“El impacto negativo del control de drogas en la salud pública: La crisis global de dolor evitable” informe de la GCDP

Ayer la Comisión Global de Políticas de Drogas publicó su tercer informe temático titulado El impacto negativo dle control de drogas en la salud pública: La crisis global del dolor evitable en la 24º Conferencia Internacional de Reducción de Daños realizada en Kuala Lumpur Malasia.

Lea el resumen del informe así como las recomendaciones que realizan a los Estados para que sean consideradas en el debate de política de drogas.

Resumen del Informe

El sistema internacional de control de drogas está alimentando una crisis global de acceso inequitativa a medicamentos controlados. De la población global total, un estimado de 5.5 billones de personas tienen poco o nulo acceso a analgésicos opioides, en particular a la morfina, resultando en el dolor y sufrimiento evitable, de personas alrededor del mundo. De acuerdo a la última estimación, 92 por ciento de la oferta mundial de morfina fue consumida por sólo el 17 por ciento de la población global. Este consumo se concentra principalmente en el norte global.

Los pacientes de cáncer terminal, de VIH en etapa terminal y mujeres en trabajo de parto que sufren de dolor extremo están entre los grupos mas impactados, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, anualmente, decenas de millones de personas sufren de dolor no aliviado debido a una falta de acceso a medicamentos controlados. Adicionalmente, sólo una fracción de las personas que usan drogas inyectables a nivel mundial han logrado tener acceso a medicamentos controlados para tratar su dependencia hacia los opioides.

De acuerdo a la ley internacional de control de drogas y las leyes internacionales de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de garantizar la disponibilidad de medicamentos controlados para sus poblaciones; cualquier restricción a su acceso constituye una violación al derecho a la salud.
A pesar de que hay un número de factores que plantean barreras al acceso, incluyendo sistemas de salud deficientes e insuficiente capacitación del personal de la salud que trabaja en el campo, el sistema internacional de control de drogas ha sido responsable de perpetuar la continua escasez en el suministro de medicamentos controlados.

Dicha escasez se debe a la priorización de gobiernos y organismos internacionales de la ONU por igual, de prevenir la desviación de sustancias controladas con fines ilícitos, por encima de garantizar el acceso con fines médicos y científicos. Por ejemplo, tanto la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) tienen la doble obligación de mantener un equilibrio entre prevenir la desviación y garantizar el acceso, aunque históricamente se ha favorecido a la primera.

Esto se ha traducido en el nivel nacional donde algunos gobiernos continuamente enfatizan el enfoque de justicia penal al control de drogas, por encima de uno de salud pública, en detrimento de la provisión de acceso a medicamentos controlados.

En algunos países, las regulaciones exageradas para prescribir medicamentos controlados, que se puede vincular con las convenciones de drogas de Naciones Unidas, crean una situación en la que las y los médicos deben trabajar en un clima de miedo y falta de certidumbre legal, ya sea real o percibida. Como resultado de esto, muchos tienen miedo de recetar medicamentos controlados por temor a ser perseguidos o enfrentar cargos por conducta poco profesional al no adherirse a regímenes estrictos. Más aún, este ambiente contribuye de manera importante a ampliar las actitudes sociales y la estigmatización de personas que usan sustancias controladas, ya sean lícitas o ilícitas.

La JIFE y la ONUDD han empezado a dar pasos para rectificar la burda inequidad en el acceso alrededor del mundo, y el involucramiento creciente en la última década de la OMS en este asunto son pasos clave en la dirección correcta. Sin embargo, hay bastante trabajo por hacer para reparar el daño causado tras décadas de privilegiar las medidas de anti-desviación en el control de drogas.

Con un número creciente de Estados y organismos de la ONU atrayendo atención a la falta de acceso a los medicamentos controlados, estamos llegando a una encrucijada crítica, particularmente con la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas a realizarse en 2016. Ahora es el momento para las acciones concretas. Una nueva iniciativa global debe ser explorada y se le debe dar mayores recursos y poder a la OMS, para atacar el acceso inequitativo a medicamentos controlados. Sin acciones así, millones de personas continuarán sufriendo innecesariamente.

