Archivo de la etiqueta: desaparecidxs

Hoy, cada día y siempre #NosHacenFalta. Invitación al foro de familiares y estudiantes “La UNAM ante la Guerra”

La guerra que se libra desde el Estado contra el pueblo mexicano ha tocado todos los rincones y comunidades de este país. La comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México no es la excepción.

Con el objetivo de visibilizar a nuestros compañeros y compañeras desaparecidos o asesinados en esta terrible guerra, pero también de exigir justicia y continuar organizándonos, queremos invitarlos al foro “Nos hacen falta. La UNAM ante la guerra”, en el que participarán familiares de Israel Moreno, Estudiante de Geografía y familiares de Alejandrina Ramírez, Estudiante de Psicología, ambos víctimas de desaparición.

Día: viernes 28 de agosto

Lugar: Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UNAM

Hora: 11 a 13 hrs.

Convoca: Nos Hacen Falta. Colectivo de estudiantes y profesores de la UNAM. foro-imagen (2) ISRA ALE

Vive el país “estado de emergencia” por desapariciones forzadas y falta de justicia: Doña Mary

 Por Javier Valdez Cárdenas
Culiacán, Sin. Las desapariciones forzadas y la ausencia de justicia, a pesar de la lucha emprendida por familiares de las víctimas, demuestran el estado de emergencia en que se encuentra el país, afirmó la activista María Herrera Mag- daleno, quien tiene cuatro hijos desaparecidos.

La dirigente de la fundación que lleva su nombre y de una organización que suma a grupos de familiares de ausentes en al menos 17 estados del país, es conocida como Mamá Mari: la madre de todas, la líder rocosa en sus reclamos y gritos al gobierno, pero también dolorida y triste, con ojos siempre llorosos, incluso sin que ella se dé cuenta.

La lucha y búsqueda realizada por María Herrera y su familia se inició en 2008, cuando en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, desaparecieron sus hijos Raúl y Salvador. Junto con ellos también fueron privados de la libertad cinco trabajadores.

Cuando buscaban a sus hermanos, hombres armados levantaron a otros dos de sus hijos: Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera, en Poza Rica, Veracruz, junto con dos ciudadanos más, el 22 de septiembre de 2010.

11 desaparecidos

En total, por estos dos hechos permanecen desaparecidos 11 hombres, incluidos los cuatro hermanos. Para iniciar su lucha María Herrera y sus hijos, entre ellos Carlos, fundaron la organización Enlaces Nacionales, que incluye grupos de búsqueda y familiares de desaparecidos en 17 estados.

–Desde que empezaste esta lucha y has estado recorriendo el país, ¿qué ha cambiado en el escenario de los desaparecidos en México?

–Creo que es una pregunta que hay que hacer a otras familias de desaparecidos, pero en los enlaces nacionales que tenemos, la forma en que han respondido ha sido un poco conservadora para nosotros. Enlaces nacionales es una herramienta que pueda servir, que todo mundo la use y ayude a quien la necesite.

–¿Ya se puso a la altura del problema de los desaparecidos el gobierno, la Procuraduría General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas?

–Sigo pensando que están desconcertados. No saben qué hacer y no esperaban la magnitud de este problema, que fuera a tener estas consecuencias tan funestas. A la fecha todavía se dan oportunidades para prepararse, para capacitarse o doctorarse en tal o cual ámbito, y esto indica que no vienen con la herramienta necesaria para desempeñar su trabajo al ciento por ciento.

Todavía están viendo la manera de organizarse y esto nos da a entender que no hay tal preparación para una resolución de un problema tan grave como el de los desaparecidos. Creo que lo debemos resolver los tres niveles de gobierno y la sociedad.

–Pareciera que no hay sociedad que los respalde…

–Ha habido respuestas muy buenas de una parte de la sociedad y nos hemos rodeado de gente, de personas cultas, civilizadas, que entienden nuestro problema y sentimos que nos respaldan en muchísimas cosas. Creo que va a llegar un momento en que haya más respaldo de la sociedad, pero no del gobierno, porque a quienes nos respaldan, los mueven o los corren.

