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Así se ve la #motalegal

Les invitamos a un recorrido por el dispensario de mariguana medicinal River Rock, en Denver, Colorado. Al entrar Norton, dueño de River Rock, nos explica el funcionamiento con uno de los pacientes que acuden a este centro medicinal.

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Legalizar el verde pan de cada día. ‘Doña Yerba’ y el fuego de la razón

Situado entre la violencia de sus cárteles y el cambio de paradigma en los Estados Unidos, México debate el sentido de su vieja relación con la marihuana.

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El fuego lo cambió todo. Es fácil imaginar a esos primeros hombres entregados a la experimentación, sometiendo las cosas de este mundo, orgánicas e inorgánicas, al efecto de las llamas, y descubriendo, de cuando en cuando, que tal o cual regalo de los dioses produce una sensación de bienestar, una cercanía con la divinidad, un frenesí momentáneo y adictivo.

Antes de la llegada de Cristóbal Colón era habitual en las culturas del ignoto continente el uso de ciertas plantas, con elementos psicoactivos, con fines religiosos, o, dicho de otro modo, para tender puentes con el mundo de sus dioses. La marihuana no era una de ellas. Esa fue una de las contribuciones hechas por los colonizadores.

En México, la prohibición moderna sobre el uso de suministros naturistas capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones data de los gobiernos posrevolucionarios. En los años previos y porfiristas, la marihuana y la amapola se hallaban en cualquier botica, esos negocios tenían de todo.

A partir de la década de los veinte del siglo pasado, con los generales sonorenses al mando, México se alineó con las medidas adoptadas por Estados Unidos. En 1925 Plutarco Elías Calles expidió un decreto para regular el comercio de opio, morfina y cocaína que significó en términos prácticos un cierre de las fronteras a la importación de esos productos.

El cultivo de ‘María’ se prohibió y al año siguiente le tocó el turno a la amapola, flor que hallaba fácil acomodo en el mercado al otro lado del río Bravo. La prohibición, por supuesto, no impidió que las semillas florecieran, principalmente en territorios como Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

En el sexenio de Lázaro Cárdenas se inició una lucha contra las drogas, un programa para investigar y perseguir a los traficantes de sustancias, en la esquina oficial estaban la Policía Judicial Federal y fuerzas estadounidenses. Miguel Alemán hizo lo propio.

Dato curioso: en la década de los cincuenta y debido a su importancia para el tráfico de mala yerba hacia Estados Unidos, Sinaloa se ganó el apelativo de “Chicago con gángster de huarache”. En los sesenta la demanda de ‘Mary Popins’ del vecino creció y los traficantes mexicanos consolidaron sus estados financieros. El gobierno estadounidense endureció sus políticas antinarcóticos y el auge sin precedentes del negocio se prolongó hasta la siguiente década. Dato curioso: en 1969, el gobierno estadounidense de Richard Nixon tomó la medida de cerrar la frontera con México durante 21 días.

El maridaje entre drogas mexicanas y consumidores estadounidenses, pues, tiene su historia. En el plano específicamente nacional, la relación del gobierno con las sustancias prohibidas parece cambiar de rumbo, porque, entre otras cosas, el fuego, en este caso el de las armas, lo cambia todo.

FRACASO

La Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados presentó a los legisladores, en junio de 2013, un documento titulado Legalización del consumo, producción y comercialización de las drogas. Elementos para el debate en México.

El estudio reproduce una frase lapidaria de Eduardo López Betancourt, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México: “es innegable el fracaso de la guerra contra las drogas. La opción, (…) consistente en la ‘militarización de la lucha contra el tráfico’, ha traído consigo un incremento en la violencia y la desarticulación social y política de comunidades y poblaciones”.

Doctorado en historia y derecho, López Betancourt sostiene que no hay forma de justificar el fracaso de la cruzada prohibicionista en México por razones como el aumento paulatino en el número de consumidores de sustancias ilegales, el daño causado al tejido social y la posición privilegiada que mantiene el país como productor y país de tránsito para los productos que alteran la conciencia normal del individuo.

La portación y el consumo de algunas drogas, señala el catedrático, es muy poco permisiva, pero no del todo prohibitiva, ya que establece casos y circunstancias en que una persona puede hacer uso de determinados productos alteradores.

Uno de esos casos es el de Grace Elizalde, una niña de ocho años que padece el síndrome de Lennox-Gastaut (variante de epilepsia infantil de difícil manejo). Ella obtuvo, en septiembre pasado, un amparo judicial para importar Cannabidiol, un medicamento derivado de la marihuana. El objetivo es disminuir las cientas de convulsiones que sufre cada día. Se estima que en México hay más de cinco mil personas con ataques epilépticos difíciles de controlar.legalizar verde pan día

ZALDÍVAR

En noviembre, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación aprobó el cultivo y consumo de ‘doña Diabla’ con fines recreativos a cuatro personas, integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, cabe señalar que ninguno de los amparados es consumidor de cannabis.

El ministro Arturo Zaldívar, autor del proyecto para amparar a los solicitantes, comentó a medios nacionales e internacionales que la decisión del tribunal es simplemente el reconocimiento de que una prohibición absoluta al consumo es inconstitucional.

¿Por qué no se habían emitido fallos similares en el pasado? Según el magistrado el eje rector en el tema de las drogas ha variado, antes iban primero la salud y la seguridad, hoy van a la cabeza los derechos y la libertad.

Para el ministro Zaldívar, el Estado no tiene la posibilidad de decirle al pueblo lo que puede consumir y lo que no.

Sobre las repercusiones que tendrá la decisión de la Suprema Corte la más celebrada por Zaldívar es que si llegan otros cuatro asuntos más y el fallo es similar, habrá jurisprudencia y todos los jueces del país tendrán que adecuarse a ese criterio de privilegiar los derechos individuales y el libre albedrío. En la práctica obligaría a todos los jueces a conceder el autoconsumo.

Creo que las personas tienen el derecho a fumarla si así les apetece, dijo el magistrado en una entrevista con el diario español El País.

El 10 de noviembre, la senadora Cristina Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa en la cámara alta para regular el uso médico de la yerba para pacientes de epilepsia.

Pretende reformar dos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Si obtiene el respaldo suficiente para que la iniciativa prospere, la hoja con lumbre abandonaría el listado de drogas prohibidas y se ubicaría, junto a sustancias como la morfina, entre aquellos productos que pueden recetarse.

Se estima que en México de diciembre de 2006 a diciembre de 2014, el aumento de personas que ingresaron a centro penitenciarios por delitos relacionados con posesión de drogas fue de mil 200 por ciento, datos que indican que un 60 por ciento de los ciudadanos que se encuentran detenidos en cárceles del país, fueron consignados por posesión y consumo de cannabis, un dato revelador cuando se piensa en la despenalización.

Luego del fallo de la Suprema Corte, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a un debate nacional para analizar la legalización de la droga.

El titular del Ejecutivo federal se declaró contrario a la idea, pero reconoció que la discusión sobre levantar la prohibición no es exclusiva del país. En ese sentido, diversos analistas consideran que las autoridades mexicanas han sentido la presión política que viene del otro lado del río Bravo, donde la legalización avanza incluso en Texas.

URUGUAY

El mandato de José Mujica (2010-2015) fue ejemplar en muchos sentidos y experimental en el que aquí abordamos. En 2013 consiguió que su nación se convirtiera en el primer Estado en regular la producción, cultivo y venta de esa que tiene olor a petate quemado.

A la fecha, el gobierno uruguayo ha otorgado un par de licencias para cosechar “La buena”. En octubre pasado, Milton Romani, titular de la Junta Nacional de Drogas, anunció la producción de ocho toneladas de “cannabis charrúa” al mes, con semilla 100 por ciento nacional.

La distribución se hará mediante farmacias, la comercialización empezará en el primer semestre de 2016, se venderán hasta 10 gramos semanales a cada consumidor registrado, el costo por gramo es de 1.40 dólares (cerca de 22 pesos al tipo de cambio actual). La ley uruguaya establece un límite de 40 gramos mensuales.

Uruguay tiene 3.4 millones de habitantes y se estima que hay un mercado de 160 mil consumidores de la yerba bruja. Estos definirán si el volumen de producción se amplía o si más compañías entran a competir.

Según Milton Romani el gobierno se quedará con entre un diez y un trece por ciento de las ventas.

El cultivo para consumo propio también fue permitido, está en marcha desde mediados del año pasado y tiene dos vías: una es el formato individual, a razón de seis plantas por persona; la segunda son los clubes de consumidores, el máximo es de 99 plantas por grupo.

Organizaciones no gubernamentales estiman que en el país sudamericano cerca de 55 mil personas utilizan su ‘soñadora’ varias veces por semana y 18 mil lo hacen a diario.

Los argumentos de Mujica para legalizarla incluyen el aumento en el número de consumidores -en 25 años pasaron de mil 500 a 150 mil personas-, los evidentes malos resultados en el combate al narcotráfico -el animal creció- y la opción de hacer algo distinto para obtener un resultado diferente.

ESTADOS UNIDOSlegalizar verde pan día

Desde enero de 2014, cuatro estados de la Unión Americana han legalizado el cultivo, venta y uso del oro verde: Colorado, Washington, Alaska y Oregón.

El presidente Barack Obama se ha declarado partidario de la despenalización, 24 estados y el Distrito de Columbia tienen programas de marihuana medicinal con variaciones significativas en las condiciones, uso, permisos y derecho a cultivar.

Llama la atención, dentro de los casos de uso médico, el caso de Texas. En junio de 2014, su gobernador, Greg Abbott, promulgó una ley que autoriza el uso de aceite de cannabis con fines médicos. La iniciativa fue impulsada por dos legisladores republicanos, Kevin Eltife y Stephanie Klick.

El Estado conservador se rindió ante los argumentos de familiares de pacientes con epilepsia, demostraron que los principales beneficiados serían niños sin tratamientos legales que les ayuden a parar las convulsiones.

El gobierno texano estima que en su territorio hay cerca de 149 mil personas que padecen convulsiones intratables.

En diversas publicaciones se comenta que hasta siete demarcaciones van por el camino de permitir el uso con fines recreativos.

Los norteamericanos han dado pasos hacia la libertad de fumarla pensando también en aspectos de seguridad como disminuir el número de arrestos relacionados con los delitos de posesión o cultivo. El argumento es el siguiente: eliminando faltas menores pueden destinarse más recursos a luchar contra otros crímenes.

Se estima que un nueve por ciento de la población total de Estados Unidos (más de 28 millones de norteamericanos) ha estado involucrado en crímenes relacionados con el consumo o posesión de sustancias prohibidas. Además, se prevé que una reducción en las sentencias de prisión relacionadas con las drogas no conllevará un aumento significativo en el uso.

COLORADO

Entre los estados que ya la aprobaron, el caso destacado es Colorado, poco poblado y con una etiqueta que se inclina más hacia el lado republicano, por conservador, fue el primero en levantar la prohibición. Entre 2006 y 2008 tuvo una primera etapa de uso medicinal. En 2012 se legalizó la quema recreativa.

