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V PREMIO LATINOAMERICANO DE PERIODISMO SOBRE DROGAS

En el marco de la VI Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Caribeña sobre Políticas de Drogas

Convocatoria

Bienvenida/o a la quinta edición del Premio Latinoamericano de Periodismo ‘Políticas de Drogas en América Latina’, organizado por la Asociación Civil Intercambios de Argentina con el apoyo de la Fundación Open Society y la Fundación Friedrich Ebert, con el fin de estimular a periodistas de América Latina y el Caribe a desarrollar un tratamiento ético, de calidad y de respeto por los derechos humanos en relación con esta problemática.

Objetivos

  • Reconocer a periodistas que trabajan esta temática con compromiso, información seria y atractiva.
  • Valorizar el rol del periodismo como servicio público en temas donde la información precisa y presentada con sentido ético, es imprescindible para no profundizar la criminalización, los prejuicios y las políticas represivas que atentan contra la democracia.
  • Ampliar la difusión de la perspectiva no punitiva y de políticas públicas sobre drogas renovadoras en la región.
  • Lograr un mayor interés por parte de la prensa latinoamericana en los temas asociados a las drogas, tanto desde la perspectiva geopolítica como desde la salud y los aspectos socioculturales vinculados.

 Premios

1 Premio: U$S 1000 y beca completa (pasajes, alojamiento y viático) a la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas a realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana y al Seminario para periodistas que en el marco de la Conferencia se realiza el 4 de octubre.

2 Premio: beca completa (pasajes, alojamiento y viático) a la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas a realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana y al Seminario para periodistas que en el marco de la Conferencia se realiza el 4 de octubre.

3 Premio. Diploma y mención especial.

Temas

  • Drogas y salud
  • Consumo de alcohol
  • Reducción de daños
  • Experiencias de tratamientos
  • Economía de las drogas
  • Geopolítica de las drogas
  • Actores del tráfico de drogas
  • Penalización de los consumidores
  • Crimen organizado
  • Cárteles
  • Drogas y cultura
  • Usos ancestrales de sustancias
  • Militarización y drogas
  • Derechos humanos y drogas
  • Narcotráfico y crimen organizado
  • Drogas y contexto político
  • Reformas de las leyes de drogas
  • Uso de sustancias y vida cotidiana
  • Uso de drogas: discriminación y estigmatización
  • Drogas y género

Fecha límite de inscripción y envío de trabajos vía Internet: 1 de septiembre de 2016

 Requisitos

  • Participantes: podrán participar periodistas, mayores de 18 años, que vivan en América Latina y el Caribe, que hayan publicado en medios de la región, y que cuenten con sus pasaportes o documentación de viaje al día.
  • Géneros periodísticos: podrán enviarse artículos de cualquier género periodístico (crónica, informe especial/reportaje, entrevista, etc.) que aborden alguno de los temas propuestos.
  • Autoría: puede ser individual o colectiva, siempre que figuren los nombres en la firma. En caso de resultar premiados artículos de autoría colectiva, la beca (pasajes, alojamiento y viático) para asistir a la VI Conferencia sobre Políticas de Drogas se otorgará a uno de sus autores, designado por ellos mismos.
  • Fechas de publicación de los artículos concursantes: los artículos deben haberse publicado en prensa escrita o web (diarios, revistas, fanzines, etc.) de carácter comercial o alternativo, entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de agosto de 2016.
  • Idioma: español o portugués.
  • Número de artículos: cada periodista o grupo de periodistas podrá enviar un único trabajo.
  • Publicación: los artículos enviados estarán disponibles en la página web de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, donde podrán ser consultados por los/as participantes y el público en general.

 Inscripción y bases

Hasta el 1 de septiembre de 2016 hay tiempo para enviar el artículo periodístico en formato PDF, junto al certificado de autoría, al correo electrónico: certamen@conferenciadrogas.com

El certificado de autoría debe enviarse en papel con membrete del medio de comunicación y firmado por el editor o el representante autorizado y debe incluir:

  • Nombre del autor o autores/as
  • Título del artículo
  • Género periodístico
  • Nombre del medio de comunicación donde fue publicado
  • Fecha de publicación
  • Tel de contacto del autor

 

Sólo cuando se reciben por correo electrónico el artículo y el certificado de autoría, el/la periodista participante queda formalmente inscripto en el concurso. Recibirá un correo electrónico de la organización del Premio que confirma la recepción.

Derechos

El envío del artículo no implica cesión de los derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, autoriza su publicación en la página web de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y su difusión en otros medios gráficos y/o electrónicos que se dispongan para promover el Premio sin dar lugar a ningún tipo de pago ni remuneración.

Jurado

El jurado estará integrado por tres reconocidos periodistas latinoamericanos.

Criterios del Jurado

  • Narración e interés periodístico
  • Calidad de la redacción
  • Información novedosa
  • Diversidad de fuentes
  • Abordaje respetuoso de los DDHH
  • Aporte a la reflexión y el debate
  • Propuesta gráfica / visual

Entrega de los Premios

El lunes 19 de septiembre se darán a conocer los resultados del Premio, a través de la web y por email a todos/as los concursantes.

Los trabajos ganadores se publicarán en el sitio web de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y la Asociación Civil Intercambios.

La entrega a los/as ganadores/as del primero y segundo premio se hará en Santo Domingo, República Dominicana en el marco de la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas.

Información y contacto

Adrian Pietryszyn
Teléfono: (54 11) 4954 7272
Correo electrónico para enviar trabajos: certamen@conferenciadrogas.com
Página web: www.conferenciadrogas.com

Fecha límite de inscripción y envío de trabajos vía Internet: 1 de septiembre de 2016

Publicado originalmente en: http://conferenciadrogas.com/2016/bases-y-condiciones/

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Drogas: ¿Golpe de timón?

 

José Antonio Crespo
crespo5501@hotmail.com

Sin duda la política sobre drogas anunciada por Enrique Peña Nieto recientemente representa el cruce de un umbral cualitativo, un cambio de modelo, del rígido prohibicionismo punitivo a uno en que se enfoca el problema como de salud pública, reconociendo el fracaso e irracionalidad del esquema prohibicionista. Paradójicamente, aunque pareciera un movimiento hacia el futuro, en realidad lo es al pasado, pero un pasado más racional y adecuado que abandonamos en 1939, cuando Estados Unidos nos obligó a adoptar el prohibicionismo. Justo antes de esa fecha, México había mantenido una aproximación a la mariguana como asunto de salud pública. Ahora se retoma, al menos parcial e inicialmente, lo que nunca debió abandonarse (fue Lázaro Cárdenas, tan autónomo en materia petrolera, quien se doblegó en el tema de las drogas frente a Estados Unidos).

