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Mañana ante CIDH casos Ayotzinapa, política de drogas y ejecuciones extrajudiciales

Dentro del calendario de audiencias públicas, se analizarán casos relacionados con México y mañana a la 13:15 horas, los integrantes del GIEI el Centro Prodh y Tlachinollan presentarán la “Investigación y Primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició hoy las audiencias correspondientes al 156 Período de Sesiones y concluirán el 23 de octubre, en la sede del organismo en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, (OEA) en Washington, DC.

Dentro del calendario de audiencias públicas, se analizarán casos relacionados con México y mañana a la 13:15 horas, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como el Centro Pro de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentarán la “Investigación y Primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”.

A las 14:30 horas toca el turno a “Derechos Humanos y políticas de drogas en México”, a la que asisten la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México Unido contra la Delincuencia, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, **Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CuPIHD), Espolea, El Caracol AC, ReverdeSer Colectivo, Robert Kennedy Human Rights y 4 organizaciones más **.

De las 15:45 a las 16:45, continuará la audiencia “Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México”, donde participarán Article 19, capítulo México, Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Human Rights Watch, WOLA, y otras 23 organizaciones.

Antes, de 11:30 a 13:00 horas se presentará la audiencia sobre el caso de Manuel Santiz Culebra y otros, relacionado con la Masacre de Acteal en la que participan la organización Las Abejas de Acteal, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

En todas las anteriores asistirán representantes del Estado Mexicano, quienes expondrán sus observaciones a los casos referidos.

El jueves 22 de octubre de 17:45 a 18:30 se realizará la audiencia Derechos Humanos e intercepción de personas elegibles para la protección internacional en la que participan diversas organizaciones, entre ellas dos mexicanas que son: Sin Fronteras IAP México y Clínica de Derechos Humanos del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH).

Mientras que el viernes 23 de octubre se presentará la audiencia Los derechos humanos y el agua en América en la que participarán el Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño A.C.” (BARCA-DH), México, New Mexico Environmental Law Center, entre otras organizaciones de carácter internacional.

En el siguiente enlace puede consultarse el calendario completo de las audiencias: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-156-audiencias-es.pdf

Mientras que las audiencias podrán seguirse en vivo por su página en Internet http://www.oas.org/es/cidh/
además de que los videos de dichas transmisiones estarán disponibles posteriormente en la página Web de la CIDH.

Cabe mencionar que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El organismo tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia y está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente de la noticia: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=541233&idFC=2015#sthash.xHOYL1Uz.dpuf

Fuente de la Imagen: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-156-audiencias-es.pdf

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Criminalizaciones en México

Hay distintas formas de criminalización. Existe el sentido amplio de la criminalidad, que implica atribuir un carácter criminal, contemplado en leyes y códigos, a alguien o algo. En este sentido se puede hablar de la criminalización de la protesta social como la aplicación del código penal y los delitos y penas que el mismo contempla, a modalidades del activismo y de las manifestaciones sociales, con el fin de debilitarla o desorganizarla.

También está la criminalización de las personas usuarias de plantas y sustancias actualmente ilícitas a pesar de que este consumo no está tipificado como un delito en México, sin embargo la principal respuesta del Estado mexicano ante el consumo ha sido a través del sistema penal. Este régimen legal tiene como resultado marginación, y frecuentemente la criminalización, de los consumidores. Un estudio del CEDD del CIDE Región Centro, muestra que entre 2009 (cuando fue aprobada la Ley de Narcomenudeo) y mayo de 2013,  fueron detenidas en el fuero federal 140,860 personas por consumo de drogas, a pesar de que el consumo no es delito.

Pero no en todas partes ocurre lo mismo, hay ya más de 20 paises que han descriminalizado el uso de drogas. Esta descriminalización refiere a la derogación de las leyes y políticas que definen el consumo de drogas y / o la posesión de drogas para uso personal como una ofensa criminal. El acto sigue siendo ilegal, pero las sanciones son administrativas o son abolidas por completo. Para conocer más al respecto recomendamos la e-rramienta que la red IDPC ha sacado al público para comparar los diversos modelos de descriminalización del uso de drogas.

