Archivo de la categoría: Políticas públicas y leyes en materia de drogas.

DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS DE DIFERENTES PARTES DEL MUNDO A PROPÓSITO DE LAS 5 MUERTES EN ARGENTINA

A propósito del desgraciado suceso ocurrido en Argentina hace pocas semanas en el que 5 personas resultaron fallecidas y 4 intoxicadas graves, las organizaciones de reducción de riesgos que firmamos esta declaración queremos plantear algunas reflexiones y propuestas a tener en cuenta a la hora de abrir el debate sobre el enfoque de reducción de riesgos y daños, y sobre las acciones a realizar especialmente en los espacios de fiesta.

  • El consumo lícito o ilícito de drogas es una realidad cambiante y que no dejará de existir. Es por ello que debe promoverse un trabajo orientado a minimizar los efectos perjudiciales para el individuo y para la sociedad.
  • Entendemos que un enfoque de Salud Pública en materia de drogas debe reconocer la reducción de riesgos y daños como estrategia fundamental e integrada en todos los abordajes preventivos. Con ello se adquiere una perspectiva más globalizadora de la prevención y realiza una aproximación preferente sobre colectivos con mayor vulnerabilidad y en situación de riesgo.
  • La reducción de riesgos, aunque se articula perfectamente con la reducción de daños, se diferencia de esta última en que pone el foco en influir sobre las condiciones previas y las que se dan durante el consumo de drogas con fines recreativos, en espacios de fiesta y ocio, en personas que no tienen problemas graves derivados de este consumo. Actuamos sobre ese 90% de personas consumidoras que no tienen problemas graves derivados del consumo de drogas pero que demandan información para el cuidado de su salud física y mental y no desean abandonar el consumo.
  • Reconocemos que la población consumidora se preocupa e interesa en la protección de su salud. Es por ello que agradece, y es de derecho aportarles, la información y pautas para un consumo de menor riesgo (cómo gestionar el consumo, qué pautas de dosificación seguir o cuáles son las vías de administración menos riesgosas para usar drogas). Se trata de una información muy relevante para reducir el riesgo y que habitualmente no está disponible o al alcance de la persona que quiere consumir.
  • La reducción de riesgos no se limita a las acciones sobre el consumo de drogas como brindar información objetiva y útil para la protección de la salud de las personas que usan drogas, realizar análisis de sustancias, generar alertas tempranas, contar con zonas de recuperación, etc. También implica la reglamentación de los espectáculos, de los servicios de atención sanitaria en las fiestas, del control del aforo, del acceso a hidratación y alimentación, la actualización en conocimientos del sector salud, la actualización normativa, el involucramiento de lo/as empresario/as de los espectáculos, entre otros aspectos.
  • Dado que las drogas están en manos de un mercado ilegal que busca su beneficio a través del fraude al consumidor/a, entendemos que los servicios de análisis son posibles y necesarios en el marco de políticas de drogas con un enfoque de Salud Pública para que la persona pueda contar con una orientación sobre la composición de las drogas que va a tomar y que esa información le sirva para adoptar las precauciones necesarias. La puesta en marcha de estos servicios requiere de la suma de voluntades de Administraciones, ONG y sector ocio.
  • También consideramos que los servicios de análisis de sustancias presentan ventajas añadidas como son la posibilidad de una monitorización del mercado ilegal a nivel de usuario/a, la construcción de una relación de confianza con la persona usuaria que permita la recuperación de la credibilidad en las instituciones que trabajan en el ámbito de las drogas y el fortalecimiento de la red de atención en casos de emergencia.
  • Asimismo, queremos destacar el carácter comunitario de los programas de reducción de riesgos que no sólo buscan y consiguen la implicación de las propias personas consumidoras de drogas, sino que también implican a profesionales de diferentes ámbitos en un objetivo común: la atención a personas usuarias de drogas.
  • Quienes desarrollamos programas de reducción de daños somos conscientes de que no somos la única solución, que nuestras acciones vienen después de las acciones de prevención del consumo de drogas con énfasis en la infancia y adolescencia, y que se desarrollan antes de que tenga que llegar un tratamiento especializado para personas que tienen problemas con el consumo. Somos conscientes de que llegamos un pequeño grupo de personas en la sociedad, que es el que consume drogas, pero también estamos seguros que somos los que llegamos al mayor número de personas usuarias.
  • La mayoría de los proyectos en reducción de riesgos y daños han surgido de la motivación y el impuso de la sociedad civil para con el tiempo ser reconocidos, apoyados y articulados con la institucionalidad pública. En esa misma medida deben continuar con su enfoque de base comunitaria y deben contar con mayor apoyo financiero y técnico permanente para el desarrollo y mejoramiento de los servicios que prestan.

Lamentando los sucesos ocurridos en Argentina, entendemos seria momento para iniciar un debate constructivo y avanzar en políticas de salud pública, que partiendo de un conocimiento de la realidad de los consumos de drogas se establezcan alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con el sector para mejorar la seguridad de los eventos y minimizar riesgos vinculados al consumo de drogas.

20 de mayo de 2016

Crew 2000 Scotland www.crew2000.org.uk 1992 1CrewLogo
Modus Vivendi Belgium www.modusvivendi-be.org 1993  2ModusVivendiLogo
Hegoak Spain www.hegoak.org/ 1994  3HegoakLogo
Drug Scouts Germany drugscouts.de 1996 4DrugScoutsLogo
Unity Netherlands www.unity.nl 1996  5UnityLogo
GRIP Montréal Canada gripmontreal.org 1997 GripLogo
Energy Control (ABD) Spain www.energycontrol.org 1997  7EnergyControlLogo
CheckIT! Austria http://www.checkyourdrugs.at 1997  8CheckItLogo
DanceSafe EEUU http://www.dancesafe.org 1998

9DanceSafeLogo

Ailaket Spain www.ailaket.com 1998  10AilaketLogo
Drogart Slovenia www.drogart.org 1999  11DrogArtLogo
4motion Luxembourg http://4motion.lu 2002
PSF Italy www.psicologisenzafrontiere.org 2004  13PSFLogo
Contact Netz, Foundation for Addiction Care Switzerland http://www.contactnetz.ch 2004 14COntactLogo
Safer Clubbing Switzerland www.saferclubbing.ch 2005  16SaberClubbingLogo
Safer Nightlife Switzerland Switzerland http://www.infodrog.ch/nightlife-aktivitaeten.html

 

2006  17SNSLogo
CHECK!N Portugal http://checkin-freemind.com 2006  18CheckInLogo
Espolea México www.espolea.org 2006  LOGO-texto alta (1)
ARSU Festa Spain http://festa.arsu.es 2008 20ArsuLogo
Kosmicare United Kingdom www.kosmicareuk.org 2009 21KosmicareLogo
Échele Cabeza (ATS) Colombia www.echelecabeza.com 2010 logo
Party + European Network www.partyplus.eu 2011  23PartyLogo
Legal-high-inhaltsstoffe Germany www.legal-high-inhaltsstoffe.de 2011 24LegalHighLogo
Respire Redução de Riscos e Danos Brasil http://edelei.org/post/28-Projeto-ResPire 2011  25RespireLogo
Safer Dance Swiss Swiss http://de.saferdanceswiss.ch 2011  26SaferDanceLogo
NEWNet European Network www.safernightlife.org 2013  27NewNetLogo
Programa de Análisis de Sustancias (PAS) México 2014  28PASLogo
ReverdeSer Colectivo México reverdeser.wordpress.com 2015  Logo Reverdeser Vector 2
Karmik Canada http://www.karmik.ca  29KarkikLogo
ACT Investigation of Novel Substances (ACTINOS) Australia http://www.harmreductionaustralia.org.au/david-caldicott/ 2016  30ACTLogo

Foto: Intercambios, Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas

Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana: “Regulación en relación con la seguridad pública”

Amaya Ordorika Imaz, integrante de ReverdeSer Colectivo, participó el día de hoy en la mesa “Regulación en relación con la seguridad pública”, en el marco de las Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana, a la que convocó la Mesa Directiva del Senado de la República.