Los gobiernos priístas decidieron administrar el problema para mantener bajos costos al ciudadano (como también hace Estados Unidos). Pero la alternancia presidencial en 2000 afectó fuertemente el entramado mediante el cual aquella estrategia funcionaba. Además vino la decisión de Vicente Fox de declarar una “guerra sin cuartel” a los cárteles de la droga, que elevó la violencia. Y después, Felipe Calderón metió el acelerador a ese esquema, por lo que la violencia se disparó exponencialmente (los datos no mienten). La decisión de Calderón de vestir un uniforme militar de talla más grande, simbolizó muy bien dos cosas: A) su determinación de conseguir mediante esa estrategia la legitimidad que no obtuvo en las urnas, y B) el hecho de que le quedó grande la estrategia elegida (igual que el uniforme). Los especialistas del tema insistieron en que, si bien Calderón podía obtener los primeros años gran popularidad, las cosas se le saldrían de control (pues era pegarle al avispero) y su estrategia se le revertiría políticamente. Así ocurrió. Con Peña las cosas no cambiaron gran cosa, pues siendo ese un punto muy vulnerable del gobierno de Calderón, el candidato priísta prácticamente no habló del tema durante su campaña (sino que se centró en las reformas estructurales a la Constitución). Eso sugiere que Peña no sabía bien a bien qué hacer en materia de narcotráfico. Y de ahí que la violencia e inseguridad hayan continuado en patrones similares a los de Calderón. Pero la despenalización gradual en Estados Unidos, el fallo de la Suprema Corte amparando el derecho al uso recreativo de marihuana, y el cada vez más evidente fracaso del esquema punitivo, generaron presiones en favor de un golpe de timón. Eso, pese a persistir Peña en su oposición personal, lo que habla al menos de su mayor flexibilidad y capacidad de respuesta en contraste a Calderón (pues jamás reconocería haberse equivocado en su estrategia, y seguramente hoy la sigue defendiendo, pese a su evidente fracaso e irracionalidad).

Con todo, los cambios anunciados quedan cortos en la congruencia que exige un enfoque de salud pública, pues eventualmente se tendría que despenalizar también la producción, distribución y venta de mariguana, y aceptar el derecho de las personas a decidir lo que se ingiere, bajo el enfoque de derechos individuales en que se basó la Suprema Corte al conceder un amparo para el consumo recreativo. Se podría pensar, por ejemplo, que la iniciativa de Peña nos va a equiparar con California, que despenalizó la mariguana para fines curativos pero aún no recreativos (aunque seguramente lo hará pronto). Pero no; allá el uso curativo incluye la posibilidad de fumar la yerba por insomnio, inapetencia, migraña u otras dolencias menores. La producción y venta están despenalizados, y se exige para su compra contar con un permiso otorgado por un médico, válido por varios meses. Eso es lo congruente con un enfoque de salud pública. Y el enfoque de derecho a decidir sin la injerencia del Estado paternalista va más allá. Esos tendrían que ser los siguientes pasos en este nuevo paradigma al que se alude, aunque dado el conservadurismo mexicano (del gobierno y la sociedad), podría tomar mucho tiempo aún.

 

Fuente original: http://www.forumenlinea.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2845&catid=80&Itemid=493

 

Foto de portada: ReverdeSer Colectivo

La resistencia del pueblo hondureño es necesaria; la unidad regional es fundamental.

Honduras, el alto precio de la verdad

Por Laura Carlsen

03 de mayo de 2016

Iba en taxi cuando se le acercaron dos jóvenes. La mujer sacó el arma, y el hombre le ordenó: “¡Dispárale!”

El taxista aceleró, escapándose del crimen en curso. Así fue el primer atentado contra Félix Molina el día de 2 de mayo.

Horas más tarde, se dio otro atentado y esta vez el comunicador no pudo contarlo en su cuenta de Facebook. Dos balas entraron y salieron de sus piernas. El periodista mundialmente conocido y —no es por nada— entre los más críticos del régimen hondureño, fue llevado al hospital de Tegucigalpa.

Félix Molina es un nombre que suena a resistencia en Honduras, y más allá de sus fronteras. Desde el golpe de estado, pegado al micrófono, difundía en voz sonora las noticias desde abajo. Abría espacios para luchadoras, dirigentes sociales y personas solidarias, como quien escribe estas líneas. Hace unas semanas hizo una entrevista de casi una hora con miembros de la Caravana por la Paz, Vida y Justicia, en Progreso, con gran interés en la posibilidad de hilar la solidaridad transfronteriza sobre el tema de las drogas y la militarización.

Después de que los médicos lo declararon fuera de peligro, Molina dirigió unas palabras a la agencia EFE desde el hospital, “Lamentablemente seguimos habitando un país de alto riesgo, donde los periodistas que ejercemos la profesión de manera independiente y tocamos los temas sensibles estamos expuestos a estos hechos”.

Horas más tarde, ya entrando el Día de la Libertad de Expresión, dijo en un comunicado, “Me declaro un sobreviviente de la inseguridad que sufre la mayoría de este país… No es mi propósito conjeturar sobre este hecho, pero por la reiteración del ataque en el mismo día puedo pensar que no se trató de un simple raterismo telefónico sino un ataque directo a mi persona.”

Honduras rivaliza con México en amenazas, atentados y asesinatos de periodistas que se atreven decir las verdades que los poderosos quieren callar. También están en la mira defensores de derechos humanos, como la gran defensora y activista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de este año.

Los dos casos se entrelazan. El atentado contra Félix Molina se dio el día del anuncio de la captura de cuatro sospechosos por el asesinato de Berta, según los reportes todos con vinculos con el estado o con la empresa, Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) que busca imponer el proyecto en tierras lenca: Douglas Geovanny Bustillo, retirado de la Fuerzas Áreas y que dirigió la fuerza de seguridad privada de DESA; Sergio Rodríguez Orellana, empleado de DESA; Mariano Díaz Chávez, un oficial militar de alto rango; y Edilson Duarte Meza, ex oficial militar.

La organización que ella co-fundó, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y su familia emitieron un comunicado:

Debido a que se nos ha excluido del proceso de investigación desde sus inicios, no tenemos forma de calificar si las capturas realizadas son producto de diligencias exhaustivas ni tampoco sabemos si estas comprenden la autoría intelectual en todos sus niveles. Sin embargo, la noticia de la presunta participación de militares activos y retirados vinculados con la empresa DESA pareciera demostrar el involucramiento de agentes estatales en el asesinato, lo cual debe ser profundizado, y es razón suficiente para suspender el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de manera inmediata y definitiva”.

