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DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS DE DIFERENTES PARTES DEL MUNDO A PROPÓSITO DE LAS 5 MUERTES EN ARGENTINA

A propósito del desgraciado suceso ocurrido en Argentina hace pocas semanas en el que 5 personas resultaron fallecidas y 4 intoxicadas graves, las organizaciones de reducción de riesgos que firmamos esta declaración queremos plantear algunas reflexiones y propuestas a tener en cuenta a la hora de abrir el debate sobre el enfoque de reducción de riesgos y daños, y sobre las acciones a realizar especialmente en los espacios de fiesta.

  • El consumo lícito o ilícito de drogas es una realidad cambiante y que no dejará de existir. Es por ello que debe promoverse un trabajo orientado a minimizar los efectos perjudiciales para el individuo y para la sociedad.
  • Entendemos que un enfoque de Salud Pública en materia de drogas debe reconocer la reducción de riesgos y daños como estrategia fundamental e integrada en todos los abordajes preventivos. Con ello se adquiere una perspectiva más globalizadora de la prevención y realiza una aproximación preferente sobre colectivos con mayor vulnerabilidad y en situación de riesgo.
  • La reducción de riesgos, aunque se articula perfectamente con la reducción de daños, se diferencia de esta última en que pone el foco en influir sobre las condiciones previas y las que se dan durante el consumo de drogas con fines recreativos, en espacios de fiesta y ocio, en personas que no tienen problemas graves derivados de este consumo. Actuamos sobre ese 90% de personas consumidoras que no tienen problemas graves derivados del consumo de drogas pero que demandan información para el cuidado de su salud física y mental y no desean abandonar el consumo.
  • Reconocemos que la población consumidora se preocupa e interesa en la protección de su salud. Es por ello que agradece, y es de derecho aportarles, la información y pautas para un consumo de menor riesgo (cómo gestionar el consumo, qué pautas de dosificación seguir o cuáles son las vías de administración menos riesgosas para usar drogas). Se trata de una información muy relevante para reducir el riesgo y que habitualmente no está disponible o al alcance de la persona que quiere consumir.
  • La reducción de riesgos no se limita a las acciones sobre el consumo de drogas como brindar información objetiva y útil para la protección de la salud de las personas que usan drogas, realizar análisis de sustancias, generar alertas tempranas, contar con zonas de recuperación, etc. También implica la reglamentación de los espectáculos, de los servicios de atención sanitaria en las fiestas, del control del aforo, del acceso a hidratación y alimentación, la actualización en conocimientos del sector salud, la actualización normativa, el involucramiento de lo/as empresario/as de los espectáculos, entre otros aspectos.
  • Dado que las drogas están en manos de un mercado ilegal que busca su beneficio a través del fraude al consumidor/a, entendemos que los servicios de análisis son posibles y necesarios en el marco de políticas de drogas con un enfoque de Salud Pública para que la persona pueda contar con una orientación sobre la composición de las drogas que va a tomar y que esa información le sirva para adoptar las precauciones necesarias. La puesta en marcha de estos servicios requiere de la suma de voluntades de Administraciones, ONG y sector ocio.
  • También consideramos que los servicios de análisis de sustancias presentan ventajas añadidas como son la posibilidad de una monitorización del mercado ilegal a nivel de usuario/a, la construcción de una relación de confianza con la persona usuaria que permita la recuperación de la credibilidad en las instituciones que trabajan en el ámbito de las drogas y el fortalecimiento de la red de atención en casos de emergencia.
  • Asimismo, queremos destacar el carácter comunitario de los programas de reducción de riesgos que no sólo buscan y consiguen la implicación de las propias personas consumidoras de drogas, sino que también implican a profesionales de diferentes ámbitos en un objetivo común: la atención a personas usuarias de drogas.
  • Quienes desarrollamos programas de reducción de daños somos conscientes de que no somos la única solución, que nuestras acciones vienen después de las acciones de prevención del consumo de drogas con énfasis en la infancia y adolescencia, y que se desarrollan antes de que tenga que llegar un tratamiento especializado para personas que tienen problemas con el consumo. Somos conscientes de que llegamos un pequeño grupo de personas en la sociedad, que es el que consume drogas, pero también estamos seguros que somos los que llegamos al mayor número de personas usuarias.
  • La mayoría de los proyectos en reducción de riesgos y daños han surgido de la motivación y el impuso de la sociedad civil para con el tiempo ser reconocidos, apoyados y articulados con la institucionalidad pública. En esa misma medida deben continuar con su enfoque de base comunitaria y deben contar con mayor apoyo financiero y técnico permanente para el desarrollo y mejoramiento de los servicios que prestan.

Lamentando los sucesos ocurridos en Argentina, entendemos seria momento para iniciar un debate constructivo y avanzar en políticas de salud pública, que partiendo de un conocimiento de la realidad de los consumos de drogas se establezcan alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con el sector para mejorar la seguridad de los eventos y minimizar riesgos vinculados al consumo de drogas.

20 de mayo de 2016

Crew 2000 Scotland www.crew2000.org.uk 1992 1CrewLogo
Modus Vivendi Belgium www.modusvivendi-be.org 1993  2ModusVivendiLogo
Hegoak Spain www.hegoak.org/ 1994  3HegoakLogo
Drug Scouts Germany drugscouts.de 1996 4DrugScoutsLogo
Unity Netherlands www.unity.nl 1996  5UnityLogo
GRIP Montréal Canada gripmontreal.org 1997 GripLogo
Energy Control (ABD) Spain www.energycontrol.org 1997  7EnergyControlLogo
CheckIT! Austria http://www.checkyourdrugs.at 1997  8CheckItLogo
DanceSafe EEUU http://www.dancesafe.org 1998

9DanceSafeLogo

Ailaket Spain www.ailaket.com 1998  10AilaketLogo
Drogart Slovenia www.drogart.org 1999  11DrogArtLogo
4motion Luxembourg http://4motion.lu 2002
PSF Italy www.psicologisenzafrontiere.org 2004  13PSFLogo
Contact Netz, Foundation for Addiction Care Switzerland http://www.contactnetz.ch 2004 14COntactLogo
Safer Clubbing Switzerland www.saferclubbing.ch 2005  16SaberClubbingLogo
Safer Nightlife Switzerland Switzerland http://www.infodrog.ch/nightlife-aktivitaeten.html

 

2006  17SNSLogo
CHECK!N Portugal http://checkin-freemind.com 2006  18CheckInLogo
Espolea México www.espolea.org 2006  LOGO-texto alta (1)
ARSU Festa Spain http://festa.arsu.es 2008 20ArsuLogo
Kosmicare United Kingdom www.kosmicareuk.org 2009 21KosmicareLogo
Échele Cabeza (ATS) Colombia www.echelecabeza.com 2010 logo
Party + European Network www.partyplus.eu 2011  23PartyLogo
Legal-high-inhaltsstoffe Germany www.legal-high-inhaltsstoffe.de 2011 24LegalHighLogo
Respire Redução de Riscos e Danos Brasil http://edelei.org/post/28-Projeto-ResPire 2011  25RespireLogo
Safer Dance Swiss Swiss http://de.saferdanceswiss.ch 2011  26SaferDanceLogo
NEWNet European Network www.safernightlife.org 2013  27NewNetLogo
Programa de Análisis de Sustancias (PAS) México 2014  28PASLogo
ReverdeSer Colectivo México reverdeser.wordpress.com 2015  Logo Reverdeser Vector 2
Karmik Canada http://www.karmik.ca  29KarkikLogo
ACT Investigation of Novel Substances (ACTINOS) Australia http://www.harmreductionaustralia.org.au/david-caldicott/ 2016  30ACTLogo

Foto: Intercambios, Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas

Consumir sin delinquir

Artículo de Catalina Pérez Correa para la Revista Nexos
Profesora-investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

Por todas partes se escucha decir que en México no se penaliza el consumo de sustancias ilícitas. Esta afirmación es engañosa, por decir lo menos. Si bien en México “consumir” no es un delito, los consumidores cotidianamente son criminalizados y sancionados por el derecho penal. Empiezo por contar tres casos reales de consumidores criminalizados, omito detalles por razón de espacio y para guardar la identidad de los involucrados.