Aquí pueden encontrar el video completo de la mesa:

 

Para el seguimiento en redes sociales busca #RegulacionResponsable

 

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Abrir el debate sobre la mariguana, o participar de él

Escrito por Amaya Ordorika.

El pasado miércoles 4 noviembre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en un fallo histórico que la prohibición absoluta del cannabis es excesiva, reconociendo los derechos correlativos al consumo de cannabis de las 4 personas que interpusieron el amparo, es decir “la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana […], excluyendo expresamente los actos de comercio”. Cuatro de los 5 ministros votaron a favor del proyecto del Ministro Zaldívar que declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, de la Ley General de Salud, exclusivamente a lo que se refiere al cannabis.

Poco después del anuncio de la resolución de la Corte, Enrique Peña Nieto declaró que su gobierno respeta el fallo, no obstante, insistió que tiene “alcances relativos, no absolutos” y que no implica la eliminación de las políticas que el gobierno de la República ha mantenido frente a esta planta y quienes se relacionan con ella. Sin embargo, Peña Nieto reconoció que este hecho abre un debate amplio que puede eventualmente desembocar en la regulación del cannabis.

Pero el debate nacional sobre política de drogas y, en particular, sobre la prohibición del cannabis, lleva muchos años abierto y creciendo. Sociedad civil, academia y legisladores han participado activamente en la generación de espacios para la discusión, así como en la aportación de insumos y posturas que alimenten la reflexión.

Por enlistar algunos espacios clave en los que se ha manifestado este debate: la marcha por la legalización de la mariguana se ha realizado anualmente por quince años consecutivos; la Escuela Nacional de Antropología e Historia hospeda el Congreso Historia y Práctica de las Drogas desde el 2011; la Universidad Nacional Autónoma de México realizó el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas en abril de 2012; la Caravana por la Paz del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se llevó a cabo entre agosto y septiembre de 2012, llevaba como uno de sus cinco ejes el debate sobre la reforma de la política de drogas; en septiembre de 2013 se realizó el Foro Tricameral “De la prohibición a la regulación”  en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Senado de la República hospedó el Seminario sobre Cannabis Medicinal en septiembre de 2014; en junio de 2015 se llevó a cabo el Foro Internacional sobre Política de Drogas y Derechos Humanos; en agosto del mismo año se presentó la publicación “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos: la experiencia del continente americano” y en los últimos años se han presentado múltiples iniciativas de reforma a la política de drogas. Y como estos, ha habido muchos esfuerzos más por garantizar espacios para el debate en materia de política de drogas en los últimos años.

Hablar de abrir el debate hoy es ignorar la información, las reflexiones y los argumentos ya vertidos sobre este tema a nivel nacional. Todos estos espacios han sido aprovechados por expertos y expertas en las muchas aristas que rodean el tema de la prohibición de las drogas para compartir opiniones concretas que abonan al debate, han puesto importantes insumos sobre la mesa, abierto preguntas clave y hecho intentos formales por responderlas. Pierde sentido manifestarse en abstracto sobre la necesidad de un debate abierto cuando éste tiene años sucediendo.

En este contexto la resolución de la SCJN no abre el debate, sino que es una aportación muy concreta y clara sobre el tema por parte del poder judicial que manifiesta la postura de la y los ministros de la Primera Sala: es excesiva la prohibición absoluta del cannabis y son inconstitucionales los artículos que la sostienen.

Ahora toca al poder ejecutivo participar de la creación de espacios e insumos para la reflexión en materia de política de drogas, es decir, generar las condiciones necesarias para que este debate pueda seguir creciendo, incluyendo la aportación de información. Cabe mencionar que el único instrumento que mide el consumo de drogas en el país, la Encuesta Nacional de Adicciones, no se ha realizado desde el 2011 y ha sido fuertemente criticada por deficiencias conceptuales y metodológicas. Asimismo, debe prestar atención a la pluralidad de pronunciamientos, como el manifestado en la resolución tomada en la Primera Sala de la SCJN el martes pasado.

Una de las condiciones que se deben garantizar para este debate es la apertura a la diversidad de voces y posturas que lo componen. En este contexto, principalmente debido a las declaraciones del presidente Peña Nieto, sería una contradicción y un claro acto de censura que no se conceda el certificado de licitud de título y contenido a la publicación “Cáñamo La Revista de la cultura del cannabis”.

Sumado a esto, es fundamental considerar que en algún momento próximo, el poder ejecutivo tendrá que posicionarse dentro de este debate. A nivel internacional el Estado mexicano ha llevado desde el 2012 una postura sobre la política de drogas, una postura que mantiene lejos del debate nacional. No obstante, ese posicionamiento, que a nivel internacional aparece a la vanguardia, comienza a debilitarse por la falta de coherencia con las políticas y programas implementados a nivel nacional.

Pronunciarse por la apertura del debate, como estrategia para evitar posicionarse, queda ya muy corto.

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¿Qué se discutirá hoy en la #SCJN sobre el autoconsumo de mariguana?

¿Qué discutirá hoy en la SCJN sobre el autoconsumo de marihuana?

La Primera Sala de la SCJN, discutirá y en su caso aprobará y/o modificará la propuesta elaborada por el Ministro Arturo Zaldívar, para dar contestación al amparo en revisión 237/2014.

La demanda de amparo fue promovida por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), en la cual, proponen la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud, al considerar que los mismos establecen una “política prohibicionista” que representa una limitación a distintos derechos fundamentales.

¿Qué argumentos se utilizan en el proyecto de sentencia?

El Proyecto de la Primera Sala de la SCJN, considera que el principal derecho vulnerado con el actual estatus legal del uso de marihuana es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como a la identidad personal, propia imagen, libre autodeterminación, todos en relación con el principio de dignidad humana.

La prohibición del consumo de marihuana por la mera autodegradación moral que implica, no persigue un propósito legítimo ni una medida idónea para proteger la salud y el orden público.

El consumo de marihuana no influye en el aumento de la criminalidad, pues aunque en ciertos casos el consumo se asocia a conductas antijurídicas, éstas pueden explicarse por otros factores, como al contexto social del consumidor o al propio sistema punitivo la droga, no a la substancia.

El consumo de marihuana sólo es perjudicial para la salud en casos muy limitados, por lo que las medidas de restricción, deben estar acotadas a la edad para consumir y el lugar donde se puede realizar dicho consumo.

Se excluyen del presente proyecto, los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.

¿Qué efectos tendría si la SCJN concediera el amparo?

Sería declarada la inconstitucionalidad los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, exclusivamente a lo que se refiere a la cannabis” (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y el psicotrópico “THC” y sus variantes estereoquímicas.

Esto, permitiría que se otorgaran autorizaciones por parte de la Secretaría de Salud para consumir marihuana regularmente, de forma personal, lo que incluye siembra, cultivo, cosecha, preparación acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso consumo y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de la marihuana.

¿Cómo impactaría esto en el marco regulatorio de la marihuana y en la vida de las personas usuarias?

