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Drogas: ¿Golpe de timón?

 

José Antonio Crespo
crespo5501@hotmail.com

Sin duda la política sobre drogas anunciada por Enrique Peña Nieto recientemente representa el cruce de un umbral cualitativo, un cambio de modelo, del rígido prohibicionismo punitivo a uno en que se enfoca el problema como de salud pública, reconociendo el fracaso e irracionalidad del esquema prohibicionista. Paradójicamente, aunque pareciera un movimiento hacia el futuro, en realidad lo es al pasado, pero un pasado más racional y adecuado que abandonamos en 1939, cuando Estados Unidos nos obligó a adoptar el prohibicionismo. Justo antes de esa fecha, México había mantenido una aproximación a la mariguana como asunto de salud pública. Ahora se retoma, al menos parcial e inicialmente, lo que nunca debió abandonarse (fue Lázaro Cárdenas, tan autónomo en materia petrolera, quien se doblegó en el tema de las drogas frente a Estados Unidos).

Los gobiernos priístas decidieron administrar el problema para mantener bajos costos al ciudadano (como también hace Estados Unidos). Pero la alternancia presidencial en 2000 afectó fuertemente el entramado mediante el cual aquella estrategia funcionaba. Además vino la decisión de Vicente Fox de declarar una “guerra sin cuartel” a los cárteles de la droga, que elevó la violencia. Y después, Felipe Calderón metió el acelerador a ese esquema, por lo que la violencia se disparó exponencialmente (los datos no mienten). La decisión de Calderón de vestir un uniforme militar de talla más grande, simbolizó muy bien dos cosas: A) su determinación de conseguir mediante esa estrategia la legitimidad que no obtuvo en las urnas, y B) el hecho de que le quedó grande la estrategia elegida (igual que el uniforme). Los especialistas del tema insistieron en que, si bien Calderón podía obtener los primeros años gran popularidad, las cosas se le saldrían de control (pues era pegarle al avispero) y su estrategia se le revertiría políticamente. Así ocurrió. Con Peña las cosas no cambiaron gran cosa, pues siendo ese un punto muy vulnerable del gobierno de Calderón, el candidato priísta prácticamente no habló del tema durante su campaña (sino que se centró en las reformas estructurales a la Constitución). Eso sugiere que Peña no sabía bien a bien qué hacer en materia de narcotráfico. Y de ahí que la violencia e inseguridad hayan continuado en patrones similares a los de Calderón. Pero la despenalización gradual en Estados Unidos, el fallo de la Suprema Corte amparando el derecho al uso recreativo de marihuana, y el cada vez más evidente fracaso del esquema punitivo, generaron presiones en favor de un golpe de timón. Eso, pese a persistir Peña en su oposición personal, lo que habla al menos de su mayor flexibilidad y capacidad de respuesta en contraste a Calderón (pues jamás reconocería haberse equivocado en su estrategia, y seguramente hoy la sigue defendiendo, pese a su evidente fracaso e irracionalidad).

Con todo, los cambios anunciados quedan cortos en la congruencia que exige un enfoque de salud pública, pues eventualmente se tendría que despenalizar también la producción, distribución y venta de mariguana, y aceptar el derecho de las personas a decidir lo que se ingiere, bajo el enfoque de derechos individuales en que se basó la Suprema Corte al conceder un amparo para el consumo recreativo. Se podría pensar, por ejemplo, que la iniciativa de Peña nos va a equiparar con California, que despenalizó la mariguana para fines curativos pero aún no recreativos (aunque seguramente lo hará pronto). Pero no; allá el uso curativo incluye la posibilidad de fumar la yerba por insomnio, inapetencia, migraña u otras dolencias menores. La producción y venta están despenalizados, y se exige para su compra contar con un permiso otorgado por un médico, válido por varios meses. Eso es lo congruente con un enfoque de salud pública. Y el enfoque de derecho a decidir sin la injerencia del Estado paternalista va más allá. Esos tendrían que ser los siguientes pasos en este nuevo paradigma al que se alude, aunque dado el conservadurismo mexicano (del gobierno y la sociedad), podría tomar mucho tiempo aún.

 

Fuente original: http://www.forumenlinea.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2845&catid=80&Itemid=493

 

Foto de portada: ReverdeSer Colectivo

DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS DE DIFERENTES PARTES DEL MUNDO A PROPÓSITO DE LAS 5 MUERTES EN ARGENTINA

A propósito del desgraciado suceso ocurrido en Argentina hace pocas semanas en el que 5 personas resultaron fallecidas y 4 intoxicadas graves, las organizaciones de reducción de riesgos que firmamos esta declaración queremos plantear algunas reflexiones y propuestas a tener en cuenta a la hora de abrir el debate sobre el enfoque de reducción de riesgos y daños, y sobre las acciones a realizar especialmente en los espacios de fiesta.

  • El consumo lícito o ilícito de drogas es una realidad cambiante y que no dejará de existir. Es por ello que debe promoverse un trabajo orientado a minimizar los efectos perjudiciales para el individuo y para la sociedad.
  • Entendemos que un enfoque de Salud Pública en materia de drogas debe reconocer la reducción de riesgos y daños como estrategia fundamental e integrada en todos los abordajes preventivos. Con ello se adquiere una perspectiva más globalizadora de la prevención y realiza una aproximación preferente sobre colectivos con mayor vulnerabilidad y en situación de riesgo.
  • La reducción de riesgos, aunque se articula perfectamente con la reducción de daños, se diferencia de esta última en que pone el foco en influir sobre las condiciones previas y las que se dan durante el consumo de drogas con fines recreativos, en espacios de fiesta y ocio, en personas que no tienen problemas graves derivados de este consumo. Actuamos sobre ese 90% de personas consumidoras que no tienen problemas graves derivados del consumo de drogas pero que demandan información para el cuidado de su salud física y mental y no desean abandonar el consumo.
  • Reconocemos que la población consumidora se preocupa e interesa en la protección de su salud. Es por ello que agradece, y es de derecho aportarles, la información y pautas para un consumo de menor riesgo (cómo gestionar el consumo, qué pautas de dosificación seguir o cuáles son las vías de administración menos riesgosas para usar drogas). Se trata de una información muy relevante para reducir el riesgo y que habitualmente no está disponible o al alcance de la persona que quiere consumir.
  • La reducción de riesgos no se limita a las acciones sobre el consumo de drogas como brindar información objetiva y útil para la protección de la salud de las personas que usan drogas, realizar análisis de sustancias, generar alertas tempranas, contar con zonas de recuperación, etc. También implica la reglamentación de los espectáculos, de los servicios de atención sanitaria en las fiestas, del control del aforo, del acceso a hidratación y alimentación, la actualización en conocimientos del sector salud, la actualización normativa, el involucramiento de lo/as empresario/as de los espectáculos, entre otros aspectos.
  • Dado que las drogas están en manos de un mercado ilegal que busca su beneficio a través del fraude al consumidor/a, entendemos que los servicios de análisis son posibles y necesarios en el marco de políticas de drogas con un enfoque de Salud Pública para que la persona pueda contar con una orientación sobre la composición de las drogas que va a tomar y que esa información le sirva para adoptar las precauciones necesarias. La puesta en marcha de estos servicios requiere de la suma de voluntades de Administraciones, ONG y sector ocio.
  • También consideramos que los servicios de análisis de sustancias presentan ventajas añadidas como son la posibilidad de una monitorización del mercado ilegal a nivel de usuario/a, la construcción de una relación de confianza con la persona usuaria que permita la recuperación de la credibilidad en las instituciones que trabajan en el ámbito de las drogas y el fortalecimiento de la red de atención en casos de emergencia.
  • Asimismo, queremos destacar el carácter comunitario de los programas de reducción de riesgos que no sólo buscan y consiguen la implicación de las propias personas consumidoras de drogas, sino que también implican a profesionales de diferentes ámbitos en un objetivo común: la atención a personas usuarias de drogas.
  • Quienes desarrollamos programas de reducción de daños somos conscientes de que no somos la única solución, que nuestras acciones vienen después de las acciones de prevención del consumo de drogas con énfasis en la infancia y adolescencia, y que se desarrollan antes de que tenga que llegar un tratamiento especializado para personas que tienen problemas con el consumo. Somos conscientes de que llegamos un pequeño grupo de personas en la sociedad, que es el que consume drogas, pero también estamos seguros que somos los que llegamos al mayor número de personas usuarias.
  • La mayoría de los proyectos en reducción de riesgos y daños han surgido de la motivación y el impuso de la sociedad civil para con el tiempo ser reconocidos, apoyados y articulados con la institucionalidad pública. En esa misma medida deben continuar con su enfoque de base comunitaria y deben contar con mayor apoyo financiero y técnico permanente para el desarrollo y mejoramiento de los servicios que prestan.