A raíz de las detenciones de militares y ex militares, Molina este mismo día puso nombre a la situación —“paramilitarismo”. En otras comunicaciones, indicó con nombres y apellidos las relaciones entre políticos y la empresa hidroeléctrica que pretende construir la planta sobre el Rio Gualcarque que Berta defendió hasta la muerte.

Todo esta actividad en el Honduras pos-golpe, o más bien pro-golpe, es pecado imperdonable. Según otro defensor de derechos humanos, Ismael Moreno, conocido como Padre Melo, “los poderes han migrado a ser instituciones representativas de la ley de los fuertes” donde “el estado es un negocio”. En el contexto de la campaña “Honduras Open for Business” (así tal cual, en inglés) los poderosos no quieren a los quejosos, como Berta y Félix. El business sea narcotráfico o megaproyectos trasnacionalestiene designios para los territorios y recursos naturales hondureños que no incluyen su uso ancestral por parte de los pueblos indígenas y rurales.

A este polvorín el gobierno de los Estados Unidos se aferra a echarle fuego. El más reciente y más grande paquete de ayuda como parte de la Alianza para la Prosperidad de $750 millones anuales para Honduras, Guatemala y El Salvador, se destina en mayor proporción a la “seguridad” y combate al narcotráfico, es decir, a las mismas fuerzas ahora vinculadas al asesinato de Berta Cáceres (y otros) y del cual elúltimo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Cumanos concluye: “parte de esta inseguridad provendría del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado.”

El autoritarismo se expresa en controles físicos pero también en la construcción de rejas sicológicas. Molina rechaza estas rejas en su comunicado: “…quiero seguir ejerciendo el periodismo sin miedo, seguir viviendo sin miedo.”

Hoy en Honduras, los promotores del modelo neoliberal a ultranza y del control social a como dé lugar, con el apoyo abierto del gobierno de EEUU, están probando los límites entre la gobernabilidad y la represión. Si no hay una respuesta social fuerte, a nivel internacional, en contra de la sangrienta represión e impunidad en el país, éstas no sólo avanzarán en Honduras sino podrían ser el futuro de todos nuestros países.

La resistencia del pueblo hondureño es necesaria; la unidad regional es fundamental.

Fuente original: http://desinformemonos.org.mx/honduras-el-alto-precio-de-la-verdad/

Comisión Internacional a México sobre Comercio de Armas y Derechos Humanos de Migrantes y Mexicanos

Comisión Internacional a México
Comité de Servicios de Amigos Americanos (AFSC)
El Comercio de Armas y los Derechos Humanos de Migrantes y Mexicanos

Versión en inglés aquí.

Incorpórate a una comisión internacional de activistas y periodistas a México que explora el comercio de armas y la militarización de México por parte de Estados Unidos, sus impactos en los mexicanos y centroamericanos en México, y los movimientos no-violentos que enfrentan temas de la seguridad y la violencia del Estado.

La comisión empieza en la Ciudad de México, conociendo a organizaciones de derechos humanos, apoyo a migrantes, y control de armas. Desde allí viaja al estado de Guerrero, donde las comunidades mexicanas (incluyendo la de Ayotzinapa) son directamente afectadas por la violencia suscitada por el comercio de armas, a Cuernavaca, y a Tapachula, Chiapas, para ser testigos de la frontera y conocer la situación de los migrantes centroamericanos afectados por las actividades de la Migra Mexicana.

Desde septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes fueron desaparecidos por policías mexicanos en Ayotzinapa, Guerrero, mexicanos se han movilizado para poner un fin a la violencia e impunidad del Estado. El estado mexicano está profundamente implicado tanto en las violaciones directas de los derechos humanos como en la violencia del crimen organizado. Los Estados Unido no debe armar un estado así.

Pero las ventas de armas a los policías y militares mexicanos han crecido enormemente, sumando más de $3,5 mil millones desde finales de 2012. Miles de armas de asalto de tipo militar también se han comprado comercialmente en los Estados Unidos y traficados a México para el uso del crimen organizado.

México es un país de tránsito y un destino para poblaciones que huyen de la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras, los cuales tienen entre las tazas más altas de homicidios en el mundo. Desde el número de niños centroamericanos llegando a la frontera con Estados Unidos se tiró en 2014, EE.UU ha apoyado la detención y deportación masiva de estos migrantes por parte de México en el sur de ese país, empujándolos hacía áreas aún más peligrosas, dominadas por el crimen organizado y sus armas obtenidas en EE.UU.

Las transferencias militares y de armas de Estados Unidos a México trastornan las necesidades para una seguridad compartida. Buscamos mayor transparencia sobre las ventas de armas de EE.UU a México, y que se ponga fin a la presión de Washington a México para detener y repatriar a centroamericanos.

También procuramos en esta comisión a: desarrollar nuestro conocimiento y análisis de estos temas; establecer conexiones con jóvenes y comunidades indígenas que confrontan la violencia en México; sentar las bases para la colaboración entre AFSC y otros, tanto de Estados Unidos como de México, para trabajar temas de violencia y armas; y recoger testimonios filmados y tomas de video para utilizar en la educación de base en Estados Unidos sobre los impactos de la militarización en los derechos humanos y la migración.

Costo: US$1500, incluye todos los costos en México entre la llegada/salida en la Ciudad de México. Se esperan que participantes hacen seguimiento de la delegación con educación de base, medios, incidencia, y/o investigación en colaboración con AFSC. Algunos fondos son disponibles para apoyar la participación de personas que no cuentan con recursos suficientes.

Aplicación: Plazo es lunes, 11 de abril. Bajar su formulario de solicitud aquí.

Seguridad: Grupos en Guerrero que disputan el control territorial han aumentado los riesgos para personas ordinarias. Tomamos muy en serio la seguridad del grupo y sus miembros. Estamos consultando con profundidad con nuestros socios en México y los asesores de AFSC sobre seguridad. El programa se puede cambiar por motivos de seguridad, y vamos a informar al grupo antes y durante el viaje.

Contacto: John Lindsay-Poland, 510-282-8983, jlindsay-poland@afsc.org; Kathryn Johnson, 202-483-3341, ext 108, kjohnson@afsc.org

http://afsc.org/event/comisi%C3%B3n-internacional-m%C3%A9xico

 

Fuente de la imagen: http://static.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2012/07/armas-rapido-y-furioso.jpg

Proximamente… Concierto por la Paz, la Vida y la Justicia en el Zócalo

Aparta la fecha!

El domingo 10 de abril el zócalo capitalino será sede del Concierto por la Paz, la Vida y la Justicia

Este evento recibirá a la caravana del mismo nombre (pazvidajusticia.org) con el objetivo de que expresemos colectivamente la necesidad de terminar con la absurda guerra contra las drogas y así poder caminar juntxs hacia la paz mediante la justicia tan anhelada en México, Guatemala, Honduras, El Salvador así como en el resto de nuestramerica y el mundo.