RECOMENDACIONES

1 Los Estados y organismos internacionales de Naciones Unidas deben utilizar la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas en 2016, para reconocer y empezar a enfrentar forzosamente la enorme zanja en el acceso a medicamentos controlados, particularmente a los opioides para el alivio del dolor. Más de 75 por ciento de la población mundial tiene escaso o nulo acceso a dichos medicamentos, lo que conduce al dolor y sufrimiento evitable de millones de personas. Se debe reconocer que el sistema internacional de control de drogas representa una barrera para el acceso a medicamentos controlados.

2 Los Estados deben reconocer que tienen la obligación, bajo la legislación internacional de garantizar el acceso a medicamentos controlados para sus poblaciones. Esta obligación se deriva del principal tratado del sistema internacional de control de drogas, la Convención Única sobre Estupefacientes, y está enraizada en el derecho al más alto estándar de salud alcanzable según la legislación internacional de Derechos Humanos.

3 Los organismos internacionales de Naciones Unidas y los Estados deberán reconocer que las políticas de drogas, tanto a nivel nacional como internacional, están desequilibradas, con un énfasis en prevenir la desviación de sustancias controladas por encima de garantizar el acceso a sus usos médicos. Esto tiene profundas implicaciones para la salud pública y los derechos humanos alrededor del mundo.

4 Se le debe dar alta prioridad al tratamiento de dolor físico y mental asegurando el acceso a medicamentos controlados, incluidos los opioides para el alivio del dolor, cuidados paliativos, anestesia, dependencia y todas las otras
formas de sufrimiento. Mientras que los Estados tienen la obligación de garantizar la producción y/o importación de cantidades suficientes de tales medicinas, especialmente las que se encuentran el la Lista Modelo de Medicamentos esenciales de la OMS, la OMS, la ONUDD y la JIFE deberán proveer a los gobiernos con el apoyo técnico y financiero que sea necesario.

5 Los gobiernos deberían proveer el financiamiento necesario para un programa internacional renovado que sería supervisado por la OMS, en colaboración con la ONUDD y la JIFE, para asegurar el acceso adecuado y razonable
a medicamentos controlados en lugares donde no están disponibles.

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6 Se debe dar prioridad a expandir el espectro de tratamientos para la dependencia de opioides, respetando la dignidad humana y ofreciendo la posibilidad de recetar medicamentos controlados como la metadona y buprenorfina (incluidas en la Lista Modelo de Medicamentos esenciales de la OMS) o diamorfina. Esto puede realizarse en línea con la Guía Técnica: para que los países establezcan metas para el acceso universal a prevención de VIH, tratamiento y atención para personas que usan drogas inyectables. Los Estados y los organismos de Naciones Unidas relevantes en el tema, deberán trabajar juntos para enfrentar el fracaso de muchos países al implementar adecuadamente la Terapia de Sustitución de Opioides (TSO) para personas dependientes de opioides.

7 Los gobiernos deberían establecer planes claros para quitar las barreras para asegurar el acceso a medicamentos controlados, incluyendo: políticas de drogas nacionales ancladas en una perspectiva de justicia penal, en lugar de una perspectiva de salud pública y derechos humanos; marcos regulatorios nacionales engorrosos: actitudes sociales estigmatizadas que conducen al miedo a recetar opioides para aliviar el dolor y el tratamiento a la dependencia de opioides: escaso conocimientos sobre estos medicamentos por profesionales de la salud y reguladores; ademas de ser sobre-valuado.

8 La JIFE debe tomar pasos más asertivos para trabajar con países que consistentemente fallan en garantizar el acceso adecuado a medicamentos controlados, y deberían trabajar cada vez más con gobiernos y autoridades nacionales de salud pública para asegurar que provean estimaciones basadas en evidencia sobre la necesidad de medicamentos controlados.

9 Los gobiernos y organismos de Naciones Unidas deberían reconocer y enfrentar las brechas y oportunidades perdidas en relación al uso medico de investigación médica sobre sustancias controladas, incluyendo cannabis. Deberían revisar las tablas de las convenciones de drogas de 1961 y 1971 a la luz de evidencia científica y priorizar la exploración de los beneficios médicos de sustancias controladas, basadas en recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia.

Link al informe completo: http://www.globalcommissionondrugs.org/?wpdmdl=1198

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