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Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas

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En un reciente artículo publicado en el periódico El Financiero, Salvador Camarena reporta que el General Cienfuegos, Secretario de la Defensa, comenzó un discurso ante el Consejo Coordinador Empresarial de la siguiente manera: “los saluda el jefe de la Policía Municipal de Poza Ricar, Veracruz, el director de la Estatal de Seguridad de Durango, el encargado de la seguridad pública de Saltillo, el jefe de la operación de seguridad en la frontera…” y continúa diciendo que “El general leyó puestos de una veintena de localidades…”.

La cita ilustra dos costos constitucionales –esto es, el menoscabo de compromisos constitucionales básicos- que los mexicanos hemos pagado gracias a la “guerra contra las drogas”: la centralización del régimen federal y la creciente militarización de la vida pública. La idea de “costos constitucionales” se inspira en el creciente esfuerzo por cuantificar los “costos” de la guerra contra las drogas a nivel mundial. Un costo constitucional se presenta cuando afirmamos un compromiso constitucional -esto es, un valor, principio, institución o derecho fundamental- y simultáneamente lo socavamos con alguna política o medida que, en teoría, es coyuntural (sobre los costos constitucionales, ver este estudio que forma parte de los trabajos realizados por el Programa de Política de Drogas del CIDE).

Cuando el Secretario de la Defensa se presenta, con razón, como jefe de la policía municipal de tal o cual municipio o como director de la seguridad estatal de tal o cual estado, debemos alarmarnos no sólo por lo evidente -que ese municipio o ese estado tienen graves problemas de seguridad-, sino porque el arreglo institucional del que veladamente se queja el Secretario de la Defensa está abiertamente violentando un principio medular de nuestro sistema constitucional. El que el gobierno federal centralice las funciones que constitucionalmente les corresponden a los gobiernos estatal o municipal apunta a que nuestro federalismo está naufragando. Si nuestro General Secretario es el responsable de la seguridad pública en nuestras ciudades y comunidades -y no sólo de la seguridad nacional en nuestras fronteras- el carácter “civil” de nuestro gobierno está a disposición del mando militar.

La Constitución mexicana –que pronto cumplirá 100 años de vigencia- consagra al federalismo como uno de los principios fundacionales de nuestra República (artículo 40) y ordena que las “instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”, por oposición a militar (art. 21). Señala, además, que en “tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” (artículo 129). El gobierno actual como el anterior -así como los gobiernos estatales y municipales involucrados- no respetan ni uno ni otro mandato constitucional: la seguridad pública está cada vez más militarizada, y las funciones municipales y estatales en materia de seguridad pública son asumidas más y más por el gobierno federal.

costosHabrá quien me diga que esto está bien, que los gobiernos municipales y estatales no pueden con ni con su alma, que son demasiado vulnerables ante la delincuencia organizada, que el Ejército es más confiable que la policía y que el arreglo es sólo temporal. Tengo mis dudas -porque llevamos casi una década recetando y tragando más militarización y más centralización para enfrentar los males de la inseguridad, y todo indica que lo que consistentemente hemos logrado es más muerte y más inseguridad-, pero ese no es el punto. Si queremos un régimen centralista y un gobierno militarizado, deberíamos decirlo tal cual y consagrarlo en nuestra Constitución. De otra forma, seguiremos ante un régimen travesti: se viste de federal, pero es centralista; se viste de civil, pero el mando militar es quien realmente manda. Mientras la Constitución diga “federalismo” y “gobierno civil” pero las autoridades hagan “centralismo” y “militarización”, el gobierno está mermando el régimen constitucional del que abreva la autoridad. ¿Con qué cara nos hablan nuestros altos gobernantes de “Estado de derecho” y “hacer cumplir la ley”; mejorar la justicia y combatir la corrupción, cuando son los primeros en hacer de lado la Constitución? Que no nos sorprenda la crisis de legitimidad y de credibilidad de nuestra clase política, hoy en plena metástasis. La seguridad pública no se puede construir sobre la tumba de la seguridad jurídica de la ciudadanía; la justicia no puede ser un juicio sumario a cargo del mando policíaco o militar en tal o cual “enfrentamiento”. Si hemos de construir confianza entre ciudadanía y autoridades, tenemos que al menos buscar que lo hecho por las autoridades no vaya en dirección opuesta a lo dicho en la norma.

La guerra contra las drogas nos está costando miles de muertes y millones de pesos en impuestos e inversión, cosas de las que se habla diariamente. Pero también nos está costando la democracia y violentando el federalismo; nos está costando nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de tránsito y nuestra seguridad jurídica; nos está costando la credibilidad del gobierno, el proyecto mismo de autogobierno, pues las autoridades locales electas gobiernan cada vez menos. Nos está costando, en suma, gran parte de lo que hasta hace poco había constituido el corazón de ese proyecto político que llamamos México. Las medidas que hemos tomado “para que las drogas no lleguen a tus hijos” nos han deformado como país y como proyecto político colectivo. Es preciso preguntarnos: ¿Qué hemos perdido de nuestro proyecto colectivo, de nuestra anhelada democracia y de nuestra endeble seguridad jurídica en ese esfuerzo por lograr “un mundo sin drogas”? Sobre todo, es preciso preguntarnos, ¿qué tanto más estamos dispuestos a perder con tal de seguir intentando obligar a nuestros compatriotas, pero sobre todo a los habitantes de nuestro país vecino, a decirle “no a las drogas”. Los costos constitucionales se acumulan y todo indica que han llegado para quedarse. Cuando -más pronto que tarde- el gobierno acepte que es insensato pretender suprimir los mercados de las drogas y comience la tarea de pensar cómo regularlos, los costos constitucionales habrán echado raíz y nuestro proyecto político colectivo -ese que propone federalismo, autogobierno y autoridades civiles- habrá quedado irreconocible.

