, sitúo al país en una condición de debilidad más profunda ante una eventual intervención del Pentágono. Situación que sea mantenido y agudizado con Peña Nieto, al no contemplar el hecho de que nos encontrarnos en medio de una de las crisis económicas mundiales más severas de la era moderna, y aplicar políticas económicas recesivas, anti-populares y entreguistas en materia petrolera, nutriendo las tensiones de clase y el caldo de cultivo de los males que ambas administraciones dijeron combatirían [15].

Bibliografía.

Álvarez Gómez Ana Josefina, compiladora. “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa”. UNAM, FES ACATLAN, 1991.

Ezcurra Ana María. “Intervención en América Latina. Los Conflictos de Baja Intensidad”. IDEAS, 1988.

Ezcurra María Ana. “El conflicto del año 2000. Bush: intervencionismo y distención”. El juglar editores, 1990.

González Casanova Pablo. “Los militares y la política en América Latina”. Océano, 1988.

González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México”. UNAM, Tesis de Maestría, 2013.

Heller Claude, compilador. “El ejército como agente de cambio social”. FCE, 1980.

Marini Ruy Mauro en; “Ensayo sobre una polémica inconclusa. La transición a la democracia en América Latina”. Cueva Agustín, compilador. CONACULTA, 1994.

Montiel T. Fernando. “Morir por nada. Narcotráfico y violencia de Estado en México”. L.D. Books, 2012.

Tavares dos Santos José Vicente, organizador. “Democracia, violencias e lutas sociais na América Latina”. UFRGS, editora, 2009.

Hemerografía

Calveiro Pilar. “Desaparición forzada: el miedo desde el Estado” en: ladobe.com.mx › Derechos Humanos
Notas

César Ramón González Ortiz es Sociólogo y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

[1] González Casanova Pablo. “Los militares y la política en América Latina”. Océano, 1988. Pág. 11

[2] Marini Ruy Mauro en: Ensayo sobre una polémica inconclusa. La transición a la democracia en América Latina”. Cueva Agustín, compilador. CONACULTA, 1994. Pág. 88

[3] Heller Claude, compilador. “El ejército como agente de cambio social”. FCE, 1980. Pp. 121-125

[4] Ezcurra Ana María. “Intervención en América Latina. Los Conflictos de Baja Intensidad”. IDEAS, 1988. Pp. 99-100

[5] Salvador Martí i Puig, Diego Sánchez-Ancoechea. “La transformación contradictoria: Democracia elitista y mercado excluyente en Centroamérica”. revistas.ucr.ac.cr › … › Martí i Puig

[6] Ezcurra Ana María. “Intervención en América Latina. Los Conflictos de Baja Intensidad”. IDEAS, 1988. Pp. 92-94

[7] Alejandro Gálvez Cancino en: “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa”. Compiladora Ana Josefina Álvarez Gómez. Pág. 86

[8] Alejandro Gálvez Cancino en: “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa”. Compiladora Ana Josefina Álvarez Gómez. Pp. 87-88

[9] Tavares dos Santos José Vicente, organizador. “Democracia, violencias e lutas sociais na América Latina”. UFRGS, editora, 2009. Pág. 166

[10] Tavares dos Santos José Vicente, organizador. “Democracia, violencias e lutas sociais na América Latina”. UFRGS, editora, 2009. Pp. 168-169

[11] Ibíd. Pág. 11

[12] Boletín de Política Exterior de México Época, Herrera Santana David, “Bases para la comprensión de la Iniciativa Mérida. Seguridad en la Relación México – Estados Unidos. No. 2, FCP y S-UNAM, enero-marzo de 2010. Pág. 10

[13] Calveiro Pilar. “Desaparición forzada: el miedo desde el Estado” en: ladobe.com.mx › Derechos Humanos 

[14] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=163813

[15] González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México”. UNAM, Tesis de Maestría, 2013. Pp. 100 a 103.

Fuente: Rebelión – http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203584

Fuente de la imagen: http://utopiarossa.blogspot.mx/2013/01/el-narcotrafico-un-arma-del-imperio-3.html

EL ENFOQUE PROHIBICIONISTA Y PUNITIVO DE LAS DROGAS ILEGALES EN MÉXICO SOLAMENTE HA GENERADO VIOLENCIA Y MISERIA: ALEXA PAULS

EL ENFOQUE PROHIBICIONISTA Y PUNITIVO DE LAS DROGAS ILEGALES EN MÉXICO SOLAMENTE HA GENERADO VIOLENCIA Y MISERIA: ALEXA PAULS

Por Miguel Alonso Rivera Bojórquez*

El camino de la guerra contra el narcotráfico ha adentrado a México en la violencia y la miseria, el enfoque prohibicionista y punitivo de las drogas ilegales evidentemente no funciona, y el seguimiento de una economía ilícita constituye una amenaza para la seguridad y el bienestar de la población no solamente en nuestro país y América Latina, sino en el mundo moderno, advirtió la periodista Alexa Pauls.

La coordinadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter (PAPWR 2015) -periodista alemán refugiado en México a mediados del siglo pasado- sostuvo que la elección del tema para su novena convocatoria “Política de Drogas: Desafíos y Nuevas Perspectivas” tiene el propósito de generar un debate informativo, creativo y plural sobre esta problemática global y tan relevante para México, país en el que se consumen, producen y trafican drogas de manera ilegal.