Lamentando los sucesos ocurridos en Argentina, entendemos seria momento para iniciar un debate constructivo y avanzar en políticas de salud pública, que partiendo de un conocimiento de la realidad de los consumos de drogas se establezcan alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con el sector para mejorar la seguridad de los eventos y minimizar riesgos vinculados al consumo de drogas.

20 de mayo de 2016

Crew 2000 Scotland www.crew2000.org.uk 1992 1CrewLogo
Modus Vivendi Belgium www.modusvivendi-be.org 1993  2ModusVivendiLogo
Hegoak Spain www.hegoak.org/ 1994  3HegoakLogo
Drug Scouts Germany drugscouts.de 1996 4DrugScoutsLogo
Unity Netherlands www.unity.nl 1996  5UnityLogo
GRIP Montréal Canada gripmontreal.org 1997 GripLogo
Energy Control (ABD) Spain www.energycontrol.org 1997  7EnergyControlLogo
CheckIT! Austria http://www.checkyourdrugs.at 1997  8CheckItLogo
DanceSafe EEUU http://www.dancesafe.org 1998

9DanceSafeLogo

Ailaket Spain www.ailaket.com 1998  10AilaketLogo
Drogart Slovenia www.drogart.org 1999  11DrogArtLogo
4motion Luxembourg http://4motion.lu 2002
PSF Italy www.psicologisenzafrontiere.org 2004  13PSFLogo
Contact Netz, Foundation for Addiction Care Switzerland http://www.contactnetz.ch 2004 14COntactLogo
Safer Clubbing Switzerland www.saferclubbing.ch 2005  16SaberClubbingLogo
Safer Nightlife Switzerland Switzerland http://www.infodrog.ch/nightlife-aktivitaeten.html

 

2006  17SNSLogo
CHECK!N Portugal http://checkin-freemind.com 2006  18CheckInLogo
Espolea México www.espolea.org 2006  LOGO-texto alta (1)
ARSU Festa Spain http://festa.arsu.es 2008 20ArsuLogo
Kosmicare United Kingdom www.kosmicareuk.org 2009 21KosmicareLogo
Échele Cabeza (ATS) Colombia www.echelecabeza.com 2010 logo
Party + European Network www.partyplus.eu 2011  23PartyLogo
Legal-high-inhaltsstoffe Germany www.legal-high-inhaltsstoffe.de 2011 24LegalHighLogo
Respire Redução de Riscos e Danos Brasil http://edelei.org/post/28-Projeto-ResPire 2011  25RespireLogo
Safer Dance Swiss Swiss http://de.saferdanceswiss.ch 2011  26SaferDanceLogo
NEWNet European Network www.safernightlife.org 2013  27NewNetLogo
Programa de Análisis de Sustancias (PAS) México 2014  28PASLogo
ReverdeSer Colectivo México reverdeser.wordpress.com 2015  Logo Reverdeser Vector 2
Karmik Canada http://www.karmik.ca  29KarkikLogo
ACT Investigation of Novel Substances (ACTINOS) Australia http://www.harmreductionaustralia.org.au/david-caldicott/ 2016  30ACTLogo

Foto: Intercambios, Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas

La lucha por el lado de la oferta para reducir el consumo de drogas es absolutamente inútil

Ian Vásquez
Ian Vásquez // Instituto Cato

Para entender cómo funcionan los cárteles de drogas, hay que considerar esa industria como una de tantas que lidian con los problemas de cualquier negocio –cómo contratar al mejor personal, qué hacer ante la competencia, etc.–.

Eso se propone Tom Wainwright en su nuevo libro sobre la narcoeconomía (“Narconomics”). “Políticas regulatorias que en el mundo ordinario de negocios hubieran sido descartadas por su ineficacia se han permitido perdurar por años en el mundo antinarcótico”, dice el autor, quien fue corresponsal en México de la revista británica “The Economist”.

Da un ejemplo de los países andinos. La lucha por el lado de la oferta para reducir el consumo de drogas es absolutamente inútil. El costo de la hoja de coca es tan ínfimo en comparación con el precio astronómico de la cocaína en los países consumidores, que incluso si la intervención en Sudamérica llegara a duplicar el precio de la coca, tendría un impacto casi imperceptible para el consumidor en Estados Unidos o Europa.

Estoy en el estado mexicano de Sonora estos días. Los empresarios de acá me cuentan que recientemente hubo una ejecución de varias personas en la cercana Ciudad Obregón, supuestamente un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Me confirman lo que observa Wainwright: el nivel de violencia en México tiende a ser más alto en los estados fronterizos con EE.UU. y aquellos que tienen puertos importantes. Los traficantes se pelean por controlar esas pocas puertas de entrada y salida. Dado que las restricciones a la oferta casi no tienen impacto sobre el consumo, el autor recomienda abrir más puntos de entrada en la frontera norteña. Eso por lo menos reduciría la violencia de manera notable.

Reclutar a trabajadores en una industria ilícita es un reto porque se trata de trabajos poco calificados que requieren disciplina y un alto nivel de confianza. Las prisiones de América Latina han facilitado la vida a los narcotraficantes, ya que se han convertido en verdaderas escuelas del negocio donde se reúnen quienes tienen la mayor experiencia con quienes se interesan por las actividades ilegales. Allí también se refuerzan las pandillas que requieren que sus miembros se apliquen tatuajes conspicuos para reducir la peligrosa posibilidad de que dejen la organización.