Mi pronóstico es lúgubre: pronto abandonaremos la “guerra contra las drogas” y la prohibición penal como política de salud, pero el aparato represivo y el estado policíaco-militarizado que hemos construido en estos años sobrevivirá. Desde finales del sexenio anterior, el gobierno abandonaba “las drogas” como el mal cuyo combate lo justificaba todo: construido el aparato represivo en nombre la guerra contra las drogas, lo de menos es transitar a un nuevo “coco” para justificar su permanencia.

Después de Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán, es cada vez más difícil tapar el sol con un dedo: nuestras autoridades están violando las leyes y asesinando con una frecuencia preocupante y, en ocasiones, con los mismos métodos que los criminales a quienes pretenden combatir (basta recordar, por ejemplo, el caso de Beltrán Leyva) sin que eso se traduzca en mayor seguridad para los ciudadanos. Hoy es innegable que resulta más fácil sacar a “los federales” -sean militares o policías militarizados- a la calle, que controlarlos o regresarlos al cuartel. Además, parece que se nos está olvidando nuestra historia reciente: nadie parece reparar en lo difícil que fue arrancar prerrogativas arbitrarias a nuestras autoridades durante el último tercio del siglo pasado. Fue mucho más difícil acotar y distribuir el poder político para atenuar el abuso en su ejercicio, de lo que está siendo concentrarlo nuevamente en torno al presidente de la República. Si seguimos como vamos, lloraremos mañana lo que no estamos queriendo o sabiendo defender hoy.

Alejandro Madrazo Lajous. Investigador y profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @BuenMadrazo

Fuente: Cide- http://derechoenaccion.cide.edu/los-costos-constitucionales-de-la-guerra-contra-las-drogas/

Fuente de la imagen: https://cronicadesociales.files.wordpress.com/2010/06/fisgon3.jpg

Militarización de México

Por Lilia Arellano

“Promete todo. No tienen memoria”: Jorge Saldaña.

  • Violencia e impunidad generalizadas
  • Ataques de cárteles contra federales
  • Contradicciones entre funcionarios
  • Aumenta producción de drogas: EU
  • Reformas perjudican a trabajadores: UNT