La Fundación Friedrich Ebert inició el proyecto y lo impulsó durante cinco años. Luego se fueron sumando otras instituciones alemanas con sede en México. Actualmente, son nueve los organismos alemanes, con intereses y trabajos muy distintos, los que se unen para fomentar la libertad de expresión y otorgar un reconocimiento a la actividad periodística de calidad en México.

De estas, cinco son fundaciones relacionadas a los cinco partidos políticos grandes alemanes (Friedrich Naumann, Heinrich Böll, Konrad Adenauer y Rosa Luxemburg, además de Friedrich Ebert), la Embajada de la República Federal de Alemania en México, la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, el Instituto Cultural “Goethe-Institut Mexiko”, y por primera vez se suma Deutsche Welle, televisión alemana para el extranjero.

Los directivos de estas instituciones, comentó Alexa Pauls, tienen un pulso bastante afinado y saben cuáles son los temas sensibles. En 2014 escogieron el tema de la corrupción y este año 2015 eligieron el tema de la política de las drogas para poner el dedo en la llaga: “El Consejo del PAPWR 2015 observa que el camino de la guerra contra el narcotráfico nada más nos ha adentrado a la violencia y a la miseria, y nos aleja totalmente de la meta, que sería más seguridad y salud para todos los involucrados”.

LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS DEBE TERMINAR POR INEFICAZ Y CONTRAPRODUCENTE

En 1998, fue la anterior sesión especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS). Dieciocho años después será la siguiente sesión especial, en 2016.

Durante este tiempo, además de la reunión de Viena en 2008, se ha dado un proceso histórico que cuestiona el actual control mundial de las drogas.

En 1998 el objetivo era lograr un mundo sin drogas, ahora en 2016 las perspectivas serán otras.

Recientemente, el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon advirtió que “debemos considerar alternativas a la criminalización”, y que el nuevo enfoque para reducir los daños “debe estar en la salud pública, la prevención, el tratamiento y el cuidado, así como en estrategias económicas, sociales y culturales”.

El mensaje: La Guerra contra las Drogas debe terminar por ineficaz y contraproducente.

En este contexto, Alexa Pauls sostiene que el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter (PAPWR 2015) busca estimular el debate en la búsqueda de políticas de drogas más progresistas y humanas.

“México es un país importante donde se consume, se produce y se trafican drogas de manera ilegal”, dijo.

En conversación con Alexa Pauls reflexionamos sobre esta experiencia: Por más severas que sean las penas no inhiben el delito y esto es algo que históricamente se ha demostrado en obras como el “Tratado de los Delitos y las Penas” de Cesare Beccaria. Actualmente vemos que las políticas de combate al narcotráfico no están dando los resultados que espera la sociedad.

“Los políticos, en todo el mundo, se han dado cuenta que no es el camino punitivo, prohibicionista y que el enfoque del tema de las drogas debería ser más social, de prevención, educación y programas de salud. Se deben crear las condiciones correctas para que las personas adictas a ciertas sustancias puedan consumirlas de manera más sana. Brindarles una salida de este contratiempo en su vida y no abandonarlos, encarcelarlos y hacer un problema mucho más grave de lo que es”.

LAS DROGAS NO VAN A DESAPARECER: FORMAN PARTE DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

A principios del siglo XX, le comenté a Alexa Pauls, se dio el movimiento universal de la prohibición de las consideradas hoy drogas ilícitas. De esta manera, sociedades que tenían hábitos o costumbres como los fumaderos de opio donde algunas personas de élite acudían a tertulias socialmente aceptadas, pasaron de ser refinados intelectuales a vulgares drogadictos e incluso delincuentes.

“Las drogas han formado parte de la historia de la humanidad y en los primeros rasgos culturales entre algunos pueblos antiguos encontramos semillas de plantas alucinógenas. La droga es un ingrediente de la cultura humana que ha pasado por muchas etapas (de la prohibición a la aceptación y viceversa), igual que el alcohol en Estados Unidos que pasó por una fase de prohibición completa hasta establecerse otra vez como una bebida legal. Las drogas no van a desaparecer, tampoco la guerra punitiva y prohibicionista las va a hacer desaparecer; la cuestión es: ¿cómo podemos regular el consumo y el tráfico, la compra-venta de esas sustancias, sin crear más daño, más crimen del que ya existe?”, expuso Alexa Pauls.

— De manera ilícita las drogas han ocasionado problemas extraordinarios de salud como se ha visto con el alcohol adulterado que causa daños tan graves como la ceguera, y existen sustancias que son veneno puro afectando al organismo de forma catastrófica. ¿Bajo la óptica de observarse las drogas como un producto legal podrían ser sometidas a controles de calidad?

“El punto de vista de la salud es sumamente importante porque hay que reconocer que las drogas circulan más en grupos vulnerables como los jóvenes. Tanto la juventud como todos los ciudadanos tenemos derecho a información clara sobre las sustancias y sus consecuencias. En el ámbito prohibicionista y oculto es mucho más difícil informarse.

Hay cifras interesantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que afirman que solamente un tres por ciento de la población mundial son usuarios habituales de drogas ilícitas y de ese 3 por ciento únicamente un 12 por ciento desarrolla una dependencia o una adicción. Hablamos de que el 90 por ciento de los usuarios de sustancias ilícitas no son problemáticos, ya sea que usen drogas pocas veces o que sepan bien cómo usarlas.

