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DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS DE DIFERENTES PARTES DEL MUNDO A PROPÓSITO DE LAS 5 MUERTES EN ARGENTINA

A propósito del desgraciado suceso ocurrido en Argentina hace pocas semanas en el que 5 personas resultaron fallecidas y 4 intoxicadas graves, las organizaciones de reducción de riesgos que firmamos esta declaración queremos plantear algunas reflexiones y propuestas a tener en cuenta a la hora de abrir el debate sobre el enfoque de reducción de riesgos y daños, y sobre las acciones a realizar especialmente en los espacios de fiesta.

  • El consumo lícito o ilícito de drogas es una realidad cambiante y que no dejará de existir. Es por ello que debe promoverse un trabajo orientado a minimizar los efectos perjudiciales para el individuo y para la sociedad.
  • Entendemos que un enfoque de Salud Pública en materia de drogas debe reconocer la reducción de riesgos y daños como estrategia fundamental e integrada en todos los abordajes preventivos. Con ello se adquiere una perspectiva más globalizadora de la prevención y realiza una aproximación preferente sobre colectivos con mayor vulnerabilidad y en situación de riesgo.
  • La reducción de riesgos, aunque se articula perfectamente con la reducción de daños, se diferencia de esta última en que pone el foco en influir sobre las condiciones previas y las que se dan durante el consumo de drogas con fines recreativos, en espacios de fiesta y ocio, en personas que no tienen problemas graves derivados de este consumo. Actuamos sobre ese 90% de personas consumidoras que no tienen problemas graves derivados del consumo de drogas pero que demandan información para el cuidado de su salud física y mental y no desean abandonar el consumo.
  • Reconocemos que la población consumidora se preocupa e interesa en la protección de su salud. Es por ello que agradece, y es de derecho aportarles, la información y pautas para un consumo de menor riesgo (cómo gestionar el consumo, qué pautas de dosificación seguir o cuáles son las vías de administración menos riesgosas para usar drogas). Se trata de una información muy relevante para reducir el riesgo y que habitualmente no está disponible o al alcance de la persona que quiere consumir.
  • La reducción de riesgos no se limita a las acciones sobre el consumo de drogas como brindar información objetiva y útil para la protección de la salud de las personas que usan drogas, realizar análisis de sustancias, generar alertas tempranas, contar con zonas de recuperación, etc. También implica la reglamentación de los espectáculos, de los servicios de atención sanitaria en las fiestas, del control del aforo, del acceso a hidratación y alimentación, la actualización en conocimientos del sector salud, la actualización normativa, el involucramiento de lo/as empresario/as de los espectáculos, entre otros aspectos.
  • Dado que las drogas están en manos de un mercado ilegal que busca su beneficio a través del fraude al consumidor/a, entendemos que los servicios de análisis son posibles y necesarios en el marco de políticas de drogas con un enfoque de Salud Pública para que la persona pueda contar con una orientación sobre la composición de las drogas que va a tomar y que esa información le sirva para adoptar las precauciones necesarias. La puesta en marcha de estos servicios requiere de la suma de voluntades de Administraciones, ONG y sector ocio.
  • También consideramos que los servicios de análisis de sustancias presentan ventajas añadidas como son la posibilidad de una monitorización del mercado ilegal a nivel de usuario/a, la construcción de una relación de confianza con la persona usuaria que permita la recuperación de la credibilidad en las instituciones que trabajan en el ámbito de las drogas y el fortalecimiento de la red de atención en casos de emergencia.
  • Asimismo, queremos destacar el carácter comunitario de los programas de reducción de riesgos que no sólo buscan y consiguen la implicación de las propias personas consumidoras de drogas, sino que también implican a profesionales de diferentes ámbitos en un objetivo común: la atención a personas usuarias de drogas.
  • Quienes desarrollamos programas de reducción de daños somos conscientes de que no somos la única solución, que nuestras acciones vienen después de las acciones de prevención del consumo de drogas con énfasis en la infancia y adolescencia, y que se desarrollan antes de que tenga que llegar un tratamiento especializado para personas que tienen problemas con el consumo. Somos conscientes de que llegamos un pequeño grupo de personas en la sociedad, que es el que consume drogas, pero también estamos seguros que somos los que llegamos al mayor número de personas usuarias.
  • La mayoría de los proyectos en reducción de riesgos y daños han surgido de la motivación y el impuso de la sociedad civil para con el tiempo ser reconocidos, apoyados y articulados con la institucionalidad pública. En esa misma medida deben continuar con su enfoque de base comunitaria y deben contar con mayor apoyo financiero y técnico permanente para el desarrollo y mejoramiento de los servicios que prestan.

Lamentando los sucesos ocurridos en Argentina, entendemos seria momento para iniciar un debate constructivo y avanzar en políticas de salud pública, que partiendo de un conocimiento de la realidad de los consumos de drogas se establezcan alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con el sector para mejorar la seguridad de los eventos y minimizar riesgos vinculados al consumo de drogas.

20 de mayo de 2016

Crew 2000 Scotland www.crew2000.org.uk 1992 1CrewLogo
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Unity Netherlands www.unity.nl 1996  5UnityLogo
GRIP Montréal Canada gripmontreal.org 1997 GripLogo
Energy Control (ABD) Spain www.energycontrol.org 1997  7EnergyControlLogo
CheckIT! Austria http://www.checkyourdrugs.at 1997  8CheckItLogo
DanceSafe EEUU http://www.dancesafe.org 1998

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Ailaket Spain www.ailaket.com 1998  10AilaketLogo
Drogart Slovenia www.drogart.org 1999  11DrogArtLogo
4motion Luxembourg http://4motion.lu 2002
PSF Italy www.psicologisenzafrontiere.org 2004  13PSFLogo
Contact Netz, Foundation for Addiction Care Switzerland http://www.contactnetz.ch 2004 14COntactLogo
Safer Clubbing Switzerland www.saferclubbing.ch 2005  16SaberClubbingLogo
Safer Nightlife Switzerland Switzerland http://www.infodrog.ch/nightlife-aktivitaeten.html

 

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CHECK!N Portugal http://checkin-freemind.com 2006  18CheckInLogo
Espolea México www.espolea.org 2006  LOGO-texto alta (1)
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Foto: Intercambios, Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas

La lucha por el lado de la oferta para reducir el consumo de drogas es absolutamente inútil

Ian Vásquez
Ian Vásquez // Instituto Cato

Para entender cómo funcionan los cárteles de drogas, hay que considerar esa industria como una de tantas que lidian con los problemas de cualquier negocio –cómo contratar al mejor personal, qué hacer ante la competencia, etc.–.