Los mayores de edad pueden cultivar hasta seis plantas y tener hasta una onza (28 gramos) de la yerba. También se autorizó la instalación, con licencia, de tiendas para ventas minoristas y producción de comestibles con cannabis.

Los primeros pasos no han sido fáciles. Algunas autoridades ya declaran que fue un error a partir de datos como el aumento en el número de conductores involucrados en accidentes fatales que dieron positivo al test de zacatito en su sistema.

También se critica que Colorado supere con amplitud los promedios nacionales en los indicadores de jóvenes entre los 12 y 17 años de edad y personas en el rango de los 18 a los 25 años que son fumadores frecuentes.

Otro aspecto negativo es el aumento en los casos de yerba incautada en paquetes de correo enviados desde Colorado hacia otros estados. En 2011 fueron 36, en 2012 sumaron 158 y para el primer semestre de 2013 ya eran 209 casos.

El dinero recaudado por la cannabis legal tampoco ha cumplido la expectativa. En 2014 la venta de la droga para entretener la neurona produjo 44 millones de dólares (alrededor de 704 millones de pesos), se esperaba que fueran 70 millones (cerca de mil 120 millones de pesos). Con los impuestos asociados al consumo medicinal, la cifra subió a 76 millones de dólares (mil 216 millones de pesos).

En 2014 el gobernador John Hickenlooper preveía más de 600 millones de dólares en volumen de negocio sólo en las tiendas -que no se abrieron en muchas ciudades por falta de permisos de las autoridades locales- orientadas a la quema recreativa. Todavía es más barato conseguirla en el mercado ilegal.

Detractores y defensores de la legalización coinciden en que el modelo adoptado tiene fallos. Los primeros esperan que los errores cometidos sirvan para dar marcha atrás. Los segundos consideran que alcanzar los resultados anhelados es cuestión de tiempo y ajustes legales y de mercado.

HOLANDA

En 1976 los holandeses modificaron su legislación sobre las drogas, lo que permitió el consumo de trueno verde.

La apertura, que adquirió la forma de tiendas de café autorizadas para ofertar hasta cinco gramos de la hierba por cliente, tuvo un error, los dueños de estos negocios sólo pueden almacenar hasta 500 gramos. Como el cultivo está prohibido, para mantener las existencias no queda sino recurrir al mercado negro.

Se estima que en la nación holandesa, célebre a nivel mundial por el llamado “turismo de las drogas”, existen alrededor de 40 mil plantaciones clandestinas que generan beneficios por cerca de dos mil millones de euros.

Además, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos tiene marcada a Holanda como el mayor productor de drogas sintéticas y el mayor cultivador de yesca en territorio europeo.

En el país de los tulipanes se penaliza el tráfico, la posesión y la venta de más de 30 gramos de cannabis.

En enero de 2013 entraron en vigor a su ley sobre las drogas con el fin de limitar el acceso de turistas a las tiendas de café y de cerrar los locales ubicados a menos de 250 metros de planteles escolares.

Las razones numéricas de las reformas incluyen que 23 de cada 100 turistas visita dichos negocios mientras que más de siete de cada centena reconoce que las drogas blandas son su principal motivación para visitar Ámsterdam -la venta a extranjeros es exclusiva de esta ciudad.

Otros argumentos fueron que el tráfico ha crecido y se ha visto reforzado con una actuación más profesional de los criminales además de que la calidad de la droga producida, con un alto grado de elemento psicoactivo, constituye un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades psicóticas, dependencia y otros problemas.

Las contramedidas, sin embargo, no fueron recibidas con agrado por las autoridades de la capital del país. Se estima que en Ámsterdam se recaudan hasta 400 millones de euros al año en impuestos aplicados a las tiendas de café.

Con las reformas, los expendios de ‘mois’ sólo pueden ofertar sus servicios a clientes registrados, deben ser pues, como clubes y el número de miembros no puede sobrepasar los dos mil individuos, pero sólo holandeses o residentes legales. Además, las tiendas ubicadas cerca de escuelas deberán convertirse en bares tradicionales antes del próximo año.

OTRAS EXPERIENCIAS

En España existen clubes sociales, asociaciones de consumidores, que se organizan para autoabastecerse y no llevar su dinero al mercado negro. Las leyes españolas no contemplan que el simple consumo de drogas ilícitas sea un delito. Se estima que en el país ibérico existen alrededor de 300 clubes, buena parte se concentra en las regiones de Cataluña y el País Vasco.

A Canadá se le atribuyen dos caras a la hora de abordar la cuestión: 57 de cada 100 canadienses apoyan la regulación de la marihuana y un 65 por ciento su despenalización, incluso se contempla la opción de eliminar la persecusión policial contra el uso personal de la hierba; por el otro lado, el sistema político ha adoptado medidas para endurecer las penas por cultivo y posesión.

En Perú, el consumo de la hoja de coca nunca ha sido penalizado. La posesión de droga para consumo propio no es objeto de castigo siempre que se respeten las cantidades establecidas: hasta cinco gramos de pasta básica de cocaína, hasta dos gramos de clorhidrato de cocaína, hasta ocho gramos de marihuana o dos gramos de sus derivados, hasta un gramo de látex de opio o 200 miligramos de sus derivados o 250 miligramos de éxtasis. Cuando una persona lleva consigo dos o más tipos de drogas ya hay problemas con la ley.

Portugal legalizó la posesión de droga, marihuana, cocaína, heroína o metanfetamina, la dosis máxima de hachís permitida es de cinco gramos, la de campechana verde es de 25 gramos.

En Venezuela ser atrapado con hasta dos gramos de cocaína y 20 gramos de cannabis no lleva a la cárcel sino a tratamiento.

Corea del Norte es el único país que ha ido más allá de la legalización, allá la marihuana y el opio no son drogas.

ONU

El Informe Mundial sobre las Drogas 2015, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), pone a la Tierra como el hogar de 246 millones de consumidores de drogas dañosas.

De ese gran total 27.4 millones fueron calificados como problemáticos por padecer trastornos relacionados con sus hábitos de quema, ingesta, inyección y demás. Según la ONUDD, una de cada 20 personas entre los 15 y los 64 años de edad ha consumido sustancias ilícitas, mientras que tan sólo en 2013 hubo 187 mil 100 defunciones por causas relacionadas con las drogas. Se trata de “un número inaceptable” de pérdidas humanas.

A propósito de la marihuana, el organismo internacional, ha identificado una tendencia a la alza en el consumo en América -en particular en Estados Unidos- y Europa. El viejo continente se mantiene como uno de los mayores mercados del mundo para la resina de cannabis (hachís), pero su consumo se concentra en unos pocos países.

En una cuestión técnica con implicaciones para la salud, destaca que el cultivo mejorado de la planta, mediante acciones como el uso de cepas seleccionadas genéticamente, ha producido un aumento en el número de cosechas y un mayor rendimiento y potencia de la ‘yerbabuena’.

La potencia suele medirse por el grado de concentración de tetrahidrocannabinol (THC), su principal ingrediente psicoactivo. Por ejemplo, en Holanda, se considera que una concentración mayor al 11 por ciento de THC convierte a la ‘doña Diabla’ en una droga dura.

El aumento del THC ha sido una constante en el mercado furtivo durante el último decenio, y en la ONU señalan que existe una preocupación cada vez mayor respecto de los problemas de salud que pueden acompañar a ese constante salto de calidad.

MILES DE MILLONES

Hace una década el valor total de ventas al por menor de drogas ilícitas a nivel mundial fue estimado en 320 mil millones de dólares. Tan sólo los mercados de venta minorista en el continente americano representan 151 mil millones de dólares.

Para Naciones Unidas las ventas pequeñas de cannabis mueven 141 mil millones de dólares anuales. Estados Unidos acapara poco menos de la mitad de ese monto, 64 mil millones y se observa una tendencia a la alza en las transacciones de marihuana en su territorio.

La moreliana destinada al comercio en México tiene un precio aproximado de 80 dólares el kilo. El precio de la que es enviada a Estados Unidos se estima en 400 dólares la libra (una libra son 454 gramos) y los precios al por mayor aumentan a razón de 400 dólares por libra cada que se acumulan mil millas recorridas dentro del territorio norteamericano.

Los productores de la marihuana “sinsemilla” (de alta potencia) en EEUU reciben dos mil dólares por cada libra entregada en el lugar de la cosecha. Los precios al por mayor oscilan entre dos mil 500 y cuatro mil dólares la libra.

Las ganancias de los narcotraficantes mexicanos en el mercado mayorista estadounidense alcanzan, según la ONUDD, algún punto en la amplia franja que va desde los mil millones y los dos mil millones de dólares al año.

Si bien el mercado minorista de ventas de drogas en México es pequeño, comparado con el de su vecino, eso no impide que las organizaciones criminales disputen, con extrema violencia, esa fuente de ingresos.

Las encuestas sobre uso de drogas a nivel nacional muestra que los consumidores conocen en promedio entre seis y nueve fuentes distintas de abastecimiento. En el INEGI califican como “relativamente fácil” el acceso a sustancias ilegales, con todo y la guerra contra el narco.

IDEAS AL RESPECTO

A favor de la legalización se esgrimen argumentos como el derecho a decidir y el respeto a los actos privados de los seres humanos.

Sus partidarios señalan que al levantar la prohibición se daría un paso importante para recuperar a aquellos que han sido secuestrados por la maquinaria del tráfico, impedir las muertes por el consumo de drogas adulteradas y acabar con la búsqueda frenética de la dosis -que a veces deriva en encuentros con la autoridad zanjados con donativos extraoficiales.

Legalizar, defienden, traería consigo una reducción de los delitos, prevendría el surgimiento de nuevos delincuentes, bajaría el precio de las drogas. En un escenario sin penas para el uso recreativo, pregonan, las fuerzas de seguridad verían reducidas las opciones y los beneficios de corromperse; podrían dirigirse más recursos a perseguir los crímenes comunes, robos, violaciones, lesiones.

Significaría, sostienen, el fin de la guerra contra el narco y su costo social y económico.

En el extremo opuesto, la apertura representa darle una recepción por todo lo alto a la drogadicción, avalar la muerte, otorgarle carta de nacionalidad al desenfreno.

Legalizar, pregonan, es autorizar el daño autoinfligido con el incremento en los gastos y recursos para atender a los adictos que eso conlleva.

Además, aducen, el mercado ilícito no desaparecerá.

EL FUEGO

Las posturas pues, tienen un punto de partida similar: la defensa de la vida. La guerra contra las drogas, como México ha venido comprobando desde el sexenio de Felipe Calderón, deriva en muerte. Los productos con carga psicoactiva, legalizados o no, también derivan en muerte.

En territorio mexicano, entre diciembre de 2006 y junio de 2015, fallecieron más de 117 mil personas en hechos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, en un indicador relacionado hay al menos 26 mil desaparecidos, esto según cifras oficiales, conteos de medios de comunicación e informes de organizaciones no gubernamentales.