Enrique Peña Nieto traicionó su promesa de sacar a las fuerzas armadas de las calles. De hecho, ha optado por lo contrario: intensificar el proceso de militarización del país, invirtiendo grandes recursos presupuestales para tal efecto. Los resultados son los mismos: una gran masacre a lo largo y ancho del territorio nacional; la producción, tráfico y consumo de drogas no han disminuido; se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales; la impunidad es escandalosa y los desplazamientos aumentaron.  Hay miedo generalizado, despojo de bienes y propiedades, muerte de civiles, impunidad en los crímenes, razias sociales, incremento de las actividades ilícitas, represión de movimientos sociales, activistas y periodistas.
Más de 21 mil muertos se contabilizan en lo que va de la presente administración: un promedio de 750 al mes, más de 25 homicidios diarios. Guerrero, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Baja California y Michoacán, son los estados más violentos. Donde se realizan operativos militares se incrementa la tasa de homicidios. Son miles los hechos de violencia en los que las fuerzas armadas se han involucrado, incluidas las recientes masacres de Tlatlaya y Apatzingán.  La estrategia de militarización incrementa la violencia y las ejecuciones y hace tolerables ciertas prácticas como las ejecuciones y “levantones”. Permite que la sociedad asuma que los asesinados o secuestrados (por parte de autoridades o grupos criminales) son culpables a priori.
A pesar de la estrategia de medios que se opera desde Los Pinos, todos los días los diarios nacionales dan cuenta de los hechos de violencia: la reacción al Operativo Jalisco desplegado por el gobierno federal que dejo un saldo preliminar de afectaciones en 19 municipios tras 29 bloqueos, cuatro enfrentamientos, 7 muertos, 15 detenidos, 11 bancos y una caja popular incendiados, además de 16 gasolineras incendiadas; la centena de muertos tan sólo en un municipio de Guerrero, Acapulco, en el mes de abril, donde se resiente una ola de violencia; de las cotidianas balaceras que dejan decenas de muertos en la región de la Costa Chica; de los enfrentamientos entre policías comunitarios y Agentes de la Fuerza Estatal; de las lucha intestinas por el control de los cárteles de la droga en diversas entidades el país, a pesar de los operativos militares que se implementan para coparlos, y que han desembocado en casos como el ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
Grave es el hecho de que los grupos criminales se hayan atrevido a desafiar abiertamente al Estado mexicano con acciones como la de este viernes en que uno de los helicópteros que participaban en la Operación Jalisco fue agredido con armas de fuego, incidente que dejó tres militares muertos y 12 heridos -10 soldados y dos policías-. La aeronave, un Cougar matricula 1009, dijo la Defensa Nacional, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.
Sólo Tlaxcala y Yucatán, son los estados que se han salvado de la ola de violencia nacional, según datos oficiales. Los hechos violentos, asesinatos y homicidios se han concentrado en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero y Veracruz, donde la intervención militar está asociada al aumento de muertes violentas. La guerra que se libra es contra la sociedad en general, el Estado mexicano desarrolla una política de represión preventiva, de la mano del posicionamiento de los negocios de los sectores que representa por la vía de la fuerza militar.
CONTRADICCIONES
Ni entre los funcionarios públicos de primer nivel se ponen de acuerdo sobre los “avances” en contra del crimen organizado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostiene que han avanzado con pasos firmes y sólidos en la recuperación de la tranquilidad de Tamaulipas, mientras que el comisionado Monte Alejandro Rubido afirma que “no se le ha dado vuelta al problema de inseguridad en Tamaulipas”. Dice que esta entidad es una de las más conflictivas del país y la zona más compleja es parte de la frontera, entre Reynosa y Matamoros. Afirma que la violencia en Tamaulipas es responsabilidad de dos nuevos grupos, “Los Ciclones” y “Los Metros”, el primero asentado en Matamoros y el otro en Reynosa. Mientras que el responsable de la política interna sostiene que “existe una gran coordinación que nos permite entregar mejore resultados”, sólo que no los vemos.
Rubido García asegura que han neutralizado 93 de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno federal, y que ya están detrás de los 29 restantes. Señala que han caído capos de la talla de Joaquín “El Chapo” Guzmán; Héctor Beltrán Leyva, el “H”; Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”; Miguel Ángel y Omar Treviño Morales y Servando Gómez, “La Tuta”. Sin embargo reconoce sus limitaciones en cuanto al cártel Nueva Generación, que opera en Jalisco y Michoacán, y que ha dejado a más de una veintena de agentes de seguridad muertos. Es precisamente el tronco donde han surgido las principales organizaciones criminales del país, que están lejos de ser erradicadas, a pesar de las declaraciones de funcionarios de primer nivel.
PROMESA INCUMPLIDA
El actual inquilino de Los Pinos no cumplió sus promesas de campaña. Ha aumentado la militarización de la guerra contra las drogas en el país. Ha incrementado el gasto del gobierno federal en material de defensa, a través de un programa de ayuda militar de Estados Unidos. México gastó más de mil millones de dólares en equipamiento militar durante el año pasado a través del programa Ventas Militares Extranjeras de Estados Unidos (FMS por sus sigla en inglés), de acuerdo con las declaraciones de William Gortney, almirante de la marina de guerra y alto comandante del comando norte de EU, ante el Senado estadounidense.
La cifra representa un aumento de cien veces más con respecto a años anteriores. Hasta el año pasado, México adquiría equipos militares de EU a través de ventas comerciales directas. Ahora lo lleva a cabo a través del FMS, cuyas adquisiciones están destinadas a fortalecer los esfuerzos de interceptación de drogas. México compró a EU, en mayo de 2014, 2,000 Humvees (vehículo militar multipropósito), por un valor de US$245 millones, para ser utilizados en la lucha contra los cárteles de la droga. El mes pasado EU acordó vender tres helicópteros Blackhawk por US$110 millones, para ser utilizados por militares contra narcotraficantes.  Las ventas comerciales directas se triplicaron entre 2011 y 2012,  pasando de menos de US$400,000 a más de US$1,2 billones, el gasto se mantuvo por encima de US1 billón en 2013, el primer año del mandato de Peña Nieto.
Durante lo que resta de la administración de Peña Nieto, todo parece indicar que seguirá recurriendo de manera excesiva a las fuerzas de seguridad militar contra los cárteles de la droga. No hay indicios de que esto vaya a cambiar en los años siguientes. Aunque en los primeros años de su administración el mexiquense se comprometió a que los militares tendrían un retorno progresivo a los cuarteles, aún no hay información sobre cómo y cuándo esto será un hecho.