Eso se propone Tom Wainwright en su nuevo libro sobre la narcoeconomía (“Narconomics”). “Políticas regulatorias que en el mundo ordinario de negocios hubieran sido descartadas por su ineficacia se han permitido perdurar por años en el mundo antinarcótico”, dice el autor, quien fue corresponsal en México de la revista británica “The Economist”.

Da un ejemplo de los países andinos. La lucha por el lado de la oferta para reducir el consumo de drogas es absolutamente inútil. El costo de la hoja de coca es tan ínfimo en comparación con el precio astronómico de la cocaína en los países consumidores, que incluso si la intervención en Sudamérica llegara a duplicar el precio de la coca, tendría un impacto casi imperceptible para el consumidor en Estados Unidos o Europa.

Estoy en el estado mexicano de Sonora estos días. Los empresarios de acá me cuentan que recientemente hubo una ejecución de varias personas en la cercana Ciudad Obregón, supuestamente un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Me confirman lo que observa Wainwright: el nivel de violencia en México tiende a ser más alto en los estados fronterizos con EE.UU. y aquellos que tienen puertos importantes. Los traficantes se pelean por controlar esas pocas puertas de entrada y salida. Dado que las restricciones a la oferta casi no tienen impacto sobre el consumo, el autor recomienda abrir más puntos de entrada en la frontera norteña. Eso por lo menos reduciría la violencia de manera notable.

Reclutar a trabajadores en una industria ilícita es un reto porque se trata de trabajos poco calificados que requieren disciplina y un alto nivel de confianza. Las prisiones de América Latina han facilitado la vida a los narcotraficantes, ya que se han convertido en verdaderas escuelas del negocio donde se reúnen quienes tienen la mayor experiencia con quienes se interesan por las actividades ilegales. Allí también se refuerzan las pandillas que requieren que sus miembros se apliquen tatuajes conspicuos para reducir la peligrosa posibilidad de que dejen la organización.

Hace más de una década, República Dominicana implementó una reforma penitenciaria que recomienda Wainwright. Ese país tiene cárceles donde se separan a los líderes pandilleros de los demás presos, se internan a menos criminales y se les da trabajos legítimos a los reos, a quienes además se les permite quedarse con un porcentaje de las ganancias que comparten con sus familias. Todo esto reduce la dependencia del preso con las pandillas y los mantiene en contacto con el mundo legítimo exterior. Bajo el nuevo sistema, solo un 3% de los que salen de la prisión vuelve a cometer crímenes, mientras que la reincidencia era, en cambio, 50% bajo el viejo sistema.

Wainwright describe cómo cayó el homicidio en dos tercios en El Salvador cuando las maras (pandillas) pactaron una tregua en el 2012 en vista de que así podían coludir en el mercado nacional –cosa que se deshizo cuando el siguiente presidente retiró su apoyo y volvió a subir la violencia–. Describe también cómo los cárteles practican la responsabilidad social corporativa (donaciones a iglesias, servicios públicos) para mantener cierto apoyo dentro de la población y cómo la nueva competencia de la legalización de la marihuana en partes de EE.UU. ya les está quitando bastante negocio. Predice que cuando se legalice completamente, las empresas estadounidenses de marihuana se mudarán a México para exportar a EE.UU. Eso sería un mundo más civilizado.

 

Fuente original: El Comercio- Perú: http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/como-manejar-cartel-drogas-ian-vasquez-noticia-1880462

 

Derecho a consumir versus tratamiento obligatorio. Por Reverendo Martin Díaz

Secuestros, golpizas, aislamiento, encadenamientos y violaciones…Dolor y sufrimiento, son sólo algunos de los muchos abusos y técnicas de tortura utilizadas en nombre de la  “salud mental”  y hasta en el nombre de “Dios” para, según muchas instituciones, “curar”, “rehabilitar” y “reinsertar” a la sociedad a personas que usan drogas (padezcan un uso problemático o no).


En El Salvador a partir de las modificaciones al decreto Nº 153 de noviembre del año 2003, se establece la creación de la Comisión Nacional Antidrogas (CNA) bajo la “jerarquía del Presidente de la República”, quien a su vez designa a su Director Ejecutivo. A decir verdad la CNA representa conceptualmente y en la práctica el fracaso del modelo prohibicionista promotor de la infame Guerra Contra las Drogas. Es una institución que depende del Ministerio de Seguridad y que fue creada como la “autoridad nacional” encargada de “planificar, coordinar, supervisar y evaluar los planes, estrategias y políticas gubernamentales encaminadas a prevenir, combatir el tráfico, la venta y el consumo ilícito de drogas, como también los esfuerzos de rehabilitación de personas adictas” .

La CNA es una institución esquizofrénica que decide, por un lado, la forma de ejecutar el combate al narcotráfico y al mismo tiempo, por otro lado, decide cómo “tratar” a las PQUD (Personas Que Usan Drogas). La Comisión Nacional Antidrogas ha demostrado ser ineficaz, inoperante, imprecisa y poco profesional, con la publicación de “investigaciones académicas” imprecisas y poco transparentes o en ocasiones autorizando o renovando autorizaciones a centros de rehabilitación en donde se tortura a las personas y se les infligen horrores que pueden implicar violencia física y sexual, trabajos forzados, condiciones de vida infrahumanas, denegación de asistencia sanitaria y otras medidas contrarias a los derechos humanos. No existen pruebas de que estos centros sean un entorno propicio o eficaz para los tratamientos contra el padecimiento de adicciones y sí hay centros autorizados que siguen operando incluso con múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos. Esto es inaceptable.

A pesar de que diversos sectores de la sociedad civil  y organismos de derechos humanos critican y señalan estas prácticas, la falta de interés de parte de las autoridades es evidente. En 2012 diversos organismos de las Naciones Unidas instaron a través de una declaración conjunta a los Estados miembro a cerrar los centros de detención y rehabilitación obligatorios, además de promover la puesta en marcha de servicios sanitarios y sociales voluntarios, con base empírica y basados en los derechos humanos. Un llamado certero partiendo de que los tratamientos basados en evidencias científicas para la dependencia de sustancias incluyen un conjunto de servicios de gestión de riesgos y reducción de daños respaldados por políticas públicas desde una perspectiva de salud, derechos humanos y las libertades individuales.

Por si fuera poco, en el año 2013 el entonces Director Ejecutivo de la CNA, el Comisionado Howard Cotto, se negó a llenar en conjunto con entidades consultivas de Naciones Unidas el formulario comparativo que envía la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para realizar su informe mundial, demostrando el nulo interés por un levantamiento de datos verificables y transparentes. Lamentablemente cuatro años después de la declaración conjunta de Naciones Unidas, la realidad ha cambiado muy poco, los gobernantes y la clase política salvadoreña se muestran indiferente ante la caótica realidad.