Por nuestra parte, en México, otra forma de criminalizar se hace cada día más presente y fecuente. Cada vez que se justifica una barbarie en medios de comunicación o que en una plática cotidiana sale a la luz el falaz argumento de “algo habrán hecho”. Mediante la concepción de que quien padece de la violencia es porque andaba en malos pasos, se han legitimado las más cruentas matanzas en dictaduras latinoamericanas y de otras latitudes. Bajo esa lente moral que quiere poner una barrera entre la víctima y yo, algo que nos diferencíe, que me diga que a mi no me va a pasar lo que le pasó a Rubén, a Nadia, a Simone, a Alejandra, a Yesenia o a Julio César y a sus otros 42 compañeros, o a Idilberto Reyes García que como tantaos otroas niñoas fue asesinado a causa de la guerra, o a alguna de las otras personas desaparecidas que inconmensurablemente se cuentan por más de 3 decenas de miles, o a alguno de los feminicidios y homicidios que sin ninguna precisión se cuentan por más de 3 centenas de miles, o a loas desplazadoas, migrantoas, torturadoas, y tantos más casos de violencia estructural, sistémica y planificada, ejercida por el Estado, si, por el gobierno mismo y por sus aliados informales.

Este modo de criminalización es el que representa Luis Cárdenas, locutor de MVS, cuando afirma que el asesinato de la colonia Narvarte de la semana pasada

“no tiene un móvil relacionado a la libertad de prensa, no tiene un movil relacionado al trabajo periodístico, ni al trabajo de activista que tenía una de las víctimas, y es que si nos atenemos a las pruebas podemos ver que Nicole, una señorita de 29 años de edad de origen colombiano propietaria de un Mustang Shelby, tiene ella el objetivo de este crimen, al parecer los homicidas iban trás Nicole,… querían asesinar a Nicole, los otros simplemente estaban en un mal lugar en un mal momento.

Habrá que esperar las pruebas policiales y los peritajes de expertos pero de acuerdo a la información que tenemos hasta el momento pareciera ser que este es un crimen que está relacionado con el consumo, con el tráfico de drogas, particularmente de la cocaína” (ver video en https://www.youtube.com/watch?v=5KLcrpfMr1s )

Es irresponsable y ofensivo que intenten inculpar a una persona por su propio asesinato y por el de sus colegas por el hecho de ser colombiana y tener un auto, que esa supuesta investigación se base en un prejuicio del tamaño Colombia=uso y tráfico de cocaína=ultraviolencia.

No podemos permitir más este encubrimiento de la prensa al ascogobierno, #FueElEstado, #EsElEstado, Es el GOBIERNO. Es aterrador saber que algunas de las víctimas del pasado fin de semana habían denunciado a sus agresores y se encontraban en el DF buscando refugio y como si hubieran anunciado su propio destino, como aquí lo hace Rubén, nos recordaron hace tiempo que en Veracruz no hay condiciones para su profesión ya que ya había 13 periodistas asesinados y 4 desaparecidos y que pueden entrar a matarte y nadie hará nada a tu alrededor por temor a perder la vida; o como aquí lo hace Nadia, donde responsabiiza totalmente a Javier Duarte de Ochoa y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que les pudiera suceder a los que estan involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos y sociedad civil en general. Dijo “Si queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad porque son directamente los que están mandando a reprimirnos.”

Ya lo sabemos, ya saben que lo sabemos, no hay vuelta atrás.

Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno.