Hace más de una década, República Dominicana implementó una reforma penitenciaria que recomienda Wainwright. Ese país tiene cárceles donde se separan a los líderes pandilleros de los demás presos, se internan a menos criminales y se les da trabajos legítimos a los reos, a quienes además se les permite quedarse con un porcentaje de las ganancias que comparten con sus familias. Todo esto reduce la dependencia del preso con las pandillas y los mantiene en contacto con el mundo legítimo exterior. Bajo el nuevo sistema, solo un 3% de los que salen de la prisión vuelve a cometer crímenes, mientras que la reincidencia era, en cambio, 50% bajo el viejo sistema.

Wainwright describe cómo cayó el homicidio en dos tercios en El Salvador cuando las maras (pandillas) pactaron una tregua en el 2012 en vista de que así podían coludir en el mercado nacional –cosa que se deshizo cuando el siguiente presidente retiró su apoyo y volvió a subir la violencia–. Describe también cómo los cárteles practican la responsabilidad social corporativa (donaciones a iglesias, servicios públicos) para mantener cierto apoyo dentro de la población y cómo la nueva competencia de la legalización de la marihuana en partes de EE.UU. ya les está quitando bastante negocio. Predice que cuando se legalice completamente, las empresas estadounidenses de marihuana se mudarán a México para exportar a EE.UU. Eso sería un mundo más civilizado.

 

Fuente original: El Comercio- Perú: http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/como-manejar-cartel-drogas-ian-vasquez-noticia-1880462

 

Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana: “Regulación en relación con la seguridad pública”

Amaya Ordorika Imaz, integrante de ReverdeSer Colectivo, participó el día de hoy en la mesa “Regulación en relación con la seguridad pública”, en el marco de las Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana, a la que convocó la Mesa Directiva del Senado de la República.

Aquí pueden encontrar el video completo de la mesa:

 

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Políticas de drogas, por un debate con perspectiva académica

Por Ana Luisa Guerrero

México, DF. 19 de enero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- El amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó a cuatro personas para sembrar, poseer, transportar y consumir mariguana con fines recreativos y lúdicos, abrió el debate en torno a la pertinencia de que en México se legisle en la materia. Frente a este escenario, resulta imprescindible abrir los foros a las investigaciones que realiza la academia mexicana.

banner politica drogas CIDE01

Múltiples instituciones desarrollan estudios desde diversas áreas del conocimiento. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a través de su Programa de Política de Drogas (PPD), se ha abocado en describir cómo ha sido la implementación de las actuales políticas de drogas en nuestro país, así como sus efectos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2011, en el país se observó una tendencia de crecimiento poco significativo en el consumo de drogas ilícitas, al pasar de 1.6 por ciento a 1.8 por ciento en la población total de 12 a 65 años, en relación a la encuesta anterior de 2008.

Los datos muestran que la mariguana es la droga de mayor prevalencia con 80 por ciento del consumo total, seguida de la cocaína que contabiliza un usuario por cada 2.4 de mariguana. Los resultados revelan que un millón 200 mil personas habían consumido una droga ilícita en los 12 meses anteriores a la encuesta.

tabla consumo drogas 2011 mexicoENA

Tendencias del consumo de drogas en población total de 12 a 17 años. Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011. **Cocaína también incluye crack.

Catalina Pérez Correa González, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE e integrante del PPD, aborda temas como la procuración de justicia, el funcionamiento del sistema de justicia penal y la política de drogas en México y América Latina.

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt señala que, en el inminente debate público, es fundamental que las decisiones asumidas por las instituciones correspondientes ponderen las evidencias e información generadas sobre la actual estrategia antinarcóticos en términos de análisis jurídicos, médicos, de salud pública y mental; en materia de derechos humanos e incluso respecto a los costos sociales y económicos que este fenómeno tiene para las instituciones del Estado.

Maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, en California, ha realizado desde su área de estudio las investigaciones El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México y (Des)proporcionalidad y delitos contra la salud en México”, al tiempo de coordinar el libro Justicia desmedida: Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina, realizado por el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEDD) que integran investigadores de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Uruguay, Perú y México, así como de Holanda y Estados Unidos.

Consumo y consumidores

En el estudio El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México, los investigadores del CIDE —centro público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)— se enfocaron en contextualizar la situación prevaleciente y, a decir de la investigadora, se enfrentaron a que son escasas las fuentes de información para medir el consumo, las cuales provienen de hospitales o sistemas de salud a donde llegan los casos más graves, midiéndose así el consumo más problemático que termina en accidentes o con la intervención de la autoridad.

catalina perez correa01Pérez Correa refiere que el único instrumento que existe es la Encuesta Nacional de Adicciones —con indicadores más recientes de 2011— cuyo enfoque es el consumo como adicción, dejando de lado que no todos los consumos son adicciones.

“Hay consumos que no son problemáticos, consumos frecuentes y ocasionales, los cuales pueden ser problemáticos tanto con sustancias ilegales como legales. Hay personas que pueden tomar alcohol u otras sustancias y tener accidentes o comportamientos destructivos, aunque solo sea una vez cada dos años; o puede haber quienes tomen una o dos copas de vino diarias y no tener conductas problemáticas o problemas de salud”, señala.

Según la investigadora, desde la forma en que se mide el consumo de sustancias ilícitas se observan prejuicios que impiden que se cuente con información puntual, y que además se reflejan en las leyes que regulan el consumo y las conductas vinculadas con ello.

En específico, asevera que cuando estudiaron los códigos penales locales identificaron que a los consumidores se les trata como enfermos que requieren tratamiento forzoso, lo que implica el uso de recursos del sistema de salud pública hacia personas que probablemente no tengan problemas de adicciones.

Bajo esa visión también los hace ver como delincuentes que deben estar encarcelados. La investigación lo documenta con datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR), que refieren que de 2009 a mayo de 2013 se detuvo a 140 mil 860 personas a nivel nacional por consumo de drogas, y el inicio de 53 mil 769 averiguaciones previas por consumo en el sistema penal federal en ese mismo periodo.

Desde 2014 el consumo dejó de ser tipificado penalmente como delito, pero la posesión se mantuvo. La Ley General de Salud (LGS) permite la portación de cinco gramos de mariguana, equivalente a dos cigarrillos, aproximadamente, y de medio gramo de cocaína.

El Código Penal Federal establece que si la dosis para consumo está dentro de los rangos previstos en la LGS no se procede penalmente, no se lleva un juicio y no se aplica una sanción. Pero si la posesión está por encima de las dosis de consumo permitidas y en el momento de detectarse no hay indicios de una intención de venta o suministro, incluso gratuito, solo se le procesa por el delito de posesión. Cuando se trata del caso de la posesión con fines de venta o comercio, se procesa conforme a la legislación.

De acuerdo con Pérez Correa, sin importar cualquiera de las tres circunstancias, a las personas que poseen drogas o estupefacientes son detenidas y llevadas a agencias del Ministerio Público donde se les abre una averiguación previa. El ejercicio o no de la acción penal se determina posteriormente, cuando ya se les detuvo con visos de criminalizar a los consumidores.

El trabajo de investigación plantea que las dosis permitidas por la LGS son ambiguas porque no son acorde con la práctica de los consumidores, pues generalmente quienes hacen uso de la mariguana se abastecen con cantidades superiores a las permitidas, lo que significa que en caso de ser detenidos se les procesa como narcomenudeo, aunque no hubiera la intención de comercializar o suministrar.