Resulta muy preocupante que aún gran  parte  de lo  que se considera como “tratamiento”  en  varios países América  Latina sigue  basándose en la detención arbitraria y la tortura. Cuando existen métodos alternativos, respetuosos de la persona humana. No es de extrañar que en el marco de la Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS 2016) nuestro país abandera una de las posturas más recalcitrantes y retrogradas del continente, defendiendo la posición unilateral punitiva e irracionalmente represiva.

Los centros de detención y rehabilitación son una amenaza para los derechos humanos, el estado de derecho y ponen en peligro la salud de las personas detenidas, quienes, entre otros problemas, padecen de una mayor vulnerabilidad a las ETS  y la tuberculosis. En estos centros de detención se retiene a personas sospechosas de consumir o de padecer un uso problemático de alguna sustancia sin el debido proceso legal ni supervisión judicial con la justificación de un supuesto “tratamiento”  o ”rehabilitación”.  Obligar a las personas que usan drogas a someterse a programas de rehabilitación forzada ha sido una respuesta política común pero ha costado en calidad de vida, ha quitado la autodeterminación y desarrollo de muchos ciudadanos.

El uso de sustancias no causa una pérdida de autonomía, lo que refuta el argumento de que el tratamiento obligatorio es necesario porque las personas que usan drogas ya no disponen de la autonomía o de la capacidad para tomar decisiones informadas y que por tanto el Estado tiene el deber de intervenir y obligar a las personas a tratarse. Sin embargo, el consenso en la literatura científica, médica, legal y filosófica es que el uso de drogas raramente vuelve a una persona incapaz de ser responsable de sus actos.

Dejemos clara una cosa, en definitiva el tratamiento obligatorio no es ético, pues cualquier forma de tratamientoobligatorio vulnera los derechos de la persona al consentimiento informado y por lo tanto es una práctica no-ética. Excepto bajo condiciones sanitarias y judiciales específicas, en esos casos no debería prolongarse más allá de algunas horas o unos días, pues sólo debe ser aplicado bajo supervisión legal estricta únicamente justificada en casos de emergencia, como una medida para proteger a las personas o comunidades afectadas. Es decir, cuando la persona no puede ser responsable de su propia seguridad (tanto por dependencia como por otras cuestiones relacionadas con el uso de drogas).  Consiste en una breve hospitalización obligatoria en casos de desintoxicación de drogas, sobredosis y síntomas psiquiátricos, hasta que la persona haya recuperado su capacidad de decidir. También es importante aclarar que la mayoría de las personas que usan drogas (PQUD) lo hacen de manera irregular sin mostrar ningún signo de dependencia física o psicológica y sin causarse daño a sí mismo o a terceras personas. Según los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se estima que solo una de cada diez personas que usan drogas padecen de una dependencia física y/o psicológica. 

Privar a una persona de su libertad sin el debido procedimiento legal constituye una violación inconmensurable de las normas internacionales de derechos humanos. Mientras muchos países alrededor del mundo han reemplazado estos centros de tratamiento obligatorio por sistemas voluntarios y comunitarios, obligar a las personas a ingresar en ellos continúa siendo una práctica cotidiana en Latinoamérica, el este de Europa y Asia central. Sin embargo, rápidamente varios países de América Latina están promoviendo que el consumo de drogas sea tratado como un tema de salud pública, no penal. Lamentablemente, el acceso a programas de tratamiento basados en la evidencia continúa siendo dificultoso a lo largo del continente.

Al no desempeñar una función real de seguridad pública y debido a que la mayoría de las personas que usan drogas no tienen ninguna patología asociada con su uso, obligarlas al tratamiento es esencialmente un derroche de recursos, y una forma de sanción para el padeciente, ya que vulnera su derecho a la libertad. Aunque el tratamiento obligatorio puede brindarse en entornos comunitarios, la gran mayoría de las veces se dá en entornos cerrados, donde la gente es detenida por periodos de hasta varios años, sin respeto al debido proceso, violando claramente el derecho estar libre de la detención arbitraria.

Si bien es cierto que los especialistas en tortura de las Naciones Unidas han contribuido visibilizar esta problemática, aún sigue siendo relegada a reportes ocasionales. La tortura en nombre del tratamiento debe ser un asunto tratado desde la palestra, pues es de amplio interés público. Existe una preocupante dificultad de acceso a alternativas basadas en evidencia científica, que deben estar disponibles para cualquier ciudadano. 

Este vacío, alimentado por los subsidios del Estado a centros habilitados por la CNA ha creado un afán de lucro para personas que tienen poco o nulo conocimiento sobre el tratamiento y así abren y operan de forma legal o en algunos casos clandestinamente centros de “rehabilitación (detención) para adicciones”.

Se hace imprescindible una revisión y una profunda reforma al Decreto N°153. Una reforma que garantice una política de drogas basada en la ciencia, los derechos humanos y las libertades individuales. Que aplique reglas estrictas a los centros de asistencia sanitaria y de salud mental, incluyendo el respeto por el debido proceso, una opinión médica sólida y el uso de evidencias disponibles. 

Poner fin a la tortura en el nombre del tratamiento es asunto de  todas y todos porque las personas que usan drogas tienen derecho a que se respete su autodeterminación y sus derechos humanos. Defender sus derechos es defender nuestros derechos. Avancemos hacia una nueva política de drogas, hacia un verdadero enfoque basado en la salud y lejos de prácticas arcaicas que criminalizan y discriminan a las personas que usan drogas (PQUD) y sus  familias.

Es momento de dar fin a la inútil y violentísima guerra contra las drogas. Exijamos a quienes legislan que busquen para las nuevas políticas de drogas, un enfoque racional, progresivo, basado en evidencias que priorice la salud pública, los derechos esenciales y la justicia social.

Fuente original: Revista Factum- http://revistafactum.com/derecho-a-consumir-versus-tratamiento-obligatorio/

Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana: “Regulación en relación con la seguridad pública”

Amaya Ordorika Imaz, integrante de ReverdeSer Colectivo, participó el día de hoy en la mesa “Regulación en relación con la seguridad pública”, en el marco de las Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana, a la que convocó la Mesa Directiva del Senado de la República.

Aquí pueden encontrar el video completo de la mesa:

 

Para el seguimiento en redes sociales busca #RegulacionResponsable

 

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Juventudes, Derechos Humanos y Drogas

Mañana, Miércoles 9 de diciembre de 2015, asiste al Foro sobre Juventudes, Derechos Humanos y drogas en el que participaremos junto con integrantes de más de 10 otras organizaciones para dialogar sobre cambios en las tendencias globales de las políticas de drogas, uso de sustancias psicoactivas, reducción de daños (en el uso de sustancias y de los que provoca la prohibición) y de estrategias de intervención integrales y efectivas.