#JusticiaParaRubén

#Justiciaparalxs5

#DuarteAsesino

#NiUnaNiUnoMás #NuncaMás

Ninguna ejecución puede pasar desapercibida. Apatzingán: rendición de cuentas urgente y ejemplar

Las organizaciones y personas firmantes exigimos la investigación imparcial, profesional, expedita, convincente y transparente en torno a los hechos de violencia sucedidos en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero de 2015Policía Federal - Apatzingán - Foto La Jornada Michoacán

  • Una investigación periodística publicada el 18 de abril elaborada por Laura Castellanos, soportada en decenas de testimonios y material gráfico diverso, imputa a miembros de la Policía Federal la ejecución extrajudicial de 16 personas sucedida el 6 de enero pasado en Apatzingán, Michoacán.
  • A cuatro meses de acontecidos los hechos, no hay información pública que acredite resultados derivados de investigación formal alguna por parte de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El hecho alimenta la sospecha y debilita las expectativas de castigo sobre quienes podrían ser responsables de estas conductas.
  • Nada lastima más a las instituciones policiales y su relación con la sociedad que la impunidad ante conductas delictivas y violatorias graves de los Derechos Humanos a cargo de sus representantes. La denuncia periodística merece investigaciones ágiles, ejemplares, imparciales, profesionales y transparentes.

Pronunciamiento conjunto

México D.F., 14 de mayo de 2015.- Según la investigación periodística referida, la cual incluye 39 testimonios y es acompañada por material videográfico y fotográfico, 16 personas habrían sido ejecutadas y varias más heridas a manos de representantes de la Policía Federal.

El mismo día 18 de abril la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación informó que “recibió de manera anónima un video del cual se pueden inferir presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Federal, en el municipio de Apatzingán en el Estado de Michoacán” y que se iniciarían las investigaciones correspondientes.

Tres días después se publicaron declaraciones del ex-comisionado de seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, donde afirma que el material publicado por la revista Proceso está distorsionado y fuera de contexto, y sostiene que hay pruebas suficientes para demostrar fuego cruzado entre civiles. Por su parte, desde el 14 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó el comunicado CGCP/008/15 donde informa que “integra el correspondiente expediente de queja”.

A su vez, el periódico Reforma informó que “todavía el 5 de marzo la Policía Federal dio a conocer en una respuesta de información que no tenía en sus archivos ningún documento respecto a una investigación interna sobre el caso contra sus agentes”.

Pronunciamiento

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la actuación de la policía “se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”. Esos principios sólo serán realidad en las prácticas policiales si se logra garantizar que las conductas positivas son premiadas y las negativas sancionadas. Si no hay rendición de cuentas jamás habrá policías profesionales.

El paso del tiempo, luego de los hechos de Apatzingán, sin información que acredite las investigaciones y sin las consecuencias de ley correspondientes, abona de manera ejemplar a la crisis crónica en la que se encuentra el imperio de la ley en este país.

Los hechos de Apatzingán no representan el primer escándalo que implica a miembros de la Policía Federal. Esta institución no puede ser modelo de referencia ni ejemplo a seguir para otras policías en tanto sus sistemas de control interno y externo y su voluntad de rendir cuentas no estén por encima de la sospecha. Las actuaciones individuales de las y los agentes de policía deben evaluarse en función de las debilidades institucionales que las incentivan o que poco pueden hacer para controlarlas y evitar su repetición. Los hallazgos de las investigaciones deben convertirse en insumos encaminados al fortalecimiento de las distintas prácticas y mecanismos de supervisión de la policía, en el marco de un proceso de mejora continua.

La presentación urgente de resultados convincentes en las investigaciones recae en la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De no haber una respuesta coherente con la gravedad de las imputaciones, una vez más se minará el apoyo y la confianza social que deben estar en el soporte de la función policial en un Estado democrático de derecho.