La profesora del CIDE sede Región Centro refiere que en el caso de la cocaína la dosis permitida no se comercializa porque en el mercado se vende por “grapa”, equivalente a un gramo, el doble de lo que admite la ley.

“Cualquier consumidor que compre la dosis mínima, si lo llegan a detener ya está en el supuesto de narcomenudeo, lo van a procesar como narcomenudista y aplicarle las sanciones que van de diez meses hasta tres años de cárcel”, dice.

Proporcionalidad penal

El principio de proporcionalidad establece que debe haber una relación entre el costo y el beneficio que se obtiene de aplicar una legislación.

Catalina Pérez Correa es integrante del Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho que recientemente ha publicado el estudio Justicia desmedida: Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina que aborda la regulación de la posesión y la criminalización de los consumidores.

Para mayor información contactar al correo catalina.perezcorrea@cide.edu o visitar www.ppd.cide.edu y www.drogasyderecho.org.

La proporcionalidad penal, un concepto distinto, establece que las conductas que se penalizan a través de las leyes deben tener una relación con otras conductas y también ante sí mismas; por ejemplo, una infracción de tránsito no puede ser más penada que un homicidio.

La investigación (Des)proporcionalidad y delitos contra la salud en México tuvo como objetivo estudiar qué tanto se respeta el principio de proporcionalidad en la aplicación de las leyes en materia de drogas; se evaluó si el incremento en la penalidad contribuyó a disminuir el consumo y la violencia, se analizó cómo funciona el mercado negro, al tiempo que se evaluaron los costos a las finanzas públicas por tener a una persona encarcelada por delitos de drogas y cuáles son los costos generados a nivel social.

“Comparamos cómo se penan las conductas de acuerdo con el Código Penal Federal y encontramos que, en términos de la ley, pareciera que son más graves algunas conductas de delitos de drogas. Por ejemplo, el transporte de estupefacientes lleva aparejada una pena promedio mayor que la violación de un menor”, detalla.

Este estudio presenta cifras del sistema de procuración de justicia federal en las que se observa un incremento en los casos de procesos penales por delitos menores en materia de drogas hacia consumidores, en su mayoría jóvenes. Cita que en 2010, 74 por ciento de las detenciones que reportó la PGR fue por delitos contra la salud, y que en ese año 41.9 por ciento de las detenciones fueron en materia de venta de drogas al menudeo.

Catalina Pérez Correa explica que los datos que recabaron muestran una inflación de las penas hacia las conductas de drogas “que han repercutido en un sistema penal bastante irracional, como el que sea más grave transportar drogas que violar sexualmente a un menor”.

Esta desproporcionalidad, refiere el documento, se refleja en que la pena máxima establecida para violación entre adultos es once años menor que la pena máxima establecida para los delitos de comercio, producción, suministro, tráfico y transporte de estupefacientes.

La investigadora considera que debe replantearse la forma en que se castigan socialmente estos delitos, a través de un debate público ante la posible legalización del consumo de mariguana.

image icon01Descargar imágenes.

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Fuente de imagen y noticia: Agencia Informativa Conacythttp://conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/4923-politicas-de-drogas-por-un-debate-con-perspectiva-academica-nota

Juventudes, Derechos Humanos y Drogas

Mañana, Miércoles 9 de diciembre de 2015, asiste al Foro sobre Juventudes, Derechos Humanos y drogas en el que participaremos junto con integrantes de más de 10 otras organizaciones para dialogar sobre cambios en las tendencias globales de las políticas de drogas, uso de sustancias psicoactivas, reducción de daños (en el uso de sustancias y de los que provoca la prohibición) y de estrategias de intervención integrales y efectivas.

La cita es en General Prim 10, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, entre Tres Guerras y Bucareli, Ciudad de México.

Ahí nos vemos!

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Drogas y reducción de riesgos y daños: un posible salto al futuro en la CDMX