La cita es en General Prim 10, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, entre Tres Guerras y Bucareli, Ciudad de México.

Ahí nos vemos!

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Drogas y reducción de riesgos y daños: un posible salto al futuro en la CDMX

Por Ernesto López Portillo – @ErnestoLPV –en colaboración con Claudia Rodón/ Animal Político 
Ante las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, la desinformación y estigmatización en torno a las drogas termina por descalificar a los adultos que están más cercanos a ellos, como sus padres y maestros, neutralizando su rol como figura de autoridad y fuente fiable de información.
Este jueves 3 de diciembre se llevará a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Colectivo para una Política Integral hacia las Drogas (CuPIHD), Espolea A.C. y Hacia la vida digna para todas las personas Reverdeser Colectivo A.C. (ReverdeSer Colectivo). Esto representa un paso innovador y sin precedente en el país, pues busca promover el tránsito hacia una política pública que reúna la perspectiva de salud pública y el enfoque de respeto a los derechos humanos, con énfasis en la libre determinación de las personas, para consolidar una estrategia con perspectiva de reducción de riesgos y daños frente al consumo de drogas o sustancias psicoactivas.
El paradigma de reducción de riesgos y daños se refiere a una gama de servicios y políticas públicas encaminadas a reducir las consecuencias negativas del consumo de drogas, protegiendo la salud pública y sustentados en un fuerte compromiso con los derechos humanos. A diferencia de los enfoques que insisten en que las personas dejen de consumir drogas, la reducción de daños reconoce que muchas personas no son capaces o no están dispuestas a abstenerse y que la abstinencia no debe ser una condición previa para obtener ayuda (es como pedirle a un diabético que sus niveles de glicemia –concentración de glucosa en la sangre- estén normales para tratar su diabetes).
Riesgo es un término utilizado para describir la probabilidad de tener consecuencias o efectos perjudiciales o no deseados por consumo de cualquier sustancia psicoactiva. De aquí el carácter preventivo de la reducción de riesgos que se dirige al potencial consumidor, personas que no han estado en contacto, niñas, niños, adolescentes o jóvenes que pueden empezar a tener oportunidades de consumo de alguna sustancia psicoactiva, o bien al consumidor esporádico o no habitual de cualquiera de ellas.
Por otro lado, el daño es un término utilizado para referirse a consecuencias concretas negativas, no buscadas o indeseables asociadas al consumo habitual de sustancias psicoactivas entre personas que presentan consumos problemáticos (como beber y manejar), o al consumo de determinado tipo de sustancias cuyas características intrínsecas implican un alto riesgo. El enfoque se centra en la prevención del daño asociado al consumo, más que en buscar la abstinencia.
El propósito principal de este paradigma es construir una percepción más adecuada del riesgo, mediante la aplicación de estrategias que fortalecen la capacidad de elección de las personas, a partir de información veraz basada en evidencia científica. La estrategia busca conseguir que quienes no consumen tengan la información necesaria para no iniciar el consumo, o bien posterguen su inicio; en cambio, entre aquellos individuos que hacen consumo esporádico o habitual, se intenta que logren un consumo con menores riesgos para la salud, incorporando además hábitos de seguridad personal, de sus pares y de la comunidad. En todos los casos las acciones persiguen dotar de las competencias necesarias a las personas para tener comportamientos de autocuidado, a su vez soportados en información para decidir en libertad y con responsabilidad.
La Encuesta a Usuarios de Drogas Ilegales (EUDI) de la Ciudad de México, llevada a cabo por CuPIHD señala que casi el 40% de los encuestados no sabe nada de las sustancias psicoactivas antes de utilizarlas, mientras que el 60% que sí sabía sobre éstas, había obtenido la información principalmente de los medios masivos de comunicación (36.4%), de los amigos (32.8%), de la escuela (19.4%) y tan sólo 9.4% de la familia. Las dos últimas fuentes de información deberían ser las más confiables para obtener información; sin embargo, hemos podido constatar, a través de nuestra experiencia, que los padres de familia rehúyen el tema por desinformación, por miedo o por pensar que el tema de las drogas es inmoral (claro, las ilegales). Las escuelas suelen no tocar el tema desde un punto de vista objetivo. Por el contrario, observamos que recurren a frases prefabricadas tales como: “las drogas son malas”, sin aportar información útil y veraz a los alumnos. El resultado es en verdad grave, el sistema educativo renuncia precisamente a educar sobre uno de los temas donde más y más urgente pedagogía hace falta.
En cuanto a la información que se maneja en los medios, basta con ver algunos titulares como “Esta droga zombie se come tu carne y te mata de adentro hacia fuera”, “Alerta por Krokodil, la droga de los zombies”. Imposible omitir las palabras de Mondragón y Kalb “no quiero ver un país mariguanero”. En ningún caso hay información verídica sino sensacionalismo. En el caso de las declaraciones del titular de CONADIC, estigmatiza y discrimina a las personas usuarias de mariguana sin referir en ningún momento información científicamente válida.
Ante las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, la desinformación y estigmatización en torno a las drogas termina por descalificar a los adultos que están más cercanos a ellos, como sus padres y maestros, neutralizando su rol como figura de autoridad y fuente fiable de información. Los adultos entonces reciben y reproducen ideas equivocadas sobre el riesgo que implica el consumo de cualquier sustancia psicoactiva. A través de las diversas estrategias de reducción de riesgos y daños, en cambio, se busca recolocar la percepción de los diversos riesgos asociados al consumo de drogas ilegales; no sólo en torno a los que tienen que ver con la salud, sino además otros riesgos como los implicados en el acceso al mercado ilegal de drogas a manos del crimen organizado y la posibilidad de ser extorsionados por la policía y el sistema de justicia. Igualmente se trabaja con los riesgos asociados al consumo de alcohol y tabaco.
Existen sectores de la sociedad que viven con cierta tensión la posibilidad del consumo esporádico de sustancias psicoactivas, sin embargo, estos mismos sectores no cuestionan la profusa presencia y permisividad cultural frente al consumo del alcohol; puede decepcionar a un padre o a una madre que un hijo adolescente se emborrache en una fiesta, pero difícilmente lo etiquetarán como alcohólico. En cambio, si estos mismos padres se enteran que ese hijo ha fumado mariguana, es altamente probable que lo etiqueten como adicto y quieran someterlo a un tratamiento urgente para esta “terrible adicción”. A alguien que bebe no se le tilda automáticamente de alcohólico; alguien que puede ocasionalmente fumarse un “churro”, es inmediatamente calificado de “mariguano”, como lo dejó en claro el titular de CONADIC.
Hay muchas formas de consumir drogas, sean legales o ilegales. No debemos confundir el uso, el hábito, el abuso, los usos problemáticos y la dependencia. Hay personas que salen a cenar con amigos, toman una copa de vino o un mezcal para pasar el rato y animar la conversación, y al concluir la velada se van en transporte público o en un taxi; están haciendo uso responsable de una droga y no afectan a nadie. Si por el contrario la copa de vino se convierte en unas botellas y la copa de mezcal en varios más y se embriagan, para luego cada uno subirse a un taxi, están haciendo un uso abusivo de la sustancia que tendrá consecuencias en la salud; probablemente tienen problemas con su “pareja” al llegar a casa, pero no pusieron en riesgo su integridad física ni la de otros, habiendo evitado manejar. Si fuera el caso de que alguno de ellos condujera su vehículo para dirigirse a casa, además del abuso de alcohol, estaría haciendo un uso problemático que implica ponerse y poner en riesgo a otros. Si uno de los amigos quisiera “bajarse la borrachera con una línea de cocaína”, también estaría haciendo un uso problemático de sustancias psicoactivas, pues el alcohol es depresor del sistema nervioso central y la cocaína es un estimulante. La combinación no desaparece la borrachera pero el sujeto se siente alerta y así incrementa el riesgo de un accidente al manejar (entre 30 y 40%, según datos de los Centers for Disease Control and Prevention de E.U. -www.cdc.gov-; en México no hay datos diferenciados).
Ninguno de los casos anteriores implica un problema de dependencia a la o las sustancias (que sea adicto). Puede ser que algunos de ellos simplemente hayan tomado una mala decisión ese día, o bien que carecen de información útil y veraz sobre las implicaciones de mezclar sustancias psicoactivas. Desde esta perspectiva, cada persona usuaria de sustancias psicoactivas debe acceder a la información suficiente que le permita tomar las mejores decisiones.
Condenar las drogas las dota de un “poder mágico”, como si ellas pudieran tomar el control sobre las personas. No es así. Tratar a las sustancias psicoactivas desde la perspectiva aquí propuesta le devuelve a los individuos la responsabilidad en su relación con éstas y de esa manera los empodera para decidir con autonomía la gestión de su propio cuerpo.
Auguramos grandes avances en este acuerdo de trabajo entre la sociedad civil y las autoridades de la Ciudad de México. Esperamos ser testigos de una experiencia de frontera hacia una política pública que reúna y a la vez equilibre la perspectiva de salud pública y el enfoque de respeto a los derechos humanos, con énfasis en la libre determinación de las personas, en concordancia con la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 4 de noviembre de 2015.
Fuente original del artículo:  Animal Político- http://www.animalpolitico.com/blogueros-ruta-critica/2015/12/02/drogas-y-reduccion-de-riesgos-y-danos-un-posible-salto-al-futuro-en-la-cdmx/
Fuente de la imagen: http://www.espolea.org/actividades-de-drogas/espolea-en-el-festival-ometeotl-2015