Organizaciones:
Article 19 Oficina México y Centroamérica
Biopoder, A.C.
Casa Michoacán en Chicago, Illinois, Artemio Arreola
Cascadas de Ichaqueo, S.C. de R.L.
Cátedra de Canto Libre
Cauce Ciudadano, A.C.
Centro de Apoyo a la Salud Alternativa, A.C., CASA
Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CACEH A.C.
Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”. A.C.
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Centro de Investigación y Proyectos  Geográficos, A.C, CIPG
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C., Cencos
Club Acuitzio en Illinois, Rosa Arreola, Alfredo Gámez
Club Cuitzeo, Félix Pintor
Club Huandacareo, Armando Díaz
Club Jeruco en Estados Unidos, Ramiro Izquierdo
Club La Campana, Velia Rubio, Presidenta. Sandra Soto, Tesorera
Club Morelia en Illinois, Arsenio Gutiérrez
Club San Rafael, Marco Rodríguez
Club Villa Morelos, Martín Ávila
Club Zinapecuarense, Jorge Muñoz
Colectivo por una política integral hacia las drogas, A.C., CUPIHD
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., CMPDPDH
Comisión Regional de Derechos Humanos de Ciudad Hidalgo, A.C.
CONVIHVE, A.C.
Durango Unido en Chicago Federación de Duranguenses, Rodolfo Bolívar, Presidente.  Marcia Soto Vicepresidente
Educación y Servicio Comunitario, A.C, ESECO
Escuela Latinoamericana de Actoría Social Juvenil
Espolea, A.C.
Federación de Clubes Michoacanos en Illinois 33 FEDECMI
Federación de Clubes Michoacanos en Nevada, Reveriano Orozco
Federación de Clubes y Asociaciones de Michoacanos FECADEMIN, Francisco Moreno y Ramiro Romero
Freedom House
Frente Binacional Michoacano FREBIMICH, Rubén Chávez
Frontera con Justicia, A.C., Casa del Migrante de Saltillo
Fundación Cultural Ramón Martínez Ocaranza, A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
Inclúyete Incluyendo, A.C.
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.
Institución Renace, A.B.P.
Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., IMDHD
Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C., Insyde
México Evalúa
México Unido Contra la Delincuencia, A.C.
Michoacán por la Educación, A.C, MIEDUCA
Michoacanos Unidos por la Salud y Contra el Sida, A.C, MUSS
Movimiento Migrante Mesoamericano
Movimiento Unido Mexicano, A.C.
Nicolaitas Unidos en Pro de la Sociedad Michoacana, A.C.
Observatorio Nacional Ciudadano
Para Leer en Libertad, A.C.
Red Internacional de Migración y Desarrollo
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República Mexicana*
Red por los derechos de la infancia en México, REDIM
Red RETOÑO para la Prevención Social de la Delincuencia Organizada
ReverdeSer Colectivo
Sin Fronteras, I.A.P.
WOLA, Washington Office on Latin America

Personas:
Alejandro Hope
Alejandro Madrazo Lajous
Alejandro Solalinde
Alfonso Cuarón
Arturo Arango Durán
Bertha Navarro Solares
Carlos Cruz Santiago
Carlos Ríos Espinosa
Cecilia Suárez
Clara Jusidman Rapoport
David A. Shirk
Denise Dresser
Dolores Heredia
Eduardo Bohórquez
Eduardo Gallo y Tello
Elena Azaola, Investigadora del CIESAS
Elena Poniatowska
Erika Llanos Hernández
Ernesto Canales Santos
Erubiel Tirado
Eugenia León
Fabrizio Mejía Madrid
Gael García Bernal
Giovanni Xochipa Cano
Greco Rosas Méndez
Guadalupe Barrena Nájera
Gustavo Fondevilla
Javier Mancera de Arrigunaga
Jesús Robles Maloof
José Antonio Guevara B.
José Emilio Espínola Martínez
Juan Francisco Torres Landa
Juan Villoro
Julia Monárrez Fragoso, Profesora Investigadora, El Colegio de la Frontera Norte
Laura Carrera Lugo
Laura Esquivel
Layda Negrete
Lourdes Morales
Luis De la Barreda Solórzano

Luis González Placencia

Lydia Cacho Ribeiro
Marcela Azuela Gómez
Marcelina Bautista
María Eugenia Suárez de Garay
Mario Campos Cortés
Miguel Carbonell
Miguel Concha Malo
Miguel Pulido Jiménez
Mónica Serrano
Nacho Maldonado Llobet
Paco Ignacio Taibo II
Paloma Sáiz Tejero
Ricardo Raphael
Roberto Hernández
Rubén Álvarez Mendiola
Sergio Aguayo
Silvano Cantú
Soren García Ascot

* Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”: Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