La militarización del país seguida por la administración de Peña Nieto es inquietante y no se le ha dado la debida atención mediática. Los grupos de vigilancia de derechos humanos han vinculado el esfuerzo militar del gobierno de Felipe Calderón a un marcado aumento en los reportes sobre tortura y abusos por parte del personal de fuerzas armadas. Las autoridades buscaron imponerse mediante violaciones de derechos humanos, como las recientes masacres y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El enfoque militar utilizado por Peña Nieto para luchar contra el narcotráfico causó un retroceso de los derechos humanos en el país, acusó la organización gubernamental estadounidense Human Rights Watch (HRW). El enfoque ha sido contraproducente, acusa, porque la estrategia propició un clima de impunidad y de falta de rendición de cuentas entre las fuerzas del orden. Sostiene que el Ejecutivo mexicano ha hecho poco para combatir la corrupción e impunidad que propiciaron graves abusos por parte de militares y policías. Estados Unidos guarda silencio sobre esto, lamenta HRW.
La “guerra contra las drogas”, iniciada por Felipe Calderón y seguida por Peña Nieto desembocó en una epidemia de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y tortura por parte de militares y policías, señaló la organización con sede en Washington. “La espiral de violencia entre las organizaciones criminales, aunada a la catastrófica situación de la seguridad pública, ha costado ya más de 90,000 vidas en México desde 2006”, cuantifico HRW.
También la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que usar al ejército en labores de seguridad pública que corresponderían a una policía civil expone a los ciudadanos a diversas violaciones a derechos humanos. Christof Heyns, relator especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, urgió al Estado dejar atrás la militarización y capacitar a cuerpos policiales para que éstos sean aptos de atender las demandas de seguridad pública en el país.
Heyns advierte que la sociedad mexicana está expuesta a una serie de atropellos por la militarización, no hay suficiente rendición de cuentas por esos actos en el sistema de justicia militar, que “ha sido sistemáticamente incapaz de enjuiciar de manera efectiva a los soldados acusados de haber cometido abusos graves”.
La situación de militarización y violencia en el país es grave. Las fuerzas armadas concentran las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones al derecho de la vida. Los niveles de homicidio son demasiado elevados, y la impunidad hace más grave la situación. No hay investigaciones por homicidios y es evidente la “falta de capacidad y deseo de las autoridades para realizarlas”.
El involucramiento de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha tenido un efecto directo en el incremento de las violaciones graves de derechos humanos. Las quejas presentadas por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000%. Resulta particularmente preocupante el incremento en la cifra de desapariciones forzadas desde que inició la pasada administración federal.
La militarización es un peligro real para el país. Es la anulación categórica de la democracia, la seguridad pública y los derechos humanos. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó vergonzosamente su misión –en tanto equilibrio del poder Ejecutivo- al legitimar la participación militar en tareas de seguridad pública. Con Vicente Fox el proceso siguió al conformarse la Policía Federal Preventiva con efectivos del sector castrense. Con Felipe Calderón el ejército tuvo un incremento presupuestal de más del 100% brincando de 26 mil millones en 206 a 50 mil millones en 2011. Con Peña Nieto la militarización continúa con la creación de la Gendarmería Nacional, es decir, una policía militarizada.
MÁS DROGAS A EU
El proceso de militarización de México está engranado a los intereses de Estados Unidos, país que apoya y financia las guerras contra las drogas, para su administración y dosificación a su amplia población adicta que no puede quedar sin narcóticos. Estas guerras le permiten a EU reactivar su economía, apropiarse de territorios y despojar sus recursos naturales, combatir a las disidencias políticas, restringir derechos, y consolidar negocios a partir de la muerte.
De acuerdo con lo señalado por el subsecretario de Estado para asuntos de narcóticos de los Estados Unidos, William Brownfield, el consumo de heroína en los EU se incrementó un 65%, durante los últimos tres años. El aumento en la demanda disparó la producción de dicha droga en México y tiene en alerta a las autoridades estadounidenses.
Según el funcionario, el consumo está generando una “crisis” que se agrava con la participación de los cárteles de México en el tráfico de heroína. Al menos 10 cárteles han cambiado su actividad principal de la cocaína a la heroína. Son esas mismas organizaciones criminales que dicen los funcionarios de la administración de Peña Nieto que ya han sido eliminadas.
Con todo, México produce la mitad de la heroína que se consume en los Estados Unidos. Las incautaciones de pasta de opio, con la que se produce la heroína, en México aumentaron 500% entre 2013 y 2014, y los decomisos de la droga ya procesada aumentaron 42 por ciento. Mientras que el consumo de cocaína en suelo estadounidense disminuyó cerca de 50 por ciento, según el funcionario.
Cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional indican que aumentó en 507 por ciento las incautaciones de goma de opio durante 2014, mientras que las de cocaína se desplomaron 64 por ciento, respecto a 2013. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, se decomisaron mil 250 kilos de goma de opino, contra 206 kilos en 2013. De la goma de opino se produce la heroína, una de las drogas prohibidas más caras del mundo. En la región de Norteamérica, un gramo de heroína se cotiza en 272 dólares. El comercio de opio es una industria de mil millones de dólares al año.
La variación en incautaciones responde a modificaciones en el mercado de Estados Unidos.
DE LOS PASILLOS
Ante representantes obreros y empresariales del país, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que su administración revisará a fondo los mecanismos de justicia laboral de las juntas de conciliación y arbitraje. En Los Pinos, tanto el líder de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, como el líder de la CROM, Rodolfo González Guzmán, elogiaron la política laboral y económica del gobierno. Peña Nieto se congratuló que en los últimos 18 meses no se ha presentado una sola huelga de jurisdicción federal. Es decir, que ¡vivimos en el paraíso de los trabajadores!
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sostuvo que la inexistencia de huelgas en el último año y medio, no implica necesariamente que los trabajadores estén mejor, pues en ocasiones se evita colgar las banderas rojinegras para salvaguardar la fuente de trabajo. La paz laboral no implica que haya una mejora en las condiciones laborales del trabajador, afirmó Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT.
Ante un zócalo lleno de trabajadores afiliados a sindicatos adheridos a la CTM, líderes sindicales hicieron un llamado a no tolerar la corrupción. Se pronunciaron contra los nuevos modelos laborales que limitan la organización de los empleados y por un cambio que restablezca los valores de la Patria. En tanto, representantes de sindicatos independientes se manifestaron en contra de las reformas estructurales que perjudican a los trabajadores de México.