Entonces, eso que mucha gente dice: pues si levantamos la prohibición todo mundo va a caer en la adicción, es un panorama muy oscuro y no es muy realista.

Creo que justamente el control de la calidad de las sustancias y la buena información proporcionada por instituciones gubernamentales, prensa y libros nos pueden poner en un camino más sano y a salvo”.

DERECHOS HUMANOS, PIEZA CLAVE EN EL CONTROL DE LAS DROGAS

— Los derechos humanos deben ser pieza clave en el control de las drogas desde diversas perspectivas. Por un lado están los usuarios y por el otro los campesinos (narcojornaleros) que, obligados por su precaria situación, se adentran en esta economía ilícita.

“Se rompería el círculo vicioso del mundo ilegal si tuviéramos plantaciones de cannabis medicinal en ciertas regiones del país que se ofrezcan para el cultivo, se podría elaborar y emplear a mucha gente a un nivel legal, y vender esas sustancias legalmente a farmacéuticas en Europa y Estados Unidos. El lucro no sería para el narcotráfico sino sería una sustancia con impuestos y ganaría realmente el país y los mexicanos”, precisa sin cortapisas Alexa Pauls.

Los derechos humanos siempre estarán en contra de cualquier medida que quebrante el derecho de llevar una vida digna y el actual control de las drogas no tiene una visión humana.

“Hay muchos ejemplos de países en el mundo que han ensayado un nuevo acercamiento. Políticos y líderes de opinión se están dando cuenta, no hay respuestas ni soluciones claras. Sin embargo, hay ejemplos de países que ensayan nuevas políticas como Uruguay, algunos estados de la Unión Americana y Suiza que en los 90´s tuvieron graves problemas con una escena de drogadicción muy abierta por lo que establecieron centros en los que sí se pudo atender bien a los drogadictos.

Cada país tiene que analizar su situación y encontrar respuestas. Por eso pusimos este tema en la mesa: porque los medios son un ámbito en el que se pueden discutir alternativas, proponer diferentes proyectos y llamar la atención de iniciativas que se están llevando a cabo en diferentes estados de la república.

Lo que queremos lograr es que los periodistas pongan ejemplos en la mesa y que el público esté también más involucrado, y no piensen nada más que las drogas son malas y qué bueno que el gobierno está luchando contra los malos; el tema es mucho más amplio y complejo, y esperamos tener postulaciones muy interesantes con diferentes ángulos”.

ADICTOS, IGNORADOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD

El enfoque de las drogas ignora el aspecto social y de salud. Las personas enfermas de adicciones no tienen cabida en los sistemas sociales de salud. No existe una integración de los derechos humanos en el régimen de control internacional de drogas, fueron aspectos relevantes abordados en la entrevista.

Sin embargo, Alexa Pauls, aunque reconoció la ausencia de esos aspectos básicos, destacó las grandes diferencias –en el tratamiento del problema de las drogas- entre países.

“Francia es un ejemplo de vanguardia: hay que señalar su sustitución de la heroína por otras sustancias y son ejemplares sus centros de salud sumamente bien equipados, con personal capacitado que sí trabaja de una manera profesional con los drogadictos y les ayuda a controlar su adicción y encontrar una salida. Pero todo eso es cuestión de recursos, presupuesto.

Lamentablemente aquí, por cada dólar que México ha invertido en la reducción de la demanda, se gastan 16 en el control de la oferta. En lugar de meter el dinero a programas de salud y de prevención, todo se está yendo al combate de los cárteles cuando deberían destinarse recursos y potencial humano a un trato diferente de las personas involucradas con las drogas”.

— En el marco del fenómeno de la legalización de la mariguana, ¿qué se está haciendo actualmente para promover los derechos humanos en el control de la drogas a nivel internacional?

“Hay varios países como Uruguay que argumenta que no solamente el uso medicinal de la mariguana es legal sino que es un libre derecho de cada ser humano decidir cómo quiere gozar de su vida, decidimos qué libros leer, qué comida consumir, y así también podemos decidir qué fumamos.

Se trata de un debate muy abierto que toca derechos básicos que también son puntos sensibles porque obviamente el efecto de una droga de las que ahora consideramos ilegales puede sacudir mucho más a una persona que tomarse una cerveza.

Son derechos humanos básicos pero también conllevan ciertos riesgos y siempre debemos asegurar que haya un marco de contención para que los jóvenes o las personas puedan experimentar quizás con algunas sustancias pero siempre en un contexto seguro”.

Alexa Pauls comentó que el monitoreo y observaciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha demostrado que el camino punitivo y de prohibición no ha resultado efectivo. Ha llegado la hora de cambiar planteando un nuevo acercamiento, un control de drogas basado en los derechos humanos con la aplicación de nuevas medidas basadas en la realidad que estamos viviendo.

“El primer canal sería la información clara y objetiva sobre el uso de las drogas, sus efectos, consecuencias, y las maneras de cómo se trafican hoy en día, educar a los jóvenes, tener buenos programas en instituciones de salud, en materia de educación y de prevención en las escuelas, en la comunidad y en las familias. El trabajo inicia con nuestros hijos en el hogar. Los gobiernos deben hacer eso para salir de este infierno tan oscuro que se ha creado relacionado con las sustancias ilícitas”, dijo.