Asista, convoca, participa

#AltoalaGuerraContraLasDrogas #NoMoreDrugWat

#PorLaPazLaVidayLaJusticia

 

Banner para redes sociales:

festivalCaravana_facebook.jpg

1er cartel del Concierto por la Paz, la Vida y la JusticiafestivalCaravana_cartel.jpg

El racismo inherente a la guerra contra las drogas

Ramón César González Ortiz

 

“como lo que somos, no nos preocupa tanto la tormenta…

después de todo han sido siglos de tormenta para los pueblos originarios 

y los desposeídos de México y del mundo, y si algo se aprende abajo

es a vivir en condiciones adversas”. 

Subcomandante Galeano (antes Marcos).



La invención-creación del tema-problema tráfico y consumo de drogas, desde el siglo pasados y el inicio del presente, ha pasado por múltiples transformaciones en la manera en que ciertas instituciones del Estado o sociales han “atacado el problema.” A principios del siglo XX, bajo un supuesto aumento y peligrosidad de los consumidores; negros, chinos, mexicanos. De sustancias como el opio, la cocaína y la marihuana, que a su vez se suponía transmitían estos “vicios” a la sociedad norteamericana, se crearon las primeras instituciones para atender a los “toxicómanos”. Luego se pasó a la aplicación de pequeñas redadas, en los lugares de venta y consumo de sustancias, quema de plantíos, en los 70 en México la Operación Cóndor y en nuestros días la salida a gran escala de las Fuerzas Armadas, para “salvar a la sociedad de las drogas.”
Proceso en el cual, la invención de la tecnología política respecto al consumo de drogas1, se da principalmente en Europa a partir del siglo XVIII, donde la vida y el cuerpo se hacen objetos de poder. Antes existían sujetos jurídicos a quienes se les podían retirar los bienes, y hasta la vida. Pero posteriormente existen los cuerpos y las poblaciones, con lo cual el poder deja de ser materialista y deja de ser esencialmente jurídico, aunque para esto se haya retomado primero el sistema jurídico romano. Observándose así, paulatinamente la manera en que la delincuencia tiene una cierta utilidad económico-política, hasta llegar a las sociedades que conocemos, puesto que cuanto más delincuentes existan más crímenes existirán, cuanto más crímenes haya más miedo tendrá la población y cuanto más miedo haya en la población más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial.2
Esta tecnología de poder fue inventada en Norteamérica, a partir de medidas implementadas por los gobernantes de Washington, que al igual que en Europa desarrollan un sistema de derecho que les permita dar forma a los intereses económicos de la burguesía sorteando y “criminalizando” los conflictos sociales. En Europa se da en una confrontación con el poder monárquico del cual hereda el sistema legal, y en Norteamérica en pugna con grupos nacientes como El Partido de los Trabajadores, por lo que asume el estudio y amolda el sistema legal europeo.
Dando forma en Estados Unidos al periodo conocido como Progresista, llamado así por el hecho de que se aprobaron nuevas leyes; la Ley de Inspección de Carnes, la Ley de Hepburn para regular los ferrocarriles y oleoductos, una Ley de Alimentos Puros, además de leyes que regulan los salarios y las jornadas laborales, así como la inspección para comprobar la seguridad en las fábricas y compensaciones para los trabajadores que tuviesen accidentes laborales. Pero además de estas las leyes laborales creadas bajo las necesidades y las luchas de la naciente clase obrera, se da una emergencia de prácticas judiciales que, enraizadas en prejuicios sociales servirán para la invención de un sujeto de estudio, los consumidores de drogas. Identificados por los norteamericanos con las minorías étnicas, fueron siendo objeto de elaboradas restricciones sociales y legales.
Por ejemplo, los chinos y su hábito de fumar opio fueron extremadamente vigilados después de su ingreso a los Estados Unidos, alrededor de 1870. Al comienzo, los chinos representaban sólo un grupo más, enviado para ayudar en la construcción de los ferrocarriles, pero después de que la depresión económica los convirtiera en un exceso de mano de obra y por ende en una “amenaza” para los ciudadanos americanos, diversas formas de antagonismo hicieron su aparición con el fin de desalojarlos o por lo menos de aislarlos. Respecto a los negros, se contaban anécdotas de fortaleza sobrehumana, de astucia y de eficiencia como resultado de la ingestión de cocaína, la cocaína volvía a los negros casi invulnerables a las balas de calibre 32. Razón por la cual parece ser, los departamentos de policía del sur cambiaron sus revólveres a calibre 38.3 Para el caso de los mexicanos que emigraban hacia los EU por las mismas razones que los chinos, a principios del siglo XX, cuando llevaron la práctica de cultivar y fumar marihuana desde el otro lado del río Grande hasta Texas y Nuevo México, se les acuso de expandir el consumo entre las prostitutas blancas, los chulos, los maleantes y los negros.4 Hechos que “casualmente” coincidieron con el clímax de linchamientos de negros, la segregación legal y de las leyes electorales de los tres grupos, actos que le quitaban en esa sociedad a estos mismos, poder político y social5.
Más todavía, estos hechos también se vinculan con las ambiciones del Pentágono de lograr el dominio y expoliación de la América Latina. Arrogándose el derecho de una pretendida superioridad moral, el gobierno Estadounidense se ha autoproclamado protector de nuestra región. Cuando a fines del siglo XIX los Estados Unidos logran afianzar su poder sobre América Latina, sus dirigentes proclaman abiertamente su “misión civilizadora”, sin ocultar su opinión de que los latinoamericanos no son capaces de gobernarse a sí mismos. El Corolario de 1904 de Theodore Roosevelt a la Doctrina Monroe se baso en la premisa de la inferioridad de los latinoamericanos y su incapacidad para manejar sus propios asuntos. La Doctrina Monroe ha llevado en sí el supuesto de que los latinoamericanos están entre los pueblos atrasados del mundo y que, de no haber sido por la protección de los Estados Unidos habrían sido colonizados, como lo fueron los asiáticos y los africanos. Woodrow Wilson manifestó el deseo de “enseñarles a elegir buenos gobernantes” y Franklin Roosevelt señalo que algunos gobernantes “creen que son tan buenos como nosotros, y muchos de ellos lo son”. De forma que, la cuestión racial ha sido un factor importante en las relaciones de los Estados Unidos con el resto de Latinoamérica y en el caso de México, el robo de más de la mitad de su territorio puede considerarse como una prolongación del despojo perpetrado contra los indios norteamericanos6.
De manera que, dentro del “interés” moral y psicológico de Washington sobre nuestra región, además conforman su autoimagen. Construyendo un vocabulario en su política hacia América Latina en el cual parecen indicar que la Casa Blanca trata a nuestros países sobre una base de estricta igualdad. Fomentando la imagen de una familia o de buena vecindad. Sus “repúblicas hermanas”, “sus compañeros del sur”. Más todavía, se miran a sí mismos en su imperialismo, como un protector del hemisferio contra las potencias imperialistas del viejo mundo, y en una aberrante interpretación a-histórica, se considera que, lejos de haber habido un imperialismo económico sobre las republicas latinoamericanas por un imperialismo económico y militar estadounidense, ha sido todo lo contrario: han sido los gobiernos latinoamericanos los que han explotado el capital de los ciudadanos de los Estados Unidos que han tenido falta de juicio de permitir que sus bienes quedaran atrapados dentro de la autoridad soberana de nuestras naciones7.
Por tales motivos, en los Estados Unidos se encuentra muy extendida la creencia de que América Latina ha sido la parte beneficiada por la gran generosidad estadounidense y que desde hace muchos años se han dado a la región grandes sumas de ayuda económica, sin recibir nada a cambio. Aspecto que para su autoimagen y su postura frente al mundo, ha ayudado a forjar la pretensión de que se ha esforzado, aunque con muy poco éxito, por promover la democracia en nuestros países. Intentando rechazar así, la contundencia histórica sobre el apoyo y promoción de dictaduras favorables a sus intereses.
Visión racista que también ha sido compartida históricamente por distintos gobiernos de Europa. En 1902, la esposa de Edmun von HeyKing, ministro alemán en México escribió: “La masa hirviente, bestial de humanidad que ve uno aquí o en China acaba con el último resto que pudiera yo conservar de una creencia en la inmortalidad del alma. Enfrentada a esta masa de gente nauseabunda o apenas superior a los más bajos animales, la posibilidad de una vida después de ésta sólo puede ser la base de un renovado horror.” Y describe al ministro de relaciones exteriores de México, Mariscal, como “un pequeño hombre-mono indio”. Asimismo, el ministro alemán Paul von Hintze escribía que: “El error cardinal de Madero, está en su creencia de que puede gobernar al pueblo mexicano como se gobernaría a una de las naciones germánicas más “adelantadas”. Este pueblo rudo, compuesto de salvajes sin religión, con su escaso estrato superior de mestizos superficialmente civilizados, no puede vivir bajo otro régimen que no sea un despotismo ilustrado”. A lo cual remata al margen el káiser Guillermo: “Correcto”8.