¿Por qué no lo vamos a superar? Plantas de poder y política. Parte I

Por Fermín Valenzuela

Entre las distintas actividades que hubo con la ola de manifestaciones a partir de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un colectivo de maestros de la UNAM decidió hacer clases al aire libre. La dinámica básicamente consistía en que cada maestro tomaba el micrófono durante unos cuantos minutos y exponía desde el área que mejor manejara, siguiendo cierto eje temático relacionado con los 43 y la situación del país. En fin, en un momento, antes de hacer un descanso se hizo la pregunta a los asistentes de por qué no vamos a superar esto que está pasando, como burdamente planteara el presidente.

www.youtube.com/watch?v=7v5Zur5hHFE
La respuesta es obvia si, a diferencia del presidente, se tiene un poco de empatía. No se puede pedir que se superen hechos tan graves como si se tratara de una banalidad o un accidente sin víctimas, como picarle el ojo a alguien.

Sin embargo, en este texto quiero plantear otra respuesta. No podremos superar ni esta crisis ni esta política de Estado basada en la violencia, mientras validemos la guerra contra las drogas por medio de la prohibición de cualquier ser vivo.

A mí parecer, lo que subyace a la violencia que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional, tiene que ver directa y concretamente con el control de las plantas (y hongos) de poder. También podríamos decir que está el TLC, la mímesis del gobierno con el hampa, el narco estado dirigido por el gobierno de EU, y bueno, el capitalismo mismo, pero concentrémonos en las protagonistas silenciosas y fotosintéticas de la violencia.

Vayamos por pasos aquí. Antes de hablar de sustancias tenemos que hablar de seres vivos. Se puede tratar de plantas, hongos, ¡o incluso ranas! Estos seres vivos de distintos reinos son los que producen las sustancias que después son sintetizadas o procesadas. Para hacerlo se utilizan distintos tipos de químicos, desde ácidos hasta gasolina, haciéndolos pasar por distintas temperaturas.  Por eso no es lo mismo hablar de la planta de coca que de la cocaína, obtenida de un proceso químico, o de la amapola y la heroína. Consideremos que tenemos por un lado a seres vivos y por otro, sustancias derivadas y sintetizadas a partir de ellos.

Ninguna prohibición sobre cualquier sustancia y/o planta ha logrado la desaparición de la misma y mucho menos la desaparición de su consumo. A menos de que a lo que se quiera llegar con la prohibición de ciertas sustancias sea la extinción de ciertas plantas u hongos (¡o ranas!), en el discurso no hay un fin claro de la misma ¿Cuándo se va a concluir como exitosa una prohibición entonces? El proceso económico que se prohíbe simplemente no desaparece. Lo que se logra en primer lugar es inflar su precio e ilegalizar su mercado, y al volverse ilegal pero lucrativo, entran las armas para asegurar que el capital fluya. En los hechos es bastante claro que hay un fin político y económico. La producción de “drogas”,  juega un papel muy importante dentro de la división internacional del trabajo y es de las excusas preferidas desde Nixon, para justificar apoyo policíaco-militar, o dictar línea a países subyugados por parte de EU. También hay casos como Afganistán, que se volvió el primer productor de amapola después de la invasión estadounidense a principios de siglo, que deberían de hacernos reflexionar sobre el papel que juega EU en este mercado. Otro dato curioso: Iguala es una capital mundial del cultivo de Amapola.

Creo que hay ciertos lugares comunes dentro de la discusión por la legalización de las drogas, que para los familiarizados en el tema tal vez ya les canse escucharlos, pero para el resto señalaré dos puntos que vale la pena que mencionar.