DROGAS ILÍCITAS, IMPORTANTE CAUSA DE MUERTE, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN MÉXICO

En México se manifiestan todos los eslabones de la cadena de la economía ilícita de drogas –consumo, producción y tráfico. De acuerdo con un informe de la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el año 2012 se registraron 1,278 casos en México en los que el uso de drogas ilícitas fue identificado como la principal causa de muerte. Tampoco se pueden pasar por alto las miles de muertes a raíz del combate contra el narcotráfico. El sistema penal y los centros penitenciarios tampoco se han escapado de sus efectos. Los costos son evidentes para la sociedad y la economía, y se manifiestan en la violencia e inseguridad que sufre todo el país.

Así lo advierte en su convocatoria el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter (PAPWR 2015) y señala:

El gran reto para los gobiernos es atender esta situación desde un enfoque integral que considere los derechos humanos como fundamentales, para que las políticas y medidas que se impulsen garanticen el bienestar y seguridad de las personas. La corrupción y la impunidad dentro de los aparatos estatales, así como diversos factores sociales, económicos y geográficos en este conflicto dificultan la búsqueda de soluciones. El desafío consiste en encontrar políticas que minimicen los daños causados tanto por las drogas como por las políticas de prohibición y regulatorias.

En el debate existen al menos dos tendencias: un enfoque que opina que la prohibición de drogas es necesaria para la protección de la salud pública y evita males mayores, en particular para los grupos más vulnerables de la población; otro enfoque que sostiene que no se puede comprobar que la despenalización resulta en un aumento de consumo, y que busca romper con estigmas y criminalización de las personas usuarias de drogas. Cambios legislativos en varios países de las Américas –como Estados Unidos y Uruguay- ensayan la distribución controlada de algunas drogas dentro de un marco jurídico bien definido, aunque muchos expertos dudan que una liberalización parcial tenga un efecto positivo en cuanto al mejoramiento de la situación de seguridad.

Por tal motivo, el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter (PAPWR 2015) busca estimular el debate y generar nuevas perspectivas en torno al tema de las drogas ilegales.

“En lugar de escribir –concluyó Alexa Pauls- sobre los horrores de la narcoguerra y aspectos desastrosos, buscamos que el tema de las drogas se aborde desde otros puntos de vista, ver la situación desde otras perspectivas y abrir los ojos. Que los periodistas hagan su labor por todos los medios, impresos y electrónicos, para dar a conocer alternativas políticas en esta búsqueda de soluciones e informar al pueblo. Esa es la tarea fundamental de la prensa: presentar información para que la ciudadanía esté informada y pueda tomar sus decisiones con libre albedrío”.

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* La coordinadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2015 señala: “Por cada dólar que México ha invertido en la reducción de la demanda, se gastan 16 en el control de la oferta. En lugar de meter el dinero a programas de salud y de prevención, todo se está yendo al combate de los cárteles cuando deberían destinarse recursos y potencial humano a un trato diferente de las personas involucradas con las drogas”.

Fuente: Crítica política: http://www.criticapolitica.mx/118128

De la neoliberalización a la guerra contra el narcotráfico

Con frecuencia los analistas omiten la conexión entre las transformaciones del Estado y el escenario de guerra en México. Un hecho es insoslayable: la guerra y la militarización de la vida pública avanzan a la par de otro proceso no menos sustantivo: a saber, el ciclo de reformas neoliberales que arranca en la década de los 80’s, y que sigue su curso en el presente. La globalización, que no es otra cosa que la sombra obscena de la neoliberalización, coincidentemente está atravesada por dos fenómenos particularmente notorios: la desnacionalización de la economía y la militarización de los Estados.  La politóloga Pilar Calveiro especula acerca de esta correlación: “El poder militar ‘abre’ las condiciones para una nueva hegemonía; por eso guerra y globalización han sido, hasta el presente, procesos inseparables”.
Bien podría argüirse, basándonos en firmes asideros empíricos, que la guerra contra el narcotráfico es un anexo del proceso de neoliberalización. Si se admite la tesis de Calveiro, la guerra respondería a la necesidad de un recurso contra la cerrazón de ciertas áreas económicas estratégicas, especialmente en países cuyas políticas restringen el usufructo privado, principalmente foráneo. El régimen posrevolucionario en México se caracterizó por altos contenidos nacionales-estatistas, claramente adversos para las inversiones extranjeras.

También cercana a esta lectura, la periodista Dawn Paley observa que la guerra contra las drogas es una tecnología del poder para abrir “grietas en realidades y territorios sociales alguna vez inaccesibles para el capitalismo global”. En “La doctrina del shock”, Naomi Klein defiende una idea sugerentemente similar acerca de las guerras y otros conflictos en el siglo XX:

“Algunas de las violaciones a los derechos humanos más despreciables de este siglo, que hasta ahora se consideraban actos de sadismo fruto de regímenes antidemocráticos, fueron de hecho un intento deliberado de aterrorizar al pueblo, y se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las ‘reformas’ radicales (neoliberales) que habrían de traer ese ansiado libre mercado”.