Aspectos racistas, que particularmente en los Estados Unidos se agudiza en las zonas urbanas a partir de 1960 conforme empeora inevitablemente la base material de dicha sociedad industrial. Ante la progresiva decadencia de la industria de las máquinas- herramienta. Y la ayuda concedida por el gobierno de esa nación a los agribusiness, así como a la mecanización agrícola, se da lugar a un éxodo rural masivo. Migración que no puede ser incorporada en el aparato productivo, generando una crisis generalizada de las ciudades, puesto que solo ofrecen servicios pero no pueden ofrecer empleos. Tan solo en Nueva York, la sanidad y la instrucción pública desde hace décadas han dejado de ser consideradas como servicios esenciales para el gobierno federal, así como tampoco ha sido esencial que las personas encuentren un trabajo gratificador o simplemente trabajo. Mientras que por otra parte el presupuesto el presupuesto federal destinado a armamentos, que en su mayoría absorben los grandes monopolios y sus representantes en el gobierno, no ha disminuido9.
Siendo así que, en este contexto racista se da la “preocupación” por la “explosión” de la venta y consumo de crack en comunidades negras. Toda vez que le permite al Congreso estadounidense, entre 1986 y 1988 se aprueben leyes que endurecerán las políticas antidrogas tanto al interior como al exterior de ese país. Escogiéndose a la comunidad negra por su vinculación histórica con el consumo de drogas, haciendo más fácil que se dirija hacia ellos nuevamente el miedo, el odio y la violencia, como método estándar de control de la población. Aspecto que también repercutirá en la visión de los latinos, especialmente de los mexicanos, y no por las razones cuantitativas esgrimidas por Luis Astorga, respecto a que en los ochenta y noventa, el negocio del tráfico de drogas ilícitas adquiere tales proporciones y tal visibilidad que es prácticamente imposible que grandes grupos sociales no se den cuenta de las relaciones indisolubles más documentadas entre las corporaciones policiacas y los traficantes. Aspecto que según él, parece haber “liberado ciertas disposiciones éticas” de algunos grupos dentro de las corporaciones coactivas y de los círculos de gobierno, así como de otros tantos grupos de poder de la sociedad civil, lo que los decidió a participar de manera más activa en el control de las drogas10.
Muy a contracorriente de supuestas disposiciones éticas despertadas en las clases gobernantes, es dentro de los parámetros racistas que debe entenderse la manera en que, en los Estados Unidos el sistema de justicia ha logrado tener a la población encarcelada más grande del mundo (per capita). Puesto que gran parte de los delitos imputados para ser encarcelado no son de carácter violento y están relacionados con la guerra contra las drogas, resultando en el encarcelamiento casi siempre de pobres y en su mayoría de afroestadounidenses y latinos. Según cálculos, uno de cada 110 niños blancos tiene un padre encarcelado, pero para los afroestadounidenses, es uno de cada 15 y para los latinos uno de cada 41. 11
Y peor aun, guardan una estrecha relación con el hecho de que en los Estados Unidos, casi mil personas en el 2015 fueron asesinadas a tiros por la policía de ese país. En situaciones donde hombres negros desarmados tiene seis veces más probabilidades de ser asesinadas por la policía que los blancos. Resultando así, que la policía nacional de Estados Unidos ha matado a más del doble de personas de lo que la Oficina Federal de Investigación (FBI) había afirmado y en la mayoría de los casos los oficiales no fueron acusados formalmente por el uso excesivo de la fuerza. De tal situación en Chicago, son testigos tristemente silenciados por las balas Quintonio LeGrier, de 19 años y Bettie Jonés, de 55. En donde para el caso de la mujer, la policía argumentó que su muerte ocurrió de manera “accidental”. Por medio de un comunicado se dijo que: “La víctima fue alcanzada por error y murió trágicamente”12.
Racismo exacerbado que también tiene relación con los eventos de la fiesta de fin de año en Colonia, Alemania. Puesto que, pese al informe de la Policía de Colonia del 1 de enero donde se informa sobre un “ambiente relajado” y de “celebraciones pacíficas”, sin embargo, días después en otro informe elaborado por los grupos “progresistas” se mencionan robos, acoso sexual e incluso violaciones. Acusándose a unos mil hombres desarmados de agredir sexualmente a decenas de mujeres, incluida una agente de policía armada. Hechos que supuestamente ocurren en una plaza céntrica de una ciudad en estado de máxima alerta antiterrorista —por las amenazas de Daesh— y que encima está vigilada por unos 230 policías uniformados y un número indeterminado de secretas.
Sin contar con una sola imagen de dichas agresiones, pese a la cantidad de móviles con cámara que habría entre los asistentes y las víctimas, mientras recibimos decenas de fotos de las guerras de Afganistán, Irak o Siria o Sudán. Y la única “evidencia” con la que se cuenta corresponde a una foto que se difundió donde se asalto a una mujer en la plaza de Tahrir de El Cairo. Así como según días después, supuestamente mujeres de Alemania se arman de coraje y ponen entre 200 y 500 denuncias.
Conforme lo hemos indicado, es más probable que los llamados grupos progresistas, en una vena racista, hayan promovido mediante informes sin sustento y la captación de mujeres afines a sus ideales la xenofobia, para dividir a la población entre nativos y extranjeros, árabes ricos civilizados (con los que hacen grandes contratos de armas) y árabes pobres incultos. Donde la máxima es evitar que los refugiados consigan en el futuro la ciudadanía alemana. Dentro de un espectro de criminalización de los extranjeros llegados de los países musulmanes: antes eran potencialmente terroristas; ahora además son inmorales, desagradecidos y peligrosos para la civilización europea13.
De manera tal, que tanto el Pentágono como grupos afines a sus métodos en Europa, vienen desde hace décadas vinculando a personas no blancas con actos terroristas o con traficantes de drogas. Mientras que en la otra cara de la moneda, ante las toneladas de cocaína y heroína que llegan puntualmente a Estados Unidos desde Colombia, México, Panamá o Perú para su distribución en su inmenso territorio mediante redes bien organizadas, hasta llegar, con pureza variable, al ejecutivo de Wall Street o al negro lumpen del Bronx. No se cuestionan por parte del gobierno estadounidense con verdadero interés hechos fundamentales como: ¿Quién recibe la droga? ¿Qué fantasmas invisibles se hacen cargo de las avionetas, los submarinos o las mulas viajeras que arriban a los aeropuertos con su carga de coca? Y ¿Por qué sólo se habla de “chapos”, “escobares”, “orejuelas”, y jamás de un capo estadounidense? ¿Por qué nadie investiga cómo se manejan las inmensas cantidades de dólares que sin duda manejan los bancos lavadores del destino final de la droga, infinitamente superior en valor al de la compra de la hoja al perseguido campesino cocalero?14
Siendo así que, pese a las “soluciones” ofrecidas por la mayor parte de los gobiernos contra el tráfico de drogas, mediante la represión y el castigo, así como el gasto económico en armamentos, no ha habido una disminución considerable de drogas o del poder de los llamados cárteles. Y si por el contrario en países como Colombia o el nuestro, en la lucha contra el narcotráfico se han tenido miles de muertes. Tan solo en México ya van 25 mil desaparecidos, a las que se le deben sumar distintas violaciones a los derechos humanos. Por lo que se ha creado un drama social que al igual que en los Estados Unidos, también se refleja en las prisiones. En nuestro país un 25.2 por ciento de los presos que constituyen la sobrepoblación carcelaria ha sido detenida por delitos contra la salud pública. Siendo atrapadas solo las mulas del narcotráfico internacional, que a menudo son sólo víctimas de la explotación, los abusos y las amenazas de redes mafiosos que sostienen el tráfico en grande15.
De manera que, la guerra contra las drogas mediante sus medidas represivas en verdad se corresponde con hechos históricos de racismo hacia la población no blanca. Amoldándose conforme a las necesidades e intereses políticos o económicos. Dependiendo del contexto, los gobernantes de naciones imperialistas o dependientes actúan, para lo cual ya cuentan con una gran experiencia. Así podemos ver como, pasando por los Estados Unidos la candidatura de Donald Trump fue cobrando cada vez mayor fuerza, hecho que sería una buena caricatura, sino fuera por las implicaciones reales que tiene respecto al elogio de la ignorancia, la apelación al temor y el odio racial y xenófobo hacia comunidades negras y de latinos donde se incluyen nuestros compatriotas16. Hasta llegar a los pueblos del noreste argentino y los del sureste mexicano, quienes hoy padecen el racismo de las clases medias y las oligarquías. Ejemplo amargo de tal situación lo da en Argentina el encarcelamiento de Milagro Sala, por parte del presidente de esa nación, Mauricio Macri. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de Milagro podríamos decir: “Soy india, negra y mujer. Y quiero los mismos derechos para todos, pero sin abandonar mi conciencia de clase”17.