–¿Dejaron de ser invisibles los desaparecidos y la lucha de ustedes?

–Creo que sí, con paso muy lento, pero es un paso seguro.

–Te tocó tratar con Felipe Calderón, ¿qué diferencia hay con Enrique Peña Nieto?

–Es como de lo blanco a lo negro. No sé si (Felipe) Calderón hizo lo que otros, que no hayamos cómo remediar la situación. Tal vez fui injusta, creo que sintió cierta compasión por lo que hizo. No digo que fue tonto y no supo lo que hizo, porque bien sabía lo que se esperaba: después de una guerra hay consecuencias y son funestas, y quizá no lo quiso ver así o pretendió no verlo así.

Calderón nos dañó a morir

“Nos dañó a morir, nos dejó muertos en vida, y sabemos que él lo hizo por permitir esa guerra absurda y por no haber prevenido, haber dicho ‘voy a lanzar esta fauna de fieras salvajes, cierren sus puertas, no salgan’”.

Sin embargo, agrega, “Calderón al menos nos preguntó después de fregarnos, ‘en qué te ayudo’. Este señor (Peña Nieto) ni siquiera eso. No ha habido diálogo con él. No sabe ni cómo andamos ni ha dado seguimiento al tema.

“Empeoró todo con Peña Nieto porque delegó su obligación en (Miguel Ángel) Osorio Chong (secretario de Gobernación) y él con Lía Limón (subsecretaria de Derechos Humanos de esa dependencia), y así se hacen cascarita y cuando pasan las cosas nadie es responsable de nada. Ellos nos dicen ‘vayan a tal ventanilla, a tal oficina, más allá’, pero no pasa nada”.

–¿Entonces, ¿el gobierno es parte del problema, por la complicidad, la corrupción?

–El gobierno no es parte, el gobierno está metido, es el problema. Con esto de Ayotzinapa se destapó lo que ya habíamos dicho: son los estados los responsables, y el gobierno federal lo sabe, pero son libres y soberanos, sí señor, para que hagan lo que les da su regalada gana y nadie les marca límites. Y no hay quién diga ‘esto es federal, lo atraigo, y esto es estatal’, y ahí están los casos. Sabemos que las mismas personas con las que nos mandan son las que contribuyeron a la desaparición de nuestros hijos.

Matan a activistas y periodistas porque saben mucho

–En tiempos en que están matando periodistas y activistas, ¿qué hay por hacer?

–Este es un mensaje muy claro que nos matan a los activistas, a los reporteros, porque nosotros como familiares sabemos que son las únicas personas que tratan de pasar al cien la noticia, tal como es, ¿qué hacen? ¡Los callan! y si los callan están callando miles de voces y oídos que pudieran darse cuenta de la crueldad, de lo que estamos viviendo.

Sentimos en el alma el dolor de las agresiones, pero mientras la sociedad no participe estamos fritos, porque bien podemos llorar, gritar y patear, y es poco lo que podemos hacer.

Esto que vivimos es un dolor con el que no te acostumbras, es un dolor que debe compartirse con la sociedad. Esto que vivimos tiene su nombre y al gobierno no le gusta llamarlo así, pero esta es una emergencia nacional que debe unirnos a los afectados y a la sociedad mexicana.

Fuente: Periódico La Jornada. Domingo 16 de agosto de 2015, p. 24. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/16/estados/024n1est

Presentación de Campos de Amapola y búsqueda de personas desaparecidas en México

Atenta invitación para el día de mañana miércoles 18 de febrero a las 19 horas a la presentación de las organizaciones que componen la Red de Enlaces Nacionales, la labor de Familiares en Búsqueda María Herrera A.C. y del libro de Lolita Bosch titulado “Campos de Amapola. Antes de Esto. Una novela sobre el narcotráfico en México”.

El evento se llevará a cabo en casa Refugio Citlaltépetl. Calle Citlaltépetl No. 25 entre Ámsterdam y Campeche Colonia Hipódromo Condesa 06170 Delegación Cuauhtémoc México, D.F.

