El prohibicionismo y la violencia en México

Por Amaya Ordorika para ReverdeSer Colectivo

La estrategia internacional de política de drogas, aplicada rigurosamente en México, se ha planteado un mundo sin drogas. Al cuál se propone llegar a través de la prohibición de la producción, distribución, venta y consumo de ciertas sustancias. Sin embargo, lejos de lograr este objetivo, el consumo de sustancias ilícitas no ha hecho más que aumentar, mientras que hemos visto otros efectos sumamente dañinos asentarse sobre nuestras comunidades.[i]

Esta estrategia de prohibición mantiene un negocio de miles de millones de dólares en la ilegalidad, lo cual tiene consecuencias altamente preocupantes:

  • La primera, y quizás la más evidente, es que este negocio, que genera enorme márgenes de ganancia para quienes participan en él, no tiene una forma legal de regulación, por lo que se regula a través de la apropiación territorial violenta. Es decir, las diferentes partes disputan los espacios de venta por medio de la fuerza. Al ser un espacio que está por fuera de la legalidad, al interior también se regula por medio de la violencia.[ii]
  • Sumado a esto, por ser un negocio ilegal, altamente perseguido, las partes usan la violencia no sólo al interactuar entre sí, sino también para repeler a las fuerzas de seguridad del Estado. Esto ha resultado en una carrera armamentista, en la que el Estado y el narcotráfico están continuamente actualizando su equipo para estar más preparado que el otro.[iii] Esto es un negocio redondo para la industria armamentista de Estados Unidos, quien por medio de tratados como la Iniciativa Mérida hace acuerdos millonarios para proveer de armas al Estado mexicano[iv] y que por el otro lado vende armas de manera ilegal a grupos del crimen organizado.[v]
  • Otra consecuencia de mantener este mercado en la ilegalidad es que se favorecen altos índices de corrupción a nivel nacional. Un mercado que genera tantas ganancias, pero que opera en la ilegalidad, necesita funcionarios de todos los niveles de gobierno que, cuando menos, se hagan de la vista  gorda, para lo cual tienen muchos recursos. Desde agentes aduanales y policías municipales, hasta altos mandos del ejército, pasando por todo tipo de funcionarios públicos, han sido presentados con la opción de participar del negocio ilegal y recibir grandes sumas de dinero o ser víctima de alguna forma de violencia.[vi]

En México, hemos asumido la responsabilidad de desactivar las redes de producción y distribución de sustancias ilegales por medio del uso de la fuerza. La prohibición y criminalización de las drogas han empujado al gobierno a enfocar poder económico, judicial y militar en el combate al narcotráfico, en lugar de aplicar estos recursos en la prevención del delito y el castigo de delitos violentos con afectaciones a terceros como el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas.

Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno federal emprendió una ofensiva militar conocida como la “guerra contra el narco”. Esta estrategia consistió en la designación de las personas que participan en cualquier eslabón de la cadena del narcotráfico como enemigos de la seguridad nacional, lo cual ha tenido consecuencias desastrosas. En palabras del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: “El alza en la violencia vinculada al discurso oficial que ha designado a los narcotraficantes como enemigos de la seguridad nacional genera una dinámica en la que el miedo es más importante que la defensa de las garantías civiles, lo que lleva a un deterioro del estado de derecho, donde parecen perder importancia la vida, el debido proceso y la libertad de expresión frente al combate al narcotráfico”[vii].

Esta estrategia se basó en la militarización de la seguridad del país. Esto se dio de dos maneras: la primera fue el despliegue de miles de militares en todo el país para la realización de tareas correspondientes a los órganos de seguridad pública y la segunda fue la sustitución de titulares de instituciones de seguridad pública por militares en activo o en retiro.[viii] Esto sumado al discurso de enemigo público es particularmente preocupante, debido a que la formación militar consiste en la eliminación del enemigo. En este contexto el estado de derecho quedó relegado y se volvió suficiente acusar a alguien de ser narcotraficante para ser encarcelado, e incluso asesinado, a manos del ejército, sin que fuera necesaria mayor explicación.

La militarización del país que se radicalizó durante el sexenio de Calderón tuvo efectos, u objetivos no oficiales, graves. Entre ellos podemos destacar que sirvió como mecanismo de control social y sobre los recursos naturales.[ix] Sumado a esto, lejos de reducir la violencia, las denuncias de violaciones a derechos humanos aumentaron exponencialmente en los lugares con mayor presencia del ejército.

La situación de violencia que vivimos hoy en México es en gran parte resultado de las políticas en materia de drogas aplicadas en el país. Es por esto que es importante participar del debate de política de drogas. Hablar de política de drogas es hablar de violencia, de derechos humanos, de criminalización y marginación de la juventud, de las personas en condiciones de pobreza y a la protesta social. No es un tema de “pachecos” y “delincuentes”, es un tema de todos y de todas.


[i]  Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas: “Asumiendo el Control: Caminos hacia políticas de drogas eficaces” 2014, disponible en:

https://reverdeser.files.wordpress.com/2014/11/c6218-global_commission_es.pdf

[ii]  Brombacher, Daniel “This is what you get. Mercados ilegales y violencia en América Latina” Policy Paper, Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Disponible en:

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09230.pdf

[iii]  Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas: “Guerra a las drogas” 2011, disponible en:

http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_Spanish.pdf

[iv]  Carlsen, Laura, “Suspensión de fondos de la Iniciativa Mérida salvará vidas”, 2013, Programa de las Américas, disponible en: http://www.cipamericas.org/es/archives/10295

[v]  Tourliere, Mathieu “México, territorio abierto a las armas” 2013, Proceso, disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=337637

[vi]   Soberon, Ricardo, “Corrupción, narcotráfico y fuerzas armadas: una aproximación para América Latina”, Transational Institute, disponible en: http://www.tni.org/es/article/corrupci%C3%B3n-narcotr%C3%A1fico-y-fuerzas-armadas-una-approximaci%C3%B3n-para-am%C3%A9rica-latina

[vii]   Posicionamiento de la Plataforma de Política de Drogas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, disponible en: http://movimientoporlapaz.mx/es/2013/10/01/la-politica-de-drogas-en-mexico/

[viii]   Acosta Urquidi, Mariclaire. “La impunidad crónica de México: Una aproximación desde los derechos humanos”. CDHDF. México, 2012. Pp. 71. Ver también, ICG. Peña Nieto’s challenge: Criminal cartels and rule of law in Mexico. International crisis group, 2013. Pp. 16

[ix]  Carlsen, Laura, “Las mujeres al frente de los movimientos contra la militarización”, Programa de las Américas, disponible en: www.cipamericas.org/es/archives/3436

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s