Notas
1 Foucault Michel. “Las redes del poder”. Editorial Almagesto. 1992.
2 Ibíd. Pág. 22
3 F. Musto David, M.D. “La enfermedad americana. Orígenes del control antinarcóticos en Estados Unidos.” Tercer Mundo Editores. Ediciones UNIANDES. CEI. 1993. Pág. 36.
4 Davenport-Hines Richard. “La búsqueda del olvido. Historia global de las drogas, 1500-2000.” Publicaciones Turner. FCE. 2003. Pp. 189-190
5 Tesis de Maestría. “La Iniciativa Mérida: Estado, militarización y contrainsurgencia”. R. César González Ortiz, UNAM, FCPyS, 2014.
6 Connell-Smith Gordon. “Los Estados Unidos y la América Latina”. FCE, 1977. Pág. 26
7 Ibíd. Pp. 32-33.
8 Katz Friedrich. “La guerra secreta en México. Europa, Estados Unidos y la revolución mexicana.” Editorial Era, octava reimpresión 1993. Pág. 113.
9 Fitt Yann, Farhi André, Vigier Jean-Pierre. “La guerra económica mundial”. Libros de confrontación, 1977. Pp. 25-27.
10 Astorga Almanza Luis Alejandro. “El siglo de las drogas: el narcotráfico, del porfiriato al nuevo milenio”. Plaza Janés, 2005. Pp. 123-124.
11 La Jornada. Por: David Brooks, 11-01-2016.
12 La Jornada. 28-12-2015.
13 Rebelión. “21 notas sobre los violadores “no blancos” en Alemania”. Por: Armanian Nazanín, 28-01-2016.
14 Rebelión. “Por qué no cae ningún capo gringo del narcotráfico?” Por: Albiñana Antonio, 13-02-2016.
15 Contra línea. Año 14, número 465. 30 de diciembre de 2015. Pp. 18-19.
16 La Jornada. 21-01-2016.
17 La Jornada. “Milagro Sala, primera prisionera política de Macri”. Por José Steinsleger, 27-01-2016.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuente original: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209682

Fuente de la imagen: http://www.cflj.org/report/New-Jim-Crow-150×150.jpg

La lucha por el lado de la oferta para reducir el consumo de drogas es absolutamente inútil

Ian Vásquez
Ian Vásquez // Instituto Cato

Para entender cómo funcionan los cárteles de drogas, hay que considerar esa industria como una de tantas que lidian con los problemas de cualquier negocio –cómo contratar al mejor personal, qué hacer ante la competencia, etc.–.