Tan sólo los homicidios representan el 62.5 por ciento del total de defunciones estimado a nivel mundial por causas relacionadas con las drogas en 2013, si se considera la cifra de desapariciones se alcanza el 76 por ciento.

La legalización avanza y lo hace por la vía de un cultivo ancestral. En esa apertura no puede menospreciarse la influencia de la guerra contra el narco y el conflicto entre cárteles por nichos de mercado, sus resultados en términos de sangre e incógnitas sobre el destino de miles de individuos. El animal crece, dicen las cifras, y difícilmente se irá, según los pronósticos.

El uso medicinal, el permiso para el consumo recreativo, son los primeros pasos en una dirección que se presume benéfica y se tacha de irresponsable. En México, según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, hay 5.7 millones de usuarios de cannabis y en los últimos años, dato del Centro de Integración Juvenil, se ha convertido en la droga más consumida en 18 estados del país.

El fuego lo cambia todo, el de la hoja que se enciende, el del arma que se dispara. El debate está servido y el resultado será un viento que o bien seguirá avivando brasas ya conocidas o bien trasladará las llamas hacia un destino que se anticipa manso aunque igualmente nocivo.

legalizar verde pan día Correo-e: bernantez@hotmail.com

Fuente original del artículo: El Siglo de Torreón- https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1178994.legalizar-el-verde-pan-de-cada-dia.html

Fuente de las imágenes: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/fotos.php?nota=1178994

El supuesto alcalde gringo narco

El Refugio es un pequeño pueblo de cuatro kilómetros  cuadrados ubicado al norte de Corpus Cristi, Texas y apenas tiene cerca de tres mil habitantes, en su mayoría hispanos.  El viernes  13 de noviembre la población se vio sorprendida cuando el dos veces alcalde Joey Heard fue arrestado esa tarde por el departamento de policía acusado de posesión y tráfico de drogas.

Heard es un  americano  blanco, alto y  un tanto desgarbado. Fue capturado dentro de un centro penitenciario junto con una mujer,  Reva Hammond,  quien se encontraba muy intoxicada bajo el influjo de drogas.  Aun así el 16 de noviembre  Wanda Dukes,  quien quedó como  alcalde interina,  aseguró que habló con Heard y que este dijo que no iba a renunciar al cargo “y que sólo tiene cargos en su contra pero aún no ha sido condenado”.

Para la buena suerte de Heard fue liberado con el pago de una multa de 29 mil dólares. Con cierto descaro comentó a su suplente  que está citado a comparecer en la corte hasta el próximo mes de enero y aseguró  que al menos hasta ese momento seguirá siendo formal y legalmente alcalde de El Refugio. Y de  acuerdo a la ley de ese país mientras no sea sentenciado podrá seguir siendo el alcalde.

En mayo de 2013 de 1 mil 823 electores registrados en El Refugio,  352  votaron por Heard  y eso fue suficiente para convertirse en alcalde por segunda ocasión.

“El consejo  (cabildo) de este pueblo fuertemente cree que las  supuestas conductas indebidas de una persona  no impactan negativamente  en los demás funcionarios, staff, administradores y empleados y otros involucrados en el gobierno municipal y quienes trabajan sin descanso  para servir a esta comunidad”, dijo el Consejal  Dale Skrobarcek durante una reunión del Cabildo que duró 40 minutos para tratar la espinosa situación.

Skrobarcek  emplazó a Heard a renunciar al cargo ya que todo eso era muy embarazoso, las acusaciones fueron de “actos de mucha perdición”.

Por su parte el Consejal Lenny Anzaldua  comentó que el Cabildo esperaba que Heard tuviera de corazón el mejor interés por la comunidad.

La nota sobre el alcalde presuntamente traficante de drogas y “perdido” ocupó en las noticias de México y Estados Unidos tan solo unas cuantas líneas. Habrá que estar pendiente en que pena le impone la corte, pero el caso del pequeño condado  llama a la reflexión.

El Refugio es un punto diminuto en la gigantesca frontera entre México y Estados Unidos de 3 mil 142  kilómetros.  Se localiza a apenas dos horas y media de Nuevo Laredo, Tamaulipas, exactamente a 194.73 kilómetros.  Los pocos medios americanos muy locales o en la web  que publicaron la nota señalaron que el pueblo se encuentra en un “corredor de tráfico de drogas”.

El gobierno de Estados Unidos suele estar muy pendiente de las acciones de los grandes cárteles de la droga en México. Actualmente en dos cortes tiene abiertos casos contra  al menos dos  ex gobernadores en México acusados allá por narcotráfico y lavado de dinero: Tomas Yarrington y Eugenio Hernández Flores, ambos ex mandatarios de Tamaulipas en los periodos 1999-2004 y 2005-2010, respectivamente.

Y no es que les falte razón a la fiscalía de Estados Unidos  para acusarlos. En México se pasean escandalosa y públicamente haciendo gala de su impunidad e incluso participan en actos políticos del PRI  como  Hernández Flores,  quien hace unos días  se presentó en el  informe de gobierno del actual gobernador de Tamaulipas Egidio Torre, con nuevo look y más delgado. Ante las preguntas de la prensa  respecto a  las averiguaciones previas abiertas en la Procuraduría General de la República en su contra,  afirmó que ya estaba  libre de toda culpa de los casos. De lo que no habló fue de los expedientes abiertos en su contra en EU por sus presuntos nexos con Los Zetas.

Mientras a los narco gobernadores mexicanos se les persigue, allá Heard  parece arreglárselas bien. La ley lo  protege al punto de no tener que renunciar al cargo. En contraste, el trato que se les da  a otros traficantes de droga  o acusados de conspirar para traficar o vender en EU es bastante distinta. Con éstos últimos la ley americana  es bastante rígida, una simple intención de traficar drogas puede significar 10 años de prisión.

Aún se desconoce la magnitud de los cargos contra Heard ni la cantidad de droga que se le acusa haber traficado ni con que propósitos, pero el punto es que  ¿Cuántos otros alcaldes como Heard o gobernadores en ese país también están involucrados con el narcotráfico?

Es ingenuo pensar que en una frontera tan porosa donde la droga viaja miles de kilómetros dentro de Estados Unidos para llegar a su destino final, no haya en el camino algunos gobernantes electos involucrados en el negocio, o siendo cómplices de él como Joey Heard. Exactamente igual como pasa en México.

El ejemplo de El Refugio hace recordar que la “guerra contra las drogas” no es pareja  respecto de Estados Unidos hacia México y de Estados Unidos hacia su interior.

Fuente original: Río Doce- http://riodoce.mx/noticias/columnas/la-lista-negra/el-supuesto-alcalde-gringo-narco

 

La paja en el ojo ajeno… EEUU recortó dinero a México por quejas de derechos humanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos recortará a México parte de los recursos que cada año le otorga a través de la Iniciativa Mérida para combatir el problema de las drogas, debido a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas, reveló hoy al diario The Washington Post.

“El Departamento de Estado ha decidido que México no logró alcanzar algunos de los objetivos enfocados a  los derechos humanos, lo que provocó un corte de millones de dólares en ayuda”, expone el diario en una nota firmada por el periodista Joshua Partlow y en la que no especifica de cuánto será el recorte.

En diciembre de 2008, México y Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre laIniciativa Mérida, para contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza en ambos lados de la frontera.

Entre las instituciones que están involucradas se encuentran el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI, la agencia antidrogas DEA y por parte de México: el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Esta semana autoridades de los dos países hicieron una revisión, entre otros, sobre los avances de este acuerdo.

Fuentes exclusivas revelaron al diario que el recorte afectaría a una pequeña parte de los fondos anuales antidrogas dadas a México. “Esto [recorte] es una clara señal de la frustración de Estados Unidos, esto se dio luego de que México ha sido sacudido por varios casos de presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero”, detalla The Washington Post.

A través de la Iniciativa Mérida, un programa estadounidense para apoyar la lucha de México contra los cárteles de la droga, se han destinado 2,300 millones de pesos desde 2008 para equipos como helicópteros y sensores fronterizos, así como programas de capacitación para los miles de funcionarios mexicanos.

“El 15 por ciento del dinero previsto para el Ejército y la policía mexicana está sujeta a las disposiciones que tenga el país de avanzar en la protección de los derechos humanos, incluyendo la aplicación de normas contra la tortura y el enjuiciamiento de las personas de las desapariciones forzadas”, detalla el medio.

Para liberar ese dinero, añade, el Departamento de Estado está obligado a explicar al Congreso de los Estados Unidos el desempeño de México y decir qué medidas está tomando para hacer frente a esos problemas. “Pero este año, las autoridades optaron por no escribir ese informe. La financiación total de la Iniciativa Mérida para el año fue de 148 millones”.

“Es una decisión muy importante que ellos han hecho”, dijo al diario estadounidense Maureen Meyer, experto en México de la Oficina de Washington para América Latina. “Muestra cómo los Estados Unidos están preocupados por la situación de los derechos humanos en México”.

En 2010, revela The Washington Post, el Departamento de Estado y el Congreso habían analizado el tema de los recursos destinados a México en la iniciativa Mérida debido a las preocupaciones por violaciones a los derechos humanos que desde entonces existían, pero esos fondos finalmente fueron proporcionados después de que México tomó medidas, tales como la aprobación de leyes de derechos humanos y la limitación de la jurisdicción de los tribunales militares. “Este año, en cambio, México perdió el dinero”.

“De vez en cuando los países no son capaces de cumplir con los criterios de notificación exigidos por el Congreso”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado en respuesta a una pregunta sobre la ayuda que se otorga a través de la iniciativa.

Con los años, los diplomáticos estadounidenses han expuesto el mejor historial de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas para mantenerlos como socios dispuestos a colaborar en la guerra contra las drogas. “Esta vez, la decisión del Departamento de Estado para desviar fondos de la Iniciativa Mérida hacia Perú se hizo sin ninguna crítica pública hacia México.

“Ellos [autoridades de EEUU] han manejado esto más con pinzas que con martillos”, dijo Eric L. Olson, experto en América Latina en el Centro Internacional Woodrow Wilson, en Washington. “Pero es innegable que envía una señal de que los Estados Unidos no está del todo contento”.

El diario señala que el último informe anual del Departamento de Estado sobre los derechos humanos, en 2014, resaltó que ha habido numerosas denuncias de que las autoridades mexicanas “cometieron asesinatos arbitrarios o detenciones ilegales, a menudo con impunidad”. También describe las acusaciones de tortura y desapariciones por las fuerzas de seguridad.

¿QUÉ DICE MÉXICO?

Sobre el recorte de dinero para la iniciativa, The Washington Post le preguntó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su opinión al respecto y la dependencia federal dijo que la certificación de Estados Unidos de sus esfuerzos por respetar los derechos humanos, conocido como el “Informe de 15 por ciento” es “una obligación impuesta por el Congreso de Estados Unidos sobre el gobierno. No es una obligación que México tiene que cumplir”.