Caso 1. Cuatro amigos deciden salir a comprar marihuana al municipio contiguo al que viven. Les han dicho que en el sitio al que se dirigen venden producto más barato y de mejor calidad. Compran mil 800 gramos de marihuana que pretenden repartir entre los cuatro. De regreso a su municipio son detenidos e inspeccionados en un retén. Al encontrar la marihuana los cuatro son detenidos y puestos a disposición del ministerio público local donde son acusados por transporte de marihuana, delito que lleva una pena mínima de 10 años y una máxima de 25.

Caso 2. Un hombre de entre 40 y 50 años sufre un episodio de depresión cuando su padre muere y su esposa lo abandona. Uno de los síntomas de su cuadro es tener ataques de ansiedad y pánico. Un amigo le recomienda tomar —y le provee— Rivotril®, un medicamento que contiene Clonazepam, sustancia controlada que puede ser comprada en farmacias con receta médica e indicada para la epilepsia y los ataques de pánico. El hombre es detenido y encontrado con dos pastillas de Clonazepam. Al no tener receta médica que acredite la procedencia del medicamento, es acusado de posesión simple, delito que lleva aparejada una pena mínima de cuatro años y una máxima de siete.

Caso 3. Un hombre joven es detenido y registrado por la policía cuando camina por la calle. Se le encuentran dos cigarrillos de marihuana en uno de los bolsillos. Es arrestado, subido a una patrulla, paseado un rato por la ciudad y puesto a disposición del ministerio público donde se determina que los cigarrillos pesan 4.1 gramos. Se inicia una averiguación previa pero tras nueve horas de arresto es puesto en libertad por estar dentro del rango permitido por la Ley General de Salud.

En los tres casos se trata de consumidores —aun cuando podríamos pensar que la cantidad de los amigos del caso 1 era excesiva para el consumo personal de los involucrados, pido al lector(a) que asuma que eran consumidores (primodelincuentes) y sin fin ulterior al del consumo—. En los tres casos el consumo llevó a los involucrados a cometer un delito “contra la salud” y justificó su detención, procesamiento, y en los primeros dos casos, la imposición de severo castigo penal (con todos los costos sociales y personales que implica). Así, llegamos a una primera conclusión: decir que el consumo de sustancias ilícitas no está penado en México no es lo mismo que decir que los consumidores no son criminalizados y sancionados penalmente en nuestro país.

Entre 2009 y 2013 fueron detenidas, por la PGR a nivel nacional, 140 mil 860 personas por consumo de sustancias ilícitas. En ese mismo lapso fueron iniciadas, también por consumo, 52 mil 74 averiguaciones previas en el sistema federal.1 En 2013 solicitamos información sobre personas detenidas por consumo de sustancias ilícitas a las 32 entidades federativas. Obtuvimos respuesta de 28 estados. De éstos, 16 proporcionaron la información solicitada, mientras que seis proporcionaron información sobre narcomenudeo y otros cuatro respondieron desconocer la información requerida. En los estados que proporcionaron la información solicitada hubo un total de cuatro mil 708 detenidos por consumo entre 2009 y 2012, aunque hay que recordar que el plazo para implementar la reforma en materia de narcomenudeo vencía en 2012 y que varias entidades no aplicaban la ley de narcomenudeo antes de ese año.2

¿Porqué fueron detenidas y procesadas estas personas por una conducta que no es delito? De acuerdo con el derecho actual, la posesión de sustancias ilícitas, para cualquier fin y en cualquier cantidad, es un delito. En casos de posesión para consumo (de algunas sustancias y sólo en determinadas cantidades) la ley establece que el ministerio público no hará una acusación penal frente a un juez por el delito (Ley General de Salud o LGS, artículo 475-II). Sin embargo, en esos casos, la ley ordena la detención del consumidor y la intervención de las instituciones penales. Decir que los consumidores son criminalizados significa que, en casos de posesión para consumo, el aparato penal se pone en marcha y trata a los consumidores como criminales: la policía detiene al consumidor y lo presenta ante el ministerio público, aunque no se sancione penalmente (con cárcel o de otra forma). El joven del caso 3 está en este supuesto: fue arrestado y detenido en la agencia del ministerio público mientras se determinaba su liberación, se inició una averiguación previa y después fue liberado.

La fórmula es extraña y moralmente cuestionable. ¿Cuántas conductas que no son delito permiten —o peor, obligan— la detención y procesamiento de quien las comete? Los casos que vienen a la mente son contados. Un ejemplo es conducir en estado de ebriedad, que en el DF no está tipificado como delito pero sí se ordena el arresto del infractor. Y no sorprende dado el elevado número de personas fallecidas anualmente en accidentes automovilísticos que involucran alcohol. De acuerdo con la Secretaría de Salud, cada hora hay en promedio un muerto y 20 lesionados por accidentes viales en el país. Los accidentes viales son la primera causa de muerte en personas de 5-14 años y la segunda causa de muerte en personas de 15-35 años. Entre 40% y 60% de los accidentes de tránsito mortales están relacionados con el consumo de alcohol (SSA, Conapra). Pero incluso tratándose de una conducta sumamente riesgosa, que puede producir graves daños a la salud y propiedad propia y ajena, no se ordena el arresto penal. La persona no es puesta a disposición de ministerio público, sino de un juez cívico. Los infractores son obligados a permanecer en arresto administrativo —en el famoso “Torito”— que si bien es horrible —me han contado— no es igual a las celdas de una agencia del ministerio público —he visto más de un par—. Nunca se usa al ejército para realizar esas detenciones sino a la policía.

Los consumidores de sustancias ilícitas reciben un trato “especial” por nuestro sistema legal. No son criminales pero son tratados como personas riesgosas que deben ser contenidas y apartadas de la sociedad con toda la fuerza del Estado. Son marcados por su condición y dejados a la discrecionalidad de nuestras instituciones penales.

El problema de la criminalización de los usuarios es agravado aún más por los umbrales de posesión máximas establecidas en la LGS que resultan en la detención, procesamiento y sanción —como narcomenudistas— de consumidores que posean cantidades mayores a las toleradas. En estos casos, a diferencia del supuesto del caso 3, no hay tolerancia. Los consumidores que portan cantidades mayores a las permitidas (como en el caso 1), o que traen cualquier cantidad de las sustancias no contempladas en la tabla de la LGS (caso 2) son detenidos y procesados por posesión en modalidad de narcomenudeo.