Fuente: Al momento noticias- http://www.almomento.mx/estado-de-los-estados-militarizacion-de-mexico/

Resistiendo el Modelo de Guerra en México: un esfuerzo binacional

Por Laura Carlsen

Van muy pocos meses desde que hicimos la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) a Estados Unidos y en este tiempo ha cambiado mucho el contexto de nuestro movimiento, o mejor dicho, de nuestros movimientos.

Hemos visto la toma de posesión de dos nuevos gobiernos—el de Enrique Peña Nieto aquí en México, y aunque Barack Obama empieza un segundo periodo, está haciendo algunos reacomodos, lanzando algunas nuevas iniciativas, profundizando otras y tenemos nuevos Congresos.

Así que hay cambios importantes en los dos lados de la frontera, y éstos, junto con los cambios al interior del movimiento, hacen necesario repensar dónde estamos parados, por dónde podamos caminar hacia adelante, y qué obstáculos vamos a encontrar en este camino.

Nos unen los propósitos de: verdad y justicia para las víctimas, y cambio de política de seguridad hacia una visión de la seguridad humana. Son dos propósitos, pero un sólo camino: sabemos que no hay paz sin justicia, tampoco hay seguridad sin justicia, pues la seguridad se basa en la justicia y en nuestros lazos comunitarios, no en las armas.

En cuanto a la política de seguridad, Enrique Peña Nieto llega con una gran necesidad de distanciarse de la guerra de Calderón, que fue un factor innegable en el descalabro del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones. Desde la campaña, empieza hablar de modificar la estrategia de “guerra”, de enfocarse más en la seguridad pública y disminuir la violencia, y no tanto en la lucha contra las drogas.

En su gobierno, ahora hablan de “construir la paz” en lugar de seguir la guerra. Hay frases incluso que repiten casi textualmente mensajes de nosotros. Suena bien.

Y hay algunas acciones concretas que van más allá del cambio en el discurso, como la aprobación de la Ley de Víctimas, que tendría un impacto real en la situación que viven miles de familias de víctimas.

Entonces, la primera pregunta es: ¿Estamos frente a un verdadero cambio del modelo de seguridad a nivel nacional? Desgraciadamente, existen muchos elementos que indican que la respuesta es no.

Como un buen prestidigitador, el gobierno de Peña Nieto está apostando a que nos quedemos viendo como se muevan sus labios, mientras con manos ocultas hace sus trucos.

II. Por qué pensar que no habrá cambio de modelo

1.- El nuevo gobierno, quiénes son y de dónde viene

Nosotros sí tenemos memoria. El PRI no es una incógnita. Muchos nombres en el nuevo gabinete, empezando con el del presidente, están ya asociados con el autoritarismo de la vieja escuela, con el machismo y con la represión.

Es un partido experto en el control social, por múltiples vías: la manipulación del sistema de justicia, la cooptación, la división y la violencia. Y la guerra contra el narco -con la militarización de grandes partes del territorio nacional- es un sistema de control social disfrazado. Les sirve.

Para dar sólo un ejemplo clave: Eduardo Medina Mora. Recordamos que Medina Mora fue el Procurador General en el gobierno de Felipe Calderón hasta el 2009. Este político que fue vocero de la guerra de Calderón y apologista de la injusticia nacional, fue nombrado embajador a Estados Unidos por el gobierno de Peña Nieto.  El mismo que anunció en 2008, como titular de la PGR -aparentemente sin ironía-:  “Estamos en la guerra para recuperar la paz”; y el que la embajada de Estados Unidos definió como “un jugador clave” en la Iniciativa Mérida -según un cable de Wikileaks, ahora está en Washington a cargo de la relación binacional cuyo eje sigue siendo la Iniciativa Mérida.

  1. El presupuesto militar

El presupuesto 2013 sostiene e incrementa el modelo militarizado contra el narco. Tal como fue aprobado, el presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es de 60 mil 810 millones; esto  duplica el presupuesto del año 2007 y es 5 mil millones de pesos más que en 2012 bajo el periodo de Calderón. Los recursos se destinan a equipo de vigilancia y de ataque, puestos de control en todo el país, etcétera, y su justificación se centra en la guerra interna con los objetivos de “el acotamiento de los grupos armados en todo el territorio nacional, y mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan en las vertientes de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada”.

  1. La Gendarmería.

Esta propuesta de Peña Nieto no es en la práctica una forma de desmilitarización. Se contempla la creación de una fuerza inicial de 10 mil efectivos, mayoritariamente militares, con algunos policías. En efecto, y en la ausencia de un verdadero cambio de modelo, es el mismo esquema con diferente nombre.

La otra razón de dudar de un cambio real de modelo de seguridad en este gobierno tiene que ver con su agenda de reformas estructurales anti-populares, una serie de políticas dirigidas al mal-llamado “desarrollo” basado en privatizaciones de los recursos y las tierras nacionales. La imposición de este tipo de reformas  se apoya en la militarización para despoblar zonas de interés, para reprimir comunidades y grupos que defienden sus territorios, y para intimidar o de plano eliminar sectores en resistencia.