“La política de México es para observar el Estado de Derecho y para demostrar respeto absoluto a y la protección de los derechos humanos”, expuso la SRE en su comunicado difundido por el medio.

En los últimos años, refiere el rotativo, la violencia del narcotráfico se disparó y luego se redujo ligeramente, soldados y agentes de policía regularmente han sido acusados ​​de matar a civiles inocentes, torturar a los testigos y el uso de cantidades desproporcionadas de fuerza en su lucha cárteles de la droga.

En varias partes del país, indica, el Ejército mexicano se ha hecho cargo de las tareas de protección primaria después de que se disolvió la policía municipal, ya que se habían infiltrado integrantes de bandas de narcotraficantes a las corporaciones.

“A pesar de años de la Iniciativa Mérida y los esfuerzos de los Estados Unidos ha hecho para trabajar con el Gobierno mexicano para mejorar la justicia y la rendición de cuentas, ha habido poco progreso”, dijo al diario estadounidense Tim Rieser, asesor de política exterior del senador Patrick J. Leahy. “La Ley Leahy prohíbe al Gobierno de Estados Unidos proporcionar ayuda a las unidades militares extranjeras que cometen violaciones en contra de los derechos humanos”, añadió.

UNA SERIE DE EJECUCIONES

El caso más reciente de los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas implica la desaparición el año pasado de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. “El gobierno mexicano afirmó que la policía municipal de la ciudad de Iguala, Guerrero, detuvieron a los estudiantes, los mataron y quemaron sus cuerpos en un basurero”, recuerda The Washington Post.

La publicación también señala que los investigadores convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyeron el mes pasado que los estudiantes no podían haber muerto incinerados en el basurero de Cocula – como concluye la “verdad histórica”-, y describieron que los soldados supuestamente fueron testigos de la violencia, pero no intervinieron. “Los investigadores observaron un caso mal manejado y los testigos afirmaron haber sido torturados”, según el informe.

“Todo el mundo sabía que [el Gobierno] era el centro de atención en este caso”, dijo Tim Rieser al medio . “Sin embargo, ellos [autoridades mexicanas] trataron de encubrir y ocultar lo que pasó. Muestra la cantidad de impunidad que existe allí y la creencia de que puede salirse con la suya”, subrayó el asesor político al medio.

En el recuento de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de las autoridades. The Washington Post retoma la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, donde el Ejército mexicano estuvo implicado.

“Grupos de derechos humanos también han compilado las acusaciones de que testigos de los asesinatos fueron torturados después del ataque en Tlatlaya. Tres soldados se enfrentan a cargos de homicidio en el incidente y siete policías estatales han sido acusados ​​de tortura”, dice el texto.

En enero, continúa el diario con el recuento, las fuerzas federales presuntamente mataron a 16 civiles en Apatzingán, Michoacán.

Aunque estas cuestiones han suscitado preocupación en Washington, describe el diario, los escándalos no parecen haber generado mucha presión para cambiar la financiación más amplia de Estados Unidos a México.

“Con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, expuesto a intensas críticas internas, el hundimiento de su aprobación, con una economía cojeando y una difícil situación de seguridad en su país, la administración Obama tiene cuidado, explicó al periódico Carl Meacham, director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Ellos [Gobierno de EEUU] no quieren agravar una situación que ya es muy sensible”.

Pero dada la serie de presuntos abusos cometidos por parte de las autoridades mexicanas “es imposible no hacer caso a la realidad”, dijo a The Washington Post Stephanie Erin Brewer, coordinador del Departamento Internacional en el Centro Prodh. “Esto sin duda es un mensaje muy fuerte para México”, sentenció.

Fuente original: Sin embargo, publicada en http://www.eldiariony.com/2015/10/18/eeuu-recorto-dinero-a-mexico-para-iniciativa-merida-por-quejas-de-derechos-humanos-reporta-wp/

Tributo de DPA a Latinos en EE.UU. que promueven el fin de la guerra contra las drogas

Cada año, Estados Unidos está pendiente de la celebración nacional del Mes de Herencia Hispana, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. La Alianza sobre Políticas de Drogas (DPA) está festejando el mes, este año, con la campaña Somos DPA, un tributo por internet que reconoce las contribuciones “significativas y de gran alcance”, de reformistas latinos, para terminar la guerra contra las drogas.

De acuerdo con la DPA, la guerra contra las drogas ha tenido resultados devastadores en las comunidades latinas y latinoamericanas, por violencia, crimen desenfrenado, incremento de encarcelamiento en masa, detenciones y deportaciones, militarización de la frontera y evaluación por perfil de raza.

“Los latinos conforman 17% de la población estadounidense, consumen y venden drogas en similares cantidades que el resto de personas en el país. No obstante, los latinos constituyen representan 20% de las personas en prisiones estatales por delito de drogas, 37% en cárceles federales, y cerca de 50% de todos los casos en cortes federales están relacionados con asuntos de narcóticos.  40.000 personas (en su gran mayoría) latinas son deportadas forzosamente cada año por delitos de drogas no ofensivos”, señaló la organización en un comunicado de prensa.

“Durante los últimos años, hemos estado trabajando para encontrar la mejor manera de acercarnos a la comunidad latina y trabajar juntos para terminar la guerra en contra las drogas y, más importante, para [concienciar más en la idea] que la guerra contra las drogas es un asunto latino”. dijo al PanAm Post el legislador y coordinador de la DPA, Jerónimo Saldaña.

Saldaña dice que el enfoque del proyecto es reconocer a “las contribuciones transformadoras y los sacrificios” de distinguidos reformistas latinos en política de drogas, en las redes sociales. Segundo, y lo más importante, señala, la DPA apunta a conocerse “con gente de su región, y trabajar juntos  para avanzar en las reformas que competen a los latinos”, comentó.

“Queríamos mostrar que la guerra contra las drogas provoca encarcelamientos y deportación en masa; que la guerra contra las drogas en México está matando o causando la desaparición de decenas de miles de personas. Decidimos que era el momento de lanzar una plataforma pública que en serio comprometa a esta audiencia”.

Honrando a los activistas latinos

Para reconocer el esfuerzo de aquellos activistas y defensores latinoamericanos quienes han estado en el límite entre la justicia y la reforma de políticas de drogas, la DPA presentará cada semana a cuatro premiados, durante todo el mes.

La lista comienza con Ana Yáñez Correa, directora ejecutiva de la Coalición de Justicia Criminal de Texas. Según la DPA, su trabajo ha sido “fundamental en educar y organizar a los principales depositarios sobre la importancia de adoptar políticas en desvíos de la prisión, libertad provisional y condicional, reforma en la condena, defensa justa, recuperación, y total rectitud y eficiencia en la justicia criminal y juvenil.

Somos DPA también rinde tributo a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, al cumplirse un año de su forzosa desaparición. “Si alguien ha llevado [al impacto negativo de las drogas] a nivel internacional”, dice Saldaña, “son los amigos y familiares de estos estudiantes, que no se han dado por vencidos en su búsqueda”.

El tercer premiado por la organización es Rafael Torruella, director ejecutivo de Intercambios Puerto Rico, una organización que promueve el diálogo y el análisis crítico de asuntos relacionados con la droga, en la isla.

“Rafael ha estado impulsando algunas reformas innovadoras en la isla, y ha ayudado a salvar un montón de vidas allí. Generalmente, las personas tienden a olvidar que esto no es algo que afecta solamente a México, sino a América Latina, incluyendo Puerto Rico y República Dominicana, por lo que queremos resaltar eso”, señala Saldaña.

Por último, pero no menos importante, la DPA brinda homenaje a la comunidad entera que defiende los derechos de inmigrantes en California, por su trabajo, al promover el proyecto de ley AB 1351 . Si pasa, la organización dice que “promulgará muchas de las reformas a la justicia criminal, que aseguran a las familias inmigrantes que no serán separadas por deportación debido a delitos mínimos de drogas”.

Saldaña explica que el objetivo final del tributo es “reintroducir a la humanidad” en la defensa de políticas de drogas, y demostrar que este movimiento está originado en personas, no en políticas.

“Yo pienso que una dificultad es que las personas piensan en los latinos – e incluso los latinoamericanos – en Estados Unidos como un monolito. [Piensan] que nosotros somos un grupo muy cohesionado, que no estaría muy lejos de la verdad. Somos gente muy diversa, por lo que queremos acercarnos a cada identidad y unirnos para trabajar en esto”.

Traducido por Paz Gómez.

Rebeca Morla

Rebeca Morla

Rebeca Morla es egresada de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Ecuador. También es miembro del Consejo Ejecutivo de Estudiantes por la Libertad. Síguela por Twitter @RebecaMorla.

FUENTE: Panam Post-  http://es.panampost.com/rebeca-morla/2015/10/07/latinos-en-ee-uu-promueven-el-fin-delaguerra-contra-las-drogas/

Contrainsurgencia, guerra de baja intensidad y su relación con el narcotráfico

Por César Ramón González Ortiz

Introducción

La guerra contra el narcotráfico que actualmente padece México, unido a los “daños colaterales” que ha venido provocando entre la población civil, sus cuestionados operativos, sus pobres resultados, así como los centenares de denuncias por violaciones a los derechos humanos, para ser comprendidos a cabalidad es menester que sean vinculados con procesos aparentemente distantes en el tiempo; la estrategia de “guerra interna” diseñada por Kennedy contra lo que llamara “la amenaza Castro-comunista” y su posterior reformulación en “Guerra de Baja Intensidad” con Ronald Reagan, así como con los procesos de desnacionalización-transnacionalización de las economías y el Estado en América Latina a favor del sistema financiero mundial y las grandes empresas transnacionales, principalmente de las norteamericanas.

Toda vez que se entienda que los golpes militares e intervenciones extranjeras derivados de la estrategia de guerra interna, han implicado la conquista del poder por los grupos de la clase dominante en la disputa por la explotación de la clase trabajadora para la distribución de las rentas, el pago de intereses, las riquezas privadas y las públicas. Y recordando que las pautas de los golpes militares se vieron relacionadas con las luchas internas por el control del poder militar, económico y político para el control de toda la población. Aumentando durante los periodos de crisis económica y de depresión, y en los prolegómenos de las guerras internacionales. En ambos casos los golpes de estado proliferan en toda la región, o para aprovechar la crisis y concentrar más el capital, o para preparar la guerra y la contra-revolución armada [1] .