Por Ernesto López Portillo – @ErnestoLPV –en colaboración con Claudia Rodón/ Animal Político 
Ante las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, la desinformación y estigmatización en torno a las drogas termina por descalificar a los adultos que están más cercanos a ellos, como sus padres y maestros, neutralizando su rol como figura de autoridad y fuente fiable de información.
Este jueves 3 de diciembre se llevará a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Colectivo para una Política Integral hacia las Drogas (CuPIHD), Espolea A.C. y Hacia la vida digna para todas las personas Reverdeser Colectivo A.C. (ReverdeSer Colectivo). Esto representa un paso innovador y sin precedente en el país, pues busca promover el tránsito hacia una política pública que reúna la perspectiva de salud pública y el enfoque de respeto a los derechos humanos, con énfasis en la libre determinación de las personas, para consolidar una estrategia con perspectiva de reducción de riesgos y daños frente al consumo de drogas o sustancias psicoactivas.
El paradigma de reducción de riesgos y daños se refiere a una gama de servicios y políticas públicas encaminadas a reducir las consecuencias negativas del consumo de drogas, protegiendo la salud pública y sustentados en un fuerte compromiso con los derechos humanos. A diferencia de los enfoques que insisten en que las personas dejen de consumir drogas, la reducción de daños reconoce que muchas personas no son capaces o no están dispuestas a abstenerse y que la abstinencia no debe ser una condición previa para obtener ayuda (es como pedirle a un diabético que sus niveles de glicemia –concentración de glucosa en la sangre- estén normales para tratar su diabetes).
Riesgo es un término utilizado para describir la probabilidad de tener consecuencias o efectos perjudiciales o no deseados por consumo de cualquier sustancia psicoactiva. De aquí el carácter preventivo de la reducción de riesgos que se dirige al potencial consumidor, personas que no han estado en contacto, niñas, niños, adolescentes o jóvenes que pueden empezar a tener oportunidades de consumo de alguna sustancia psicoactiva, o bien al consumidor esporádico o no habitual de cualquiera de ellas.
Por otro lado, el daño es un término utilizado para referirse a consecuencias concretas negativas, no buscadas o indeseables asociadas al consumo habitual de sustancias psicoactivas entre personas que presentan consumos problemáticos (como beber y manejar), o al consumo de determinado tipo de sustancias cuyas características intrínsecas implican un alto riesgo. El enfoque se centra en la prevención del daño asociado al consumo, más que en buscar la abstinencia.
El propósito principal de este paradigma es construir una percepción más adecuada del riesgo, mediante la aplicación de estrategias que fortalecen la capacidad de elección de las personas, a partir de información veraz basada en evidencia científica. La estrategia busca conseguir que quienes no consumen tengan la información necesaria para no iniciar el consumo, o bien posterguen su inicio; en cambio, entre aquellos individuos que hacen consumo esporádico o habitual, se intenta que logren un consumo con menores riesgos para la salud, incorporando además hábitos de seguridad personal, de sus pares y de la comunidad. En todos los casos las acciones persiguen dotar de las competencias necesarias a las personas para tener comportamientos de autocuidado, a su vez soportados en información para decidir en libertad y con responsabilidad.
La Encuesta a Usuarios de Drogas Ilegales (EUDI) de la Ciudad de México, llevada a cabo por CuPIHD señala que casi el 40% de los encuestados no sabe nada de las sustancias psicoactivas antes de utilizarlas, mientras que el 60% que sí sabía sobre éstas, había obtenido la información principalmente de los medios masivos de comunicación (36.4%), de los amigos (32.8%), de la escuela (19.4%) y tan sólo 9.4% de la familia. Las dos últimas fuentes de información deberían ser las más confiables para obtener información; sin embargo, hemos podido constatar, a través de nuestra experiencia, que los padres de familia rehúyen el tema por desinformación, por miedo o por pensar que el tema de las drogas es inmoral (claro, las ilegales). Las escuelas suelen no tocar el tema desde un punto de vista objetivo. Por el contrario, observamos que recurren a frases prefabricadas tales como: “las drogas son malas”, sin aportar información útil y veraz a los alumnos. El resultado es en verdad grave, el sistema educativo renuncia precisamente a educar sobre uno de los temas donde más y más urgente pedagogía hace falta.
En cuanto a la información que se maneja en los medios, basta con ver algunos titulares como “Esta droga zombie se come tu carne y te mata de adentro hacia fuera”, “Alerta por Krokodil, la droga de los zombies”. Imposible omitir las palabras de Mondragón y Kalb “no quiero ver un país mariguanero”. En ningún caso hay información verídica sino sensacionalismo. En el caso de las declaraciones del titular de CONADIC, estigmatiza y discrimina a las personas usuarias de mariguana sin referir en ningún momento información científicamente válida.
Ante las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, la desinformación y estigmatización en torno a las drogas termina por descalificar a los adultos que están más cercanos a ellos, como sus padres y maestros, neutralizando su rol como figura de autoridad y fuente fiable de información. Los adultos entonces reciben y reproducen ideas equivocadas sobre el riesgo que implica el consumo de cualquier sustancia psicoactiva. A través de las diversas estrategias de reducción de riesgos y daños, en cambio, se busca recolocar la percepción de los diversos riesgos asociados al consumo de drogas ilegales; no sólo en torno a los que tienen que ver con la salud, sino además otros riesgos como los implicados en el acceso al mercado ilegal de drogas a manos del crimen organizado y la posibilidad de ser extorsionados por la policía y el sistema de justicia. Igualmente se trabaja con los riesgos asociados al consumo de alcohol y tabaco.
Existen sectores de la sociedad que viven con cierta tensión la posibilidad del consumo esporádico de sustancias psicoactivas, sin embargo, estos mismos sectores no cuestionan la profusa presencia y permisividad cultural frente al consumo del alcohol; puede decepcionar a un padre o a una madre que un hijo adolescente se emborrache en una fiesta, pero difícilmente lo etiquetarán como alcohólico. En cambio, si estos mismos padres se enteran que ese hijo ha fumado mariguana, es altamente probable que lo etiqueten como adicto y quieran someterlo a un tratamiento urgente para esta “terrible adicción”. A alguien que bebe no se le tilda automáticamente de alcohólico; alguien que puede ocasionalmente fumarse un “churro”, es inmediatamente calificado de “mariguano”, como lo dejó en claro el titular de CONADIC.
Hay muchas formas de consumir drogas, sean legales o ilegales. No debemos confundir el uso, el hábito, el abuso, los usos problemáticos y la dependencia. Hay personas que salen a cenar con amigos, toman una copa de vino o un mezcal para pasar el rato y animar la conversación, y al concluir la velada se van en transporte público o en un taxi; están haciendo uso responsable de una droga y no afectan a nadie. Si por el contrario la copa de vino se convierte en unas botellas y la copa de mezcal en varios más y se embriagan, para luego cada uno subirse a un taxi, están haciendo un uso abusivo de la sustancia que tendrá consecuencias en la salud; probablemente tienen problemas con su “pareja” al llegar a casa, pero no pusieron en riesgo su integridad física ni la de otros, habiendo evitado manejar. Si fuera el caso de que alguno de ellos condujera su vehículo para dirigirse a casa, además del abuso de alcohol, estaría haciendo un uso problemático que implica ponerse y poner en riesgo a otros. Si uno de los amigos quisiera “bajarse la borrachera con una línea de cocaína”, también estaría haciendo un uso problemático de sustancias psicoactivas, pues el alcohol es depresor del sistema nervioso central y la cocaína es un estimulante. La combinación no desaparece la borrachera pero el sujeto se siente alerta y así incrementa el riesgo de un accidente al manejar (entre 30 y 40%, según datos de los Centers for Disease Control and Prevention de E.U. -www.cdc.gov-; en México no hay datos diferenciados).
Ninguno de los casos anteriores implica un problema de dependencia a la o las sustancias (que sea adicto). Puede ser que algunos de ellos simplemente hayan tomado una mala decisión ese día, o bien que carecen de información útil y veraz sobre las implicaciones de mezclar sustancias psicoactivas. Desde esta perspectiva, cada persona usuaria de sustancias psicoactivas debe acceder a la información suficiente que le permita tomar las mejores decisiones.
Condenar las drogas las dota de un “poder mágico”, como si ellas pudieran tomar el control sobre las personas. No es así. Tratar a las sustancias psicoactivas desde la perspectiva aquí propuesta le devuelve a los individuos la responsabilidad en su relación con éstas y de esa manera los empodera para decidir con autonomía la gestión de su propio cuerpo.
Auguramos grandes avances en este acuerdo de trabajo entre la sociedad civil y las autoridades de la Ciudad de México. Esperamos ser testigos de una experiencia de frontera hacia una política pública que reúna y a la vez equilibre la perspectiva de salud pública y el enfoque de respeto a los derechos humanos, con énfasis en la libre determinación de las personas, en concordancia con la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 4 de noviembre de 2015.
Fuente original del artículo:  Animal Político- http://www.animalpolitico.com/blogueros-ruta-critica/2015/12/02/drogas-y-reduccion-de-riesgos-y-danos-un-posible-salto-al-futuro-en-la-cdmx/
Fuente de la imagen: http://www.espolea.org/actividades-de-drogas/espolea-en-el-festival-ometeotl-2015

Prohibir conduce a militarizar: De la Fuente, por regular marihuana

Agencias. México, DF. Al cuestionar el enfoque prohibicionista del Estado frente al problema de las drogas, Juan Ramón de la Fuente, exsecretario de Salud, se pronuncia en favor de una respuesta positiva del gobierno mexicano para el uso de la marihuana con fines terapéuticos.

“Me parece muy, muy lamentable, casos como los de la niña Grace, que todos conocimos, y otros niños con epilepsias muy severas, cuyos padres desesperados van a un juez a solicitar un amparo para poder importar alguna de estas sustancias. Creo que México tendría que abrir esa legislación”, señala.

“(Los padres) tienen que ir a Estados Unidos, comprar estas medicinas, traerlas ilegalmente a México porque no está permitido, para dárselos a sus niños. Me parece que esto tendríamos que abrirlo. Y la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) y la Secretaría de Salud, honradamente, no sé por qué han estado tan resistentes a la idea, si estamos importando otras sustancias como medicamentos para el dolor, como la morfina. ¿Por qué no hacemos algo equivalente (con la mariguana) para que esté controlado su uso por los médicos?”, se preguntó.