La presentación del libro se va a llevar a cabo a beneficio de la organización y lo que se recaude de su venta será para financiar nuestro trabajo, el costo del libro es de $200.

¿Por qué hay que detener la guerra contra las drogas?

Por Jorge Javier Romero
El 26 de septiembre de 2014, desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Poco después encontraron muertos a tres de ellos; se dice que a uno de ellos le arrancaron la piel del rostro. Los estudiantes estaban en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, e iban rumbo a una protesta por la falta de recursos para su escuela.

Las desapariciones indignaron a la sociedad y provocaron que los ciudadanos se manifestaran masivamente en todo el país. La opinión pública cree que el crimen fue un acto de terrorismo de Estado, idea que ha recibido el respaldo de los reportes de que la policía local secuestró a los estudiantes por órdenes del alcalde de Iguala, quien fue detenido, y los entregaron a una pandilla que luego los mató. Se ha arrestado a docenas de sospechosos, entre ellos a algunos miembros de la policía municipal y al alcalde de Iguala y a su esposa, quienes presuntamente tienen lazos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

Human Rights Watch señaló que el incidente de Ayotzinapa ha sido la peor crisis de derechos humanos a la que México se ha enfrentado desde la masacre de los estudiantes desarmados en Tlatelolco en 1968. No obstante, este es el más atroz de los muchos actos de violencia de Estado que han ocurrido desde que el gobierno mexicano intensificó su guerra contra los cárteles de la droga. En gran parte del país han ocurrido masacres como resultado del enfrentamiento entre los traficantes y los agentes del Estado (policía y fuerzas armadas) o entre los grupos delictivos rivales que se disputan el control de las rutas y los mercados.

El costo humano de esta guerra ha sido enorme. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hubo 95,000 muertes violentas en el país entre 2006 y 2012. De ellas, se estima que 60,000 están relacionadas con la guerra contra las drogas. En el mismo periodo, según la Procuraduría General de la República, se reportaron 25,000 personas desaparecidas.

Al principio de la campaña contra los cárteles, México solicitó y recibió el apoyo de Estados Unidos por medio de la Iniciativa Mérida, que se aprobó en marzo de 2007 y con la que se incrementó el financiamiento de Estados Unidos de 40 millones de dólares (unos 520 millones de pesos) al año que México recibía a mediados de la década de 2000 a 1,500 millones de dólares (unos 19,500 millones de pesos) en la primera etapa de la iniciativa.

El objetivo de la Iniciativa Mérida era proporcionar a las fuerzas de seguridad mexicanas el equipo y la capacitación para contrarrestar el tráfico de drogas. En respuesta a las críticas de que la primera etapa no había abordado el desarrollo de capacidades y la reforma institucional, la segunda etapa o Beyond Merida (Más allá de Mérida) incluyó recursos para apuntalar la legalidad y el fortalecimiento de las comunidades.

Sin embargo, los resultados han sido desastrosos.

La realidad es que los traficantes han aprovechado las debilidades institucionales y la corrupción de los gobiernos municipales para controlar a la policía y a los políticos locales. La pobreza y marginación de los campesinos (quienes carecen de acceso al crédito, tienen que pagar precios altos por las semillas, fertilizantes y el transporte de sus productos y carecen de la tecnología necesaria para desarrollar cultivos con alto valor de mercado) son una oportunidad para los traficantes, quienes los contratan para producir amapola o marihuana. Aunque les pagan salarios reducidos, sus ingresos ilícitos siguen siendo más altos de lo que recibirían con cultivos tradicionales. Pero si no fuera por la prohibición, los cultivos ilegales no serían redituables.

Tristemente, la ausencia de límites legales, y morales, no es exclusiva de los criminales, ya que las fuerzas de seguridad del Estado cometen atrocidades con el pretexto de la guerra contra las drogas. Hace poco, en junio, consignaron a siete soldados por la ejecución extrajudicial de 22 supuestos traficantes en Tlatlaya, en el Estado de México. De acuerdo con los testigos, las víctimas ya se habían rendido.