 

La resolución sería un precedente que podría constituir una medida alternativa a la prohibición absoluta del consumo lúdico y recreativo de marihuana, lo que podría beneficiar a una esfera más amplia de personas y no sólo a los que promovieron el amparo.

 

Sin embargo es importante aclarar, que en esta resolución la Corte NO se pronunciará respecto a la constitucionalidad de la criminalización (a las leyes punitivas) del consumo de marihuana previsto en el Código Penal Federal pues en el presente amparo no fue impugnadas.

Tal como se plantea en el proyecto de resolución, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos, sólo constituye un elemento para alcanzar una alternativa a la prohibición absoluta del consumo de cannabis.

Se conceda o no el amparo, presente proyecto representa una propuesta argumentativa sobre los derechos fundamentales que se limitan a los usuarios de cannabis en el vigente marco legal mexicano.

Imagen: http://lamariaguanaca.org/wp-content/uploads/2013/08/marijuana.jpg

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Juicio de amparo sobre cannabis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El 31 de mayo de 2013 un grupo de ciudadanos solicitaron por escrito a la COFEPRIS la expedición de una autorización que les permitiera a ellos y a los asociados de una organización, de la que son representantes legales, el consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis sativa (índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, de varios isómeros y de sus variantes esteroquímicas), en conjunto conocidos como mariguana.

En este escrito los representantes también solicitaron una autorización para ejercer los derechos relativos al autoconsumo de marihuana, tales como la siembra, cultuvo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, uso, y en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de la marihuana por los peticionarios y asociados de la organización, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como distribución, enajenación y transferencia de la misma.

En este proyecto que el ministro Arturo Zaldivar propone a la Primera Sala, manifiesta que busca declarar inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar), en relación únicamente con la cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y el psicotrópico THC

Allí se especifica que “(…) Corresponde analizar si el “sistema de prohibiciones administrativas” impugnado es una medida legislativa necesaria para proteger la salud y el orden público o si, por el contrario, existen medidas alterativas igualmente idóneas que afecten en menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad (…) es decir, poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc.)”

Conoce el proyecto de resolución del Ministro Zaldívar que se discutirá este miércoles 28 en la SCJN: http://es.scribd.com/doc/286162789/AMPARO-EN-REVISION-237-2014

Imagen:

“El impacto negativo del control de drogas en la salud pública: La crisis global de dolor evitable” informe de la GCDP

Ayer la Comisión Global de Políticas de Drogas publicó su tercer informe temático titulado El impacto negativo dle control de drogas en la salud pública: La crisis global del dolor evitable en la 24º Conferencia Internacional de Reducción de Daños realizada en Kuala Lumpur Malasia.

Lea el resumen del informe así como las recomendaciones que realizan a los Estados para que sean consideradas en el debate de política de drogas.

Resumen del Informe

El sistema internacional de control de drogas está alimentando una crisis global de acceso inequitativa a medicamentos controlados. De la población global total, un estimado de 5.5 billones de personas tienen poco o nulo acceso a analgésicos opioides, en particular a la morfina, resultando en el dolor y sufrimiento evitable, de personas alrededor del mundo. De acuerdo a la última estimación, 92 por ciento de la oferta mundial de morfina fue consumida por sólo el 17 por ciento de la población global. Este consumo se concentra principalmente en el norte global.

Los pacientes de cáncer terminal, de VIH en etapa terminal y mujeres en trabajo de parto que sufren de dolor extremo están entre los grupos mas impactados, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, anualmente, decenas de millones de personas sufren de dolor no aliviado debido a una falta de acceso a medicamentos controlados. Adicionalmente, sólo una fracción de las personas que usan drogas inyectables a nivel mundial han logrado tener acceso a medicamentos controlados para tratar su dependencia hacia los opioides.

De acuerdo a la ley internacional de control de drogas y las leyes internacionales de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de garantizar la disponibilidad de medicamentos controlados para sus poblaciones; cualquier restricción a su acceso constituye una violación al derecho a la salud.
A pesar de que hay un número de factores que plantean barreras al acceso, incluyendo sistemas de salud deficientes e insuficiente capacitación del personal de la salud que trabaja en el campo, el sistema internacional de control de drogas ha sido responsable de perpetuar la continua escasez en el suministro de medicamentos controlados.

Dicha escasez se debe a la priorización de gobiernos y organismos internacionales de la ONU por igual, de prevenir la desviación de sustancias controladas con fines ilícitos, por encima de garantizar el acceso con fines médicos y científicos. Por ejemplo, tanto la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) tienen la doble obligación de mantener un equilibrio entre prevenir la desviación y garantizar el acceso, aunque históricamente se ha favorecido a la primera.

Esto se ha traducido en el nivel nacional donde algunos gobiernos continuamente enfatizan el enfoque de justicia penal al control de drogas, por encima de uno de salud pública, en detrimento de la provisión de acceso a medicamentos controlados.

En algunos países, las regulaciones exageradas para prescribir medicamentos controlados, que se puede vincular con las convenciones de drogas de Naciones Unidas, crean una situación en la que las y los médicos deben trabajar en un clima de miedo y falta de certidumbre legal, ya sea real o percibida. Como resultado de esto, muchos tienen miedo de recetar medicamentos controlados por temor a ser perseguidos o enfrentar cargos por conducta poco profesional al no adherirse a regímenes estrictos. Más aún, este ambiente contribuye de manera importante a ampliar las actitudes sociales y la estigmatización de personas que usan sustancias controladas, ya sean lícitas o ilícitas.

La JIFE y la ONUDD han empezado a dar pasos para rectificar la burda inequidad en el acceso alrededor del mundo, y el involucramiento creciente en la última década de la OMS en este asunto son pasos clave en la dirección correcta. Sin embargo, hay bastante trabajo por hacer para reparar el daño causado tras décadas de privilegiar las medidas de anti-desviación en el control de drogas.

Con un número creciente de Estados y organismos de la ONU atrayendo atención a la falta de acceso a los medicamentos controlados, estamos llegando a una encrucijada crítica, particularmente con la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas a realizarse en 2016. Ahora es el momento para las acciones concretas. Una nueva iniciativa global debe ser explorada y se le debe dar mayores recursos y poder a la OMS, para atacar el acceso inequitativo a medicamentos controlados. Sin acciones así, millones de personas continuarán sufriendo innecesariamente.

RECOMENDACIONES

1 Los Estados y organismos internacionales de Naciones Unidas deben utilizar la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas en 2016, para reconocer y empezar a enfrentar forzosamente la enorme zanja en el acceso a medicamentos controlados, particularmente a los opioides para el alivio del dolor. Más de 75 por ciento de la población mundial tiene escaso o nulo acceso a dichos medicamentos, lo que conduce al dolor y sufrimiento evitable de millones de personas. Se debe reconocer que el sistema internacional de control de drogas representa una barrera para el acceso a medicamentos controlados.

2 Los Estados deben reconocer que tienen la obligación, bajo la legislación internacional de garantizar el acceso a medicamentos controlados para sus poblaciones. Esta obligación se deriva del principal tratado del sistema internacional de control de drogas, la Convención Única sobre Estupefacientes, y está enraizada en el derecho al más alto estándar de salud alcanzable según la legislación internacional de Derechos Humanos.

3 Los organismos internacionales de Naciones Unidas y los Estados deberán reconocer que las políticas de drogas, tanto a nivel nacional como internacional, están desequilibradas, con un énfasis en prevenir la desviación de sustancias controladas por encima de garantizar el acceso a sus usos médicos. Esto tiene profundas implicaciones para la salud pública y los derechos humanos alrededor del mundo.