De hecho la guerra contra el narcotráfico contribuye a alimentar el predominio de una clase: la alta finanza –clase dominante e impulsora entusiasta de la neoliberalización–, a través del lavado de caudales dinerarios provenientes de los circuitos ilícitos de la economía:

“En esta guerra [contra el narcotráfico], lo que no se quiere ver y tampoco se investiga es la ruta del dinero sucio… Las utilidades de los cárteles mexicanos oscilan entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares al año sólo por ventas de narcóticos ilegales en Estados Unidos… La primera cifra implicaría el blanqueo de 81 mil millones de dólares durante cuatro años y seis meses de esta ‘guerra’. En el segundo caso, el dinero lavado ascendería a 175 500 millones de dólares” (Nancy Flores 2012)

Una característica del período neoliberal es el encumbramiento de un poder anónimo sin freno e incontestado; eso que Calveiro define como un “dispositivo económico-financiero que ninguna instancia internacional está en posición de regular”. Es precisamente esa desregulación o incapacidad de regulación lo que permite que los grandes beneficiarios de los circuitos de “dinero sucio” conserven un relativo anonimato y una impunidad a prueba de “fuego”.

Algunos bancos como Wachovia, Bank of America, JP Morgan Chase, HSBC, Citigroup, entre otros, han sido señalados por lavar miles de millones de dólares de los cárteles de la droga, principalmente mexicanos. Pero ningún banquero o ejecutivo bancario enfrentó nunca un proceso penal. El Estado no tiene el poder ni la voluntad política para frenar esos dineros ilícitos. En dos de los casos más controvertidos mediáticamente, en los que están envueltos el Banco Wachovia y HSBC, la acción sancionadora del gobierno estadounidense se redujo a multas por concepto de 160 millones y 1.9 mil millones de dólares, respectivamente, que no es más que una ínfima fracción de los ingresos totales de esas casas bancarias. Este es sólo un ejemplo del alcance de ese dispositivo financiero “que ninguna instancia internacional está en posición de regular”. Para esa actividad onerosa y criminal la guerra contra el narcotráfico no tiene estrategia.

Neoliberalización es financiarización de la economía, que consiste básicamente en la desregulación ex profeso de las transacciones dinerarias. En este sentido, la neoliberalización de los Estados implica la omisión concertada de las operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. La guerra contra el narcotráfico no puede atacar esos negocios extralegales o criminales sin atacar la totalidad de esa economía a la que debe su existencia: la extractiva neoliberal.

Fuente: http://lavoznet.blogspot.mx/2015/07/de-la-neoliberalizacion-la-guerra.html

Fuente de la imagen: http://rebelion.org/portada.php

Ayotzinapa está en zona de cultivo de drogas de México para EEUU, denuncia Gaviria

México ha evitado denunciar que la escuela de Ayotzinapa, donde estudiaban 43 jóvenes para magisterio rural desaparecidos hace nueve meses, está en una zona violenta por el cultivo de amapola para producir heroína exportada a EEUU, denunció el ex presidente de Colombia (1990 -1994) César Gaviria.

“En México no hay ninguna tendencia a responsabilizar a los EEUU de nada; me sorprendió con la muerte de los estudiantes en Ayotzinapa que nadie dijera que en esa zona hay cultivos de amapola que derivan en heroína con destino a EEUU”, dijo desde Bogotá el ex mandatario y ex secretario general de la OEA (1994-2004) en entrevista con el semanario mexicano Proceso, publicada este domingo.

México ha padecido unas 100.000 muertes por el narcotráfico en ocho años y los jóvenes fueron masacrados el 26 de septiembre por policías y narcos confabulados con el alcalde de Iguala, en las montañas de Guerrero, según la investigación federal; pero el presidente Enrique Peña actúa “como si fuera sólo un problema de México y como si nadie más tuviera que ver”, señala Gaviria.

“No, perdón, esa es una zona tradicionalmente productora de opio, que se vuelve heroína y que se exporta a EEUU; ellos tienen una responsabilidad, pero nadie dice esas cosas”, denuncia el ex mandatario que combatió al colombiano Cártel de Medellín en los años 90.

México “no ha querido meter en su política internacional la dimensión de la política de drogas, lo cual es absurdo por el problema de seguridad pública que tiene; es su principal problema, su más grande problema”, dijo Gaviria, quien ahora impulsa una crítica a la política de EEUU por un cambio en las políticas antidrogas de Washington hacia el mundo.

El 95% de la cocaína que decomisan en EEUU procede de México y de Colombia: “si uno tiene esa realidad, ¿dónde está el éxito de la política antidrogas?”, se pregunta Gaviria, quien promueve un nuevo enfoque internacional junto con otros expresidentes latinoamericanos de Brasil, Chile y México.

En EEUU 60% de los presos fuma mariguana, “¿si no pueden controlar eso en las cárceles, cómo lo van a controlar en las calles?”, ironiza el líder liberal.

“No tiene sentido que México no use su política exterior para presionar cambios en las políticas de consumo de drogas (…), y (el presidente Enrique) Peña Nieto como que ignora eso”, señala Gaviria, quien ha sumado a su crítica a EEUU al ex secretario general de la ONU Kofi Annan.