Primer lugar común de la discusión: La palabra droga es engañosa. Proviene del árabe andalusí  hatruka, que quiere decir charlatanería. Hay un sentido peyorativo implícito en el uso de la palabra droga. En el ámbito legal mexicano se usa erróneamente la palabra narcótico para referirse a las sustancias que tengan un efecto que altere la percepción de los sentidos, sin considerar que un narcótico es una sustancia que adormece el sistema nervioso central. Pensemos en los alcaloides, por ejemplo.  Sustancias cuyo nombre acaban en ína, como la cocaína, entrarían como narcóticos, y su efecto más bien estimula el sistema nervioso central. Legalmente no hay siquiera un vocabulario correcto para designar sustancias. La palabra droga mete en el mismo saco a hojas, raíces, semillas, alcaloides,  alucinógenos, narcóticos, entéogenos, químicos, sin mayor discusión. Más peligroso que confundir peras y manzanas. Si pensamos que una droga es una sustancia que produce dependencia física y/o sicológica, varias sustancias quedarían descartadas de antemano y aun así se les relaciona con la palabra ¿cuántos grupos de autoayuda existen para adictos al peyote? Simplemente la palabra confunde. Sin embargo, para no zambullirnos en los pormenores dela clasificación, tengamos en  mente a lo largo dela lectura tan sólo tres plantas de poder (llamémoslas así) que a mí parecer, son predominantes en la cuestión que estamos tratando, ya que también de ellas se derivan una vasta cantidad de sustancias: la mariguana, la coca, y la amapola.

Segundo lugar común de la discusión: Si el alcohol –que también se produce a partir de la fermentación de ingredientes vegetales- es causante directo de muertes y accidentes pero es legal, y en cambio, es imposible que la marihuana pueda producir una sobredosis que lleve a la muerte, entonces, no hay un criterio consistente para prohibir o legalizar una sustancia, sea de origen o no vegetal. ¿Por qué una sustancia es legal y otra no? El caso ejemplar es la prohibición del alcohol en los años 20, que llevó a que personajes como Al Capone a enriquecerse con su distribución ilegal, entre otras cosas. No por nada Obama llamó a Felipe Calderón “un Elliot Ness” en su cruzada contra las drogas. Obama lo hizo tal vez sin ser consciente de lo acertado que era la comparación entre dos representantes del gobierno en una cruzada cuyo resultado principal es la violencia y el lucro ilegal.
Mi tesis es que la influencia de las plantas de poder no empieza ni acaba en el mundo de la psique, su influencia es igual de fuerte en el mundo de lo social. Su poder para nada se limita a la “alteración de los sentidos”. Tienen una fuerza real en el mundo y ha sido usurpada por el dinero. Su estatus jurídico concretiza la relación que como sociedad mantenemos con ellas. La salud de esta relación se refleja en la salud de nuestras propias relaciones. Los miles de muertos y desaparecidos desde que se declaró la guerra contra las drogas nos dice algo del estado de esta relación.

¿Por qué no lo vamos a superar? Porque hay muchas cosas más que no hemos superado, si pensamos  que las drogas son las que están matando a las personas y no las balas. Si queremos que acabe la guerra contra el pueblo pero no atendemos la contradicción que encierra el hecho de prohibir plantas, estamos mirando la punta del iceberg. La prohibición es un mecanismo de control social cuyo elemento  más peligroso y efectivo es el consenso en la sociedad civil. Que la gente señale y criminalice a los usuarios en la calle, todos los dramas familiares por un toque escondido, y demás situaciones por el estilo, forman el espiral de la dinámica social que está del otro lado de una actividad económica que se mueve con balas como parte de una estrategia geopolítica, cuando se podría tratar tan sólo de plantas medicinales y sus derivados químicos que, esos sí, generan dependencia. Podría ser un asunto de salud pública y no de seguridad (otro terreno común en la discusión, no por eso menos válido). Apoyar la prohibición es aceptar la esquizofrenia discursiva del Estado, señalar como culpables a plantas por sus propiedades de nuestra mala salud como sociedad.
Si queremos exigir y hacer valer el derecho a la vida que tienen los humanos en general, y en particular de nuestros hermanos desaparecidos en manos del Estado o el narco (para el caso es lo mismo), tenemos que reconocer el derecho a la vida de los seres que les dan poder y les generan dinero a estos. La prohibición es muerte y guerra. Legalicemos.