Los datos son reveladores. Entre 2009 y 2013 fueron iniciadas 87 mil 746 averiguaciones previas por delito de posesión en el fuero federal (la mayoría con detenido —lo que nos dice que probablemente fueron casos de flagrancia).3 También solicitamos información sobre esto en los estados y encontramos que entre 2009 y 2013 fueron detenidas, por lo menos, 48 mil personas por narcomenudeo (no todos los estados dieron información). De éstas, 11 mil 977 fueron detenciones por posesión simple (ver gráfica) —aunque hay que señalar que de las 25 procuradurías que dieron información sobre posesión sólo 14 aportaron información específica sobre posesión simple, así que la cifra podría ser mayor.

01-consumir-grafica-01

Los casos de posesión simple nos informan sobre posibles consumidores parecidos a los casos aquí relatados. El delito de posesión simple se acredita cuando “por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente”. En otras palabras, en los casos de posesión simple no hay una intención de venta o distribución, ni siquiera de compartir lo que se porta. La simple posesión es el delito meritorio de mínimo cuatro años de cárcel.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2011), la prevalencia anual4 en el consumo, de cualquier droga, de la población encuestada fue de 1.8%. Si la ENA es representativa de la población nacional entre 12 y 65 años, ello significa que alrededor de un millón 200 mil personas habían consumido alguna sustancia ilícita en el transcurso del año anterior al levantamiento. En nuestro sistema legal, sin embargo, toda conducta previa al consumo (poseer, cultivar, suministrar, fabricar, etcétera) es delito. Esto significa, salvo que alguien les haya detenido el churro o la sustancia involucrada mientras consumía, que tenemos más de un millón de delincuentes libres o, visto desde el otro lado, más de un millón de personas usuarias expuestas a la arbitrariedad de nuestras instituciones penales.


1 PGR vía infomex, folios 0001700136313 y 0001700169413.

2 Véase Pérez Correa et al., Consumo y consumidores de drogas ilícitas en México, Cuadernos de Trabajo Programa de Política de Drogas, CIDE, 2014.

3 Vía infomex 0001700157814.

4 Se refiere a personas que han consumido drogas o presentado síntomas o diagnóstico de dependencia en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta.

Las drogas y la despenalización

Cancilleres y otros representantes de 32 de los 34 países miembros de la OEA participaron la semana pasada en una asamblea extraordinaria de esa entidad para analizar posibles cambios de políticas regionales para el combate contra las drogas. La cita tuvo como antecedente a la asamblea general del año pasado, que pidió analizar la opción de la despenalización como una posible forma de evitar la violencia y corrupción que el tráfico de drogas provoca.
La sesión de la OEA se realizó en Guatemala y no llegó a sugerir el debate de la legalización como una vía para enfrentar este flagelo, pero tampoco se refirió, como en años anteriores, a conceptos como “droga cero” ni “guerra frontal contra el tráfico de estupefacientes”.
Con 32 asistentes, era obviamente muy difícil que se lograra un consenso respecto a la despenalización de las drogas, un tema que sigue siendo muy polémico y respecto del cual solamente Uruguay ha dado un paso trascendental con la legalización de la marihuana. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anfitrión del encuentro, apoya también la legalización de la producción, consumo y tráfico de drogas, incluida la cocaína. Otros mandatarios se animan a plantear que la despenalización sea por lo menos debatida. Entre ellos, Juan Manuel Santos, de Colombia, y Rafael Correa, de Ecuador, como recordó el suplemento Aldea Global de Página Siete.
Pérez Molina se mostró frustrado con la tibia resolución de la OEA formada en su país y dio a entender que Guatemala no tiene por qué esperar a que las otras naciones tomen iniciativas en el sentido que esa nación desea asumir. “Las políticas (del combate a las drogas) responden a intereses de otro país, en Guatemala no somos consumidores, somos un país de tránsito”, expresó el Mandatario.
En México y Centroamérica se registran 30 muertes por cada 100 mil habitantes al año debido a la violencia que generan los cárteles de las drogas, la cifra más alta entre los países que no que no enfrentan una conflagración bélica. En Europa muere una persona por cada 100 mil habitantes.

La cita de la OEA en Guatemala buscaba alcanzar un consenso regional sobre el combate a las drogas y llevar el mismo a la Asamblea de Naciones Unidas de 2016. Existen grupos de presión y países que insistirán para ese evento la despenalización de las drogas como la única vía que reducirá la violencia y bajará los niveles de corrupción ocasionados por el tráfico. Este diario considera que es precisamente ésta la vía para luchar contra los problemas mencionados líneas arriba.

En México y Centroamérica se registran 30 muertes por cada 100 mil habitantes al año debido a la violencia que generan los cárteles de las drogas.

FUENTE: http://www.paginasiete.bo/opinion/2014/9/26/drogas-despenalizacion-33268.html

Ve Zedillo apertura en debate de drogas

Al participar en la presentación del nuevo informe de la Comisión Global para la Política de Drogas, Ernesto Zedillo abogó por la creación de un nuevo régimen internacional para la problemática. Foto: AFP

Por Rafael Mathus Ruiz. Nueva York, Estados Unidos (11 septiembre 2014).

El debate sobre la despenalización de drogas avanza en México, donde existe mayor apertura para discutir el tema, dijo el ex Presidente Ernesto Zedillo en entrevista con REFORMA.

Zedillo participó ayer en la presentación de un nuevo informe de la Comisión Global para la Política de Drogas que llama a despenalizar el uso de drogas y regular su distribución para que los gobiernos le quiten el control del mercado al crimen organizado.

“Yo noto mucha mayor apertura (en México), noto que hay organizaciones que han adoptado posiciones progresistas muy similares a las que hemos adoptado en esta comisión”, destacó.

“Yo noto que miembros del Gobierno y de la Oposición debaten con mucha mayor amplitud que en el pasado. Hay terreno fértil para que el debate continúe y con el tiempo se concretice en una adaptación de las políticas de drogas en nuestro País”.

El ex Presidente abogó por la creación de un nuevo régimen internacional de drogas.

“Necesitamos un cambio en el régimen internacional de drogas para que podamos tener ese espacio. Necesitamos que la situación continúe evolucionando en Estados Unidos, y necesitamos, y esto es muy importante, estrechar la coordinación con nuestros países hermanos de América Latina”, apuntó.

“Creo que la mejor oportunidad que existe para promover un cambio en el régimen internacional habrá de provenir de lo que yo quisiera ver como un bloque latinoamericano y caribeño”.

Insistió en que observa una actitud abierta por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto para encarar el tema y ayudar a construir esa coalición regional.

Los Presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de Colombia, Ricardo Santos, se han pronunciado abiertamente a fomentar el debate.

Instalado desde hace años en Yale, Zedillo aboga junto a los ex Presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y de Colombia, César Gaviria, por cambios en las políticas de drogas.

Fuente: http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=337431&v=2

El lanzamiento del cannabis legal en Colorado está teniendo éxito

colorado

Por John Hudak para Brookings.

En noviembre de 2012, los electores en Colorado decidieron experimentar con el cannabis, aprobando una enmienda constitucional que legalizaba la venta de cannabis al menudeo (para uso recreativo). Fue una medida audaz, pero que también requería acción rápida, decidida y sin precedentes por parte del gobierno estatal para implementar las políticas. Colorado necesitaba establecer un sistema legal, regulatorio e impositivo para que el producto estuviera disponible en dispensarios el 1 de enero de 2014. Como parte de un análisis de la implementación y lanzamiento de esta medida en Colorado, John Hudak de Brookings estuvo en Denver durante una semana entrevistando a funcionarios elegidos, reguladores,representantes de la industria y otros actores que cumplen una variedad de funciones, y que incluyen partidarios y opositores de las políticas de legalización.