La paja en el ojo ajeno… EEUU recortó dinero a México por quejas de derechos humanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos recortará a México parte de los recursos que cada año le otorga a través de la Iniciativa Mérida para combatir el problema de las drogas, debido a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas, reveló hoy al diario The Washington Post.

“El Departamento de Estado ha decidido que México no logró alcanzar algunos de los objetivos enfocados a  los derechos humanos, lo que provocó un corte de millones de dólares en ayuda”, expone el diario en una nota firmada por el periodista Joshua Partlow y en la que no especifica de cuánto será el recorte.

En diciembre de 2008, México y Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre laIniciativa Mérida, para contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza en ambos lados de la frontera.

Entre las instituciones que están involucradas se encuentran el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI, la agencia antidrogas DEA y por parte de México: el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Esta semana autoridades de los dos países hicieron una revisión, entre otros, sobre los avances de este acuerdo.

Fuentes exclusivas revelaron al diario que el recorte afectaría a una pequeña parte de los fondos anuales antidrogas dadas a México. “Esto [recorte] es una clara señal de la frustración de Estados Unidos, esto se dio luego de que México ha sido sacudido por varios casos de presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero”, detalla The Washington Post.

A través de la Iniciativa Mérida, un programa estadounidense para apoyar la lucha de México contra los cárteles de la droga, se han destinado 2,300 millones de pesos desde 2008 para equipos como helicópteros y sensores fronterizos, así como programas de capacitación para los miles de funcionarios mexicanos.

“El 15 por ciento del dinero previsto para el Ejército y la policía mexicana está sujeta a las disposiciones que tenga el país de avanzar en la protección de los derechos humanos, incluyendo la aplicación de normas contra la tortura y el enjuiciamiento de las personas de las desapariciones forzadas”, detalla el medio.

Para liberar ese dinero, añade, el Departamento de Estado está obligado a explicar al Congreso de los Estados Unidos el desempeño de México y decir qué medidas está tomando para hacer frente a esos problemas. “Pero este año, las autoridades optaron por no escribir ese informe. La financiación total de la Iniciativa Mérida para el año fue de 148 millones”.

“Es una decisión muy importante que ellos han hecho”, dijo al diario estadounidense Maureen Meyer, experto en México de la Oficina de Washington para América Latina. “Muestra cómo los Estados Unidos están preocupados por la situación de los derechos humanos en México”.

En 2010, revela The Washington Post, el Departamento de Estado y el Congreso habían analizado el tema de los recursos destinados a México en la iniciativa Mérida debido a las preocupaciones por violaciones a los derechos humanos que desde entonces existían, pero esos fondos finalmente fueron proporcionados después de que México tomó medidas, tales como la aprobación de leyes de derechos humanos y la limitación de la jurisdicción de los tribunales militares. “Este año, en cambio, México perdió el dinero”.

“De vez en cuando los países no son capaces de cumplir con los criterios de notificación exigidos por el Congreso”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado en respuesta a una pregunta sobre la ayuda que se otorga a través de la iniciativa.

Con los años, los diplomáticos estadounidenses han expuesto el mejor historial de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas para mantenerlos como socios dispuestos a colaborar en la guerra contra las drogas. “Esta vez, la decisión del Departamento de Estado para desviar fondos de la Iniciativa Mérida hacia Perú se hizo sin ninguna crítica pública hacia México.

“Ellos [autoridades de EEUU] han manejado esto más con pinzas que con martillos”, dijo Eric L. Olson, experto en América Latina en el Centro Internacional Woodrow Wilson, en Washington. “Pero es innegable que envía una señal de que los Estados Unidos no está del todo contento”.

El diario señala que el último informe anual del Departamento de Estado sobre los derechos humanos, en 2014, resaltó que ha habido numerosas denuncias de que las autoridades mexicanas “cometieron asesinatos arbitrarios o detenciones ilegales, a menudo con impunidad”. También describe las acusaciones de tortura y desapariciones por las fuerzas de seguridad.