En este sentido, sin desmarcarse de la lógica de guerra interna, pero reformulada, se ha instaurado la redemocratización de América Latina, puesto que ha estado enmarcada en la ofensiva desatada por USA para, a la vez que enfrentar la crisis internacional, reestructurar en provecho propio la economía capitalista mundial. Desde entonces Estados Unidos ha tenido como interés restablecer las bases de una división internacional que le permitan la circulación plena de mercancías y capitales. Por lo que la presión sobre América Latina ha estado orientada en el sentido de fomentar sus exportaciones, aspecto que ha implicado en mayor o menor medida una reconversión productiva, así como el respeto al principio de la especialización según las ventajas comparativas, un mayor espacio al libre juego del capital y la reducción de la capacidad intervencionista del Estado. De esta manera el capitalismo internacional dentro de su proyecto neoliberal, ha integrado a Latinoamérica a una economía exportadora de nuevo tipo, una economía que, al lado de la explotación más intensiva de sus riquezas naturales, ha refuncionalizado su industria para volverla competitiva en el mercado exterior.

Hechos que han implicado para los países de toda la región la destrucción de parte de su capital social, sobre todo en la industria, pues sólo ramas con ventajas comparativas reales o que absorbieran alta tecnología y grandes masas de inversión fueron viables en la nueva división del trabajo. Asimismo dicha reconversión ha implicado también la redistribución del capital social en favor de los grandes grupos industriales y financieros, redistribución que se ha extendido a aquellas porciones en manos del Estado y para tal efecto el FMI ha dado prioridad a la reducción del déficit público. En tanto que, tal reconversión ha venido implicando para las masas, la superexplotación del trabajo y la generalización del desempleo, en cualquiera de sus formas, como resultado de la destrucción de parte del capital social unida a la rápida elevación de los niveles tecnológicos actuales.

En este contexto de explosión social, pese a los cambios habidos en la política exterior norteamericana bajo los auspicios de la democracia global, Washington no ha abandonado la doctrina de contrainsurgencia, como tampoco la atención concedida a las fuerzas armadas de la región [2] . Por lo que no resultará baladí recordar la manera en que Kennedy en su afán por detener la “cubanización” y observando una crisis de hegemonía y económica de las clases dominantes y el imperio estadounidense, diseñó la estrategia de “guerra interna” contra el nuevo tipo de revolución popular que ha venido amenazando al sistema. En este sentido, la evolución de las empresas económicas, el peso cada vez mayor de los trabajadores asalariados en la agricultura, la industria y los servicios, la importancia creciente de la población urbana y de las clases medias, así como la importancia que tuvo la ideología de la URSS y el entusiasmo revolucionario que culminaron con la victoria de la Revolución cubana (que parecía extenderse en varios países del continente) cambiaron el significado nacional y trasnacional en la lucha por el poder.

Así, se da la intensificación de las relaciones militares de Washington con América Latina, la revisión de la política destinada a los regímenes surgidos de golpes de Estado, la naturaleza de los programas de ayuda y el concepto mismo de seguridad en el continente. Justificándose la ayuda militar por el señalamiento de que la seguridad de los Estados Unidos es interdependiente de la seguridad y del bienestar del resto del mundo. Constituyéndose dicha ayuda en tres aspectos fundamentales:

1) El aprovisionamiento y donación de material militar;

2) La posibilidad de vender armamento norteamericano a precios reducidos, y

3) La preparación y entrenamiento de oficiales latinoamericanos en los Estados Unidos o en el extranjero [3] .

Guerra de Baja Intensidad y la “guerra al narcotráfico”.

Desde los inicios de la administración Reagan surgieron líneas proclives a superar las dictaduras abiertas; éstas debían ser reemplazadas por regímenes democráticos que legitimaran los gobiernos y las guerras de baja intensidad en curso, así como la implicación estadounidense. Desde 1981 se empieza a estimular la instauración de democracias restringidas o contrainsurgentes, especialmente en países asediados por insurgencias revolucionarias y/o involucrados en el acoso a Nicaragua. Así como en los casos de Honduras (1981), El Salvador (1984) y Guatemala (1986). Además se acudió a partidos religiosos como los demócrata-cristianos, visualizados como aptos para reconstruir dicho consentimiento. Por estos motivos la democratización centroamericana emergió, en parte, como respuesta a las necesidades de legitimación para los Conflictos de Baja Intensidad. Teóricos de la “doctrina Reagan” juzgaban que la gente debería creer en su gobierno. Si ello se lograba, la victoria “estaba a la vista”. De forma que, si el conflicto es político y el objetivo estratégico consiste en ganar el apoyo de la población, entonces resulta vital garantizar la credibilidad del gobierno ante los ciudadanos. Lo que ha tenido como resultado que los procesos de democratización en América Central, tan ligados a requerimientos bélicos, agudizaran su dependencia directa de USA al punto de vulnerar la soberanía de los Estados nacionales [4] .

Consistente con una “visión democrática de la seguridad”, los Conflictos de Baja Intensidad, opuesta a las dictaduras abiertas, son pioneros en esta área. Profundamente novedosos destacan la importancia de las formas de Estado, de los modelos de sociedad y de las reformas políticas macrosociales. La democracia es esencial para los CBI: si el conflicto es básicamente político y el objetivo estratégico consiste en ganar el apoyo de la población, entonces es vital asegurar la legitimidad y credibilidad del gobierno ante los ciudadanos. Dentro de esta lógica hemos podido observar la manera en que América Central ha experimentado la democratización, en las últimas dos décadas. Donde, con la excepción de Honduras, la autoridad presidencial ha sido respetada y las elecciones se han celebrado de forma periódica. Por lo que a los ojos de autores como Salvador Martí i Puig, en general, en los países de la región opera un Estado de Derecho con una relativa independencia de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), con un notable control civil de las fuerzas armadas. A pesar de ello, aún persisten notables legados autoritarios y la calidad de la democracia es muy pobre [5]. (Sic)

El paradigma LIC ha suministrado una visión geopolítica novedosa (Norte-Sur), una reorientación estratégica de fuerte contenido ideológico, con un remozado patrón de intervención en el Tercer Mundo aceptable en la era post-Vietnam. La administración Reagan convalidó y alentó el sistema LIC expresamente y sin reservas y, a la vez, abrió el espacio y el consenso para acciones militares unilaterales directas. Así se dieron los ingredientes propositivos para un revival intervencionista de nuevo cuño, que postula un involucramiento selectivo. Inspirado en los CBI, propugna una intervención básicamente indirecta a través de la asistencia externa de seguridad, constituyéndose como el recurso estratégico preferido. Los CBI procuran impedir la implicación con fuerzas propias, pero no la excluyen. De ahí que se prevean acciones directas, aunque el uso de tropas estadounidenses es visto como un último resorte, excepcional, limitado, rápido y con daños lo más bajo posibles, sobre todo en vidas norteamericanas.

En este esquema, la introducción de tropas de combate estadounidense constituiría una señal de que USA “ha perdido la iniciativa estratégica”. Para algunos teóricos es preciso evitar la “norteamericación” de los Conflictos de Baja Intensidad. De lo cual se deriva la importancia de las fuerzas armadas locales y la relevancia de la asistencia estadounidense de seguridad, instrumento crucial para prevenir la intervención directa estadounidense. La asistencia incluye educación, entrenamiento, instrucción, asesoría, provisión y venta de armas y equipos. En situaciones de GBI abierta, se incorporan funciones adicionales: inteligencia, contrainteligencia, conducción de dimensiones no militares como acción cívica y guerra psicológica.

La acción indirecta recaerá en las fuerzas armadas de los países del Tercer Mundo – y dependiendo de ellas. Juzgándose en consecuencia que es esencial alcanzar una maciza unidad de concepción, así como un neto marco de alianzas con dichas fracciones militares. Para lo cual la asistencia de seguridad es un elemento clave en la construcción de consenso. En las últimas tres décadas, el Departamento de Estado y el Pentágono se han abocado a difundir la reformulación estratégica LIC entre las jerarquías castrenses latinoamericanas. Intentando rejuvenecer un consenso hemisférico alrededor de los nóveles diseños, para lo que se subrayan las acciones de influencia sobre los altos mandos militares del subcontinente. Relevantes en este sentido han sido las Conferencias de Ejércitos Americanos.

Consistentes con el consenso post-Reagan, los CBI han brindado una base sólida, al montaje de hegemonía y al bagaje político-ideológico. Por ser una doctrina militar que da preminencia a dichas herramientas. Toda vez que, los CBI cambian la naturaleza de la guerra, la hacen irregular, la prolongan y la convierten en un embate político-ideológico. Donde el centro de gravedad ya no es el campo de batalla per se, sino la “arena político social”. De manera que, los LIC no son sólo ni principalmente una solución militar. Los componentes políticos e ideológicos aparecen como prevalentes (en una guerra integral que abraza instrumentos económicos, diplomáticos, militares, de inteligencia y religiosos). La victoria se define ahora por el logro de objetivos políticos planteados, más que por el éxito militar. Por lo que son preminentes algunos ámbitos específicos: la acción cívica, las operaciones psicológicas, el control de poblaciones y la inteligencia. Destacándose el hecho de que el blanco estratégico es la población, más que el territorio (aunque no lo excluye). Y el objetivo estratégico es la construcción de un consenso activo y organizado.

Si bien se utilizan instrumentos bélicos menos sofisticados y un menor volumen de fuego que en el espectro de una guerra convencional, la diferencia sustancial con los conflictos de baja intensidad reside en la naturaleza de la guerra. Se trata de un conflicto prolongado de desgaste, no convencional, por lo que “no es simplemente una versión en escala menor de una guerra convencional. No es menos de lo mismo, ni el estadio preliminar del conflicto real”. Los Conflictos de Baja Intensidad abarcan tres tipos de intervención centrales: el antiterrorismo, la contrainsurgencia y un inédito apoyo, con tramos abiertos, oficiales y públicos, a los movimientos contrarrevolucionarios. No obstante, son los dos últimos los que definen, más cabalmente, las transformaciones en la índole de la lucha. A este respecto Sar Sarkesian expreso:

“Las revoluciones son un desafío fundamental para el orden político existente y para aquellos que controlan el poder en el sistema. La esencia de esos conflictos es ganar el control de la estructura gobernante. Aunque todas las guerras son de naturaleza política, las guerras revolucionarias son únicas porque se focalizan en el sistema político social como la principal arena batalla, más que en las fuerzas armadas. Este foco contrasta duramente con la noción convencional y Clausewitziana de que el centro de gravedad en la guerra es la derrota y destrucción de las fuerzas armadas enemigas…Aunque el conflicto armado es una parte importante de la revolución, no es necesariamente la más importante para el éxito revolucionario. Como se dijo, el centro de gravedad es el sistema político social y su coherencia psicológica. Por lo tanto, el cuadro político y los instrumentos psicológicos son más importantes” [6] .

Los CBI son una guerra, aunque se trata de una nueva modalidad que trastoca las nociones tradicionales edificadas sobre supuestos de conflicto tradicional. Los CBI no constituyen una guerra en el sentido usual. La tarea crucial no sería destruir las fuerzas enemigas en el campo de batalla, sino ganar el apoyo de la población.

Guerra contra las drogas, excusa para atacar a las guerrillas.