Gaviria reemplazó en 1989 como candidato presidencial del Partido Liberal a Luis Carlos Galán, asesinado por el Cártel de Medellín, y tres meses después, el jefe de esa mafia Pablo Escobar también intentó matarlo a él, haciendo estallar un vuelo de Avianca Bogotá-Cali, que Gaviria nunca tomó, donde murieron 110 personas.

El nivel de violencia que practicaba el Cártel de Medellín “era muy superior al que hoy practican los cárteles en México”, dice Gaviria, quien negoció en 1991 el encarcelamiento de Escobar, fugado en 1992 y abatido por la policía en 1994.

Más que las hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, la cantidad de droga incautada o el número de arrestos, “lo importante debe ser la reducción los daños relacionados con la prohibición: el crimen, la violencia, la corrupción y las violaciones a los DDHH”, define.

“Colombia y México tienen que hacer una cosa importante: pedirle a EEUU que cambie y que acelere sus decisiones en política antidrogas, porque no nos puede tener en la ficción de que todavía están el prohibicionismo”, afirma el ex mandatario de 68 años.

Pone como ejemplo que 23 estados de EEUU ya tienen mercados legales de mariguana para uso medicinal y 17 despenalizaron la posesión personal de esa droga para fines recreativo, a través de referendos.

“Entonces el debate de drogas en EEUU se reduce a que la política fracasó y hay que ensayar otra cosa, tan simple como eso”, puntualiza Gaviria.

México y Colombia deben decir a EEUU: “Ustedes tienen que cambiar de política. Miren nuestros muertos. Ustedes tienen una mayoría ciudadana que quiere cambiar de políticas. ¡Cámbienlas!” puntualiza el expresidente.

Comentario del colectivo: a pesar de los errores en los planteamientos del expresidente Gaviria como llamarle asesinados a los estudiantes actualmente desaparecidos consideramos relevante difundir esta información

Así inició el narco en México

Las distintas versiones sobre el origen del narcotráfico en México apuntan a que este lucrativo e ilegal negocio inició con la llegada de chinos a Sinaloa.

Un artículo publicado por Froylán Enciso Higuera, investigador visitante del Centro de Estudios México-EU de la Universidad de California, reconstruye la historia del origen del narco según la glosa sinaloense.

Las versiones populares apuntan a que Lai Chang Wong, un inmigrante chino que nació alrededor de 1869 en Hong Kong y que llegó a México en 1911, es uno de los principales iniciadores del cultivo de drogas en nuestro país, particularmente en Sinaloa.

Chang Wong llegó inicialmente a Estados Unidos, posteriormente viajó a México se enroló como médico con los revolucionarios del noroeste. Estuvo 10 años en el Ejército pero un balazo lo obligó a dejar la lucha y comenzó a practicar medicina naturalista en El Dorado, Sinaloa. Ahí un sacerdote católico lo convirtió al cristianismo y bautizó como José Amarillas.

El artículo relata que debido a sus conocimientos médicos, José Amarillas puso un consultorio en el pueblo de San José de la Puerta, en el municipio de Badiraguato, donde se desempeñó como curandero naturalista.

“José Amarillas cultivó col, rábanos, lechugas, tomates, pepinos y esas flores desconocidas entonces pero que pronto serían objeto de gran polémica: las amapolas. Esas hermosas flores de amapola eran una de las materias primas de Amarillas para su medicina natural: conocía los poderes narcóticos y curativos de los opiáceos”.

De acuerdo con lo publicado, en 1948, José Amarillas decidió retirarse. En compañía de su hijo Chepe se fue a vivir a Jesús María, en la colindancia entre Culiacán y Badiraguato. Murió en 1953.

El supuesto acuerdo México-EU

Uno de los mitos en torno a los inicios del narco en México es la existencia de un supuesto pacto entre México y EU.

Humberto Valenzuela Álvarez, profesor normalista originario de Surutato y expresidente municipal de Badiraguato (1990-1992), contó en un artículo publicado en la revista Tribuna de Los Mochis, que las autoridades de Estados Unidos y México firmaron un pacto para buscar un lugar apropiado para la siembra de la amapola en nuestro país.

En dicha búsqueda, habría participado “un señor de apellido Amarillas, de ascendencia China (…) quien los llevó hasta las montañas en busca de clima y tierras apropiadas, pero también de hombres en que pudieran confiar por su capacidad y valor, así como su discreción. Para tal fin se llegó a Santiago de los Caballeros, Badiraguato”.

Valenzuela no especifica los términos del supuesto acuerdo firmado entre México y EU para la producción de opio, el cual era muy demandado por las fuerzas militares debido a la segunda Guerra Mundial.

A pesar de los señalamientos, no existe ningún documento que pruebe o documente la existencia de dicha comisión binacional.

Desde el inicio, una lucha violenta

De acuerdo con los testimonios recabados en este artículo, el combate al narcotráfico ha estado marcado por la violencia y la corrupción desde sus inicios.

“Durante el gobierno de Adolfo Ruiz  Cortines (1952-1958) era ya evidente para el gobierno que no podían seguir los abusos de autoridad. Por eso, el presidente asignó al general badiraguatense Teófilo Álvarez Borboa para que instrumentara una campaña antinarcóticos. El general Álvarez citó a algunos productores de drogas en Mazatlán. Los perdonó por última vez y pidió que no siguieran en ese negocio. (…)

“El negocio de las drogas ilegales fue creciendo. Llegó el momento, en la década de 1970 en que, según dice Valenzuela, el consumo interno de drogas en Sinaloa era alarmante”.