Al respecto de la negación al derecho a la vida de otros seres como parte de la crisis que vivimos quisiera ahondar sobre el tema de las “drogas”, la producción de carne,  la comida, y la otredad. Pero eso será en una nueva entrega.

Abriendo el debate sobre las drogas: el papel del Estado

Argumentos claros y probados sobre por qué la penalización de la droga debe ser reemplazada por una acción del Estado que influya tanto en lo público como en la vida privada de los posibles consumidores.

Hernando Llano Ángel*

Los problemas de la prohibición

La principal consecuencia de la política prohibicionista y de la llamada “guerra contra las drogas” ha sido entregar la regulación de la cocaína y otras sustancias ilícitas al crimen organizado. Así sucedió también cuando, en un exceso de puritanismo de los legisladores norteamericanos, sustentados en prejuicios racistas y en la ignorancia, estos prohibieron con una enmienda constitucional el consumo de licor en 1920.

Uno de los adalides de esta prohibición fue el representan­te a la Cámara por el Estado de Alabama, Richmond Pearson Hobson (1870-­1937), héroe de la guerra hispanoamericana y autor de un libro con el sugestivo título de Drogadicción: un maligno cáncer racial.

Entre los ar­gumentos que este esgrimió en el Congreso a favor de la prohibición del alcohol estaban que “una investi­gación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico” y una “droga creadora de hábito”. También le aplicó otros epítetos como “veneno protoplásmico” y “asquerosa excreción de un organismo viviente”. Además, sostuvo que “el licor convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delitos no naturales”. Según Pearson, el hombre blanco tiene la misma tendencia, pero “por el hecho de estar más evoluciona­do, le toma más tiempo llegar al mismo nivel”.
La forma más efectiva de descriminalizar el narcotráfico es sobrepolitizando todo lo relacionado con la producción, comercialización y consumo de las drogas ilícitas

La prohibición del alcohol en Estados Unidos se tradujo en un aumento exponencial de la violencia, el crimen y la corrupción política en las principales ciudades. Los legisladores norteamericanos habían entregado la satisfacción de una necesidad más o menos lúdica y social (acompañar las conversaciones, fiestas y veladas con bebidas alcohólicas) al crimen organizado.

Es decir, la regulación de una de las más antiguas necesidades humanas de socialización e interacción (en la que incurrió incluso Jesús de Nazaret con el milagro de la conversión del agua en vino) se le entregó al crimen organizado y se responsabilizó solo a la Policía y al sistema judicial por su control y represión.

Se le quitó a los adultos su responsabilidad por el cuidado de sus propios cuerpos, salud y vida, para entregársela casi que exclusivamente a la Policía y a los jueces. Así se fue cayendo en un Estado policivo y punitivo, sustentado más en la fuerza y la represión que en la confianza, la autonomía y la responsabilidad de sus propios ciudadanos.

Cuando se criminalizó el consumo de licor las consecuencias para la seguridad de los ciudadanos y las instituciones políticas fueron tan funestas que en 1933 los legisladores derogaron la enmienda prohibicionista y optaron por la regulación estricta de la producción, comercialización y consumo del licor, como sucede hasta nuestros días.

Descriminalizar el narcotráfico, sobrepolitizar la droga

De manera semejante a cómo se hizo con el alcohol en Estados Unidos, habría que hacer hoy con la marihuana y la cocaína: descriminalizarlas y ser reguladas por el Estado, como lo está haciendo Uruguay. Esto le arrebata al crimen organizado la regulación de la marihuana y no permite que las mafias sigan controlando este mercado mediante la violencia y la corrupción, con perjuicio para la sociedad en su conjunto.

Esta estrategia podría ser la formulación, entre paradójica y escandalosa, de una de las principales ideas debatidas en el Segundo Foro Regional sobre Política de Drogas, realizado en Cali los días 19 y 20 de marzo de 2015.

Es un hecho que por la regulación criminal los colombianos hemos pagado un altísimo costo en vidas de líderes políticos, magistrados, jueces, miembros de la Fuerza Pública, mujeres y hombres anónimos. Además, por ella se ha consolidado una connivencia nefasta entre la criminalidad y la política, expresada en la narcoparapolítica y la generosa financiación del conflicto armado interno, donde los límites entre la delincuencia política y la común se traslapan. Todo esto sin subestimar los cientos de miles de hectáreas de bosques tropicales devastados y de ecosistemas destruidos.