La lucha contra el narcotráfico se incorporó tardíamente como misión LIC, por lo que progresivamente fue visualizada por bastos sectores del Congreso y la administración Reagan como un problema grave. El 11 de abril de 1986 Ronald Reagan firmó una Directiva secreta que identifica al tráfico de drogas como una amenaza de seguridad. Concebida la intervención militar en el marco de asistencia de seguridad, se eluden las misiones de combate y se incluyen tareas como el entrenamiento, la provisión de armas y equipos, la inteligencia e interdicción del tráfico.

Con el pretexto de un creciente consumo de crack en los Estados Unidos, la producción y tráfico de drogas ilícitas es evaluado como un riesgo de seguridad, directo o indirecto. Estimándose que el propio territorio estadounidense queda vulnerado, debido a que su población es la mayor consumidora mundial de drogas ilegales. Lo cual provocaría decadencia moral, aumento de la delincuencia y una enorme dilapidación y uso de recursos (compra de narcóticos, gastos de prevención, cura y represión). Instaurándose en el imaginario común la idea de que los “carteles” poseen un alto poder de corrupción, intimidación, violencia y desestabilización, por lo que según el discurso, han solido conformarse como gobiernos paralelos en América Latina. De forma tal que, durante la administración Reagan, en febrero de 1982, declara la “Guerra contra las drogas” como objetivo urgente de Seguridad Nacional, identificando como objetivo central la contención de la cocaína y como amenaza principal a los países productores de América Latina. Posteriormente, en 1986 el mismo Reagan da inicio al proceso de “Certificación” de países productores y de tráfico. Así, durante los primeros años de la década de los ochenta – a diferencia de lo que ocurría durante la administración Nixon – se responsabiliza del problema a la oferta, es decir a los países productores, y no a la demanda, con lo que se dará pauta a la construcción de un enemigo externo.

Y en línea de continuidad, en septiembre de 1989 George Bush firma otra decisión de Seguridad Nacional que pone en marcha la guerra contra las drogas durante su mandato. Con esta decisión se autoriza al ejército estadounidense y a la CIA para que participe de manera creciente en esta guerra contra las drogas, para lo cual podrán utilizar las bases ya establecidas en Colombia, Perú y Bolivia, pero además no sólo podrán acompañar a las fuerzas especializadas de las naciones latinoamericanas en sus tareas de erradicación de cultivos, sino que también podrán asumir tareas por su cuenta.

Operativos que han tenido como objetivo real la intervención de estas naciones, pero especialmente en aquellas donde se han movilizado fuerzas insurgentes de izquierda como el Salvador, Colombia, Perú, etc. A este respecto en 1987 un coronel estadounidense declaraba:

“Si podemos fusionar en la mente del público y del Congreso esta conexión entre drogas y la insurgencia revolucionaria, nos daría el apoyo necesario para confrontar a los terroristas-guerrilleros-narcotraficantes en este hemisferio. Producir tal apoyo sería relativamente fácil una vez que esta conexión quede clara y la Autoridad Nacional de Mando declare la guerra total” [7].

Dentro de este esquema se deben entender los acuerdos firmados por los gobiernos entre USA y Bolivia, Colombia y Perú en la guerra contra las drogas. Así, los acuerdos entre George Bush y Alan García, donde Washington canalizó a Perú 35 millones de dólares para establecer y equipar una nueva base militar en la zona del Alto Huallaga en el supuesto combate al narcotráfico, tuvo como objetivos reales el establecimiento de tropas especializadas en guerra irregular, provenientes del Comando Sur estadounidense – con sede en Panamá – para asesorar y auxiliar a las tropas del Estado peruano en el combate contra le revolución popular que estuvo comandada por el Ejército Guerrillero Popular. Aspecto que se hizo más urgente al finalizar la década de los ochenta, porque la guerrilla ya no sólo ponía fuera de combate a fuerzas del ejército nacional, sino a agentes del imperio.

Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico se ha buscado liquidar a fuerzas guerrilleras para lo cual ha sido funcional la popularizaron de términos como el de “narcoguerrilla” o “narcoterrorismo” acuñados por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, para dar a entender que quienes hacían el negocio de la marihuana y la cocaína eran los diversos cuerpos de guerrilleros que actuaban en aquel país, y que por lo tanto era necesario intervenir y exterminar a la guerrilla para terminar con la siembra de las hierbas y su transformación en drogas. Misma lógica en la que se expreso Michael Skel, asistente secretario para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado Norteamericano al declarar que: “No se puede combatir el narcotráfico sin combatir a Sendero Luminoso” [8]. Siendo tal el éxito de dicha operación conceptual-psicológica, que en para grandes segmentos de la opinión pública internacional (donde se pueden incluir algunos medios políticos y académicos), el narcotráfico y sus términos contiguos como narcoguerrilla, se han transformado en el chivo expiatorio de todas las calamidades.

Así es importante recordar la manera en que Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), pese a sus diferencias ideológicas, programáticas y sus correspondientes prácticas políticas y militares, ambas organizaciones fueron señaladas como narcoterroristas. Ocurriendo lo mismo en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sobre todo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), al ser acusadas de financiar sus actividades políticas y militares con fondos provenientes de la producción y exportación de drogas (cocaína y heroína) hacia USA.

Protegidos por tales pretextos, Washington – y sus efectivos militares distribuidos en la región como los ubicados en Bolivia o en la base militar de Santa Lucia en Perú – prohijaron brutales violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que cometieron las fuerzas militares (o, según fuera el caso, los grupos paramilitares de derecha, tolerados por el Estado) tanto en Bolivia, como en Perú y Colombia. Testimonio de estos hechos lo dan los cerca de 35 000 muertos o desaparecidos que dejó como saldo la lucha contrainsurgente en Perú. También las miles de víctimas de las constantes matanzas de campesinos y los asesinatos selectivos de miles de dirigentes y activistas populares (como promedio 3 500 al año) en Colombia entre 1989 y 1994. Entre los que se encontraron, los pertenecientes a la Unión Patriótica y aproximadamente el 60% de los 5 300 guerrilleros que habían entregado sus armas y se habían reinsertado en la sociedad, después de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno del presidente liberal, Virgilio Barco (1986-1990), con el movimiento 19 de Abril (M-19), con sectores del Ejército Popular de Liberación (EPL) y con la organización político-militar indígena denominada Quintín Lame [9].

Dentro de este mismo esquema la administración de William Clinton, hizo evidente la continuidad esencial de sus políticas con las dos administraciones anteriores. Puesta al descubierto por Amnistía Internacional y la sección norteamericana de la organización Human Right Watch. Según estas organizaciones no gubernamentales, entre 1993 y 1997, los Estados unidos le habían entregado “asistencia antidrogas” a unidades de las fuerzas armadas de Perú (entonces virtualmente controladas por el asesor del presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos) y colombianas acusadas de graves violaciones a los derechos humanos en años recientes”. Asimismo en 1997, la Contraloría estadounidense (dependiente del congreso) informó que el gobierno mexicano estaba utilizando helicópteros entregados por las fuerzas armadas norteamericanas para la lucha antidrogas con miras a movilizar tropas contra el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Pese a los acuerdos de paz existentes entre el gobierno mexicano y el EZLN, las tropas mexicanas en la supuesta guerra contra el narco, han sido acusadas de violar flagrantemente los derechos humanos de los pueblos indígenas de Chiapas y otros estados de la república como Oaxaca y Guerrero.

Denuncias similares han sido realizadas en Bolivia por parte de los campesinos productores de hojas de coca. Al decir de el entonces líder campesino, Evo Morales, las unidades militares y policiales bolivianas, armadas y entrenadas por Washington, bajo el esquema de erradicación de cultivos, habían convertido la región del Chapare en una virtual “zona de guerra”. Resultando de esto que, al menos 63 personas habían sido asesinadas entre 1997-2000. En tanto que otras más habían sido desaparecidas, después de haber sido torturadas en campamentos militares o habían caído en las luchas populares, indígenas y campesinas militares, oponiéndose a los compromisos asumidos en el llamado Plan Dignidad, contra el narcotráfico internacional, asumido por el ex dictador Hugo Bázner y William Clinton.

A esto se le ha sumando desde la administración Clinton una disminución de los llamados flujos de ayuda oficial para el desarrollo (AOD) hacia América Latina y el Caribe, al concentrarse en la “solución” de asuntos denominados “la agenda negativa” de las relaciones entre Estados Unidos y las naciones de la llamada Cuenca del Caribe. Tales como: el combate al “narcotráfico”, el “lavado de dinero”, el “contrabando de armas”, el “narcoterrorismo” y las llamadas “migraciones incontroladas”. Oficialmente incorporados por la Casa Blanca y el Pentágono a los “nuevos enemigos de la seguridad interamericana”.

Por tales motivos, desde la administración Clinton bajo la denominada Doctrina de la Promoción de la Democracia y el Libre Mercado, han adquirido nueva “legitimidad” los programas de ayuda militar y policial norteamericanos a gran parte de los países latinoamericanos y caribeños, así como para el equipamiento y entrenamiento de sus fuerzas militares y policiales, ya sean preparadas in situ por parte de “boinas verdes” u otros asesores norteamericanos (donde se incluyen contratos particulares, como a ocurrido en Colombia) o las entrenadas en territorio estadounidense. Particularmente en la célebre Escuela Internacional de Policías (SOA), ubicada desde 1984, en Fort Benning, Georgia.

Donde es importante resaltar que, según el grupo norteamericano School of America Watch, aunque esa “escuela de asesinos” ha abandonado “su estrategia de combate al comunismo y sus agentes” para concentrarse en la “guerra al narcotráfico”, no ha dejado de impartir instrucciones contrainsurgentes. Ejemplo de esto son los 778 militares de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, que en 1998 pasaron por sus aulas. En tanto que previamente, entre 1996 y 1997, habían recibido instrucción en la SOA 481 militares mexicanos; entre ellos 167 en técnicas contrainsurgentes y 49 en operaciones antinarcóticos. Unido al entrenamiento en otras instituciones estadounidenses de más de 3 000 soldados mexicanos (entre 1995 y 1999), así como el apoyo norteamericano en la modernización de la estructura y armamento del ejército mexicano. Reforzándose asimismo el Escuadrón Aéreo de Fuerzas Especiales con helicópteros estadounidenses UH-60 y MD-500. Creándose además una Brigada de Reacción Rápida y el FBI impartió cursos de capacitación a policías federales y estatales. En resumen, bajo el amparo de la guerra contra el narcotráfico, nuevas generaciones de soldados y policías mexicanos son educados en el contexto de subordinación de México a la estrategia de Seguridad del Pentágono [10].

A las preocupaciones estadounidenses por los conflictos antes señaladas por las insurgencias sociales, se le sumaron en el caso particular de México el hecho de que las elecciones del presidente Calderón estuvieron marcadas por acusaciones de fraude electoral señaladas por parte de la coalición opositora conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia. Actos que estuvieron acompañados por inmensas manifestaciones populares a favor del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y que culminaron en un fraude electoral a favor del candidato de la ultra-derecha del PAN y en un gran plantón en la Avenida Reforma de la Ciudad de México, como parte de una estrategia para desmovilizar y “apaciguar” el gran descontento popular.