4 Se le debe dar alta prioridad al tratamiento de dolor físico y mental asegurando el acceso a medicamentos controlados, incluidos los opioides para el alivio del dolor, cuidados paliativos, anestesia, dependencia y todas las otras
formas de sufrimiento. Mientras que los Estados tienen la obligación de garantizar la producción y/o importación de cantidades suficientes de tales medicinas, especialmente las que se encuentran el la Lista Modelo de Medicamentos esenciales de la OMS, la OMS, la ONUDD y la JIFE deberán proveer a los gobiernos con el apoyo técnico y financiero que sea necesario.

5 Los gobiernos deberían proveer el financiamiento necesario para un programa internacional renovado que sería supervisado por la OMS, en colaboración con la ONUDD y la JIFE, para asegurar el acceso adecuado y razonable
a medicamentos controlados en lugares donde no están disponibles.

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6 Se debe dar prioridad a expandir el espectro de tratamientos para la dependencia de opioides, respetando la dignidad humana y ofreciendo la posibilidad de recetar medicamentos controlados como la metadona y buprenorfina (incluidas en la Lista Modelo de Medicamentos esenciales de la OMS) o diamorfina. Esto puede realizarse en línea con la Guía Técnica: para que los países establezcan metas para el acceso universal a prevención de VIH, tratamiento y atención para personas que usan drogas inyectables. Los Estados y los organismos de Naciones Unidas relevantes en el tema, deberán trabajar juntos para enfrentar el fracaso de muchos países al implementar adecuadamente la Terapia de Sustitución de Opioides (TSO) para personas dependientes de opioides.

7 Los gobiernos deberían establecer planes claros para quitar las barreras para asegurar el acceso a medicamentos controlados, incluyendo: políticas de drogas nacionales ancladas en una perspectiva de justicia penal, en lugar de una perspectiva de salud pública y derechos humanos; marcos regulatorios nacionales engorrosos: actitudes sociales estigmatizadas que conducen al miedo a recetar opioides para aliviar el dolor y el tratamiento a la dependencia de opioides: escaso conocimientos sobre estos medicamentos por profesionales de la salud y reguladores; ademas de ser sobre-valuado.

8 La JIFE debe tomar pasos más asertivos para trabajar con países que consistentemente fallan en garantizar el acceso adecuado a medicamentos controlados, y deberían trabajar cada vez más con gobiernos y autoridades nacionales de salud pública para asegurar que provean estimaciones basadas en evidencia sobre la necesidad de medicamentos controlados.

9 Los gobiernos y organismos de Naciones Unidas deberían reconocer y enfrentar las brechas y oportunidades perdidas en relación al uso medico de investigación médica sobre sustancias controladas, incluyendo cannabis. Deberían revisar las tablas de las convenciones de drogas de 1961 y 1971 a la luz de evidencia científica y priorizar la exploración de los beneficios médicos de sustancias controladas, basadas en recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia.

Link al informe completo: http://www.globalcommissionondrugs.org/?wpdmdl=1198

Panorama de las leyes de drogas y políticas de drogas en Ecuador

 

Ecuador está pasando por un proceso de reforma de su legislación e institucionalidad referente a las drogas. El Gobierno de Rafael Correa impulsa este proceso que  arrancó en  2008 con una nueva Constitución, en cuyo desarrollo se contempló un indulto para pequeños traficantes. En febrero de 2014 se aprobó el Código Orgánico de Procedimiento Penal que reemplaza la parte penal de la ley 108 conocida por su fuerte desproporcionalidad en sentencias y procedimientos. Como consecuencia de la amnistía y la nueva normatividad, miles de personas pudieron salir de la cárcel. A comienzos de 2015 el Congreso Nacional sometió a debate el Proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral de Drogas y Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, que pretende sustituir lo que queda de la vieja norma.


1. ¿Cuál es la tendencia en materia de leyes de drogas en Ecuador?

2. ¿Cuáles son las leyes de drogas vigentes en Ecuador?

3. ¿Qué propuestas de reforma y reformas a las leyes de drogas se han producido recientemente en el país?

4. ¿Cómo han impactado las leyes de drogas la situación carcelaria del país?

5. ¿Qué dice la ley sobre el consumo? ¿Es un delito consumir drogas en el país?

6. ¿Existe el tratamiento forzoso a los usuarios dependientes de drogas? ¿Existen las ‘cortes de drogas’ en Ecuador?

7. ¿Cómo se posiciona Ecuador en el debate internacional sobre políticas de drogas?

8. ¿Qué rol ha jugado la sociedad civil ecuatoriana en el debate sobre las drogas en el país?

Importantes documentos legislativos y de políticas de drogas de Ecuador

Para las últimas noticias sobre la reforma de la legislación sobre drogas en Ecuador haga clic aquí.


1. ¿Cuál es la tendencia en materia de leyes de drogas en el Ecuador?

ConstitucinEcuador

Con el Gobierno de Rafael Correa y a partir de la nueva Constitución de 2008 se están produciendo una serie de reformas a nivel legislativo e institucional con una clara tendencia hacia la descriminalización de los usuarios, la proporcionalidad de las penas para delitos de drogas y una reorientación del enfoque penal hacia la salud. De  2008 a abril de 2015 una serie de reformas concretas tomaron cuerpo.

La legislación de drogas en Ecuador era una de las más punitivas en el continente, con penas muy altas por el delito de posesión, incluso de una pequeña cantidad de drogas. Su posición geopolítica como país de tránsito de drogas, la cercanía de los países  productores de cocaína, implica una fuerte incidencia de distintos tipos de actores y niveles de tráfico. Ha sido el mismo Gobierno de Ecuador quien ha iniciado esa ola de reformas, con un fuerte apoyo de la academia.

La reforma arrancó en 2008, cuando la Asamblea Constituyente aprobó/ adjudicó un indulto para personas sentenciadas por haber transportado drogas, bajo ciertos criterios. Ese amnistía resulto siendo parte de un nuevo enfoque, que se refleja también en el mismo texto de la Constitución, cuyo artículo 364 establece:

Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulneran sus derechos constitucionales.

Más sobre el cambio de enfoque para las drogas en Ecuador en esta publicaión de la Defensoría Pública del Ecuador: Ecuador está listo para debatir el tema drogas

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2. ¿Cuáles son las leyes de drogas vigentes en Ecuador?
leyes

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108) publicada en el Registro Oficial 523 del 17 de septiembre de 1990, y enmendada en varias instancias desde su entrada en vigor (en 1992, en 1994 y en 1997), codificada en 2004 y reformada en 2005, es la ley vigente en proceso de sustitución. Esta es la ley que regulaba la materia en el país cuyo objetivo era el de “combatir y erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas…”. El proceso de su progresiva abolición y sustitución está en marcha.

Esta ley simbolizaba una de las legislaciones más duras de la región. Con su promulgación desapareció el enfoque integrado  de  las  leyes  anteriores  y  los  planes  nacionales  de Ecuador en relación al control y la prevención del consumo  de  sustancias  ilícitas.  La  Ley  108  cambió  la  dirección del  país  en  estas  materias,  pasando  de  enfocar  las  drogas como un tema de salud pública a darle prioridad a la aplicación de la ley. Esto no se produjo como resultado de cambios importantes en las tendencias del mercado de drogas en Ecuador, sino que fue más bien el resultado de los dictados de los tratados  internacionales  sobre  control  de  drogas  y la presión política, además de los nuevos flujos de fondos ofrecidos por el Gobierno estadounidense para programas de control de drogas.