Este no es, de forma alguna, un hecho aislado. Las ejecuciones extrajudiciales son una costumbre recurrente tanto del Ejército como de la Armada, corporaciones que están involucradas en una guerra en la que no se respetan los derechos humanos ni el Estado de derecho.

De hecho, un profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló recientemente que cuando la policía federal se enfrenta a los criminales “2.6 sospechosos morían por cada persona que resultaba herida. Cuando el Ejército estaba involucrado, las muertes aumentaron a nueve y cuando la Armada participó, la cantidad se víctimas mortales ascendió a 17 por cada herido”.

Mientras tanto, tras más de 10 años de guerra contra las drogas, no ha desaparecido ni la oferta ni la demanda de drogas ilegales. De hecho, ni siquiera ha habido una reducción de la oferta a ambos lados de la frontera con Estados Unidos. De igual forma, los cárteles no han desaparecido en México. De hecho se han multiplicado como resultado de la fragmentación, mientras que el nivel de violencia ha aumentado.

Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa son apenas la punta de un iceberg cuya profunda base socava rápidamente a las atribuladas instituciones de los gobiernos locales de todo México. La violencia está ahuyentando a la inversión que llevaría el desarrollo a las regiones marginadas mientras los cárteles, fortalecidos con los recursos procedentes del tráfico ilícito de drogas, diversifican sus actividades y extorsionan a los mercados legales al más puro estilo de la mafia.

A final de cuentas, poner fin a la guerra fallida contra las drogas ahora es una cuestión de supervivencia para México. Si México quiere restaurar la paz y la normalidad, los recursos que hoy se destinan a combatir el tráfico deben destinarse a desarrollar las capacidades, a la reforma institucional de las fuerzas locales y a la persecución de delitos predatorios. Además, una política de drogas nueva, enfocada en la salud y que enfatice la prevención, la reducción de los daños y el tratamiento debe reemplazar el énfasis en la persecución policiaca y militar.

La verdad es que la guerra contra las drogas ha hecho más daño que bien. Es hora de que termine.

FUENTE: CNN México- http://www.cnnmexico.com/opinion/2014/12/04/opinion-por-que-hay-que-detener-la-guerra-contra-las-drogas

Crímenes de lesa humanidad

John Saxe-Fernández
En medio de la marea humana que acudió al Zócalo el domingo 26 de octubre, convocada por Morena y movilizada bajo la exigencia del regrésenlos vivos, un grito que se oye por todo México y el mundo, Elena Poniatowska observó que “(L)os culpables quieren librarse de responsabilidad al querer ligarlos con cárteles del narco”. Menospreciar a las víctimas, difamar a los 43 estudiantes para justificar crímenes y masacres, es parte de los procedimientos de corte nazi de las guerras sucias y de exterminio contra la población que incluyen la tierra arrasada, el asesinato por responsabilidad colectiva y el uso clandestino de unidades militares o policiales, bajo cubiertas varias: paramilitarismo, delincuentes, narcos firmas de seguridad.

Así lo consignan manuales militares de contrainsurgencia, por ejemplo del Plan Colombia (PC), modelo de terrorismo de Estado que arrancó en 1999, usado en Irak, Afganistán y, a través de la Iniciativa Mérida (IM), en México y Centroamérica. Datos históricos y documentos contundentes que muestran que el PC fue una decisión del gobierno de EU, elevada a política de Estado mediante la aprobación de (su) Congreso, son ofrecidos por Hernando Calvo Ospina en El terrorismo de Estado en Colombia (2007, en google). Mientras se debatía el PC apoyado por Clinton entre su Secretaría de Estado y el zar anti-drogas general McCaffrey, ex jefe del Comando Sur, el asesor militar Stan Goff revelaba que en Colombia desde 1991 los más feroces escuadrones paramilitares estaban directamente conectados, para inteligencia y operaciones, con las fuerzas de seguridad mediante una red organizada bajo la tutela de la CIA y el Pentágono (José M. Martín Medem, Colombia Feroz, 2009, p 116).