Entonces, ¿cómo le fue al estado? Pues resulta que, en gran medida, Colorado ha tenido éxito en su lanzamiento del sistema de cannabis legal, y sus esfuerzos iniciales de implementación han sido impresionantes. El informe detalla los éxitos, cómo ha podido el estado lograr un lanzamiento efectivo y qué retos enfrenta.

Para ver el informe: http://www.wola.org/sites/default/files/Drug%20Policy/Spanish%20version%20of%20one%20pager.pdf

Fuente: http://drugpolicydebateradar.com/2014/09/11/el-lanzamiento-del-cannabis-legal-en-colorado-esta-teniendo-exito/

Cinco maneras de poner fin a la guerra contra las drogas; Comience por despenalización del uso de drogas

Por Fernando Henrique Cardoso. Miércoles 10 de septiembre de 2014

El régimen internacional de control de drogas se ha roto. Los enfoques del pasado, que tenían como premisa un paradigma de aplicación de la ley de forma punitiva, han fracasado enfáticamente. Han dado lugar a más violencia, a poblaciones carcelarias más grandes, y a la erosión de la gobernabilidad en todo el mundo. Los daños a la salud asociados con el consumo de drogas han ido a peor, no mejor. La Comisión Global de Políticas de Drogas aboga por un enfoque de la política de drogas que pone a la salud pública, la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el desarrollo en el centro.

A continuación he enumerado las cinco vías para poner fin a la guerra contra las drogas recomendadas por la Comisión Global de Políticas de Drogas que presido. (Otros miembros de la comisión, que van de Kofi Annan a Paul Volcker al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo se enumeran después de las recomendaciones.)

1. Poner a la salud y la seguridad de las comunidades en primer lugar requiere una reorientación fundamental de las prioridades políticas y los recursos, que deje de lado las fallidas leyes punitivas e impulse intervenciones en el campo de la salud y sociales basadas en evidencia.

Tanto los objetivos declarados de las políticas para el control de drogas, como los criterios que las evalúan, ameritan una reforma. Los objetivos e indicadores tradicionales —como el número de hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, la cantidad de drogas incautadas y el número de personas arrestadas, juzgadas, condenadas y encarceladas por violar las leyes relacionadas con las drogas— no produjeron resultados positivos.

Mucho más importantes son los objetivos e indicadores enfocados en reducir los daños relacionados con las drogas, como las sobredosis fatales, el VIH/SIDA, la hepatitis y otras enfermedades, así como los daños relacionados con la prohibición, tales como el crimen, la violencia, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la degradación del medio ambiente, el desplazamiento de comunidades y el poder de las organizaciones criminales. El gasto en medidas contraproducentes debe terminar, mientras que la probada prevención, la reducción de daños, así como el tratamiento deben recibir los recursos necesario.

2. Se debe asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales, en particular a los medicamentos contra el dolor derivados del opio.

Más del ochenta por ciento de la población mundial carga con el enorme peso de un dolor y sufrimiento evitables, con escaso o nulo acceso a este tipo de medicamentos. Esta situación persiste pese a que evitar el dolor y el sufrimiento son un objetivo y una obligación básica del marco mundial para el control de drogas.

Los gobiernos deben fijar planes y plazos claros para eliminar los obstáculos nacionales e internacionales que impidan este acceso. Ellos deberán también asignar los fondos necesarios para un programa internacional —con supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y desarrollado en cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)— para garantizar el acceso equitativo y asequible de estos medicamentos allí donde no estén disponibles.

3. Es preciso poner fin a la penalización del uso y posesión de drogas, y dejar de imponer “tratamientos obligatorios” a las personas cuyo único delito es el consumo de drogas o su posesión.

La penalización del uso de drogas tiene poco o ningún impacto en los niveles de consumo de sustancias en una sociedad abierta. Tales políticas, sin embargo, estimulan comportamientos de alto riesgo como inyectarse sin seguridad, hacen que las personas que necesitan tratamiento no lo busquen, evitan que los recursos de aplicación de la ley se vuelquen a los delitos realmente graves, reducen el personal y los fondos gubernamentales que de otro modo podrían invertirse positivamente en la vida de las personas y perjudican a millones con los efectos negativos y de largo plazo de una condena penal.

Utilizar el sistema de justicia penal para obligar a las personas arrestadas por posesión o consumo de drogas a someterse a “tratamiento” muchas veces hace más daño que bien. Mucho mejor es garantizar la oferta de diversos servicios de apoyo en las comunidades. Cabe destacar que esta recomendación no requiere de ninguna reforma de los tratados de control de drogas internacionales.

Se debe optar por alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos y de los eslabones más bajos de la cadena, como lo son los campesinos, mulas y otros involucrados en la producción, transporte y venta de drogas ilícitas.

Los gobiernos dedican cada vez más recursos a detectar, arrestar y encarcelar a las personas involucradas en el mercado de drogas ilícitas —con poca o ninguna evidencia de que tales esfuerzos reduzcan los problemas causados por las drogas o eviten que otros sigan el mismo camino. Las intervención que involucran a las comunidades y las sansiones no penales generalmente resultan menos costosas y más efectivas que la penaliza-ción y el encarcelamiento.

Los campesinos y jornaleros que hacen parte del mercado de las drogas, participando en el cultivo, procesamiento, transporte o venta de droga como una una forma de subsistencia para sus familias, no deben ser sujetos del castigo penal. Únicamente los esfuerzos de desarrollo socioeconómico a largo plazo que mejoren el acceso a la tierra y al trabajo digno, reduzcan la desigualdad económica y la marginación social y que refuercen la seguridad pueden ofrecerles una legítima estrategia de escape.

4. Es preciso enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como la violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí y con el Estado.

Los gobiernos deben ser mucho más estratégicos, anticipando las maneras en que ciertas iniciativas de aplicación de la ley, en particular los operaciones de mano dura militarizadas, pueden muchas veces exacerbar la violencia criminal y la inseguridad pública sin de hecho detener la producción, tráfico o consumo de drogas. Desplazar la producción de drogas ilícitas de un lugar a otro o el control de una ruta de tráfico de una organización criminal a otra muchas veces causa más daño que beneficios.

Los objetivos de la represión de la oferta de drogas deben reorientarse desde la inalcanzable erradicación del mercado hacia posibles reducciones de la violencia y los daños asociados con el tráfico. Los recursos de la aplicación de la ley deben dirigirse hacia los elementos más violentos, perturbadores y problemáticos del mercado, conjuntamente con la cooperación internacional para combatir el lavado de activos y la corrupción. Militarizar los esfuerzos antidrogas rara vez es efectivo y a menudo es contraproducente. Es fundamental una mejor y más amplia rendición de cuentas en relación con los abusos a los derechos humanos cometidos en las acciones coercitivas contra las drogas.

5. Se deben permitir e incentivar distintos experimentos de regulación legal del mercado con drogas actualmente ilícitas empezando, entre otras, por el cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas.

Mucho se puede aprender de los éxitos y fracasos de la regulación del alcohol, el tabaco, los fármacos y otros productos y actividades que presentan riesgos para la salud y de otro tipo para los individuos y las sociedades.

Se necesitan nuevos experimentos que permitan el acceso legal pero restringido a drogas que actualmente están disponibles solo de manera ilegal. Esto debe incluir la expansión del tratamiento asistido con heroína para algunos usuarios dependientes de larga data, que resultó tan eficaz en Europa y Canadá. En última instancia, el método más efectivo para reducir los extensos daños causados por el régimen mundial de prohibición de drogas y para promover los objetivos de salud pública y seguridad es controlar las drogas a través de una regulación legal responsable.