La presencia del Ejército en el combate al narco también parece ser una constante en la historia del país.

En 1986 el historiador sinaloense de ascendencia japonesa, Heberto Sinagawa Montoya, documentó la violencia en torno al narco, en su diccionario Sinaloa, historia y destino.

Desde la perspectiva de Sinagawa:

“El origen del narco sinaloense se debió a la transmisión del conocimiento sobre opio de los chinos a campesinos pobres y aventureros cazafortunas. De su narrativa se puede inferir que son estos cazadores de fortunas quienes crearon las expresiones más vistosas de la ahora llamada narcocultura y quienes fueron los responsables de que surgiera tanta violencia en Sinaloa”.

En 1941, se suscitó uno de los primeros eventos violentos en la lucha por el tráfico de estupefacientes de los que se tiene registro cuando Alfonso Leyzaola, jefe de la policía judicial del estado, destruyó plantíos de amapola e incautó goma de opio de los pobladores de la zona de Santiago de los Caballeros en Badiguarato.

“A su regreso, un docena de hombres los emboscaron desde la parte alta de una cañada llamada Los Alisos. Leyzaola sobrevivió, gracias que su ayudante Francisco Urías lo condujo a una choza para curarlo. Poco tiempo después, sus atacantes los alcanzaron, los torturaron y colgaron a Leyzaola de un árbol.  (…)

“Luego de este trágico inicio de la lucha por el narcotráfico, la actividad se mantuvo en la región”.

Chinos, el gran mito

Aunque la llegada de los chinos implicó que trajeran consigo sus conocimientos sobre el opio, es imposible creer que sobre ellos recae toda la responsabilidad del origen del narcotráfico en nuestro país.

“El primer gran mito del origen del narco en Sinaloa es este que atribuye a los chinos todo el crédito por el origen del mal”, señala Enciso en su texto

Y concuye que: “Es evidente que los chinos sufrieron la persecución racista de los sinaloenses y norenses incluso después de haber colaborado con su esfuerzo al desarrollo económico de estas tierras. Con el correr de los años y las investigaciones, es posible afirmar que los inmigrantes chinos trajeron consigo conocimiento sobre el opio y que, dados sus antecedentes con el imperio inglés (recuérdense las consecuencias de la Guerra del Opio), también trajeron su dependencia física a los opiáceos. Pero los chinos no pudieron iniciar solos ni fueron los grandes beneficiarios de las primeras redes de contrabando de opiáceos. Quedan muchas dudas sobre cómo se establecieron estas primeras redes, cuál fue el papel del gobierno y quiénes fueron los personajes que mayores beneficios obtuvieron de estos contrabandos”.

VER: Las abuelas del narcotráfico en México

VER: ‘La Nacha’, la primera jefa del narco en Juárez

Éste es el artículo íntegro sobre el origen del narco: http://es.scribd.com/doc/268878531/Origen-Del-Narco

Fuente: http://www.unionjalisco.mx/articulo/2015/06/17/seguridad/asi-inicio-el-narco-en-mexico

 

República Dominicana, México, Honduras, Venezuela y Colombia se reúnen en Cumbre antidrogas

¿Realmente sirve arrestar a los líderes del narcotráfico en México?

Fragmentación. Mutación. Expansión.

Esos tres términos podrían servir para trazar una radiografía del estado actual del narcotráfico en México.

Al inicio de la guerra contra las drogas a fines de 2006, había cinco grandes carteles y ahora existen al menos 45 grupos, células y pandillas.

La estrategia de privilegiar el arresto de capos de narcotráfico ha provocado la fragmentación de los carteles en decenas de bandas que mantienen el nivel de actividad y pueden resultar más difíciles de combatir, afirman expertos.

¿De qué sirve entonces detenerlos? ¿Llegó el momento de cambiar la estrategia?

Caídas con ruido

Miguel y Omar Treviño Morales (Los Zetas), Joaquín “El Chapo” Guzmán (cartel de Sinaloa), Vicente Carrillo Fuentes (“El Viceroy”, cartel de Juárez), Servando Gómez (“La Tuta”, Los Caballeros Templarios) y Héctor Beltrán Leyva (Los Beltrán Leyva).

Y la lista sigue: son algunos de los nombres más representativos de la jerarquía de los carteles en México detenidos en el último año.

Caídas que han hecho ruido, tienen un efecto mediático y ayudan al discurso del gobierno, pero que no terminan de alterar la situación en el terreno, opinan algunos analistas.

“Es el equivalente a podar un árbol”, le dice a BBC Mundo Adolfo Miranda, director del Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadana y la Justicia.

“Se toca la parte más visible, pero eso no trastoca la estructura organizativa ni financiera, de manera tal que la organización criminal mantiene su capacidad de fuego y su poderío económico”, añade.

Fragmentación

En un informe de la Procuraduría General de la República (fiscalía) citado semanas atrás por el diario El Universal se da cuenta de la presencia de nueve grandes carteles en México:

  • Sinaloa
  • Jalisco Nueva Generación
  • Los Zetas
  • Golfo
  • Tijuana
  • Beltrán Leyva
  • Juárez
  • Familia Michoacana
  • Los Caballeros Templarios

Pero se le suman decenas de organizaciones más pequeñas.