Como decía Julián Wilches en el foro mencionado, citando al periodista Gerardo Reyes, la misma DEA tuvo que convenir con “Rasguño” (Hernando Gómez Bustamante) que no interrumpiera el flujo de cocaína que su organización criminal enviaba a Nueva York, para evitar que aumentara el crimen por las violentas disputas internas que generaba su escasez.

Por todo lo anterior es imperioso descriminalizar el narcotráfico. Entre otras cosas, porque solo cuando ello suceda empezarán a descender las gigantescas ganancias que genera este comercio mortal. Bien lo señalaba Milton Friedman, premio nobel de economía de 1976: “si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto”. El precio aumenta en relación directa con el riesgo y la represión que conlleva dicha economía ilícita.

Estrategia en lo público y lo privado

La forma más efectiva de descriminalizar el narcotráfico es sobrepolitizando todo lo relacionado con la producción, comercialización y consumo de las drogas ilícitas en sus dos principales dimensiones, la pública y la privada.

En la pública, hay que hacerlo como lo ha hecho Bolivia con el reconocimiento constitucional de la hoja de coca con toda su dimensión cultural y ancestral, en tanto planta vital y sagrada para su población indígena, que no debe ser criminalizada ni estigmatizada bajo el paradigma prohibicionista eurocéntrico. En el ámbito legal, el Estado ecuatoriano ha hecho algo similar

Como recomienda  Ricardo Soberón urge una estrategia unificada de todos los Estados latinoamericanos para que en la próxima Asamblea General sobre Drogas, a la que concurrirán 191 Estados en marzo de 2016, se avance en la dirección descriminalizadora y se profundice la estrategia reguladora.

También mediante campañas educativas y preventivas claras y coherentes, dirigidas especialmente a los y las adolescentes, se les debe informar sobre los riesgos potenciales que implica para su salud, integridad y desarrollo humano el consumo temprano de cualquier tipo de drogas, desde las socialmente aceptadas, como el tabaco y el alcohol, hasta las ilícitas.
El Estado debe asumir una función educadora, formativa y preventiva, con un enfoque de salud pública, en lugar de la hoy predominante de carácter punitivo y represivo.

Es decir, el Estado debe asumir una función educadora, formativa y preventiva, con un enfoque de salud pública, en lugar de la hoy predominante de carácter punitivo y represivo. Para mayor eficacia y coherencia, el Estado debería coordinar dichas campañas formativas y preventivas con organizaciones de la sociedad civil, el sistema educativo y el versátil entramado de los nuevos medios y las redes sociales.

En la esfera privada, en sincronía con el Estado y los gobiernos locales, se pueden generar condiciones para que en los espacios familiares, escolares e incluso íntimos se estimule la reflexión, el debate y la formación de jóvenes cada vez más autónomos, responsables, vitales y seguros de sí mismos, como una de las mejores estrategias para prevenir, disuadir y controlar el consumo de drogas y sus graves secuelas para la salud.

Es en la doble dimensión de lo público y lo privado que cabe hablar de una sobrepolitización del complejo problema del consumo y abuso de las drogas. Al final, de lo que se trata es de la definición y disfrute de horizontes de vida cada vez más plenos y libres en lo social y lo personal, a partir de de decisiones políticas tomadas de manera autónoma y no impuestas autoritariamente, tanto en la esfera individual como en la estatal.

Esto es lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en algunos Estados norteamericanos, como Colorado, Oregon y Washington, donde la ciudadanía, mediante consultas y referendos, ha aprobado el uso terapéutico y recreativo de la marihuana.

*Profesor asociado del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Universidad Javeriana de Cali. (ellano@javerianacali.edu.co)
Fuente: Razón Pública- http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/8373-abriendo-el-debate-sobre-las-drogas-el-papel-del-estado.html