Aunque los acuerdos bilaterales de cooperación antidrogas entre Estados Unidos y Ecuador usualmente se mantienen en reserva, la prensa ecuatoriana dio a conocer partes del acuerdo  desarrollado  en  la  revisión  de  2003.  El  acuerdo declaraba  como  una  meta  clara  que  Ecuador  mejoraría sus  acciones  contra  el  tráfico  ilegal  de  drogas.  A  cambio de financiamiento, nuevos equipos y estaciones policiales, Ecuador implementaría acciones de interceptación aérea y destruiría cultivos ilícitos y la producción de drogas ilegales (casi inexistentes) a través de operaciones militares y policiales conjuntas. El acuerdo incluía indicadores para evaluar los resultados: la cantidad de drogas incautadas debía incrementarse en un diez por ciento; la confiscación de armamento e insumos químicos debía incrementarse en un quince por ciento; y el número de personas detenidas y de procesos judiciales por delitos relacionados con drogas debía aumentar en un doce por ciento.

Una  de  las  contradicciones  más  flagrantes  de la ley 108 con la Constitución ecuatoriana es la presunción de culpabilidad inherente en dicha ley. Aparte de considerar los delitos relacionados con drogas de manera diferente a otros de magnitud aparentemente similar, definiéndolos  como  delitos  de  reclusión, se presume que quienes son acusados por delitos de  drogas  son  culpables  incluso  antes  de  que  se  lleven  a cabo  las  audiencias.

Los aspectos judiciales de la Ley 108 se convirtieron en el principal instrumento que permitió a las fuerzas de seguridad  ecuatorianas  implementar  actividades  financiadas por la asistencia estadounidense para el control de drogas. Sin  embargo,  la  Ley  108  también  fundó  las  bases  para  el desarrollo de una entidad administrativa enfocada exclusivamente en temas de drogas. Específicamente, requirió la creación del Consejo Nacional para el Control de Drogas Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, CONSEP. El establecimiento de una entidad administrativa separada para temas de control de drogas supuso un cambio significativo respecto al manejo previo de temas de drogas por parte del Gobierno ecuatoriano.

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3. ¿Qué propuestas de reforma y reformas a las leyes de drogas se han producido recientemente en el país?

AsambleaNalEcuador

Las políticas de drogas en Ecuador están en proceso de “humanización”. La reforma del cuerpo jurídico del Ecuador se puso en marcha en 2008 con la nueva Constitución del Estado. El paso más grande para terminar con la Ley 108 de 1990  fue la presentación en octubre de 2011 ante la Asamblea Nacional del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), que en sus artículos 219-228 sustituye la parte penal de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108), a partir de su aprobación en febrero de 2014.

El COIP estableció parámetros para reorganizar la criminalización de las actividades que siguen siendo consideradas ilícitas, con la intención de proporcionalizar los delitos y sus penas: establece una diferenciación entre grandes y pequeños traficantes; gradúa las penas en función del rol en las actas ilícitas; y distingue – a través de un sistema de umbrales (véase la tabla del punto 5)- a las personas usuarias de los pequeños traficantes. A los jueces aún les cuesta aplicar la nueva normativa y el sistema de umbrales como marco referencial, y prefieren criminalizar la mera tenencia.

El cultivo de plantas con propiedades psicoactivas que son parte del sistema de control, queda prohibido solo en caso de que tenga fines comerciales. De hecho el cultivo para consumo personal queda descriminalizado con esa disposición.

En enero de 2015 se hizo el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral de Drogas y Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, presentado por el diputado oficialista Carlos Velasco Enríquez. En marzo de 2015, el proyecto de ley fue debatido por la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud.

El objetivo de esta nueva Ley Orgánica, como reza su primer artículo, es el de “establecer el marco institucional en materia de drogas y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, así como determinar las obligaciones de control y los efectos de su incumplimiento”. Con su aprobación se deroga la Ley 108.

La institucionalidad de las agencias nacionales encargadas de la ejecución de las políticas cambiaría una vez debatida en el parlamento y aprobada la ley. El CONSEP (Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), será remplazado por un Comité Interinstitucional y una Secretaría Técnica de Drogas, como nuevos entes rectores e implementadores de la ley.

La Ley asienta también la base jurídica de “la clasificación de drogas y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, para efectos de prevención y atención integral de uso y consumo“. La ley entiende por drogas el alcohol, el tabaco, las sustancias clasificadas por los tratados internacionales, las sustancias de síntesis y sustancias de uso industrial (pegantes, colas etc.), y define los cinco principios rectores para la aplicación de la ley: el debido proceso; corresponsabilidad; intersectorialidad; derechos humanos; soberanía. Se espera que esta ley sea aprobada en el curso de 2015.

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4. ¿Cómo han impactado las leyes de drogas la situación carcelaria del país?

El_Inca_carcel_EcuadorEl estudio Sistemas Sobrecargados (2010)  detalla el fuerte impacto de la Ley 108 sobre la situación carcelaria del Ecuador.  Un  censo  realizado  en  las  prisiones  de  Ecuador  en  2008 puso en evidencia que, en mayo de ese año, el 34 por ciento  de  todos  los  detenidos  en  el  país  estaba  encarcelado por  delitos  de  drogas.  Sin  embargo,  ese  mismo  año,  si  se consideraba  únicamente  las  prisiones  en  áreas  urbanas donde operaba la policía a cargo del control de drogas, el porcentaje  de  aquellos  detenidos  por  delitos  de  drogas  se elevaba  hasta  un  45  por  ciento.

Desde  1991  hasta  2007, examinando los tipos de delitos por los cuales las personas eran acusadas y detenidas cada año, el porcentaje de personas detenidas por cometer delitos de drogas es consistentemente uno de los más altos.  En varios momentos entre 1993 y 2007, casi el 50 por ciento de todos los presos en Ecuador estuvo encarcelado por delitos de drogas.

En 2008, el 34 por ciento de las personas  en  prisión  estaba  detenido  por  delitos  de  drogas,  y el segundo  grupo  más  grande  era  el  de  personas  detenidas por delitos contra la propiedad. Según el actual director de la Defensoría Pública Penal, Ernesto Pazmiño, la mayoría de esos delitos correspondía a micro-comercialización de drogas y robos de poca monta. El hecho de que el 63 por ciento de todas las personas detenidas en el país estuviera encarcelado por delitos relacionados a micro-comercialización de drogas o hurto ha llevado a Pazmiño a concluir que los delitos más frecuentemente cometidos en Ecuador son  aquellos  que,  de  alguna  manera,  conllevan  beneficio económico. Parafraseando a Pazmiño: “Si yo robo o si yo hurto es porque necesito sobrevivir; si yo me meto como mula en el narcotráfico es porque necesito un ingreso. Entonces esto es el delito aquí en el Ecuador, por estos datos que le doy, es como consecuencia de una elevada pobreza, la  consecuencia  directa.  Yo  digo,  aquí  existe  una  relación muy estrecha entre pobreza, delincuencia y privación de la libertad. Porque lo más grave es que al visitar las cárceles, usted encuentra sólo rostros de pobreza”.

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El porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas en Ecuador es consistentemente mayor que el de hombres. Durante los últimos 15 años, entre el 65 y el 79 por ciento de la población carcelaria femenina en Ecuador se encontraba detenida por delitos de drogas. En 2009, el 80 por ciento de todas las mujeres detenidas en El Inca, la prisión más grande para mujeres del país, estaba en la cárcel por delitos de drogas.