Se debe aprovechar la oportunidad que presenta la UNGASS de 2016 para reformar el marco internacional de políticas de drogas.

El liderazgo de la Secretaría General de la ONU es esencial para asegurar que todas las agencias de la ONU relevantes —no solo aquellas dedicadas a la aplicación de la ley sino también a la salud, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo— participen plenamente de una evaluación ‘única de la ONU’ acerca de las estrategias mundiales para el control de la droga. La Secretaría de la ONU debe facilitar de inmediato un debate abierto que incluya nuevas ideas y recomendaciones con base en la evidencia científica, los principios de salud pública, los derechos humanos y el desarrollo.

En las últimas décadas un creciente número de países ha defendido con éxito cambios en las políticas dirigidos a la reducción de daños, al cese de la penalización de los usuarios de drogas, a la proporcionalidad de las condenas y a las alternativas al encarcelamiento, al amparo de la flexibilidad jurídica que permiten los tratados de la ONU. La exploración de interpretaciones flexibles de los tratados internacionales sobre drogas es un objetivo importante, pero en última instancia se deberá reformar el marco internacional para el control de drogas con el fin de que permita una regulación legal y responsable.

GLOBAL COMMISSION ON DRUG POLICY MEMBERS

Kofi Annan
chairman of the Kofi Annan Foundation and former Secretary-General of the United Nations, Ghana
Louise Arbour
former U.N. High Commissioner for Human Rights, Canada
Pavel Bém
former mayor of Prague, Czech Republic
Richard Branson
entrepreneur, advocate for social causes, founder of the Virgin Group, cofounder of The Elders, United Kingdom
Fernando Henrique Cardoso
former President of Brazil (chair)
Maria Cattaui
former Secretary-General of the International Chamber of Commerce, Switzerland
Ruth Dreifuss
former Minister of Social Affairs and former President of Switzerland
Cesar Gaviria
former President of Colombia
Asma Jahangir
human rights activist, former U.N. Special Rapporteur on Arbitrary, Extrajudicial and Summary Executions, Pakistan
Michel Kazatchkine
UN Secretary-General Special Envoy on HIV/AIDS in Eastern Europe and Central Asia, and former Executive Director of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, France
Aleksander Kwasniewski
former President of Poland
Ricardo Lagos
former President of Chile
George Papandreou
former Prime Minister of Greece
Jorge Sampaio
former President of Portugal
George Shultz
former Secretary of State, United States (honorary chair)
Javier Solana
former European Union High Representative for the Common Foreign and Security Policy, Spain
Thorvald Stoltenberg
former Minister of Foreign Affairs and UN High Commissioner for Refugees, Norway
Mario Vargas Llosa
writer and public intellectual, Peru
Paul Volcker
former Chairman of the U.S. Federal Reserve and of the Economic Recovery Board, United States
John Whitehead
former Deputy Secretary of State, former Co-Chairman Goldman Sachs & Co., Founding Chairman, 9/11 Memorial & Museum, United States
Ernesto Zedillo
former President of Mexico

Costa Rica: Un nuevo modelo para las normas penitenciarias en América Latina?

hacinamiento-en-carceles-de-costa-rica

Por Geoff Thale y Adriana Beltran de WOLA29 de Agosto de 2014

El hacinamiento carcelario es generalizado en América Latina, pero Costa Rica ha comenzado lentamente a implementar reformas políticamente sensibles pero necesarias. Esto incluye programas de formación profesional y resistencia ante leyes de drogas con condenas más duras.

El hacinamiento en las cárceles es un problema generalizado en América Latina, principalmente debido a las duras sentencias de las leyes de drogas y a presupuestos inadecuados, pero Costa Rica, puede estar poniendo un ejemplo útil para solucionarlo. En la mayoría de los países, los guardias controlan el perímetro, pero los grupos de presos o las bandas criminales se organizan y controlan la vida en el interior del recinto penitenciario. Los programas de rehabilitación y reinserción son limitados.

Como era de esperar, hay poco liderazgo político para la reforma penitenciaria; la cuestión gana pocos puntos con el público en general. Incluso los dramáticos acontecimientos – como motines carcelarios en Venezuela o incendios de prisión en la que cientos de hombres jóvenes mueren como en Honduras – no generan interés en la reforma penitenciaria. Un componente clave del sistema de justicia criminal – como elemento de disuasión, un castigo, y como proveedor de servicios de rehabilitación y reintegración que reducirán la reincidencia – las prisiones son a menudo descuidados.

Mientras que Costa Rica enfrenta crecientes problemas relacionados con las drogas, un análisis multi-país por la Oficina de Washington para América Latina sobre justicia penal y penitenciaria y los problemas persistentes en América Latina – con el objetivo de identificar soluciones estratégicas – indica que el país destaca por haber realizado, al menos, reformas modestas de sus prisiones para evitar que se conviertan en caldo de cultivo para los delincuentes y bandas cada vez más endurecidas.

Las condiciones de reclusión en Costa Rica no han estado entre las peores de América Latina, aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en su Informe de Derechos Humanos en 2013 que eran “duras” y que “el hacinamiento, el saneamiento inadecuado, las dificultades para obtener atención médica, y la violencia entre los presos seguían siendo serios problemas”. Hasta hace muy poco, cuando las nuevas leyes de sentencia de drogas y medidas contra la delincuencia aumentaron la población penitenciaria, el sistema general no superó su capacidad. Incluso hoy en día, el sistema está en 140 por ciento de su capacidad – mucho menor que la de 200-300 por ciento visto en otros países. Las condiciones penitenciarias también parecen menos abusivas que las observadas en otros países. Un órgano de supervisión externa fue creado para proteger los derechos de los presos.

Por otra parte, el gobierno, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está llegando a las empresas locales para que apoyenlos programas de formación profesional para los internos.

Este proceso ha sido impulsado por los reformistas dentro del sistema de gobierno y de la cárcel, a diferencia de la mayoría de las reformas en otras partes del hemisferio impulsada por los donantes internacionales. Este es un raro ejemplo de cómo los reformistas dentro y fuera del sistema trabajaron para lograr cambios institucionales que aumentan la seguridad ciudadana en el respeto de los derechos humanos.

En este caso, desde hace mucho tiempo funcionarios de nivel medio y alto del sistema penitenciario, con el apoyo de los ministros de Justicia designados por la presidenta Laura Chinchilla, han desempeñado un papel clave en la resistencia a las presiones de los legisladores que quieren endurecer las penas, lo que aumentaría la población carcelaria. Ellos han abogado por medidas para aliviar el hacinamiento y garantizar la proporcionalidad de las penas. Al mismo tiempo, también han utilizado el préstamo del BID para defender y expandir los programas de rehabilitación y de reinserción en el sistema penitenciario.

La situación de cada país es única, y Costa Rica tiene ventajas – una tasa de criminalidad relativamente baja, una estructura estatal relativamente fuerte, una relación relativamente bien establecido para el estado de derecho – que otros carecen, pero San José ha demostrado que la reforma en este tema políticamente sensible es posible.

Fuente: http://www.csmonitor.com/World/Americas/Latin-America-Monitor/2014/0829/Costa-Rica-A-new-model-for-prison-standards-in-Latin-America

El Reino Unido despenalizó la cannabis en secreto – y es un desastre!!