El presupuesto del PC lo defendieron en el Congreso de EU la Casa Blanca y Lawrence Meriage, ¡vicepresidente de Occidental Petroleum! Sus palabras van al quid del PC y de su par, la IM: El sector privado tiene enormes intereses estratégicos y vitales en juego en ese país y por eso el paquete de ayuda por mil 574 millones (de dólares) debe ser aprobado cuanto antes.

Urabá, territorio de masacres y asesinatos paramilitares, es descrito en documento de 1996 del Departamento de Estado como una de las zonas más ricas y estratégicas de Colombia y el mundo que no sólo produce el 60 por ciento de los cultivos de banano del país, sino que contiene gigantescas reservas madereras, pesqueras, oro, plata, platino, cobre, titanio, cobalto radiactivo, gigantescos recursos petroleros y una biodiversidad casi sin igual en el mundo. Ese inmenso botín es lo que está detrás del horror y terror del PC y de la IM como se aprecia en Ni vivos ni muertos (2014), de Federico Mastrogiovanni, sobre desaparición forzada en México, un libro de rigor y enorme fortaleza humana, documental y analítica.

En entrevista reciente el autor puntualizó que los lugares “donde se ha registrado la mayoría de las desapariciones de personas en años recientes en México se ubican en zonas donde se planea explotar yacimientos de petróleo y gas shale y eso no es una coincidencia, sino una práctica de las grandes empresas aliadas con los gobiernos para obtener la máxima ganancia”. Mostró dos mapas superpuestos donde se ubican ambos fenómenos: las desapariciones y las extracciones de combustibles como muestra palpable de la coincidencia que no es coincidencia. Destacó la relación existente entre la necesidad de sembrar terror, vaciar territorios y la presencia de recursos naturales. Si pones los dos mapas, el de las desapariciones y el de los recursos como el gas y el petróleo, te das cuenta de eso. Enfatizó que dichas prácticas son muy comunes para las empresas trasnacionales en diversas partes del mundo… donde grupos de delincuentes hacen huir a la gente, luego llegan grupos paramilitares o militares que los hacen huir a ellos y luego llegan las empresas para aprovechar ese territorio explotable sin gente.

En este cruce entre negocios y geoestrategia es vital revisar el Informe y mapas del “shale en México” del Departamento de Energía de Estados Unidos, riqueza localizada, dicen las petroleras, en zonas con problemas de seguridad por la presencia indígena, campesina y de ejidos (Expansión, 23/10/14 p 74). Para Ali Moshiri, presidente de Exploración y Producción en África y América Latina de la gigante Chevron, eso no va a ser un problema muy grande para nosotrosTenemos ciertos procedimientos establecidos y lo resolveremos a medida que crezca la operación en México (ibidem).

De eso indagó la Comisión de la Verdad sobre la guerra sucia 1969-1979. Su presidente, Enrique González Ruiz indicó que”… hay pruebas suficientes para comprobar la responsabilidad del Estado mexicano”. Dijo también que “aplicaban tácticas de seguridad nacional de Norteamérica. “La nueva guerra sucia de estos días es hija de aquella guerra sucia impune”. La Comisión ratificó la capacidad de resistencia entonces y ahora.

jsaxef.blogspot.com

FUENTE: La Jornada- http://www.jornada.unam.mx/2014/10/30/opinion/028a1eco

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan?… aquí la respuesta

Si has gritado/escuchado la consigna

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué nos asesinan?

Si somos la esperanza

de América Latina

Y quieres conocer parte de la respuesta, tienes que ver este vídeo del medio libre Subversiones:

México, un país de desaparecidos

La desaparición forzada es un crimen de larga data en México, que se sigue cometiendo porque no hay castigo para los culpables. El crimen organizado y su complicidad con los cuerpos de seguridad y las autoridades políticas son los factores que mantienen impunes los secuestros, torturas y desapariciones de miles de mexicanos.

México padece la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas, según el informe de una organización defensora de los derechos humanos citada por el diario El País.

El informe señala que “miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosos casos de desaparición forzada” y que, prácticamente, en ningún caso las víctimas fueron halladas, ni se llevó a los responsables ante la justicia.