En entrevista con Excélsior, el exrector de la UNAM sostiene que la legalización que ha experimentado más de la mitad de Estados Unidos obliga a México a tomar en serio la posibilidad de esa ruta.

En la víspera de la presentación del libro Marihuana y salud, resultado del seminario a su cargo de estudios sobre la globalidad, De la Fuente sostiene que  “prohibir no resuelve”.

Argumenta que la descriminalización es el camino para que el Estado asuma la responsabilidad de una regulación ahora en manos del crimen organizado.

“(El prohibicionismo) es una posición donde lo que hemos dejado es que ese mercado, en lugar de que lo regule el Estado, que lo único que ha hecho es prohibirlo, lo regula el crimen organizado.

“Y lo que pretende una descriminalización es decirle al Estado no eludas esta responsabilidad, regula tú ese mercado, porque las drogas y la marihuana son nocivas –si fueran inocuas no serían drogas— y si lo dejamos en manos del crimen organizado va a seguir ocurriendo lo que está ocurriendo: el consumo se va a seguir disparando de manera totalmente incontrolable”, agrega.

Plantea que la prohibición conduce a la criminalización.

“Y tenemos cosas absurdas. Hay un estudio reciente del CIDE –que coordinó Catalina Pérez Correa—que muestra que hay, por lo menos, 150 mil jóvenes en las cárceles mexicanas por posesión de drogas. No por tráfico, no por producción. Y de esas, dos de cada tres por posesión de marihuana.

“Si bien no estoy de acuerdo como médico en que se usen drogas, sí levantaría la mano para decir que si alguien las usa, eso no lo hace un delincuente”, define.

Puntualiza que “de la criminalización pasamos a la militarización, a la guerra contra las drogas. Esa es la secuencia: prohibición, criminalización, militarización. Y ésta nos ha dejado un saldo terrible. Cientos de miles de muertos, desaparecidos, y una corrupción que, esa sí, me parece imbatible”.

Frente a esta situación, el exdirector de la Faculta de Medicina propone:

“Hagamos una reforma que permita que el Estado  participe, asuma responsabilidades, regule el mercado y, con el apoyo de expertos, nos pueda decir cuáles son los daños reales a la salud, cómo podría regularse su uso, quiénes podrían usarla, cuáles son los riesgos de usarla.

Y entonces empezamos a tener un cierto ordenamiento en lo que hasta ahora ha sido simplemente una posición prohibicionista”.

NUNCA PARA MENORES

¿Qué le puede decir la ciencia a la política y a los políticos, temerosos de meterse con un tema que la población identifica con el temor de que los jóvenes podrían ser presas de la drogadicción? —se le pregunta.

“En menores de edad, en el caso de la mariguana habría que decir no terminantemente. Hay una razón científica: el sistema nervioso central, hasta antes de los 18 años, todavía está en proceso de formación y se hace más vulnerable a un estímulo externo.

“Sería muy contundente en decir esto no puede permitirse en menores de edad, hay una razón biológica”, reitera el doctor en siquiatría.

Insistente en que él no recomienda el consumo, De la Fuente describe que, en el caso de los adultos sanos, el riesgo de caer en adicción si se usa mariguana es de 9%; de 15% si se bebe alcohol y de 32% si se fuma tabaco.

Son datos expuestos en el libro, producto del diplomado Mariguana y salud, el cual abordó desde la botánica hasta la farmacología de la planta, pasando por sus impactos sociales, internacionales, legales y clínicos.

“Hay que saber que un churrito de mariguana contiene más de 400 sustancias que son químicamente activas y pueden contener hasta 70 sustancias diferentes que tienen una actividad del tipo del tetrahidro canabinol, la sustancia que produce el mayor efecto en el sistema nervioso central”, describe.

Se trata, alerta, de “una planta compleja, hay que tenerle cuidado”.

Pero precisa: “¿Alguien se puede morir por consumir mariguana excesivamente? No hay un solo caso en la literatura mundial reportado. No hay una dosis letal. Sí lo hay para otras drogas, señaladamente las drogas más duras y el alcohol”, compara.

Explica que la ciencia tampoco ofrece evidencia de que el consumo de la mariguana conlleve al uso de otras sustancias. El punto en México, enfatiza, es que los dealers también ofrecen otras drogas.

“Si hubiera un mercado regulado, no habría ese narcomenudista que te estaría dando esos churros de mariguana, y una grapita de coca o unas pastillitas adicionales”, agrega.

“Le diría a los padres de familia que les preocupe que sus hijos puedan fumar mariguana: infórmenles, edúquenlos, díganles de qué se trata. No hay razón para ocultarles las cosas. La mejor forma de prevenir que incurran en ella como usuarios rutinarios, adictos en un momento dado, es que sepan con qué están lidiando, a qué se están enfrentando”, explica.

INCONSISTENCIA MEXICANA

Frente al cambio experimentado en 23 estados de la Unión Americana que aprobaron el uso de cannabis para fines medicinales, puntualiza que se trata de derivados procesados en presentaciones farmacológicas.

“Nadie está pensando que el doctor le va decir al enfermo: fúmese unoschurritos en su casa. No. Tampoco sirve para todo. Pero algunas cosas sí”, subraya.

En ese contexto, De la Fuente cuestiona la falta de definición para casos que requieren del fármaco.

Y califica como “una enorme inconsistencia” que mientras 23 estados del vecino país han legalizado su consumo para fines medicinales o recreativos, en una tendencia hacia la descriminalización total, que prevé como irreversible, “aquí seguimos, por la misma sustancia que allá se compra en una farmacia o en expendio autorizado, aquí seguimos dándonos de balazos”.

Por eso dice celebrar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impulsó el ministro Arturo Zaldívar porque, valora, abrió una puerta muy importante al defender el derecho a la autodeterminación, “a decidir lo que queremos hacer con nuestras vidas, en tanto no afecte derechos de terceros”.

Y, afirma, al permitir la producción de mariguana para consumo personal se abre la posibilidad de su regulación a nivel constitucional.

EN ABRIL, GRAN OPORTUNIDAD

Pionero en el impulso del uso del condón, cuando fue titular de Salud; activista en la defensa de la despenalización del aborto para que el Estado se hiciera cargo de evitar las muertes prevenibles por esa causa, De la Fuente pronostica que el debate sobre la mariguana estará por mucho tiempo con nosotros.

Cuestionado sobre cómo debe ordenarse esa discusión, sugiere:

“Hay que separar la parte de salud con la parte legal. Pero tiene que haber una interconexión. Me parece que la mejor forma de clasificar en este momento a las sustancias ilegales es en función de los daños a la salud. Porque eso nos permite tener una clasificación más racional que la que tenemos ahora.

“Hoy tenemos una arbitrariedad. Decimos el tabaco y el alcohol son legales, todas las demás son ilegales. Hay una cantidad de drogas nuevas, muy peligrosas, sintéticas, que son mucho más baratas. La regulación también debe implicar un control de costos y de precios”.

Y habla de sus expectativas en torno a la sesión especial a la Asamblea General de las Naciones Unidas, solicitada por Colombia, Guatemala y México, en el sexenio anterior.

De la Fuente lo intentó siendo secretario de Salud, de la mano de sus homólogos de Suecia y Portugal, a cuyo modelo en la materia califica como un referente.