Con el ‘indulto a mulas’ el gobierno de Rafael Correa quiso reparar una parte de los daños causados por la ley, mandando un señal muy clara al país y al mundo.  Luego de la aprobación del COIP en febrero de 2014, la Defensoría del Pueblo trató los casos presentados en el lapso entre el indulto de 2008 y el nuevo ordenamiento jurídico, culminando en la liberación en noviembre de 2014 de 1.065 personas.

Más información al respecto en este artículo de la prensa ecuatoriana.

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5. ¿Qué dice la ley sobre el consumo? ¿Es un delito consumir o poseer drogas para consumo personal en el país?

En materia de consumo la contradicción entre el marco constitucional y la legislación y práctica vigente está en pleno proceso de transformación.

La Ley 108 de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas en su artículo 30 estipula “la prohibición de detención del usuario.- Ninguna persona será privada de su libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización.”. A la vez en su artículo 62, criminaliza la tenencia o posesión de sustancias sujetas a fiscalización. Además, la Ley Orgánica de Salud prohíbe enfáticamente el consumo recreativo o voluntario de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en su artículo 51: “Está prohibida la producción, comercialización, distribución y consumo de estupefacientes y psicotrópicos y otras sustancias adictivas, salvo el uso terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad sanitaria nacional, de acuerdo a lo establecido en la legislación pertinente”.

Así pues, el consumo está criminalizado en la práctica. Pero la Resolución 001-CONSEP-CO-2013 emitida por el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Ejecutiva del CONSEP establece ahora que la posesión de las cantidades fijadas no debe presumir la existencia de un delito, sino la frontera entre el consumo y el tráfico. Mediante esta resolución se crean por primera vez en el país los umbrales que determinan la cantidad en gramos para el uso lícito de drogas que cualquier persona puede poseer o tener sin ser considerada discrecionalmente como delincuente. [Véase la tabla elaborada con datos de Jorge Paladines en su estudio La respuesta sanitaria frente al uso ilícito de drogas en Ecuador. Este trabajo hace parte de la investigación del CEDD, En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina]

Umbrales para la tenencia o posesión de drogas ilícitas en Ecuador

Sustancia Cantidad
Marihuana 10 gramos
Pasta Base de Cocaína 2 gramos
Clorhidrato de Cocaína 1 gramo
Heroína 0,1 gramo
MDA 0,15 gramos
MDMA 0,015 gramos
Anfetaminas 0,040 gramos

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6. ¿Existe el tratamiento forzoso a los usuarios dependientes de drogas? ¿Existen las ‘cortes de drogas’ en Ecuador?

En Ecuador- como en muchos otros lugares- una parte importante de la salud pública está en manos de la(s) Iglesia(s). La llamada “rehabilitación” de personas con problemas de consumo de drogas sólo en cuatro casos se lleva a cabo en centros públicos, mientras el resto son privados y religiosos. En los casos extremos, el tratamiento incluye torturas y  malos tratos.

La nueva visión sobre el fenómeno de las drogas pone el enfoque en la salud pública, y tiene como consecuencia que el control sobre el sistema de atención a los usuarios requiere de una regulación y control efectivo por parte del Estado. El  Acuerdo Ministerial del 11 de mayo de 2012  crea el “Reglamento para la regulación de los centros de recuperación para tratamiento a personas con adiciones o dependencias a sustancias psicoactivas”.

El Ministerio de Salud Pública inició en 2013 estudios de la situación relativa a la infraestructura de tratamiento en el país, interviniendo en los centros que funcionaban sin los permisos oficiales. En el último trimestre de 2013 más de 500 personas fueron liberadas de “clínicas” clandestinas.

A pesar de que por el momento la implementación de las Cortes de Drogas no ha tenido eco entre los decisores  políticos  del  Ecuador, ciertos sectores políticos del país siguen proponiendo el establecimiento de estas cortes en el país. La organización Justicia Penal Ecuador  (Barra  de  Abogados  de  los  Estados  Unidos –ABA– y  Rule  of  Law Initiative) promueve activamente su introducción, provocando  varios  desencuentros  con  el  entonces  Consejo  de  la  Judicatura  de Transición, y con la Asamblea Nacional. En su propuesta dicen:

“El modelo de  Cortes de Drogas constituye un sistema en el cual aquellos drogadictos que reúnen   determinados   requisitos   pueden   ser   remitidos   a   tratamiento,   mediante   una suspensión  del  proceso  penal  convencional,  por  acuerdo  mutuo  del  fiscal  y  del  defensor, bajo supervisión de un juez. Estas  Cortes son instancias administrativas caracterizadas por el  tratamiento  intensivo  de  los  usuarios,  la  supervisión  judicial  de  dicho  tratamiento,  que pude  incluir  pruebas  obligatorias  para  drogas  y  reuniones  periódicas  con  el  juez  para monitorear el progreso, así como consecuencias por el incumplimiento y la inobservancia. El modelo de  Corte de Drogas ha tenido mucho éxito en reducir las tasas de reincidencia y el  sobrecargo  que  los  casos  de  pequeños  montos  de  drogas  para  consumo  personal producen en el sistema. Por todas estas razones considero que nuestro proyecto debe ser de su interés” (Amado, A. (2012). Oficio No. 95069 dirigido al Arquitecto Fernando Cordero. Quito: Asamblea Nacional).

Información extraída de La respuesta sanitaria frente al uso ilícito de drogas en Ecuador.

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7. ¿Cómo se posiciona Ecuador en el debate internacional sobre políticas de drogas?

Unasur_sedeEcuador ha ido asumiendo un papel cada vez más visible en el debate internacional, y está asumiendo un liderazgo en el tema a nivel regional, en el contexto de la UNASUR y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

En 2010 se creó el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas en el marco de la UNASUR, que tiene su sede en Quito. La entidad cuenta con un Plan de Acción enfocado en la reducción de la demanda y el desarrollo alternativo, integral y sostenible. La construcción de una identidad suramericana sobre la temática, uno de sus objetivos centrales, se ha visto dificultada por diferencias de visión y políticas entre los Estados miembros. Recientemente, en febrero de 2015, se anunció la presentación de iniciativas sobre el problema mundial de las drogas en la región.

Durante la Cumbre de la OEA en Cartagena en 2012, cuando estalló el debate sobre las políticas de drogas al más alto nivel político, el presidente Correa del Ecuador estuvo ausente en protesta por la exclusión de Cuba en este evento, pero dio declaraciones de prensa apoyando un nuevo enfoque y reconociendo el fracaso de la estrategia actual.

Por otro lado, durante las reuniones anuales de la Comisión de Estupefacientes, las declaraciones oficiales del Ecuador indican una postura crítica del sistema internacional de control de drogas, y a favor de hablar de posibles reformas de los tratados internacionales.

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(8)8.    ¿Qué rol ha jugado la sociedad civil ecuatoriana en el debate sobre las drogas en el país?

El proceso de reforma en Ecuador está siendo empujado principalmente por la elite política progresista en coalición con la academia. La Defensoría Pública del Ecuador ha jugado un papel muy relevante en señalar los efectos de la legislación vigente e instrumentalizar los cambios.

Existen unas pocas organizaciones de la sociedad civil o movimientos sociales dedicados a la temática, así como grupos de activistas- específicamente sobre el cannabis- que incidieron en el diseño de la nueva norma, insistiendo en la descriminalización de los usuarios.