La investigación documenta 249 desapariciones ocurridas durante el Gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012). De esa cantidad, 149 casos fueron desapariciones forzadas y en más de 60 se encontraron evidencias de que agentes estatales colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas y/o para extorsionar a sus familiares. Sin embargo, este informe muestra una pequeña parte del problema.

Lea también la Cronología del caso Iguala

En noviembre de 2012, se filtró a los medios una lista provisoria elaborada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación sobre más de 25 mil personas desaparecidas o que se denunciaron como extraviadas desde 2006.

En agosto, la PRG reveló un informe donde señalaron que 22 mil 322 personas se encuentran actualmente en el estatus de “no localizadas”. Según la PRG, entre las causas más comunes de las desapariciones están: la ausencia voluntaria, problemas domésticos, privación ilegal de la libertad, migración dentro y fuera del territorio nacional, reclusión en algún centro penitenciario, fallecimiento o porque fue víctima de algún delito.

¿Dónde ocurren las desapariciones y las desapariciones forzadas?

Organizaciones sociales señalan que la mayoría de las desapariciones han tenido lugar en estados donde ha habido elevados índices de violencia delictiva y se ha intensificado la presencia de la policía y las fuerzas de seguridad.

Entre estos estados destacan: Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero. El primer estado mexicano que encabeza la lista de personas desaparecidas es Tamaulipas, seguido de Jalisco.  Además, cualquier persona puede ser víctima de desaparición o desaparición forzada en México.

teleSUR te muestra tres casos de desapariciones emblemáticas en México:

Caso de San Fernando (Tamaulipas, 2011)

A principios de 2011 fueron encontrados más de 200 cuerpos sin vida en varias decenas de fosas clandestinas en las adyacencias de San Fernando, en Tamaulipas. Unos 13 meses antes, el cártel de Los Zetas secuestró y asesinó a 72 migrantes que querían cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Meses más tarde, 11 personas fueron bajadas de un autobús que también se dirigían a la frontera entre ambos países y hasta la fecha se desconoce su paradero. Sin embargo, estos no son los únicos casos, los lugareños afirman que la cifra de víctimas podría llegar a 600 (2010-2011) y que las víctimas faltantes estarían bajo el suelo de esta región.

Tamaulipas, en el noreste de México, es uno de los estados más violentos del país debido a la actividad de grupos delictivos como el cártel del Golfo y Los Zetas, antiguos aliados que se disputan el control de rutas para ingresar drogas a Estados Unidos.

Caso Heaven (Ciudad de México, 2013)

El 26 de mayo del año pasado, 13 jóvenes son secuestrados del Bar Heaven de la Zona Rosa de Ciudad de México. Tres meses después, el 21 de agosto, aparece una fosa clandestina en Tlalmanalco, Estado de México y no es si no hasta el 25 que se confirma la identidad de las víctimas, eran los jóvenes desaparecidos.

Alrededor de las 23H00 hora local (05H00 GMT ), un comando armado privó de su libertad a 13 jóvenes que se encontraban en el interior del Bar Heaven. Una de las hipotesis es la venganza. Sin embargo, las investigaciones no se inician hasta que familiares y amigos comenzaron a protestar para exigir justicia.

Este mayo, casi un año después, la procuraduría de la capital mexicana anunció la detención de José Joel Rodríguez Fuentes, autor intelectual y material de la sustracción de las víctimas, por una supuesta venganza de grupos delictivos que operaban en Tepito.

Caso Iguala (Guerrero, 2014)

El pasado 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa protestaban pacíficamente contra la discriminación que sufren en la repartición de plazas de trabajo en favor de escuelas urbanas por parte del gobierno de Guerrero.

Tal acción causó que la policía municipal disparara contra los autobuses donde se trasladaban los estudiantes normalistas, hecho que dejó a seis personas muertas (una con signos de tortura), 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos, cuya búsqueda aún continúa.

Se presume que los policías locales los detuvieron y entregaron a miembros del cártel de las drogas Guerreros Unidos. Cerca de 50 personas han sido detenidas, incluidos agentes locales, sicarios y líderes del grupo del narcotráfico.