Entonces no prosperó. Ahora, sin embargo, espera resultados para abril próximo.

“Estoy seguro que la Cancillería y las áreas correspondientes están ya preparando una ponencia que permita explicarle al mundo por qué lo solicitamos”, señaló.

Y augura que ya viene la flexibilización de las convenciones internacionales para dejar que los países puedan ir estructurando sus propios marcos jurídicos.

Fuente: Excélsior , difundido en http://eldemocrata.com/prohibir-conduce-a-militarizar-de-la-fuente-por-regular-marihuana/

¿Entonces? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos?

El jueves pasado, un día después del histórico fallo de la Suprema Corte en el que concedió un amparo a 4 personas para producir, consumir y transportar mariguana con fines lúdicos, me preguntó Fly Fermín “Entonces? qué sigue??? qué hacemos???” después de resaltar que una lluvia de amparos en cadena podría afectar negativamente ya que podría haber fallos en sentido opuesto que perjudiquen la causa y el camino del necesario cambio en la política de drogas hacia una liberación y regulación integral de la cannabis.

Creo que su pregunta iba dirigida en particular a qué sigue para que las personas usuarias de esta planta puedan hacer un uso libre y recreativo en el corto plazo, y para eso vale la pena ver los seis pasos para que puedas producir, consumir y transportar mariguana legalmente que Ximena del Cerro publicó en Vice la semana pasada.

Sin embargo creo que lo que sigue va mucho más allá. Sigue lo que sigue, o como dicen lxs compas del sureste, falta lo que falta.

Sigue que detengamos esta dolorosa y absurda guerra que no queremos, no pedimos y que legitiman en nuestro nombre;

Sigue que aparezcan las personas desaparecidas para que una por una regresen a casa con quienes tienen que estar;

Sigue que dejen de morir asesinadas con violencia más de 50 personas al día, que dejen de ser detenidas entre 50 y 60 personas cada día por posesión de mariguana y por su consumo aún cuando el consumo no está tipificado como delito, que diario cientos de personas puedan quedarse en sus hogares y no ser desplazadas por la violencia, que dejen de gastar millones del presupuesto público en su estrategia de seguridad y se invierta en educación, salud, transporte y tantos otros rubros más que necesarios, demasiado dolor nos ha costado ya esta guerra;

Sigue la justicia, empezando por una amnistía y una disculpa merecida y necesaria a todas las personas que se encuentran en la cárcel sin ningún debido proceso por usar una planta, cargarla, portarla, llevarla encima pues, y por todos los delitos contra la salud que no dañaron a nadie hasta que se enfrentaron al corrupto y disfuncional sistema penal. Por otro lado, falta la justicia a los responsables de esta guerra, a los presidentes, secretarios de Estado y al ejército y a todos los funcionarios públicos que han masacrado a tanta gente, que han saqueado territorios como si les pertenecieran, que se han beneficiado en perjucio del país;

Sigue que nos reconozcamos como una sociedad madura y profundamente sabia, compuesta por una maravillosa diversidad en la que todas y todos cabemos así como somos, sin necesidad de muros ni prohibiciones, es decir, ubicándonos como unos habitantes más de esta tierra que tanto nos da y que compartimos con otros animales, plantas y varios etcéteras que son valiosos en si mismos y por sus usos medicinales y recreativos que a unxs asustan y a otrxs generan curiosidad;

Sigue que participemos de un debate que lleva muchos años abierto y creciendo exponencialmente;

Sigue darle nuestro sentido y nuestra lectura al necesario paso que dio la SCJN para reconocer que es una victoria muy nuestra, de ese amplio nosotroas que incluye a quienes fumando y dialogando han logrado romper un tabú haciendo que sus familias y comunidades no tengan que abrirse a un nuevo discurso o a una política pública, sino a aceptar a un hijo, a una hermana, a un primo, a una abuela que usa plantas medicinales (y sagradas) con fines muy variados. También integran esta lucha los pueblos y naciones originarias que desde hace tanto están en resistencia; quienes en 1940 lograron que la mariguana fuera legal; las bandas de de rock y reggae que impulsaron la liberación y aceptación de esta planta; quienes han difundido desde hace décadas esta cultura desde la redacción del primer Manifiesto pacheco de México en 1985 hasta la publicación e intento de censura de la Revista Cáñamo-México, quienes desde distintas trincheras buscan que se acaben las guerras en este país y en el resto de América Latina y el mundo, de las cuales la Guerra contra las drogas es una que legitima la violencia y genera falsos enemigos contra los cuales lucha con millones de dólares invertidos en armas y ejércitos;

Entonces ¿qué hacemos?

Lo que haga falta para que lo que sigue sea lo que guíe nuestros pasos, para que las luchas de hoy nos permitan el acceso a nuestros derechos negados el día de mañana, para que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal, a la propia imagen y a la libre autodeterminación, en relación con el principio de dignidad humana, sean una realidad en un futuro próximo al igual que el resto de los derechos que necesitamos.

Sigamos organizándonos, dialogando en semilleros, construyendo un frente común por el alto a las guerras.

Sumemos iniciativas como las que ya están en las calles, pueblos y universidades de las que forma parte una Caravana que el próximo año recorrerá Honduras, El Salvador, Guatemala y México para llegar a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas que se realizará del 19 al 21 de abril en Nueva York con la voz de pueblos y naciones de estos y varios otros países para mostrar las consecuencias de esta Guerra contra las flores que en realidad es contra las personas, para impulsar la discusión de alternativas que miren hacia otros horizontes posibles y deseables y para exigir un alto a la Guerra y caminar hacia la Paz que queremos.

Por Andrés HS – @hirsoler

Dedicado a quienes reivindican con su práctica cotidiana, con su disposición a romper el tabú en sus familias y comunidades, con sus manifestaciones públicas, con sus palabras en escuelas, en casas, en calles y en redes sociales, este cambio que ya dio el primer paso y que no se conformarán con poder fumar agusto hasta que alcancemos la dignidad y respeto que toda persona merece.

Gracias Marco C. por tus palabras

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“El impacto negativo del control de drogas en la salud pública: La crisis global de dolor evitable” informe de la GCDP

Ayer la Comisión Global de Políticas de Drogas publicó su tercer informe temático titulado El impacto negativo dle control de drogas en la salud pública: La crisis global del dolor evitable en la 24º Conferencia Internacional de Reducción de Daños realizada en Kuala Lumpur Malasia.

Lea el resumen del informe así como las recomendaciones que realizan a los Estados para que sean consideradas en el debate de política de drogas.

Resumen del Informe

El sistema internacional de control de drogas está alimentando una crisis global de acceso inequitativa a medicamentos controlados. De la población global total, un estimado de 5.5 billones de personas tienen poco o nulo acceso a analgésicos opioides, en particular a la morfina, resultando en el dolor y sufrimiento evitable, de personas alrededor del mundo. De acuerdo a la última estimación, 92 por ciento de la oferta mundial de morfina fue consumida por sólo el 17 por ciento de la población global. Este consumo se concentra principalmente en el norte global.