Por Ian Dunt. Miércoles, 10 de septiembre de 2014

Desde hace algún tiempo, Inglaterra y Gales han tenido un programa de semi-despenalización del cannabis. Y ha terminado por criminalizar más consumidores de cannabis que nunca.
Pero no criminaliza a todos los usuarios de cannabis: se dirige principalmente a la gente que es joven, negra o asiática. Es una historia de iniciativas poco claras del gobierno, incentivos sesgados de la policía, el racismo, las guerras de la droga y la vieja, vieja costumbre de tratar a la gente blanca con más indulgencia que a los demás.
En 2004, cuando el cannabis se convirtió en Clase C, se introdujeron advertencias de cannabis. Dichas advertencias eran leídas por los policías de la calle si te pillaban con una pequeña cantidad de marihuana para uso personal. Cinco años más tarde la droga fue devuelta a la Clase B, pero las advertencias de cannabis se mantuvieron. Esto resultó en discrecionalidad policial en la forma en la que se maneja la posesión de cannabis. El resultado de esta discreción esla focalización desproporcionada de jóvenes negros y asiáticos.

Las advertencias de cannabis son ahora el primer paso en el sistema de ‘escalera’ de opciones disponibles para la policía si te pillan.

Para leer más: http://www.politics.co.uk/blogs/2014/09/10/britain-secretly-decriminalised-cannabis-and-it-was-a-disast 

¿Qué pasó en la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas que se realizó en Costa Rica?

Hubo poquísimas personas en la V Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas que hablaran en defensa del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes. Apenas uno, el representante para Centroamérica y el Caribe de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito (ONUDD), y le significó ser abucheado después de su discurso en el panel inaugural del evento que se realizó en San José, Costa Rica. Un abucheo esperado, porque él mismo reconoció que sus palabras eran provocativas, porque defendían las convenciones que rigen el modelo actual que no ha logrado llevar a un ‘mundo libre de drogas’, en una conferencia dedicada a hablar sobre alternativas a ese modelo de la “guerra contra las drogas”.

Que el sistema internacional de drogas se concibió sin una base científica sino a partir de una coyuntura social, política, económica, e incluso de ideas racistas; que se equivocó al pretender eliminar plantas (opio, cannabis, coca, entre otras) de la faz de la tierra, como si tuviesen ellas una suerte de poder maléfico; que la estrategia de reprimir no redujo el consumo y en cambio incrementó la estigmatización del consumidor y la violencia; que es necesario un cambio de estos paradigmas. Son llamados que se repiten en los artículos de prensa y en estos foros regionales. En general, el discurso se queda en los fracasos del pasado. Esto se debe a la falta de propuestas claras y la falta de consensos sobre el futuro de la política global de drogas, y a que existen apenas incipientes modelos de experimentación, aplaudidos por algunos estados y reprochados por otros.

La ansiedad por lograr grandes cambios en esta materia es sobre todo latinoamericana. Y choca en los foros mundiales, como la esperada Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU de 2016 sobre drogas (UNGASS 2016), con la postura de Estados de otras regiones, para los cuales son inadmisibles modelos de regulación como el que se implementará en Uruguay o como el que existe en algunos estados de Estados Unidos. No va a ser fácil que Rusia, China, o algunos países árabes, se unan a este afán por reformar las convenciones que rigen el sistema internacional. Como advirtió Gerardo Isaac Morales, director adjunto para Retos al Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México: son 193 estados y así como hay unos que alzan la voz para solicitar cambios a un tratamiento integral y equilibrado, hay otros donde aún hay pena capital sobre el consumo. Un gran logro de la UNGASS 2016 sería, a lo sumo, acordar que no hay un consenso.

En países como Malasia, China, Irán, entre otros, el consumo o porte de pequeñas dosis justifica la pena de muerte. La historia de Kevin Hoistacher, un argentino de 24 años que fue detenido el 22 de julio en Rusia y podría pagar 7 años de cárcel por portar medio gramo de marihuana, es otro ejemplo de drástico prohibicionismo. Estos casos recuerdan que la ansiedad por buscar alternativas, si bien es una fuerza creciente, no necesariamente constituye una mayoría. La postura rígida de estos países obstruirá el alcance de un consenso en la UNGASS 2016, donde en todo caso se pretende avanzar hacia propuestas de reforma de las convenciones.

El camino hacia ese evento de 2016 se ha recorrido en buena parte en Latinoamérica. Al menos seis estados de la región, no solo en la OEA sino en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, han buscado empujar la agenda preparativa para el evento: Colombia, Uruguay, México, Guatemala Ecuador, Santa Lucía.

Sin embargo, los llamados de estos estados al debate internacional no siempre coinciden con cambios significativos en sus normativas internas. En Guatemala, por ejemplo, mientras Otto Pérez Molina habla de legalizar, sigue siendo penalizado el consumo y porte de dosis mínimas y, mientras un delito de pornografía infantil da entre 8 y 12 años de cárcel, por narcotráfico pueden ser hasta 30.

En Colombia son reconocidos los esfuerzos por impulsar políticas alternativas, no obstante la normativa interna sigue siendo esencialmente restrictiva y cae en la contradicción de despenalizar el consumo pero penalizar todo lo demás, algo que lleva a los consumidores al mercado negro y plantea una serie de riesgos. Además, en cuanto a la coca, Colombia sigue siendo el único país que realiza fumigaciones aéreas. Mario López Garelli, representante de la CIDH en la V Conferencia Latinoamericana, recordó que el último informe de la Comisión habla de los efectos que estas fumigaciones tienen en la erosión de la tierra, en la salud de las personas, la contaminación del agua y en el desplazamiento de comunidades.

En todo caso, al menos en la V Conferencia, es bien recibido el esfuerzo colombiano por liderar en el marco de la OEA un grupo de trabajo sobre la búsqueda de alternativas al encarcelamiento y a la desproporcionalidad de las penas para consumidores. También se reconoce el liderazgo del presidente Santos desde la Cumbre de las Américas de 2012, de donde surgió el mandato a la OEA para analizar alternativas más eficaces y menos costosas que la política actual. A raíz de eso se presentó el año pasado el informe sobre el problema de drogas en las américas y, que en ese marco de la OEA se pensara en regulación, marcó una diferencia sustantiva en cómo se venía dando el debate con esos foros regionales.

“En Latinoamérica, después de décadas de guerra, el tabú se rompió, aunque el estigma todavía existe. De la palabra a la práctica falta mucho. Hay países, entre ellos Colombia, donde hay mucho discurso pero pocos cambios concretos en términos de leyes y aplicación. En todo caso estamos en la puerta de los cambios”, dice Pien Metaal, una holandesa coordinadora del proyecto de Reforma a las Leyes de Drogas en América Latina del Transnational Institute (TNI).

Para Metaal, no es justificable la excusa de esperar un consenso global para empezar a transformar las leyes internas. “Hay muchas cosas que los países pueden hacer: Colombia podría aplicar una industrialización de la hoja de coca e incentivar una industria de uso natural de la hoja. Podría también avanzar en reducción de daños, tratamientos, hay espacio para hacer procesos democráticos que lleven a cambios, como productos de un dialogo entre la población y los gobiernos. No se puede esperar hasta que se caiga el muro de la prohibición por completo para empezar a actuar”.