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Importantes documentos legislativos y de políticas de drogas de Ecuador

Documentos oficiales

Proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral de Drogas y Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización – Diciembre de 2014

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS – 002 CONSEP-CD-2014 Expídense las tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala – Julio de 2014

Resolución 001 CONSEP-CO-2013 – Ministerio de Salud Pública y Secretaría Ejecutiva del CONSEP

La cooperación en materia de control de droga: Carta de entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América referente al funcionamiento del programa de unidades de investigaciones sensitivas antidrogas en Ecuador. Agosto de 2009


Estudios, Encuestas y otros

En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales de América Latina , El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), Mayo 2014

Sistemas Sobrecargados – Ecuador, 2010

Indulto de mulas, una propuesta sensata – TNI Serie reforma legislativa en materia de drogas No. 1, febrero de 2009

Análisis de la ley de drogas desde una perspectiva socio-política: “Diagnóstico de la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”, Por: Carla estrella y otros, 2008

La recurrente crisis carcelaria en Ecuador. Por: Fernando Carrión M. Enero de 2006

Fuente: TNI- http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/america-latina/ecuador/item/246-ecuador

Fuente imagen: growlandia.com/marihuana/ecuador-despenaliza-el-cultivo-de-cannabis-dejando-atras-la-represion

Una política de drogas con perspectiva de derechos humanos

Por: Amaya Ordorika (@Amaya903

Todos los días se llevan a cabo violaciones a los derechos humanos en el contexto de la implementación de las diversas políticas de control de drogas a nivel internacional. En nombre de “un mundo libre de drogas” se realizan de manera cotidiana detenciones arbitrarias de poblaciones vulnerables, encarcelaciones masivas, tortura para la obtención de confesiones autoincriminatorias, desaparición forzada, desplazamiento interno forzado y hasta ejecuciones extrajudiciales.

En México la implementación de los acuerdos internacionales en torno al control de drogas se ha centrado en el combate armado a los grupos de crimen organizado dedicados a la producción, distribución y venta de drogas y en la criminalización de las personas usuarias de dichas sustancias. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha señalado que el régimen mundial de prohibición de las drogas y su implementación en México está directamente relacionado con el aumento en la corrupción, la impunidad, la violencia y las violaciones de derechos humanos, y que es por esto que requiere ser evaluado y transformado desde una perspectiva de derechos humanos.

Es por esto que la CMDPDH, así como un amplío grupo de organizaciones internacionales[1] promovieron una resolución de la Organización de las Naciones Unidas en materia de drogas. Y en el 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrado en marzo de este año, se aprobó la Resolución “Contribución del Consejo de Derechos Humanos a la Sesión Especial de la Asamblea General sobre la problemática mundial de las drogas en 2016”. El logro, fue gracias a los países que patrocinaron esta resolución: Albania, Brasil, Colombia, Guatemala, Grecia, Noruega, México, Paraguay, Uruguay y Suiza, reconociendo la necesidad de una resolución que vincule el trabajo del Consejo de Derechos Humanos con el trabajo de la ONU en materia de drogas y realizando el trabajo necesario para garantizar su aprobación.

Dicha resolución es un gran paso en política de drogas y esperamos que sirva como un instrumento para desatar un proceso de reflexión y evaluación de la política de drogas internacional, y sus implementaciones locales, desde una perspectiva de derechos humanos.

Es importante mencionar que las políticas de drogas locales no son decisiones unilaterales de los Estados, sino que han sido resultado de un largo proceso de deliberación entre diversas naciones sobre cómo enfrentar la llamada “problemática mundial de las drogas”. Actualmente, son tres las convenciones internacionales que regulan la producción, distribución y venta de drogas (Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, la y Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988), establecen las bases legales de las políticas de drogas locales. Éstas representan los obstáculos más grandes para que los Estados puedan implementar alternativas al régimen de prohibición de las drogas. Es por esto que es necesario que la evaluación de los impactos de la implementación de las políticas de drogas en los derechos humanos se discuta a nivel internacional.

En 2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará una Sesión Especial sobre drogas (UNGASS por sus siglas en inglés) con el objetivo de evaluar la implementación de la Declaración Política y Plan de Acción sobre drogas de 2009. Este será un momento clave para presentar las observaciones que han realizado diversas organizaciones de la sociedad civil y Estados miembros sobre el impacto de la implementación de las diferentes políticas de control de drogas en los derechos humanos.

No es posible una evaluación completa de los efectos del régimen prohibicionista de drogas sin una mirada enfocada en los derechos humanos. Para esto es necesario preparar insumos para que la discusión que se dé en la UNGASS 2016 esté basada en evidencia sólida de las consecuencias del régimen de prohibición de las drogas.

Una resolución necesaria

La resolución aprobada en el pasado mes de marzo se concentra en señalar la importancia de que el Consejo de Derechos Humanos aporte insumos a la UNGASS 2016, destacando la responsabilidad del Consejo de servir como un foro para el diálogo sobre temas particulares relacionados con derechos humanos y de promover el carácter transversal de los derechos humanos dentro del sistema de la ONU. Subraya que “la problemática mundial de las drogas” es una preocupación común que debe ser abordada desde una aproximación integral, multidisciplinaria y basa en evidencia. Y hace hincapié en que la Asamblea General decidió que la UNGASS 2016 tendrá un carácter inclusivo que permitirá que agencias especializadas de la ONU contribuyan al proceso.

Con base en esto la resolución retoma tres de las propuestas planteadas en la nota conceptual original en las cuales el Consejo de Derechos Humanos:

  • solicita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos que prepare un estudio sobre el impacto de la “problemática mundial de las drogas” en los derechos humanos que se presentará en el 30° periodo de sesiones del Consejo;
  • decide organizar un panel de discusión sobre el impacto de la “problemática mundial de las drogas” en los derechos humanos que se lleve a cabo en el 30° periodo de sesiones del Consejo y que se informe por el estudio presentado por el Alto Comisionado;
  • invita al Alto Comisionado a entregar a la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, por medio de su Director Ejecutivo, las contribuciones del Consejo.

La resolución aprobada es, sin lugar a dudas, un logro. Sin embargo, la exclusión de la solicitud a los procedimientos especiales para que investiguen las intersecciones entre sus respectivos mandatos y el control de drogas representa una desventaja significativa. La UNGASS 2016 presenta una oportunidad para recoger la evidencia de las fallas de la política de drogas y plantear un cambio de rumbo a nivel internacional. Es fundamental que la discusión esté basada en evidencia de los resultados y las consecuencias no deseadas de las políticas internacionales y que tenga un enfoque integral. Es por esto que la resolución representa una oportunidad clave para involucrar entidades de la ONU que no están enfocadas principalmente en el control de las drogas, como los procedimientos especiales, pero que tienen la capacidad de generar y aportar insumos invaluables para este proceso.

  • Amaya Ordorika es parte del equipo de Incidencia de la CMDPDH en materia de políticas de drogas.

  • La definición de droga según la Organización Mundial de la Salud es un “término de uso variado. En medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental y en farmacología como toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos”. Según estas definiciones un sinnúmero de las sustancias que ingerimos a diario son drogas. Sin embargo, para los fines de este artículo consideraremos drogas aquellas sustancias prohibidas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Ver Glosario de términos de alcohol y drogas. World Health Organization [En línea] Disponible aquí.

[1] Como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Reducción de Daños Internacional (Harm Reduction International, HRI) y el Centro Internacional sobre Derechos Humanos y Política de Drogas (International Centre on Human Rights and Drug Policy, HRDP), Comisión Global de Política de Drogas (Global Comission on Drug Policy), entre otras.