Los pacientes de cáncer terminal, de VIH en etapa terminal y mujeres en trabajo de parto que sufren de dolor extremo están entre los grupos mas impactados, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, anualmente, decenas de millones de personas sufren de dolor no aliviado debido a una falta de acceso a medicamentos controlados. Adicionalmente, sólo una fracción de las personas que usan drogas inyectables a nivel mundial han logrado tener acceso a medicamentos controlados para tratar su dependencia hacia los opioides.

De acuerdo a la ley internacional de control de drogas y las leyes internacionales de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de garantizar la disponibilidad de medicamentos controlados para sus poblaciones; cualquier restricción a su acceso constituye una violación al derecho a la salud.
A pesar de que hay un número de factores que plantean barreras al acceso, incluyendo sistemas de salud deficientes e insuficiente capacitación del personal de la salud que trabaja en el campo, el sistema internacional de control de drogas ha sido responsable de perpetuar la continua escasez en el suministro de medicamentos controlados.

Dicha escasez se debe a la priorización de gobiernos y organismos internacionales de la ONU por igual, de prevenir la desviación de sustancias controladas con fines ilícitos, por encima de garantizar el acceso con fines médicos y científicos. Por ejemplo, tanto la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) tienen la doble obligación de mantener un equilibrio entre prevenir la desviación y garantizar el acceso, aunque históricamente se ha favorecido a la primera.

Esto se ha traducido en el nivel nacional donde algunos gobiernos continuamente enfatizan el enfoque de justicia penal al control de drogas, por encima de uno de salud pública, en detrimento de la provisión de acceso a medicamentos controlados.

En algunos países, las regulaciones exageradas para prescribir medicamentos controlados, que se puede vincular con las convenciones de drogas de Naciones Unidas, crean una situación en la que las y los médicos deben trabajar en un clima de miedo y falta de certidumbre legal, ya sea real o percibida. Como resultado de esto, muchos tienen miedo de recetar medicamentos controlados por temor a ser perseguidos o enfrentar cargos por conducta poco profesional al no adherirse a regímenes estrictos. Más aún, este ambiente contribuye de manera importante a ampliar las actitudes sociales y la estigmatización de personas que usan sustancias controladas, ya sean lícitas o ilícitas.

La JIFE y la ONUDD han empezado a dar pasos para rectificar la burda inequidad en el acceso alrededor del mundo, y el involucramiento creciente en la última década de la OMS en este asunto son pasos clave en la dirección correcta. Sin embargo, hay bastante trabajo por hacer para reparar el daño causado tras décadas de privilegiar las medidas de anti-desviación en el control de drogas.

Con un número creciente de Estados y organismos de la ONU atrayendo atención a la falta de acceso a los medicamentos controlados, estamos llegando a una encrucijada crítica, particularmente con la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas a realizarse en 2016. Ahora es el momento para las acciones concretas. Una nueva iniciativa global debe ser explorada y se le debe dar mayores recursos y poder a la OMS, para atacar el acceso inequitativo a medicamentos controlados. Sin acciones así, millones de personas continuarán sufriendo innecesariamente.

RECOMENDACIONES

1 Los Estados y organismos internacionales de Naciones Unidas deben utilizar la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas en 2016, para reconocer y empezar a enfrentar forzosamente la enorme zanja en el acceso a medicamentos controlados, particularmente a los opioides para el alivio del dolor. Más de 75 por ciento de la población mundial tiene escaso o nulo acceso a dichos medicamentos, lo que conduce al dolor y sufrimiento evitable de millones de personas. Se debe reconocer que el sistema internacional de control de drogas representa una barrera para el acceso a medicamentos controlados.

2 Los Estados deben reconocer que tienen la obligación, bajo la legislación internacional de garantizar el acceso a medicamentos controlados para sus poblaciones. Esta obligación se deriva del principal tratado del sistema internacional de control de drogas, la Convención Única sobre Estupefacientes, y está enraizada en el derecho al más alto estándar de salud alcanzable según la legislación internacional de Derechos Humanos.

3 Los organismos internacionales de Naciones Unidas y los Estados deberán reconocer que las políticas de drogas, tanto a nivel nacional como internacional, están desequilibradas, con un énfasis en prevenir la desviación de sustancias controladas por encima de garantizar el acceso a sus usos médicos. Esto tiene profundas implicaciones para la salud pública y los derechos humanos alrededor del mundo.

4 Se le debe dar alta prioridad al tratamiento de dolor físico y mental asegurando el acceso a medicamentos controlados, incluidos los opioides para el alivio del dolor, cuidados paliativos, anestesia, dependencia y todas las otras
formas de sufrimiento. Mientras que los Estados tienen la obligación de garantizar la producción y/o importación de cantidades suficientes de tales medicinas, especialmente las que se encuentran el la Lista Modelo de Medicamentos esenciales de la OMS, la OMS, la ONUDD y la JIFE deberán proveer a los gobiernos con el apoyo técnico y financiero que sea necesario.

5 Los gobiernos deberían proveer el financiamiento necesario para un programa internacional renovado que sería supervisado por la OMS, en colaboración con la ONUDD y la JIFE, para asegurar el acceso adecuado y razonable
a medicamentos controlados en lugares donde no están disponibles.

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6 Se debe dar prioridad a expandir el espectro de tratamientos para la dependencia de opioides, respetando la dignidad humana y ofreciendo la posibilidad de recetar medicamentos controlados como la metadona y buprenorfina (incluidas en la Lista Modelo de Medicamentos esenciales de la OMS) o diamorfina. Esto puede realizarse en línea con la Guía Técnica: para que los países establezcan metas para el acceso universal a prevención de VIH, tratamiento y atención para personas que usan drogas inyectables. Los Estados y los organismos de Naciones Unidas relevantes en el tema, deberán trabajar juntos para enfrentar el fracaso de muchos países al implementar adecuadamente la Terapia de Sustitución de Opioides (TSO) para personas dependientes de opioides.

7 Los gobiernos deberían establecer planes claros para quitar las barreras para asegurar el acceso a medicamentos controlados, incluyendo: políticas de drogas nacionales ancladas en una perspectiva de justicia penal, en lugar de una perspectiva de salud pública y derechos humanos; marcos regulatorios nacionales engorrosos: actitudes sociales estigmatizadas que conducen al miedo a recetar opioides para aliviar el dolor y el tratamiento a la dependencia de opioides: escaso conocimientos sobre estos medicamentos por profesionales de la salud y reguladores; ademas de ser sobre-valuado.

8 La JIFE debe tomar pasos más asertivos para trabajar con países que consistentemente fallan en garantizar el acceso adecuado a medicamentos controlados, y deberían trabajar cada vez más con gobiernos y autoridades nacionales de salud pública para asegurar que provean estimaciones basadas en evidencia sobre la necesidad de medicamentos controlados.

9 Los gobiernos y organismos de Naciones Unidas deberían reconocer y enfrentar las brechas y oportunidades perdidas en relación al uso medico de investigación médica sobre sustancias controladas, incluyendo cannabis. Deberían revisar las tablas de las convenciones de drogas de 1961 y 1971 a la luz de evidencia científica y priorizar la exploración de los beneficios médicos de sustancias controladas, basadas en recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia.

Link al informe completo: http://www.globalcommissionondrugs.org/?wpdmdl=1198