Otra razón es la dependencia que México tiene con Estados Unidos y el gran interés del gobierno de Estados Unidos en continuar la guerra.

Estados Unidos: En Washington también se ha dicho que el Plan Mérida se ha modificado para tener un enfoque más integral. Sí es cierto que el financiamiento militar directo (FMF) ha disminuido mucho, el modelo de guerra sigue siendo lo mismo y en muchos aspectos se está intensificando. Los siguientes puntos son indicadores:

  1. Las declaraciones de John Kerry, el nuevo Secretario de Estado, al Senado hace unos días. Dijo que México está “bajo sitio” y ofreció redoblar esfuerzos. Afirmó que “el presidente (Enrique) Peña Nieto está tratando de mover esto en otra dirección” (menos militarizado) y que por eso es más importante que nunca el apoyo. Incluso fue más lejos, insistiendo en que en cualquier discusión de recortes de presupuesto no se tocara a la iniciativa Mérida: “así que creo que vamos a necesitar convencer a nuestros colegas de la importancia de esta iniciativa”, puntualizó, sin ofrecer una sola crítica a un modelo que ha dejado más de 100 mil muertos y desaparecidos.
  2. La ayuda a México: Si seguimos el dinero y no la retórica, vemos que el modelo sigue sin cambios. El financiamiento del Operaciones en el Exterior (el Departamento de Defensa es otra fuente aparte de ayuda a la guerra en México) en el 2013 contempla 7 millones de dólares a las Fuerzas Armadas, 199 a la lucha contra las drogas, 8 millones para programas contra el terrorismo, y sólo 35 en apoyo económico a un país en el que casi la mitad de la población vive en la pobreza. Eliminan la ayuda en rubros como salud global y se reduce el apoyo al desarrollo. A la vez, las de por si débiles estipulaciones sobre derechos humanos desaparecen.
  3. La expansión del entrenamiento militar para efectivos mexicanos en el Comando Norte. El Pentágono está activamente ampliando los programas de entrenamiento de las fuerzas armadas mexicanas en la guerra. Creó un nuevo cuartel de operaciones especiales en Colorado Springs, la sede del Comando Norte, para entrenar a militares mexicanos -en nombre de la guerra contra el crimen organizado- en técnicas utilizadas en Irak. Según la revista Proceso este entrenamiento en Estados Unidos ha incluido “espionaje, tortura, ataques sorpresa y secuestro.” Se enfoca en operaciones de contrainsurgencia-contraterrorismo-contra drogas, que ya empiezan a fundirse en el discurso y en la práctica expansiva de la guerra, lo cual aumenta la criminalización de la protesta. El propósito expreso del nuevo centro es la guerra contra el narco “para que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto establezca una fuerza militar enfocada en las redes criminales…” (esto se supone sería la gendarmería). Los militares estadounidenses habían llevado a los mexicanos a visitar centros de operaciones especiales en Balad Irak y Fort Bragg, NC. [1] La agencia de noticias AP reporta el 17 de enero que están entrenando a los mexicanos en tácticas para capturas, como se aplicaron para capturar, es decir para matar, a Osama Bin Laden. Esto llama la atención porque todos los estudios que tenemos indican que esta estrategia de captura de capos (Kingpin strategy) lleva a una explosión de la violencia en el lugar de los hechos, y no funciona para ni para mejorar la seguridad pública ni para reducir el tráfico de las sustancias ilícitas, y mucho menos para la construcción de una paz duradera.

Para que no quede duda de la relación entre estos esfuerzos y el plan hacia México diseñado por Bush y ampliado por Obama, la AP lo deja claro: “las operaciones especiales de entrenamiento del Mando en la actualidad se derivan de la Iniciativa Mérida, formalizada en 2008 para proporcionar asistencia militar amplia a México”.

La imposición del paradigma contra el terrorismo en México tendrá terribles repercusiones. Cuando el gobierno de Calderón empezó a redefinir a los narcotraficantes como un amenaza a la seguridad nacional y no sólo como criminales, los carteles empezaron a actuar, efectivamente, más como una amenaza a la seguridad nacional, se desataron batallas por control de territorio, aumentaron su  injerencia en la vida civil y los actos de corrupción de instituciones, desafiando o cooptando el Estado en distintas regiones del país. A la vez, se extiende la presencia y control de Estados Unidos en territorio mexicano en franca violación del concepto de soberanía nacional, y muy probablemente de las leyes nacionales.

No cabe duda que cuando escalan la guerra contra el narco a una guerra contra el terrorismo con el apoyo de los Estados Unidos, los narcos van a empezar a actuar más como terroristas, que no son. Además, la guerra contra el terrorismo se caracteriza por el uso de la tortura, la matanza de civiles -sobre todo mujeres y niños-con drones y golpes indiscriminados, por el odio y el racismo. ¿Acaso es esto lo que queremos en México? ¿Queremos ser el reemplazo de la guerra en Irak para la industria de guerra en Estados Unidos?

Todo eso nos pone frente una situación de simulación que en muchos sentidos es más peligrosa. Hay un esfuerzo para maquillar la guerra, al mismo tiempo que se intensifica. Existe una enorme distancia entre el discurso y la realidad.