Fuente: Animal Político- http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2015/04/06/una-politica-de-drogas-con-perspectiva-de-derechos-humanos/

La histórica regulación del cannabis en Uruguay #Infografía

Uruguay se ha convertido en el primer Estado del mundo en regular el uso del cannabis en lugar de criminalizar a sus usuarios.

Esta infografía explica por qué se ha seguido este camino pionero y cómo funciona la normativa.

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FUENTE: TNI- http://www.tni.org/es/infographic/la-historica-regulacion-del-cannabis-en-uruguay-en-imagenes

¿Cómo ayuda la mariguana en los tratamientos para cáncer?

El cáncer es una de las enfermedades que más muertes causa a nivel global y cuya cura no ha sido encontrada y aunque existen formas de tratamiento, ninguna de ellas garantiza la cura permanente. Una de las recomendaciones que se dan de voz en voz y de manera semi-clandestina por doctores, familiares y conocidos en los tratamientos para cáncer, es usar mariguana. Pero,¿cómo se utiliza y por qué sirve?

Hasta donde he investigado, hay tres principales razones para recomendar el uso de cannabis frente al cáncer y/o los tratamientos para el cáncer, y tienen diferentes fundamentos: algunos se basan en usos y costumbres, es decir formas prácticas de experimentación que han mostrado utilidad en casos concretos, y otras tienen fundamento científico y se han construido a partir de árduas y rigurosas investigaciones en centros médicos y universidades de diversos países.

Las tres grandes líneas del uso medicinal de la mariguana en relación al cáncer son: para disminuir los dolores provocados por los tumores, para disminuir las náuseas y el vómito y la más importante (y menos reconocida a los ojos de la opinión pública) es que en los estudios realizados hasta ahora ha mostrado capacidades anti-tumorales, es decir, ayuda a frenar el crecimiento y disminuir el tamaño y número de los tumores en el organismo. Lo que hoy me ocupa es la importancia de la cannabis como apoyo para los tratamientos tradicionales para hacer frente al cáncer, a partir de su efecto antiemético, que quiere decir que inhibe el vómio o la náusea.

Uno de los efectos más conocidos de los tratamientos para cáncer, son las náuseas y vómitos que provocan la radioterapia y la quimioterapia. Estos son tratamientos que, mediante radiación o con químicos inyectados en el organismo, atacan a las células del cuerpo buscando atacar principalmente a las células que han “olvidado” la función de “muerte natural” y se siguen reproduciendo sin mucho sentido y sin cumplir alguna función benéfica para el organismo. Desafortunadamente, la quimio y radioterapia no alcanzan a focalizar su actuación sólo en estas células provocando daños también en otros organismos dentro del cuerpo, y exigiendo un gran uso de energía y del sistema inmune que agotan al cuerpo provocando vómitos y náuseas. Al mismo tiempo estas náuseas y vómito provocan que las personas en tratamiento no puedan comer, y por lo tanto, es difícil cumplir con el gasto de energía que exige este tratamiento.

En este sentido hay dos grandes bondades del uso de cannabis como apoyo en el tratamiento anticancerígeno y que se conjugan en fomentar la habilidad y el antojo de comer en las personas que se encuentran en tratamiento. Por un lado está el efecto antiemético de la cannabis, es decir, que reduce las náuseas y en consecuencia el vómito producido por los tratamientos. Esto permite que el cuerpo asimile de mejor manera los tratamientos y la ausencia de las arcadas y el proceso vomitivo ayuda a ahorrar energía y disminuir el cansancio en pacientes, lo que ayuda a que el cuerpo se mantenga con la fuerza necesaria para aguantar el tratamiento y combatir la enfermedad.

Por otro lado, un efecto ampliamente conocido y difundido de la cannabis y que tiene un gran impacto en los pacientes, es el famosísimo “monchis” que se traduce en un apetito casi insaciable cuando la persona está bajo los efectos de la planta. El “monchis” ha sido adoptado por la “cultura pacheca” y casi siempre es mostrado por las películas y series en las que alguien fuma mota, y es uno de los efectos más parodiados y famosos de la mariguana. A pesar de ser objeto de comedias y sátiras, este efecto en el cuerpo ha sido explicado por diversas investigaciones científicas y juega un papel fundamenta junto con el efecto antiemético para los y las pacientes. Como ya lo mencioné una de las cosas más duras del tratamiento son las náuseas y el vómito, que además de gastar energía y debilitar al organismo, generan también una falta de apetito que no permite a la persona contar con la energía y los elementos nutritivos necesarios para enfrentar el proceso de tratamiento. Así, el “monchis” junto con el efecto antiemético ayuda a que la persona que está bajo tratamiento:
1. Deje de vomitar y padecer las náuseas.
2. Se pueda alimentar adecuadamente.

Esto es un conjunto de efectos que permiten a las y los pacientes de cáncer enfrentar la enfermedad y los tratamientos con un cuerpo menos desgastado y mucho mejor nutrido, lo que fortalece al cuerpo en general y al sistema inmune. Vale la pena aclarar que no esperamos que el uso de la planta sea completamente inocuo al organismo, por lo que recomendamos algunas estrategias de reducción de riesgos para el uso médico de la planta, ya que el cuerpo puede estar especialmente sensible. En todos los casos se recomienda usar dósis pequeñas en primera instancia e ir evaluando si se necesita aumentar dósis:

  1. Usar en vaporizador: Los vaporizadores son aparatos electrónicos que mediante resistencias llevan a la planta a una temperatura ligeramente por debajo de la temperatura de combustión por lo que los aceites esenciales en los que se encuentran los diferentes cannabinoides se evaporan, sin generar dióxido de carbono y demás moléculas contenidas en el humo que pueden ser dañinas para el organismo. Además el vapor es mucho menos dañino para la boca, garganta y pulmones que el humo caliente.
  2. Usar en bong o pipa de agua (preferentemente con hielo): Por un lado, el agua ayuda a enfriar el humo y por el otro funciona como filtro en el cual se absorben varios elementos presentes en el humo. Igual que con el vaporizador, el enfriamiento es conveniente para vías respiratorias y el filtro de agua para el humo ayuda a “limpiar” lo que entra al organismo.

  1. Usar en pipas de vidrio o piedra: Las pipas de madera y metal, igual que los “porros” enrrollados en papel, liberan una gran cantidad de partículas contaminantes propias del material que pueden ser dañinas para el organismo, mucho más que la mariguana misma. (Además hay pipas de vidrio bien bonitas)

  1. Usar en alimentos preparados: la cannabis libera sus componentes esenciales a temperaturas elevadas y en medios grasos, por lo que para prepararla es necesario utilizar aceite o mantequilla. Existen muchas recetas y la mayoría están disponibles en internet, sin embargo, debido al proceso digestivo es más difícil manejar las dósis y los efectos son más tardados por lo que la mayoría de los pacientes prefiere vaporizar o usar el bong, debido a la inmediatez de los efectos.

Además de esto valdría la pena promover e investigar más sobre las propiedas antitumorales, que las mayores investigaciones no han podido concluir nada a fondo, pues son restringidas en los números de muestra que pueden usar y en las capacidades de investigación por la prohibición no sólo del uso de la planta, sino también de su investigación con fines científicos. Para ReverdeSer, los pacientes a quienes se les impide el acceso a plantas con propiedades medicinales, como la mariguana, tambien son víctimas de la prohibición y la guerra contra las drogas.