A lo cual se le sumaria en el mismo año del 2006, otro evento tal vez de mayor alcance que las elecciones, en el esquema de las preocupaciones insurgentes de México-USA, que fue la insurrección de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en ese mismo estado, que preparó y organizó la lucha de los pueblos y la clase proletaria contra el estado-capital, hasta enfrentarse directamente a las fuerzas federales de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), a la vez que a los escuadrones de la muerte ulisistas, formados por elementos especializados de los cuerpos legales del estado, así como sicarios, asesinos y criminales de los brazos paramilitares de los capitalistas. Su trascendencia radica en la formación de grupos paramilitares similares a los escuadrones ulisistas y la ocupación territorial del espacio y las ciudades por parte de las fuerzas policiaco-militares del estado-capital acaecido en Oaxaca, y que se vería después en todo México, la divergencia sería que esta vez el Estado impulsará la contrainsurgencia antes de que la población pudiera levantar y cerrar el paso a la muerte, como sucedió con la APPO, mediante las barricadas, la autodefensa de masas, y la heroica resistencia de los pueblos y la clase proletaria. Ante estas circunstancias, la militarización y paramilitarización, no tienen como objetivo real, el combate a la “delincuencia organizada”, que en realidad es solo uno de los nombres del estado-capital, sino impulsar una estrategia de contrainsurgencia preventiva para evitar que experiencias como la APPO se repitan en el país.

Muestras de esta preocupación fueron expresadas el 14 de junio de 2009, por el General Leonardo González García, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, quien puntualizo como las dos principales preocupaciones del Ejército Mexicano a la guerrilla y el narcotráfico, en tal orden [11] . De manera tal que la contrainsurgencia preventiva se ha enfilado contra de las numerosas insurrecciones y grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Tendencia Democrática Revolucionaría – Ejército del Pueblo (TDR-EP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), y el Comando Jaramillista Morelense (CJM), además del EZLN.

Así, la contrainsurgencia, encubierta bajo la guerra al narcotráfico, se viene derivando del hecho de que son considerados como importantes factores de “inestabilidad” por los gobiernos tanto mexicano como estadounidense a los grupos guerrilleros que han estado en constante aumento abarcando una gran cantidad de estados al interior de la República, como Oaxaca, Estado de México, Morelos, Veracruz, Distrito Federal y Chiapas. En lo cual tiene gran peso a los ojos de capitales extranjeros y nacionales, el hecho de que la gran mayoría se opone al modelo neoliberal en el cual se incluye la llamada integración profunda en América del Norte. [12]

No debemos olvidar, tal como lo hace Pilar Calveiro al indicar que lo que pasa en la actualidad no puede considerarse una mera continuidad de lo que pasó durante la guerra sucia, que la estrategia de contrainsurgencia preventiva, constituye una práctica histórica del imperialismo estadounidense en la región de América Latina, y de la cual actualmente se ha servido, con la ayuda de los gobiernos panistas o el actual priista en turno para profundizar la subordinación directa de los cuerpos policiaco-militares, con miras de garantizar el avance de la colonización y la agresión del estado-capital contra la población y el proletariado.

Cuanto y más cuando ella misma reconoce que de todas las denuncias de desapariciones durante el periodo de contrainsurgencia en los 70, en México, 82% ocurrieron en Guerrero. El mismo estado donde el 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos los 43 estudiantes de la escuela Normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Política de desapariciones que se ha sostenido, aunque disminuyó a alrededor de diez casos “oficiales” por año. Se ha mantenida de manera selectiva por décadas, hasta naturalizarse en el escenario político mexicano. Pero que se ha vuelto a exponenciar a partir del año 2000, particularmente del 2006, de la mano con la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Así, Pilar Calveiro comete un grave error al señalar que las víctimas de las desapariciones de hoy en día ya no son necesariamente los disidentes políticos, sino los miembros periféricos de las redes criminales, personas utilizadas como mano de obra desechable, tal como nos quiere hacer creer el discurso oficial [13].

Pasa por alto la lógica contrainsurgente de viejo cuño a la que viene respondiendo la guerra al narcotráfico, y que en nuestro país toma mayor fuerza a partir de la instauración de la “Iniciativa Mérida”, lanzada en 2008, puesto que ha incluido, además de muchísimo dinero, la intervención cada vez más directa de los cuerpos policiaco-militares imperialistas como la DEA, el FBI, el Departamento de estado, entre muchos otros, manifestación concreta de la tendencia actual de profundizar la dependencia histórica del país que se viene dilucidando en la región de Latinoamérica, a partir de una aguda profundización de la dependencia que se ha venido dando con Norteamérica, desde México, hasta Colombia, incluyendo Centroamérica. Expresiones de esto han sido el “Plan Colombia”, el golpe de estado en Honduras de 2008, la escalada de la violencia narco-paramilitar en Guatemala, y el conjunto de los efectos de la guerra contra el pueblo en México, que también afectan a El Salvador [14] .

Así, en el caso particular de México, desde los 80’ por influencia del Pentágono se ha utilizado paulatinamente como pretexto la “guerra contra el narcotráfico”, para aumentar el control estatal sobre las áreas con conflictos entre ciudadanos y autoridades locales complicado aun mas la situación. Aunque especialmente Felipe Calderón, sin noción de la razón de Estado, sitúo al país en una condición de debilidad más profunda ante una eventual intervención del Pentágono. Situación que sea mantenido y agudizado con Peña Nieto, al no contemplar el hecho de que nos encontrarnos en medio de una de las crisis económicas mundiales más severas de la era moderna, y aplicar políticas económicas recesivas, anti-populares y entreguistas en materia petrolera, nutriendo las tensiones de clase y el caldo de cultivo de los males que ambas administraciones dijeron combatirían [15].

Bibliografía.

Álvarez Gómez Ana Josefina, compiladora. “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa”. UNAM, FES ACATLAN, 1991.

Ezcurra Ana María. “Intervención en América Latina. Los Conflictos de Baja Intensidad”. IDEAS, 1988.

Ezcurra María Ana. “El conflicto del año 2000. Bush: intervencionismo y distención”. El juglar editores, 1990.

González Casanova Pablo. “Los militares y la política en América Latina”. Océano, 1988.

González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México”. UNAM, Tesis de Maestría, 2013.

Heller Claude, compilador. “El ejército como agente de cambio social”. FCE, 1980.

Marini Ruy Mauro en; “Ensayo sobre una polémica inconclusa. La transición a la democracia en América Latina”. Cueva Agustín, compilador. CONACULTA, 1994.

Montiel T. Fernando. “Morir por nada. Narcotráfico y violencia de Estado en México”. L.D. Books, 2012.

Tavares dos Santos José Vicente, organizador. “Democracia, violencias e lutas sociais na América Latina”. UFRGS, editora, 2009.

Hemerografía

Calveiro Pilar. “Desaparición forzada: el miedo desde el Estado” en: ladobe.com.mx › Derechos Humanos
Notas

César Ramón González Ortiz es Sociólogo y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

[1] González Casanova Pablo. “Los militares y la política en América Latina”. Océano, 1988. Pág. 11

[2] Marini Ruy Mauro en: Ensayo sobre una polémica inconclusa. La transición a la democracia en América Latina”. Cueva Agustín, compilador. CONACULTA, 1994. Pág. 88

[3] Heller Claude, compilador. “El ejército como agente de cambio social”. FCE, 1980. Pp. 121-125

[4] Ezcurra Ana María. “Intervención en América Latina. Los Conflictos de Baja Intensidad”. IDEAS, 1988. Pp. 99-100

[5] Salvador Martí i Puig, Diego Sánchez-Ancoechea. “La transformación contradictoria: Democracia elitista y mercado excluyente en Centroamérica”. revistas.ucr.ac.cr › … › Martí i Puig

[6] Ezcurra Ana María. “Intervención en América Latina. Los Conflictos de Baja Intensidad”. IDEAS, 1988. Pp. 92-94

[7] Alejandro Gálvez Cancino en: “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa”. Compiladora Ana Josefina Álvarez Gómez. Pág. 86

[8] Alejandro Gálvez Cancino en: “Tráfico y consumo de drogas. Una visión alternativa”. Compiladora Ana Josefina Álvarez Gómez. Pp. 87-88

[9] Tavares dos Santos José Vicente, organizador. “Democracia, violencias e lutas sociais na América Latina”. UFRGS, editora, 2009. Pág. 166

[10] Tavares dos Santos José Vicente, organizador. “Democracia, violencias e lutas sociais na América Latina”. UFRGS, editora, 2009. Pp. 168-169

[11] Ibíd. Pág. 11

[12] Boletín de Política Exterior de México Época, Herrera Santana David, “Bases para la comprensión de la Iniciativa Mérida. Seguridad en la Relación México – Estados Unidos. No. 2, FCP y S-UNAM, enero-marzo de 2010. Pág. 10

[13] Calveiro Pilar. “Desaparición forzada: el miedo desde el Estado” en: ladobe.com.mx › Derechos Humanos 

[14] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=163813

[15] González Ortiz Ramón César. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia en México”. UNAM, Tesis de Maestría, 2013. Pp. 100 a 103.

Fuente: Rebelión – http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203584

Fuente de la imagen: http://utopiarossa.blogspot.mx/2013/01/el-narcotrafico-un-arma-del-imperio-3.html

El Instituto Nacional del Cáncer de EEUU por fin reconoce que la cannabis mata células cancerígenas

Si bien, cuando se menciona a la planta de la cannabis (también conocida como mariguana) es para satanizarla, en un movimiento inesperado, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, parte del Departameto de la Salud de aquél país; dio a conocer una lista de los beneficios de consumir la polémica “hierba”.

En un listado liberado en su página oficial mencionan que, ya sea fumada, comida, masticada o bebida como té; la planta tiene efectos positivos en lo que se refiere al tratamiento del cáncer; pues previene el crecimiento de los vasos sanguineos que a la postre se convertirán en tumores, además de matar a las células malignas; cosa que fue demostrada en pruebas con ratones, mismos que mejoraron después de ser expuestos a la cannabis.

Dado lo anterior, también se reveló que la FDA aprobó dos medicamentos, que ya pueden ser adquiridos por los estadounidenses, para el tratamiento de la enfermedad que contienen extracto de la hierba entre sus ingredientes. Además de ayudar a los pacientes de cáncer, la mariguana también sirve como desinflamatorio, antiviral y ayuda a evitar los espasmos causados por la esclerosis.

Fuente: SDP Noticias- http://www.sdpnoticias.com/geek/2015/08/20/confirmado-la-cannabis-mata-las-celulas-cancerigenas

Fuente original: Metro- http://metro.co.uk/2015/08/20/america-just-admitted-that-cannabis-does-kill-cancer-cells-5351845/

¿Qué tienen en común el Estado Islámico y los cárteles mexicanos?