¿QUÉ DICE MÉXICO?

Sobre el recorte de dinero para la iniciativa, The Washington Post le preguntó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su opinión al respecto y la dependencia federal dijo que la certificación de Estados Unidos de sus esfuerzos por respetar los derechos humanos, conocido como el “Informe de 15 por ciento” es “una obligación impuesta por el Congreso de Estados Unidos sobre el gobierno. No es una obligación que México tiene que cumplir”.

“La política de México es para observar el Estado de Derecho y para demostrar respeto absoluto a y la protección de los derechos humanos”, expuso la SRE en su comunicado difundido por el medio.

En los últimos años, refiere el rotativo, la violencia del narcotráfico se disparó y luego se redujo ligeramente, soldados y agentes de policía regularmente han sido acusados ​​de matar a civiles inocentes, torturar a los testigos y el uso de cantidades desproporcionadas de fuerza en su lucha cárteles de la droga.

En varias partes del país, indica, el Ejército mexicano se ha hecho cargo de las tareas de protección primaria después de que se disolvió la policía municipal, ya que se habían infiltrado integrantes de bandas de narcotraficantes a las corporaciones.

“A pesar de años de la Iniciativa Mérida y los esfuerzos de los Estados Unidos ha hecho para trabajar con el Gobierno mexicano para mejorar la justicia y la rendición de cuentas, ha habido poco progreso”, dijo al diario estadounidense Tim Rieser, asesor de política exterior del senador Patrick J. Leahy. “La Ley Leahy prohíbe al Gobierno de Estados Unidos proporcionar ayuda a las unidades militares extranjeras que cometen violaciones en contra de los derechos humanos”, añadió.

UNA SERIE DE EJECUCIONES

El caso más reciente de los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas implica la desaparición el año pasado de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. “El gobierno mexicano afirmó que la policía municipal de la ciudad de Iguala, Guerrero, detuvieron a los estudiantes, los mataron y quemaron sus cuerpos en un basurero”, recuerda The Washington Post.

La publicación también señala que los investigadores convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyeron el mes pasado que los estudiantes no podían haber muerto incinerados en el basurero de Cocula – como concluye la “verdad histórica”-, y describieron que los soldados supuestamente fueron testigos de la violencia, pero no intervinieron. “Los investigadores observaron un caso mal manejado y los testigos afirmaron haber sido torturados”, según el informe.

“Todo el mundo sabía que [el Gobierno] era el centro de atención en este caso”, dijo Tim Rieser al medio . “Sin embargo, ellos [autoridades mexicanas] trataron de encubrir y ocultar lo que pasó. Muestra la cantidad de impunidad que existe allí y la creencia de que puede salirse con la suya”, subrayó el asesor político al medio.

En el recuento de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de las autoridades. The Washington Post retoma la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, donde el Ejército mexicano estuvo implicado.

“Grupos de derechos humanos también han compilado las acusaciones de que testigos de los asesinatos fueron torturados después del ataque en Tlatlaya. Tres soldados se enfrentan a cargos de homicidio en el incidente y siete policías estatales han sido acusados ​​de tortura”, dice el texto.

En enero, continúa el diario con el recuento, las fuerzas federales presuntamente mataron a 16 civiles en Apatzingán, Michoacán.

Aunque estas cuestiones han suscitado preocupación en Washington, describe el diario, los escándalos no parecen haber generado mucha presión para cambiar la financiación más amplia de Estados Unidos a México.

“Con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, expuesto a intensas críticas internas, el hundimiento de su aprobación, con una economía cojeando y una difícil situación de seguridad en su país, la administración Obama tiene cuidado, explicó al periódico Carl Meacham, director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Ellos [Gobierno de EEUU] no quieren agravar una situación que ya es muy sensible”.

Pero dada la serie de presuntos abusos cometidos por parte de las autoridades mexicanas “es imposible no hacer caso a la realidad”, dijo a The Washington Post Stephanie Erin Brewer, coordinador del Departamento Internacional en el Centro Prodh. “Esto sin duda es un mensaje muy fuerte para México”, sentenció.

Fuente original: Sin embargo, publicada en http://www.eldiariony.com/2015/10/18/eeuu-recorto-dinero-a-mexico-para-iniciativa-merida-por-quejas-de-derechos-humanos-reporta-wp/

¿Qué hace tu Delegación en el tema de atención al consumo de sustancias psicoactivas?

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Debido al conflicto bélico desatado por una estrategia de combate al narcotráfico que ha dejado más de 100 mil muertos y más de 20 mil personas desaparecidas, el tema del uso y consumo de sustancias psicoactivas se ha posicionado en el debate público, con un aumento evidente de voces a favor de una política que incluya y reconozca a las personas usuarias como sujeto de derechos y no como un sujeto problema o delincuente.

El Distrito Federal es una de las ciudades con mayor consumo de sustancias psicoactivas del país, por lo que es importante prestar atención a lo que hace el gobierno de la capital en materia de consumo, regulación y atención de personas usuarias de sustancias psicoactivas.

Con la publicación de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal en 2010, se establecieron lineamientos en la atención y tratamiento de las personas usuarias de sustancias por parte de distintos organismos del GDF como el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA).

Tomando en cuenta que cada Delegación tiene características propias que requieren una política específica de acuerdo con su población y territorio, la legislación las obliga a realizar varias actividades en materia de atención y tratamiento de las personas usuarias de sustancias psicoactivas:

  1. Utilizar el 10% de su presupuesto en comunicación social para realizar campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

  2. Integrar un Consejo Delegacional para la Atención Integral del Consumo de Sustancias, que estaría a cargo de establecer los programas locales al respecto.

  3. Construir una unidad de atención, tratamiento y rehabilitación para el consumo de sustancias psicoactivas en sus respectivos territorios.

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Pero, ¿Qué tanto cumplen con sus obligaciones los gobiernos delegacionales?

¿Conoces los servicios que ofrece tu Delegación para las personas usuarias de sustancias psicoactivas?

¿Sabes cómo se integra y qué temas discute el Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias de tu Delegación?

Las y los ciudadanos usuarios de sustancias psicoactivas tienen derecho a acceder de forma voluntaria a servicios públicos eficaces y oportunos de atención y tratamiento prestados por los gobiernos de las Delegaciones, sin embargo, a casi 5 años de la publicación de esta Ley existen dudas sobre su pleno cumplimiento y su efectividad.