Eso se propone Tom Wainwright en su nuevo libro sobre la narcoeconomía (“Narconomics”). “Políticas regulatorias que en el mundo ordinario de negocios hubieran sido descartadas por su ineficacia se han permitido perdurar por años en el mundo antinarcótico”, dice el autor, quien fue corresponsal en México de la revista británica “The Economist”.

Da un ejemplo de los países andinos. La lucha por el lado de la oferta para reducir el consumo de drogas es absolutamente inútil. El costo de la hoja de coca es tan ínfimo en comparación con el precio astronómico de la cocaína en los países consumidores, que incluso si la intervención en Sudamérica llegara a duplicar el precio de la coca, tendría un impacto casi imperceptible para el consumidor en Estados Unidos o Europa.

Estoy en el estado mexicano de Sonora estos días. Los empresarios de acá me cuentan que recientemente hubo una ejecución de varias personas en la cercana Ciudad Obregón, supuestamente un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Me confirman lo que observa Wainwright: el nivel de violencia en México tiende a ser más alto en los estados fronterizos con EE.UU. y aquellos que tienen puertos importantes. Los traficantes se pelean por controlar esas pocas puertas de entrada y salida. Dado que las restricciones a la oferta casi no tienen impacto sobre el consumo, el autor recomienda abrir más puntos de entrada en la frontera norteña. Eso por lo menos reduciría la violencia de manera notable.

Reclutar a trabajadores en una industria ilícita es un reto porque se trata de trabajos poco calificados que requieren disciplina y un alto nivel de confianza. Las prisiones de América Latina han facilitado la vida a los narcotraficantes, ya que se han convertido en verdaderas escuelas del negocio donde se reúnen quienes tienen la mayor experiencia con quienes se interesan por las actividades ilegales. Allí también se refuerzan las pandillas que requieren que sus miembros se apliquen tatuajes conspicuos para reducir la peligrosa posibilidad de que dejen la organización.

Hace más de una década, República Dominicana implementó una reforma penitenciaria que recomienda Wainwright. Ese país tiene cárceles donde se separan a los líderes pandilleros de los demás presos, se internan a menos criminales y se les da trabajos legítimos a los reos, a quienes además se les permite quedarse con un porcentaje de las ganancias que comparten con sus familias. Todo esto reduce la dependencia del preso con las pandillas y los mantiene en contacto con el mundo legítimo exterior. Bajo el nuevo sistema, solo un 3% de los que salen de la prisión vuelve a cometer crímenes, mientras que la reincidencia era, en cambio, 50% bajo el viejo sistema.

Wainwright describe cómo cayó el homicidio en dos tercios en El Salvador cuando las maras (pandillas) pactaron una tregua en el 2012 en vista de que así podían coludir en el mercado nacional –cosa que se deshizo cuando el siguiente presidente retiró su apoyo y volvió a subir la violencia–. Describe también cómo los cárteles practican la responsabilidad social corporativa (donaciones a iglesias, servicios públicos) para mantener cierto apoyo dentro de la población y cómo la nueva competencia de la legalización de la marihuana en partes de EE.UU. ya les está quitando bastante negocio. Predice que cuando se legalice completamente, las empresas estadounidenses de marihuana se mudarán a México para exportar a EE.UU. Eso sería un mundo más civilizado.

 

Fuente original: El Comercio- Perú: http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/como-manejar-cartel-drogas-ian-vasquez-noticia-1880462

 

Derecho a consumir versus tratamiento obligatorio. Por Reverendo Martin Díaz

Secuestros, golpizas, aislamiento, encadenamientos y violaciones…Dolor y sufrimiento, son sólo algunos de los muchos abusos y técnicas de tortura utilizadas en nombre de la  “salud mental”  y hasta en el nombre de “Dios” para, según muchas instituciones, “curar”, “rehabilitar” y “reinsertar” a la sociedad a personas que usan drogas (padezcan un uso problemático o no).


En El Salvador a partir de las modificaciones al decreto Nº 153 de noviembre del año 2003, se establece la creación de la Comisión Nacional Antidrogas (CNA) bajo la “jerarquía del Presidente de la República”, quien a su vez designa a su Director Ejecutivo. A decir verdad la CNA representa conceptualmente y en la práctica el fracaso del modelo prohibicionista promotor de la infame Guerra Contra las Drogas. Es una institución que depende del Ministerio de Seguridad y que fue creada como la “autoridad nacional” encargada de “planificar, coordinar, supervisar y evaluar los planes, estrategias y políticas gubernamentales encaminadas a prevenir, combatir el tráfico, la venta y el consumo ilícito de drogas, como también los esfuerzos de rehabilitación de personas adictas” .

La CNA es una institución esquizofrénica que decide, por un lado, la forma de ejecutar el combate al narcotráfico y al mismo tiempo, por otro lado, decide cómo “tratar” a las PQUD (Personas Que Usan Drogas). La Comisión Nacional Antidrogas ha demostrado ser ineficaz, inoperante, imprecisa y poco profesional, con la publicación de “investigaciones académicas” imprecisas y poco transparentes o en ocasiones autorizando o renovando autorizaciones a centros de rehabilitación en donde se tortura a las personas y se les infligen horrores que pueden implicar violencia física y sexual, trabajos forzados, condiciones de vida infrahumanas, denegación de asistencia sanitaria y otras medidas contrarias a los derechos humanos. No existen pruebas de que estos centros sean un entorno propicio o eficaz para los tratamientos contra el padecimiento de adicciones y sí hay centros autorizados que siguen operando incluso con múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos. Esto es inaceptable.

A pesar de que diversos sectores de la sociedad civil  y organismos de derechos humanos critican y señalan estas prácticas, la falta de interés de parte de las autoridades es evidente. En 2012 diversos organismos de las Naciones Unidas instaron a través de una declaración conjunta a los Estados miembro a cerrar los centros de detención y rehabilitación obligatorios, además de promover la puesta en marcha de servicios sanitarios y sociales voluntarios, con base empírica y basados en los derechos humanos. Un llamado certero partiendo de que los tratamientos basados en evidencias científicas para la dependencia de sustancias incluyen un conjunto de servicios de gestión de riesgos y reducción de daños respaldados por políticas públicas desde una perspectiva de salud, derechos humanos y las libertades individuales.