La posición común que pueda adoptar Latinoamérica para llegar a la Asamblea de la ONU de 2016 depende en buena parte de los consensos que se logren en la Asamblea Extraordinaria de la OEA el próximo 19 de septiembre. Todo un reto si se tiene en cuenta que, aunque esta es la región que más impulsa un cambio de aproximación en foros internacionales, no siempre habla con la misma voz en esos foros y, cuando se trata de hacer alianzas, le supera la unidad de países represores como Rusia, China, Tailandia, entre otros.

Guatemala, que será el país anfitrión de esa Asamblea de la OEA, viene impulsando con Colombia y México un borrador de resolución para ese evento. Las negociaciones sobre ese borrador han revelado que, aunque en el nivel más general existan consensos, al interior de la región también hay grandes desafíos y paradojas.

Pareciera una paradoja, por ejemplo, que algunas izquierdas latinoamericanas son las que adoptan un enfoque apegado a las convenciones del sistema internacional: La mayoría de los vetos y desacuerdos al proyecto de resolución vienen de Nicaragua y Venezuela. Además de estos, Brasil tiene dudas sobre insertarse de lleno en el debate. Puede verse una conexión entre la perspectiva revolucionaria, de izquierda, y la poca tolerancia que tienen esos gobiernos con el tema de las drogas. En Argentina, por poner otro ejemplo, a pesar de que hay un enorme activismo, a nivel formal sigue vigente una ley que penaliza el consumo con multas en una moneda que ya ni existe en el país.

“Los que se han llamado gobiernos de izquierda más cercanos al Alba han tenido posiciones que van un poco en contravía del debate actual. Tiene varias razones, de índole de política local y características de los países. Las posiciones más conservadoras las tienen Venezuela, Nicaragua, y en algún momento Ecuador, aunque ahora ha llevado a cabo algunos cambios en la política interna”, dice Juan Carlos Garzón, investigador del Woodrow Wilson Center y asesor de varios gobiernos latinoamericanos.

Incluso Bolivia, que se apartó de la Convención Única de Estupefacientes del 61 en su defensa del uso tradicional de la coca, tiene una posición muy distinta frente al tema del consumo. “Esto tiene que ver con el rechazo a una postura más propia del liberalismo y a la reivindicación del derecho de las personas. En estos países el Estado tiene un peso mayor en la vida de los individuos y tiene que velar por unos valores. Eso hace que cuando se enfrentan al tema de las drogas, ven algo que se escapa al manejo del Estado y donde este tiene que cuidar a sus ciudadanos de algo terrible muy vinculado con el capitalismo”, añade Garzón.

De hecho, dice, había una expectativa en Colombia de que las Farc tuvieran una posición mucho más beligerante respecto al tema de las convenciones internacionales. Si uno mira los acuerdos, sí producen muchos cambios importantes, pero no es que cuestionen todo el sistema de fiscalización internacional. Las Farc tienen una concepción en términos de la producción, del campesinado, y el problema del consumo es algo un poco nuevo en esa temática. Falta explorar más de dónde se explican las resistencias.

El caso de Nicaragua es particularmente interesante. Se puede explicar desde la influencia rusa en materia de seguridad y, más específicamente, en operaciones de combate al narcotráfico. El tema del narcotráfico ha sido una puerta de entrada para influir en la política exterior en América Latina, en Colombia lo sabemos bien. Rusia tiene en este sentido un aliado en Nicaragua. Hay que ver, dice Garzón, cómo ese contexto geopolítico y de mayor cooperación contra el narco proveniente de Rusia, impacta en el debate sobre la política de drogas. “Uno podría cruzar las posiciones más conservadoras, o menos liberales en tema de drogas, y los países donde Rusia influye de manera más fuerte, y sacar sus propias conclusiones”.

Pien Metaal explica que el conservatismo sobre el tema de drogas existe a la derecha y a la izquierda. Como proyecto político los socialistas, los marxistas clásicos, no tienen una interpretación de la ideología del fenómeno de las drogas, que es de hecho percibido como amenaza para el pueblo y como una forma de controlar al consumismo y un modelo en cierta forma capitalista que sujeta al pueblo a una esclavitud. No existe una perspectiva de izquierda sobre drogas, lo que hay es, desde la izquierda, gente que lucha por los derechos de los sectores más vulnerables de las sociedades, pero cumplen perfectamente con el discurso norteamericano. Los países que más duros son hacia los usuarios son a veces los supuestos de izquierda. Los liberales, y los que empezaron a atacar el prohibicionismo, eran más bien liberales de derecha, los que defienden los derechos individuales y no los colectivos”.

Pero los países que juegan un papel obstructivo no siempre son los de la izquierda. No es tan simple como echarle la culpa a las izquierdas latinoamericanas. Hay tantas agendas e intereses establecidos, que cada país tiene su proceso para poder subirse al tren de los cambios en política de drogas. Hay gobiernos que no son de izquierda y tampoco le apuestan al debate. Habría que ver las particularidades de cada Estado: para los mexicanos un tema clave es cómo los va a impactar la creciente despenalización de la marihuana en EE.UU.; para los colombianos es qué va a pasar con la aspersión aérea; para los guatemaltecos y centroamericanos es cómo los afectan las rutas del narcotráfico.

Cada país procesa el debate en términos de lo local y al final la política exterior termina siendo un reflejo de las problemáticas nacionales. Hay velocidades y preocupaciones distintas, que hacen que América Latina tenga un debate muy rico pero con pocos consensos. Aún así, hay pocos funcionarios estatales que no hablen ahora de prevención, salud pública y derechos humanos. Por ahora es un discurso y falta ver su aplicación.

EE.UU., el principal consumidor e impulsor de la guerra contra las drogas, está también flexibilizando su posición en esta materia. Lo decía Norton Arbeláez, un colombiano fundador y miembro de la Junta Directiva del Medical Marijuana Industry Group de Colorado, uno de los estados donde se aplica la regulación del cannabis tanto medicinal como recreativo. Obama ha tenido un liderazgo sin palabras, hubiera podido tomar algunas medidas para presionar a los estados, enviar a los soldados de la DEA contra quienes pusieron los negocias en marcha, pero no lo hizo. En cambio, ha trabajado en crear limitaciones como no permitir venta a los menores, la no intervención de grupos criminales, la no venta fuera del sistema estatal, que no se permita la violencia ni el uso de las armas, que no haya cultivos en espacios públicos.

En todo caso, EE.UU. en la práctica internacional sigue siendo defensor del modelo tradicional. Como dijo Carmen Rosa de León, del Instituto de la enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala, el modelo represivo está sustentado en 1.500 millones de dólares en acciones de EE.UU. a Centroamérica, con el liderazgo del comando sur, una visión militarizada de combate al narcotráfico. No obstante, esos 1.500 son el 0,1% de lo que se ha invertido en las guerras de Irak y Afganisltán: “¿cuán importante es realmente el combate al narco para EE.UU., si invierte más en Irak y Afganistán que en las causas de la violencia y el subdesarrollo en la región Latinoamericana?”.

A pesar de la imposibilidad de llegar a una reforma a las convenciones en 2016, esas ya se están dando en las experiencias que han impulsado algunos estados de la región. Uruguay, con su modelo de regulación estatal, se ha convertido en una diva en los foros internacionales sobre drogas. Ha surgido desde el sur como una alternativa inspiradora en una región acostumbrada a mirar y copiar al vecino del norte. Los organismos internacionales no pueden negar las realidades y dejar de tomar como referencia estas evidencias.