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El tema de atención al uso y consumo de sustancias psicoactivas requiere una participación activa de la ciudadanía para garantizar políticas eficaces con un pleno respeto de los derechos humanos de las personas usuarias. Es por ello que la Red de ciudadanxs de Vigila Tu Delegación, en el marco de la iniciativa #JuventudActúaMx 2015 está trabajando en conjunto con CuPIHD, ReverdeSer Colectivo, Espolea A.C., EPSD México y PAS, para dar seguimiento a la política actual de atención al consumo y asegurar que las Delegaciones efectivamente cumplan con sus obligaciones de ofrecer oportunidades y alternativas de atención en el tratamiento del uso y consumo de sustancias psicoactivas, así como actividades en las que todas y todos podamos participar en lograr la política efectiva que queremos.

Espera pronto más información y conoce de qué manera puedes colaborar para lograrlo.

Conoce la iniciativa completa de la Red de ciudadanxs de Vigila Tu Delegación en http://vigilatudelegacion.org.mx

Fuente: http://vigilatudelegacion.org.mx/consumo-sustanciaspsicoactivas/

Hoy y mañana conoceremos la visión de México y Brasil sobre la política de Drogas

DROGAS, POLÍTICA Y CULTURA: PERSPECTIVAS BRASIL – MÉXICO

Este congreso es una iniciativa conjunta del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en Guadalajara, de la Plataforma Brasileña de Política de Drogas (PBPD) y del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Psicoactivos (NEIP), ambos ubicados en Brasil.

El congreso se centra en los usos tradicionales y contemporáneos de las drogas en las comunidades indígenas, mestizas y urbanas de México y Brasil. Se pretende buscar un debate sobre los cambios y permanencias de los usos tradicionales, religiosos y rituales de sustancias psicoactivas, y los dilemas y perspectivas actuales del uso de drogas en la cultura global contemporánea, incluyendo aquellos usos considerados problemáticos. Se centra en el papel de los factores culturales en la construcción de la “experiencia” en diferentes escenarios. También se discutirán los medios culturales e informales de control, y su relación con los controles formales y legales.

En el actual sistema global, un conjunto muy diferente de drogas son incluidas dentro de un mismo grupo de proscripción, o sea, están prohibidas. Sin embargo, el uso de muchas de estas drogas es parte de la formación cultural y de identidad de diversos grupos sociales, lo que conlleva a consecuencias que serán discutidas en el evento, como la criminalización y el encarcelamiento de grandes contingentes provenientes de estos grupos.

Al analizar el fenómeno del consumo de drogas y el paradigma prohibicionista en las Américas, el Congreso se enfocará en la comprensión del proceso de construcción de la noción político-histórica de “drogas” como una cuestión de salud pública, seguridad pública y seguridad nacional e internacional, un proceso que hace que los países del continente movilicen fuerzas policiales y militares y utilicen grandes cantidades de recursos.

La reunión propone un enfoque comparativo sobre las devastadoras consecuencias —en múltiples niveles— de la prohibición en los dos países más poblados y ricos de América Latina. El objetivo es establecer un diálogo abierto entre las humanidades a partir del derecho a las ciencias de la salud, con el fin de comprender mejor el complejo fenómeno de consumo de drogas y los diversos factores que lo rodean.

El encuentro tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre los expertos brasileños y mexicanos, y encontrar resonancia en los medios de comunicación en ambos países. Las trágicas consecuencias de la guerra contra las drogas en México y Brasil son cada vez más repudiadas, abriendo espacio para que nuevos modelos de gestión en el uso y dependencia de drogas sean discutidos y puedan ir más allá de la represión, del estigma y de la permanente conversión de los ciudadanos en enemigos morales. Al mismo tiempo, se pretende fortalecer el papel y la especificidad de la antropología y de las otras ciencias sociales en el debate público sobre las drogas.

Temas:

  • Similitudes y particularidades históricas sobre el uso de drogas
  • Uso tradicional de las drogas y los derechos de las minorías
  • Usos tradicionales/religiosos/rituales de sustancias psicoactivas y usos recreacionales o problemáticos de “drogas” contemporáneas/occidentales
  • El uso terapéutico y medicinal de sustancias psicodélicas
  • Potenciales de la producción de amapola como medicina legal en México
  • Narco-cultura en México y “cultura de drogas” en Brasil
  • El impacto de la prohibición en el tratamiento para la dependencia
  • El impacto de la prohibición en el sistema penitenciario
  • El impacto de la prohibición sobre la seguridad y la violencia, tales como las UPP en Brasil y la militarización en México
  • El diálogo entre el conocimiento científico y las políticas sobre drogas
  • Experiencias con las políticas e iniciativas para la prevención y reducción de daños
  • Tratamiento involuntario para el crack en Brasil y los tribunales de drogas en México
  • El crack en Brasil y las metanfetaminas en México;
  • La sociedad civil, los medios de comunicación y la academia en movimientos de reforma de las políticas sobre drogas
  • Regulación de los usos médicos, recreativos y rituales del cannabis y sus derivados
  • Los impactos de la regulación de la marihuana en los Estados Unidos sobre América Latina
  • Políticas alternativas de drogas en América Latina y en el contexto internacional
  • Las perspectivas y los roles de México y Brasil en UNGASS 2016

Fuente: http://drogasmexicobrasil.mx/

Brasil y México se unen para revisar políticas sobre drogas

Por MARICARMEN RELLO, Guadalajara

Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina, se unen para debatir y analizar políticas mundiales sobre las drogas, en una conferencia convocada por el Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social (Ciesas) de Occidente que tendrá como sede Guadalajara.

Beatriz Labate, investigadora del Ciesas de Occidente, expuso que la iniciativa busca la interlocución entre ambas naciones sobre varios temas, sin mediar Estados Unidos como habitualmente sucede. En este caso para revisar políticas sobre drogas.

Las propuestas que emanen de la conferencia “Drogas, Política y Cultura”, perspectivas México-Brasil, se plantearán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que por su parte ha convocado a la sociedad civil ha participar en esta revisión global del fenómeno, indicó.

La académica señaló que para México el tema es de coyuntura por los efectos de la política de guerra contra las drogas, emprendida a partir del gobierno de Felipe Calderón “donde los más vulnerables son los jóvenes, mujeres, pobres y campesinos”.

La conferencia que se llevará a cabo 5 y 6 de octubre próximo a partir de las 9:00 horas en la sede del Ciesas de Occidente abordará diversas perspectivas del fenómeno, desde el problema entendido como un crimen que debe ser perseguido por la ley hasta las más progresistas políticas que lo ven como un problema de salud.

“Aunque progresista es una visión limitada” que igual ve a la droga como sustancia ilegal, cuando se limita a entender el contexto de consumo.

En México, expuso, el uso de drogas tiene perspectivas culturales de comunidades indígenas en México.

Labate señaló que se ha dejado de lado la extensa variedad de flora y fauna de México, a partir de la que se gestó el uso como remedios. “En el tema de las plantas con potenciales terapéuticos debía México ser guía en investigación” y promover más el estudio de sustancias psicodélicas, dijo.