“Tienes un problema de cambio de modelo delictivo, de modelo de organización criminal”, le dice a BBC Mundo Samuel González Ruiz, ex fiscal contra la delincuencia organizada de México.

Se pasó del tradicional cartel, con una estructura jerárquica y un objetivo: traficar droga hacia EE.UU., a “un proceso de unificación de mercados ilícitos”.

Ahora la organización busca controlar un territorio. Y todos los ilícitos que se pueden cometer allí: “‘narcomenudeo’, trata de personas, robo de combustible, y otra gama de delitos económicos”, explica el ex asesor de la ONU en delincuencia organizada.

“La fragmentación es un producto de la acción del Estado, en cierto sentido, pero también es un resultado de la lógica de la organización criminal. No es un modelo buscado”, señala González Ruiz.

Pero en un sentido, reconoce, sí “complica la tarea” de combatir al narco.

“Objetivos prioritarios”

El gobierno hace hincapié en que 93 de los 122 principales delincuentes del país han sido detenidos o abatidos.

“Objetivos prioritarios” del crimen organizado que el presidente Enrique Peña Nieto estableció al llegar al poder a fines de 2012.

Sin embargo, la violencia no cesa.

Restos de un helicóptero militar derribado en Jalisco

El estado de Jalisco vivió un 1º de mayo negro con “narcobloqueos” en casi 40 lugares y el derribo de un helicóptero millitar a manos del cartel Jalisco Nueva Generación.

Y algunas de las nuevas organizaciones demuestran su capacidad de hacerle frente a las autoridades.

El estado de Jalisco vivió un 1º de mayo negro con “narcobloqueos” en casi 40 lugares y el derribo de un helicóptero millitar a manos del cartel Jalisco Nueva Generación.

“Decir que la estrategia ha fracasado me parece una exageración”, apunta González Ruiz.

“El gobierno federal ha ido avanzando y ha ido tomando pedazos del territorio”, añade y cita los casos de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Durango.

Detener a los grandes capos, opina por su parte Miranda, “es importante pero no es una estrategia útil por sí misma porque no está acompañada de otro tipo de decisiones”.

Cambios en las organizaciones

“La diferencia es que ahora las células son más autónomas, geográficamente más aisladas, y sirven cada vez menos como puntos de referencia para los líderes individuales”, señala el sitio InSight Crime, especializado en crimen organizado en América Latina y el Caribe.

Aunque las pandillas tengan “menos capacidad de amenazar al Estado”, el “surgimiento de diferentes facciones hace más difícil erradicar la violencia del crimen organizado”, analiza InSight Crime.

Enrique Peña Nieto, presidente de México

El gobierno hace hincapié en que 93 de los 122 principales delincuentes del país han sido detenidos o abatidos. “Objetivos prioritarios” del crimen organizado que el presidente Enrique Peña Nieto estableció al llegar al poder a fines de 2012.

A mayor número de actores, se hace “mucho más difícil establecer un tácito conjunto de normas operativas y aumenta la probabilidad de rivalidades violentas”, agrega.

El sitio recuerda cómo lo que vive México hoy día es un camino que supo transitar Colombia entre 2008 y 2015.

“Durante ese tiempo, Colombia presenció el surgimiento de múltiples grupos criminales que se conformaron después de la desmovilización de las fuerzas paramilitares de extrema derecha”, señala la publicación.

Aunque el número de las llamadas “Bacrim” (bandas criminales) ha ido disminuyendo, y esto es algo que podría ocurrir en México, esta reconfiguración no es necesariamente sinónimo de éxito, sino una nueva mutación de grupos delictivos que se organizan para colaborar entre ellos.

Estrategia diversificada

“En el largo plazo” la fragmentación de los carteles es una buena noticia, aseguró en su columna de El Universal el analista de seguridad Alejandro Hope. “Es preferible lidiar con bandas pequeñas sin capacidad para capturar tramos del gobierno federal”.

“Pero en lo inmediato esa fragmentación puede generar amenazas serias a la seguridad ciudadana”.

En el pasado se ha cuestionado el enfoque unilateral del combate militar contra los carteles por no atender otras causas de la violencia, como la falta de oportunidades para los jóvenes de las áreas donde las organizaciones son más poderosas.

“Hay que hacer trabajos de prevención social, no se trata sólo del aspecto punitivo”, señala Miranda.

“El Estado mexicano se ha vuelto bueno para cazar capos, pero sigue siendo malísimo para reformar su aparato de seguridad”, escribió Hope.

“La persecución”, añadió, “tiene que complementarse con esfuerzos de construcción institucional en el espacio local y estatal”.

En algunos sitios, destaca González Ruiz, se han tomado policías municipales, se busca el dominio del territorio y la depuración de organismos.

Hace falta, añade, tener policías y jueces que no estén corrompidos, un Ministerio Público más eficiente, un proceso de fortalecimiento del Estado.

“Obviamente una estrategia así es más compleja. Exige la reconstrucción de las instituciones, eso es lo más complicado”, asegura.

El camino es largo.

Fuente: Animal político- http://www.animalpolitico.com/2015/06/realmente-sirve-arrestar-a-los-lideres-del-narcotrafico-en-mexico/

Fuente imagen: http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/05/10/seguridad/fallece-otro-militar-tras-ata