Como ocurre con el Estado Islámico, el poder de los cárteles ha aumentado debido a la desastrosa política nacida en EE.UU., sostiene la escritora Rebecca Gordon, quien establece que es “la guerra fallida contra la droga en EE.UU. y los multimillonarios cárteles de narcotráfico la que ha creado una realidad parecida a la del Estado Islámico a lo largo de la frontera”.

“Decapitan a cientos de personas. Cuerpos sin cabeza ni manos como advertencia a aquellos que se resistan a su poder.Han penetrado en el Gobierno local, estatal y nacional y controlan grandes regiones del país. Proporcionan empleo a un público empobrecido que desconfía de su Gobierno actual con su amargo récord de corrupción represión y tortura. Seducen a jóvenes de varios países, incluyendo EE.UU., en sus actividades criminales”, comienza relatando la escritora Rebecca Gordon en el portal Alternet, advirtiendo que esta descripción podría pertenecer tanto a la organización terrorista Estado Islámico como a las multimillonarias industrias de los cárteles de droga mexicanos.

“Como el del Estado Islámico, el poder de los cárteles ha aumentado debido a la desastrosa política nacida en EE.UU.”, sostiene la escritora, quien establece que ha sido “la guerra fallida contra la droga en EE.UU. y los multimillonarios cárteles de narcotráfico la que ha creado una realidad parecida a la del Estado Islámico a lo largo de la frontera”.

Gordon afirma que “ambas guerras han sido resultado del retroceso”, ya que tal y como “la guerra de EE.UU. en Afganistán, Irak y Libia fertilizó el terreno para el Estado Islámico”, lo mismo hizo “la llamada guerra contra las drogas, que abrió nuevos horizontes para los cárteles del narcotráfico”.

En México, “el ejército estadounidense está involucrado directamente en la guerra contra las drogas (…) esa ‘guerra’ ha servido como pretexto para la militarización de las fuerzas policiales locales y ha aumentado la vigilancia sistemática de los ciudadanos sobre sus vidas normales”, sostiene Gordon. “Tanto la seguridad nacional del Estado como el Gobierno de derecha, han utilizado el espectro del Estado Islámico para crear una atmósfera de pánico e histeria en el país y ambos han utilizado el grotesco y violento teatro de los cárteles de droga para justificar la demonización de los inmigrantes de América Latina y la militarización masiva de las fronteras americanas”, afirma la escritora.

“Al igual que las aventuras militares de EE.UU. en Oriente Medio y Afganistán, la guerra estadounidense contra las drogas en México ha dejado un gran problema en el lugar (…) esa guerra sólo ha hecho aumentar visiblemente el problema del narcotráfico, al igual que la guerra contra el terror ha creado más organizaciones terroristas. En ambos casos no existen evidencias de que cualquier otro curso excepto la guerra sean considerados en Washington”, concluye.

FUENTE: MDZOL- http://www.mdzol.com/nota/595643-que-tienen-en-comun-el-estado-islamico-y-los-carteles-mexicanos/

Lee la nota original

What Do ISIS and Drug Cartels in Mexico Have in Common?

The failed drug war in the U.S. and the billion-dollar cartels have created an ISIS-like reality right across the border.

en http://www.alternet.org/world/what-do-isis-and-drug-cartels-mexico-have-common

En España dicen: ¡Pobre México!

Por Juan Carlos Hidalgo

Se le atribuye a Porfirio Díaz haber acuñado el dicho, “¡Pobre México! ¡Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!” La frase ha formado parte de la psique azteca por más de un siglo, ilustrando una arraigada –pero muchas veces exagerada– percepción de victimización a manos del vecino del Norte. Sin embargo, si repasamos el papel que EE UU ha jugado en la guerra contra el narco en la última década, caeremos en cuenta que el exdictador mexicano llevaba algo de razón.

Está clara la responsabilidad directa que tiene EE UU como principal consumidor de droga en el mundo. Esto es algo que ya ni el mismo Washington niega. Sin esta insaciable demanda por estupefacientes, que no ha variado mucho a lo largo de las décadas, no existiría una sofisticada estructura transnacional para satisfacerla. También cada vez hay un mayor consenso sobre el nefasto papel que EE UU ha jugado como promotor hemisférico de una estrategia prohibicionista sin la cual, este mercado multimillonario es controlado no por empresarios que cumplen la ley, sino por violentos criminales.

El señalamiento va dirigido más bien a las distintas iniciativas que en los últimos años ha lanzado Washington para supuestamente coadyuvar a México en la guerra contra el narco. En muchos casos, la ayuda estadounidense más bien ha terminado empoderando a los criminales que pretendía combatir.

Por ejemplo, en el 2009 el Washington Post reportó sobre cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) les dio santuario en EE UU a peligrosos narcotraficantes mexicanos a cambio que sirvieran de informantes. Sin embargo, en ningún momento el ICE se garantizó que estos colaboradores renunciaran a sus actividades criminales en México. Según el Post, en al menos una ocasión uno de los informantes incluso ordenó un ajusticiamiento que se llevó a cabo en territorio estadounidense. Peor aún, las autoridades federales condujeron la operación sin comunicarles a los cuerpos policiales locales.

Más publicidad recibió el operativo “Rápido y Furioso” del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). Este programa consistía en permitir la entrada ilegal de armamento desde EE UU hacia México con el fin de rastrear y eventualmente desmantelar las redes de tráfico de armas. De tal forma, la ATF facilitó la compra de hasta 2.500 armas de fuego por parte de los carteles, con el agravante que las autoridades estadounidenses perdieron el rastro de la mayoría de ellas. Eventualmente, estas armas serían utilizadas en múltiples crímenes en México. El escándalo casi le costó el puesto al entonces Fiscal General, Eric Holder.

El Gobierno federal de EE UU no solo les otorgó asilo a narcotraficantes y les facilitó la compra de armas de fuego, también lavó millones de dólares a su favor. En el 2011 el New York Times informó sobre una operación secreta de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que consistía en transportar cargamentos con cientos de miles de dólares a través de la frontera con el fin de seguirles la pista hasta llegar a los líderes de las organizaciones criminales. No obstante, como indicó el NYT, “Hasta ahora hay pocos indicios que rastrear el dinero haya afectado las operaciones de los carteles y poca evidencia que los narcotraficantes mexicanos estén experimentando algún apuro financiero”.

Si bien desde entonces los líderes de los principales carteles mexicanos han sido capturados en operaciones en las que, en la mayoría de los casos, no se disparó un solo tiro, en ningún momento ha trascendido que el lavado de dólares de la DEA jugara un papel importante en las detenciones. Más aún, estos capos simplemente han sido reemplazados por nuevos criminales, en algunos casos más violentos.

Por último, un artículo este año en The Nation del analista Jesse Franzblau reveló cables desclasificados que muestran cómo el gobierno federal de EE.UU. continuó enviando millones de dólares a cuerpos de seguridad mexicanos a pesar de tener conocimiento que estos se encontraban infiltrados por el crimen organizado. El dinero era parte del Plan Mérida, un programa de 2.600 millones de dólares destinado a ayudar a México en su lucha contra los carteles. En algunos casos, los documentos parecen incluso mostrar a los funcionarios estadounidenses tratando de encubrir o minimizar graves episodios de abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas, de tal forma que la continuidad del Plan Mérida no se viera afectada.

Estos casos denotan una torpeza casi criminal en la manera que EE.UU. ha intentado apoyar la lucha contra el crimen organizado al sur de su frontera. Por el bien de México, es hora que Washington más bien reconozca el fracaso de su enfoque prohibicionista y acepte los crecientes llamados a favor de legalizar las drogas.

FUENTE: El País- http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/19/actualidad/1426730735_716623.html

Mariguana legal en EU genera cambio en estrategia del narco

Los productores mexicanos aumentan sus cultivos de amapola al enfrentar la competencia.
El avance de la legalización de la marihuana en Estados Unidos y la creciente demanda de heroína de ese país están dando un giro al mercado de las drogas en su vecino y gran proveedor México, advierten expertos.
Los decomisos de cannabis en las aduanas de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo, “representaron el 94% de la totalidad de las incautaciones de dicha droga” en 2013 en todo el mundo, indicó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo de Naciones Unidas, en su informe anual más reciente, presentado esta semana.
Más de 1,000 toneladas de esa droga se decomisan anualmente al ser traficadas entre México y Estados Unidos por su frontera de 3,140 kilómetros, la más transitada del mundo.
Pero esta dinámica parece ir caducando ante el avance de la legalización de la marihuana en Estados Unidos, incluido su consumo recreativo, ya aprobado en cuatro estados y la capital.
“Conforme va a avanzar la producción doméstica esto afectará la producción en México”, señala Javier Oliva, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los productores mexicanos “van a buscar incrementar sus exportaciones a Europa y las posibilidades de consumo dentro del país”, pronostica.

De la marihuana a la amapola
Las ventas al menudeo de marihuana en Estados Unidos representaron un negocio de unos 41,000 millones de dólares en 2010, según reportó ese gobierno el año pasado.
Los cárteles mexicanos, fracturados por años de disputas y la caída de sus principales líderes (en esta última semana fueron detenidos Servando Gómez La Tuta y Omar Treviño Z-42), saben que deberán compartir el mercado de la marihuana con sus nuevos competidores estadounidenses, que ya producen hierba de mejor calidad.
Así, narcotraficantes mexicanos están mudando sus cultivos del verde del cannabis al rojo encendido de las amapolas, apuntando hacia el mercado de la heroína estadounidense, que en 2010 generó unos 27,000 millones de dólares.
El consumo de heroína en Estados Unidos “se ha incrementado debido al estricto control en la prescripción de medicamentos opioides”, dijo este martes Alejandro Mohar, miembro de la JIFE, al presentar el informe en Ciudad de México.
“Los consumidores de drogas adictos a los opiáceos recurren cada vez más a la heroína, que normalmente es más fácil de obtener y más barata que los opioides de venta con receta”, precisa la JIFE, que advierte a su vez de un descenso de los consumidores de cocaína en los últimos años en Estados Unidos.
Los efectos de estos cambios pueden estar sintiéndose ya a unos pocos miles de kilómetros al sur.
Tan sólo en la región mexicana de Tierra Caliente en Guerrero, donde los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron a manos de narcotraficantes coludidos con policías, se incrementó “casi en 300%” la producción de amapola en el último lustro, acotó Oliva.
Esta tendencia también se da en otras regiones como Durango, que junto con sus vecinos Chihuahua y Sinaloa forman el llamado “triángulo dorado”, una de las zonas históricas de plantación de droga.
La siembra de amapola ya ha rebasado a la de marihuana con proporciones de “tres por uno”, dijo Adolfo Domínguez, un mando militar desplazado a la zona.
“Seguramente los delincuentes han visto mejorar ese tipo de siembra y además atienden el factor demanda”, apuntó.

FUENTE: El diaro de Sonora- http://www.eldiariodesonora.com.mx/nota.php?nota=46954