En tanto, mientras se busca a los estudiantes, siguen apareciendo más fosas clandestinas con restos humanos, cuya identidad no se ha sido establecida y parece ser un trabajo imposible para las autoridades mexicanas. Desde que el mandatario de ese país, Enrique Peña Nieto, llegó a la presidencia en 2012 unas nueve mil 790 personas han sido reportadas como desaparecidas.

Vea la galería sobre la investigación de los restos óseos en vertedero de Cocula

La respuesta oficial es muy tardía en la mayoría de los casos, por lo que en mayo de 2013 se creó una unidad especial de la PGR para identificar los cadáveres que se consiguen casi a diario en las fosas clandestinas, pero hasta la fecha solo se han revisado 450 casos y localizado a 86 personas, de las cuales 57 estaban vivas y 29 fallecidas.

FUENTE: TELESUR http://www.telesurtv.net/news/Mexico-un-pais-de-desaparecidos-20141029-0057.html

Se cumple un año de la desaparición de Daniel Ramos

Daniel Ramos Alfaro, de 21 años de edad, se desempeñó por casi 3 años como capacitador del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en el estado de Michoacán, especialmente en zonas rurales. Amigos y familia de Daniel lo describen como un joven serio, honesto y orientado a la familia.

Para más información sobre el caso: http://cmdpdh.org/casos-paradigmatico…

Desentierran cadáver de mujer mexicana que se convertiría en el primer caso de una inédita base de datos forenses

Sus padres dudan que los restos enterrados en el panteón del municipio Santo Cristo de García, aledaño a la zona metropolitana de Monterrey, sean realmente los de su hija. Archivo AFP

Un equipo de forenses exhumó este miércoles los restos de una mujer presuntamente desaparecida en el norte de México, que se convertirá en el primer caso de una inédita base de datos forense gestionada por una ONG ante las dudas de registros oficiales.

Miembros del Equipo Peruano de Antropología Forense junto con las mexicanas Gobernanza Forense Ciudadana y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Funden) encabezaron la exhumación de los supuestos restos de Brenda Dámaris González, una mexicana de 26 años que desapareció en 2011 después de un accidente de carro.

Sus padres dudan que los restos enterrados en el panteón del municipio Santo Cristo de García, aledaño a la zona metropolitana de Monterrey, sean realmente los de su hija por diversas irregularidades en el proceso de identificación y entrega del cuerpo.

La madre de la chica, Juana Solís, aseguró que no reconoció la ropa que llevaba el cadáver, que habría sido sepultado clandestinamente antes de la fecha de la desaparición de Brenda y que funcionarios del servicio médico forense le recomendaron que quemara los restos porque no era apropiado velarlos.

Las negligencias de las autoridades periciales “se repiten muchísimo y por eso estamos organizando esta base de datos ciudadana”, señaló Leticia Hidalgo, integrante de la Funden.

Es el primer caso de una base ciudadana de datos forenses

Tras la toma de algunas muestras, las pruebas de ADN se realizarán en Washington y se prolongarán unos tres meses, cuando se tendrá el primer caso de este inédito registro.

“Este es el primer caso de una base ciudadana de datos forenses. El estado de Nuevo León y México están sentando un precedente a nivel mundial”, celebró el director de Gobernanza Forense Ciudadana, Ernesto Schwartz.

El Gobierno mexicano reconoció en agosto que hay al menos 22.322 desaparecidos en el país desde que en 2006 el expresidente Felipe Calderón iniciara una cruenta ofensiva contra los cárteles del narcotráfico.

Esta alta cifra ha hecho que especialistas aseguren que México vive una grave crisis humanitaria en un contexto en el que las fiscalías estatales están desbordadas con carencias de antropólogos y peritos forenses, así como de genetistas y laboratorios de ADN.

Colaboración: AFP

Fuente: http://www.ntn24.com/noticia/desentierran-cadaver-de-una-mujer-mexicana-que-se-convertiria-en-el-primer-caso-de-una-inedita-base-25163