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/politica-de-drogas-busca-de-un-consenso-latinoamericano-articulo-514997

Reglas Claras: La Regulación Uruguaya en medio de una región expectante

Hasta hace poco, el debate sobre políticas drogas estaba lleno de tabúes, imprecisiones y cooptado por coloridas conveniencias políticas. En consecuencia, las soluciones para ‘el problema de las drogas’, al ser monopolizadas por corrientes conservadoras que encontraban en una sociedad subyugada por el miedo, la mano dura y la represión, la solución única para llegar al utópico mundo libre de drogas, hicieron del prohibicionismo y la represión los pilares centrales para articular una forma de contener el uso de las drogas ilegales y al mismo tiempo mostrar éxitos en las políticas de control y seguridad. Esta lógica se expandió por el mundo, pero de especial manera por Latinoamérica.

Este enfoque, de la mano con una profunda desproporcionalidad en las penas (por comercializacióon o uso), resultó en significativos aumentos en las detenciones y altas tasas de encarcelamiento, contribuyendo en gran parte a la crisis carcelaria que vive hoy la regiòn. Al mismo tiempo, las políticas preventivas, al ser basadas en supuestos ideológicos y conveniencias morales, no lograron reducir el uso de drogas, incluso resultando en que las mismas leyes que las intentaban prohibir causaran efectos más negativos sobre la sociedad que el mismo uso. En suma, jóvenes, mujeres y quienes menos tienen, pagaron los mayores costos. Pero como si esto fuera poco, el mismo sistema prohibitivo ayudó a que una serie de organizaciones criminales y grupos menores obtuvieran millonarias ganancias gracias a la producción y la venta de drogas, permitiendo de fácil manera que gracias a ellos financiaran sus actividades delictivas y criminales. La guerra contra las drogas resultó en una bochornosa derrota.

EREVCOMPLEn paralelo, las políticas regulatorias sobre las drogas legales, mostraron la posibilidad de lograr resultados positivos al educar y establecer reglas claras que redujeran los efectos negativos sobre la sociedad. Por ejemplo, las campañas de prevención enfocadas en el uso de alcohol y el aumento de fiscalización a conductores han mostrado en una serie de países ser una formula eficaz para reducir el numero de accidentes, muertes, costos y externalidades negativas. La regulación responsable ha facilitando el desarrollo de sociedades abiertas, responsables y donde se respetan las libertades de las personas.

Pero Uruguay nos sorprendió. “Alguien tiene que ser el primero”, esta fue la frase con la que en junio del 2012 el presidente de Uruguay José Mujica sorprendió a una sumisa región y a quienes cuestionaban su osado plan de legalizar la marihuana. En simple, tenía mucha razón, para lograr cambios de fondo se requería principalmente coraje.

Alzas considerables en la prevalencia de uso de cannabis, cárceles donde el 10% de quienes están ahí lo hace por infracciones menores a la ley de drogas y un empoderamiento del crimen organizado gracias a los recursos del tráfico; fueron algunas de las señales internas que llevaron a que Uruguay se embarcara en una profunda reflexión que luego decantaría en una reforma de fondo. De cierta manera, y de la mano con las decisiones de los Estados de Colorado y Washington en Estados Unidos, por primera vez el debate veía la luz fuera de centros académicos, marchas y dialogo social. Ya el mundo contaba con países y estados que estaban dando pasos.

La situación en el vecindario es también favorable. Una ola de discusiones ha generado una serie de reformas (de menor o mayor impacto) a leyes de drogas en diferentes países Latinoamericanos. El activismo de peso liderado por ex presidentes como Fernando H Cardoso, Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo y César Gaviria, presidentes como Juan Manuel Santos y Otto Pérez Molina, ha roto parte del hielo en una región que sigue siendo conservadora al momento de avanzar en reformas y sigue de sobre manera confiando en reducidas elites políticas al momento de tomar decisiones. Al mismo tiempo, la llegada a consensos de alta importancia por parte de organizaciones multilaterales como la OEA, PNUD y hasta el más reciente documento publicado por la London School of Economics; generaron una serie de soportes lo suficientemente fuertes para que Uruguay, Latinoamérica y todos los reformistas no se sintieran tan solos.

Uruguay optó por un estricto sistema regulatorio para el mercado del cannabis que se basa en un monopolio por parte del Gobierno. Un enfoque opuesto al que vemos en los estados de Colorado y Washington y que el mismo Presidente de Uruguay calificó de estar basado en la “ficción” y la “hipocresía”. En concreto, el modelo regulatorio implementado en este país tiene mayores posibilidades de reducir los recursos del crimen organizado, al ser ahora, el Gobierno su principal competidor. Otros beneficios de este modelo regulatorio incluyen una expansión en los derechos de las personas, mayores posibilidades de implementar políticas sanitarias y educativas, y por sobre todo, actuar con una mayor responsabilidad fiscal no solo respecto al gasto sino que también al recolectar impuestos. En términos generales, el país goza de una política sensata que se basa en mirar a la problemática de las drogas de frente y no dándole la espalda como todavía ocurre en la mayoría de los países del mundo.

Por otro lado, uno de los temores más grandes respecto a la implementación de la regulación, tiene que ver con la mirada regional por sobre la individual. Una serie de voces internacionales constantemente argumentaron que para avanzar en la “legalización de la marihuana” primero debía existir una voluntad y compromiso regional, ya que un solo país no sería capaz de hacerlo de manera exitosa. El problema radica en que la capacidad de acuerdos regionales de esta escala, sumado a la presión de organizaciones multilaterales por continuar con las mismas políticas, se mantienen como un obstáculo casi insuperable para lograr consensos internacionales. Los costos que muchos países están pagando al continuar con políticas acracias es demasiado alto y simplemente no vale la pena seguir esperando que el concierto internacional se ponga de acuerdo.

Ahora bien, es razonable que exista un cierto miedo por parte de la comunidad regional y especialmente por parte de los países vecinos cuando estos se encuentran criminalizando la oferta y en un país conjunto  legaliza la demanda (junto con la oferta). Sin embargo la evidencia nos muestra que no deberían existir disparos importantes en el aumento del consumo, como tampoco un alza en la demanda por cannabis proveniente del mercado negro (ya que el precio está fijado para que esto no ocurra). Las voces que hablan lo contrario son principalmente alarmistas y carecen de argumentos reales para fundamentar sus llamados al miedo. De cierta manera son gritos de derrota.

Por sobre todo, el coraje y visión de Uruguay han forzado a que en gran parte de los países de la región estén tomando lugar acciones y debates concretos en torno a la necesidad de reformas. No hay país en la región donde no se esté considerando la necesidad de revisar y mejorar los paradigmas actuales.

No hay vuelta atrás. Las políticas de drogas basadas en conveniencias políticas y trabas morales están en retirada, y es momento que países como Bolivia, Colombia y México asuman un liderazgo concreto en la región en base a sus dramáticas experiencias. Junto con ellos, urge que el resto de la región, y en especial países que no están tan contaminados por muertes y violencia, sigan la senda de Uruguay antes que sea demasiado tarde. América Latina debe continuar su liderazgo en demostrar que puede conseguir políticas de drogas fundamentadas en la evidencia, que respeten la ciencia, pongan al centro la salud pública pero que por sobre todo respeten los derechos humanos. Uruguay es un faro que vale la pena usar como guía.

Por Eduardo Vergara,Asuntos del Sur

Fuente: http://www.asuntosdelsur.org/blog/2014/08/18/reglas-claras-la-regulacion-uruguaya-en-medio-de-una-region-expectante/