Por si fuera poco, en el año 2013 el entonces Director Ejecutivo de la CNA, el Comisionado Howard Cotto, se negó a llenar en conjunto con entidades consultivas de Naciones Unidas el formulario comparativo que envía la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para realizar su informe mundial, demostrando el nulo interés por un levantamiento de datos verificables y transparentes. Lamentablemente cuatro años después de la declaración conjunta de Naciones Unidas, la realidad ha cambiado muy poco, los gobernantes y la clase política salvadoreña se muestran indiferente ante la caótica realidad.

Resulta muy preocupante que aún gran  parte  de lo  que se considera como “tratamiento”  en  varios países América  Latina sigue  basándose en la detención arbitraria y la tortura. Cuando existen métodos alternativos, respetuosos de la persona humana. No es de extrañar que en el marco de la Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS 2016) nuestro país abandera una de las posturas más recalcitrantes y retrogradas del continente, defendiendo la posición unilateral punitiva e irracionalmente represiva.

Los centros de detención y rehabilitación son una amenaza para los derechos humanos, el estado de derecho y ponen en peligro la salud de las personas detenidas, quienes, entre otros problemas, padecen de una mayor vulnerabilidad a las ETS  y la tuberculosis. En estos centros de detención se retiene a personas sospechosas de consumir o de padecer un uso problemático de alguna sustancia sin el debido proceso legal ni supervisión judicial con la justificación de un supuesto “tratamiento”  o ”rehabilitación”.  Obligar a las personas que usan drogas a someterse a programas de rehabilitación forzada ha sido una respuesta política común pero ha costado en calidad de vida, ha quitado la autodeterminación y desarrollo de muchos ciudadanos.

El uso de sustancias no causa una pérdida de autonomía, lo que refuta el argumento de que el tratamiento obligatorio es necesario porque las personas que usan drogas ya no disponen de la autonomía o de la capacidad para tomar decisiones informadas y que por tanto el Estado tiene el deber de intervenir y obligar a las personas a tratarse. Sin embargo, el consenso en la literatura científica, médica, legal y filosófica es que el uso de drogas raramente vuelve a una persona incapaz de ser responsable de sus actos.

Dejemos clara una cosa, en definitiva el tratamiento obligatorio no es ético, pues cualquier forma de tratamientoobligatorio vulnera los derechos de la persona al consentimiento informado y por lo tanto es una práctica no-ética. Excepto bajo condiciones sanitarias y judiciales específicas, en esos casos no debería prolongarse más allá de algunas horas o unos días, pues sólo debe ser aplicado bajo supervisión legal estricta únicamente justificada en casos de emergencia, como una medida para proteger a las personas o comunidades afectadas. Es decir, cuando la persona no puede ser responsable de su propia seguridad (tanto por dependencia como por otras cuestiones relacionadas con el uso de drogas).  Consiste en una breve hospitalización obligatoria en casos de desintoxicación de drogas, sobredosis y síntomas psiquiátricos, hasta que la persona haya recuperado su capacidad de decidir. También es importante aclarar que la mayoría de las personas que usan drogas (PQUD) lo hacen de manera irregular sin mostrar ningún signo de dependencia física o psicológica y sin causarse daño a sí mismo o a terceras personas. Según los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se estima que solo una de cada diez personas que usan drogas padecen de una dependencia física y/o psicológica. 

Privar a una persona de su libertad sin el debido procedimiento legal constituye una violación inconmensurable de las normas internacionales de derechos humanos. Mientras muchos países alrededor del mundo han reemplazado estos centros de tratamiento obligatorio por sistemas voluntarios y comunitarios, obligar a las personas a ingresar en ellos continúa siendo una práctica cotidiana en Latinoamérica, el este de Europa y Asia central. Sin embargo, rápidamente varios países de América Latina están promoviendo que el consumo de drogas sea tratado como un tema de salud pública, no penal. Lamentablemente, el acceso a programas de tratamiento basados en la evidencia continúa siendo dificultoso a lo largo del continente.

Al no desempeñar una función real de seguridad pública y debido a que la mayoría de las personas que usan drogas no tienen ninguna patología asociada con su uso, obligarlas al tratamiento es esencialmente un derroche de recursos, y una forma de sanción para el padeciente, ya que vulnera su derecho a la libertad. Aunque el tratamiento obligatorio puede brindarse en entornos comunitarios, la gran mayoría de las veces se dá en entornos cerrados, donde la gente es detenida por periodos de hasta varios años, sin respeto al debido proceso, violando claramente el derecho estar libre de la detención arbitraria.

Si bien es cierto que los especialistas en tortura de las Naciones Unidas han contribuido visibilizar esta problemática, aún sigue siendo relegada a reportes ocasionales. La tortura en nombre del tratamiento debe ser un asunto tratado desde la palestra, pues es de amplio interés público. Existe una preocupante dificultad de acceso a alternativas basadas en evidencia científica, que deben estar disponibles para cualquier ciudadano. 

Este vacío, alimentado por los subsidios del Estado a centros habilitados por la CNA ha creado un afán de lucro para personas que tienen poco o nulo conocimiento sobre el tratamiento y así abren y operan de forma legal o en algunos casos clandestinamente centros de “rehabilitación (detención) para adicciones”.

Se hace imprescindible una revisión y una profunda reforma al Decreto N°153. Una reforma que garantice una política de drogas basada en la ciencia, los derechos humanos y las libertades individuales. Que aplique reglas estrictas a los centros de asistencia sanitaria y de salud mental, incluyendo el respeto por el debido proceso, una opinión médica sólida y el uso de evidencias disponibles. 

Poner fin a la tortura en el nombre del tratamiento es asunto de  todas y todos porque las personas que usan drogas tienen derecho a que se respete su autodeterminación y sus derechos humanos. Defender sus derechos es defender nuestros derechos. Avancemos hacia una nueva política de drogas, hacia un verdadero enfoque basado en la salud y lejos de prácticas arcaicas que criminalizan y discriminan a las personas que usan drogas (PQUD) y sus  familias.

Es momento de dar fin a la inútil y violentísima guerra contra las drogas. Exijamos a quienes legislan que busquen para las nuevas políticas de drogas, un enfoque racional, progresivo, basado en evidencias que priorice la salud pública, los derechos esenciales y la justicia social.

Fuente original: Revista Factum- http://revistafactum.com/derecho-a-consumir-versus-tratamiento-obligatorio/