La entrada al encuentro es libre y al término de los dos días de trabajo la Declaratoria con posicionamientos políticos será leída por tres mujeres.

Fuente del artículo: Milenio- http://www.milenio.com/region/drogas_Mexico_Brasil-Ciesas_Jalisco-Beatriz_Labate_0_600540087.html

Fuente de la imagen: http://drogasmexicobrasil.mx/index.php/mesa/0601/

¿Qué es el informe “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos” y qué opina Segob al respecto?

La llamada “guerra contra las drogas” desplegada en los últimos 50 años ha provocado desplazamientos forzados, detenciones masivas, hacinamiento carcelario, afectación de las garantías judiciales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Hoy, un grupo de 17 organizaciones de 11 países de América presenta una publicación conjunta sobre “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia del continente americano”. En ella se analiza cómo la “guerra contra las drogas” y el sistema internacional de prohibición han sido implementados de forma tal que se han desbordado los sistemas penales y se han afectado las poblaciones más vulnerables, sin lograr siquiera disminuir los problemas de consumo o de tráfico en la región.

En México, la guerra contra el narcotráfico ha generado al menos 70,000 homicidios relacionados con el tráfico de drogas, así como importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas. Desde finales de 2006, se reforzó el empleo de la fuerza letal y se incrementó de manera significativa la participación de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad para el combate contra las drogas.

El informe conjunto profundiza en la militarización de la seguridad pública, la criminalización del consumo, el debilitamiento del debido proceso, las detenciones masivas, las penas desproporcionadas para delitos de drogas y las restricciones en el acceso a la salud.

También aporta testimonios y remite a casos sobre los abusos a los derechos humanos originados en las políticas de drogas prohibicionistas que fueron implementadas en toda la región. Esto incluye historias como la de Miriam, una mujer mexicana que fue detenida, golpeada y torturada sexualmente hasta que hiciera una confesión falsa respecto a la posesión de drogas; Paulino Huamán, quien fue asesinado en su casa cuando las Fuerzas Armadas de Perú bombardearon su pueblo como parte de la “guerra contra las drogas”; Anny, una niña brasileña de 5 años cuyos padres se vieron obligados a comprarle un medicamento en el mercado negro porque contenía un derivado de la marihuana; y Rocío, una víctima de desplazamiento forzado en Colombia que transportaba pequeñas cantidades de drogas dentro del país para alimentar a sus tres hijos y terminó siendo encarcelada muy lejos de ellos, por un aparente error administrativo.

La publicación pone énfasis en el aumento de la cantidad de mujeres encarceladas por delitos de drogas no violentos y las implicancias que eso tiene para ellas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Aborda el impacto de las campañas de erradicación forzada de cultivos, que amenazan el sustento y hasta la salud de algunas comunidades rurales. Y muestra cómo el racismo se manifiesta en los arrestos relacionados a la marihuana en los Estados Unidos al ser casi 4 veces más probable que una persona afro descendiente sea detenida por esa razón que una persona blanca. Además, se resaltan las experiencias alternativas que se están llevando adelante en Uruguay, Ecuador, Bolivia y algunos estados de los Estados Unidos.

Las organizaciones que participaron en el informe presentan una serie de recomendaciones para que los Estados exploren políticas que busquen reducir la violencia y mejorar las respuestas sanitarias, dado que las medidas prohibicionistas han fracasado en sus intentos de disminuir la oferta de drogas y han contribuido a graves violaciones de derechos humanos en el continente americano. Por ejemplo, se recomienda la descriminalización del consumo y el autocultivo de drogas, y el desarrollo de alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas.

Estas propuestas han empezado a ser exploradas en distintas partes de mundo y nos muestran que los cambios son posibles. Hay alternativas.

Sobre la presentación de este informe en el Senado, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex publicó:
En la presentación de la publicación regional “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos, la experiencia del continente americano”, senadores y representantes de organizaciones consideraron que se requiere analizar otras alternativas para enfrentar el problema.
Al encuentro asistió Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, quien señaló que México se encuentra “bastante solo” en su reclamo para revisar las condiciones en que se da el combate al tráfico y consumo de drogas.
Consideró como logro de México, Guatemala y Colombia la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas, que se llevará a cabo en 2016, y donde se revisarán algunos aspectos de la lucha contra los estupefacientes. Sin embargo, consideró que la actitud internacional para cambiar el actual esquema es “muy conservadora”, toda vez que México ha planteado la necesidad de analizar con seriedad y profundad los diferentes modelos que existen a nivel mundial y sus resultados.
Ello, explicó, porque hay países que están por la prohibición de las drogas, hay un conjunto pequeño de naciones y de estados de la Unión Americana que han optado por la legalización y otros que optan por la despenalización del consumo.
La guerra declarada contra las drogas en los últimos años había generado una violencia extraordinaria, la cual aumentó por los cambios estructurales en las condiciones del mercado. Aunado a ello, agregó, México se enfrenta a características de violencia vinculada con las rutas de acceso de drogas a Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo, así como a un tráfico indiscriminado de armas y dinero ilegal.
El funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) lamentó que las preocupaciones mexicanas no sean las preocupaciones del mundo y consideró injusto que del otro lado de la frontera haya ya muchos estados que legalizaron el consumo medicinal de la mariguana. Mientras, México pone los muertos y 80 por ciento de las mujeres presas en cárceles federales, lo están por transportar drogas.
Por ello, el subsecretario mencionó que México país pedirá que en dicha sesión especial se analicen seriamente las consecuencias de la aplicación de esos modelos a nivel internacional. En tanto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Laura Angélica Rojas Hernández, expresó que no se tiene por qué esperar a que 193 países se pongan de acuerdo para cambiar la forma en que la comunidad internacional combate las drogas y que el debate debe generar las soluciones para que México atienda de mejor manera esta problemática.
Aclaro que el Partido Acción Nacional (PAN) no tiene una posición definida sobre legalizar o no la mariguana, pero “mi posición, en lo personal, es que sí creo que tenemos que regularla, por lo menos, para uso medicinal y científico; y eso es muy importante hacerlo ya”.

A su vez, el senador Alejandro Encinas Rodríguez coincidió en que “es momento de hacer un replanteamiento total de la política” en la materia y dar un paso hacia la regulación de las drogas para usos medicinales e investigación científica.

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  1. CMDPDH- http://cmdpdh.org/2015/08/el-impacto-de-las-politicas-de-drogas-en-los-derechos-humanos/
  2.  Notimex, publicado en: http://www.20minutos.com.mx/noticia/b322801/debaten-en-senado-politica-de-combate-a-drogas-en-america-latina/#xtor=AD-1&xts=513356