Si no seguimos llamando la atención a la realidad de la guerra –como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho desde que nació– dejaremos en la indefensión a las víctimas actuales y a las víctimas futuras, de una guerra que oficialmente se ha declarado terminada.  El nuevo contexto puede llevar a mayor aislamiento, mayor vulnerabilidad y mayor simulación; ya varios periodistas han reportado políticas editoriales de suprimir notas sobre la violencia (que no ha disminuido) porque contradicen el afán del nuevo gobierno de mejorar la imagen.

Es importante señalar que el hecho de que siga la guerra no quiere decir que no habrá nuevos espacios y oportunidades para el movimiento contra guerra. Sergio Alcocer, subsecretario para América del Norte, anunció una evaluación de la iniciativa Mérida: “y en función de eso se decidirá como continuar o que continuar dentro de la iniciativa u otro proceso que se establezca.” Es el momento de exigir transparencia y participación ciudadana. En Estados Unidos los recortes abren la posibilidad de cuestionar a fondo la iniciativa Mérida y la aplicación del paradigma contra el terrorismo al tráfico de sustancias ilícitas, y la probabilidad de crear otra guerra costosa y amenazante, y enfatizar las alternativas.

En los dos lados tenemos propuestas constructivas frente a la destrucción. El movimiento ha elaborado los documentos sobre seguridad humana, tejido social y corrupción, y en Estados Unidos las organizaciones tienen propuestas de regulación de las drogas, derechos de migrantes y desmilitarización de la frontera, etcétera.

III. Nos une el propósito de poner fin a la guerra, la violencia y la injusticia

Si al lado de la violencia están la estrategia de control social del gobierno mexicano, los políticos autoritarios, las instituciones corruptas, el crimen organizado, el Pentágono, el gobierno de lEstados Unidos, algunos empresarios… ¿Qué está del otro lado?

Nosotros. Nosotras.

Las comunidades indígenas en Chiapas y Michoacán que luchan por vivir en paz y cuidar a la Madre Tierra como han hecho por siglos. Los padres y madres que con el corazón partido luchan por la justicia y para que no se olviden de sus hijos. Las defensoras y los defensores de derechos humanos en comunidades y ciudades en todo el país, que por su trabajo se vuelven blancos de la violencia. Los campesinos en Chihuahua que se oponen al modelo Narco-NAFTA de terror y usurpación de sus tierras. Los jóvenes de Ciudad Juárez que viven y resisten en la sombra de la militarización.

Y en Estados Unidos las y los activistas migrantes que dicen que nadie es ilegal y que los muros matan. Las organizaciones de africano-americanos que protestan contra el encarcelamiento de sus hijos por la guerra contra las drogas en Estados Unidos. Las comunidades de la frontera que protestan por la militarización. Los grupos que exigen un fin a la sangrienta política exterior de hegemonía que es el Plan Mérida.

Somos nosotros, que nos hemos encontrado en el camino,  que vamos encontrando más. Sería muy forzado pensar en tener una agenda común. Somos diversas organizaciones y movimientos en Estados Unidos, con agendas propias, y México y Estados Unidos enfrentan contextos nacionales muy distintos. Y es importante que cada quién mantenga su enfoque.

Sin embargo, nos une un propósito: poner fin al modelo de guerra que domina en nuestros países, y para algunos, en nuestras comunidades. Las alianzas y los propósitos comunes y mecanismos de coordinación son esenciales. El reto no es necesariamente seguir con planes conjuntos o crear plataformas en cada uno de los 5 ejes–armas, reforma de las políticas hacia las drogas, fin de ayuda militar para la guerra contra el narcotráfico y política exterior, contra el lavado de dinero, y derechos de migrantes—que trabajamos en la Caravana, sino entender cómo se entrelazan en este modelo de guerra que sufrimos y cómo las luchas de todos y todas pueden reforzarse mutuamente para parar esta guerra.

Fuente: http://www.pensamientocritico.org/laucar0313.htm

El prohibicionismo y la violencia en México

Por Amaya Ordorika para ReverdeSer Colectivo

La estrategia internacional de política de drogas, aplicada rigurosamente en México, se ha planteado un mundo sin drogas. Al cuál se propone llegar a través de la prohibición de la producción, distribución, venta y consumo de ciertas sustancias. Sin embargo, lejos de lograr este objetivo, el consumo de sustancias ilícitas no ha hecho más que aumentar, mientras que hemos visto otros efectos sumamente dañinos asentarse sobre nuestras comunidades.[i]

Esta estrategia de prohibición mantiene un negocio de miles de millones de dólares en la ilegalidad, lo cual tiene consecuencias altamente preocupantes:

  • La primera, y quizás la más evidente, es que este negocio, que genera enorme márgenes de ganancia para quienes participan en él, no tiene una forma legal de regulación, por lo que se regula a través de la apropiación territorial violenta. Es decir, las diferentes partes disputan los espacios de venta por medio de la fuerza. Al ser un espacio que está por fuera de la legalidad, al interior también se regula por medio de la violencia.[ii]
  • Sumado a esto, por ser un negocio ilegal, altamente perseguido, las partes usan la violencia no sólo al interactuar entre sí, sino también para repeler a las fuerzas de seguridad del Estado. Esto ha resultado en una carrera armamentista, en la que el Estado y el narcotráfico están continuamente actualizando su equipo para estar más preparado que el otro.[iii] Esto es un negocio redondo para la industria armamentista de Estados Unidos, quien por medio de tratados como la Iniciativa Mérida hace acuerdos millonarios para proveer de armas al Estado mexicano[iv] y que por el otro lado vende armas de manera ilegal a grupos del crimen organizado.[v]
  • Otra consecuencia de mantener este mercado en la ilegalidad es que se favorecen altos índices de corrupción a nivel nacional. Un mercado que genera tantas ganancias, pero que opera en la ilegalidad, necesita funcionarios de todos los niveles de gobierno que, cuando menos, se hagan de la vista  gorda, para lo cual tienen muchos recursos. Desde agentes aduanales y policías municipales, hasta altos mandos del ejército, pasando por todo tipo de funcionarios públicos, han sido presentados con la opción de participar del negocio ilegal y recibir grandes sumas de dinero o ser víctima de alguna forma de violencia.[vi]

En México, hemos asumido la responsabilidad de desactivar las redes de producción y distribución de sustancias ilegales por medio del uso de la fuerza. La prohibición y criminalización de las drogas han empujado al gobierno a enfocar poder económico, judicial y militar en el combate al narcotráfico, en lugar de aplicar estos recursos en la prevención del delito y el castigo de delitos violentos con afectaciones a terceros como el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas.

Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno federal emprendió una ofensiva militar conocida como la “guerra contra el narco”. Esta estrategia consistió en la designación de las personas que participan en cualquier eslabón de la cadena del narcotráfico como enemigos de la seguridad nacional, lo cual ha tenido consecuencias desastrosas. En palabras del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: “El alza en la violencia vinculada al discurso oficial que ha designado a los narcotraficantes como enemigos de la seguridad nacional genera una dinámica en la que el miedo es más importante que la defensa de las garantías civiles, lo que lleva a un deterioro del estado de derecho, donde parecen perder importancia la vida, el debido proceso y la libertad de expresión frente al combate al narcotráfico”[vii].

Esta estrategia se basó en la militarización de la seguridad del país. Esto se dio de dos maneras: la primera fue el despliegue de miles de militares en todo el país para la realización de tareas correspondientes a los órganos de seguridad pública y la segunda fue la sustitución de titulares de instituciones de seguridad pública por militares en activo o en retiro.[viii] Esto sumado al discurso de enemigo público es particularmente preocupante, debido a que la formación militar consiste en la eliminación del enemigo. En este contexto el estado de derecho quedó relegado y se volvió suficiente acusar a alguien de ser narcotraficante para ser encarcelado, e incluso asesinado, a manos del ejército, sin que fuera necesaria mayor explicación.

La militarización del país que se radicalizó durante el sexenio de Calderón tuvo efectos, u objetivos no oficiales, graves. Entre ellos podemos destacar que sirvió como mecanismo de control social y sobre los recursos naturales.[ix] Sumado a esto, lejos de reducir la violencia, las denuncias de violaciones a derechos humanos aumentaron exponencialmente en los lugares con mayor presencia del ejército.

La situación de violencia que vivimos hoy en México es en gran parte resultado de las políticas en materia de drogas aplicadas en el país. Es por esto que es importante participar del debate de política de drogas. Hablar de política de drogas es hablar de violencia, de derechos humanos, de criminalización y marginación de la juventud, de las personas en condiciones de pobreza y a la protesta social. No es un tema de “pachecos” y “delincuentes”, es un tema de todos y de todas.


[i]  Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas: “Asumiendo el Control: Caminos hacia políticas de drogas eficaces” 2014, disponible en:

https://reverdeser.files.wordpress.com/2014/11/c6218-global_commission_es.pdf

[ii]  Brombacher, Daniel “This is what you get. Mercados ilegales y violencia en América Latina” Policy Paper, Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Disponible en:

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09230.pdf

[iii]  Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas: “Guerra a las drogas” 2011, disponible en:

http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_Spanish.pdf

[iv]  Carlsen, Laura, “Suspensión de fondos de la Iniciativa Mérida salvará vidas”, 2013, Programa de las Américas, disponible en: http://www.cipamericas.org/es/archives/10295

[v]  Tourliere, Mathieu “México, territorio abierto a las armas” 2013, Proceso, disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=337637

[vi]   Soberon, Ricardo, “Corrupción, narcotráfico y fuerzas armadas: una aproximación para América Latina”, Transational Institute, disponible en: http://www.tni.org/es/article/corrupci%C3%B3n-narcotr%C3%A1fico-y-fuerzas-armadas-una-approximaci%C3%B3n-para-am%C3%A9rica-latina

[vii]   Posicionamiento de la Plataforma de Política de Drogas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, disponible en: http://movimientoporlapaz.mx/es/2013/10/01/la-politica-de-drogas-en-mexico/

[viii]   Acosta Urquidi, Mariclaire. “La impunidad crónica de México: Una aproximación desde los derechos humanos”. CDHDF. México, 2012. Pp. 71. Ver también, ICG. Peña Nieto’s challenge: Criminal cartels and rule of law in Mexico. International crisis group, 2013. Pp. 16

[ix]  Carlsen, Laura, “Las mujeres al frente de los movimientos contra la militarización”, Programa de las Américas, disponible en: www.cipamericas.org/es/archives/3436